miércoles, 1 de marzo de 2017

El juez del 'caso Auditorio' deniega retrasar la declaración de PAS solicitada por la acusación particular al instructor


MURCIA.- El juez instructor del 'caso Auditorio', Julián Pérez-Templado, denegó este miércoles retrasar la citación a Pedro Antonio Sánchez López del próximo lunes 6 de marzo para recabar nuevas pruebas. Un recurso al respecto había sido interpuesto por el abogado ilicitano Marcos Sánchez Adsuar (en la imagen), que ejerce la acusación particular en este caso, representando a un ex concejal socialista de Puerto Lumbreras. 

El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal instituye, a juicio del magistrado instructor, el más elemental derecho de defensa: la declaración de la persona a quien se atribuya un hecho punible.

El magistrado Pérez-Templado sí ha ordenado por medio de un auto notificado hoy al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras que remita al juzgado el expediente administrativo completo del Auditorio, o bien la certificación de su inexistencia, que le había solicitado el letrado ilicitano, y todos los documentos relacionados para aprobar el proyecto básico.
Por último, Pérez-Templado también rechaza interrogar de momento a los miembros de la Junta de Gobierno Local, al concejal de Educación, a la secretaria general y al aparejador municipal, a quienes nadie les preguntó previamente en su día acerca de una decisión que adoptaron el 26 de diciembre de 2006 sobre el proyecto básico del Auditorio sin incoar expediente de contratación ni abrir un proceso de licitación.

Irene Montero pregunta al Fiscal General del Estado por las implicaciones de Pedro Antonio Sánchez en la 'Púnica'


MADRID.- La portavoz del Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha lamentado que el fiscal general del Estado haya eludido contestar a preguntas sobre "las filtraciones de las órdenes que se les dio a las fiscales y hemos constatado que la defensa de Pedro Antonio Sánchez coincide con la del Ministro de Justicia y la del Fiscal General del Estado".

Montero ha preguntado en el Congreso al Fiscal General del Estado, Juan Manuel Maza, acerca de la decisión por la que se ignoró el criterio de las fiscales que llevaban desde el principio el caso, y que apuntaban a una posible responsabilidad penal del presidente, Antonio Sánchez, pese a que dicho criterio se asentaba no sólo en su conocimiento directo y detallado del caso, sino también en jurisprudencia del Supremo que apunta a la posible comisión por éste de los delitos señalados por el juez Velasco.
La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos también se ha dirigido a Maza para conocer cómo pudo Pedro Antonio Sánchez conocer la existencia de estos informes de la Fiscalía "antes incluso de que estos fueran presentados en el Juzgado". 
Y no sólo eso, ha dicho Irene Montero, ya que "no entendemos por qué la Fiscalía Anticorrupción, haciendo algo totalmente inaudito, emite una nota de prensa comunicando que se opone a la elevación de la exposición razonada respecto al presidente de Murcia".
Asimismo, Irene Montero ha hablado ante el Fiscal General del Estado de la sustitución del fiscal López Bernal, "polémica sustitución puesto que está abierto el caso Auditorio, por el que han imputado a Pedro Antonio Sánchez". Es llamativo, ha añadido Irene Montero, "que su no renovación llegue tras unas declaraciones del propio presidente en las que afirmó que López Bernal se había esforzado mucho para imputarle. Un fiscal, que ha liderado una de las etapas más activas en la lucha contra la corrupción a nivel estatal".
Por último, Montero ha asegurado que "nuestros compatriotas tienen la sensación de que el Gobierno, una parte de la cúpula judicial y una parte del gran empresariado del país, están más preocupados por tejer redes de complacencia entre los poderosos, que de dotar de medios a jueces y fiscales valientes que persiguen a los corruptos". 
La portavoz de Unidos Podemos ha calificado este sistema de actuar como "la mafia del canapé, porque se establecen en los actos de canapé, donde se toman decisiones muy importantes para la vida de nuestros compatriotas".

Más de 550.000 propietarios podrán recuperar el pago de la plusvalía municipal

 
LA CORUÑA.- Los propietarios de unos 550.000 inmuebles en toda España podrían reclamar la devolución del pago de la plusvalía municipal al no haber logrado beneficio alguno con la operación si finalmente la sentencia del del Tribunal Constitucional, que declara nulo el tributo en Guipúzcoa, se traslada al resto del país. La estimación ha sido realizada por Tinsa a partir de estadísticas de evolución del precio de la vivienda y de datos del Ministerio de Fomento y del Colegio de Registradores de la Propiedad.

El Constitucional respalda que no puede exigirse al vendedor de un inmueble el pago de un impuesto que grava un incremento del valor que, en realidad, no se ha producido, ya que también se paga cuando el inmueble se ha vendido con pérdidas. Según Tinsa, es cuestión de tiempo que se resuelvan en este mismo sentido las numerosas cuestiones planteadas por otros juzgados relativos a este mismo impuesto.
Si la sentencia se aplicara finalmente al ámbito estatal, el número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía, por haberse transmitido por un valor inferior al de adquisición, estaría en torno a 550.000 inmueble

En esta bolsa de viviendas se incluyen tanto operaciones de compraventa, como donaciones, permutas y herencias, que también están gravadas con el pago de este impuesto. La estimación tiene en cuenta el número de transmisiones de viviendas realizadas en España entre 2013 y 2016 (los últimos cuatro años no prescritos), así como el periodo medio que los inmuebles han estado en manos de sus propietarios.
Del cruce de esta información con la evolución del valor medio en cada una de las provincias españolas se obtiene el número aproximado de viviendas que se han transmitido desde 2013 con un valor de mercado inferior al del momento de la compra.
La plusvalía municipal grava el incremento del valor del terreno generado en el momento de la transmisión de un inmueble, hasta un periodo máximo de tenencia de 20 años. Sin embargo, para calcular el importe a liquidar por este impuesto se tiene en cuenta únicamente el valor catastral del suelo del inmueble en el momento de la venta y los años que haya estado en manos del propietario. Una metodología que acaba mostrando que siempre existen plusvalías, independientemente de que el valor real del terreno no se haya incrementado.
La directora de Consultoría Técnica de Tinsa, Marta García, pone el ejemplo de una vivienda situada en el distrito de Carabanchel (Madrid capital) con un valor de mercado a fecha actual de 180.000 euros y cuyo valor catastral del suelo es de aproximadamente 52.000 euros. "Según los cálculos de la Administración, si se vendiera hoy esa vivienda tras el periodo medio de tenencia en España (12 años), la plusvalía municipal a liquidar serían 5.000 euros. La realidad es que esos 180.000 euros suponen una significativa pérdida respecto a los 245.000 euros de valor de mercado que tenía en la fecha de su adquisición, en el año 2005", explica García.
El importe de la plusvalía aumenta a medida que se incrementa el valor de mercado del inmueble transmitido, como se ve en el caso de una vivienda situada en el distrito de Tetuán, que se adquirió en 2005 por 420.000 euros y que actualmente tiene un valor de mercado de 350.000. Si se vendiera ahora este inmueble, el impuesto se elevaría a prácticamente 10.000 euros (9.890 euros), pese a que el propietario ha sufrido un deterioro patrimonial de 70.000 euros.

Documentación a presentar

La tasadora subraya que dado que la plusvalía grava el valor del terreno, cualquier reclamación requerirá presentar informes específicos que acrediten el valor del componente suelo en ese inmueble en concreto. Por ello, advierte de que las escrituras de la última y penúltima compraventa del inmueble, que especifican el precio de transmisión, no serían referencias suficientes.
Tampoco lo sería una estadística de variación media del valor de la zona o código postal donde se ubica el inmueble, ya que es necesario referenciar la evolución al inmueble en concreto, y añade que el Tribunal Constitucional ratifica la necesidad de presentar un informe técnico acreditativo y "menciona de forma literal la valoración pericial contradictoria como ejemplo de prueba válida para demostrar la pérdida patrimonial".
Por último, Tinsa explica que para reclamar es necesario que se haya pagado el impuesto de plusvalía en la transmisión de un inmueble y no se haya producido incremento alguno del valor del terreno en el periodo de tenencia gravado, es decir entre la fecha en la que se adquirió y su última transmisión, circunstancia que se cumple en la gran mayoría de transmisiones en las que los inmuebles se han vendido a pérdidas, y que la venta se haya producido con posterioridad a febrero de 2013.

Podemos logra el respaldo de la Asamblea para pedir la expropiación del Castillo de Mula


CARTAGENA.- La diputada regional por Podemos, María López Montalbán, ha explicado que la moción aprobada hoy en la comisión de Educación y Cultura es el primer paso para que el Gobierno regional "inicie de una vez los procesos legales para la expropiación del Castillo de Mula a los propietarios de sus derechos reales, en virtud de la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma".

López Montalbán ha recordado que el Partido Popular "ha dejado abandonada" la resolución que se alcanzó en Pleno para abordar de forma inmediata "cuantas acciones legales fueran necesarias para terminar con la situación de abandono y deterioro del Castillo y aledaños. Se pidió que se aplicara la ley de Patrimonio Cultural de la región en todos sus apartados, hablando expresamente de un plazo improrrogable de un año".
Ha pasado más de un año, ha dicho la parlamentaria de Podemos, y el gobierno regional "no ha movido ficha. Por eso hemos presentado de nuevo esta iniciativa, porque tenemos muy claro que los propietarios han incumplido la ley y pedimos la expropiación".
Asimismo, María López Montalbán ha incidido en que hablamos de "un bien de interés cultural patrimonio simbólico de la ciudad de Mula y de nuestra Región. Nuestra responsabilidad es su defensa, la de todos los murcianos y murcianas, y toda la cámara de la Asamblea y sus grupos políticos. Pedimos la inversión económica necesaria para lograr su recuperación y mantenimiento en el momento en el que sea de propiedad pública".

Urralburu: "En un mes podemos eliminar los privilegios de los políticos regionales frente a la Justicia"

CARTAGENA.- El portavoz parlamentario de Podemos ha señalado que "volveremos a pedir al Partido Popular que explique ante la Región de Murcia por qué quiere mantener los privilegios de los diputados y el consejo de gobierno frente a los tribunales. Algo que nos ha llevado a la actual crisis institucional que vivimos, con un presidente cuyo proceso judicial se ha alargado artificialmente en el tiempo y ha provocado el deterioro de la imagen de Murcia".

Óscar Urralburu ha apuntado que hay dos miembros del Consejo de Gobierno imputados, el propio presidente, Pedro Antonio Sánchez y la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá. 
"Una situación insólita, que es testimonio de la falta de respeto hacia los ciudadanos y ciudadanas de esta Región por parte del PP" ha dicho el portavoz parlamentario de Podemos, quien ha añadido son ya "demasiados años en los que la gente de esta Región desayuna todas las mañanas con nuevos escándalos de corrupción".
Urralburu ha explicado que tanto los diputados de Podemos como los del PSRM pueden registrar esta iniciativa "mañana mismo. Tardaría un mes en tramitarse para llevarla a Pleno. Vamos a darle otra oportunidad al Partido Popular pues es una iniciativa que nos pide la propia sociedad y creemos que acerca de esto, nadie tiene dudas".
Sobre la reunión de mañana entre Pedro Antonio Sánchez y Miguel Sánchez, el portavoz parlamentario de Podemos ha afirmado que "nada se puede esperar de dos partidos que juegan al ratón y al gato. Por tanto, lo volvemos a decir alto y claro. Parece que somos los únicos que estamos pensando en un gobierno alternativo. No vemos a nadie con la decisión necesaria y con la actitud de avanzar juntos hacia una solución definitiva. Volvemos a insistir, debemos iniciar las conversaciones para una moción de censura. Es la única opción que tenemos para sacar a la corrupción y las prácticas mafiosas del gobierno regional y devolverle la dignidad a la gente de nuestra Región".

MC denuncia el escándalo del PP con el agua en Cartagena durante años

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo municipal MC, Francisco Calderón, ha denunciado que el concejal del PP en Cartagena, Francisco Espejo, "oculta a los ciudadanos que el precio del agua no se rebajó durante más de tres años de gobierno popular ya que los técnicos se negaban a firmar sus números".

El edil ha contrapuesto la situación actual, en la que "los técnicos son respetados y se les permite fiscalizar aunque deban sufrir la obstrucción de Hidrogea y el PP, y otros, como su brazo político".
En relación al nuevo precio del agua, Calderón ha señalado que "se están elaborando los informes y se han descubierto sobrecostes. Por eso, Espejo, concejal del ramo cuando MC descubrió más de 10 millones de euros de superávit oculto, sale ahora a decir que se está perdiendo dinero por no rebajar el precio del recibo".
El portavoz del Grupo municipal cartagenerista ha afirmado que "los trabajos están hechos y es inminente la aprobación de la rebaja y su remisión a la Comisión de Precios de la CARM, que debe validar el trabajo municipal".
"En MC celebramos el buen trabajo de los técnicos y su profesionalidad y dedicación para rebajar un recibo a pesar de Francisco Espejo, el PP y demás 'amiguetes' en la operación 'salvar a la concesionaria Hidrogea'", ha aseverado Calderón.
Por último, Francisco Calderón ha subrayado que, como ya hizo el alcalde, "retamos a todos los partidos con representación en el consistorio a que informen a la ciudadanía de si han recibido dinero o viajado con cargo al grupo Agbar, como Convergencia Ciudadana de Cataluña".

C's pedirá explicaciones al Gobierno regional por la suspensión del plan para eliminar los pasos a nivel en Cartagena


CARTAGENA.- Ante la información publicada en los últimos días, en diferentes medios de comunicación, en que se afirma que la entidad pública Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no prevé eliminar ningún paso a nivel en Cartagena, el Grupo Municipal de Ciudadanos en la ciudad portuaria ha contactado con su Grupo Parlamentario para trasladar esta información y la indignación de los vecinos ya que el propio Ministerio de Fomento anunció el pasado verano un plan para suprimir algunos de esos puntos negros en Cartagena, en concreto, los situados en los puntos kilométricos 4,105 y 4,365 en la línea Cartagena-Los Nietos.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha informado que está preparando ya una interpelación al Gobierno regional para que dé explicaciones sobre las gestiones realizadas tras la moción aprobada en febrero de 2016 en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional por la cual se instaba al Gobierno de España a la eliminación urgente de la totalidad de los pasos a nivel sin barreras en las líneas de ferrocarril existentes en la Comunidad. 
"Por lo que estamos leyendo, poco o ningún efecto ha producido esta propuesta y este trabajo del Gobierno regional y se hace necesario dar un golpe en la mesa, pedir explicaciones, y presionar, porque a veces, sólo de esta manera, logramos que los pesados mecanismos de la burocracia regional y nacional se pongan en marcha", ha explicado el portavoz local de Ciudadanos.
"No puede ser que se estén realizando estas obras en otras comunidades y nosotros seamos siempre los últimos, los ignorados, los ninguneados, no puede ser que nos prometan una cosa en verano, que ni siquiera es suficiente, y hoy la incumplan; con este escenario entiendo y comparto la frustración y la rabia de los vecinos", ha señalado Manuel Padín.
El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, señala que "el Ministerio de Fomento lleva años prometiendo la supresión paulatina de estos pasos a nivel en Cartagena y en la Región, intersecciones que conllevan un grave riesgo de atropello o accidente; en cualquier intersección a nivel existe esta situación de riesgo, en Cartagena hemos tenido la desgracia de vivir recientemente alguno de estos siniestros, sin ir más lejos, hace unos días un turismo fue arrollado por el tren en el paso a nivel entre La Palma y Pozo Estrecho".
"En Ciudadanos creemos que la seguridad de esta intersecciones no puede retrasarse más, y debe priorizarse en las agendas económicas y políticas, por eso hemos solicitado a nuestros compañeros en la Asamblea, que apremien a la Comunidad para que exija al Ministerio que la sobre la mesa ponga ya fechas y presupuesto", ha afirmado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena.

'Huermur' denuncia al ayuntamiento de Murcia por plagar de cables el protegido jardín de Floridablanca

MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR) ha denunciado al Ayuntamiento de Murcia en la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM por la colocación de innumerables postes, cables aéreos y cajas eléctricas que dañan gravemente al Jardín de Floridablanca. Jardín incoado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de jardín histórico tras la solicitud de HUERMUR en 2013.

Para la asociación conservacionista y promotora del BIC, el Consistorio murciano se ha pasado de la raya permitiendo la instalación de centenares de metros de cables, decenas de postes y cajas eléctricas en el histórico jardín carmelitano. Instalaciones dañinas que se suman a una larga lista de amenazas que sobrevuelan este conocido jardín de la capital, como la construcción de la línea del tranvía Circular-Barrio del Carmen, que perturbará gravemente a este BIC y a su paisaje urbano.
Según HUERMUR esta instalación de elementos distorsionantes en el BIC de Floridablanca puede suponer una vulneración del artículo 38 de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que estipula que “En los bienes inmuebles de interés cultural no podrá instalarse publicidad fija mediante vallas o carteles, cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien.”
Según las investigaciones llevadas a cabo por HUERMUR esta instalación de numerosos elementos eléctricos en el BIC, puede deberse a la realización de un próximo evento dentro del Jardín de Floridablanca, promovido por una empresa y por el Ayuntamiento de Murcia. Igualmente HUERMUR ha solicitado a Cultura todos los permisos necesarios para la celebración de estos eventos dentro del BIC del jardín, y se ha personado en todos los expedientes relacionados con ello.
“Esto es un atentado más contra el patrimonio cultural de Murcia y de sus murcianos, esta vez le ha tocado al histórico Jardín de Floridablanca verse cosido a cables, postes y a innumerables cajas eléctricas”, ha señalado Sergio Pacheco, Presidente de HUERMUR. De la misma forma ha añadido también que “llegaremos al fondo de este asunto, nos personaremos en todos los expedientes que sean necesarios y solicitaremos de inmediato la retirada de todos los cables, cajas y postes clavados en este jardín protegido”.
Desde HUERMUR no entendemos que el Ayuntamiento de Murcia promueva y la Consejería de Cultura consienta una nueva agresión visual y estética a un monumento protegido, en vez de promover su conservación y puesta en valor de una vez por todas.

El PSOE pide que las ayudas por las consecuencias del temporal sean retroactivas en Lorca, Totana y Puerto Lumbreras

LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha pedido que la línea de ayudas recientemente anunciadas por del Gobierno regional de la Comunidad Autónoma, se amplíe y tenga carácter retroactivo para que también puedan acogerse a ella los damnificados por la riada que asoló en septiembre de 2012 buena parte del término municipal de Lorca así como de los vecinos municipios de Puerto Lumbreras y Totana.

Mateos ha recordado que aquel temporal de fuertes lluvias torrenciales dejó hasta 177 litros por metro cuadrado en algunas zonas de Lorca, ocasionando importantes inundaciones y lo más grave, cobrándose la vida de ocho vidas humanas. En cuanto a las pérdidas materiales, el responsable socialista destaca que esta catástrofe provocó, en muchos casos, la pérdida de la totalidad de la producción agrícola, así como de infraestructuras de riego. Además, entre 8.000 y 10.000 cabezas de ganado porcino, ovino, caprino y bovino murieron ahogadas en las explotaciones ganaderas de la comarca.
Sin embargo, denuncia Diego José Mateos que las pérdidas millonarias que ocasionó aquel temporal de 2012 en Lorca y Puerto Lumbreras “parece que no fueron suficientes para que los Gobiernos del PP tanto en la Comunidad Autónoma como en el Gobierno de España destinaran las ayudas que, justamente, sí destinaron –recuerda- para los damnificados por las graves inundaciones que provocaron, por ejemplo, el desbordamiento del Ebro en 2015, o como ahora, para los afectados por los últimos temporales en la Región.
Como el propio presidente Sánchez ha reconocido,  “nunca antes se habían puesto en marcha este tipo de ayudas en nuestra Región”, por lo que insiste, “se hace necesario hacer justicia con los damnificados por las inundaciones de 2012”. Es una buena iniciativa, reconoce el edil, pero “por razones de justicia debe hacerse extensiva a los agricultores y ganaderos del valle del Guadalentín, quienes apenas recibieron ayudas”.
Mateos denuncia que en 2012 las ayudas que los Gobiernos de Valcárcel y de Rajoy destinaron para paliar los graves daños de esta catástrofe natural en Lorca y Puerto Lumbreras “fueron muy escasas y llegaron tarde”. De hecho, recuerda que son muchas las familias que entonces lo perdieron todo y nunca recibieron ni un euro en ayudas para paliar estas consecuencias. 
Es por ello por lo que el responsable socialista reprocha al Ejecutivo regional y nacional del Partido Popular el “agravio comparativo” para los afectados lorquinos respecto a los damnificados de otras zonas del país o de la misma Región de Murcia “para los que el trato y la disponibilidad de las Administraciones ha sido muy diferente”.
En este sentido, Diego José Mateos apela a la sensibilidad del actual Gobierno Regional, y en concreto, del por aquel entonces alcalde de Puerto Lumbreras, ahora presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez para que haga justicia con los damnificados por las consecuencias del temporal de 2012 en Lorca y Puerto Lumbreras, y facilite que puedan acogerse en estas últimas líneas de ayudas regionales.

Podemos denuncia que las tarifas del agua forman parte de una "maquinaria de saqueo" de dinero público


CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha señalado que mientras que los ciudadanos pagan "con mucho esfuerzo" el recibo del agua, las empresas que gestionan el servicio podrían estar destinando "gran parte" de esos recibos a "actuar como 'verdadera asociación ilícita' y a pagar sobrecostes, contrataciones fraudulentas e incluso campañas electorales de algunos partidos políticos".

El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha anunciado que los concejales de los ayuntamientos de Cieza y Murcia, que pertenecen a candidaturas de unidad popular y que están en los consejos de administración de Aguas de Cieza y Emuasa, han renunciado a permanecer en dichos puestos y se nombrarán como sustitutos a técnicos "cualificados para detectar este tipo de casos de corrupción y pasar toda la información posible a las autoridades judiciales competentes". 
Urralburu ha pedido al resto de fuerzas políticas que tienen concejales en los consejos de las empresas que gestionan el suministro de agua y cuya matriz regional es Hidrogea, que sigan el mismo camino.
Tanto en Murcia como en Cieza, Óscar Urralburu ha asegurado que Podemos va a demandar responsabilidades a ambos ayuntamientos por "permitir que la empresa suministradora de agua, cuyo capital mayoritario es público, sea gestionada únicamente por criterios mercantiles y siguiendo los intereses de una gran corporación".
Por su parte, la diputada regional, María Giménez ha explicado que Podemos se ha personado en la trama Pokemon porque "ha llegado a Murcia. Los hechos investigados en Aquagest, una empresa de tratamiento y abastecimiento de aguas con presencia en 10 comunidades autónomas y que a raíz del escándalo Pokémon cambió su nombre por el de Hidrogea en la Región, giran en torno a la supuesta obtención de contratos por medio de sobornos, entregas de dinero, enchufes de allegados, regalos y viajes a personas con poder de decisión en las Administraciones.".
Según el auto por el que se inhibe De Lara a favor de la Audiencia Nacional, podría "considerarse a Aquagest como una verdadera asociación ilícita", cuyas supuestas maniobras afectarían "a la seguridad del tráfico mercantil" y supondrían una "grave repercusión en la economía nacional", ya que lo que está en juego es el dinero público.
Concretamente en la Región de Murcia, se investigan los municipios de Lorca y Murcia, aunque son varios los consistorios que tienen contratos con empresas del grupo Aguas de Barcelona, Agbar. Lo que tratamos es de arrojar luz sobre todo lo que han venido haciendo estas empresas con la connivencia de nuestros gobernantes. 
Giménez ha incidido en la "opacidad y falta de transparencia con la que funciona la gestión privada de un recurso que es considerado desde 2010 como un derecho humano. Sólo un 5% de la población regional es abastecida por un sistema de gestión 100% público".
Por otro lado, el diputado regional, Andrés Pedreño, ha abundado en la idea de que los recibos del agua que pagan los ciudadanos y ciudadanas de esta Región están "en el núcleo duro de las actuaciones presuntamente delictivas de las empresas del grupo Agbar, como Hidrogea, ya que han conseguido superbeneficios económicos a costa de todos nosotros".
Pedreño ha recordado que tenemos las tarifas de agua más caras de toda España y que "hay laxitud en el control público de sus cuentas y tarifas. Esto ha permitido que las empresas del grupo Agbar, como Aquagest (ahora denominada Hidrogea), presente en empresas mixtas como Emuasa o Aguas de Lorca, se hayan convertido en maquinarias de llevarse dinero público".

'Cambiemos Murcia' pide al Ayuntamiento que se tome en serio la protección de la Huerta


MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha dicho hoy que espera que la Semana de la Huerta sirva para que el Ayuntamiento "se tome en serio" los problemas fundamentales de la Huerta y su protección con la puesta en marcha de medidas como la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y la protección de la red de acequias.

Para Ramos, es "contradictorio" que el Gobierno municipal organice actividades en nombre de la defensa de la Huerta mientras muchos espacios naturales del municipio están sufriendo las consecuencias de la "dejadez y el desinterés del PP".
Como ejemplos, ha mencionado la construcción en estos días de dos puentes de hormigón sobre la acequia mayor de Aljufía, de los siglos IX-X. Unas obras que contravienen las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta en su artículo 28, al no haber sido aprobadas por el correspondiente Juntamento como obliga la normativa municipal, según ha explicado el edil.
Otro espacio de la Huerta afectado que ha destacado la formación municipalista es la casa de Antonete Gálvez en Torreaguëra, un edificio de los siglos XVIII-XIX protegido por el Catálogo del Plan General que sufre un deterioro importante ante la falta de protección y la construcción de un supermercado en el entorno.
Además, el edil ha llamado la atención sobre uno de los paseos organizados en el marco de la Semana de la Huerta, en concreto una visita guiada por el Molino Viejo de la Pólvora, porque allí también se están llevando a cabo obras en el entorno que ponen en peligro este espacio de gran valor paisajístico.

El PP pide al Taibilla usar para riego el agua excedente de las desaladoras


CARTAGENA.- Los diputados del grupo parlamentario popular en  la Asamblea, Jesús Cano y Juan Pagán se han reunido esta mañana con el presidente de la Mancomunidad de Canales del Tabilla, Adolfo Gallardo, a quien le han puesto sobre la mesa que los excedentes de agua de las desaladoras que abastecen la Cuenca del Segura puedan ser utilizados para riego, sería una solución que vendría muy bien a las comunidades de regantes ya que padecen una escasez muy importante.

Cano ha explicado que la propuesta del Partido Popular pasa porque se firme un convenio a tres bandas entre la Macomunidad de Canales del Taibilla, Acuamed y las comunidades de regantes de la Cuenca del Segura que estén interesadas para que el agua desalada que tienen asignada y de la que no hagan uso pueda destinarse a regar, siempre que no se necesite para abastecimiento, lo que supondría disponer de, aproximadamente, unos 50 hm3 más de agua procedente de la desalación.
Otro de los asuntos abordados en la reunión ha sido la situación de la planta potabilizadora de la Sierra de la Espada. Los diputados populares han planteado al presidente de la MCT la necesidad de abordar su modernización para corregir los problemas que sucedieron el pasado mes de diciembre como consecuencia de las lluvias torrenciales, ha manifestado Cano quien ha recordado que así lo aprobaron por unanimidad todos los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional.
Jesús Cano ha añadido que estamos ante una planta que abastece a un gran número de municipios de la Región y debe garantizarse su correcto y normal funcionamiento para asegurar el abastecimiento de agua potable a la población ante cualquier incidencia.

Tovar afirma que hay suficiente demanda y presión social para acabar con el privilegio de los aforamientos en cargos públicos de inmediato

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, manifestó que existe suficiente demanda y presión social en la actualidad para llevar a cabo una reforma del Estatuto de Autonomía en lo referente a la supresión de los aforamientos a cargos públicos y diputados regionales.

Esta mañana se ha reunido la Comisión para la reforma del Estatuto de Autonomía, donde los tres grupos, PSRM, Podemos y C's, coinciden en la necesidad de iniciar una reforma lo más urgente posible sobre este aspecto en concreto para acabar con la desigualdad que plantea este privilegio, ya que son de la opinión que todo el mundo debe ser igual ante la ley.
González Tovar indicó que "el Partido Popular se ha quedado fuera porque está jugando a la dilación para proteger al presidente, pero lo cierto es que si Pedro Antonio Sánchez no hubiera estado aforado, llevaría imputado desde hace más de un año como lo están todos los miembros de su equipo de Gobierno municipal de Puerto Lumbreras".
El PSRM ha presentado una propuesta concreta, abierta a aportaciones, y en los próximos días, una vez se hayan sustanciado, se registrará de forma conjunta. El portavoz socialista recordó que el PSRM ya presentó una iniciativa para la supresión de los aforamientos, que también contó con el respaldo de los tres grupos parlamentarios citados, aunque el PP se abstuvo en aquella ocasión, por lo que no pudo progresar al necesitar una mayoría cualificada para que saliera adelante.
González Tovar concluyó que "el PP tiene una oportunidad para demostrar que cumple su palabra, aunque estamos acostumbrados a que no lo haga, que solo insulte e intente confundir a la ciudadanía con falsedades repetidas, como las 17 denuncias archivadas a Pedro Antonio Sánchez".

"En la Región de Murcia estamos en el día de la marmota porque año tras año se repiten los mismos problemas y no se avanza", dice el PSRM

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Rafael Martínez, aseguró tras escuchar al interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, que en la Región de Murcia parece que estemos "en el día de la marmota porque el Tribunal de Cuentas afirma que año tras año se repiten los mismos problemas y no se avanza".

El interventor general ha informado esta mañana en la Comisión de Economía y Hacienda sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia correspondiente a 2014.
Martínez Lorente señaló que estamos en 2017 y la mayoría de todas las deficiencias se vienen arrastrando y de no haber cambios seguirán repitiéndose. Entre los temas que permanecen estancados destacó como los de mayor entidad el déficit encubierto en el SMS, la gestión de la desaladora de Escombreras, cuyas conclusiones serán ratificadas por en el Pleno de mañana, y otro tema importante es el del aeropuerto de Corvera, que sigue empantanado y sin visos de desbloquearse a corto plazo.
"El Gobierno regional no está abordando los problemas y el único argumento del PP es seguir echando la culpa a Zapatero por el modelo de financiación autónomica de 2009. Argumentos que ya no convencen a nadie y que no se sustentan y que mañana desmontaremos desde el PSRM en el Pleno monográfico que tendrá lugar en la Cámara".

El PSOE denuncia 10 años de incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Murcia

MURCIA.-  El Grupo Municipal Socialista denuncia los diez años de incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por parte del Ayuntamiento de Murcia, que "ni convoca la Comisión que se constituyó para eliminar los símbolos franquistas de la vía pública, ni muestra ningún interés en responder cuando se le pregunta por esta Comisión", explica el concejal Juan Vicente Larrosa, quien apunta que "precisamente hoy, 1 de marzo, hace tres meses de la última reunión, lo que denota que le da exactamente igual lo que propugne la Ley".

La primera convocatoria de la Comisión para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, según relata el concejal, fue el 7 de noviembre del pasado año, "a raíz de la cual se nos remite una relación de calles del municipio, bautizadas entre 1936 y 1978, que podrían ser susceptibles de volver a nombrar por sus connotaciones franquistas. El 1 de diciembre tenemos una segunda reunión, donde estudiamos unas 50 calles, entre ellas, la denominada Francisco Franco, pero después ya no se avanza más", puntualiza Larrosa, quien añade que "hasta el día de hoy, que no he recibido respuesta ni cuando he preguntado por la próxima convocatoria".
"Estoy convencido de que esta Comisión no le gusta al PP, igual que no le gustan otras comisiones como la de grandes contratos o la de remunicipalización, que tampoco convoca. Pero la de Memoria Histórica es más grave porque se trata de cumplir la Ley 52/2007", afirma el edil. Al respecto, habla de otro ejemplo, recogido en una reciente moción, presentada por el PSOE, en el pasado Pleno, donde se pedía al equipo del acalde Ballesta que cumpliera la legislación vigente en cuanto a reserva de contratos para los centros especiales de empleo y para empresas de inserción laboral".
Por ello, asegura que "está a la orden del día omitir los preceptos de las leyes, aunque en este caso estoy dispuesto a tomar todas las medidas legales que consideremos oportunas desde el Grupo Municipal Socialista para que el equipo de Gobierno cumpla y haga cumplir lo establecido".
Apunta que "esto no es más que un nuevo síntoma de que el cumplimiento de la Ley no es prioritario para ningún gobierno del PP, lo vemos todos los días a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Las leyes están para cumplirlas, nos gusten más o nos gusten menos".

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz refuerza los servicios de atención turística durante el Año Jubilar


CARAVACA DE LA CRUZ.- El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha un proceso de selección de personal para reforzar los puntos de información turística durante el presente Año Jubilar 2017. En concreto, se han convocado un total de cinco puestos de carácter temporal; un técnico auxiliar a jornada completa y otro cuatros técnicos auxiliares a jornada parcial.

Los trabajadores ejercerán como funcionarios interinos hasta enero de 2018 y entre las funciones principales que van a desarrollar como personal adscrito al área municipal de Turismo se encuentran las labores propias de atención al público y mantenimiento en la Oficina Municipal de Turismo de la calle La Monjas, en el Punto de Información Turística de la Plaza del Arco y en el punto de recepción al visitante que se va a instalar en la avenida de Los Andenes, junto a las nuevas paradas de autobuses turísticos.
La selección de personal se realizará a través de un proceso de concurso de méritos, en el que el tribunal calificará tanto la formación (titulación académica y cursos formación y perfeccionamiento) como la experiencia profesional. De conformidad con la normativa vigente, se reserva un puesto para ser cubierto por personas con una minusvalía igual o superior al 33%, que en caso de quedar desierto, se acumulará a las de turno libre.
Las solicitudes para formar parte del proceso de selección de personal se deben presentar en el Registro General del Ayuntamiento durante los veinte días naturales, contados a partir del lunes 28 de febrero, fecha de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Las bases están disponibles para su consulta en el portal web municipal (Caravaca.org), en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el propio BORM.

IU-verdes denuncia lo que cuesta a los lumbrerenses el auditorio cerrado


PUERTO LUMBRERAS.- IU-Verdes de Puerto Lumbreras hace público lo que cuesta cada mes el mantenimiento del famoso "Auditorio" de Puerto Lumbreras, que en la actualidad se encuentra cerrado, y sobre el que pesa un amplio historial judicial, que el próximo lunes 6 de marzo tendrá un nuevo capitulo con la declaración en el TSJ de Murcia del que fuera alcalde de Puerto Lumbreras y actual presidente de la CCAA de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez López.

Nada más que por consumo eléctricos se están pagando cada mes facturas que estarían oscilando entre las 850 euros y los 600 euros, así en el periodo comprendido entre el 09/08/2016 al 15/09/2016 se habrían abonado 857,04 euros, del 15/09/2016 al 14/10/2016 680,26 euros y del 14/10/2016 al 10/11/2016 613,77 euros. 
A estas cantidades habría que sumar los consumos de abastecimiento de agua, vigilancia y seguridad, seguros, etc., con lo que se puede afirmar que algunos meses el mantenimiento de este "capricho" del que fuera alcalde de Puerto Lumbreras estaría costando a las arcas municipales de Puerto Lumbreras más de 1.000 euros, o lo que es lo mismo a los bolsillos de los ciudadanos/as.
Para Víctor Romera "es incomprensible esta forma de derroche económico, cuando además el futuro de esta instalación municipal es muy incierto, porque no podrá ponerse en funcionamiento en mucho tiempo, ni podrá ser disfrutada por los vecinos/as de nuestro pueblo, ya que no esta finalizada, todo ello con independencia de las sorpresas que nos pueda deparar todo el proceso judicial que la precede, y que todavía esta en fase de instrucción".
Por esta razón desde IU-Verdes de Puerto Lumbreras se exige al equipo de gobierno del Partido Popular sentido común, y que mientras no se resuelva todo el proceso judicial y se pueda poner en funcionamiento, se cancelen todos los contratos de suministros de esta obra, para que no se sigan lastrando las arcas municipales.

Tráfico denuncia al 17,5% de los camiones y furgonetas inspeccionados en la Región

MURCIA.- El 17,5% de los 2.017 vehículos, entre furgonetas y camiones, que fueron inspeccionados por el Sector de Tráfico de la Guardia Civil fueron denunciados durante la última campaña especial de vigilancia y control, que se llevó a cabo entre los días 13 y 19 de febrero, en las carreteras de la Región de Murcia.

En el caso de las furgonetas, el control se realizó sobre un total de 1.463 y se denunciaron 203. Las principales causas de las denuncias impuestas han estado motivadas por la velocidad inadecuada (35,4%), irregularidades en la ITV (15,9%), no llevar el cinturón de seguridad (8,6%) o deficiencias en la documentación del conductor (7,2%).
Por otra parte, se inspeccionaron 554 camiones en la red viaria murciana y en 130 casos fueron denunciados por los agentes de Tráfico.
Respecto a las infracciones que más se repitieron, destacan no respetar los tiempos de conducción (27,3%), irregularidades en la documentación y deficiencias en la documentación del vehículo (6,70%).
A esta campaña se adhirieron los Ayuntamientos de Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Rio, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Villanueva del Río Segura.

El año 2016 se cerró con 10 muertos más por accidente laboral en la Región

MURCIA.- El año 2016 se cerró con 10 muertos más por accidente laboral en la región murciana, al pasar de los 23 de 2015 a los 33 del año pasado, con un incremento del 180 por ciento en los fallecimientos de trabajadores en el camino de ida o vuelta a su puesto, de 5 a 14, y del 5,6 por ciento en su jornada laboral, de 18 a 19.

Así lo refleja el boletín de siniestralidad laboral de la patronal murciana con los datos definitivos del año pasado, cuando los accidentes con baja fueron 17.513, 1.175 más que en 2015, lo que supone un aumento del 7,2 por ciento.
De ese total, los ocurridos en la jornada de trabajo alcanzaron los 15.268, 899 más que en 2015, un incremento del 6,3 por ciento.
En el camino de ida y vuelta al empleo, la cifra llegó el año pasado los 2.245, 276 más que en 2015, lo que representa un aumento del 14 por ciento.
Por sectores, y al igual que en 2015, el año pasado se produjeron más accidentes en el de servicios (6.866, 405 más, +6,3 %), seguido de agricultura (3.780, 97 más, +2,6 %), industria (3.317, 245 más, +8 %) y construcción (1.305, 152 más, +13,2 %).
El principal indicador de la siniestralidad laboral, conocido como índice de incidencia, que contabiliza el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social con las contingencias cubiertas, se incrementó con respecto a 2015 un 2,3 por ciento, lo que en términos absolutos supuso 76 más, concluye el informe de Croem.

Podemos Región de Murcia se persona como acusación particular en el 'caso Pokémon'

CARTAGENA.-El Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo ha abierto una pieza separada en el 'caso Pokémon', que investiga presuntos delitos en la gestión del agua por el Grupo Agbar, para dilucidar si ha habido blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho en Aguas de Lorca y Aguas de Murcia (Emuasa).

Así lo anunció el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, cuya formación se personó como acusación particular, quién ha detalló que la jueza lucense investiga si hubo adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios, así como concertación con otras empresas y funcionarios públicos para la consecución de créditos e información privilegiada.
A cambio, la rama del Grupo Agbar en la Región, denominada Hidrogea, entregó dinero, regalos, viajes a funcionarios y cargos electos, además de la contratación de familiares de los responsables políticos en ambos ayuntamientos.
Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción de Lugo ha abierto una pieza separada para determinar si hay indicios que permitan imputar a los investigados por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental información privilegiada, cohecho y prevaricación.
Urralburu aseguró que el auto de la jueza se refiere a Agbar como una verdadera asociación ilícita dedicada al engaño para simular transparencia en los contratos que obtienen a través de esos regalos y sobornos, que luego se repercuten en los recibos del agua a los ciudadanos.
Por ello, Podemos Región de Murcia han decidido que los miembros de Ahora Murcia y Ahora Lorca en los Consejos de Administración de Emuasa y Aguas de Lorca abandonen sus puestos y sean sustituidos por personal cualificado que pueda detectar si ha habido actividad irregular, además de pedirles que les suministren la información sobre estas empresas.
Además, Podemos ha exigido a los ayuntamientos de Murcia y Lorca, que participan con un 51 por ciento en sus empresas de aguas, que sustituyan a los gerentes porque las mercantiles privadas han terminado "usurpando" el poder de estas sociedades.
El diputado de Podemos Andrés Pedreño reseñó que esta "ausencia de control" por los Consistorios ha favorecido que estas empresas, que cobran el recibo de agua más alto, carguen "sobrecostes injustificados" y aboguen por la sistemática externalización del servicio.
Pedreño ha puesto el foco sobre la forma de actuar de estas empresas, investigadas en el 'caso Pokémon', que "compran silencios con sobornos, viajes y regalos".
Por su parte, María Giménez incidió en que los sitios donde se cobra el "agua más cara" han sido utilizados para financiar, a través de estas empresas, actividades presuntamente ilícitas, por lo que ha reclamado una auditoría global en todas las empresas de Hidrogea.
En concreto, Hidrogea tiene el cien por cien de los contratos municipales de agua en Cartagena, Águilas, Torre Pacheco, San Javier, Las Torres de Cotillas, Abanilla y Cehegín, mientras que participa en las empresas municipales de aguas de Murcia, Lorca, Jumilla y Cieza.

García-Page no se reunirá con Sánchez hasta que solucione «sus problemas con la justicia»

TOLEDO.- El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, señaló que el presidente de su comunidad, Emiliano García-Page, no pedirá reunirse con Pedro Antonio Sánchez, hasta que éste no solucione "sus problemas con la justicia", a pesar de reconocer que "ahora más que nunca son necesarias estos encuentros para abordar un Pacto del Agua".

Hernando, a preguntas de los periodistas en su comparecencia para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, se refirió a la necesidad de que las comunidades autónomas aborden el problema de falta de agua en algunas zonas de España.
Aunque "ahora más que nunca se ven necesarias estas reuniones", dijo Hernando, también es "cierto que ahora mismo estamos en una situación en la que no nos vemos en condiciones" para poder mantener reuniones entre las comunidades autónomas "a varias bandas".
"En cuanto se solucionen esos problemas podremos sentarnos a hablar", aseguró el portavoz del Gobierno castellano-manchego quien precisó que se trata de "problemas no solo de agenda, sino que necesitamos que se concluyan las investigaciones relacionadas con el presidente de Murcia".

Maillo insiste en que a Sánchez no se le investiga por corrupción

MADRID.- Fernando Martínez-Maillo dijo que el caso del presidente de Murcia "no está vinculado por el acuerdo nacional" entre PP y Ciudadanos, que pide la dimisión de Pedro Antonio Sánchez por estar siendo investigado en el caso Auditorio.

El 'número tres' del PP recordó además que Ciudadanos defiende, en la proposición de ley que sacó adelante la semana pasada en el Congreso, que el momento en el que debe dejar un político su puesto es cuando se abra juicio oral contra él.
Y además insistió en defender que el caso del presidente de Murcia no es de corrupción porque a Pedro Antonio Sánchez "no se le acusa de llevarse un euro".
El coordinador general del PP aseguró que la reunión de la tarde de este martes entre ambos partidos en el Congreso fue "positiva" y va "en el camino adecuado".
El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, señaló que su partido "ya está cumpliendo" el compromiso con Ciudadanos de investigar la financiación del partido, mediante la subcomisión creada para estudiar la financiación de todas las formaciones políticas.

Villegas (C's): «La única solución posible es que Sánchez se eche a un lado»

MADRID.- El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este miércoles que la "única solución posible" para zanjar la crisis en Murcia es que su presidente, Pedro Antonio Sánchez "se eche a un lado" y el PP siga gobernando con otro candidato que sea "capaz" y no esté imputado por corrupción.

"Suponemos que alguien tendrán con esas dos características", dijo Villegas a los periodistas en el Congreso en vísperas de la reunión que Ciudadanos mantendrá con el PP en Murcia para ver qué salida dan a la situación creada tras la imputación del presidente murciano en el caso Auditorio.
Ciudadanos insiste en que Sánchez tiene que dimitir en cumplimiento del pacto por el que la formación naranja presta su apoyo a su Gobierno y porque él mismo se comprometió a hacerlo si era imputado.
Lo que no aclara Ciudadanos es si romperán o no el acuerdo de investidura en el caso de que el presidente murciano no abandone el cargo ni si respaldarían una moción de censura promovida por otros grupos parlamentarios.

La reunión entre PAS y Miguel Sánchez (C's) será en el Palacio Aguirre, de Cartagena


MURCIA.- El presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se reunirán este jueves, a las 12.30 horas, en el Palacio de Aguirre, en Cartagena.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, confirmó este miércoles que el Palacio de Aguirre será el lugar de la reunión que solicitó hace una semana al presidente regional para abordar el tema de su declaración como investigado por el 'caso Auditorio'.
Según el portavoz de la formación naranja, "Cartagena es la capital legislativa de la Región y tiene que ser aquí la reunión". 
Además, indicó que el partido "está empujando desde la tranquilidad" para que el presidente regional dimita.
La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, también confirmó que el encuentro se producirá en la ciudad portuaria.
El portavoz de C's ha desvelado que en la reunión le pedirá a PAS “que se eche  a un lado por la estabilidad de la Región de Murcia”.
Acerca del lugar de la reunión, Miguel Sánchez ha manifestado que “este jueves se celebra un pleno en la Asamblea Regional, por lo que ambas partes hemos considerado conveniente que el encuentro tenga lugar en Cartagena, la misma ciudad en la que firmamos el acuerdo de investidura”.
“Estamos sumidos en una profunda crisis institucional, cuya única salida inmediata es la dimisión del presidente. Tiene que entender que es necesario que se aparte para que la Región pueda seguir avanzando”, ha finalizado Sánchez.

Ordenan a la Fiscalía entregar toda la documentación del caso 'Rotondas'

MURCIA.- La Fiscalía de Murcia tendrá que poner a disposición del Juzgado que investiga el caso 'Rotondas', de presunta corrupción urbanística, toda la documentación que posea sobre las diligencias informativas que llevó a cabo antes de presentar la denuncia que dio origen a estas actuaciones.

Así se ordena en un auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia, en el que se indica que el Juzgado de Instrucción número Tres deberá dirigirse a la Fiscalía "a fin de que le remita copia íntegra de las diligencias de investigación incoadas en 2014".
Y añade que esa documentación debe incluir no solo la que entregó al juez como denuncia, "sino todos y cada uno de los documentos que han de integrar su contenido, especialmente, los decretos de incoación, conclusión y cuantos otros proveídos o resoluciones hayan sido emitidos en el curso de las mismas".
La resolución de la Audiencia estima así el recurso que el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, presentó contra el auto judicial que no accedió a su pretensión y al que se unió, en nombre del investigado José Fermín Serrano, el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz.
Además, hace una defensa de las garantías que deben rodear toda actuación de los tribunales y del derecho que tienen los letrados defensores a conocer el contenido de las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal, a no ser que el juez o tribunal competente haya dictado auto de secreto de las diligencias.
El tribunal discrepa así de la opinión del Juzgado que en el auto que ahora se deja sin efecto expuso que no era necesario contar con la documentación reclamada, ya que, aseguró, con la aportada por el fiscal en su denuncia era suficiente.
Por otra parte, la Audiencia indica que Guerra tiene interés legítimo al presentar el recurso porque fue incluido inicialmente en las actuaciones preliminares del fiscal, aunque su nombre no figurara después entre los denunciados por este.
El caso 'Rotondas', en el que aparece también como investigado el exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, trata de investigar si se cometió algún ilícito penal con la compra por el Ayuntamiento de un grupo escultórico que fue colocado en una arteria de Murcia antes de que se abriera el expediente administrativo para su adquisición, presuntamente.

El Tribunal de Cuentas sugirió rebajar el coste de las guardias para reducir el déficit del SMS


CARTAGENA.- El Tribunal de Cuentas recomendó en 2014 al Gobierno autonómico hacer cambios en el organismo que genera el mayor porcentaje de la deuda regional, el Servicio Murciano de Salud (SMS), para reducirla, como adecuar el coste de las guardias a la media nacional, inferior, y aumentar los controles de presencia.

En la presentación de la Cuenta General de 2014 ante la Asamblea Regional de Murcia, el interventor de la Comunidad, Eduardo Garro, concretó que el órgano fiscalizador advirtió de la situación económica y organizativa del SMS e incidió además en la necesidad de adecuar los turnos de mañana y tarde.
El fin es reducir la factura de este ente, que es el culpable de 400 de los 1.000 millones de euros de déficit registrado en las arcas regionales en 2014, si bien Garro aseguró que es "difícil" lograr un equilibrio financiero en las cuentas del SMS sin un cambio en el modelo de financiación autonómica.
El interventor también mencionó que el Tribunal de Cuentas mostró sus "dudas" sobre la sostenibilidad financiera del SMS, pero aclaró que, en su opinión, la finalidad de este servicio no es su rentabilidad, sino prestar una atención a los pacientes.
Desde los grupos parlamentarios, el parlamentario del PSOE Ángel Rafael Martínez calificó de "vergonzoso" que el SMS sirva para "encubrir" el déficit, al tiempo que remarcó que todavía siguen "empantanados" proyectos como la desalinizadora de Escombreras y el aeropuerto de Corvera, sobre el que el órgano fiscalizador muestra sus dudas.
El diputado de Podemos Antonio Urbina habló de la existencia de un remanente "sobrevalorado" de 1.435 millones de euros en las cuentas de 2014, que, de no ser por la inyección de 1.500 millones del plan estatal de pago a proveedores y del fondo de liquidez autonómica hubiera supuesto la "quiebra técnica" de la Comunidad.
Desde Ciudadanos, Luis Fernández recordó al Gobierno regional que no puede hablar como única solución al déficit que registra cada año Murcia de un nuevo modelo de financiación, puesto que el actual sistema solo es el causante de 2.000 de los 8.500 millones de euros de deuda que tendrán las arcas regionales a finales de este año.
Finalmente, el diputado del PP Fernando López Miras valoró que el Tribunal de Cuentas resalte que el Gobierno regional haya implementado medidas para intentar paliar un déficit del que responsabilizó al sistema de financiación autonómica aprobado por el Gobierno central en 2009.

La UMU recibe a su alumno cartagenero Jorge Martínez, número 1 del MIR este año


MURCIA.- Jorge Martínez Solano, el estudiante cartagenero de la Universidad de Murcia (UMU) que ha conseguido la mejor puntuación en el examen MIR de este año, ha sido recibido hoy por el rector de esta institución docente, José Orihuela, en un acto que se ha celebrado en el Centro Social Universitario.

El rector lo ha felicitado por la nota obtenida: 611 puntos, correspondiente a 203,67 respuestas netas.
Martínez Solano, que escogerá la especialidad de Cardiología, realizó sus estudios de Medicina en la Universidad de Murcia, donde se graduó el curso pasado.
Asimismo, los alumnos de la Facultad de Medicina de la UMU Noelia Fernández Villa y Álvaro Navarro Barrios han quedado situados en el puesto 6 y 18, respectivamente, en este examen para elegir plaza de Médico Interno Residente. 

"No recibí órdenes para no imputar al presidente de Murcia", dice el fiscal general

MADRID.-El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado que no recibió "órdenes de nadie para oponerse a la imputación del presidente de Murcia", Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica, una decisión que estuvo avalada por dos informes jurídicos y con la que él, ha reconocido, está de acuerdo.

Maza ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso para responder a la exigencia de explicaciones de los grupos de la oposición sobre el relevo en la cúpula fiscal y sobre las supuestas injerencias políticas en su decisión de no pedir la imputación del presidente de Murcia.
Sobre Sánchez, Maza ha relatado cómo fue el proceso de toma de decisiones respecto al informe que la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, envió al juez Eloy Velasco defendiendo la falta de pruebas para imputarle, en contra del criterio de las dos fiscales del caso.
Ha reconocido que dio instrucción a Suárez de emitir ese informe, pero no por orden de nadie, sino que tomó esa decisión en base a sendos informes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y de los cuatro fiscales de Sala de Supremo.
"¿Creen que si yo fuera a obedecer una orden de alguien iba a darle traslado a un equipo de eminentes juristas (...) para que me llevasen la contraria y quedar desairado? ¿lo creen realmente?", ha preguntado a los presentes. "Aquí quien tiene que decidir, es quien tiene que decidir", ha añadido.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha aclarado a lo largo de su intervención que renunciar a la facultad que tiene de dar "instrucciones particulares" en causas que afectan a aforados sería una "dejación de funciones", aunque ha avisado de la "dificultad de hablar de procedimientos en marcha" como el caso Púnica.
Maza se ha referido a los casos que afectan a aforados, como es el de Sánchez, que tendría que ser investigado en el Tribunal Superior de Murcia, y ha dicho que las fiscalías deben poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado cualquier causa que afecte a las personas que gozan de esta protección especial.
Entonces, el fiscal general estudia el asunto y, a resultas de este estudio, ha dicho, "puede dar instrucciones particulares". 
"No es solo que pueda dar instrucciones particulares, sino que debe hacerlo si lo considera necesario", ha agregado acto seguido.
Y ha indicado que esta es una facultar a la que no se puede renunciar, pues ello "sería una verdadera dejación de funciones".
El fiscal general ha empezado su comparecencia avisando de la "dificultad de hablar de procedimientos en marcha" y ha añadido que las comparecencias en el Congreso "no pueden derivar con carácter general en debates sobre asuntos penales en tramitación".
Sobre la corrupción, ha afirmado que para él es una "prioridad adoptar una posición activa e impulsora de actuaciones encaminadas a la investigación exhaustiva de los casos de corrupción política", que ha calificado de una "amenaza especialmente grave y potencialmente fatal" para el funcionamiento de las instituciones públicas.
Durante su discurso, y antes de responder a las preguntas de los grupos, ha hecho un repaso de los casos de corrupción y ha explicado que entre junio de 2015 y septiembre de 2016 se han investigado a 1.378 cargos públicos y 379 fueron condenados en sentencia firme.
En varias ocasiones, se ha referido a la imparcialidad de la Fiscalía, la "clave de bóveda" de la institución y a la que se subordina la dependencia jerárquica. Acorde a este principio, la Fiscalía actúa con "plena objetividad e independencia".
"El fiscal es imparcial y por ello no puede tomar partido ni actuar por motivos extraños al principio que rige sus actuaciones", ha dicho.
El fiscal general del Estado José Manuel Maza, ha insistido en el Congreso en la "independencia" e "imparcialidad" de la institución y ha asegurado que el criterio básico del Ministerio Público es "perseguir la corrupción y aplicar la ley sea quien fuera la persona investigada".

El periodo de octubre a febrero ha sido el más húmedo de los últimos 75 años en la Región

MURCIA.- El periodo de octubre a febrero ha sido el más húmedo de los últimos 75 años en la Región. Este balance se produce incluso con un mes de febrero que la Aemet califica el mes que acaba de terminar como cálido y muy seco.

La temperatura media mensual fue de 11,3 grados centígrados, con una anomalía de 1.1 grados sobre el valor medio. Esto le otorga un carácter entre cálido y muy cálido a ese mes, en el que las temperaturas mínimas han tenido una media de 6,3 grados y una anomalía de +1,6 grados, mientras que la media de las máximas fue de 16,3 grados, con una anomalía de +0,6.
Durante este mes, la precipitación media en la Región de Murcia fue de 4 litros por metro cuadrado, lo que supone tan solo el 17% del valor de la mediana del periodo de referencia, y le otorga a este mes el carácter de muy seco, estando entre los 15 febrero más secos desde inicio de los registros en 1941.
Las precipitaciones acumuladas en la Región desde el 1 de octubre hasta el 28 de febrero de 2017 (308 litros por metro cuadrado) suponen más del doble del valor de la mediana para el mismo periodo, y un carácter "extremadamente húmedo".
 

El concejal de Molina crítico con PAS abandona el PP


MOLINA DE SEGURA.- El concejal de Molina de Segura que había pedido públicamente la dimisión de Pedro Antonio Sánchez ha solicitado la baja en el Partido Popular y ha pedido oficialmente dejar el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento para continuar en la Corporación como concejal no adscrito, según adelanta hoy La Opinión.
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Miguel Ángel Rodríguez ha anunciado su decisión en una carta dirigida a la portavoz municipal del PP en Molina, Sonia Carrillo, en la que señala que su baja se debe "a la catarata de descalificaciones, improperios e insidias que desde 'fuentes del Partido Popular de la Región de Murcia' han sido vertidas sobre mí en la prensa regional, así como en medios nacionales, además de los continuos ataques que señalados miembros del PP han realizado contra mi persona a través de las redes sociales".
Rodríguez había señalado a través de su cuenta personal en Twitter que "los afectos personales deben dejar paso a la acción política, a la coherencia, a satisfacer lo exigido por las leyes y a la ejemplaridad", adjuntando también una imagen en la que se puede leer el artículo 54 de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, el que establece que los cargos públicos imputados "entenderán que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía" desde las instituciones públicas. Era un claro mensaje a Pedro Antonio Sánchez.
Además, por si no había quedado claro, el concejal rompió la disciplina de voto de su partido en el último Pleno de la Corporación y votó a favor de una moción que exigía la dimisión del presidente de la Comunidad por ser investigado en el caso Auditorio
Miguel Ángel Rodríguez había avalado a Sánchez para su candidatura a la presidencia regional del PP, pero recientemente envió un burofax a la comisión organizadora del congreso autonómico popular para exigir que retiraran el aval.
Rodríguez subrayó hoy que "hay gente a capazos que piensa exactamente lo mismo que yo". Y luego se aventuró a apostar que "las mismas personas que ahora sostienen como pilares insobornables la fidelidad, en el caso de que haya otro candidato harán lo mismo", según recoge La Verdad

En un comunicado el grupo municipal popular pide a Rodríguez "ejemplaridad" y le solicita el acta de concejal. La portavoz popular manifestó que desde su grupo "siempre hemos respetado la libertad de expresión de cada uno de sus miembros".
La edil sostiene que cualquier concejal que en un momento determinado no se vea identificado con las siglas del PP "por ideología o sinergias", tiene la potestad y la autonomía para abandonar el grupo y el partido. "Pero no olvidemos que Miguel Angel Rodríguez Torres es concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura porque perteneció a una candidatura del Partido Popular", aduce Carrillo.
Por eso asegura que la "coherencia debería ahora regir en su forma de actuar y debería entregar su acta de concejal, puesto que los molinenses no lo votaron a él, sino que votaron al PP". La portavoz popular termina diciendo que "ahora es el momento de demostrar la ejemplaridad que exigía a los demás".
Sin embargo, el concejal saliente aseguró que "el partido no me ha pedido absolutamente nada, ni tampoco que firmara el acta". Admitió que si el PP le pide el acta "los escuchará y reflexionará", pero su intención es terminar la legislatura como concejal independiente, según remarcó.
Este miércoles Rodríguez solicitó a la alcaldesa, Esther Clavero, que se le incorpore como independiente de grupos políticos a la condición de concejal no adscrito, de acuerdo a la normativa legal vigente.
"El motivo de esta meditada decisión no es otro que el entender que el ideario liberal-social que represento, así como la defensa de la mejora de la calidad de vida de los electores que me dieron su confianza en las elecciones de mayo de 2015 o las propuestas sobre distintos temas de interés general las puedo realizar con mucha más solvencia y garantía, hoy por hoy, desde fuera del Partido Popular", aduce el ya exedil del PP, según recoge La Verdad.

Cuando PAS mintió a Catalá y el ministro se dejo engañar / Vera Mª Cubí *

La palabra del PSOE / Ángel Montiel *


El pasado domingo vi en el programa de Ana Pastor en La Sexta el factcheck que aplicó a Pedro Antonio Sánchez a cuenta del número de denuncias reales con que el PSOE lo ha ´castigado´ ya desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. Tanto el presidente murciano como todo el alto staff del PP vienen proclamando que los socialistas lo han acosado insistentemente con denuncias que finalmente eran archivadas, y las contabilizan, según los portavoces, en quince, dieciséis e incluso diecisiete. 

La lógica a que quieren llevar con estos datos es que la denuncia que le afecta en este momento, relativa al caso Auditorio, es una más, con tan falso fundamento como todas las anteriores. Pues bien, el equipo de redacción del programa de Pastor fue descartando las denuncias electorales, los contenciosos administrativos y los recursos sobre recursos que se anotan como denuncias originales, y concluyó que en realidad el PSOE sólo había denunciado a PAS en siete ocasiones, no en doce, ni quince ni diecisiete. Por tanto, la ´maquina de la verdad´ proclamó que el PP miente. En efecto, el PP miente.

Pero también miente el PSOE. Porque su líder regional, González Tovar, y otros portavoces han insistido en las últimas fechas en que las denuncias se reducen a dos, «una de ellas la que está viva», y en otras ocasiones han dicho que eran tres. 

Según El Objetivo de La Sexta, que los socialistas tanto difunden en redes sociales, en realidad el total de denuncias se queda en siete. Ni quince ni dos, sino siete. Por tanto, miente el PP cuando exagera la cifra y mezcla churras con merinas, y miente el PSOE cuando reduce al mínimo el número de sus iniciativas ante la fiscalía o los juzgados. Mienten todos. 

Sabemos la razón por la que miente el PP (para reducir el efecto de la ´denuncia viva´ que ahora lleva a mal traer a PAS), pero desconocemos lo que obliga al PSOE a mentir, ya que no tendría que ser reprochable que denunciara lo que, en cada momento, le pareciera bien denunciar. Es más: Tovar ha denunciado a PAS por decir éste que el PSOE lo denuncia demasiado, lo cual da prueba de la inteligencia política del líder socialista, pues al hacer esto suma una denuncia más cuando pretende exponer que lo suyo no es la denuncia sistemática.

Es como la apelación al cumplimiento de la palabra dada. Tovar insiste en que PAS debiera dimitir para cumplir con lo que anunció que haría si resultara imputado. Hasta ahí, correcto. Sólo que esta demanda la puede expresar cualquiera (ciudadanos, faceboukeros, editorialistas, dirigentes de Ciudadanos y de Podemos, mediopensionistas...) menos el PSOE, pues este partido no es precisamente el ejemplo de coherencia en este aspecto. 

Hicieron una campaña electoral en la que prometieron que jamás permitirían un Gobierno de Rajoy, y ya se ve lo que hicieron con los votos que a tal fin le fueron prestados. PAS no cumple con la palabra dada, pero tiene pelendengues que sea el PSOE, carente por completo de autoridad moral por no hacerse responsable del firme contrato con sus votantes, el que se lo reproche.


(*) Columnista


Otra victoria de PAS / Joaquín García Cruz *

El Consejo de la Transparencia tomó ayer el camino equivocado, el que lo arrastrará a la futilidad si no remonta su encogimiento de ánimo y se convierte en el guardián de las esencias. Tal es, que sepamos, su razón de ser, de la que ayer desertó, embaucado por la zorrería del PP, que le ganó la partida antes de tirar los dados. Llegó el representante popular a la reunión acusando a José Molina, su presidente, de convertir el Consejo en su cortijo, y llamándole comisario político de PSOE y Podemos. Y se salió con la suya, a juzgar por el resultado de la sesión. 

Tuvo el Consejo la oportunidad de vivir su minuto de gloria, pero la marró. Más aún: tenía el deber de iluminar a la sociedad, la noble obligación de pronunciarse acerca de si el presidente de la Comunidad Autónoma incurre estos días en fraude de ley, por su interesada interpretación del artículo 54 de la ley regional de Transparencia (el que habla de los imputados por corrupción), o si es la oposición quien hace una lectura espuria de la norma. Que el PP y la oposición discrepen al respecto no aporta sino confusión. Más de lo mismo, mucho ruido. 

Es el Consejo de la Transparencia quien debería alumbrar en estos casos con una declaración valiente, en el sentido que tocara, y bien invitar a Pedro Antonio Sánchez a dimitir -en aplicación de la ley- o avalar su permanencia en el cargo. Porque el Consejo de la Transparencia, aunque desprovisto de competencias para desalojar al presidente, está, sin embargo, legitimado (¿quién mejor?) para alzar la voz y emplazarlo en público. Pero ayer optó por soltar al aire una filípica sobre «valores esenciales» y sobre «observancia de la ley», que para nada sirve. 

 Ninguna virtualidad tiene una ley -la de la Transparencia- que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional -también con los votos del PP-, si nadie hay que la haga cumplir. Ninguna utilidad tiene el Consejo de la Transparencia, si el Gobierno le niega el pan y la sal, la Asamblea y los ayuntamientos le regatean la fuerza legal que reclama, los partidos se pelean en su interior para tapar la realidad con cortinas de humo, los vocales no abren la boca, quizá para no molestar, y finalmente -cuando más se esperaba un esclarecedor dictamen- se resigna a soltar una perorata de cuatro líneas sobre la ética y el buen gobierno.


(*) Columnista


La sociedad civil se revuelve contra el injusto e inmoral Impuesto de Sucesiones / Libertad Digital *

La reforma de la financiación autonómica que el Gobierno quiere acometer este año, y queConferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, pone el punto de mira en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sobre el que se está librando una tremenda batalla política, principalmente entre uno de los Gobiernos que establece el impuesto más alto, el andaluz, y el que lo fija en su nivel más bajo, el de Madrid. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, exige que ese tributo se armonice y que se obligue a Madrid, que lo bonifica al 99%, a subirlo.
centró la

Naturalmente, los contribuyentes andaluces, y los de las demás autonomías que lo mantienen en unos niveles disparatados, como Aragón, Extremadura o Asturias, lo que quieren es reducirlo sustancialmente o directamente suprimirlo, al punto de que muchos empiezan a salir a la calle en señal de protesta. Tal es el caso de los integrantes de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones, que ha surgido en Andalucía y que se presenta como un "movimiento social, sin colores políticos", que aboga por la supresión del referido tributo en esa comunidad autónoma. Su web ya cuenta con cerca de 30.000 apoyos de particulares y afectados, y este martes ha organizado una marcha por las calles de Sevilla en la que cientos de manifestantes han exigido a Díaz que ponga fin a la injustificable exacción.

Es inaudito y enormemente positivo que desde la sociedad civil surjan movimientos en contra de la excesiva presión fiscal, más aun cuando van dirigidos contra un impuesto tan injusto e inmoral como el que grava las herencias y donaciones. Y lo es por varias razones: sin ir más lejos, porque –al igual que el de Patrimonio– penaliza el ahorro y los esfuerzos realizados por los particulares en pro de su descendencia y porque vulnera un principio general del Derecho como es el de non bis in idem, que, trasladado al ámbito fiscal, y tal y como se refleja en la propia Ley General Tributaria, no permite gravar dos veces el mismo hecho imponible. 

Es dramático e indignante que la voracidad del Fisco fuerce a tanta gente a tener que renunciar a los bienes que les legaron sus mayores. En Andalucía se registran 19 renuncias al día, y se cuentan por millares los andaluces que cada año deciden empadronarse en Madrid para evitar que la Junta se embolse el patrimonio de sus herederos.

Por otra parte, la propuesta de establecer un mismo Impuesto de Sucesiones en todas las comunidades –la cacareada armonización fiscal– implica violar el escaso margen de autonomía realmente positivo que tienen los Gobiernos regionales a la hora de establecer su propia presión fiscal. Lejos de erradicar el problema que este impuesto ocasionaría en algunas autonomías, lo que haría la armonización sería extenderlo al conjunto del territorio nacional.

Así mismo, la llamada armonización a la baja que están estudiando el PP y Ciudadanos, mientras no implique la simple erradicación de dicho impuesto en toda España, no resultará más que una atractiva engañifa destinada a lograr que todos los Gobiernos puedan establecer una misma presión fiscal sin miedo a la competencia de quienes son partidarios de erradicar o dejar bajo mínimos tan injusto gravamen.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que los partidarios de reducir la bárbara presión fiscal que padece el contribuyente patrio no tienen representación parlamentaria, bienvenidas sean estas manifestaciones y movimientos de la sociedad civil. En la defensa del contribuyente tuvo su origen el sistema democrático moderno, y en ella debe basarse su desarrollo y perfeccionamiento.



(*) Editorial