miércoles, 19 de julio de 2017

Podemos exige a Salud Pública un estudio epidemiológico para las poblaciones de la Sierra Minera

CARTAGENA.- Los diputados regionales de Podemos, M. Ángeles García Navarro y Andrés Pedreño han visitado el Colegio San Ginés de la Jara en la diputación del Llano del Beal, en Cartagena , donde han mantenido una reunión con integrantes del AMPA del centro y de la AAVV del Llano del Beal, a la cual también han asistido los técnicos responsables de la Consejería de Educación, la Consejería de Medioambiente, así como con personal técnico del Ayuntamiento de Cartagena y los responsables de la dirección del centro escolar; con el fin de conocer el estado del centro que se encuentra en una zona susceptible de contaminación por residuos mineros.

Durante la visita, los diputados de Podemos han comprobado como en este Colegio, se han tenido que tomar medidas para evitar que los niños puedan estar en contacto con agentes contaminantes, un ejemplo es la clausura de las pistas deportivas, dado a que estas se encuentran en una zona de sedimentación de la sierra minera, por lo que este suelo contiene altos índices de plomo y zinc y cadmio.
Así el diputado Regional, Andrés Pedreño pedido al Ayuntamiento de Cartagena que se tomen medidas cautelares de urgencia, para "la protección de los niños de la zona ante la exposición a materiales contaminantes, máxime cuando se trata del colegio"
Y ha exigido ha exigido a las Consejerías de Sanidad y a la de Industria que "lleven a cabo las decisiones adoptadas de forma unánime en la Asamblea Regional, y de una vez por todas realicen por un lado el sellado de las balsas de residuos contaminantes y tóxicos procedentes de la minería en las poblaciones de la Sierra Minera de Cartagena, Portman y La Unión, así como la realización de un estudio epidemiológico de la zona, ya que de no hacerlo, asegura el diputado de Podemos "ambas Consejerías estarán siendo cómplices de los posibles daños para la salud pública a causa de su inacción política".

'Ahora Murcia' vota en contra de unos presupuestos "continuistas y sin coraje político"

MURCIA.- Ahora Murcia ha votado en contra de los presupuestos 2017 del Ayuntamiento de Murcia, al considerarlos "continuistas, sin coraje político y sin innovación". La portavoz del grupo municipal, Alicia Morales, ha denunciado que "son los mismos presupuestos desde hace años, con el mismo fallido modelo de ciudad que se va repitiendo desde la época de Cámara, gastando cada año lo mismo sin que se vean mejoras en los servicios ofrecidos a la ciudadanía". La concejala ha lamentado que el PP "continúe sin hacer un diagnóstico de lo que el municipio necesita, ni una relación de prioridades, ni una planificación del gasto".

Morales ha achacado a Ballesta que "dos años y dos presupuestos después el municipio sigue en la casilla de salida", mientras que al PSOE le ha sugerido que reflexione sobre "qué fue de su 'presupuesto alternativo' aprobado en 2016, ése que movería un milímetro el barco del Ayuntamiento: solo ha habido estancamiento, más de lo mismo".
La edil ha recordado al PP que "Murcia sigue siendo uno de los municipios con mayor tasa de población en riesgo de pobreza, un tercio del total, pese a lo cual siguen dedicando poco más del 6% del presupuesto a servicios sociales". Para Morales, "es cuestión de voluntad política hacer unos presupuestos más sociales, que aumenten las partidas en gasto social, en juventud, en cooperación y en empleo".
La portavoz de Ahora Murcia ha lamentado que en lugar de apostar por los servicios sociales "Ballesta y su equipo siguen apostando por el gasto en ladrillo y en proyectos faraónicos; el mismo modelo de ciudad que el PP ha puesto en práctica en nuestro municipio durante años, y que se ha mostrado fracasado".
De igual forma, Morales ha asegurado que "el PP habla continuamente de recuperar Murcia, su patrimonio y nuestras raíces, y nos hablan de Plan de la Huerta, pero a lo que se dedican es a aprobar año tras año las mismas partidas de inversiones que luego no ejecutan, en un juego de ilusionismo que no es más que un engaño para los murcianos y murcianas".
La concejala también se ha referido al "modelo obsoleto de las externalizaciones por el que continúa apostando sin desmayo el PP Y que trae infinidad de problemas, alimenta la precariedad laboral y dificulta la prestación de un servicio de calidad". Morales ha abundado en este punto al recordar "que muchas de estas subcontratas están siendo inspeccionadas" y que "han llegado y llegarán sanciones".
"No estamos ante una Murcia igual para todos", ha afirmado, "ya que en estos presupuestos los ingresos que aportamos todos los ciudadanos no se distribuyen de forma equitativa por todo el municipio: los habitantes de pedanías y barrios del Sur pagan lo mismo pero no tienen los mismos servicios".
Morales ha criticado al PSOE su apoyo a estos presupuestos del PP, "que vuelven a ser, como el año pasado, unos presupuestos PPSOE". La concejala ha lamentado "que éste no sea el PSOE del 'no es no', sino el de las Susanas. Una pena que este PSOE del municipio de Murcia no sea el PSOE que los progresistas esperábamos".
En este sentido, ha denunciado al PSOE que "sigan adelante con su sometimiento al PP, dándole carta blanca hasta el final del mandato; un mandato perdido para transformar de verdad nuestro municipio y hacer políticas públicas en las que se pusieran por delante de otros intereses las necesidades reales de los ciudadanos".
La concejala ha asegurado que ante una situación así "no caben enmiendas parciales, por muchas que sean. Por eso nuestro voto en contra es una enmienda a la totalidad de unos presupuestos que consideramos insolidarios y perpetuadores de un modelo de municipio que se ha demostrado fallido".

La Cámara de Comercio augura una revisión al alza de la previsión de crecimiento

MURCIA.- La Cámara de Comercio de Murcia considera que el avance de la economía murciana en los primeros meses del año permite mejorar las previsiones para el conjunto del año. Así lo recoge en el boletín de coyuntura económica que elabora el organismo.

Durante el primer trimestre, se estima un crecimiento del 3,1% interanual, una décima superior a la media nacional. Este dato permitiría una revisión al alza del crecimiento estimado para la economía regional para el conjunto del año hasta un máximo del 3,4%. 
«En el crecimiento económico regional hay que destacar la contribución de las mejoras competitivas acometidas por las empresas desde el inicio de la crisis, así como la continuidad de las favorables condiciones financieras que han permitido crear empleo a buen ritmo», remarcaron desde el organismo.
No obstante, la Cámara advierte de que siguen estando latentes riesgos externos derivados del alza en el precio del petróleo y del coste de la financiación.

El TSJ rechaza un recurso del Sindicato de Enfermería sobre las retribuciones del personal estatutario

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia no admitió, por defectos formales, el recurso que el Sindicato de Enfermería presentó contra la resolución del Servicio Murciano de Salud sobre retribuciones del personal estatutario.

La sentencia señaló que la desestimación se debe a que, según los estatutos del citado Sindicato, la facultad de instar el emprendimiento de acciones judiciales está atribuida al Comité Ejecutivo.
Y añadió que "no se acredita que la decisión de interponer el recurso se haya adoptado por el órgano competente, por lo que el recurso resulta inadmisible".
Este fue entablado contra la resolución de la Consejería de Sanidad que, a su vez, desestimó el recurso formulado contra la resolución del Servicio Murciano de Salud de abril de 2014 sobre retribuciones del personal estatutario del mismo.
Esta organización sindical reclamó que todas las enfermeras especialistas contaran con un nivel 22 de complemento de destino, no solo las matronas, y que no existiera la limitación de sustituciones que se recogía en uno de los apartados de la resolución.

Podemos y PSOE presentarán una proposición en la Asamblea para que el faro de Cabo de Palos no sea un hotel

CARTAGENA.- Podemos y PSRM anunciaron este miércoles, tras reunirse todos los grupos de la Asamblea Regional con la plataforma Salvemos el Faro de Cabo de Palos, que presentarán una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que anule la aprobada el pasado mes que abre la posibilidad de destinar esta instalación a uso hotelero.

La proposición no de ley aprobada por PP y Ciudadanos instaba al Gobierno central a poner en valor este faro para conseguir, apoyándose en la iniciativa privada, la implantación de usos turístico, residencial y/o científico, convirtiendo este edificio en un elemento de referencia dentro del litoral mediterráneo.
Sin embargo, el diputado en la Cámara Baja de Podemos Javier Sánchez Serna señaló que la iniciativa que propugna su formación pretende "cancelar" la proposición no de ley del PP, que busca un "nuevo pelotazo urbanístico" convirtiendo este faro en un "hotel para ricos".
Sánchez Serna destacó que esta instalación debe, en caso de abrirse parte de ella al público, destinarse a un museo, al tiempo que se debe garantizar que los fareros sigan viviendo en el edificio porque desde ahí se controlan todas las señales marítimas de la costa murciana.
Por su parte, el portavoz del PSRM, Rafael González Tovar, reseñó que Cabo de Palos, antes de una "privatización", tiene "mil opciones", entre las que detalló la posibilidad de abrir un centro de conservación, un centro de visitas o un museo.
Por su parte, Luis Fernández, de Ciudadanos, partido al que tanto Podemos como PSOE pidieron que reconsidere su voto favorable a la proposición no de ley del PP, declaró que están en contra de que el faro tenga un "uso especulativo" que favorezca a "alguien o a una entidad", sino que debe ser "compartido por todos los murcianos".
Finalmente, el diputado del PP Domingo Segado rechazó la acusación de la plataforma de que la proposición no de ley aprobada conlleve la privatización de la instalación, sino que busca "ampliar su acceso" para que se potencie su uso turístico.
Desde la plataforma recientemente constituida, su portavoz, Gloria Moya, aseguró que el primer objetivo de este colectivo es "impedir la privatización encubierta" que supondría otorgar una concesión a 30 ó 50 años para abrir un hotel en el faro.
Igualmente, añadió que el siguiente paso será lograr que se abra en parte del edificio un aula de la naturaleza o un centro de interpretación compatible con los técnicos de señales marítimas que viven allí, con información sobre la reserva marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas y el parque regional de Calblanque.

Las cuentas del Ayuntamiento de Murcia salen adelante con la abstención del PSOE

MURCIA.- El Pleno de la Corporación Municipal de Murcia aprobó este miércoles el proyecto de presupuestos de 2017 presentado por el concejal de Hacienda y Contratación, Eduardo Martínez-Oliva, y cuya cuantía asciende a 408.389.516 euros, lo que supone un incremento del 0,98% respecto al pasado año. 

La propuesta fue aprobada con los votos favorables del PP, la abstención del PSOE y del edil no adscrito Francisco Javier Trigueros, y el voto en contra de Ciudadanos, Cambiemos, Ahora Murcia y el concejal no adscrito Luis Bermejo.
Son los presupuestos que "cumplen el objetivo prioritario con el que han sido elaborados, que no es otro que responder a las principales demandas de los murcianos, contribuyendo a dar solución a muchos problemas", aseguró Martínez-Oliva, quien también destacó en su intervención que se trata de las cuentas "más inversionistas de la historia y persiguen un doble fin: reactivar la economía y continuar con el proceso de modernización y transformación de la ciudad".
Los presupuestos aprobados tiene por objeto impulsar las inversiones que permitan desarrollar Murcia-Rio y el Plan de acción de la Huerta y hacer realidad actuaciones, ya iniciadas, como la recuperación del conjunto de San Esteban y su entorno, Cárcel Vieja, Alfonso X, Ave soterrado o la senda verde Zeneta-Los Dolores. Igualmente, promoverá fondos necesarios para afianzar la recuperación económica mediante los programas de empleo, ayudas a emprendedores y dinamización turística y garantizar el impulso a las políticas sociales.
Por otra parte, uno de los rasgos que más definen a este proyecto es el incremento de la capacidad económica de los barrios y pedanías, tanto para gestión directa como indirecta, que en estos presupuestos asciende a 71,9 M€ lo que representa un 29,17% de los recursos disponibles del Ayuntamiento.
De ellos, 17,6 millones serán de gestión directa o indirecta de las Juntas Municipales; 13 millones de gastos corrientes para mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, colegios, centros municipales; 25,2 millones de inversiones previstas por los diferentes concejalías; y 15,9 millones de financiación extrapresupuestaria, a cargo de remanente de tesorería para ejecutar obras en pedanías.
Esta última partida forma parte del acuerdo alcanzado por los grupos Popular y Socialista, que también permitirá la puesta en marcha una nueva Oficina Única de Pedanías y Barrios que se encargará de facilitar el trabajo diario de las juntas municipales y de los presidentes de las mismas.
De estos casi 15,9 millones, 2 millones permitirán incrementar las inversiones previstas en los presupuestos por las propias pedanías, mientras que los 14 millones restantes se distribuirán por una comisión compuesta por los grupos municipales de acuerdo a las peticiones que transmitan las juntas.
Para llevar a cabo estas actuaciones, el presupuesto está nivelado con los ingresos, del que el 67.54% se financian con recursos propios, correspondiendo el 26.21 por ciento a transferencias de otras administraciones y el 6.24% a préstamos.
En 2017 los impuestos directos, que supondrán 191,8 millones, se reducen respecto a 2016 como consecuencia de la congelación de los tipos impositivos, la reducción de la presión fiscal de las familias y empresas con menor capacidad económica y la supresión de trámites administrativos.
Los principales capítulos del presupuesto consolidado de gastos corresponden al personal, 123,8 millones, y los gastos corrientes, 176,9 millones, que permiten hacer frente al mantenimiento de los servicios públicos que permiten que el municipio "funcione", entre ellos, alumbrado, recogida de residuos, limpieza viaria.

Respaldan el despido del empleado de la desaladora de Escombreras captado cuando contaba una mordida

MURCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia confirmó la sentencia de un Juzgado de Cartagena que consideró procedente el despido de un empleado de la desalinizadora de Cartagena que fue grabado cuando procedía a contar los 4.500 euros de la comisión ilegal que le acababa de entregar un proveedor.

La sentencia señaló que el Juzgado declaró probado que la empresa, por hechos similares, procedió con anterioridad a despedir al jefe de la planta, cese que fue declarado procedente, y al jefe de mantenimiento, cuyo despido, por el contrario, se consideró improcedente por el juez.
El Juzgado de lo Social de Cartagena, en la sentencia que ahora se ve avalada por el TSJ, declaró probado que el trabajador, que era oficial administrativo, fue despedido en abril de 2016, a raíz de publicarse la noticia de la percepción de comisiones ilegales por empleados de la desalinizadora.
La información iba acompañada de un vídeo en el que se vía cómo un proveedor de aquella le entregaba "una determinada cantidad de dinero en efectivo, vinculándose en la noticia ese pago a una presunta trama de corrupción privada ocurrida en la planta desalinizadora de Escombreras.
La entrega de esas 'mordidas' se hacía con el fin de agilizar el pago de las facturas presentadas por los proveedores, según recogía igualmente la información.
La sentencia afirmaba así mismo que "el despedido se ha reconocido en el vídeo y no ha negado nada de lo recogido en la grabación ni en la carta de despido". 
En su recurso ante el TSJ, el trabajador pidió la revisión de varios hechos probados y que la sentencia combatida fuese revocada y sustituida por otra en la que su despido fuese considerado improcedente.
Sin embargo, la Sala de lo Social rechaza el recurso al comentar que, "probados los hechos imputados en el ámbito laboral, no se advierte violación de precepto alguno que pueda justificar el reconocimiento del despido como improcedente".

De Ramón pide investigar la operativa de la CAM en paraísos fiscales

ALICANTE.- Diego de Ramón, el abogado de la Plataforma CAM que incluye a cientos de clientes afectados por productos financieros de la caja y que logró iniciar la investigación judicial sobre la cúpula directiva de la entidad que ahora está siendo juzgada en la Audiencia Nacional, quiere que el Banco de España investigue toda la operativa de Caja Mediterráneo en paraísos fiscales, según publicó El Mundo

Concretamente las actividades que desarrollaron algunas de sus sociedades, como CAM Capital, CAM Global Finance y CAM International Issues, empresas de la antigua caja, que ahora pertenecen al Sabadell y que eran sociedades emisoras de títulos negociables y dirigidas a captar financiación de inversores extranjeros, apoyándose en la baja tributación que ofrecían lugares como las Islas Caimán.
Estas sociedades fueron liquidadas o bien su domicilio fiscal fue trasladado a Alicante. De Ramón también pretende que el Banco de España indague sobre la operativa llevada a cabo por la antigua oficina de la CAM en Miami.
El abogado murciano ha remitido un escrito al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) del supervisor. De Ramón insta al organismo a abrir una investigación sobre las entidades financieras pertenecientes a la CAM que operaron en paraísos fiscales, como las Islas Caimán, además de México, Holanda, Polonia, y Marruecos, según consta en el escrito.
De Ramón argumenta que esta investigación es necesaria porque durante el juicio del 'caso CAM' que se desarrolla estos días los inspectores del Banco de España declararon que no se ha llegado a investigar la operativa de todas estas sociedades de la caja alicantina.
Según De Ramón, el objeto de la investigación «tiene que dirigirse contra los legales representantes de dichas sociedades y contra quien les dio las instrucciones para realizar dichas actuaciones, así como su financiación».
El letrado insta al supervisor a indagar sobre el capital con el que fueron «aperturadas estas sociedades y quienes fueron sus financiadores», el tiempo que han estado operativas; las razones por las que se fijó su domicilio en paraísos fiscales pese a que algunas estaban registradas en España; los movimientos de cuentas o activos que operaron, ingresos, transacciones, inversiones, pagos, compras de bienes inmuebles, emisiones de productos financieros, etc; abonos de impuestos en España, de las transacciones, sus destinatarios, etc.
El representante de la Plataforma CAM, que en el jucio ejerce la acusación popular, recuerda que el rescate de la Caja va a costar unos 11.000 millones de euros de dinero público, por lo que esta inspección se hace indispensable por el enorme coste que ha tenido el saneamiento de la entidad para los bolsillos de los contribuyentes.
En este proceso judicial, ocho exdirectivos de la entidad -Modesto Crespo, Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogor, Francisco Martínez, Vicente Soriano, Salvador Ochoa y Juan Luis Sabater- se sientan en el banquillo de los acusados por los delitos de fraude, apropiación indebida y falsedad en las cuentas y se enfrentan a penas que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión.

El Sabadell y la Fundación CAM deberán responder por las cuotas participativas de los minoristas

MADRID.- Banco Sabadell y Fundación Caja Mediterráneo deberán reintegrar las inversiones realizadas por los clientes minoristas que adquirieron cuotas participativas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), después de que el Tribunal Supremo haya declarado su responsabilidad.

La sala de lo Civil del alto tribunal desestima así el recurso de casación interpuesto por Sabadell al considerar que mantiene su legitimación pasiva como sucesor universal de la CAM ya que, tras la fusión, pasó a ser responsable de las obligaciones que la antigua caja pudiera tener frente a terceros.
En concreto, expone que la entidad surgida tras la intervención del Banco de España en junio de 2011, el Banco CAM, asumió el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pudieran derivarse de las cuotas participativas.
Ello supuso, asegura la sentencia conocida este miércoles, una asunción de la deuda que se traspasó al Sabadell en 2012, cuando el Fondo de Garantía de Depósitos, que previamente había adquirido el 100 % del capital, vendió la estructura por el precio simbólico de un euro.
Una versión que contrasta con la del recurso del Sabadell, que alegó falta de legitimación porque las cuotas participativas, comercializadas a partir de junio de 2008, no fueron transmitidas en la operación de segregación, por lo que la responsabilidad recaería sobre la Fundación Obra Social.
La sala expone, sin embargo, que las cuotas fueron una fuente de financiación del negocio financiero "realizada por los empleados de la caja como parte de su actividad bancaria", con lo que pasaron a Sabadell, que "se había aprovechado del refuerzo de capital que había supuesto la suscripción de este producto".
Discurso similar para la Fundación CAM, a la que también hace responsable subsidiaria frente a Sabadell "no en su calidad de emisora, sino como sucesora frente a terceros de las obligaciones de la entidad comercializadora" al ser su titular formal. 

Los exdirectivos de la CAM alegan falta de competencias en las actividades sospechosas

MADRID.- Letrados de varios exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) alegaron este miércoles la falta de competencia de sus defendidos en la aprobación de las reclasificaciones de créditos y titulizaciones, operaciones que supuestamente habrían permitido generar beneficios artificiales.

Una acusación que refutó el abogado del exdirector de Riesgos Francisco Martínez, considerado por la Fiscalía como cooperador necesario de las irregularidades, quien, si bien admitió que la CAM pudo incurrir en una mala gestión de los riesgos, "ello no colma el delito del que estamos hablando".
Desmarcó así a Martínez tanto de la falsedad contable como de la estafa continuada por los que el Ministerio Público solicita siete años y medio de cárcel, en tanto que "ni procuró, ni ordenó, ni mandó rehabilitar créditos pues carecía de competencias para ello".
Sobre las titulizaciones, relató que éstas se hicieron no para generar falsas ganancias sino "porque la situación era crítica y la liquidez extrema", y sostuvo que los resultados "habrían sido los mismos con ellas que sin ellas".
En términos similares se mostró la defensa del exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, para quien el fiscal pide un año y dos meses de prisión, cuya participación, dijo, "era perfectamente intercambiable, pues si la mañana en la que se firmaron las titulizaciones no hubiera estado presente, lo habría hecho otra persona".
Por su parte, el abogado del exdirector de Financiación Juan Luis Sabater se refirió a su cliente como un "mero trabajador" que operó "bajo el principio de confianza, sin dolo y con actos neutrales".
La sesión, en la que también intervino la representación de la aseguradora Caser como responsable civil directo, estuvo condicionada por la noticia de la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, cuyo abogado se encontraba en una sala que, casualmente, fue la misma que condenó al exbanquero a seis años de cárcel por el caso de las tarjetas black con las que la entidad recompensaba a sus consejeros y directivos con dinero opaco al fisco.
Carlos Aguilar, letrado de Banco Sabadell en la presente causa, abandonó la sede al filo de las 11:30 horas tras un receso, visiblemente afectado y a la carrera, escapando de los periodistas presentes en la zona.
Media hora antes, el fallecimiento del que fuera presidente de Caja Madrid, encontrado esta mañana en una finca de la provincia de Córdoba con un disparo en el pecho, se filtraba en la sala, donde los letrados se pasaban unos a otros sus teléfonos móviles con claro gesto de desconcierto.
La jornada ha coincidido además con la publicación de la sentencia en la que el Tribunal Supremo obliga a Banco Sabadell y, subsidiariamente a la Fundación Caja Mediterráneo, a reintegrar las inversiones de los clientes minoristas que adquirieron cuotas participativas de la entidad.
Mañana la sección cuarta de la sala de lo Penal reanudará la lectura de informes precisamente con ambas instituciones en la que se prevé sea la última sesión del juicio contra la excúpula de la CAM, que comenzó el pasado 30 de mayo.
En esta recta final, la Plataforma CAM, grupo de afectados por la quiebra de la caja representados por Diego de Ramón, mostró su malestar e indignación ante el hecho "surrealista" de que el Ministerio Público sólo reclame indemnización a quien compró cuotas entre el 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese mismo año, fecha en la que la entidad fue intervenida.

Investigan un posible agujero de 45 millones en la RFEF por los negocios con la empresa de Jesús Samper

MADRID.- La investigación de la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol (RFEF) apunta a un posible perjuicio de al menos 45 millones de euros a las arcas federativas por los negocios de sus responsables, ahora detenidos, y la empresa Santa Mónica Sports, sociedad presidida en aquellos momentos por el expresidente del Real Murcia Jesús Samper, ya fallecido, según informaron fuentes de la investigación.

Esa es una de las patas de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) que, de momento, se ha saldado con la detención del presidente de la Federación, Ángel María Villar; su hijo Gorka; el vicepresidente de la RFEF y presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, y el secretario de esa federación regional, Ramón Hernández Baussou.
Tanto Villar como su hijo Gorka se han negado a declarar ante la Guardia Civil, que esta tarde intentará interrogar a los otros dos detenidos antes de que mañana pasen los cuatro ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que finalmente presentó la querella contra la Federación en 2016. Esa auditoría reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por Santa Mónica Sports por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección. Pero, además, cuando la Federación decidió romper con Santa Mónica (en 2013), habría indemnizado a la empresa con más de 20 millones de euros.
Esas irregularidades habrían sido apreciadas por la auditoría del CSD y, ante la negativa de la Federación a dar explicaciones, el entonces responsable del Consejo, Miguel Cardenal, decidió denunciar los hechos.
Fue el detonante de una investigación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción que este martes se saldó con cuatro arrestos, entre ellos el de Juan Padrón, al que los investigadores otorgan un papel determinante en las prácticas corruptas de la Federación.
Entre ellas, algunas afectarían a las federaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla, algunos de cuyos presidentes ya han declarado ante la UCO aunque no han sido detenidos. Se les permitía contratar con sociedades de su entorno o de su propiedad, con lo que obtenían un beneficio propio e incluso desviaban fondos de la Federación. La sospecha es que, a cambio, Villar se aseguró su apoyo en las sucesivas elecciones.
Otras prácticas habrían sido directamente orquestadas por Villar y su hijo Gorka, responsable de la empresa de asesoramiento deportivo Sports Advisers SL. En este caso, se lucraban directamente mediante la organización de amistosos de la selección española en su etapa más laureada, en la que su caché era muy elevado. Se contactaba con selecciones de otros países, se pactaban los partidos y rebajaban parte del caché a cambio de que ese dinero fuese a la empresa de Gorka.
Los investigaciones no tienen duda sobre uno de los partidos, el que enfrentó a España contra Corea del Sur en 2012 en la preparación de la Eurocopa que ganó la selección española.
Pero se investigan más casos, algunos de ellos en América Latina, durante la época en que Gorka Villar era el director general de la Confederación de Fútbol Sudamericana (Conmebol).
Son solo algunas de las presuntas prácticas corruptas que investiga la UCO y la Fiscalía, pues de los registros y de la documentación intervenida en la operación Soule han encontrado "mucho de lo que tirar", según las fuentes consultadas.

La Comunidad Autónoma aporta un 25% más al Plan Copla en las playas de Lorca

LORCA.-El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, José Ramón Carrasco, ha destacado la importancia del dispositivo de seguridad desplegado en las playas de Lorca, dentro del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar (Plan Copla), para la obtención este año, por primera vez, de la bandera azul. 

Carrasco ha subrayado que, para colaborar con este despliegue, la Administración regional ha subvencionado este año al Ayuntamiento de Lorca con 30.185 euros, casi un 25 por ciento más que en 2016.
El director general ha visitado esta mañana la playa de Puntas de Calnegre junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y comprobaron 'in situ' el despliegue de estos medios de vigilancia y rescate adscritos al Plan Copla.
Lorca cuenta con dos playas (Calnegre y Puntas de Calnegre), que están dotadas con un puesto de vigilancia y una torre cada una de ellas y que son atendidos a diario por ocho socorristas y un conductor. Disponen de dos embarcaciones neumáticas de rescate, un vehículo todo terreno, una ambulancia con soporte vital básico y dos sillas para facilitar el acceso a la playa de personas con discapacidad.
Además de la vigilancia fija, el personal adscrito al Plan Copla hace vigilancia móvil por tierra y por mar a lo largo del resto de puntos de baño del municipio, que van desde la playa de Palazuelos, en el límite del término municipal con Mazarrón, hasta la playa de la Galera, limítrofe con el municipio de Águilas.

La FREMM aglutina a empresas que representan el 10% del PIB regional

MURCIA.-El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se ha reunido este miércoles en el Palacio de San Esteban con el nuevo presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), Alfonso Hernández, a quien ha trasladado el apoyo del Gobierno regional a un "sector esencial para la Región y con el que vamos a seguir colaborando para sacar adelante proyectos que generen empleo", según ha explicado el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, al término de esta reunión. 

"Aquellos proyectos que son buenos para la FREMM también son buenos para la Región", ha subrayado el consejero, quien ha destacado que esta federación aglutina a un conjunto de empresas que representan el 10 por ciento del Producto Interior Bruto regional y generan unos 85.000 empleos, de los cuales 35.000 son puestos de trabajo directos.
Durante este encuentro, López Miras se ha referido a las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional para facilitar a las empresas su implantación y crecimiento en la Región, e incidió en la necesidad de seguir bajando impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, que se eliminará completamente a partir del próximo mes de enero, además de las medidas de simplificación administrativa y aquellas otras que contribuyan a hacer de la Región un espacio de libertad económica atractivo para invertir.
Además, el presidente de la Comunidad y el de la FREMM han abordado también algunos de los proyectos de la federación, entre ellos los relacionados con la internacionalización de las empresas, otros vinculados a la Industria 4.0, así como a la formación, donde este colectivo es un referente en España si se tiene en cuenta que el 65 por ciento de las personas formadas en la federación salieron con trabajo aún en plena crisis económica.
FREMM es una de las federaciones más grandes de la Región. Surgió en 1977 para gestionar y defender los intereses económicos, sociales y profesionales de los asociados, así como promover el mayor desarrollo económico y social del sector del metal.

Recogen en 2016 más de 5.000 toneladas de neumáticos en la Región

MURCIA.-Signus Ecovalor, entidad responsable del reciclado de los neumáticos fuera de uso procedentes del mercado de reposición, recogió en la Región durante 2016 un total de 5.173 toneladas de neumáticos en 602 puntos de generación, principalmente servicios de neumáticos y talleres.

La empresa encargada de la recogida en la Región fue 'Reciclajes de Neumáticos y Caucho', según informaron fuentes de la entidad en un comunicado.
En 2016, de los neumáticos recogidos en la Comunidad, 344 toneladas se destinaron a la reutilización, tanto para la venta de ocasión como para su recauchutado.
Además se trataron 19.787 toneladas de neumáticos al final de su vida útil en instalaciones de transformación de la Comunidad para su reciclaje y uso en diferentes aplicaciones como en pavimentos deportivos, suelos de seguridad, relleno de campos de hierba artificial, combustible de sustitución, entre otros.
Durante el pasado ejercicio, Signus realizó diversas colaboraciones con empresas privadas, universidades y centros tecnológicos impulsando diferentes proyectos para dar valor a los materiales reciclados.
Entre ellas destaca el desarrollo de piezas de granulado de caucho y resina mediante sistemas de producción en continuo, la aplicación de la nanotecnología a las partículas de caucho, incorporación de partículas de caucho en el hormigón de las barreras New Jersey, desarrollo de superficies de altas prestaciones con caucho para pistas ecuestres, entre otros.
En toda España, Signus recogió 194.803 toneladas de neumáticos usados, de las que 23.629 toneladas se destinaron a preparación para su reutilización (de ocasión o recauchutado), 102.522 se separaron en sus componentes, 144 toneladas se destinaron a obra civil, 66.048 se utilizaron en el co-procesado de fabricación de cemento, 2.432 toneladas para la generación de energía eléctrica y 22 toneladas a instalaciones de pirólisis.
El desarrollo del mercado de materias primas secundarias derivadas de los neumáticos fuera de uso continúa siendo la principal apuesta de la entidad en su contribución a la sostenibilidad y a la economía circular.

Hasta 8.500 familias de la Región se beneficiarán de las ayudas a la vivienda

MURCIA.-El Ejecutivo regional ha dado el visto bueno en su sesión de hoy al convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de la Región para el desarrollo de las diferentes líneas de ayudas incluidas en el Plan de Vivienda 2017, dotado con más de 18,9 millones de euros.

El acuerdo establece las pautas de colaboración y los compromisos de ambas administraciones para garantizar la ejecución del Plan, que incluye cuatro líneas de ayudas: para acciones de regeneración y renovación urbana, destinadas al alquiler de viviendas, para rehabilitación de inmuebles, y para la implantación del Informe de Evaluación de Edificios.
Las distintas actuaciones contempladas en el nuevo Plan de Vivienda beneficiarán a unas 8.500 familias de la Región y generarán más de 1.500 empleos directos e indirectos relacionados con el sector de la construcción.
La regeneración y renovación de núcleos urbanos de municipios acapara la principal cuantía de subvención, con más de 10,3 millones. Su objetivo es mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales. Para ello, se financiarán obras de rehabilitación en edificios y viviendas, la urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, la edificación en sustitución de inmuebles demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados.
En línea con esta ayuda está el programa de rehabilitación edificatoria, dotado con más de cuatro millones. Se destinarán principalmente a mejorar la conservación de edificios, eliminar las barreras arquitectónicas e impulsar la accesibilidad universal, y a promover la eficiencia energética. Las subvenciones tendrán un máximo de 14.850 euros por vivienda y se concederán a las comunidades de propietarios.
Otros 4,5 millones se destinarán a garantizar el acceso a la vivienda mediante ayudas al alquiler. Estas subvenciones permitirán sufragar hasta el 40 por ciento de la renta anual que paguen los inquilinos por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un máximo de 200 euros mensuales por vivienda (2.400 anuales), siempre que su importe no supere los 500 euros al mes.
Asimismo, el Plan incluye una línea de apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), por una cuantía global de 150.000 euros. Este informe, que es obligatorio para los inmuebles con una antigüedad superior a los 50 años, garantiza que los edificios reúnen todas las garantías de mantenimiento, eficiencia energética y accesibilidad y que ofrecen total seguridad a los ciudadanos que residen en las viviendas.

La CARM empleará 80 millones para proteger 200 millones de árboles

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha analizado hoy el Plan de Acción Forestal de la Región, con una inversión de 80 millones de euros hasta 2021 con 10 programas operativos para proteger 511.293 hectáreas y 200 millones de árboles, informó en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Javier Celdrán.

El primero de esos programas es la conservación de bosques ligados a la bioenergía, el fomento de las economías bajas en carbono y la creación de empleo estable en las zonas rurales.
También cuenta con dos programas centrados en el fomento y promoción del sector forestal privado, para que los propietarios particulares vean en los bosques y su gestión un beneficio, no una carga; así como la restauración de zonas afectadas por grandes incendios y el incremento del valor ambiental de los ecosistemas, para que sean más diversos y apoyando a la naturaleza en su proceso de recuperación.
Otros programas son los de planificación forestal, así como la restauración hidrológica y la conservación de suelos, evitando escorrentías o fijando vegetación en las laderas para evitar desprendimientos.
El resto de programas son: infraestructuras verdes y vías pecuarias; producción forestal y equipamientos de uso público; sanidad y estadística forestal; prevención y lucha contra los incendios forestales, que es la de mayor cuantía, con 40 millones de euros, de los que la mitad son para trabajos preventivos; y coordinación de agentes medioambientales.
Se prevé la monitorización con sensores de áreas boscosas para tener un seguimiento a tiempo real del estado de la vegetación o el uso de drones para apoyar la labor de los agentes medioambientales.
Según las previsiones, las acciones del plan contribuirán a fijar población en áreas rurales y a crear más de 500 empleos estables para personal investigador y personal técnico del sector forestal y para especialistas en la ejecución de estos trabajos para preservar las masas forestales y combatir la desertificación por la ausencia de precipitaciones y el déficit de agua de la Región.
El plan contempla también el apoyo del aprovechamiento sostenible de la biomasa y la obtención de bioenergía en las 308.0220 hectáreas arboladas de la Región, para contribuir al uso de energías renovables.
"Hacemos de los riesgos de la desertificación y el cambio climático una oportunidad para generar empleo, avance económico, riqueza y desarrollo social", indicó Celdrán.

Otros acuerdos

Por otra parte, el Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy miércoles, 19 de julio de 2017, ha aprobado el convenio con el Ministerio de Fomento para desarrollar las diferentes líneas de ayudas incluidas en el Plan de Vivienda 2017, dotado con más de 18,9 millones de euros.
Asimismo, el Ejecutivo ha dado luz verde a la construcción de un nuevo vial de evacuación de los Barrios Altos de Lorca, con un presupuesto de más de 3,5 millones, para mejorar la ordenación del tráfico y la accesibilidad a esta zona del norte de la ciudad, junto a la ladera del castillo.
El Consejo ha autorizado igualmente sendos convenios con los cuatro Grupos de Acción Local regionales para ejecutar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, con la que se desarrollarán proyectos que contribuyan a crear empleo, a innovar, formar y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida en el medio rural.
En materia sanitaria, entre otros asuntos, se ha dado el visto bueno a destinar casi dos millones al suministro de implantes cocleares y de conducción ósea para personas con problemas auditivos.
En atención social, el Ejecutivo ha dado luz verde a las subvenciones destinadas a distintos ayuntamientos para prestar servicios de conciliación de la vida laboral y familiar, por un importe total de 402.000 euros, y a los convenios para seguir prestando en cinco municipios de la Región los servicios de Atención Temprana a menores de hasta 6 años con problemas en su desarrollo o riesgo de padecerlos.
Entre otros acuerdos, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 697.600 euros destinado a la formación de investigadores de la Región, y subvenciones a los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes para contratar personal especializado que asesore a jóvenes que no puedan beneficiarse del Sistema de Garantía Juvenil.

"Muy improbable" que la Región cumpla el objetivo de déficit, según la AIReF

MADRID.-La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera "muy improbable" que la Región cumpla con el objetivo del 0,6 % del déficit del PIB para 2017.

Aprecia que será "muy probable" que lo hagan Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia y La Rioja; "probable" en el caso de Castilla y León y Madrid, y "factible" para Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y el País Vasco. Aragón, Cantabria, Extremadura y la Comunidad Valenciana lo tienen "improbable".
En rueda de prensa, su presidente, José Luis Escrivá, ha añadido que los ayuntamientos lograrán superávit, incluso mayor que en los últimos ejercicios.
Respecto a las autonomías, la AIRef destaca la buena evolución de sus ingresos y el "probable cumplimiento" de la regla de gasto por la evolución esperada de los gastos.
El crecimiento estimado de los recursos una vez incluida la liquidación definitiva de 2015 será de dos décimas de PIB respecto de 2016, unos 1.200 millones, en línea con las previsiones de las comunidades.
Según el informe de la AIRF, los recursos para la financiación de las comunidades autónomas crecerán este año unos 6.500 millones de euros.
En el caso de las corporaciones locales, el acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico en el País Vasco supone reconocer 1.400 millones de euros para las diputaciones forales, añade el estudio.

Las empresas de calzado de la Región aumentan un 34%

CARAVACA DE LA CRUZ.- El director del Info, Joaquín Gómez, afirmó esta mañana tras visitar cuatro de empresas de calzado de Moratalla y de Caravaca que en el último año han crecido el número de estas sociedades al pasar de 90 a 121 en el primer cuatrimestre respecto al anterior, lo que coincide con el plan "Murcia Calzado".

"Dos de los ejes principales de este plan son el impulso a la modernización de un sector caracterizado por la calidad de sus productos con una apuesta específica por introducir las tecnologías 4.0 y el fomento de la internacionalización, apostando por consolidar mercados tradicionales como Francia, Italia o Reino Unido, y diversificar y captar nuevos mercados emergentes", señaló Joaquín Gómez.
Durante la visita, el director de la agencia de desarrollo regional explicó a los empresarios y a los miembros de la asociación dos de las últimas iniciativas puestas en marcha dentro del plan 'Murcia Calzado'.
En materia de innovación, el Info tiene abierta desde finales del pasado mes de mayo, y hasta el próximo 21 de agosto, una línea de ayudas para potenciar el diseño industrial entre las pymes del sector.
El programa, dotado con un presupuesto de 300.000 euros, contempla por un lado ayudas de hasta 20.000 euros para impulsar la contratación de servicios externos de innovación y una segunda modalidad, con ayudas de hasta 50.000 euros, para estimular la incorporación de personal investigador o la compra de equipos y materiales que consoliden las actividades de diseño e innovación.
En cuanto a internacionalización, las empresas del sector del calzado regional participarán por primera vez, el próximo mes de agosto, en la feria internacional Magic Platform de Las Vegas, que con más de 700 expositores y 1.600 marcas de más de 20 países de todo el mundo, es una de las citas importantes de este sector en el mercado estadounidense.
La participación en esta feria, cuya convocatoria está abierta hasta el próximo 26 de julio, se suma a la organización el pasado mes de septiembre a la feria del calzado de Milán.
Además, y para el segundo semestre del año, el plan contempla la organización por primera vez de una misión comercial a Australia y de un 'showroom' en Reino Unido para potenciar la marca Región de Murcia.
Estas acciones de promoción, así como la organización de misiones comerciales centradas en este sector, hicieron que las exportaciones del calzado regional aumentasen hasta un 14 por ciento durante el último año, explicó.
En los cuatro primeros meses del presente año, las ventas en los mercados internacionales alcanzan 47,89 millones de euros.

Las captaciones millonarias de los fondos de capital riesgo anticipan dos grandes años

MADRID.- El ca­pital riesgo mun­dial bu­lle. Según las úl­timas ci­fras del pro­veedor de datos sobre ac­tivos al­ter­na­tivos Preqin, los grandes in­ver­sores ins­ti­tu­cio­nales mun­diales han puesto en manos de las ges­toras de ‘private equity’ más de 120.000 mi­llones de dó­lares sólo en el se­gundo tri­mestre de 2017, adelanta hoy https://www.capitalmadrid.com

La ci­fra, de muy altos vue­los, en­gorda por en­cima ya de los 900.000 mi­llones de dó­lares el di­nero al al­cance de los trans­atlán­ticos del sector para com­pras em­presas ‘urbi et or­bi’.
Un auténtico dineral que va a buscar oportunidades en los cinco continentes y muy especialmente en aquellas economías que como la española están en pleno proceso de recuperación. 
Es obvio que los mercados emergentes van a absorber una parte muy importante de la ingente cantidad de dinero que amasan los fondos (se calcula que Apollo Global Management puede levantar hasta 23.000 millones de dólares en uno de los fondos que comercializa), pero para países como España las noticias son inmejorables.
A pesar de la prolongada crisis que han atravesado las gestoras españolas durante los largos años de depresión económica (sin nuevos fondos, se vieron obligadas a rotar y reestructurar unas carteras muy apalancadas), son muchos los grandes ‘private equity’ que se han mantenido activos en el mercado español. Sus grandes fondos son globales, por lo que es previsible que el mercado español se vea beneficiado por la necesidad de los grandes inversores de buscar rentabilidades en mercados alternativos.
“A escala europea, el mercado de capital riesgo español es pequeño. Por eso cualquier aumento de la inversión de los grandes fondos internacionales (por discreta que sea) le permitiría dar un gran salto cuantitativo respecto a la mejora que ya experimenta este año”, señalan fuentes del sector. En el primer semestre, los grandes fondos internacionales son los responsables de casi el 80% de todo el volumen invertido en España, de más de 3.000 millones de euros.
Unas cifras que, con las alforjas cargadas, podría mejorar sensiblemente al menos este año y el siguiente. “Los grandes fondos internacionales captan el doble de dinero al doble de velocidad respecto a cuatro años antes”, señalan fuentes del sector, que creen que los ritmos de crecimiento de la inversión cercanos al 40% tanto en 2016 como la sexta velocidad que ha metido el negocio en la primera parte de 2017 podrían ser superados en los próximos meses si la presión de los fondos para invertir continúa.
“El dinero que los grandes inversores institucionales canalizan hacia las gestoras de capital riesgo crece a toda velocidad (el año pasado las gestoras españolas captaron cerca de 2.300 millones y en el primer semestre de 2017 otros 1.133 millones) porque el potencial alcista de la Bolsa es y muy limitado y la rentabilidad de los activos tradicionales sigue en punto muerto. El ‘private equity’ es considerado de nuevo como un instrumento de diversificación de primer orden en pleno vuelo hacia el riesgo”, señalan fuentes del sector.
Mientras, el mercado español se mueve. La venta de Pronovias a BC Partners por 550 millones de euros ha sido el gran hito en el sector en el arranque de un verano caliente. Además, 3i (que fuera uno de los grandes actores internacionales en el mercado español antes del ‘boom’) ha vendido la funeraria Mémora a Ontario Teachers’ por alrededor de 500 millones de euros y Lone Star ha comprado al fondo árabe Investcorp las esmalteras castellonenses Esmalglass y Fritta, con un valor de empresa de 650 millones de euros.
Son sólo las últimas grandes operaciones en un sector que se calienta a medida que pasan los meses y entra dinero fresco a raudales en los cuarteles generales de las gestoras de capital riesgo. Buenas noticias para el sector (el gran problema puede ser un recalentamiento de los precios al que también ayudan las mejoras de las valoraciones de las empresas cotizadas en una Bolsa alcista en 2017), que ve cómo recuperar los niveles precrisis de inversión ya no es una quimera.

El operador postal Unipost suspende pagos con deudas de 50 millones

BARCELONA.- El operador postal Unipost, propiedad de una rama de la familia Raventós, presentó ayer concurso de acreedores en los juzgados de Barcelona con unas deudas de cerca de 50 millones de euros, según revela hoy La Vanguardia

Fundada en el 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa y con sede en Barcelona, Unipost es el principal competidor de Correos, presta servicios postales en toda España y cuenta con 2.500 trabajadores en plantilla, a los que hay que sumar otros 1.000 más que trabajan en las aproximadamente 60 franquicias del grupo. En el 2015 facturó 94 millones, no tan lejos de su tope, de 110 millones, alcanzado en el 2011.

La compañía está en pérdidas precisamente desde ese último año. Según consta en el Registro Mercantil, entre el 2011 y el 2015, los números rojos acumulados superan los 23 millones de euros, lo que ha llevado a la empresa a ver cómo su patrimonio neto pasaba de los 13,2 millones a los 4 millones negativos en el mismo periodo. Las tensiones de tesorería, motivadas por la desconfianza de la banca y los proveedores ante el deterioro de la situación, se vieron aliviadas en marzo del 2016 cuando Unipost logró llegar a un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda.

Sin embargo, la empresa no logró dejar atrás sus problemas, causados por un modelo de negocio que apenas ha evolucionado en los últimos años y por unos márgenes muy estrechos. Y es que Unipost, con una estructura muy pesada a pesar de los dos expedientes de regulación de empleo realizados en el 2009 y el 2013, competía sobre todo en precio, estaba muy lejos de ser rentable y su única aspiración ya sólo era ser comprada.

Durante todo el año pasado, por encargo del presidente, Antón Raventós Raventós, y el consejero delegado, Pablo Raventós Sáenz, Deloitte trató de encontrar un inversor para que inyectara capital y cambiara el rumbo. Pero, pese a recibir varias muestras de interés, la operación fracasó. Los procedimientos judiciales y embargos empezaron a ser frecuentes. Ya hace muchos meses que la plantilla sufre retrasos constantes en el pago de las nóminas y el pasado junio, Unipost apareció en la lista de morosos de la Agencia Tributaria con facturas pendientes de 5,4 millones referidas al cierre del 2016. Ya quedaba poco para la suspensión de pagos.

Pese a las enormes dificultades, el concurso de acreedores –del que se encargará Raúl García Orejudo, titular del juzgado mercantil 7 de Barcelona– apuesta por la continuidad. La compañía está preparando un plan de viabilidad que pasa por una profunda reestructuración, quitas y esperas para los acreedores y una redefinición estratégica. Al margen de las administraciones públicas, la deuda se reparte casi a partes iguales entre la banca y los proveedores. Empieza ahora la batalla concursal para hallar una salida y salvar Unipost.

Unipost se creó en el 2001 como la competencia de la pública Correos gracias a la fusión entre tres empresas de mensajería empresarial: Suresa, Flecha y Urbandisa. En los años siguientes se unieron otros operadores locales y empezó el crecimiento con las franquicias, acentuado a partir del 2009 con la liberalización del sector postal. Casi desde el principio, la familia Raventós apostó por los socios para crecer: contó con el apoyo del capital riesgo –Nazca Capital– en el 2003 y del gigante Deutsche Post, accionista minoritario entre el 2004 y el 2015. En enero de ese año, los Raventós compraron a Deutsche el 37% del capital y ahora tienen el 96%. Pese a intentarlo, no han logrado un nuevo socio inversor.

El Gobierno abre la FP para repescar a los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios


MADRID.- El Gobierno va a abrir la puerta de la Formación Profesional (FP) para repescar a los jóvenes que se han descolgado de los estudios. Así lo establece en un real decreto que será aprobado próximamente en el que se establecen las condiciones de acceso y admisión a los distintos ciclos formativos.

El borrador del proyecto de real decreto, al que ha tenido acceso El Mundo, adapta los últimos requisitos legislados -que datan de 2011- a las novedades de la Lomce y también a una realidad creciente que comenzó a surgir durante la crisis: la de los jóvenes que, en vez de acceder a la FP tras terminar la ESO -el camino tradicional y mayoritario-, buscan entrar por otras vías porque, en su día, dejaron de estudiar antes de tiempo y ahora se arrepienten: no encuentran trabajo porque no están suficientemente cualificados.
Fuentes del Ministerio de Educación explican que el real decreto «plantea medidas que facilitan la integración en el sistema educativo de personas que abandonaron de forma prematura y también para los que quieran continuar formándose».
«No queremos dar la sensación de que, por abrir la puerta a los que abandonaron, vamos a quitarles la plaza a los de 16 años que vienen de la ESO», puntualizan las mismas fuentes, pero reconocen que las circunstancias han cambiado y que «hay que contemplar esas nuevas situaciones». Por eso el Ministerio ha buscado «dar coherencia, para que, venga por el camino que venga el alumno, la formación que reciba sea la misma».
Para acceder a la FP de Grado Medio los estudiantes tienen que tener el título de la ESO y, para la FP de Grado Superior, necesitan el Bachillerato u otros títulos oficiales equivalentes. Los que no están en estas circunstancias, pueden hacer un curso de formación o una prueba de acceso. Hasta ahora, ni las pruebas ni el curso estaban regulados en detalle a nivel estatal y cada comunidad autónoma los establecía como mejor le parecía. Por ejemplo, hay algunas que piden Inglés en el examen y otras no. También se ha desarrollado cierta picaresca y existen academias que presentan a sus alumnos en determinadas regiones porque es más fácil aprobar que en otras, según explican fuentes educativas.
Ahora el Ministerio ha redactado un anexo incluido en el real decreto que, por primera vez, detalla los contenidos que entrarán en el curso de formación de la FP de Grado Medio (el de la FP de Grado Superior ha desaparecido) y lo que tienen que estudiarse los chicos y chicas que quieran presentarse a las pruebas de acceso «con el fin de que en todas las comunidades autónomas se estudie lo mismo».
Esto, en palabras del Ministerio, «equilibra las opciones de acceso para aquellas personas que no tengan» el título de la ESO o cualquier otra titulación exigida.
También hay cambios en la FP Básica, una nueva modalidad que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que existían con la ley educativa anterior, la LOE, y que supone el nivel más bajo de cualificación existente.
Para acceder a los ciclos de FP Básica hay que tener al menos cumplidos 15, 16 o 17 años y haber cursado el primer ciclo de la ESO. Pero ahora se añade que, «excepcionalmente», también podrán entrar «quienes hubieran cursado 2º de la ESO, no estén en condiciones de promocionar a 3º, y hayan repetido al menos una vez en la etapa de la ESO».
«La intención parece ser que ningún alumno pueda quedarse por el camino, ésta parece una manera más de que puedan conseguir el título», interpreta Javier Carrascal, secretario de Organización del sindicato de profesores Anpe.

"Acceder al empleo"

El texto también incluye una disposición transitoria que permite el acceso a la FP Básica -siempre que existan plazas libres- al alumnado de 17 años «que abandonó prematuramente» el sistema educativo y no esté en posesión de un título de Secundaria postobligatoria, de educación superior o de régimen especial «en tanto no se cumpla el objetivo europeo de abandono escolar temprano».
Este objetivo europeo nos marca que, para 2020, el abandono temprano debe reducirse en España a la mitad del 19% actual. El preámbulo del decreto señala que «se establecen acciones y medidas sobre acceso y admisión que contribuyen al logro del objetivo de reducir la tasa de abandono a menos del 10% y aumentar hasta al menos el 40% la tasa de titulados de la enseñanza superior».
Y añade que «posibilita a quienes hubieran abandonado prematuramente el sistema educativo por diferentes motivos, o estén desempleados, o trabajando, el acceso y cursar con aprovechamiento las enseñanzas de FP a pesar de no poseer las titulaciones de acceso exigidas con carácter general, lo que facilita la consiguiente obtención de títulos que les permitan acceder al empleo o proseguir estudios superiores».
El decreto está pendiente del informe del Consejo de Estado -ya se ha pronunciado el Consejo Escolar del Estado- y la idea es aprobarlo cuanto antes para que las autonomías puedan realizar los ajustes pertinentes a lo largo del curso para que comience a aplicarse a partir del que viene, 2018/2019.

La trágica muerte de Blesa, el amigo de Aznar / Melchor Miralles *

Miguel Blesa ha sido hallado muerto en una finca de Córdoba de un disparo de escopeta en el pecho. Se encontraba con unos amigos disfrutando de unos días de cacería y tras desayunar, salió de la casa y poco después encontraron su cuerpo ya sin vida. Todo apunta a un suicidio, aunque todavía no puede afirmarse rotundamente. 

Una noticia que genera inmensa tristeza, y que dibuja el paradigma de algunos de los hombres que más poder han acumulado en España durante años y que, tras destaparse casos de corrupción gravísimos, han terminado peor que mal, convertidos en condenados por la Justicia y en apestados y rechazados por una sociedad harta de tanta golfería y en la que han cobrado fuerza los paladines de la justicia popular y el escrache público.

Blesa había sido recientemente condenado a 6 años de prisión en el caso de las tarjetas black y se encontraba en libertad a la espera de que el tribunal Supremo ratificara el fallo de la Audiencia. Fue uno de los primeros banqueros condenados. Había presidido Cajamadrid desde 1996 hasta 2009, y después disfrutó de una jubilación de lujo hasta el inicio de los procedimientos judiciales.

Quienes le trataban dicen que no estaba en su peor momento, aunque, como tantos otros, había sido abandonado por su mentor, José María Aznar, su gran amigo del alma, quien le colocó al frente de la Caja madrileña y le aupó a los altares del mundo financiero no por sus méritos, sino por su amistad personal. Aznar, como en tantos otros casos, le colocó en el puesto y le dejó hacer durante años, pese a que había signos y evidencias de que las cosas no eran normales, y al iniciarse el calvario judicial no quiso saber nada más de él, y jamás ha asumido responsabilidad política alguna por tantos casos de corrupción que surgieron con él al frente del PP y el Gobierno, y con los máximos implicados en buena parte de los sumarios pertenecientes a su círculo más próximo. 

Así es la política, y así ha actuado Aznar. Y muchos otros en el PP que renegaron de él después de haber disfrutado de sus favores durante años. Fue iniciar el juez Elpidio Silva la investigación del caso Bankia-Cajamadrid y las preferentes, con excesos notables en el tratamiento penal que suministró a Blesa, y el ex banquero se quedó más solo que la una, ya no le sonaba el teléfono constantemente. Los que se enriquecieron, disfrutaron de sus favores y buen trato y medraron a su lado se esfumaron.

Blesa ha muerto. Quizá se ha quitado la vida, y me parece trágico. Me viene a la cabeza además la trágica muerte hace muy pocos años del hijo de uno de los mejores amigos de Blesa, suicidado en similares circunstancias. Evidencia de la crueldad de la vida, de la miseria de la política y el mundo de las altas finanzas. 

Blesa fue un mal banquero, todo apunta a que se enriqueció ilícitamente, su comportamiento me pareció moralmente indecente, me resultó siempre un tipo altivo, ejemplo de todo lo que no me gusta en la política y en la mezcla de la política con los negocios. Pero, dicho esto, que he escrito muchas veces, jamás estuve de acuerdo con su linchamiento, con el trato que recibió de muchos, porque no me gusta la justicia popular y no me gustan los escraches públicos permanentes. 

Creo que la Justicia y en el derecho de todos a defenderse en un juicio justo. Lamento la muerte de Blesa, y me repugna el comportamiento de aquellos que fueron sus colegas, que se arrimaron a su lado y luego, cuando llegaron las malas desaparecieron. Descanse en paz.


(*) Periodista


Blesa se pega un tiro / Marcello *

Conmoción en el mundo empresarial y financiero y natural revuelo político y mediático por la muerte inesperada y violenta del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. El que en la mañana de ayer apareció muerto de un disparo de escopeta en el pecho en una finca de Córdoba donde fue a cazar y pudo haberse suicidado según los primeros indicios.

La complicada situación procesal de Blesa (condenado a seis años de cárcel en el juicio de las ‘tarjetas black’ y pendiente de juicio por ‘las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid), la crisis financiera que dejó en la Caja y su aislamiento social han podido estar entre las causas de este presunto suicidio.

El que se suma a otros ocurridos en los medios financieros internacionales. Como los de la gran depresión de los EE.UU. en 1929 cuando numerosos banqueros que saltaron desde los rascacielos de Nueva York. No fueron los únicos dado que en años posteriores en esa ciudad o en la City de Londres también ocurrieron suicidios similares. Otros banqueros optaron ahorcarse como Roberto Calvi, el ‘Banquero de Dios’ que administró las finanzas vaticanas, y también hubo banqueros que se suicidaron por la vía de darse un tiro como podría haber ocurrido con Blesa.

Las primeras pesquisas apuntan a un suicidio (aunque no se descarta un accidente) de Blesa, el amigo de la infancia de José María Aznar que situó a Miguel Blesa al frente la Caja madrileña en 1996. Cargo que ocupó hasta 2009 cuando fue sustituido en 2010 por el ex vicepresidente del Gobierno y ex Director del FMI Rodrigo Rato cuando fracasó el intento de Esperanza Aguirre de colocar en el puesto a su vicepresidente Ignacio González.

Blesa, Rato, y González tres notorios personajes del PP que tienen serios problemas con la Justicia. Blesa estuvo en prisión preventiva, Rato fue detenido por la policía y González sigue en la cárcel de Soto del Real. Los tres están (Blesa estaba) inmersos en varias causas judiciales y penales.

La muerte de Blesa ha provocado gran conmoción en ámbitos financieros y empresariales de Madrid, donde el ex presidente de Caja Madrid había sido marginado tras conocerse sus presuntos delitos y el derroche de los fondos de la Caja que regentaba y que había llevado a una situación de pre quiebra. Un desastre que culminó Rato en sus años de presidente y que provocó el rescate de Bankia (antes Caja Madrid) por el Estado con un coste de 23.000 millones de euros para el erario público.

La ‘maldición’ por corrupción de Caja Madrid (Bankia) ha crecido con la muerte violenta de Blesa y proyecta una negra sombra sobre la entidad que ahora regenta Ignacio Goirigolzarri y donde todavía quedan muchas cosas por aclarar. Como las andanzas de Blesa en España y USA donde compró un banco que luego tuvo que ser mal vendido. Como faltan por dilucidarse las andanzas de Rato en Bankia y de su salida a Bolsa en condiciones no justificadas que aún son objeto de una investigación judicial.


(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés



40 años de feudalismo y corrupción en el deporte español / Ignacio Varela *

En 2008, Ángel María Villar llevaba dos décadas como presidente de la Federación Española de Fútbol y ya era una figura manifiestamente turbia. El entonces presidente Zapatero se comprometió públicamente a sacarlo del sillón. Para ello, el Gobierno dictó una norma que obligaba a convocar elecciones en la federación, con una prohibición de que se presentaran quienes llevaban determinado tiempo en el cargo.

Villar llamó en su auxilio al primo de Zumosol. Joseph Blatter, presidente de la FIFA, se presentó en Madrid y amenazó con expulsar al fútbol español de todas las competiciones internacionales. Era un farol evidente, pero funcionó: el Gobierno socialista se comió su reglamento y Villar, eufórico tras ponerlo de rodillas, proclamó chulescamente: “Llevo 20 años de presidente y si me da la gana seguiré 250 años más”. Hasta hoy.

Aquel episodio es un epítome de los dos males inmemoriales que aquejan al deporte español: el feudalismo en sus estructuras y la corrupción masiva e impune en su funcionamiento. A los que hay que añadir el amparo de unos organismos internacionales del deporte que son mandarinatos igualmente feudales y corruptos y una sociedad narcotizada, a la que solo le interesa que le garanticen su dosis cotidiana de espectáculo y de triunfos, adobada de retórica patriotera.

Buenos conocedores de la historia aseguran que el cáncer del deporte español, que ahora estalla, tiene su origen en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Aquellos Juegos fueron otorgados en 1986, en una votación urdida por Samaranch, entonces presidente del COI. Coincidió con la época de las grandes transformaciones estructurales en España: todo, desde la sanidad a la educación, pasando por las pensiones, la administración pública, la industria o el sistema financiero, se reformó para adaptarlo a lo que necesita un país democrático y moderno.

La nominación olímpica operó como un paralizante de cualquier cambio en las estructuras oficiales del deporte. Todo se supeditó a la organización del evento. ¿Quién iba a emprender cambios de fondo en la gobernación deportiva cuando había que hacer frente al enorme reto del 92? Gran coartada. El poder omnímodo de Samaranch, una criatura del franquismo que caciqueaba a su antojo en el deporte mundial y en el español, tampoco ayudaba a la renovación.

Los Juegos triunfaron, y después vino un diluvio de éxitos de deportistas españoles, convertidos en estrellas mundiales. Ahí se terminaron las ganas de cualquier Gobierno —si es que alguna vez existieron— de meter mano a las podridas y obsoletas estructuras del deporte.

El deporte es el único sector de la vida pública española al que aún no ha llegado la transición democrática. Sus federaciones son preconstitucionales, sus directivos son en su mayoría presumidos zánganos cooptados por sus pares cuya única aspiración es eternizarse en la poltrona, y nada diferencia a este Ángel María Villar de aquel Pablo, Pablito, Pablete que José María García hizo tristemente famoso.

Inmediatamente después vino una riada de dinero. Con la explosión de los derechos de televisión, el deporte de competición se convirtió en un negocio fabuloso que mueve miles de millones. En un contexto de ausencia total de controles y de inhibición de los poderes públicos, floreció la corrupción.

Esto que afecta a todo el deporte se multiplica por 10 en el caso del fútbol, por obvias razones de tamaño. Una federación podrida dirigida por golfos apandadores, clubes arruinados por gestiones temerarias, fichajes fraudulentos, futbolistas multimillonarios que estafan a Hacienda y reciben tratamiento de héroes… El circo continúa y todos felices, pero su patio trasero es un gigantesco estercolero.

El fútbol español —que se alimenta, entre otras cosas, de las quinielas y de subvenciones públicas— ha llegado a acumular una deuda superior a 1.000 millones de euros sin que ningún Gobierno y ningún Parlamento se hayan sentido obligados a exigir responsabilidades. Desde 1977 ha habido 13 secretarios de Estado de Deportes: dos de UCD, cinco del PSOE y seis del PP. Por su ejecutoria, pueden clasificarse en dos grupos: cómplices pasivos y cómplices activos. Unos se han dedicado a disfrutar del cargo viajando por el mundo, forofeando gratis y colgándose las medallas que ganaban los deportistas mientras hacían la vista gorda. Otros decidieron participar del botín, y no les extrañe ver cómo más pronto que tarde alguno de ellos acompañará a Villar en su camino hacia los juzgados.

Para ser justos, hay que hacer una excepción. Entre 2012 y 2016, Miguel Cardenal y un equipo de funcionarios encabezado por Fernando Puig hicieron lo que no había hecho ninguno de sus antecesores: cumplir con su deber de supervisar el funcionamiento y las cuentas del deporte español. Investigaron, abrieron los cajones para encontrar en ellos una montaña de porquería, establecieron una colaboración estrecha con la Fiscalía, sacaron de su modorra a la Agencia Tributaria… Hoy ya no están, pero quienes los quitaron de en medio llegaron tarde, porque la maquinaria policial y judicial se ha puesto en marcha y ya no se detendrá.

Todas las revelaciones a las que hoy asistimos —y las que vendrán— son el fruto de su trabajo. Gracias a él, los presidentes de las tres federaciones más grandes (fútbol, baloncesto y tenis) han sido empapelados y hasta 10 más están siendo investigados por la policía y por la Justicia. Por cierto, hace solo unas semanas, el presidente del Comité Olímpico Español ratificó a Villar en su comité ejecutivo y se congratuló de la defenestración de Cardenal.

La lucha contra la corrupción en el deporte ha despertado. Pero la política aún tiene una asignatura pendiente: hacer que sus estructuras de gobierno atraviesen la barrera del sonido de la democracia, aunque sea con 40 años de retraso. Que salgan del feudalismo. Esa es la tarea del Gobierno y del Parlamento, y descorazona comprobar que ningún partido, ni siquiera los que pretenden representar la nueva política, se anima a dar el paso. Es mucho más fácil y más agradecido poner tuits jaleando a Nadal.

Desaparecido el Politburó del PCUS, quedan dos poderes en el mundo mundial que aún funcionan como regalías medievales: el Comité Olímpico Internacional y la Curia vaticana. Yo de mayor quiero estar ahí.


(*) Periodista


Al FMI no le gusta cómo supervisa el Banco de España / José Hervás *

Los bancos es­pañoles ne­ce­sitan me­jorar la ren­ta­bi­li­dad, acu­mular más re­servas de ca­pital y adaptar sus po­si­ciones de fi­nan­cia­ción. Así de claro es el Fondo Monetario Internacional sobre la si­tua­ción del sector fi­nan­ciero en España. Hace tantas ad­ver­ten­cias sobre los bancos que pa­rece qui­siera cu­rarse en sa­lud. ¿Qué sabe de los riesgos del sector fi­nan­ciero es­pañol el FMI que no dice? 

A los técnicos les gusta el proceso de consolidación y esperan que continúe, pero sobre los riesgos no dicen una palabra más.

El informe que todavía es el de los técnicos del FMI, a la espera que lo apruebe el Directorio Ejecutivo, deja claro que no les gusta demasiado cómo realiza el Banco de España sus trabajos de supervisión y para que no haya dudas, además pide mejorar la defensa de los clientes del sector bancario.

El último párrafo de la declaración final de la Misión de la Consulta del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional del 2017 a España es muy claro: hay que reformar como se eligen las autoridades de supervisión del sector financiero.

El FMI es muy halagador con las mejoras que se han producido en la economía y en la generación de empleo, de las que dice que son impresionantes pero propone un amplio paquete de reformas o mejoras en el ámbito financiero que concreta en tres prioridades a corto plazo: atajar las debilidades que todavía subsisten y los legados de la crisis, prepararse para manejar turbulencias que amenacen la estabilidad financiera, y fortalecer y modernizar el marco institucional.

No se quedan ahí las alertas del organismo con sede en Washington. Recomienda que se establezca un Consejo del Riesgo Sistémico interinstitucional para potenciar la vigilancia de este riesgo sistémico y la toma de decisiones macro prudenciales. Es curiosa la justificación que da: “ayudaría a abordar la creciente interconexión sistémica del sector financiero”.

Lo cierto es que no parece que resulten muy coherentes las ideas expresadas por los expertos del FMI. Por una parte recomiendan más concentración del sector para capitalizarlo y hacerlo más rentable y, por otra, alerta de que justamente lo que propone convierte al sector en difícilmente gobernable.

Estas oscilaciones ideológicas forman parte de la propia historia del sistema financiero. Unas veces se propone su concentración, para poco después tener que legislar para limitar esta concentración con el fin de evitar los riesgos sistémicos en que se convierten estas entidades al hacerse tan grandes. Se da la paradoja de que las entidades pensadas para salvar al mundo, exigen finalmente que todo el mundo se organice para salvarlas a ellas.

Lo advierten, a su manera los del FMI. Aunque asegura que “las disposiciones actuales en materia de resolución para bancos de importancia sistémica están funcionando bien por ahora, con el tiempo debería abordarse la fragmentación de dichas disposiciones mediante la revisión del sistema existente, que separa las responsabilidades preventivas y ejecutivas en materia de resolución de bancos y sociedades de inversión”.

A los expertos internacionales les siguen preocupando los riesgos del sector inmobiliario español y proponen más poderes de supervisión para el Banco de España a la hora de afrontar una futura acumulación de riesgos en la exposición del sector inmobiliario.

Pese a que comienza alabando los planes para potenciar la gobernanza de ciertas partes de la arquitectura institucional dice que lo hace porque “incluyen reformas del proceso de selección de las autoridades de supervisión del sector financiero, el establecimiento de una agencia independiente de seguros y fondos de pensiones, la introducción de un sistema único de defensor del cliente que se ocuparía de las reclamaciones de los consumidores sobre productos financieros, y el traspaso de la responsabilidad en materia de estándares contables y supervisión de auditoría de una institución perteneciente al Ministerio de Economía al regulador de mercados de capitales”.

Leído con detenimiento el trabajo de los expertos de Washington, no puede decirse que el FMI haya querido enviar un mensaje de tranquilidad sobre el sector financiero español. Y se suma así a tantos otros. Veremos qué dice en la Comisión de Investigación de la crisis financiera el exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Suiza le da una tribuna de privilegio.



(*) Periodista

No hay manera / Ramón Cotarelo *

En menos de 24 horas, el acuerdo de la izquierda sufre su primer revés, roce, lo llama la prensa prudentemente, como el que no cede el paso en la puerta; aunque aquí parece tratarse del que se adelanta. Están los dos aliados mirándose de reojo y buscándose las vueltas. Harían bien en establecer unos protocolos de actuación para evitar los roces o desacuerdos y ser menoss quisquillosos.

Sobre todo porque ese rifirrafe continuo desmerece de las firmes declaraciones ideológicas y estratégicas. Dice Montero que la prioridad es echar a Rajoy de La Moncloa y al PP del gobierno. Pero, por lo que hacen, más parece que esa tarea la cumplirán antes los jueces mandando al grueso del partido entre rejas.

La detención del baranda del fútbol por un presunto delito prevaricación no es un hecho insólito, sino lo normal. No hay sector de actividad económica (deportiva, empresarial, cultural, bancaria) que esté en relación con el poder político y no haga negocio con la corrupción de este. Está todo igual de podrido en este sistema de capitalismo de captura del Estado.

Quien haya visto el documental sobre las cloacas de Interior sabe que esa corrupción afecta a todas las áreas del gobierno, singularmente el ministerio del Interior, en donde parece haberse montado una policía política con fines claramente delictivos.

Un gobierno que tiene o ha tenido ministros reprobados, acusados o investigados, que tiene dirigentes de todo tipo en la cárcel y cuyo presidente está pendiente de declaración como testigo en un proceso por corrupción de su partido, del que ha sido todo: tesorero, secretario general y presidente, carece de toda autoridad moral para enfrentarse a la reivindicación independentista. Carece de toda legitimidad para exigir a los independentistas que acaten la ley cuando el primero que no lo hace es él mismo; ni como órgano ni personalizadamente.

La lentitud y el zascandileo habitual de las izquierdas, pasa ahora a ser irresponsable, puesto que deja en manos de esta derecha neofranquista la cuestión catalana. Hay quien dice que, en realidad, es un efecto querido. La izquierda prefiere que sea la derecha quien reprima el independentismo catalán, quedando ella así exonerada. Como Poncio Pilatos. Habrá gente así, seguramente, pero entiendo que la mayoría acusa más bien un sentimiento de frustración: no haber sido capaz de proponer una solución negociada admisible por ambas partes. Esa conciencia de fracaso no le permite exonerarse, sino que la convierte en el furgón de cola del PP en Cataluña.

Y todo para comprobar que también es el furgón de los fracasados, tanto si el referéndum se celebra como si consiguen impedirlo.  
 
El Estado y el gobierno

El argumento más poderoso del sector unionista, el menos falaz y sofista, es el que insiste en diferenciar entre Estado y gobierno. Es el más poderoso no por lo que dice, (auténtica trivialidad), sino por lo que implica. Según él el actual gobierno de España (un órgano corrupto, sostenido por un partido de presuntos delincuentes, que ha destrozado el Estado de derecho) no es el Estado en sí, sino una forma pasajera. Cuando haya elecciones, podrá haber un gobierno decente, que haga justicia al carácter democrático y abierto de la sociedad y el Estado españoles.

Es decir, el independentismo es una opción errónea, precipitada, que se basa, ella sí, en una falacia: la de identificar un gobierno de presuntos ladrones neofranquistas corruptos y nacional-católicos con el Estado español. Trata de aprovechar esta lamentable y contingente identidad entre policías y ladrones para hacer apresurada tabla rasa y tirar el niño con el agua sucia.

El argumento es una llamada a la paciencia y la esperanza del independentismo. Esperaos, viene a decir, a que haya un cambio de tendencia en la opinión española, a que haya un gobierno respetuoso con el sentir democrático y el imperio de la ley, y el Estado español permitirá su reforma profunda para acomodar las pretensiones catalanas, por ejemplo, en forma de un generoso federalismo, que es la vía elegida mayoritariamente por las izquierdas españolas, aunque no por las catalanas.
 
Invitar a la paciencia y la esperanza y tachar, de paso, a los independentistas de demagogos, precipitados, aventureros, radicales, etc., permite sentar plaza de persona ecuánime. También permite nada y guardar la ropa aunque sea posible que, al final, no se nade y la ropa se pierda.

Ese argumento coincide con un tímido rearme moral de un nacionalismo español de izquierdas. Hace unos días, más de 200 personas de ese ámbito, más o menos del comunismo catalán rechazaba el referéndum del 1/10 por falta de garantías democráticas. Escriben lo que predica su correspondiente organización, los Comunes, que no aceptan el referéndum, pero levantan constancia de su carácter movilizador. A continuación, proponen trabajar por un “verdadero” referéndum a partir del 2 de octubre. Lo dicen Domènech e Iglesias. No es una tomadura de pelo. Es simplemente que no dan para más.
 
Tratando de evitar este ridículo, el sector errejonista de Podemos alienta también la misma esperanza de un Estado español de derecho, democrático, avanzado, justo, respetuoso con las naciones que lo integran cuando los progresistas ganen las elecciones. Un Estado del que hay que estar orgulloso, una verdadera patria de todos los españoles, a la que los catalanes querrán adherirse de mil amores, abandonando los “delirios separatistas”, como dice el presidente de la Gürtel, los sobresueldos, y el “sé fuerte, Luis”.

La idea es siempre la misma: deponed vuestra actitud separatista porque todavía podemos hacer muchas cosas justas con un Estado español libre de neofranquistas, capaz de reformarse constitucionalmente y de atender con equidad las reivindicaciones de las naciones no españolas.

Mentira

No hay nada, absolutamente nada en la experiencia de los último 300 años que permita abrigar esa esperanza en las relaciones entre Cataluña y España. Quien lo sostenga no actúa de buena fe o es un ignorante imperdonable.

No hace falta trabajar mucho para concluir que, si el poder político, el gobierno, cae en manos de la derecha (como lo está desde hace seis años por la incapacidad –también teñida de corrupción- de la izquierda) el Estado será represivo, antidemocrático, centralista, catalanófobo, injusto, cruel con los sectores más desfavorecidos y gestionado por ladrones.

¿Y si gobierna la izquierda, como hizo en 1982/1996 y 2004/2011? Pues lo mismo con algunos retoques cosméticos. Cierto, durante los mandatos de González y Zapatero se tocaron algunos puntos importantes de carácter social e ideológico. Pero la estructura del Estado del antiguo régimen siguió intacta: centralismo, caciquismo, oligarquía, iglesia depredadora, empresarios ineptos y corruptos, poder judicial vendido, medios de comunicación comprados, administración venal, injusticia sangrante en la distribución territorial de los recursos. NI siquiera se depuró el aparato represivo de la dictadura ni se hizo justicia con sus víctimas. 20 años tuvieron los socialistas para imponer en España la fórmula federal que hoy presentan como panacea y de la que, en realidad, no tienen ni idea.

Al margen de que esta oferta federal resulte ya lamentablemente anacrónica, es llamativo cómo el nacionalismo español (incluso este de la “Patria a la izquierda”) desconoce su íntima fibra autoritaria. Ni se les ocurre que, como están las cosas, el federalismo solo podría ser producto de un voluntad libre de entidades soberanas e independientes y no impuesto por el esclarecido regeneracionismo de una izquierda incapaz de reconocer que España tiene siempre los gobiernos que su fallido Estado le permite, sean de derechas o de izquierdas, federales o centralistas. La prueba es que al actual impulso independentista se generó y creció durante el mandato de uno de los presidentes más ineptos de la historia: Rodríguez Zapatero, “federalista” del PSOE.

Porque el problema es el Estado español, y pedir esperanza en que cambie alguna vez es jugar de mala fe.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED