viernes, 3 de febrero de 2017

Supermercados británicos racionan las verduras por la falta de suministros de Europa

LONDRES.- Varios supermercados del Reino Unido han limitado la venta de verduras por persona e incluso han eliminado algunos productos de internet debido a la escasez de suministros desde Europa, en especial de España, informan este viernes los medios británicos.

El mal tiempo y las heladas en el continente han afectado a las cosechas y en consecuencia a las exportaciones, lo que ha obligado al Reino Unido a importar desde tan lejos como la costa oeste de Estados Unidos o Egipto. Las verduras y hortalizas más afectadas son la lechuga, los calabacines, los pimientos, el brécol y la col, y numerosos usuarios han colgado en las redes sociales fotos de estanterías vacías en las grandes superficies.
En Tesco, el primer supermercado del país, un cartel delante de cajas vacías decía: "Debido al mal clima en España, hay escasez de lechuga iceberg y otras variedades. Para asegurar que haya oferta para todos los clientes, limitamos la compra a tres por persona". 
En Morrisons otro cartel avisa a los clientes de comprar solo dos lechugas cada vez, mientras que en Sainsbury's los clientes han denunciado en Twitter que el precio de la lechuga iceberg ha subido de 40 peniques a 1,40 libras (46 centavos de euro a 1,63 euros) en pocos meses.
España suele suministrar la mitad del mercado europeo de verduras durante los meses de invierno, por delante de Italia, Grecia o Turquía. 
En unas declaraciones a la prensa, la federación española de asociaciones de productores Fepex ha advertido de que se trata de una situación de "causa mayor" y puede perdurar hasta principios de abril en el caso "de verduras de hoja cultivadas al aire libre", como lechuga, endivias o espinacas. 
Portavoces de Tesco y Morrisons han confirmado por su parte la escasez de oferta y aseguran que trabajan con los suministradores para solucionar el problema.

La Audiencia Provincial confirma el archivo del caso de presunta destrucción arqueológica en Lorca

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia desestimó el recurso que el abogado que denunció la presunta destrucción de restos arqueológicos del castillo de Lorca con motivo de la construcción del parador presentó contra el sobreseimiento de las diligencias.

A través de un auto que tiene como ponente al magistrado Abdón Díaz, la sala confirma la resolución de un Juzgado de Instrucción de Lorca que, en julio de 2014, acordó el sobreseimiento de las diligencias abiertas por un presunto delito de prevaricación porque los hechos estaban prescritos.
El juez instructor recogía también en su resolución que si se consideraba que los hechos constituían un delito de daños, el mismo estaba igualmente prescrito.
Dice el auto de la Audiencia que "se opone el recurrente a la prescripción con argumentos concentrados en una sola línea y contenidos en la lacónica afirmación de que los restos arqueológicos 'se han estado destruyendo continuamente', sin más argumentos ni explicaciones".
Recuerda la sala que el Ayuntamiento de Lorca, en mayo de 2003, otorgó licencia urbanística, previo informes favorables de Urbanismo y de Patrimonio Artístico para la construcción del parador nacional y que en marzo de 2004 el director general de Cultura autorizó las obras y ordenó la conservación de la sinagoga del siglo XV y de la muralla, aljibes y puente levadizo.
Y añade que "a partir de esas decisiones administrativas, bajo la cobertura de legalidad que ofrecían y con sujeción a sus directrices, se iniciaron las obras".
El auto dice en otro apartado que "no resulta controvertido a lo largo de las diligencias que los trabajos se ejecutaron con sujeción a las campañas de excavación programadas y que las actuaciones sobre los restos arqueológicos y el destino que se les atribuyere fueron decisiones adoptadas por los órganos competentes".
Y añade que "estos distinguieron entre restos merecedores de conservación por su valor social, cultural e histórico, optando por su musealización, y aquellos otros que no eran dignos de esa protección y conservación".
Finalmente, el tribunal recoge en su resolución que se encargó a un equipo de arqueólogos que habían intervenido en las excavaciones la consolidación y conservación de restos arqueológicos, "restaurándose los islámicos, judíos y cristianos más significativos, integrados en el conjunto".

Se prevé rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora este fín de semana en la Región

MURCIA.- La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado vientos de componente oeste, con intervalos de fuertes en el litoral y en zonas altas, con rachas muy fuertes en el Noroeste y el Altiplano en la primera mitad del día.

Meteorología espera que durante este domingo las rachas de viento pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la Región, por lo que establece aviso de nivel amarillo para este fenómeno.
Según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, la predicción indica que puede darse en toda la Región, excepto Campo de Cartagena y Mazarrón, entre las 8.00 y las 15.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.

La UMU aprueba la convocatoria de 107 plazas docentes

MURCIA.- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia aprobó este viernes la convocatoria de 107 plazas docentes, casi todas ellas para ser cubiertas por personal que ya está contratado, para promoción interna, para ampliación de jornada o para convertir en funcionarios a profesores titulares.

Según esta institución, 54 serán para funcionarización y promoción a catedrático, 35 para el paso de profesor ayudante doctor de tiempo parcial a tiempo completo, 13 para esa categoría por renovación de plantilla y 5 para la misma en la Escuela de Enfermería de Cartagena.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio que se suscribirá entre el Servicio Murciano de Salud y esa escuela para las prácticas de los alumnos de enfermería y el procedimiento de admisión de alumnos de grado para el próximo curso, similar a la de este.

Tovar (PSRM) recuerda a Sánchez (PP) que tres de los delitos de que se le acusa 'son de corrupción'

MURCIA.- El PSRM murciano quiso recordar este viernes al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, que tres de los cuatro delitos por los que será investigado por el TSJ provincial en el 'caso Auditorio' cuando era alcalde de Puerto Lumbreras son considerados de corrupción según la ley regional de Transparencia.

En un comunicado, el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, precisa que se trata de los de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude contra la administración pública, por lo que solo quedaría fuera de esa consideración el de falsedad en documento público.
Todos ellos están específicamente contemplados como de corrupción en el artículo 54 de esa ley, aprobada en mayo de 2016 por unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos).
El artículo dice que cuando un cargo público electo sea imputado por "la presunta comisión de los delitos de los artículos del 404 al 444 y del 472 al 509 del Código Penal, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".
"El empecinamiento de Sánchez en no asumir su responsabilidad política en este caso es perjudicial para la economía y degrada la imagen que se da de los murcianos en el resto de España", señaló González Tovar sobre la situación procesal del jefe del Ejecutivo regional, a quien ve "cada vez más cercado", en "una situación insoportable para la Comunidad y de agonía para él".
Para el también portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlamento murciano, "el PP está tan acostumbrado a defender a los implicados en la trama Gurtel y a Luis Bárcenas que esta situación no les parece rara, porque para ellos la corrupción está normalizada".
González Tovar ha pedido a los dirigentes nacionales del PP que no cuestionen a la justicia, y ha criticado que Pedro Antonio Sánchez solo quiere eternizar esta situación, "una situación insoportable para nuestra comunidad autónoma y de agonía para el presidente".
"Ayer se dio un gran paso para su imputación, tal y como piden la jueza y el fiscal, cada vez está más cercado", ha indicado.
Ha insistido en que tener a un presidente acorralado por la justicia y seguir alargando esta situación solo perjudica a la imagen de la Región de Murcia y a los murcianos y murcianas, que se merecen a un presidente que vele por sus intereses, "en lugar de andar envuelto en líos de corrupción".

Los socialistas piden a Pedro Antonio Sánchez que «no permanezca en el cargo ni un minuto más»

MADRID.- El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró este viernes que el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, "no debe permanecer ni un minuto más" al frente del Gobierno autonómico.

Es la consideración que trasladó el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia va a investigar a Sánchez por presuntos delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude en el marco del caso Auditorio.
Caso investigado por la justicia murciana (lo ha asumido el Tribunal Superior de Justicia de la Región por estar el presidente aforado) como consecuencia de supuestos delitos en la construcción de un auditorio cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras.
El PP gobierna la Comunidad gracia al apoyo de Ciudadanos, y ambos tienen suscrito en el pacto de investidura de Mariano Rajoy que un cargo público deba dimitir cuando es imputado. 
Los populares son partidarios, no obstante, de esperar a que se abra juicio oral.
Ante los hechos, Hernando señaló que el presidente murciano se encuentra "al borde de la imputación", por lo que "es preferible que se vaya cinco minutos antes" de que eso suceda, dijo.
En referencia al partido de Albert Rivera, el portavoz socialista espera que sea "consecuente".
Pero, según sus palabras, espera que antes de que Ciudadanos (C's) active "el protocolo para que el presidente de Murcia deje de serlo", él mismo "tome la decisión y abandone el cargo por respeto a la institución que representa".

El TSJ encamina a Sánchez hacia la imputación

MURCIA.- Con la última decisión ayer del TSJ, el asunto del 'caso Auditorio' se encamina imparable hacia la citación de Pedro Antonio Sánchez en calidad de investigado -figura legal equivalente a la imputación-, lo que sin duda acabará generando un intenso debate político -ayer ya se escucharon los primeros ecos- sobre si debe seguir en el cargo o procede su relevo, según recoge La Verdad.

En el auto, los magistrados avalan sin fisuras la investigación desarrollada a lo largo de un año y medio por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Lorca, Consuelo Andreo, a la que encomendaron en su día que asumiera el asunto y acabara por «concretar e individualizar los hechos y conductas con relevancia penal que se refieran al aforado»; esto es, al jefe del Ejecutivo autónomo.
La causa sobre presuntas ilegalidades cometidas en la adjudicación y construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras se dirige ahora hacia una más que previsible citación de Sánchez en calidad de investigado, con el fin de ser interrogado acerca de su participación concreta en esas supuestas irregularidades. Solo después de la toma de declaración, el instructor del TSJ determinará si sigue adelante con la investigación u ordena el archivo.

El TSJ ya ha ordenado diligencias tras asumir el 'caso Auditorio'

MURCIA.- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, que este jueves declaró su competencia en el caso Auditorio "para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento con respecto al aforado Pedro Antonio Sánchez", presidente de la Comunidad Autónoma, ha puesto en marcha una serie de diligencias.

Fuentes cercanas al caso señalaron que esas diligencias irán dirigidas al esclarecimiento de los hechos, que, según la exposición razonada elevada por el Juzgado de Lorca que instruyó las diligencias, pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos y contra la administración de Justicia.
Con esas actuaciones judiciales se trata de perfilar la presunta comisión de esas figuras delictivas, lo que se considera un paso necesario y previo a la posible llamada a declarar de Sánchez.
Si todos los indicios recogidos en la exposición motivada se ven confirmados con un cierto grado de certeza en cuanto constitutivos de los ilícitos penales apuntados, las fuentes dan como inevitable que Sánchez sea llamado a declarar en estas diligencias.
En ese caso -comentan- sería en calidad de investigado, para garantizar así sus derechos, ya que de esa forma puede ser asistido de su letrado defensor.
El auto del TSJ, por otra parte, ordenaba al Juzgado de Instrucción de Lorca que si en el curso de las investigaciones de la pieza separada abierta sobre el recorrido de los seis millones de subvención con la que fueron financiadas las obras "atisbara la existencia de indicios o datos que guarden relación con los que son objeto de esta pieza principal, se lo debía participar".
También debía obrar así si "surgieran delitos conexos cuya investigación o enjuiciamiento conjuntos resultase conveniente, para la adopción de las resoluciones que en tal momento proceda, en aras a la adecuada coordinación de ambos procedimientos".
El auto por el que el TSJ asumió la competencia para estudiar el caso y que afecta también a una veintena de investigados, no es firme, ya que contra el mismo puede presentarse un recurso de súplica, que tendría que resolver la propia Sala de lo Civil y Penal del TSJ.
Sobre este extremo, Sánchez declaró este viernes que ha dado instrucciones a su letrado defensor para que no recurra el auto. En el caso se investiga la presunta comisión de los delitos citados en la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras en 2006, cuando Sánchez era alcalde de este municipio murciano.

El juez del 'caso Púnica' tiene a PAS en su punto de mira

MADRID/ MURCIA.- Este viernes se ha hecho pública una providencia del juez Eloy Velasco, que investiga el caso Púnica, y en la que el magistrado insta a la Fiscalía Anticorrupción a pronunciarse sobre los aforados de la rama murciana de la trama. 

"Dado el tiempo transcurrido, requiérase al Ministerio Fiscal a fin de que a la mayor brevedad remita los informes correspondientes a fin de elevar las posibles exposiciones razonadas sobre personas aforadas en la pieza separada relativa a la contratación de Alejandro de Pedro (Eico y Madiva) y Alonso Conesa con varias consejerías de la Comunidad de Murcia".
El juez quiere saber si se acordó pagar con dinero público trabajos para mejorar la reputación online del entonces consejero de Educación y ahora presidente, Pedro Antonio Sánchez.
La investigación también afecta en la Región a la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro y al exconsejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz.
Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, elevó ayer la presión sobre el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, al notificar una providencia que permite deducir que se dispone a señalarlo como presunto autor de varios posibles delitos en el 'caso Púnica' de presunta corrupción, según amplía hoy La Verdad.
En su resolución, el magistrado insta a la Fiscalía Anticorrupción a pronunciarse sobre la rama murciana, que afecta presuntamente a las Consejerías de Industria y Turismo, liderada en su día por Juan Carlos Ruiz, y de Educación, que encabezaba el hoy jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez.
El hecho de que el instructor se refiera a la existencia de "personas aforadas" señala sin género de dudas a Pedro Antonio Sánchez, al tratarse del único alto cargo en activo que disfruta de un aforamiento especial en relación a esa investigación sobre las dos consejerías. Todo hace indicar así que el magistrado da por concluida la investigación de esa pieza y que se dispone a elevar una exposición razonada, que previsiblemente será dirigida a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, en la que acaba de entrar además el 'caso Auditorio'.
Estas diligencias tratan de desentrañar si altos cargos de ambas Consejerías decidieron en 2014 contratar los servicios de dos de los presuntos cerebros de la 'trama Púnica', el exalcalde cartagenero José Antonio Alonso y su socio Alejandro de Pedro, con el fin de que estos realizaran trabajos de reputación personal de esos políticos. Unas tareas que supuestamente iban a ser abonadas con dinero público.

Sánchez no aclara si dimitirá si llega a ser imputado y Valcárcel lo califica de 'honrado'

RICOTE.- Pedro Antonio Sánchez reiteró este viernes, 24 horas después de que el TSJ asumiera el 'caso Auditorio', que el fondo de este asunto es administrativo y no de corrupción.

 "No se ha perdido ni un solo euro. Hablamos de un expediente administrativo", explicó en una comparecencia en Ricote. El presidente de la Región no considera el caso como corrupción, y por tanto, no aclaró si va a dimitir o no si finalmente resulta imputado en la causa. 
Además, anunció que ha pedido a su abogado que no recurra el auto del TSJ para que se agilice el proceso judicial, que determinará si imputa a Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

"Si a alguien se le acaba el tiempo no es al PP y algunos saben que les queda poco tiempo en la política", señaló. Además, celebró que, con la decisión tomada este jueves por la Sala de lo Civil y Penal, se le va a brindar la oportunidad de dar explicaciones porque ha recordado que se le "negó" con anterioridad. Así, considera que esto es una "oportunidad" para "dar la cara".

Sánchez indicó que su firma aparece en el proyecto "porque nadie creíamos que había algo mal hecho. Dudo de la connivencia de 20 personas para hacer algo mal a propósito".
El presidente de la Comunidad aseguró que se siente "apoyado sobre todo por la gente decente", y recalcó que "otros aprovechan la oportunidad para cargarse a un adversario político". 

Además, Sánchez aseguró que "es una oportunidad poder comparecer y dar la cara y a nosotros nos interesa que se sepa la verdad porque esto implica a una veintena de personas". "Seremos proactivos en la transparencia", añadió.

Sánchez recordó que lleva sufriendo más de 10 años 16 denuncias, todas del PSOE, y en esas 16 ocasiones la justicia no le ha dado la razón a los socialistas y "no han pedido perdón". De hecho, se preguntó si "ha dimitido alguno de ellos", y lamentó "esa estrategia de hacer daño sin ninguna consecuencia para ellos".

"Les sale gratis, y esta es la denuncia número 17", afirmó Sánchez, quien insistió en que la Justicia "nunca ha dado la razón" a quien le denunció. Asimismo, puntualizó que "es otra denuncia más del PSOE ante el fiscal jefe en Murcia", que "se ha tomado mucho interés en este tema".

Sánchez expresó su respeto al hecho de que "es la justicia quien tiene la última palabra" en un Estado de Derecho, y no "el PSOE ni Podemos ni él tan siquiera".

Preguntado sobre sí dimitirá sí finalmente es investigado, en virtud del acuerdo firmado con ciudadanos, Sánchez dijo que "hablamos de que hay un equipo de personas que intentan conseguir subvenciones para transformar Puerto Lumbreras".

"La última palabra la tiene la Justicia y cada cuatro años los votantes", insistió el presidente de la Región de Murcia, quien dejó claro, al ser preguntado si seguirá gobernando si Ciudadanos le retira su confianza, que seguirá tomando decisiones "con normalidad" y que "se está cumpliendo el pacto por los murcianos por encima de todo".

Por otra parte, en un acto con compromisarios de cara al congreso nacional que celebrará el Partido Popular, el presidente del partido en la Región, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que no tiene "dudas sobre Pedro Antonio pero sí la seguridad de que es un hombre honrado".

La Comunidad Autónoma garantiza que trabaja para que haya SOS 4.8

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha informado de que, junto con el Ayuntamiento de Murcia, sigue trabajando para que se celebre en 2017 la décima edición del Festival SOS 4.8. Esta afirmación se ha hecho pública a través de un comunicado oficial horas después de conocer de que la empresa LegalMusic haya demandado a la Comunidad Autónoma.

"El objetivo de ambas instituciones es que continúe celebrándose el evento cultural por el interés público y su repercusión socioeconómica y cultural, por encima de los intereses particulares de cualquier empresa", señalan desde el Ejecutivo regional.
Según señala el comunicado, en los próximos días "se estará en condiciones de informar sobre la décima edición del festival, un evento cuya viabilidad económica y calidad artística están más que asegurados con las aportaciones en concepto de patrocinio que proporcionan la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y otras entidades".
Asegura la Comunidad que la organización del SOS 4.8 "ha despertado el interés de numerosas empresas desde que LegalMusic anunciase que renunciaba a celebrar la edición 2017 por la situación que atraviesa y que es ajena a Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Murcia, quienes siempre han cumplido con los contratos subscritos"
La Comunidad Autónoma insiste en que tiene registrada la marca, como se puede comprobar en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la única legitimada para ceder su uso.

Legal Music del SOS 4.8 demanda a la Comunidad Autónoma

MURCIA.-LegalMusic, la entidad responsable del Festival SOS 4.8, ha emitido esta mañana un comunicado en el que anuncia que "se ven en la obligación moral" de presentar un conjunto de demandas judiciales contra la Consejería de Cultura y Portavocía de la Región de Murcia.

En el escrito, la empresa ha querido recordar que son los "únicos y legítimos propietarios del SOS 4.8" y que, por tanto, "nadie puede realizar el evento sino es contando con LegalMusic". Así, apuntan que "cualquier usurpación por un tercero del Festival sería ilegal".

La compañía ha explicado que la actitud de la Consejería "ha sido irracional y está poniendo en peligro la viabilidad y calidad de un Festival de éxito internacional"

También han querido recalcar que LegalMusic no ha renunciado "en ningún momento" a realizar el Festival, sino que únicamente ha suspendido la próxima edición para dar tiempo a clarificar las relaciones con la Administración y poder así acometer con garantías y en un futuro el décimo aniversario.

Afirman que ante sus propuestas durante la negociación, la respuesta oficial de la Consejería ha sido "el SOS ya lo harán otros", como si los derechos de propiedad de LegalMusic "consolidados tras diez años de trabajo, esfuerzo, dedicación y éxito no sirvieran para nada y se pudieran simplemente pisotear".

Han concluido el escrito insistiendo en que "en el ánimo de LegalMusic está el poder llevar a cabo la décima –y subsiguientes- ediciones del festival con el nivel de calidad y repercusión que se merecen la Región de Murcia, la ciudadanía, los patrocinadores y los fieles asistentes."

Inglés e Infantil, las especialidades de maestro con más plazas en las oposiciones

MURCIA.- La Consejería de Educación ha hecho pública esta mañana cómo queda la convocatoria de plazas para maestros en cada una de las especialidades.

La especialidad de Inglés se lleva la mayor parte de las plazas con una oferta de 149. La segunda especialidad con más vacantes es la de Infantil, aunque con una considerable distancia, ya que se convocan 71. Pedagogía Terapéutica, Educación Primaria y Audición y Lenguaje son las siguientes con más vacantes.
Los opositores esperaban con especial interés conocer el número de plazas en especial en las especialidades que Andalucía no convocará: Infantil, Primaria y Educación Física. El temido efecto llamada de opositores de la región vecina hacía pensar que quizá se hiciera una oferta moderada en estas áeras, para no incentivar que los andaluces se animen a presentarse en la Región. 
En este sentido, si se comparan las plazas convocadas este año con las del año pasado, queda claro que ni en educación Primaria ni en Educación Física ha habido un cambio significativo con la oferta anterior. En 2016 salieron 56 plazas de Primaria frente a las 53 de este año. En Educación Física se convocan nueve plazas más: De 27 a 36 vacantes.
El cambio más significativo se puede observar en Educación Infantil, donde sí se aprecia un descenso: de 136 a 71 vacantes. En la última convocatoria salieron a concurso 489 plazas frente a las 448 de este año. 
Sánchez-Mora ha querido recordar a través de un comunicado que con esta nueva convocatoria, entre 2016 y 2017 "hemos llevado a cabo la mayor oferta de empleo público docente de los últimos años, con cerca de 1.000 plazas para el cuerpo de maestros, con el objetivo de "beneficiar a los opositores de la Región y dar estabilidad a las plantillas de nuestros centros educativos".
La titular de Educación explicó que estas oposiciones "ofrecerán oportunidades de un trabajo estable y de calidad para nuestros graduados universitarios". Asimismo, la consejera señaló que en el caso de que finalmente se suprima la limitación en la tasa de reposición a nivel nacional, "el Gobierno regional estudiará ampliar el número de plazas de la oferta".
Además, esta nueva convocatoria de 448 plazas permitirá seguir reduciendo el número de interinos para "tener plantillas más estables". 
Por último, la consejera reiteró el compromiso del Gobierno regional de "convocar oposiciones docentes todos los años".
Por otra parte, Sánchez-Mora recordó que ya está abierto el plazo de solicitudes para la oposición a Inspección Educativa y se está trabajando en la convocatoria de ingreso al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, con 35 plazas, que se resolverán durante este curso "y que nunca antes habían sido convocadas en la Región".
Por último, la consejera reiteró que "el compromiso del Gobierno regional es convocar la máxima oferta de empleo público docente posible para favorecer así una mayor calidad educativa en la Región de Murcia".

Plazas por especialidades

  • Inglés. 149 plazas
  • Educación Infantil. 71 plazas
  • Pedagogía Terapéutica. 60 plazas
  • Educación Primaria. 53 plazas
  • Audición y Lenguaje 48 plazas
  • Educación Física. 36 plazas
  • Francés. 16 plazas
  • Música 15 plazas

Inés Arrimadas: "Si se formaliza la imputación exigiremos al PP lo pactado"

MADRID.-  Después de que ayer el TSJ asumiera la investigación contra el presidente de la Región, la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser que "si se formaliza la imputación" de Pedro Antonio Sánchez, "exigiremos al PP que cumpla lo pactado".



Arrimadas recordó que en el acuerdo de investidura que facilitó la gobernabilidad del Partido Popular en la Región de Murcia, en junio de 2015, se fijó como requisito "la dimisión de los imputados por delitos de corrupción política". 

Además, ha señalado que el propio Pedro Antonio Sánchez dijo que dimitiría si se formalizaba su imputación por estar implicado en el caso Auditorio.


La portavoz insistió en que "si acaba imputado, le pediremos al PP que cumpla su palabra, el acuerdo y la propia Ley de Transparencia".

El presidente de Ciudadanos Albert Rivera compartió la misma postura en su cuenta de Twitter: "
Ciudadanos exigirá la dimisión del presidente de Murcia cuando lo imputen formalmente".

Camino del banquillo / Ángel Montiel *

No hay ingeniería jurídica capaz de desmontar la ´exposición razonada´ de la jueza de Lorca que imputa cuatro delitos al exalcalde de Puerto Lumbreras, hoy presidente de la Comunidad Autónoma, en el proceso de construcción del auditorio de esa localidad. Era algo muy evidente de antemano; por tanto, sorpresas, las mínimas. 

Pero esta regla de tres nos predice, de manera inmisericorde, que los pasos sucesivos serán también previsibles. Por tanto, el horizonte será el banquillo. Más allá de éste no cabe adivinación, pero la previa es clara: no hay presidente de país o de región en Europa que haya sobrevivido políticamente a la fase final de una imputación si ésta concluye en el deber de declarar como acusado ante el juzgado que ha de dictar sentencia.

La decisión, ayer, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) de asumir la instrucción del ´caso Auditorio´ fue celebrada por los portavoces oficiales del PP y del Gobierno como un paso decisivo para una solución rápida de la cuestión que atenaza a PAS, pero olvidaban que los abogados de éste exigían justo lo contrario: que el TSJ hubiera decidido de nuevo la remisión del caso al juzgado de Lorca para que éste concluya la investigación de la ´pieza separada´ con que proseguir las pesquisas judiciales a fin de comprobar si se hizo un correcto uso de la subvención de la Consejería de Cultura para la construcción de ese espacio.

En ese contexto, la resolución del TSJ fue un ´varapalo´ para los intereses de PAS, consistentes en dar nuevas patadas hacia adelante, pero sus portavoces hicieron de necesidad virtud y pretendieron trasladar en positivo lo que resultó un claro revés en la estrategia de defensa del presidente. Un error. Porque cualquier observador, este comentarista, por ejemplo, habría visto bien que el ´caso Auditorio´ cerrado en la instrucción del juzgado de Lorca y la ´pieza separada´ abierta para comprobar el uso de la subvención de la Comunidad se hubieran unificado en una misma instancia, dado que todo concurre en una operación única. 

Y si bien el TSJ no ha devuelto lo instruido hasta ahora por el juzgado de Lorca a su lugar de origen a fin de que integre todos los flecos, bien podría haber reclamado, al asumir el caso, la instrucción de la ´pieza separada´ por la jueza lorquina, pues todo va al mismo saco, y es obvio que si hay indicios, hasta donde llegó la instrucción, de que el entonces alcalde incurrió supuestamente en delitos administrativos, cabe suponer que también tendría alguna responsabilidad en la administración de los fondos para la construcción del Auditorio, aspecto que se investiga en esa ´pieza separada´.

Aquí hay un evidente desajuste formal para quienes somos legos en cuestiones judiciales. Porque ¿qué pasaría si el TSJ acabara archivando las imputaciones de la jueza de Lorca que afectan a PAS y posteriormente la instrucción de la ´pieza separada´ diera lugar a una acusación más consistente? Pues es bien claro: se podría concluir que la administración de los fondos que se investigan en esa ´pieza´ habrían requerido de las irregularidades que anteriormente habrían sido archivadas, con lo que el TSJ no quedaría en muy buen lugar. 

Por tanto, la instrucción global de todos los aspectos relacionados con el ´caso Auditorio´ desprende una lógica aplastante. Dos posibilidades a la vista: una, que el alto tribunal hubiera devuelto la instrucción a Lorca, según pedía la defensa de PAS; y dos, y más aceptable, que ayer mismo el TSJ hubiera reclamado también la instrucción de la ´pieza separada´, dado que se puede colegir que asímismo afecta a la gestión del exalcalde.

De una manera u otra, lo claro es que PAS va camino del banquillo. Esto algunos lo enuncian como un deseo, pero al margen de los detractores del presidente, cualquiera, incluso entre los afines, puede verlo como una realidad. Y las consecuencias políticas del hecho pueden resultar demoledoras. Todo pretexto intermedio es un intento de distracción o un defecto de visión. ¿Dispondrá el presidente de capacidad de resistencia para soportar ese trayecto manteniendo el imaginario de que al final todo quedará en un mal sueño? En tal caso, el desgaste político puede ser inimaginable. O el desgaste judicial. Uno de los dos, o los dos.



(*) Columnista



Esto no es América, ¿ok? / Joaquín García Cruz *

La designación como juez vitalicio del Supremo del ultramontano Neil Gorsuch ha sido la última astracanada de Trump. Gorsuch deshace con su presencia en el más alto tribunal de EE UU el empate numérico entre los magistrados conservadores y los progresistas, lo que garantiza al atrabiliario presidente un parapeto frente a cuantos recursos contra sus decretos ejecutivos lleguen al Supremo. Cualquier juez de distrito puede dejar provisionalmente en suspenso las resoluciones de Trump, pero, cuando los recursos subsiguientes deban sustanciarse en la cúspide de la judicatura, allí estará Neil Gorsuch para echarlos abajo. 

La decisión de vetar la entrada a los ciudadanos de siete países de confesión islámica, y la de levantar un muro en la frontera con México, por citar solo dos de los antojos del presidente, resultan más mediáticas que la designación de un juez amigo, pero son menos trascendentales -y más peligrosas para la higiene democrática- que el aseguramiento de un Tribunal Supremo sumiso.


La anomalía que implica esta politización de la Administración de Justicia se da también en España. Los partidos se reparten magistraturas en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, al que ayer mismo enviaron PP y PSOE desde la Asamblea Regional sus respectivas propuestas para cubrir sendas vacantes (cada una, de su color, claro), y también en los tribunales superiores de Justicia (TSJ) de las comunidades autónomas. La Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Murcia, que ayer metió en graves problemas al presidente de la Comunidad Autónoma, adolece de idéntica tacha. 

De sus tres integrantes, dos son magistrados de carrera (Miguel Pasqual del Riquelme y Julián Pérez-Templado), pero el tercero, Enrique Quiñonero, es un catedrático promovido al TSJ por la Asamblea Regional, que, como sucede en todos los parlamentos, toma sus acuerdos en función de una mayoría política. Del PP, en este caso. Más allá de las consideraciones meramente jurídicas, la decisión de asumir el ‘caso Auditorio’ o devolverlo al juzgado instructor de Lorca era delicada para los tres componentes de la Sala, perfectamente conocedores de su alcance social. 

Tampoco a ellos se les escapa que mantener en su auto los indicios delictivos apreciados desde Lorca en la fase de instrucción acarrearía consecuencias políticas para la Región, y no solo para la persona de Pedro Antonio Sánchez. La Sala podía haber archivado la exposición razonada, lo que habría salvado el pellejo -definitivamente- de Sánchez. Podía haberle dado una patada adelante, regalándole en tal caso al presidente lo que este más anhela: tiempo para seguir gobernando. 

Pero la Sala aceptó quedarse con la patata caliente, en una resolución que a muchos habrá sorprendido. Los jueces del TSJ forman parte de una sociedad pequeña y por tanto influenciable, sujeta a presiones de todo tipo, y parecía natural que la extracción política de alguno de sus integrantes diera que pensar. Eran prejuicios: han firmado la resolución más comprometedora para el presidente, que es también la menos acomodadiza para ellos. 


En Estados Unidos, cualquiera acertaría hoy qué pasaría si la suerte de Trump cayera en manos del Supremo y de su amigo Gorsuch. Pero la resolución del ‘caso Auditorio’ viene a demostrar que esto no es América, pese a las imperfecciones del sistema y a la necesidad de cambiarlo. Afortunadamente. 


(*) Columnista


El PSOE abre una nueva etapa de incertidumbre política al no apoyar los Presupuestos / José Hervás *

La decisión socialista de no apoyar los presupuestos sólo ha supuesto una sorpresa para una parte de los negociadores del Partido Popular con el PSOE. La gran mayoría, sobre todo los que están en el día a día de las reuniones en el Grupo Parlamentario Popular, venían percibiendo ya una negativa a facilitar que se puedan aprobar las cuentas para este año.

Este jueves les han co­mu­ni­cado que si fi­nal­mente el Gobierno pre­senta los Presupuestos para este año, el PSOE pre­sen­tará una en­mienda a la to­ta­li­dad.

Entre los op­ti­mistas se en­con­traba el mismo pre­si­dente del Gobierno. Con oca­sión de la ce­le­bra­ción en el Senado de la Cumbre de Presidentes, donde coin­cidió con Javier Fernández, pre­si­dente de la Gestora y del Principado de Asturias, Mariano Rajoy per­cibió la mejor dis­po­si­ción para fa­ci­litar la go­ber­na­bi­lidad del país.

Pero sin Presupuestos del Estado para el ac­tual ejer­ci­cio, re­sulta im­po­sible trans­mitir a las Comunidades Autónomas los fondos adi­cio­nales acor­dados con Hacienda. Este era uno de los ar­gu­mentos de Cristóbal Montoro para pre­sionar a los pre­si­dentes so­cia­listas de las au­to­no­mías para que estos for­zaran a los miem­bros de la ges­tora de su par­tido a dar el visto bueno al acuerdo. Pero de mo­mento no habrá tal acuerdo.

El caso es que a úl­tima hora del jueves se co­nocía que el PSOE no fa­ci­li­tará con su voto que haya nuevos Presupuestos. Solo habrá cuentas si el PP con­sigue el apoyo de las demás fuerzas po­lí­ti­cas. Pero si no lo con­si­gue, lo normal es que pa­sados unos me­ses, con pro­ba­bi­lidad tras el ve­rano, el Ejecutivo tendrá que con­vocar de nuevo elec­cio­nes. O prro­ro­gar­los, como su­girió Rajoy, ante el efecto in­ter­na­cional sobre la in­go­ber­na­bi­lidad de España.

La ex­pli­ca­ción de esta de­ci­sión es que las cosas no dis­cu­rren bien para Susana Díaz. No tiene pre­pa­rada su su­ce­sión en Andalucía. Mientras no deje la pre­si­dencia no podrá venir a Madrid a li­derar al PSOE en el Senado. La Ley an­da­luza hace in­com­pa­tible a los altos cargos con la Cámara Alta.

Incompatibilidades
En con­creto, la ley 19/2007 la in­com­pa­ti­bi­liza con el cargo de Senadora. En su Artículo 2, ‘Personas de­sig­na­bles e in­com­pa­ti­bi­li­da­des’, dice a su vez en el punto 2 que ‘Los Senadores y Senadoras que se de­signen es­tarán afec­tados por las causas de in­com­pa­ti­bi­lidad es­ta­ble­cidas en la le­gis­la­ción elec­to­ral. En todo caso, son in­com­pa­ti­bles los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, miem­bros de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Presidentes y Presidentas de Diputaciones Provinciales y Alcaldes y Alcaldesas’.

El revés que ha su­puesto para Susana Díaz no poder ejercer ese con­trol a Rajoy en el Senado que le per­mi­tiera mayor pre­sencia ins­ti­tu­cional en toda España hay que sumar el temor al éxito que está ob­te­niendo Pedro Sánchez en sus des­pla­za­mien­tos.

Sánchez con­si­guió en Dos Hermanas mu­chos más se­gui­dores que los que logró con­vocar la propia Susana un día des­pués en su in­ter­ven­ción en Alcalá de los Gazules pese a tra­tarse de su propio te­rri­to­rio.

Aunque nadie se atreve a dar ci­fras exactas de asis­ten­tes, lo que cuentan quienes han es­tado esta se­mana en Castellón con Pedro Sánchez es que aba­rrotó. El salón de actos donde caben unas 900 per­sonas es­taba lleno y en la calle se que­daron sin en­trar otras 200 per­sonas más.
Nada que ver además con la falta de atrac­tivo de Patxi López, a quien cada día son más los que le re­co­miendan que se piense si no con­viene aban­donar su in­tento de li­derar al par­tido.
Como con­se­cuencia de la in­de­fi­ni­ción en el li­de­razgo dentro del PSOE, los ac­tuales ges­tores han con­ve­nido que hasta que no se ce­lebre el Congreso no to­marán una de­ci­sión fa­vo­rable a un acuerdo con el Partido Popular para ne­go­ciar los Presupuestos Generales.

El Banco de España con­si­dera que si hu­biera ha­bido go­bierno y sin los pro­blemas del Brexit y las in­cer­ti­dum­bres ge­ne­radas por la elec­ción de Trump, la eco­nomía es­pañola po­dría haber cre­cido 4 dé­cimas más. Ya po­demos em­pezar a cal­cular la que se nos viene en­cima.



(*) Periodista

La frase revolucionaria / Ramón Cotarelo *


El proceso precongresual de Podemos está lleno de enseñanzas, especialmente para ellos mismos. Era tal su identificación con lo nuevo, el cambio, la ruptura (en el fondo, una revolución vergonzante) que veían esa radical novedad en donde ellos estuvieran. Decían que no solamente venían a cambiar la realidad sino que, de hecho, esta había cambiado ya por su sola presencia. Olvidaban que para cambiar la realidad hay que poder, hay que ser poder, hay que tener poder, hay que estar en el poder. Un olvido curioso en quienes se llaman Podemos.


En el discurso de Podemos hay un recurso metafórico permanente al desarrollo biológico. Mucha referencia a por qué nació Podemos, con una idea de misión y también a qué quiere ser, cómo quiere constituirse, qué camino seguir. Si se nos fuera la mano, veríamos aquí la duda de Hércules entre seguir el camino del vicio o el de la virtud. No llega a tanto, pero hay dudas, opciones distintas, criterios enfrentados. Lo cual demuestra que la organización es humana, falible. O sea, los dirigentes y militantes son como todo el mundo, con sus enfrentamientos, sus luchas por el poder. Quizá el nombre adecuado hubiera sido Podremos. De ello habla en una muy interesante entrevista Miguel Urbán el de Anticapitalistas, en donde reconoce que Errejón aspira a controlar el partido sin chocar directamente con Iglesias. Es de puro sentido común: admitir que somos mortales y estamos movidos siempre por parecidas apetencias.


Es decir, la realidad no ha cambiado. El que ha cambiado ha sido Podemos. Pasa siempre. No obstante, al tomar conciencia de este hecho, se dispara la rica retórica del discurso: no hay fracción, no hay ruptura, no hay enfrentamiento. Seguimos siendo unicos, especiales, nosotros no nos pegamos. Pasado el Congreso todos trabajaremos codo con codo en pro del común proyecto. ¿Qué proyecto? No está claro. De momento, parecen definirse tres propuestas distintas de organizar el partido. Para entendernos y simplificando: 1) la caudillista de primacía del SG; 2) la populista de los cuerpos intermedios, los comites, círculos, órganos; 3) la asambleísta de todo el poder a los círculos. Bien, pero tres proyectos de organización del partido no son tres proyectos para cambiar la sociedad.

Y justamente, de eso es de lo que más hablan, de cambiar. Han venido  a cambiar la sociedad, la realidad, España. Hay que ver qué subconsciente mesiánico delata esa imagen.  Utilizan un lenguaje duro, pero no preciso. Lo mejor pensado para asustar a la gente. Son adictos a la frase revolucionaria, pero vacía. "Cambiar", sí, pero ¿en qué? Esa es la ventaja que le llevan los partidos de la vieja escuela. Cuando estos piden "cambiar" quieren decir alternar el partido en el gobierno. De cambiar la sociedad, el modo de vida, el modelo productivo, de eso no se dice nada. De forma que el discurso de Podemos, en la medida en que se entiende, tiene un engarce modesto en la realidad. Aunque se presente hiperbólicamente como el discurso de la inmensa mayoría, del noventa y nueve por ciento frente al uno por ciento, es improbable que encuentre un eco superior al que ha tenido hasta ahora; al contrario, puede ser inferior.

La retórica de "los de arriba" y "los de abajo", cuyo supuesto es que los primeros son una exigua minoría y los segundos somos la mayoría, olvida que hay un amplísimo sector en el medio, la inevitable clase media real o imaginaria. Cierto que esto de las distancias y las jerarquías depende en gran medida del punto de vista. Desde arriba, todo es abajo; desde abajo, todo es arriba; desde el medio hay un arriba que te puede caer encima y un abajo que puede abrirse a tus pies. A ese sector, desde luego muy numeroso en nuestras complejas sociedades, lo discursos dicotómicos, polarizados suelen darle miedo. Y la gente con miedo no te vota, al menos voluntariamente.

Como, por muy dispuesto que se esté -llegado el momento- a asaltar el Palacio de Invierno, hay que tratar de ganar elecciones en esta sumamente defectuosa democracia representativa, es preciso elaborar un discurso que la gente vote. Pero, ya lo vemos, con la dialéctica de la polarización tal cosa no sucede. Por eso, hay otra escisión o polaridad fuerte: la que pretende allegar los votos absorbiendo los del PSOE a base de destruirlo y la que aspira a aumentarlos con algún tipo de alianza con la socialdemocracia. En esa alternativa, la única real en toda la monserga, está la clave del sistema de partidos de los próximos meses, quizá años. Y aun así, tampoco es seguro porque depende de una eventualidad impredecible: la convocatoria de elecciones anticipadas.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales


Viernes con pleno de portadas en la prensa convencional para la redada de la Operación Pika por el mítico 3% en Cataluña. Otros focos de actualidad: los buenos resultados de CaixaBank; la admisión a trámite en el Congreso de la propuesta de renta básica de 426 con el voto en contra de PP y C's y a favor de los demás; el informe del BdE que cuantifica en cuatro décimas menos en el PIB el coste de la incertidumbre el año pasado; el consejo de Fedea en la comisión sobre el Pacto de Toledo para crear un mecanismo de ‘cuentas nocionales’ en las pensiones y la vuelta a indexar la subida al IPC para evitar la práctica congelación de las mismas; y la subida del paro registrado, pero menos que hace bastantes años.

De la noche a la mañana, Trump ha cambiado sus zarpazos en política exterior y se ha acercado a la diplomacia norteamericana de siempre. La nueva embajadora en la ONU, Nikki Haley, inauguró su cargo en el Consejo de Seguridad con una condena del militarismo intervencionista del Kremlin en Ucrania, y exigió que Rusia dé marcha atrás en su ocupación de Crimea o continuarán las sanciones. Por otro lado, el secretario de Defensa Jim Mattis ha advertido a Corea del Norte de que si se atreve a utilizar un arma nuclear, recibirá una respuesta ‘abrumadora’. Y el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer también ha apretado a Israel: los nuevos asentamientos en territorios palestinos ‘puede que no ayuden’ a la paz en Oriente Medio.

Snapchat, cuyo valor de mercado se estima en unos 25.000 millones de dólares, sale a Bolsa y espera captar hasta 3.000 millones. Cotizará en el NYSE bajo la sigla SNAP. Y Travis Kalanick, CEO de Uber, ha dimitido del consejo asesor de Trump para distanciarse de las políticas del presidente.

INFORMACIÓN NACIONAL
El Mundo: Plebiscito de Iglesias: ‘Errejón o yo’; plantea el congreso como un choque total de equipos para elegir entre los ‘dos liderazgos’ (Álvaro Carvajal). Otro titular: El PP quiere rehabilitr a los cargos públicos absueltos de corrupción. Europa Press: Estas son las listas de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón a la dirección de Podemos. El Confidencial: Pablo Iglesias rechaza debatir cara a cara con Íñigo Errejón para evitar prolongar el 'show' (Iván Gil). InfoLibre: El rapero Valtonyc dice que Pablo Iglesias le encargó la canción por la que será juzgado por injurias a la Corona. Confidencial Digital: Nuevo problema para Pablo Iglesias: le echan en cara que haya criticado la fabricación de corbetas para Arabia Saudí y a la vez apoye a Kichi en su defensa del contrato.

La Razón: Los barones presionan para que el PP lidere los debates sociales frente a la izquierda: el Congreso abordará además de la maternidad subrogada los cuidados paliativos, que enfrentan a los distintos sectores (Carmen Morodo). ABC: El PP se plantea permitir que sus parlamentarios voten en conciencia: la medida podría limitarse sólo a cuestiones éticas como el aborto. Otro titular: PP y PSOE ultiman un pacto para el TC que incluye a Pumpido como cuarto magistrado: el anuncio del acuerdo se hará antes del 10 de febrero. El Español: Entrevista con Albert Rivera: 'Vamos a definir los atributos del centro político para ser un partido de gobierno' (Jorge Sáinz). Otro titular: El dilema del PSOE: estabilidad con Díaz o elecciones con Sánchez (Daniel Basteiro).

CATALUÑA
La Vanguardia: La trama del 3% salpica la gestión de CDC en Barcelona (Mayka Navarro y Santiago Tarín). Otro titular: El Govern exige explicaciones a Rajoy sobre sus planes contra el referéndum: Catalá reconoce que suspender la autonomía de Catalunya 'es una opción'. JxSí solicita que Santamaría vaya al Parlament para aclarar si utilizaría la fuerza (Josep Gisbert y Carmen del Riego). Otro titular: Pujol ve a Junqueras presidente: 'ERC se aprovecha de la debilidad de Convergència'; el ex president, a Mas: 'Yo me quedo toda la mierda pero no renunciéis a mi obra' (Quico Sallés). El Periódico: Redada contra el 3% antes del juicio a Mas: tras operación contra la presunta financiación ilegal de CDC añade más tensión (Neus Tomàs).

El País: Operación policial contra el 3% en vísperas del juicio de Mas (Rebeca Carranco, Oriol Güell y Jesús García). Otro titular: Puerto, trenes, plazas, escuelas y carril bici... Las 10 obras bajo sospecha por el ‘caso 3%’. Otro titular: Dos asociaciones de jueces denuncian las injerencias de los soberanistas ante el juicio a Mas (Reyes Rincón). Otro titular: Un manifiesto de juristas catalanes exige respeto al Estado de Derecho (Pere Ríos). Otro titular: La vicepresidenta del Gobierno alerta de la ‘radicalidad social’ en Cataluña (Natalia Junquera). Otro titular: Homs defiende que el Govern obedeció al Constitucional porque desconvocó la consulta. El Mundo: Golpe judicial contra el 3% de la Convergència de Mas; los partidos soberanists dicen que es una operación contra el ‘procés’ y Colalu pide respeto a ‘la independencia judicial’ (Ángeles Escrivá y Javier Oms).

Economía Digital: Mas se esconderá tras las masas para no declarar: el ex president, alentado por la ANC, pretende retrasar el juicio por el 9-N y aprovechar la concentración de independentistas para volver a la carrera electoral (Manel Manchón). Esdiario: Soraya envió a un emisario para avisar a Puigdemont que de España no se ríen más (Antonio Martín Beaumont). Otro titular: Bombazo. Un informe secreto de la Generalitat dstapa la gran mentira de la independencia. La Razón: El 3% apunta a Mas: el ex tesorero de CDC y varios altos cargos, entre los 18 detenidos por la financiación ilegal (J.M. Zuloaga). ABC: El 3% asedia a Artur Mas. Otro titular: La mayoría del PP en el Senado permitiría activar el artículo 155. Otro titular: Juristas catalanes exigen rigor a la Generalitat.

Libertad Digital: El 3% enfanga a Mas y Puigdemont, que se parapetan tras el referéndum (Pablo Planas). Público: Así es el doble juego del Gobierno con Catalunya y el PSOE: el Ejecutivo lanza globos sonda y advertencias en los medios para después suavizar su mensaje en público (Paula Díaz). Vozpopuli: Los diez grandes pufos que prueban los 'sobornos' del 3% en la CDC de Mas (Ángela Martialay). El Español: El caso del 3% estrecha el cerco penal a Artur Mas y Germà Gordó (Carlota Guindal). El Confidencial: Mas encriptó su móvil para hablar con el "núcleo duro del 3%" dinamitado ayer (Antonio Fernández).

ECONOMÍA
La Razón: El Banco de España cifra en 4.000 millones el coste del año sin Gobierno: el bloqueo político, el Brexit y el temor a Trump lastraron el PIB en cuatro décimas. Cinco Días: El empleo se acelera al 3,3% anual pese a la caída en servicios. Otro titular: Destruidos 174.000 empleos en enero, la cifra más baja para este mes desde 2007 (R. Pascual). Vozpopuli: Construcción, sanidad y banca, los sectores que más empleo han perdido con Rajoy (Teresa Lázaro). Expansión: El Congreso da vía libre a la renta mínima de inserción de 426 euros. El País: La recaudación de Hacienda llegará en 2017 al máximo histórico. Otro titular: El gasto en prestaciones de paro baja de 20.000 millones por primer vez en la crisis (Manuel V. Gómez).

Capital Madrid: El PSOE abre una nueva etapa de incertidumbre política al no apoyar los Presupuestos: el Gobierno de Rajoy, abocado a una prórroga inevitable o a convocar elecciones (José Hervás). El Economista: Moncloa prorrogará las ayudas a las renovables hasta 2022: un documento de Energía recoge que la retribución incluso subirá un 3,6%. Otro titular: La aplicación de la renta mínima costaría al menos 12.000 millones al año: los partidos, salvo PP y C’s, votan tramitarla. Otro titular: Castilla y León pide reabrir el pozo de petróleo de Burgos (Rafael Daniel). Eldiario: Toxo prepara el terreno para un tercer mandato al frente de CCOO (Ana Requena Aguilar).

EMPRESAS
Capital Madrid: Las malas hierbas no paran de crecer en las pistas de IAG: el efecto divisa y el impacto del Brexit pesan en sus números bursátiles, y las restricciones migratorias en EEUU mermarán su negocio al igual que el de otras aerolíneas (Héctor Chamizo). Expansión: Villar Mir vende sus plantas eléctricas para bajar deuda: su filial Ferroglobe traspasa las hidroeléctricas al fondo Brookefield por 255 millones. Otro titular: Indra recortará 500 empleos por Tecnocom. ABC: Los accionistas presionan para que el Estado ceda su mayoría en Aena. Cinco Días: Los fondos meten presión a Fomento para la privatización de Aena. Otro titular: Los Riberas bajarán la deuda de su matriz con la salida a Bolsa de Gestamp.

El Confidencial: Sacyr reclama 750 millones a Panamá por daños a su imagen y reputación (Agustín Marco). Vozpopuli: Varapalo a Sacyr: pierde una reclamación de 100 M. por el Canal de Panamá (Raúl Pozo). Otro titular: Prosegur recurre en la Audiencia Nacional la sanción de 39 millones de Competencia (Alberto Ortín). Otro titular: Correos prevé que el negocio de paquetería moverá 8.000 millones en cinco años (Mario Moratalla). Diario Crítico: El Ayuntamiento de Madrid regulará hoteles y viviendas turísticas (Carmen M. Guitiérrez).

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: Gual (CaixaBank) prevé una concentración gradual de la banca por el proceso digital: Gortázar, su consejero delegado, recuerda el coste millonario del rescate para su grupo, y ahora todos los planes pasan por la integración del portugués BPI aunque estudiarán ofertas (José Luis Marco). Expansión: CaixaBank gana un 28% más y supera los 1.000 millones. El Economista: CaixaBank gana por primera vez en cinco años más de 1.000 millones. Invertia: Ron se despide de Popular con pérdidas récord y una caída del 95% de la acción (Ramón G. Cepas). Bolsamanía: Banco Popular despedirá la 'era Ron' con unas pérdidas de 3.000 millones (Pedro Calvo). Otro titular: BlackRock blinda con permutas y cortos sus 10.000 millones en Telefónica, Santander y BBVA (Rubén J. Lapetra).

Cinco Días: La banca deberá dar una cuenta sin coste a todos los ciudadanos: Economía tiene lista una norma que universalizará servicios financieros; las comisiones estarán prohibidas o tasadas para los clientes vulnerables. Otro titular: CaixaBank prevé compensar al 50% de clientes con cláusulas. Otro titular: El juicio por las tarjetas black queda visto para sentencia (Juande Portillo). El Mundo: La inspección del Banco de España acusa a sus jefes de filtrar informes a Bankia (Carlos Segovia).

OTROS TITULARES DESTACADOS
El Confidencial: Carmena y BBVA resucitan operación Chamartín con la idea de aprobarla este año: las dos partes ultiman un principio de acuerdo que permitirá desbloquear el proyecto este mismo año. Todas las partes ceden una porción y se actuará en todo el ámbito (Ruth Ugalde). El País: El comisario Villarejo lanza una campaña de amenazas ante la presión de la justicia (Javier Ayuso).

OPINIONES
Editorial en La Razón: ‘Soberanismo corrupto’. Otro editorial: ‘Malta, una oportunidad para la UE’. Editorial en El Periódico: ‘La losa del 3% cae sobre el PDECat’. Enric Hernández en el mismo diario: ‘Contra la estigmatización del independentismo: al envolverse en la estelada ante los casos de corrupción, la vieja CDC siembra dudas sobre los nobles propósitos de su República catalana’. Editorial en El Mundo: ‘Desaparece CiU, pero no su red de corrupción organizada’. Otro editorial: ‘A Díaz le explota la crisis sanitaria en el peor momento’. Editorial en ABC: ‘El secesionismo sí que nos roba’. Otro editorial: ‘Batalla sectaria en Podemos’. Francisco de la Torre en El Economista: ‘La renta básica que no podemos pagar y las oportunidades perdidas’.

Editorial en El País: 'Chantaje al Estado: hay que desacreditar y desarticular la estructura de policías paralegales’. José Luis Rodríguez Zapatero en el mismo diario: ‘La dignidad de un amigo: José Antonio Alonso, Toño’. Xavier Vidal-Folch en el mismo diario: 'Artur Mas no es un delincuente: como presidente de la Generalitat, Mas ha sido el peor gobernante de la Cataluña contemporánea. Pero no toda desobediencia es un delito de desobediencia. Editorial en La Vanguardia: ‘Los dos rostros de Podemos’. Francesc Marc Álvaro en el mismo diario: 'Extranjeros inadvertidos: las aproximaciones teatrales de Rajoy y sus ministros a Catalunya –con o sin operación diálogo– se mueven entre el paternalismo neocolonial, la advertencia amenazadora y la propina caprichosa'. Jaume Pi en el mismo diario: ‘Golpe al corazón de CDC a cuatro días del juicio a Mas’.

Editorial en Libertad Digital: 'Judicializan la política quienes la llevan fuera de la ley: los separatistas'. Aitor Riveiro en Eldiario: 'Podemos desintegra a su grupo promotor en tres años'. Editorial en El Español: 'Cuando es imposible disociar la corrupción de la independencia'. Otro editorial: 'La demagogia se empodera del Congreso: todos los partidos menos PP y C's apoyan la renta mínima'. Editorial en Cinco Días: ‘Una banca europea que llegue a todos’. Otro editorial: ‘Más debate sobre la renta mínima’. Bernardo de Miguel en el mismo diario: ‘Trump dinamita el marco bancario global: un alto cargo republicano insta a Yellen por escrito a romper con el Consejo de Estabilidad Financiera, creado por el G-20, al que tacha de ‘burócratas extranjeros’. Luis Alcaide en Capital Madrid: ‘Trump amenaza y miente pero el mercado le da la espalda’.



A. R. Mendizabal

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El TSJ asume el 'caso Auditorio' y ahora debe investigar al presidente de la Comunidad Autónoma por cuatro delitos


MURCIA.-La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha decidido esta mañana asumir la competencia para investigar a Pedro Antonio Sánchez dentro de las diligencias que se siguen por el caso Auditorio. La Sala que ha tomado la decisión está formada por el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, y por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado.

Según explica la Sala en un comunicado, en el auto hecho público esta mañana, se designa al magistrado Julián Pérez-Templado Jordán, instructor del procedimiento sobre el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.

La Sala extiende su competencia para instruir y, en su caso, enjuiciar, a las otras personas investigadas por los mismos hechos en las Diligencias Previas 316/2015 del juzgado de Instrucción número 1 de Lorca.

El TSJ ordena, además, al juzgado de Lorca que, si en el curso de las investigaciones que se acometan en la pieza separada que se instruye en Lorca aparecieran datos que guarden relación y que aconsejaran una investigación o enjuiciamiento conjunto, se comunique a la Sala para la adecuada coordinación de ambos procedimientos.

El auto de incoación de Diligencias Previas no es firme, cabe interponer recurso de Súplica, según señala la nota de prensa difundida por el Tribunal Superior de Justicia.

La Sala estudiaba desde el pasado mes de diciembre la exposición razonada de la juez de Lorca que solicitaba que se investigara al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por cuatro delitos (prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento público) presuntamente cometido en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de esta localidad.

En estas diligencias están investigados ya una veintena de imputados, entre concejales que aprobaron el concurso de obras, técnicos municipales y el arquitecto redactor del proyecto.

La decisión tomada hoy por el TSJ puede marcar el futuro inmediato del presidente de la Comunidad, ya que el acuerdo de investidura con Ciudadanos incluye el compromiso de apartar a aquellos cargos públicos que sean imputados por delitos de corrupción política.

El cambio de la ley de Enjuiciamiento Criminal cambió la denominación de imputados por la de investigados, con lo que ese punto del acuerdo es, para muchos, interpretable. Además, en los últimos meses Pedro Antonio Sánchez ha recibido el apoyo de todos los alcaldes de la Región de Murcia, que en un documento respaldan la tesis defendida por la Comunidad Autónoma de que los políticos investigados no dimitan hasta la apertura del juicio oral en un caso de corrupción.

El Partido Popular a nivel nacional ha manifestado su apoyo a Pedro Antonio Sánchez y a través de un comunicado han dejado claro su visión del caso Auditorio, asegurando que "no se trata de un caso de corrupción"

Génova 13 reafirma su confianza en Pedro Antonio Sánchez

MADRID.-El PP nacional ha reafirmado este jueves su confianza en el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de asumir el conocido como caso Auditorio en el que se investiga al presidente de la Comunidad Autónoma.

El partido argumenta que recalca que, pese a la decisión tomada este jueves, Pedro Antonio Sánchez "no está imputado, no se ha abierto juicio oral, ni se trata de un caso de corrupción", según fuentes de la dirección nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se ha declarado competente para investigar el caso Auditorio, dada la condición de aforado de Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Las irregularidades que se investigan están relacionadas co el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras.

Ante este hecho, 'Génova' ha expresado su apoyo al presidente regional de Murcia y ha recordado que no está imputado en ese caso ni se ha abierto juicio oral, al tiempo que ha manifestado su máxima confianza en la Justicia.

Además, fuentes de la dirección nacional del PP han reiterado que el caso por el que se va a investigar a Sánchez no es un caso de corrupción sino que obedece más bien a un error administrativo. Así, han subrayado que el presidente de Murcia no ha metido la mano la caja.

El PSRM cree que la situación daña a la Región y a los murcianos

MURCIA.-El secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, ha sido tajante en sus manifestaciones tras conocer que el TSJ asume la investigación del caso Auditorio en el que el Presidente Regional está acusado de cuatro delitos.

En una nota de prensa remitida a los medios, Tovar asegura que la decisión de hoy es "un paso más en la situación agónica de Pedro Antonio Sánchez,
que deja claro que el TSJRM encuentra motivos para investigar este caso, como ya hizo cuando mandó el caso al juzgado de Lorca".
El líder socialista considera "una irresponsabilidad" que el presidente "someta a la Región a este calvario" ya que, en su opinión, "la situación daña a la Región y a sus ciudadanos".
Para Tovar, lo que debe hacer Pedro Antonio Sánchez ahora está muy claro: "En vez de enrocarse y poner al Gobierno a su servicio para que lo defienda", lo que tiene que hacer "es asumir sus responsabilidades y dejar que la Justicia actúe de la manera más ágil posible,
"con el fin de llegar al fondo del caso Auditorio sin que se pongan piedras en el camino y para que esta situación bochornosa y perjudicial para la Región se resuelva lo antes posible". 
A lo que añadió que "Pedro Antonio Sánchez no debe enrocarse y esconderse tras su aforamiento; lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad, en lugar de poner el gobierno a su servicio para que dé la cara por él y le defienda". 

Noelia Arroyo: "La decisión del TSJ es el comienzo para que todo se aclare"

MURCIA.-La consejera portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha dicho declarado que la asunción por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del caso Auditorio es "el comienzo para que todo se aclare cuanto antes", y ha pedido "respeto a la justicia y a sus decisiones".

El TSJ de Murcia se ha declarado hoy competente para instruir el caso Auditorio elevado por el juzgado de instrucción número 1 de Lorca y para investigar al presidente murciano, Pedro Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras cuando se proyectó y construyó esa infraestructura, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad.
En un comunicado, la portavoz del Gobierno regional pide "respeto a la Justicia y a sus decisiones" y "dejarla trabajar sin presiones y con independencia", y señala que "sólo se desprende de la decisión de hoy que el TSJ es el competente para estudiar el expediente".
"Lo que ha hecho hoy el Tribunal Superior de Justicia es simplemente indicar que es competente y que empieza a instruir el caso nombrando al instructor", según Arroyo, quien remarca que "aún no se ha tomado actuación alguna".
Además, ha apelado a la presunción de inocencia "como pilar básico del Estado de Derecho" y ha subrayado: "nadie debe juzgar antes que un juez".
Para la portavoz, con la asunción del caso por el TSJ "se abre la oportunidad de que Pedro Antonio Sánchez pueda aclararlo todo", tras lo que sostiene que "toda la actuación es legal y únicamente está por demostrar si se pudo incurrir en algún error administrativo del expediente".
"Nos da tranquilidad que se investigue y que sea la Justicia la que lo aclare de forma definitiva", concluye.

Oscar Urralburu insiste en que Pedro Antonio Sánchez no puede anteponer sus intereses a los de la Región

MURCIA.- Óscar Urralburu ha afirmado a través de un comunicado que, tras la decisión del TSJ, el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, "tiene que tener bien claro que la Región de Murcia es lo primero y su situación judicial va después. Que no anteponga sus intereses al de todas y todos. No puede defenderse de acusaciones tan graves desde el sillón presidencial".

Por ello, ha incidido Urralburu, desde Podemos creemos que "los murcianos y murcianas no se merecen ver al máximo representante de la Región sentado en el banquillo de los acusados. Sería una auténtica vergüenza y tendría un coste real para nuestros sectores productivos, como la propia economía regional o el turismo".
El portavoz parlamentario de Podemos resalta en su que "no hablamos de pequeños temas, ni de persecución judicial o causas múltiples contra el presidente, estamos ante un asunto muy serio. Ya no caben excusas, palabras vacías, hablar de conspiraciones o echar la culpa a otros. Es el Tribunal Superior de Justicia el que apunta al Presidente como el responsable de cuatro delitos muy graves y muy serios: malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y prevaricación continuada".

C's esperará a que el TSJ llame a Sánchez a declarar para exigir su dimisión

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, aseguró este jueves, tras conocer que el TSJ asumirá el 'caso Auditorio', que su partido exigirá la dimisión del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, cuando se le llame a declarar.

En este sentido, recordó que la formación naranja y el Gobierno regional tienen un acuerdo en el que el presidente se comprometió al pacto por la regeneración democrática y de lucha contra la corrupción.
"El pacto era que si era imputado, tendría que dimitir; él dijo que si era imputado por el 'caso Auditorio' se marcharía", dijo antes de añadir que si finalmente es imputado "tiene que cumplir su palabra".
Sánchez considera que el TSJ "ha hecho lo correcto" y espera que el presidente regional colabore con la justicia para "que no se dilate más este asunto".
El político manifestó su alegría al saber que "el 'caso Auditorio' está más cerca de resolverse". Según dijo, la Región de Murcia no puede permitirse un estado de "incertidumbre; el presidente estaba más pendiente de las cuestiones judiciales que de los murcianos".
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también se hizo eco de la noticia en su cuenta de Twitter.

C's celebra que la resolución del 'caso Auditorio' y el fin de la incertidumbre política sobre PAS estén más cerca

MURCIA.- Ciudadanos considera “positiva” la resolución adoptada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia respecto al ‘caso Auditorio’, que afecta al presidente Pedro Antonio Sánchez. 

“Nos alegra saber que este asunto esté más cerca de aclararse, porque la Región no puede permitirse por más tiempo tener un presidente más pendiente de su futuro procesal que del futuro de todos los murcianos”, ha señalado el portavoz regional de Cs, Miguel Sánchez, que considera que el TSJ "ha hecho lo correcto" y espera que el presidente regional “colabore con la Justicia para que no se dilate más este asunto, que no ponga más trabas".
“Que investiguen por cuatro delitos a la persona que nos representa no es desde luego una buena noticia y debemos lamentarlo, pero mucho peor es que la querella presentada por el Ministerio Fiscal haya estado hibernando desde hace justamente dos años y que haya estado a punto de volver al juzgado de Lorca, lo que hubiera significado más incertidumbre para la Región”, ha añadido Sánchez, quien apunta que “esa incertidumbre, que el pasado año no dejaron de agitar como una traba a la recuperación económica y la creación de empleo, podría haberse extendido a lo largo de otro año si el TSJ hubiera aceptado las tesis de la defensa del presidente”.
Respecto a la posible consideración de investigado -la antigua figura de imputado- por parte de Pedro Antonio Sánchez en los próximos días, el portavoz naranja no quiso adelantar acontecimientos –“somos y seremos muy respetuosos siempre con la Justicia y sus tiempos”- pero apuntó que “Pedro Antonio Sánchez no podría faltar a su palabra y al compromiso que adquirió con todos los murcianos. Si resulta imputado, exigiremos que cumpla ese compromiso y se aparte de la política mientras se defiende”.

IU-Verdes exige disolución de la Asamblea Regional y la convocatoria de nuevas elecciones

MURCIA.- Conocida este medio día la esperada decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia, asumiendo las diligencias del "caso Auditorio" con las consecuencias procesales que de ello se derivan para el actual presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez (PAS), la dirección colegiada de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, a través de sus coordinadores regionales, José Luis Álvarez-Castellanos y Candi Marín, ha hecho público un comunicado en el que vienen a calificar como inevitable el Decreto de Disolución de la Asamblea Regional con la consiguiente convocatoria de nuevas elecciones autonómicas, de conformidad con el art. 27 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Para ello, IU-V- RM exige a todos los actores políticos en juego, que en ningún caso hagan prevalecer en las decisiones políticas que deben hacerse públicas en lo inmediato por parte de todos, ni particulares coyunturas partidistas, ni eventuales posiciones demoscópicas. La única salida democrática de la crisis política que ha generado la decisión del TSJ, afirman desde IU-V, es la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

Los coordinadores regionales de IU-V afirman que exigir a PAS que dimita, cuestión deseable, es poco menos que predicar en el desierto, a tenor de su enroque, a pesar de ello la formación de izquierdas exige en primer lugar a Ciudadanos (CD,s) que haga cumplir el pacto de investidura que hizo a PAS Presidente de la CARM. Ese pacto, en opinión de IU-V, no es sólo "cosa de dos". Se trata de un acuerdo político de gran alcance que vincula y compromete a dos actores (las dos formaciones políticas que lo firmaron) con el conjunto de la ciudadanía de la Región de Murcia frente al que se firmó. Así pues no cabe otra cosa que exigir el cumplimiento de sus cláusulas éticas fundamentales.

Aunque en rigor, sostienen en IU-V, nuestro sistema no es presidencialista, lo cierto es que de facto funciona como si lo fuese, y en tal sentido, para IU-V no sería democrático contemplar la mera sustitución como Presidente de la CARM de PAS por otro candidato de ocasión del PP. Si por este "cambio de cromos" terminasen optando los agentes políticos implicados -y aquí incluimos a todos los partidos con representación en la Asamblea Regional- la Región de Murcia seguiría siendo una anomalía democrática dentro del conjunto de las autonomías españolas.

A ese respecto la salida a la crisis no puede ni debe pasar por "desinvestir a PAS para investir a otro santo del PP", sino en dar voz al conjunto de los ciudadanos de la Región de Murcia para que ésta se pronuncien en las urnas, y lo haga -al fin- con una nueva Ley Electoral democrática y respetuosa con los principios de proporcionalidad e igualdad de voto de todos los ciudadanos, tras once legislaturas contaminadas democráticamente por la anterior Ley electoral.

Fue para resolver crisis políticas, como la que ahora se presenta en el panorama político de la Región de Murcia, y no para otras cosas, por lo que en su día se modificó el Estatuto de Autonomía de la CARM posibilitando la disolución anticipada de la Asamblea y la convocatoria de elecciones antes del término natural de la legislatura.

Para ello es preciso, que CD,s cumpla con sus compromisos plasmados negro sobre blanco en el acuerdo de investidura, y que el resto de formaciones políticas con representación se pongan de acuerdo en investir a un nuevo Presidente de la CARM que tendría como único mandato la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

Por último, los coordinadores de IU-V afirman estar preparados para concurrir a unas nuevas elecciones en la Región, sea como un actor más, o confluyendo en candidaturas con quienes compartimos causas y proyectos políticos.

Auto completo del TSJ sobre el 'caso Auditorio'

El PP pide que se deje trabajar a la justicia "con independencia"

MURCIA.-El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, ha pedido, tras conocer que el TSJ asumirá el 'caso Auditorio', que "se respete" y se deje trabajar a la justicia "con independencia".

El parlamentario se ha dirigido, en este sentido, a otros grupos políticos para que "dejen trabajar a la justicia". En este sentido, ha citado a Podemos, de los que ha dicho que "cuando no les gustan las decisiones judiciales denuncian a los jueces".
El PP espera que este asunto "se aclare cuanto antes" y reitera su "respeto" por la justicia, algo que espera que también hagan los otros partidos.
Además, ha recordado que el caso parte de una denuncia que presentó el PSOE en el año 2013 y que se han archivado ya 16 denuncias socialistas contra el presidente regional.

El Consejo Jurídico admite que la concesión de Puerto Mayor fue una ilegalidad

MURCIA.-El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) señala en el dictamen que apoya la revisión de oficio de la resolución de diciembre de 1988, que amplió el plazo de ejecución del proyecto de la empresa Puerto Mayor en La Manga, que aquella disposición fue dictada «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido». En su informe cita entre otras tachas que el director general que la aprobó carecía de competencia para ello.

Los juristas del Consejo defienden en su dictamen que el litoral debe ser espacio de disfrute ciudadano, no una oportunidad de negocio. Afirman que esa nueva concepción del litoral, que cambió radicalmente con la que existía con anterioridad, quedó recogida en la Constitución y en la legislación sectorial que fue aprobada en los años siguientes.
«En la actualidad -dice el CJRM-, la prevalencia de los intereses generales relacionados con la preservación del medio ambiente y de la integridad del demanio (dominio público) costero como espacio abierto al disfrute de la colectividad es aún más acusada de lo que lo fuera en 1988».
El Consejo hace esas consideraciones tras analizar el proyecto de Puerto Mayor y especialmente la resolución de la Dirección General de Carreteras y Puertos del 16 de diciembre de 1988, por la que se amplió la concesión administrativa a la sociedad promotora del puerto deportivo y se aprobaron modificaciones del proyecto inicial.
Señala el informe que el proyecto partió de una concesión administrativa otorgada por el Consejo de Ministros en 1975, cuyo objeto principal era la construcción de un puerto deportivo en La Manga del Mar Menor y que a lo largo de los años pasó por diversas vicisitudes.
Comenta por otro lado que «las situaciones de signo privatizador -como ocurre en este caso- que en épocas pasadas surgieron al albur de la legislación preconstitucional de costas y puertos respondían a una valoración del interés publico sobre diversas actuaciones a desarrollar en la zona litoral que difería sustancialmente de la actual».
La ganancia de terrenos al mar y la construcción de puertos deportivos, como la que se permitía con la concesión aprobada por el Gobierno español, «se consideraban operaciones beneficiosas para el interés público, dominado en aquel momento por intereses turísticos y económicos que dejaban en un segundo plano la protección de la costa».
Por último, este órgano de consulta de la administración regional opina que la Consejería de Fomento, que ha sido la que le ha solicitado el informe, puede revisar de oficio la resolución combatida, pero no debe acudir a aprobarla por otra vía también recogida en la ley y que está prevista para aquellos acuerdos de contenido imposible, ya que este, concluye, no es el caso.