lunes, 20 de marzo de 2017

Urralburu: "Seguimos con la mano tendida al PSRM y C's para una oportunidad histórica de Gobierno de cambio"

MURCIA.- El secretario general de Podemos en la Región y portavoz del Grupo parlamentario, Oscar Urralburu, ha explicado hoy que la opción más sensata para acabar con la crisis institucional actual, es sacar adelante una moción de censura y "procurar la posibilidad histórica de un gobierno de cambio, regeneración y transparencia para los dos próximos años".

Urralburu ha afirmado ante los medios de comunicación que "la ciudadanía está cansada de una situación judicial que se ha convertido en una crisis institucional con la consecuente parálisis política" por lo que ha añadido que por responsabilidad política "urge actuar ya"
Así, ha explicado que el planteamiento de Podemos, es desde el principio, trabajar para que la oposición asuma el liderazgo del Gobierno Regional y "eche a Pedro Antonio Sánchez, un presidente imputado del gobierno de la Región", por lo que "Podemos sigue teniendo la mano tendida y estamos esperando a que el PSRM se decida y apueste por una moción de censura".
Preguntado por la posibilidad de un adelanto electoral a nivel regional, el secretario general de Podemos, ha respondido que "los políticos estamos para resolver los problemas de la ciudadanía, por lo que pensar que unas elecciones pueden solucionar un problema de parálisis institucional, creemos que no ayudaría mucho"
Esto lo ha concretado Urralburu, en el problema que se plantearía a las arcas públicas, ya que el coste de un nuevo proceso electoral llevaría está cuantificado en un desembolso de 4 ó 5 millones de euros, "muy necesarios en este momento para invertirlos en políticas públicas" y ha afirmado que "en cualquier caso a nosotros no nos plantea un problema acudir a otro proceso electoral, el problema recaerá en quién plantee este proceso".
Finalmente ha concluido en que la mejor opción es "una moción de censura, que asegure dos años de estabilidad para abrir los cajones y las ventanas de la Comunidad Autónoma" para así "descubrir todo lo que se ha hecho mal estos últimos años, que a la vista está ha sido mucho", sólo de este modo se podrá "abrir el proceso de la regeneración y la transparencia, planteando políticas públicas que garanticen los derechos sociales para la ciudadanía de la Región".

Padín: "Ahora le toca al Gobierno local de CT bajar ya el agua, hemos cumplido con el acuerdo de los presupuestos"

CARTAGENA.- Los concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Padín, Ana Rama y Alfredo Nieto han comparecido hoy, en la Sala de Prensa del Palacio Consistorial, en rueda de prensa para explicar la posición de esta formación política ante el estado en el que hoy se encuentra el acuerdo que firmó el Gobierno de Cartagena con Ciudadanos para apoyar los presupuestos municipales de 2017.

 El portavoz de la formación naranja ha comenzado explicando las razones por las que su Grupo incluyó la rebaja del agua en el acuerdo para los presupuestos, "antes de que comenzara esta legislatura, ya teníamos una propuesta viable para bajar inmediatamente el precio del recibo del agua, estaba estimada en poco más del 7 por ciento, pero con reuniones, mesas del agua de todo tipo y demás, ha pasado un año y medio sin que esto ocurra, un año y medio en el que los cartageneros no han podido ahorrar miles de euros, el hartazgo de la sociedad era palpable y creímos útil y necesario forzar la reducción a cambio de nuestro voto favorable a los presupuestos".
El punto segundo del acuerdo exige que la propuesta de la rebaja se envíe al Consejo Asesor Regional de Precios acompañada de todos los informes que sean necesarios para garantizar su viabilidad legal, entre ellos, los del servicio de Infraestructuras, el económico, el de la asesoría jurídica y el de Intervención; si alguno de estos informes resultara desfavorable, el Gobierno municipal se ha comprometido a estudiar nuevamente por los mismos técnicos municipales la propuesta de la concesionaria.
"Esta condición en ningún momento impedía al Gobierno seguir con su trabajo de fiscalización y control de Hidrogea", ha aclarado el portavoz de Ciudadanos, que ha revelado que el primer borrador del acuerdo contenía un plazo de tres meses para que el Gobierno local remitiera la rebaja al Consejo Asesor Regional de Precios, "pero fue modificado por el propio Ejecutivo reduciéndolo a un plazo de 30 días, fueron ellos, no nosotros". 
El portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, ha recordado que el pacto fue firmado por los portavoces de los grupos municipales que conforman el Ejecutivo local, PSOE y MC, y que el motivo por el que se retrasó hasta el mismo día del pleno donde se aprobaron las cuentas municipales, fue porque "no estábamos dispuestos a seguir adelante sin la firma del alcalde de Cartagena, José López, y de la vicealcaldesa Ana Belén Castejón".
"En el texto, Ciudadanos se comprometía a apoyar los presupuestos municipales de 2017 a cambio de la inclusión de ocho enmiendas que en total representan más de un millón de euros en inversiones estratégicas para el municipio, y el compromiso de bajar el precio del agua a la mayor brevedad posible", ha señalado Manuel Padín.
 Añade que añade que "ése fue el compromiso y se trata de un hecho consumado, los presupuestos se han aprobado con nuestras enmiendas y ahora es el Gobierno de Cartagena el que tiene que cumplir su parte, y enviar la propuesta de rebaja, de lo contrario tendrá que dar las explicaciones pertinentes; son los que gobiernan los que tienen que rendir cuentas y cumplir su palabra, son los dos partidos que gobiernan Cartagena los responsables de entenderse entre ellos para bajar el precio del agua, y no debería ser difícil cuando están gobernando juntos".
Padín ha asegurado que está siendo informado de los hechos relativos a la reducción del precio del agua directamente por la concejal de Hacienda, Isabel García, y que tras sus últimas conversaciones "me quedó claro que los informes estaban desarrollándose, que iban a ser favorables, sé por la interventora municipal que su informe no ve ningún problema, y sé que el alcalde tiene mucho interés en bajar el precio del agua, así que no sé, no entiendo qué está pasando para que no pueda convocarse lo antes posible una Junta de Gobierno para llevar el asunto; nosotros no somos gobierno, si lo fuéramos el recibo del agua habría bajado hace mucho tiempo y estaríamos controlando cada céntimo que maneja la concesionaria, pero no lo somos". 
En cualquier caso, el edil de Ciudadanos espera que ocurra pronto, "nadie dice que no se esté haciendo, salvo por un grupo de la oposición, que debería hacer examen de conciencia y dejar de ver la paja en el ojo ajeno, y empezar a ver la viga en el suyo".
El portavoz confía en que tanto el alcalde de Cartagena como la vicealcaldesa cumplan con su palabra y saquen una propuesta de rebaja en el precio del agua con todas las garantías a la mayor brevedad posible". 
"Según nuestros cálculos, si consideramos que la revisión debió haberse enviado a la Comunidad, como muy tarde, el 24 de febrero, y teniendo en cuenta un plazo prudente de deliberación en el Consejo de Precios, hemos perdido 17 días sin los nuevos precios, y por tanto, los cartageneros han dejado de ahorrar 119.000 euros por esta incomprensible tardanza", ha señalado Padín.
A preguntas de los periodistas sobre lo que hará Ciudadanos si el Ayuntamiento no rebaja el agua, Manuel Padín ha querido dejar claro que "de ninguna manera vamos a vincular nuestro voto en la aprobación definitiva de las cuentas a la estimación o no de una alegaciones, la valoración de estas reclamaciones se hará de manera independiente, no vamos mercantilizar ni a chantajear con esto, nosotros no actuamos mediante venganzas ni coacciones, sino valorando cada cosa en su momento, con rigor y objetividad, y por eso hemos pedido recientemente al gerente del Consejo de Administración de la Sociedad Casco Antiguo, Antonio García, que inste al alcalde a convocar el Consejo para abordar las cuestiones relativas a dos alegaciones relacionadas con las parcelas de El Molinete".
Padín también ha explicado, a requerimiento de los periodistas, que su Grupo Municipal no ha establecido ninguna posición con respecto al previsible relevo en la Alcaldía de Cartagena.
 "Ciudadanos no ha tomado ninguna postura, sopesaremos la decisión cuando llegue el momento, y haremos lo que sea mejor para la ciudadanía, sin pensar en los sillones, y haremos lo más coherente; cuando llegue el momento habrá que hacer balance de nuestro estado económico, de la gestión municipal, del estado de salud de la gobernabilidad, escuchar a los ciudadanos, pero lo que está claro es que es más difícil entenderse con un Gobierno que no cumpliera su palabra, el movimiento se demuestra andando y tenemos claro qué hacer con aquéllos en los que no podemos confiar".

Podemos exige que con urgencia se apruebe el reglamento de la renta básica de inserción

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Ángeles García, ha señalado que el reglamento de la renta básica de inserción "no admite más demoras" puesto que han pasado diez años de la aprobación de la ley. 

La consejera de Familia, Violante Tomás anunció en diciembre de 2015 que el reglamento de la Renta Básica de inserción entraría en vigor en seis meses y "todavía no se ha aprobado. El gobierno regional no puede poner más excusas ya que sus explicaciones suponen un desprecio a la ciudadanía que cuenta con la renta más baja de todo el país, 300 euros, es además temporal y contrasta con que tenemos los peores indicadores nacionales de pobreza".
La diputada de Podemos ha destacado que Bruselas avisa del alto riesgo de que en España se instalen tasas de pobreza notables incluso entre quienes tienen empleo, "y en la Región de Murcia, esta tasa es la más alta de España, con un 37.2% según el Instituto Nacional de Estadística".
Aparte, García Navarro ha recordado que la Región de Murcia es una de las pocas Comunidades Autónomas que carece de un Plan de Inclusión "aunque sí de documentos sectoriales, esto es, programas o planes en los que se tratan cuestiones relativas a la inclusión pero de forma parcial frente al enfoque integral que debería tener un Plan de Inclusión Social".
Por ello, la parlamentaria regional de Podemos ha dicho que es necesario un Plan que analice "la trayectoria y evolución de la exclusión social en la Región de Murcia, que realice un diagnóstico de la situación y que defina las problemáticas existentes así como las consideraciones para la acción".
Además, María Ángeles García Navarro ha detallado que en un Plan de Inclusión efectivo se debe incluir el fomento del empleo entre las personas en situación o en riesgo de exclusión, el acceso a todos los recursos sociales, a unos recursos económicos mínimos y el acceso a la vivienda para personas en situación o en riesgo de exclusión, sin olvidar el desarrollo de la educación, a la salud y actúe de manera preventiva en la infancia y la adolescencia".
Para que resulte efectivo, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos ha puesto como condiciones imprescindibles que tengan "indicadores de seguimiento, monitorización, y evaluación de resultados, así como con la dotación presupuestaria correspondiente para poder ser llevado a cabo".
Asimismo, desde Podemos se exige que se cumplan las medidas adoptadas en la Ley de Vivienda para la protección frente a desahucios y pobreza energética y acabar "con la pobreza farmacológica. El copago sanitario provoca que numerosas personas no puedan seguir su tratamiento al carecer de recursos económicos para comprar las medicinas que les son prescritas. Algo que la Organización Mundial de la Salud ya ha señalado como dañino, puesto que recomienda eliminar los copagos y asegurar que se financien con fondos públicos, pues solo de esa forma se asegura la no discriminación y la equidad del Sistema Nacional de Salud".

La colegita de San Patricio se abre de nuevo al culto tras su consagración


LORCA.- Cinco años y diez meses después de los terremotos que asolaron la ciudad de Lorca en mayo de 2011, la ex colegiata de San Patricio abre sus puertas tras la consagración del templo, presidida por el obispo de la Diócesis de Cartagena y a la que también acudió el Arzobispo Emérito de Burgos, así como los párrocos de Lorca y otros sacerdotes diocesanos naturales de la Ciudad del Sol.

El recién rehabilitado templo se llenó de fieles sorprendidos ante la mejora del mismo, pues se han recuperado elementos decorativos y luminosidad. Según el arquitecto responsable, Juan de Dios de la Hoz, se han reparado todas las estructuras del edificio, así como acabados e instalaciones, con un coste total de 4.776.346 euros.
La celebración de consagración comenzó con las palabras del párroco de San Patricio, Nicolás Poyato, que agradecía las labores realizadas allí. 
Tras esto, el obispo asperjó con agua bendita el altar y los muros del templo. En su homilía, José Manuel Lorca Planes destacó la fortaleza del pueblo de Lorca, que “ha sabido reponerse” de la catástrofe. 
Lorca Planes también agradeció al sacerdote Antonio León, vicario responsable de Patrimonio y Economía, su entrega y dedicación desde los terremotos: “Ha ido gastando y desgastando su propia vida y, sin duda, ha sido una pieza calve de la reconstrucción, al menos del patrimonio eclesiástico”.
Transcurrida la liturgia de la Palabra, y tras las letanías de los santos, el obispo ungió con el Santo Crisma el altar y las cruces del templo. Acto seguido, los seminaristas depositaron sobre el altar un brasero sobre el que Lorca Planes derramó incienso y los diáconos incensaron el altar y el resto de la iglesia.
La reparación de las estructuras del edificio pasa también por la renovación completa de los soldados de piedra, los paramentos, bóvedas, yesos, rejas, coro, trascoro y púlpitos, así como la totalidad de los elementos decorativos y escultóricos. 
Esto facilita que hoy se puedan contemplar las portadas de acceso a la sacristía y al altar mayor con los colores originales y leyendas, así como la dedicación a los tres santos irlandeses: San Patricio, San Columba y Santa Brígida, situados en las hornacinas de la portada hacia la Plaza de España.
En la zona exterior del templo se han restaurado las fachadas y las cubiertas, recuperando las pendientes primitivas y dejando así a la vista los huecos completos de ventanas, arranques de contrafuertes, pináculos e incluso una balaustrada en la cubierta del transepto sur además de las Salas Capitulares y las que se encuentran bajo la rampa del carrerón.
La reconstrucción de San Patricio ha unido a diferentes administraciones y fundaciones. Las obras tuvieron un coste de 4.776.346 euros, para los cuales el Estado Español ha aportado 250.000 euros; la Administración Regional, 3.236.648 euros; el Obispado de Cartagena, 520.994 euros; la Fundación Cajamurcia, 671.415 euros; y la Fundación Endesa, 97.288 euros.
En ella se han llevado a cabo estudios arqueológicos y de caracterización de materiales, que han dado como resultado el descubrimiento del trazado de la muralla de Lorca bajo la nave central, así como restos de diferentes torreones y de la antigua Iglesia de San Jorge, precedente del actual templo y que se derribó para la construcción de la Colegiata. También se han recuperado las criptas bajo las capillas y las naves, quedando todas ellas ventiladas y accesibles.
Uno de los aspectos que más llama la atención tras la restauración, asegura el arquitecto, es la luminosidad en el interior del templo, pues han podido recuperarse las dimensiones originales de todas las ventanas, que habían ido tabicándose a lo largo de los siglos, cuando se iban elevando las pendientes de las cubiertas.
“Lo más sorprendente ha sido la recuperación de cientos de metros cuadrados de pinturas murales, que se encontraban tapadas por diferentes manos de pintura”, explica el arquitecto. 
Estas pinturas se encuentran en las embocaduras, paramentos e incluso las bóvedas de las capillas. Especialmente significativas son las encontradas en la Capilla del Alcázar, así como las que decoraban el cuerpo inferior de la torre y que ahora se podrán apreciar a través de unos vidrios en el suelo de la sacristía.
La magnitud en la extensión de estas pinturas y el coste económico necesario para su recuperación, hace que en algunas de las capillas no hayan concluido los trabajos, que podrán realizarse según se obtengan los fondos económicos necesarios, sin afectar al funcionamiento normal del templo.
También se ha dotado de climatización a la Capilla del Alcázar, preinstalación en torno a la vía sacra y una completa iluminación mediante tecnología led.
Esta reconstrucción, junto a la de las iglesias de Santiago, San José, San Mateo, Nuestra Señora del Carmen y antiguo Convento de San Francisco, recibieron el pasado año un premio internacional. 
El equipo técnico dirigido por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, recibió el Premio Europa Nostra de Conservación del Patrimonio, considerado el más importante en su categoría, por la recuperación de estas seis iglesias de Lorca.

El empresario del Juego, Manuel Lao, doctor 'honoris causa' por la UCAM


MURCIA.- El presidente y fundador de Nortia Corporation, Manuel Lao Hernández, será investido doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en "reconocimiento a su trayectoria y aportación al mundo empresarial, tanto en España y América Latina, destacando su carácter emprendedor e innovador". 

Los actos comenzarán a las 10:30h y tendrán lugar en el templo del Monasterio de Los Jerónimos, este jueves 23 de marzo.
Manuel Lao fundó Cirsa en 1978, siendo hoy la mayor empresa de España y Latinoamérica del sector del juego y del ocio. En los años 90 creó la Universidad Corporativa Cirsa, que implantó el primer Master en juego, ocio y tiempo libre de España y de Europa, en colaboración con la Escuela de Administración de Empresas y la Universidad Politécnica de Catalunya. 
En 2005 creó la Fundación Manuel Lao para, según sus palabras, "devolver a la sociedad una parte de lo que ha recibido de ella". Entre otros, apoya activamente varios proyectos de investigación de la UCAM en el ámbito de la Salud. 
En el 2007 constituyó Nortia Corporation, multinacional con actividad en diversos sectores, que facturó más de 1.900 millones de euros en 2016 y da empleo a 18.000 personas entre España, Italia, Marruecos y Latinoamérica. 
Manuel Lao Hernández preside desde 1994 la Confederación Española de Empresarios del Juego y es miembro de la junta directiva de la patronal Foment del Treball en Catalunya.

El PSRM denuncia que las ayudas de Renta Básica hasta la fecha solo han sido asistenciales

CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano ha manifestado a propósito de la comparecencia de la presidenta del Colegio de Trabajo Social de la Región de Murcia, María del Carmen Penin Pina, en la Comisión Especial sobre la Pobreza y Exclusión, que el PSOE comparte la preocupación por el desarrollo del reglamento de la Ley de Renta Básica e Inserción. 

Para Cano es "inexplicable e intolerable que diez años después de aprobarse esta Ley siga sin un reglamento que la desarrolle y se rija por una Orden de 2006".
En este sentido denuncia que las ayudas de Renta Básica hasta la fecha solo han sido asistenciales. 
"Desde el Gobierno se argumenta que está siguiendo su trámite, pero obvia que en 2008 el CES dio el visto bueno a un borrador de Decreto, que era mucho mejor que el que ahora la consejera ha traído a la Cámara".
Para la diputada socialista, "no es cierto que partíamos de cero, lo que ocurre es que han actuado como si lo hiciéramos, demorando la aprobación de un reglamento que habría traído un aumento en las prestaciones, en el tiempo y además hubiera servido para establecer medidas de inserción que hubieran ayudado a muchas familias a salir de una situación de pobreza y desprotección".
La pobreza en la Región de Murcia se acerca a 138.000 personas en riesgo de exclusión social, estando entre un 10-13 por ciento en riesgo severo, principalmente en el caso de las mujeres.
Consuelo Cano ha recordado que gracias a la solidaridad de las ONGs y de las familias, en concreto de muchos abuelos, se está sosteniendo la precaria situación familiar de muchas personas. 
"Esperamos que este reglamento no vuelva a demorarse y se apruebe con celeridad. Estaremos esperando para mejorarlo y para que se garantice esa red que ayude a muchas personas a salir adelante", concluyó.

Podemos pide más "implicación" del gobierno regional para fomentar la igualdad y la conciliación laboral

CARTAGENA.- La diputada regional, María Ángeles García Navarro, ha señalado que uno de los problemas a los que se enfrentan las mujeres es que los planes de igualdad no son obligatorios para las empresas de menos de 150 trabajadores. Esto provoca que "no se pongan en marcha en la mayoría de pymes y si se realiza, no hay plantes de seguimiento ni se vela por su cumplimiento". Desde Podemos también se apuesta por los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles.

García Navarro ha apuntado que el bloqueo de hasta 38 convenios de negociación en la Región de Murcia "impide que se pueda negociar y adoptar medidas contra la brecha salarial". 
Este es un "problema capital" para la parlamentaria de Podemos puesto que a día de hoy, "a pesar de los avances realizados, la desigualdad sigue presente en el acceso, en el desarrollo de la carrera profesional, en la calidad del empleo, el salario y en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar".
María Ángeles García Navarro ha incidido en la discriminación salarial que existe en la Región, donde existe una brecha salarial de más del 25% en la percepción de un salario inferior con respecto al hombre que desempeña un trabajo igual o equivalente.
Además, García Navarro ha explicado que en la Región de Murcia, según el Barómetro de la empresa familiar en el primer semestre del 2016, solo una de cada cuatro directivos es mujer y apenas un 15% de las compañías tiene a una gerente femenina, que accede al cargo por la vía de la sucesión.
Por ello, ha dicho la diputada del Grupo Parlamentario Podemos ha afirmado que si la ley de cuotas fuera obligatoria y hubiera sanciones en su no ejecución, "habría más mujeres en la dirección de las empresas. Si bien, para esto tiene que haber cambios laborales y también nuevas políticas sociales para que las mujeres no tengan que elegir entre su carrera profesional o la maternidad". 
Hasta ahora, ha añadido, "las soluciones de conciliación ofrecidas por los poderes públicos, con el diseño de trabajos flexibles, en cuanto a jornada y desarrollo, flaquea porque esta tarea de conciliar sigue recayendo exclusivamente en las mujeres y sigue perpetuando los estereotipos de género".
Las propuestas de Podemos en esta materia, según ha contado María Ángeles García Navarro, pasan por que se vayan abriendo paso leyes que permiten y favorecen la corresponsabilidad en los cuidados y en las tareas del hogar. 
Hay que empezar por "democratizar los cuidadnos, donde las políticas laborales se han de relacionar con los sistemas de protección social, con la provisión de servicios, aumento de plazas en escuelas infantiles, gratuitas o subvencionadas de 0 a 3 años, subsidios por el nacimiento de hijos e hijas, centros de atención y personal de apoyo domiciliario para adultos que por discapacidad o mayores que no pueden cuidarse a sí mismos".
Asimismo, desde Podemos se apuesta por los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferible y que estos vengan acompañados de subvenciones o reducción de cuotas para las empresas que tengan que contratar mientras se produce esa baja.
También, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, María Ángeles García Navarro ha hecho especial hincapié en que la Administración debe promover la igualdad y la conciliación de la mujer a través de medidas efectivas como: un régimen de autónomos a tiempo parcial, con reducción de cuota y en la cotización. 
Realizar actividades en horario vespertino y de fin de semana subvencionadas, deducciones en el IRPF de guarderías y escuelas infantiles de 0 a 3 años. 
Como medida propuesta por la OMEP y que "resultaría muy interesante, la de deducir del IRPF los contratos que se hacen a las empleadas del hogar para facilitar la incorporación de la mujer al trabajo y evitar la economía sumergida".

El Ayuntamiento de Lorca queda como 'chapucero' tras plantear el PSOE un recurso Contencioso-administrativo

LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha denunciado la "dejación de funciones" del equipo de gobierno del Partido Popular a la hora de inspeccionar el estado de terminación de las obras de regeneración urbana en los barrios de la ciudad.

Mateos ha recordado que el pasado mes de enero el Grupo Socialista se vio obligado a recurrir a la Justicia para obtener, vía Contencioso-Administrativo, los informes técnicos municipales que, de existir, justificaron el "buen estado y la terminación" de unas obras "a todas luces, plagadas de desperfectos", en relación al estado final del barrio de La Viña tras las obras. 
La aparición de humedades por filtraciones de agua en garajes; hundimientos en el pavimento; cableado sin soterrar; papeleras frente a garajes; contenedores soterrados sin funcionar, o errores en la ejecución de las pendientes de las calles son algunos de los "errores evidentes" tras las obras.
El portavoz del PSOE asegura que "costaba creer" que con las problemáticas que aparecieron durante y tras la ejecución de las obras de regeneración urbana del barrio de La Viña, hubieran informes técnicos municipales que avalaran la terminación de éstas. Finalmente, tras admitir a trámite nuestra demanda y después de obligar al Ayuntamiento a emitir la correspondiente documentación, "el PP ha reconocido ante el Contencioso-Administrativo que nunca existieron esos informes técnicos municipales".
Mateos denuncia que esta dejación de funciones del PP a la hora de evaluar y comprobar el grado de ejecución de las obras en barrios "supone un doble coste" tanto para los propios vecinos, que a la postre son quienes tienen que sufrir los "múltiples desperfectos" que "a día de hoy siguen apareciendo", como las propias arcas municipales, pues el arreglo de estos errores de ejecución correrán "a cargo" del Ayuntamiento de Lorca.
De cara a las obras aún pendientes por ejecutar, y para evitar que el PP siga cometiendo estos lamentables errores, Mateos ha anunciado que aprovecharán el próximo Pleno para exigir al Ayuntamiento que se dote de un protocolo de actuación en el que se establezca como requisito previo la participación de los técnicos municipales a la hora de la supervisión del proyecto, así como la posterior comprobación de las obras ejecutadas en relación al proyecto inicial. 
También solicitarán una auditoría de las obras ya terminadas para que, en base a esta evaluación, se inste a las empresas responsables el arreglo de los múltiples desperfectos "antes de que expire el plazo de garantía".
Mateos lamenta que los vecinos sigan teniendo que pagar las consecuencias de que el Ayuntamiento de Lorca haya dejado en manos de técnicos "de fuera de Lorca" la gestión de estas obras. 
Insiste nuevamente en la importancia de "contar con la opinión de los propios vecinos" y además de "confiar" en técnicos municipales "sobradamente capacitados, y sobre todo, conocedores de la realidad urbanística de nuestra ciudad" de cara a dirigir la ejecución de las obras en barrios.

IU-Verdes reprocha a la concejala de Urbanismo de Lorca el incumplimiento de la ley


LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, exigirá a través de una moción de pleno que la concejalía de Urbanismo que dirige Saturnina Martínez cumpla con la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, y dé acceso a los registradores de la propiedad a los planes urbanísticos, generales y de desarrollo, así como a cualquier modificación aprobada definitivamente y en vigor en el municipio de Lorca.

Martín recordó que dicha reforma normativa impuso la coordinación recíproca entre el sistema registral y la actuación urbanística, obligando a los ayuntamientos "a poner a disposición de los registradores una aplicación informática que ofrezca acceso a los mapas web de todos los planes urbanísticos, debidamente georreferenciados y metadatados". 
Sin embargo, el equipo de gobierno municipal lleva "casi dos años incumpliendo la ley" lo que, a juicio de Martín, "impide el intercambio bidireccional de información, mediante elementos tecnológicos, entre las dos instituciones sobre las que recae el control de la realidad inmobiliaria en nuestra localidad".
El objetivo de la ley es lograr sincronía entre la realidad administrativa-urbanística y la registral, de modo que se configure un sistema de información completo que dote de "transparencia" y "seguridad jurídica" al tráfico inmobiliario y simplifique la tramitación administrativa. 
Martín aludió a un informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, en el que deja patente la necesidad de que las administraciones públicas implementen medidas para corregir dicha inseguridad jurídica.
Precisamente, una de las razones por la que la nueva ley exige la georreferenciación precisa de la porción de superficie ocupada por cualquier edificación o instalación que se pretenda inscribir en el Registro de la Propiedad, es permitir que el registrador detecte en qué medida tal superficie ocupada pudiera afectar a zonas de dominio, servidumbres públicas o espacios naturales de especial protección. 
"Nos consta que algunos registradores de la propiedad tienen dificultades para desarrollar su cometido por la falta de una información que desde hace meses debía haberle facilitado el Ayuntamiento de Lorca", explicó Martín.
Gloria Martín también exigirá incrementar los recursos humanos y presupuestarios destinados al área responsable de la detección de irregularidades urbanísticas. Con casi 1.700 km2, Lorca cuenta con un solo equipo de inspección. 
"A pesar del esfuerzo de los funcionarios, la saturación de este servicio impide abordar todas las actuaciones necesarias en el ámbito de la disciplina urbanística, garantizar el cumplimiento de la legalidad, establecer los mecanismos dirigidos a su restauración, o proteger espacios naturales de la actividad urbanizadora", dijo Martín.
La falta de recursos presupuestarios que afecta al Servicio de Intervención Urbanística impide también la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de las órdenes que son infringidas por los afectados. 
"La administración local tiene la obligación de controlar las actividades constructivas que se realizan en Lorca, cuya ejecución irracional, irresponsable o descontrolada puede generar efectos perniciosos para las personas y ocasionar un daño irreparable al patrimonio artístico, cultural, medioambiental y paisajístico de la localidad", aseguró la edil de IU-Verdes. 
En ese sentido, lamentó que la infradotación de la plantilla y la falta de recursos esté teniendo como consecuencia que sea imposible sancionar y reparar prácticas relacionadas con el abandono de propiedades que están poniendo en serio peligro la integridad física, e incluso la vida, de los ciudadanos, especialmente en el casco histórico de la ciudad. 
"No hacerlo constituye también un acto de menoscabo contra los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones, que son la gran mayoría", aseveró.

'Podemos' anuncia que no estará presente en el Pacto Regional sobre Agua debido a la imputación del presidente

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez ha avanzado que Podemos no estará en ninguna mesa, ni pacto regional sobre agua "ante la crisis institucional provocada por la imputación de Pedro Antonio Sánchez y que nos ha llevado a tener a un gobierno paralizado e inhabilitado para la toma de decisiones".

Giménez ha explicado que la Región se encuentra en una crisis institucional, que no permite ningún tipo de avance y ni legitima "cualquier decisión que se adopte en las materias fundamentales que afectan a Murcia".
La diputada de Podemos ha señalado que el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y Podemos realizará diversos actos por todo el territorio regional para incidir en "la importancia de recuperar la gestión del agua, garantizar la aplicación efectiva del Derecho Humano al Agua por parte de los Ayuntamientos y denunciar la corrupción en el agua en nuestros municipios".
Con motivo de este día y como otra razón para no trabajar con el Partido Popular en asuntos de agua, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos ha denunciado "la estrecha vinculación que existe entre los procesos de privatización de los servicios de agua y saneamiento y los numerosos casos de corrupción que van emergiendo, entre los que destaca el caso Pokemon, que se extiende por casi todas las Comunidades Autónomas, como la Región de Murcia y el caso Acuamed, que afecta de lleno al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente".
Giménez ha recordado que lo de Acuamed se trata de un "escándalo tremendo de corrupción" que afecta a varios proyectos de la Región, como la conducción y embalse de Cerro Colorado de aguas procedentes de la desaladora de Águilas. 
Esta empresa pública, ha concluido María Giménez "ha sido un foco de corrupción en las infraestructuras de esta Región relacionadas con el agua, no nos podemos permitir que haya una mafia corrupta en torno a un tema tan sensible, del que dependen tantos puestos de trabajo y parte de la economía de Murcia".

La CARM ha perdido 6.421 puestos de trabajo público desde 2010

MURCIA.- La administración autonómica murciana perdió 6.421 puestos de trabajo públicos desde 2010 al pasar de los 53.993 de aquel año a los 47.572 del 2016, pasando por los 51.783 de 2011, los 53.908 de 2012, los 47.028 de 2013, los 46.325 de 2014 -la cifra más baja del período de 7 años- y los 46.376 de 2015.

Todas las administraciones autonómicas españolas necesitan en conjunto 51.127 empleos para recuperar la plantilla global que alcanzaron en 2010, el año en el que empezó a notarse una crisis de la que aún no se han recuperado, especialmente en los dos ámbitos que requieren más personal: sanidad y educación.
Cinco autonomías cerraron 2016 con cómputos en sanidad y educación no universitaria inferiores a los logrados seis años antes: Andalucía, Madrid, Navarra, Castilla y León y Murcia tienen todavía menos trabajadores en los dos campos.
La curva hacia abajo de las administraciones autonómicas se aprecia también en los entes locales (de 657.905 trabajadores en ayuntamientos y diputaciones en 2010 a los casi 549.000 de 2016) y en la administración pública estatal, pues seis años después sus 591.559 empleados se han quedado en unos 527.800.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ofrece en su web información sobre cuál ha sido la evolución de los efectivos de las comunidades por áreas de actividad. El trazado del Departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba justo el año pasado, cuando ya se produce una leve recuperación.

Retiran más de 640.000 kilos de naranjas bordes de los árboles de Murcia y sus pedanías


MURCIA.- La Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, a través del Servicio de Parques y Jardines, está finalizando la poda de los 12.800 naranjos bordes que hay plantados en barrios y pedanías de Murcia.

De esta forma, medio centenar de operarios han trabajado durante dos semanas para retirar las más de 640 toneladas de naranjas que había en los árboles.

El edil José Guillén ha recordado que esta poda busca conseguir que los árboles "fructifiquen de forma bien distribuida para evitar que sigan su tendencia a formar fruta en los exteriores y albergar en el interior un follaje muy denso que no deja pasar la luz". 

Además, se evitan accidentes o resbalones de las personas al caminar por las aceras por culpa de la caída de las naranjas.

Según los expertos, así se produce una mejora del árbol al eliminar el fruto y fomentar una mayor floración y desarrollo de los brotes del ejemplar.

Las naranjas son recogidas por empleados del Servicio de Parques y Jardines, que las envían directamente a la planta de residuos para su compostaje.

Independientemente de esta poda, el Servicio de Parques y Jardines lleva a cabo numerosas revisiones y actuaciones a lo largo del año para eliminar cualquier problema que afecte al árbol y a su desarrollo.

Los sindicatos protestan contra los conciertos de Bachillerato y FP en la Región

MURCIA.-La Junta de Personal Docente no Universitario, en la que se encuentran los sindicatos ANPE, CCOO, UGT, SIDI, Sterm y CSI-F, llaman al profesorado a movilizarse el miércoles 22 de marzo, en la plaza cardenal Belluga, ante la nueva orden de la Consejería de Educación de universalizar los conciertos en la etapa de Bachillerato y FP en la enseñanza concertada, y anuncian una convocatoria de huelga para el día 28.

Su presidente, Diego Fernández Pascual, ha explicado que "esto supone dinero en cantidad para la enseñanza privada, que saldrá de los fondos destinados a la enseñanza pública, que perderá unidades y profesorado".
Tras lo que ha denunciado la "falacia" del argumento de la Consejería, que habla de dar "estabilidad" a los docentes de la concertada, "pero es algo que se desmonta leyendo la propia orden, cuando te dice que en esos niveles las empresas van a poder decidir si sustituir las unidades de Bachillerato por ciclos de FP o viceversa".
"La propia norma va a permitir que los centros puedan modificar el convenio y modalidades y esto lleva a mayor inestabilidad", con lo que al profesorado de la concertada "se le va a meter ahora en una cierta situación de precariedad, de no saber, por ejemplo, si seguirá habiendo horarios de Historia del Arte en Bachillerato o se pase a poner una FP de informática o de automoción".
De tal forma, ha subrayado Fernández Pascual, "no es verdad que la Consejería busque con ello la estabilidad del profesorado de la privada, sino que además meten a ese profesorado en una situación de inseguridad sobre su continuidad laboral".
La convocatoria de huelga, que atiende desde Infantil hasta Bachillerato, comenzará a las 11.00 horas el martes 28 de marzo, a fin de que el profesorado interrumpa su jornada y acuda a la manifestación, prevista para las 12.30 horas.
Desde la Consejería de Educación, la consejera María Isabel Sánchez-Mora, ha reiterado que no se plantean revisar la decisión "porque es una acuerdo al que se llegó en la Mesa de la Concertada donde están presentes, además de las patronales, los sindicatos CSI-F, UGT y CCOO y ese acuerdo sigue adelante".
Tras lo que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los profesores de la enseñanza pública, "no se va a perder ninguna plaza", así como insistir en que "lo único que se pretende es dar estabilidad económica y laboral a los 5.000 profesores que dan clase en la enseñanza concertada".
Desde luego, ha concluido la consejera del ramo, "mantenemos el criterio de que los padres tienen que poder elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos en un estado de derecho". Tras lo que ha aclarado que no han recibido ninguna solicitud ni para Bachillerato ni para FP.
Al respecto, el director general de Planificación Educativa, Enrique Ujaldón ha subrayado, en la presentación de las nuevas medidas que se impulsarán dentro de la iniciativa '+Idiomas', la importancia de que los centros de Secundaria puedan ofertar FP básica "con mayor seriedad", porque "ésta es el modo más eficaz para que los alumnos que han quedado descolgados no abandonen el sistema, tengan éxito y prosigan sus estudios".

LA CROEM también aplaude al imputado PAS tras su anuncio de supresión del Impuesto de Sucesiones

MURCIA.- La Croem también aplaudió hoy el anuncio de la supresión en la Región de Murcia del tranferido Impuesto de Sucesiones y Donaciones para 2018 realizado por el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el marco del XVI Congreso regional del PP, donde fué aclamado como líder pese a su imputación por varios presuntos delitos.

La patronal territorial, a través de su presidente, ha venido demandando desde el inicio de la legislatura la supresión de este impuesto, que siempre considera "injusto y gravoso" para la economía regional (?).
De hecho, en recientes encuentros con el presidente de la Comunidad, José María Albarracín tuvo siempre en su agenda esta petición, de manera que se adelantase la supresión del tributo antes de la finalización de la legislatura.
Este anuncio supone, por tanto, "un avance significativo en la supresión de cargas fiscales que soportan las empresas y las familias, con el acicate que ello supone para la recuperación económica", dice la Croem en un comunicado.
La fiscalidad, que grava la actividad económica, "es uno de los frentes en los que con más ahínco trabaja Croem junto con la simplificación administrativa y la liberalización económica. Por esos factores pasa la recuperación de la economía regional y, por tanto, la creación de riqueza y empleo", piensa la patronal territorial murciana en plena crisis fiscal y el déficit galopante de la Comunidad Autónoma.

Las empresarias aseguran que la brecha salarial en la Región es mayor en servicios y agricultura

CARTAGENA.- La presidenta de la Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región, Manuela Marín, aseguró hoy en la Asamblea Regional que la brecha salarial afecta en la Región más al sector servicios y al de la agricultura, aunque apuntó tras su comparecencia en la Comisión especial contra la Discriminación y la Violencia de Género que la Región se sitúa "por debajo" de la media nacional en este sentido.

Entre las propuestas que planteó para disminuir la desigualdad destaca la implementación de planes de Igualdad en las empresas, en especial en las pymes, incorporar planes de Responsabilidad Social Corporativa en las compañías, así como ofrecer formación a las mujeres para que puedan ascender profesionalmente, legislar en medidas de conciliación efectivas que no afecten ni a empresa ni trabajadores y "trabajar" en la implantación del horario europeo en las empresas para facilitar la conciliación laboral y familiar.
Aparte de eso Marín propuso que se ayude a las empresas a crear escuelas infantiles en sus instalaciones. "Ahora se perjudica fiscalmente a la empresa, cuando debería ser una prioridad ayudar a que el empresario abra este tipo de instalaciones", comentó.
La presidenta de OMEP también mostró su deseo a que los permisos de paternidad no obliguen al trabajador a cogerse la baja. "Mejoran la conciliación, pero creo en la libertad de las personas. No hay que obligar a los dos a que se los cojan", manifestó.
En cuanto a los grupos parlamentarios, la diputada de Podemos Mari Ángeles García expuso que los planes de igualdad no son obligatorios para las pequeñas empresas y que en las grandes "tampoco hay un seguimiento de su cumplimiento". Ella también hizo referencia al dato de que el 34% de las mujeres son empresarias considerando que lo hacen "por necesidad".
El socialista Emilio Ivars vio necesario que se ponga en marcha el distintitvo de igualdad en las empresas para identificar a aquellas compañías que sí luchan por una igualdad real. Echó en falta el Observatorio por la Igualdad para trabajar contra la discriminación e igualdad y considera que el permiso de paternidad "es fundamental para la batalla contra la desigualdad".
Desde el PP, Isabel María Soler, destacó la tasa de emprendimiento femenino, que se sitúa en la Región 7 puntos por encima de la media nacional, aunque también manifestó que la ley de Igualdad de la Región "necesita actualizarse".
Por último, el diputado de Ciudadanos Miguel Ángel López Morell considera que los estudios sobre la realidad de las mujeres en la Región y el Observatorio de la Igualdad "son necesarios" para incidir en la solución de los problemas.
Además, manifestó que le gustaría que la Administración tuviera en cuenta a las empresas que cumplen en el ámbito de la igualdad. "Hay que ayudar a la maternidad de las mujeres para que no tengan que renunciar a ella para fomentar su carrera profesional", añadió.

C's denuncia en la Asamblea la "parálisis" de las obras de drenaje de cultivos que vierten al Mar Menor


CARTAGENA.- El diputado de Ciudadanos Miguel Ángel López-Morell denunció este lunes la "parálisis" en las obras de drenaje de las aguas procedentes de los cultivos ribereños del mar Menor, culpando a la Comunidad Autónoma y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de que estas obras no estén en marcha.

En un comunicado, Ciudadanos anunció que ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que preguntó a la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, por el estado en que se encuentran las obras de la red de drenaje de las ramblas de la cuenca del Mar Menor, provenientes de los cultivos y las desaladoras.
López-Morell lamentó que estas obras estén detenidas por la falta de coordinación entre la Consejería y la CHS, puesto que son "fundamentales" para la recuperación de la laguna.
Tras una visita a varias localidades ribereñas, en las que comprobó el "mal estado" de las playas por la "descoordinación" de las administraciones, el diputado de la formación naranja catalogó estas obras como "tardías, cosméticas" e ineficaces para resolver los "problemas reales" de esta zona.
López-Morell incidió en la situación de Los Alcázares, el municipio más afectado tras el temporal del pasado mes de diciembre, al que no han llegado, según alertó, las ayudas "especiales" que habían prometido la Comunidad Autónoma y el Gobierno nacional.
"La gestión de los trámites está siendo muy lenta y lo único que ha hecho la Administración en estos tres meses ha sido una limpieza de calles y la recuperación parcial de arena en las playas principales", apostilló el parlamentario.

La Audiencia Provincial archiva la causa contra Marcos Ortuño por 'Boltusa'


MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha archivado la causa contra el diputado regional del PP y alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, que fue denunciado por la tramitación administrativa de la concesión del Club Naútico de Mazarrón en 2005 a la empresa Boltusa, cuando era director general de Puertos.

La Audiencia Provincial ratifica lo que dictaminó el Juzgado de Instrucción nº de 3 de Murcia en mayo de 2016, cuando decretó el sobreseimiento provisional.
En ese momento, se dejó claro que la orden de autorización para la cesión del Club Náutico de Mazarrón estuvo basada "en el informe-propuesta asumido por dos funcionarios altamente cualificados", lo que respalda que la decisión de Ortuño se apoyó en los documentos de los técnicos de la Comunidad Autónoma.
El auto indica que "no se advierte en los actos cuestionados la indiciaria concurrencia de elementos prevaricadores" y recuerda a los denunciantes, cuyo abogado es Diego de Ramón, que "no corresponde al Derecho Penal el control de la legalidad de los actos administrativos", y que "ni siquiera la mera ilegalidad de un acto administrativo es suficiente a los fines de integrar el delito de prevaricación".
El auto de archivo definitivo reitera que los actos denunciados "se dictan al amparo de una previsión reglamentaria, por autoridad competente sin que consten informes previos que pongan objeción, tacha o reparo alguno a la autorización de la cesión y los pliegos de cláusulas para la explotación contenían previsión expresa sobre legislación complementaria".

La consejera Sánchez-Mora reitera que "no habrá oposiciones a maestro en la Región este año"

MURCIA.- La Región de Murcia no convocará oposiciones de maestro este año a pesar del anuncio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que quiere dar cobertura jurídica en las próximas semanas a la oferta de empleo público docente mediante un decreto ley; de todas formas, "tampoco daría tiempo de cara al verano".

Así lo reiteró este lunes la consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, y el director general de Planificación Educativa, Enrique Ujaldón, quienes explicaron que de ocurrir, la tasa de reposición se pondría mantener del 100% este año, "aunque el Ministerio de Hacienda todavía no ha aprobado el decreto ley ni está tomada totalmente la decisión".
Además, el decreto ley debería ser refrendado por el Parlamento, y visto lo que ha pasado con el Decreto Ley de Estibadores, no hay ninguna garantía de que se apruebe, añadió el director general de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón.
En el caso de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE), esa tasa de reposición se quitaría. En la Región de Murcia, explicó, "lo que haríamos sería, seguramente, aprobar la oferta de empleo público de este año y reservarla para años sucesivos".
"Así lo hemos hecho siempre y seguiremos haciendo", manifestó a preguntas de los medios acompañada del director general de Planificación Educativa, "y es que el Gobierno regional de Pedro Antonio Sánchez tiene como objetivo fundamental hacer la máxima oferta pública de empleo".
"Es lo que estamos haciendo desde el principio; el año pasado fueron casi 500 plazas y este año la tasa de reposición eran otras 400, con el compromiso de sacar más plazas si se quitaba la tasa de reposición", por tanto, "seguiremos en esa línea".
Es decir, detalló Sánchez-Mora, "sacaríamos la oferta de empleo público que pudiéramos sacar y esas plazas las reservaríamos para sucesivas convocatorias".
El presidente tiene el "empeño" de bajar esa tasa de interinidad "aunque ya es una de las más bajas de España", acentuó la consejera de Educación.
En este sentido, el director general de Planificación Educativa explicó que el objetivo es "coordinarnos con el resto de comunidades autónomas; hablaremos en su momento e intentaremos ponernos todas de acuerdo".

El Consejo Jurídico Consultivo de la Región se declara desbordado por las consultas ante el imputado PAS


MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió en 2016 un total de 401 dictámenes y acuerdos, una cifra que se mantiene estable con respecto al año pasado, si bien aumentaron de forma notable las solicitudes de dictámenes facultativos, es decir, los que no son obligatorios.

Así lo indicaba este lunes el presidente del Consejo, Antonio Gómez Fayrén, durante la presentación de la Memoria de 2016 de esa institución con la presencia del imputado Pedro Antonio Sánchez, a quien se dió la palabra en el acto.
Según explicó Gómez Fayrén a los periodistas, se recibieron el año pasado 372 expedientes con solicitudes de dictamen, y fueron emitidos 384 dictámenes y otros 17 acuerdos, cifras similares al año pasado.
Gómez Fayrén apuntó que el Consejo tuvo una carga de trabajo mayor debido a que una de sus miembros se jubiló a mitad del año, lo que demuestra que se está dando salida cada vez a más dictámenes y se responde más rápido a las solicitudes.
La prioridad del Consejo, dijo, es resolver los asuntos relacionados con la "producción normativa regional" para que no haya ningún retraso en la aplicación de normativas importantes a causa de "dilaciones indebidas" de la institución.
Además, destacó que en los últimos años aumentaron las peticiones de dictámenes facultativos (no obligatorios) que solicitan tanto la comunidad autónoma como los ayuntamientos, lo que demuestra la buena percepción que instituciones y ciudadanos tienen de este organismo.
En total, se emitieron 8 dictámenes facultativos y 376 preceptivos, de los que la mayoría, 287, fueron reclamaciones formuladas ante la administración regional en concepto de responsabilidad patrimonial.
Otros 37 dictámenes estuvieron relacionados con la elaboración de leyes; 24, con revisiones de oficio de actos administrativos, 9 consultas preceptivas de ayuntamientos, 7 reconocimientos de gastos y obligaciones, 7 interpretaciones de contratos administrativos, 3 modificaciones de contratos, una propuesta de resolución de la Intervención General y un anteproyecto de ley.
Gómez Fayren mostró su satisfacción porque en casi la totalidad de los casos, las normas se aprueban de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo, lo que demuestra que la administración "es escrupulosa a la hora de elaborar las normativas siguiendo las pautas" que da esa institución.
El presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, reconoció la labor de este organismo que, dijo, en los últimos cinco o seis años ha duplicado el número de asuntos dictaminados, lo que demuestra que "es una institución útil y que tiene la confianza" del resto de la administración.
La crisis, lamentó, puso en cuestión su continuidad, pero finalmente se mantuvo y quedó patente que hace un "trabajo útil al servicio de la región, con un criterio riguroso y cumpliendo fielmente el mandato de la ley".

La crisis deja en la Región una tasa de pobreza del 38%

CARTAGENA.- La crisis dejó una tasa de pobreza en la Región del 38%, según aseguró hoy en la Asamblea Regional la presidenta del Colegio de Trabajo Social, Mari Carmen Penín.

Penín compareció esta mañana en la Comisión sobre Pobreza y Exclusión Social para exponer las preocupaciones del colegio, entre las que se encuentra el desarrollo de la Renta Básica de Inserción. 
En este sentido, reclamó "celeridad" al Gobierno regional para desarrollar el reglamento.
La presidenta del colegio aludió a la demora de este reglamento, que según dijo, ya atesora una década. Los motivos, esgrimió, son que no se utilizó el borrador anterior y hubo que empezar de cero. 
"El trámite burocrático es largo", añadió reiterando que en el Colegio apuestan por "invertir en las personas".

El juez deja en libertad a Miguel López, yerno de la viuda del expresidente de la CAM, por falta de pruebas


ALICANTE.- El abogado de Miguel López, todavía en prisión desde el pasado 10 de febrero como presunto autor del asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, ha confirmado que había depositado la fianza de 150.000 euros fijada por el juez titular del nº 7, José Luis de la Fuente, para que su cliente pueda hoy mismo  salir de la cárcel y dormir ya en su casa de Vistahermosa. López ha estado los últimos 40 días en un módulo de respeto.

El letrado murciano José Antonio García Sánchez, ha hecho estas declaraciones a varios periodistas en los juzgados de Benalúa, donde ha depositado la fianza.
"(Miguel López) no lo sabe todavía, la fianza ya está depositada y saldrá (de la cárcel) lo que tarde la burocracia", ha dicho el abogado, quien ha mantenido la inocencia de su defendido.
"Voy a verlo ahora y saldrá a lo largo del día de hoy", ha indicado el letrado, antes de trasladarse hasta el centro penitenciario de Fontcalent, en Alicante, donde ha llegado sobre las 12.10 horas para realizar los trámites para la excarcelación de Miguel López.
El letrado ha asegurado a los periodistas que la excarcelación de su cliente “abre una gran posibilidad de defensa” y ha añadido que va a trabajar a partir de ahora para “demostrar su inocencia”.
“Miguel estará hoy en la calle, que es donde debería estar”, ha precisado García Sánchez, tras advertir de que López iba a ir directamente a su casa y no iba hoy a hacer declaraciones públicas.
Según el abogado, el sospechoso había recibido este mediodía la noticia de su libertad con “los nervios y las emociones a flor de piel”.
El juez ha decretado libertad bajo fianza de 150.000 euros para Miguel López, según un auto facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
El magistrado ha ordenado también la retirada de su pasaporte y la prohibición de que abandone el país, al tiempo que establece que debe presentarse en los juzgados una vez a la semana para firmar, como medidas cautelares añadidas.
Se le impone una orden de alejamiento que le impide acercarse a Novocar, el concesionario de automóviles donde se desarrollaron los hechos. El magistrado De la Fuente pretende impedir que López pueda intentar presionar a los trabajadores de la empresa, que son testigos en esta causa, para que modifiquen sus declaraciones en el futuro juicio con jurado que tiene que celebrarse en la Audiencia de Alicante.

El juez mantiene, por otra parte, que persisten los indicios criminales contra el sospechoso, a diferencia de lo manifestado por la defensa, aunque le impone la fianza y demás medidas cautelares por un "criterio de proporcionalidad".
El auto añade que Miguel López tenía experiencia en el manejo de armas e incurrió en varias "lagunas y contradicciones respecto a sus movimientos posteriores al asesinato".
"El avance en la instrucción, si no ha visto desvirtuar los indicios ya referidos en el inicial auto de prisión, tampoco ha aportado apenas nuevos elementos que sustenten adicionalmente la acusación, más allá de las declaraciones de la BPSC (Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana)", señala De la Fuente en su resolución.
El pasado viernes la acusación particular que ejerce el hijo de María del Carmen, Vicente Sala Martínez, defendió que su cuñado debía seguir en prisión provisional, la misma posición que mantiene la Fiscalía.
El pasado viernes terminó el plazo para presentar los escritos de alegaciones a la petición de la defensa de López, único detenido en el caso, para que su cliente fuera puesto en libertad. El letrado defensor desistió de la vista prevista para abordar la prisión provisional de López en la Audiencia Provincial el pasado miércoles y volvió a presentar la petición al instructor por los datos que se han aportado en las testificales y en las diligencias realizadas durante estas semanas.

El periodista José Ángel Cerón, nuevo 'dircom' de Grupo Fuertes

ALHAMA DE MURCIA.- El holding Grupo Fuertes ha incorporado al periodista alhameño José Ángel Cerón García como nuevo responsable del área de Comunicación y Relaciones Externas para potenciar su imagen de marca y acercarse más y mejor a sus principales grupos de interés: clientes y consumidores, empleados, instituciones, medios de comunicación, capital y accionistas.

José Ángel Cerón García realizó los estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del periódico regional La Opinión de Murcia durante tres años y medio, y con anterioridad ha ocupado distintas responsabilidades, desde su fundación en 1988. 


En 1991 fue nombrado delegado del periódico en Cartagena, cargo que desempeñó hasta que en 1995 se incorporó a la Redacción en Murcia con el fin de acometer la tarea de redactor jefe. Con posterioridad fue subdirector y director adjunto.

Tiene pues una dilatada trayectoria profesional, y ha colaborado con distintos medios de comunicación durante 28 años.

Con esta contratación, Grupo Fuertes refuerza un área estratégica en el desarrollo y evolución del grupo empresarial como son la Comunicación y las Relaciones Externas.

Grupo Fuertes es un holding empresarial que agrupa a una veintena de empresas organizadas estratégicamente en dos grandes áreas de negocio, el agroalimentario y el área de diversificación que da empleo directo a más de 6.500 personas.

Nueva fragata F-110: 'Navantia', pendiente de su primera orden de ejecución a finales de año


MADRID.- El proyecto de la nueva fragata F-110 prosigue su curso con nuevas revelaciones hechas públicas por las cuales a finales de año se podría firmar la primera orden de ejecución de las cinco unidades previstas para la Armada Española, según publica hoy el diario Abc.

Todo ello, claro está si el Ministerio de Defensa sigue adelante con los planes para reemplazar las fragatas de la clase Santa María por estas nuevas F-110 (algo que se da por asegurado). La entrega de la primera nueva fragata, la F-111, se produciría en el tercer trimestre de 2023. 
El calendario preliminar proseguiría de este modo: 2020-2024 para la F-112, 2021-2025 para la F-113, 2022-2026 para la F-114 y 2023-2027 para la F-115.
Hay que recordar que en 2015 el Consejo de Ministros aprobó una inversión total de 174 millones de euros con el objetivo de desarrollar los programas tecnológicos asociados al proyecto y la fase de definición del buque.
Para ello se constituyó Protec 110, la Unión Temporal de Empresas formada por el astillero Navantia (100% de la SEPI) y la tecnológica Indra (20,14% participada por la SEPI). La empresa Sener también participa, en solitario, en uno de los doce programas tecnológicos, tal y como se observa en esta información proporcionada por Navantia.
Una de las principales novedades tecnológicas de la serie de fragatas F-110 será su mástil integrado. Tendrá una dotación de 150 marinos y una eslora de 145 metros con una manga de 18,5 m. El contrato podría estar valorado en 4.000 millones.
Para Navantia el programa podría suponer empleo para 7.000 personas, de las cuales 1.300 serían trabajadores del propio astillero, otros 2.100 de industrias auxiliares y otros 3.600 de empleos relacionados.
Navantia ya muestra maquetas de la futura fragata F-110 en eventos de defensa y exposiciones navales como Homsec (la semana pasada en Madrid) o Idex (Abu Dabi en febrero).

Fallece el empresario Miguel Vivancos, fundador de 'Mivisa' y uno de los murcianos más ricos de España

MURCIA.- El que fuera fundador y dueño de la empresa de envases metálicos Mivisa, Miguel Vivancos Martínez, falleció ayer en Murcia a los 84 años y su sepelio tuvo lugar a mediodía de hoy en el Tanatorio de Jesús, según fuentes familiares. Era padre político, entre otros, del abogado Pedro Manresa Durán y del catedrático de la UMU y ex vicepresidente de la CAM, Javier Guillamón Álvarez.

Hasta hace relativamente poco tiempo, Miguel Vivancos mantenía cierta actividad personal de negocios inmobiliarios y no era difícil verlo por las calles de Murcia siempre acompañado de un escolta por precaución ante un eventual secuestro, según fuentes próximas al ahora fallecido.
Porque en 2014 se encontraba Miguel Vivancos entre las grandes fortunas de España, con entre 300 y 350 millones de euros, según la lista Forbes, que refleja que los más ricos del país habían elevado su fortuna el 9,2% en un año.
Hijo del ex director regional del Banco Central en Murcia, en 1972 Miguel Vivancos Martínez y su hermano Carlos fundaron en Murcia la empresa Vivancos nombre que más tarde cambiaría a Mivisa. Familiarmente también estaba relacionado con el legendario 'Horno de la Fuensanta' por parte de su madre y con la confitería 'Carlos'.
El crecimiento le permitió a la empresa Mivisa instalar fábricas en Aldeanueva de Ebro, La Rioja en 1989 , Extremadura en 1993, en Murcia una segunda en 1995, en Galicia en 1997 y finalmente en Asturias en 2002.
Por pura decisión personal, Miguel Vivancos se decide a vender la empresa en 2001 a las sociedades de capital riesgo PAI Partners y Suala Capital, entonces presidida por Ana Patricia Botín, por 213 millones de euros.
Durante 2004 la empresa es adquirida por CVC Capital Partners por 527,5 millones de euros la cual posteriormente la vende en 900 millones de euros a Blackstone y N+1-Mercapital en 2011 .
En octubre de 2013, Crown Holdings anunció el rescate de la empresa de envasado español Mivisa Envases al comprarla a Blackstone por 1.200 millones de dólares.
Mivisa (acrónimo de Miguel Vivancos, S. A.) es todavía hoy un fabricante de envases metálicos destinados para su uso en la industria alimentaria conservera.





ha fallecido, a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad.

D. E. P. 
 
Su esposa, María Isabel Muñoz Gómez-Guillamón; hijos, Teresa, Isidro, Isabel, Miguel y Fátima; hijos políticos, Javier, Pedro y Francisco; nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma.

Y agradecerán asistan a la misa de corpore insepulto hoy lunes, a las ONCE Y MEDIA, en la capilla del Tanatorio de Jesús de esta capital, y seguidamente su conducción al cementerio de Nuestro Padre Jesús. 
 
Murcia, 20 de marzo de 2017.

Tanatorio de Jesús. Sala 8

El nuevo colapso judicial que viene / Melchor Miralles *

La Hacienda Pública es hace tiempo, y más desde el aterrizaje de Montoro como el hombre del dinero del presidente Rajoy, uno de los problemas más serios que padecemos los españoles. Los impuestos, directos e indirectos, son confiscatorios, no tratan igual a todos los ciudadanos, benefician a los que más tienen, se ceban con las clases medias hasta tenernos como nos tienen y generan, indirectamente, otros problemas. 

Y no es solo Montoro, es que el ministro ha creado escuela y muchos Ayuntamientos siguen su estela. El último ejemplo se va a producir con el impuesto de plusvalías, que la mayoría de los municipios insisten en cobrar, aunque el Tribunal Constitucional se lo ha cargado en una sentencia que afecta a Irún, pero que debiera disuadir a todos los alcaldes de seguir cobrándolo. Pero no.

El impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que es como se denomina a la plusvalía municipal, se va a convertir para la Administración en lo que han sido las cláusulas suelo para la banca, o sea, en un rio de denuncias que culminarán con miles de derrotas tardías en los tribunales para terminar desembolsando cantidades millonarias en devoluciones con intereses. 

El Tribunal Constitucional ha sido tajante, y “en ningún caso el legislador podrá establecer un tributo tomando en consideración actos que no sean exponentes de riqueza”. O sea, que los Ayuntamientos no pueden cobrar sin incurrir en ilegalidad a quienes venden sus pisos por menos dinero que el desembolsado al adquirirlo. De cajón. 

Pero ahí están los municipios, de todos los colores políticos, saltándose a la torera la sentencia y cobrando. Y les importa una higa, cobran ilegalmente, se gastan la tela a lo suyo, el ciudadano reclama y gana tres o cuatro años después. Entonces, han de devolverle el dinero más los intereses, pero los ediles ya no están, han llegado otros, y pagan lo que deben, un dinero que nunca debieron cobrar. Un dislate al que nadie pone fin, ante el que el Gobierno y el Constitucional hacen oídos sordos. Y los ciudadanos, jodidos, pero claro, eso es lo de menos para ellos.

El Ministerio de Hacienda, leo en varios medios, está “estudiando la situación”, el Ayuntamiento de Madrid “cuantificando el impacto” y agentes del mercado inmobiliario dicen que “es cuestión de tiempo que se resuelvan en el mismo sentido las numerosas cuestiones planteadas por otros juzgados relativas a la legislación de ámbito estatal”. Se calcula que son más de 500.000 los ciudadanos afectados por esta tropelía. En los últimos cuatro años los Ayuntamientos han recaudado ilegalmente, y a sabiendas de que estaban vulnerando la ley en muchísimos casos, 8.000 millones de euros mediante este impuesto.

 Como la crisis ha afectado también al mercado inmobiliario, son muchas las operaciones de venta que se han cerrado con pérdida para el vendedor, lo cual anticipa un rio de reclamaciones que se van a ganar. La pregunta es, ¿por qué los Ayuntamientos han insistido en cobrar impuesto de plusvalía si no había plusvalía? ¿No estamos ante un delito masivo de prevaricación? ¿No va a ordenar el Gobierno que la Fiscalía actúe de oficio ante la gravedad del asunto? 

Los especialistas estiman que la reclamación media será de 5.000 euros más intereses, y tras la reclamación administrativa, que siempre es negativa, se inician los trámites contenciosos. Total, que hasta 2018 o 2019 los ciudadanos afectados no recuperarán su dinero. Y ahí llega el siguiente problema, que es el más que previsible embudo en los Juzgados. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Justicia? ¿Va a habilitar como ha hecho con las cláusulas suelo un mecanismo extrajudicial y juzgados especializados para poder hacer frente a la avalancha?

La respuesta inevitable es que sería mejor para todos, menos costoso y más razonable que de modo inmediato los Ayuntamientos dejaran de cobrar ese impuesto. Que todos los partidos políticos sin exclusión se pongan por una vez de parte de los ciudadanos españoles y les eviten a tantos el calvario que les espera. En su mano esta, porque ellos gobiernan los municipios. Pero claro, quizá sea mucho pedir. Demasiado.


(*) Periodista


Sin entender las leyes / José Molina Molina *

Sin entender las leyes no puede haber respeto a la ciudadanía y representa un insulto a la integridad pública, porque se destruyen los valores y principios del sistema democrático. Es la observancia a todas las normas (art. 9 de la CE), lo que legitima el funcionamiento del sistema y a los cargos públicos en el desempeño de sus funciones. Su permanencia en el cargo está sometida a una doble condición, primero a las formas de su elección o designación, y seguidamente, a la observancia y el cumplimiento de las normas, pero no se puede cumplir lo que no se entiende.

Olvidarlo es iniciar un divorcio entre los principios y los valores que han sido prometidos o jurados. Por eso nunca, el interés personal o partidista de los que están en el desempeño de un cargo público puede hacer torcidas interpretaciones en los conflictos con estos principios.

Cuando el cargo público se vea incurso en un proceso penal, debe salir de la esfera pública, para defender con libertad su presunción de inocencia, porque desde ese momento en donde se inicia el proceso de su investigación (imputación), se articula su defensa, la que le permite interpretar, disfrazar, encubrir, y hasta mentir, negando lo evidente, cosa que no ocurre con un testigo en el proceso. La defensa del investigado es lo esencial, y buscar todo tipo de apoyos para salir absuelto, constituye una estrategia de todo procesado. Defiende "su verdad" y es el tribunal el que con las pruebas pertinentes tiene que juzgar.

Los administradores de la res pública tienen un plus de deberes con respecto a la sociedad a la que sirven, aunque para ello deben ser conscientes de la existencia de normas de conducta éticas y normas tipificadas como ilícitos penales. Tan exigentes y de obligado cumplimiento son las primeras como las segundas. Por eso la infracción de una norma ética genera un reproche social, de diferente intensidad y ámbito que el penal pero que comporta la obligación de "entender" ese reproche social, sin necesidad de esperar al escrutinio penal de esa conducta que se dilucida en otros ámbitos y jurisdicción distinta de la social.

Obviada y olvidada esa jurisdicción social para la ética y ya dentro del ámbito penal, hemos visto como sin sonrojo, se llega a decir cosas tan disparatadas, como no saber, no acordarse, no me enteraba, desconocía, firmaba lo que me ponían, todo lo hacían los técnicos, la crisis económica es la culpable, o yo no me he lucrado, ni he metido la mano. Se ha llegado a reformular el Título XIX del Código Penal, en los delitos contra las Administraciones Públicas, llegando a afirmar por parte del ministro de Justicia que no es lo mismo "meter la mano que meter la pata". Por la defensa de un político, sus compañeros de partido, han sido capaces de arruinar los principios del derecho, tirando la ética al contenedor de la basura.

Para paliar tanta "ignorancia" impropia e incompatible en quien ejerce la administración de lo público, se hace necesario que el sistema democrático busque métodos de selección para que quienes deseen ser elegido acrediten de forma objetiva y ante comisiones independientes de control los conocimientos éticos y técnicos mínimos necesarios que evite el penoso e inmerecido espectáculo de "tanto ignorante e incompetente" al frente de los gobiernos. Es una acreditación gradual porque el que inicia su actividad como concejal y luego como alcalde, debe ir probando sus compromisos con la ética y el buen gobierno.

Desde los códigos de ética, y desde algunas leyes de transparencia que los han recogido, como la ley de Transparencia de la Región de Murcia, en su artículo 54, recuerda que "en el momento que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".

No es posible compatibilizar la defensa personal del "investigado" en su proceso de imputación, con los principios de la ética y el buen gobierno de las instituciones, y así nos lo señalan todos los códigos de ética cuando nos recuerdan los valores y reglas de conducta para servir de guía en el desempeño de las funciones de los cargos públicos. Son los retos que se enfrentan los que ejercen por designación democrática el poder por la delegación de la confianza. Y no hay mayoría electoral que pueda perdonar a quien no lo cumple. Así nos lo recuerdan los muy diferentes textos aprobados en la UE y en otros países de democracias consolidadas.

Cuando no se entienden las normas ni las leyes que nos rigen, ¡tenemos un problema! Un sistema que no es capaz de cumplir y hacer cumplir las normas que democráticamente nos hemos dado, es un sistema abocado al fracaso, camina con rumbo peligroso hacia la destrucción de los valores que nos unen, lo que supone abrir la sala de espera del desorden y el caos. La democracia dañada es un virus que destruye y que desintegra a las sociedades hasta que se enfrentan con su propio fracaso, así por lo menos nos lo describe Acemoglu y Robinson, cuando nos explica "porque fracasan los países" y que yo lo ampliaría, a porque fracasan las regiones, los municipios, las empresas y hasta las familias". Y es el resultado de haber despreciado principios y valores, por eso parafraseando aquella frase ya famosa tenemos que decir bien alto: ¡Es la ética, estúpidos! 


(*) Doctor en Economía y Sociólogo. Miembro de Economistas Frente a la Crisis y de Transparencia Internacional y Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.