viernes, 21 de julio de 2017

El Supremo cree que un tributo autonómico de Murcia sobre medio ambiente duplica el IAE

MADRID.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que acuerda plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley autonómica del año 2011 que puso en marcha el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de la Región de Murcia. 

El alto tribunal considera que puede vulnerar tres artículos de la Constitución ante la eventual existencia de una duplicidad impositiva entre el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el citado tributo autonómico.
La empresa GDF / Suez Cartagena Energía SL, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Consejería de Hacienda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, solicitando que se declarase la nulidad de la misma y el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. Dicho recurso fue desestimado, por lo que la empresa recurrió en casación ante el Supremo, que lo ha admitido en tanto que propone al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre esta cuestión. El fiscal, apunta el auto, comparte la opinión de la Sala.
El Supremo señala que siempre que se examina el impuesto sobre actividades económicas «hay que precisar que en todos los casos en los que ha sido uno de los tributos en comparación, hemos atendido siempre a su particular naturaleza, constando que se trata de un tributo que afecta a toda actividad económica con carácter general». 
En este sentido, cree que puede existir duplicidad entre el IAE y el impuesto que aprobó el Gobierno regional.

Castilla-La Mancha se opone también a que se ceda agua del Júcar

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a trasladar a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en la reunión que van a mantener el próximo lunes, su rechazo «al nuevo acueducto y trasvase» que los regantes de Murcia han propuesto realizar del río Júcar al Segura. 

Así lo ha manifestado la consejera de Fomento, Agustina García Élez, tras la reunión que mantuvo con representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, para abordar esta iniciativa de los regantes de Murcia. Mostraron «su malestar ante «el déficit de 195 hectómetros cúbicos del río Júcar, que ya soporta tres trasvases».
La consejera castellanomanchega se refirió a la propuesta del Sindicato de Regantes del Tajo-Segura (Scrats) para conectar este acueducto con el canal Júcar-Vinalopó a través de una tubería de 60 kilómetros. El Scrats señala que hay 50 hectómetros en la desembocadura del Júcar que no están asignados.
«Vamos a defender que el agua se quede en Castilla-La Mancha. Cada gota de agua que se va por el trasvase hace que en la región no se genere desarrollo, riqueza y empleo y se vaya a otra comunidad», se lamentó la titular de Fomento, que incidió en que las zonas de Albacete y Cuenca por la que discurre el Júcar se ven afectadas por la situación de «déficit que presenta».
«No digo que otros regantes no necesiten agua, pero es que hay otras alternativas. No nos oponemos a colaborar, participar y elaborar otras alternativas, una de ellas es la desalación. Si ahí está la alternativa, úsenla». El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Herminio Molina, dijo que «es un error» que «alguien piense que el Júcar puede ayudar a otros territorios». Por Castilla-La Mancha pasa el 75% de este río, manifestó.

Tovar: «Ni la CHS, ni la Consejería, ni la ministra Tejerina demuestran interés por el problema del agua»

MURCIA.- El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, aseguró que el consejero de Agricultura y Agua "no ha enviado el documento para trabajar sobre el Pacto del Agua ni ha convocado la reunión prevista para esta semana, tal y como fijamos en el último encuentro".

De igual modo, destacó que ni la Confederación Hidrográfica, ni la Consejería, ni la ministra Tejerina "están demostrando interés por resolver los problemas de los agricultores de la Región de Murcia, a los que desprecian e ignoran sus necesidades".
Tovar denunció la falta de interés del Gobierno regional y concretamente de la Consejería de Agricultura y Agua por no querer avanzar en un asunto tan importante y vital para la ciudadanía de la Región de Murcia, y especialmente para los agricultores.
"Anuncian a bombo y platillo la convocatoria de reuniones para los pactos y en el momento de avanzar, de trabajar duro y dar una respuesta inminente ante la sequía tan importante que padecemos, no vuelven a convocarnos y se olvidan de enviar a los grupos el documento para trabajar en este pacto del agua".
Asimismo, el líder de los socialistas murcianos se mostró sorprendido por la visita que ha hecho el consejero acompañado de diputados del PP a la desaladora de Torrevieja. "La criticaron, pusieron trabas administrativas y se la encontraron casi hecha por un gobierno socialista. Ahora la visitan y además no invitan al resto de partidos".
Tovar ha añadido que "parece que solo les importa la foto, porque lo realmente importante no lo abordan, y a día de hoy lo importante es alcanzar un acuerdo para la España seca y solucionar los problemas de sequía que padecemos".
De igual modo, el secretario general de los socialistas murcianos quiso mostrar su compromiso para seguir trabajando y llegar cuanto antes a un acuerdo. "El PSOE siempre ha estado en la búsqueda de soluciones. En mantener el trasvase Tajo-Segura, inversión en desaladoras y en lograr un pacto para la España seca, y no cejaremos en nuestro empeño”, concluyó.

Denuncian un incremento del 53% en los tiempos de espera para especialidades médicas

MURCIA.- El Observatorio de Tiempos de Demora para primera cita con Especialidades desveló este viernes su último informe concluyendo que se ha registrado un incremento del 53% en los tiempos de interconsulta en varias Áreas de Salud del Servicio Murciano de Salud.

La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (Adsprm) advierte que este informe refleja situaciones "graves de desigualdad" y tiempos de demora "inaceptables" para la atención adecuada de los problemas de salud de los ciudadanos de la Región de Murcia, "existiendo además grandísimas diferencias por Áreas Sanitarias (las peores las Áreas 8, Mar Menor; la 3, Lorca; y la 2, Cartagena)".
La situación en las Áreas 8 (Mar Menor) y 3 (Lorca) "parece insostenible e incompatible con unas mínimas garantías de calidad en la atención".
En el conjunto de la Región de Murcia, el 47,6 % sobre el total de especialidades en las que la cita se da en el Centro de Salud tienen una demora superior a 60 días, y en el 27,3 % la demora es superior a 100 días, siendo estos datos los peores de todos los informes realizados desde 2015.
Los tiempos medios de las demoras de todas las especialidades por Áreas de Salud oscilan entre los 19 días del Área 9 (Cieza), a los 151 días del Área 8 (Mar Menor).
La Adsprm entiende que si bien esta "lamentable" situación no es responsabilidad de los recién nombrados consejero de Sanidad y Gerente del Servicio Murciano de Salud, tienen, a su juicio, la obligación de establecer medidas correctoras que superen los planes de choque.
En el informe se comprueba en una fecha concreta los tiempos de demora con los que se cita a un paciente en un total de 21 especialidades médicas y unidades específicas desde que se indica por un médico de un Centro de Salud de cada una de las 9 áreas sanitarias de la Región de Murcia. Para este sexto informe, las fechas elegidas fueron entre los días 13 y 23 de junio de 2017.

Los hoteles de la Región registraron en junio un total de 285.469 pernoctaciones

MURCIA.-Los hoteles de la Región de Murcia computaron en junio un total de 285.469 pernoctaciones, de las que 202.300 correspondieron a viajeros españoles y las 83.169 restantes fueron de viajeros extranjeros, con una estancia media de 2,38 días frente a los 3,45 de la media nacional.

Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región de Murcia recibió en el citado mes 120.184 viajeros, de los que 93.650 eran residentes en España y 26.533 extranjeros.
En la Región de Murcia había 179 establecimientos de estas características abiertos en el pasado mes de junio con un número de plazas estimado de 18.721 y una capacidad de empleo de 2.284 trabajadores.
El grado de ocupación por plazas en la Región en junio fue del 50,07% (66,45% en España), mientras que el grado de ocupación de plazas por fin de semana se elevó al 62,19% (71,91% en España).
Por otro lado, en la Región de Murcia los precios hoteleros aumentaron un 2% en junio con respecto al mismo mes del año anterior, frente al crecimiento del 9 por ciento de la media nacional. Así, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) en Murcia se situó en 83,3 mientras que en España lo hizo en 114,7.
En cuanto a los indicadores de rentabilidad del sector hostelero, la facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) en la Región de Murcia se situó en 59,9 euros, lo que representa una tasa de variación interanual del 1,2 por ciento. La media nacional se situó en 87,5 euros.
Por su parte, el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación alcanzada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 34,3 euros en la Región, con una variación interanual del 5,1 por ciento. A nivel nacional, el ingreso por habitación disponible alcanzó los 63,7 euros.

Monje Carrillo apoyó a Villar a cambio de un puesto de la UEFA

MADRID.- Las escuchas policiales en el caso "Soule" que llevó a prisión ayer al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, y a su hijo Gorka apunta a que el presideten de la federación murciana, José Miguel Monje Carrillo, iba a ser propuesto para un puesto en la UEFA por su apoyo en la reelección del bilbaino.

En concreto, en las páginas 5 y 6 del auto del juzgado central de instrucción 1 se circunscriben a este caso y apuntan directamente a Monje Carrillo con varias conversaciones grabadas, una de ellas el 21 de marzo pasado a Gorka en la que el seleccionador nacional le dice "yo tenía dudas de la murciana, entonces la murciana nos ha votao..salen, salen todos los nuestros, con eso, con la murciana".

Seis días mas tarde Villar sondea a Monje Carrillo si le ha parecido bien que el partido España-Colombia se vaya a celebrar en Murcia y éste le contesta que "la locura...la locura absoluta".

El 5 de mayo Villar propone a Monje para un puesto en una comisión de la UEFA en sustitución del presidente de la federación andaluza de fútbol, Eduardo Herrera, lo que según el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sería un castigo hacia éste por haberse posicionado a favor de un cambio en la presidencia de la federación.

La concesión de los citados beneficios, según el auto, tiene una contrapartida al haber favorecido a Villar en su reelección.

El 3 de junio pasado Javier Clemente le dice a Juan Padrón "son votos compraos, decir amén por llevarse unos dineros" en referencia al presidente de la federación murciana.

Piden el cese del consejero Juan Hernández por cambiar el modelo de las ITV

MURCIA.- Las organizaciones sindicales han pedido hoy el cese del consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, al que culpan del proyecto de liberalización del sector de ITV de la Región de Murcia, por su "mala gestión" en este tema, "sus tácticas dilatorias" para evitar la negociación del sector y su intervención en la demora de soluciones.

Además le critican su "cerrazón al intentar imponer un modelo único de gestión de las ITV que sólo ha recogido el rechazo unánime de los trabajadores de las ITV pública y privadas, de todas las organizaciones sindicales y de los partidos políticos".
Por ello piden su "dimisión inmediata" y su sustitución por un responsable político "que sepa reconducir la situación y llegar a acuerdos satisfactorios que repercutan en la mejora del servicio, en la estabilidad en el empleo, en la eficiencia de la seguridad y protección medioambiental y en una reducción significativa de los precios públicos que paga la ciudadanía".
Esta mañana se ha iniciado un calendario de movilizaciones como primera medida, a la que seguirán otro paro parcial (día 26) y uno total (día 31).
El presidente de la Unión Autonómica de CSIF en la Región de Murcia, Juan Miguel López Blanco, ha dicho que el paro de hoy es por la protesta contra el modelo que "quiere imponer" Hernández "y a favor de un modelo plural que estamos pidiendo las organizaciones sindicales y el resto de partidos de la Región de Murcia".
El modelo de gestión que propone Juan Hernández "ha fracasado en otras Comunidades Autónomas", advirtió. 

Las ITV de la Región pararon durante una hora este viernes como primera medida en protesta a la "mala gestión del servicio público de ITV por parte del consejero, sus tácticas dilatorias para evitar la negociación y su cerrazón al intentar imponer un model único de gestión de las ITV", según afirmaron fuentes sindicales en un comunicado.
Los sindicatos reclaman la dimisión "inmediata" del consejero Juan Hernández y su sustitución por "un responsable político que sepa reconducir la situación y llegar a acuerdos satisfactorios que repercutan en la mejora del servicio, en la estabilidad en el empleo, en la eficiendia de la seguridad y protección medioambiental y en una reducción significativa de los precios públicos que paga la ciudadanía".
La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios Consumur considera que la aprobación definitiva del proyecto de Decreto en el que está trabajando el gobierno regional en relación al servicio público de Inspección Técnica de Vehículos conllevará "consecuencias negativas para los consumidores y usuarios".
Consumur recuerda que la Directiva Europea 2006/123/CE sobre los servicios en el mercado interior ya indicaba que no resulta de aplicación a la actividad de ITV por tratarse de una prestación de interés general en el ámbito del transporte.
La organización pide, por tanto, "que se mantenga un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial de los ciudadanos". Asimismo, considera que no debe dejarse en manos privadas su regulación. La calidad y tarifas del servicio también pueden verse alteradas con la aplicación del Decreto Regional.
Por ello, Consumur muestra su apoyo a los paros previstos por las organizaciones sindicales que comenzaron este viernes y que continuarán el 26 y el 31 de julio, aunque lamenta que "la falta de acuerdo con la Administración derive en movilizaciones de este tipo, que perjudican principalmente a los usuarios finales de los servicios".
Para Roberto Barceló Vivancos, presidente de Consumur, "la liberalización de las ITV en la Región de Murcia, como así se está produciendo en otras Comunidades Autónomas, es una muestra más del proceso imparable de privatización al que estamos asistiendo en sectores productivos básicos que requieren de una estabilidad de sus tasas y una garantía de servicios que eviten su mercantilización sobre una guerra de precios que no estamos muy seguros que ello contribuya a la seguridad de las inspecciones a realizar".

CC OO presenta 400 contenciosos para que se reconozca el despido de interinos de la Enseñanza

MURCIA.-Comisiones Obreras Región de Murcia presenta 400 demandas a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo para que se reconozca el derecho de indemnización por despido a los trabajadores Interinos en la Administración Regional, informó hoy este sindicato. 

El Secretario General de CCOO en Murcia, Santiago Navarro; la coordinadora de los servicios jurídicos de este sindicato, Maite García Carrillo; el profesor interino José Luis Sánchez como representante de los trabajadores afectados, y Diego Reina por parte de la Federación de Enseñanza, mostraron hoy en rueda de prensa los 400 expedientes presentados y han denunciado la actitud de la Administración Regional que, según dijeron, ha dado respuesta negativa a los recursos de Alzada.
Para CCOO, "es inadmisible e incomprensible que la Administración Regional obligue a sus trabajadores eventuales a tener que pleitear y defender un derecho tan obvio ante los tribunales de Justicia con la demora de tiempo y de esfuerzo que eso conlleva para la Justicia Regional".
CCOO a nivel confederal está realizando una campaña entre los trabajadores públicos para que lleguen a los diferentes juzgados provinciales para que se les reconozca este derecho laboral en aplicación de una directiva europea de 1999.

El municipio de Murcia dejará de sacrificar animales en 2020

MURCIA.-El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha una nueva ordenanza de Protección y Tenencia de Animales de Compañía que se compromete al "sacrificio cero" de los animales que el Consistorio tenga bajo su custodia, para lo que se promoverá su adopción entre los ciudadanos.

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado hoy el proyecto para esa nueva ordenanza, cuya implantación total se prolongará hasta el año 2020 y que pretende adaptarse a los cambios legislativos introducidos en el Código Penal en esta materia.
Según ha explicado la portavoz municipal, Rebeca Pérez, el objetivo de la nueva normativa es "garantizar el bienestar y la protección de los animales y evitar situaciones de maltrato y crueldad, ausencia de auxilio y omisión o dejadez de atención".
Así, la ordenanza promoverá el "sacrificio cero" de todos los animales que el Ayuntamiento tenga bajo su custodia en el Centro Municipal de Control de Zoonosis.
Para ello, ha señalado la edil, se promoverá y promocionará la adopción de perros y gatos acogidos en el centro, que siempre se entregan a sus nuevos dueños debidamente desparasitados, vacunados, identificados y esterilizados, ha dicho.
La ordenanza prevé también una limitación a la hora de tener animales domésticos en casa, ya que cada ciudadano podrá tener como máximo tres perros o gatos en las viviendas urbanas, y cinco en las rurales.
Asimismo, quedarán prohibidas prácticas como la de tener de manera permanente a las mascotas en balcones y terrazas, realizarles mutilaciones con fines estéticos, utilizar animales en espectáculos, peleas o fiestas populares, y cualquier actividad que implique crueldad o maltrato.
Este proyecto ha sido elaborado en una comisión intersectorial en la que han participado todos los grupos políticos municipales, asociaciones de protección animal, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia, la Consejería de Agricultura, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y técnicos municipales, entre otros.
Tras su aprobación por la Junta de Gobierno, el texto deberá pasar ahora por una comisión informativa y por el pleno municipal, tras lo cual se abrirá un periodo de consultas y alegaciones, todo ello antes de su entrada en vigor.

Los funcionarios de la CARM, preocupados porque las medidas de Transparencia hagan públicos datos personales

MURCIA.- Un total de 612 trabajadores de la Comunidad han participado en la primera consulta sobre Transparencia, Participación, Datos Abiertos y Buen Gobierno, cuya segunda fase se ha abierto esta semana, y hasta el 6 de agosto, a la participación de todos los ciudadanos.

Según un comunicado del Gobierno regional, los empleados públicos de la Comunidad han realizado 460 aportaciones a través de la primera consulta realizada con el objetivo de conocer su opinión en las áreas de Transparencia, Participación, Datos y Abiertos y Buen Gobierno.
Estas aportaciones se incluirán en la elaboración del futuro Plan de Buen Gobierno, que se presentará a principios de septiembre, según anunció hoy la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo.
"La alta participación y, sobre todo, el elevado número de propuestas recibidas, demuestra que la transparencia y la participación son temas que interesan mucho a los empleados públicos y a la sociedad en general.
Desde el Gobierno regional queremos involucrar a los ciudadanos y contar con sus aportaciones en la elaboración del Plan de Buen Gobierno", aseguró Arroyo.
La consulta ha obtenido un alto grado de participación, con 612 empleados públicos que han completado la consulta, lo que supone un 7 por ciento del total, la más alta hasta la fecha.
Destaca el gran número de aportaciones realizadas por los empleados que han completado la totalidad de la encuesta, que constaba de cuatro apartados y 33 preguntas.
En total, se han obtenido 460 aportaciones, entre las que sobresalen las realizadas sobre Transparencia, con 191 (42 por ciento), seguidas de Participación, con 100 aportaciones (22 por ciento).
En Transparencia, en las propuestas se señala la necesidad de que se conozca más y mejor la transparencia mediante acciones de comunicación-divulgación a la ciudadanía, una mayor formación a empleados públicos en esta materia a todos los niveles, así como mayor claridad de la información que se transmite al ciudadano, la simplificación del lenguaje administrativo y la facilidad de uso del sitio web.
Asimismo, los empleados públicos manifiestan su preocupación por un posible exceso de transparencia en cuanto a la publicación de datos personales y señalan la necesidad del respeto a su derecho fundamental a la intimidad y a los informes emitidos por la Agencia Española de Protección de Datos.
Con relación a los contenidos del Portal de Transparencia, se consideran de "mucho interés" para la ciudadanía las subvenciones, la contratación pública y los Presupuestos (72 por ciento).
En cuanto a Participación, señalan que es necesario extender los procesos participativos a más ámbitos, como Educación o Sanidad, así como mejorar su difusión antes y después del proceso, insistiendo en que los procesos tengan repercusión real sobre lo que se somete a consulta.
También se aprecia un alto interés por fomentar la participación 'online' a través en una plataforma digital y redes sociales.
Respecto al área de Datos Abiertos, proponen dar difusión de su utilidad, en qué consisten y cómo acceder a ellos, y en Buen Gobierno destacan la necesidad de que mejore la relación de los cargos públicos con la ciudadanía, así como planificar la acción de gobierno y evaluar sus objetivos.
Destaca la alta participación en la consulta del personal directivo de la Comunidad, ya que el segmento correspondiente a los altos cargos, personal eventual y funcionarios que ocupan puestos directivos o de estructura (niveles 28 al 30) son los que cuentan con la mayor participación, que alcanza un 30 por ciento. En el caso de los funcionarios del grupo A supone más del 60 por ciento.
Según las fuentes, sobre la valoración de las actuaciones que realiza actualmente el Gobierno regional en materia de 'Gobierno Abierto', los cuatro ámbitos (Transparencia, Participación Ciudadana, Datos Abiertos y Buen Gobierno) reciben una media superior al 2,6 sobre 5.
Destacan las valoraciones realizadas en relación con las actuaciones en materia de Transparencia (2,85 por ciento) y Participación Ciudadana (2,84 por ciento).
La participación por sexo ha sido bastante equilibrada, un 51 por ciento de hombres y un 49 por ciento de mujeres y, por consejerías, la mayor participación se ha dado en la de Hacienda y Administraciones Públicas (20 por ciento de participantes), seguida de Universidades y Empresa (13 por ciento) y Educación, Juventud y Deportes (12 por ciento).
Los resultados de la encuesta también ponen de manifiesto el desconocimiento de los portales actuales de la Comunidad de difusión de la información.
Casi un 40 por ciento de los empleados públicos reconoce no haber accedido nunca al Portal de Transparencia. Los porcentajes aumentan en relación con los empleados que reconocen no haber accedido nunca a la web de participación ciudadana (un 55 por ciento) y al Portal Regional de Datos Abiertos (un 58 por ciento).

La Comunidad Autónoma financia en un 68,5% las universidades públicas murcianas

MURCIA.-El sistema universitario público regional es financiado directamente en un 68,5% por la Comunidad, "financiación cuatro puntos superior a la media nacional, que se sitúa en el 64,7%, lo que supone una buena financiación del Gobierno regional para con las universidades públicas de su competencia". El porcentaje restante de dicha financiación corresponde a las tasas y precios públicos, así como a fondos externos como los nacionales o los europeos.

Así lo recordó hoy el director general de Universidades e Investigación, Juan Monzó, durante el encuentro que mantuvo en la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa con los 10 alumnos de la Región, nueve chicas y un chico, que obtuvieron las mejores notas de acceso a la Universidad, a quienes felicitó por sus resultados y su esfuerzo, y animó a continuar su trayectoria universitaria con "las mismas ganas e ilusión". Se trata de la primera vez que el Gobierno regional reconoce en un acto oficial "el esfuerzo, la dedicación y la brillantez académica de los 10 alumnos con mayor puntuación en dichas pruebas", añadió Monzó.
Más del 94% de los alumnos de la Región de Murcia que se presentaron a las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) el pasado mes de junio superaron dicha prueba. En concreto, de un total de 6.244 alumnos matriculados, tras la primera corrección, fueron aptos un total de 5.820.
Asimismo, Monzó mostró su satisfacción por los resultados obtenidos en la Región, muy similares a los conseguidos en los tres últimos años, y destacó "las grandes posibilidades del sistema universitario regional para que estos alumnos y el resto de estudiantes puedan llevar a cabo sus estudios en las universidades de nuestra Región, pues solo la UMU y la UPCT ofertan un total de 7.735 plazas de nuevo ingreso". Por ello, invitó a los alumnos con los que hoy se reunió a que escogieran universidades de la Región para cursar sus estudios universitarios.
Por otro lado, el director general señaló que "la formación, la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación son en la sociedad actual la base para el crecimiento y la prosperidad, porque crean valor económico en una economía, que tiene su principal fortaleza en el capital humano y en bienes que son intangibles".
En este contexto, "las universidades tienen que jugar un papel fundamental en cuanto a la formación de capital humano de alta cualificación, a la generación de conocimiento de frontera y a su transferencia a la sociedad y a los sectores productivos para innovar en procesos y productos", añadió Monzó.
Las tres universidades de la Región (UMU, UPCT y UCAM) ofertan el 95% de los títulos de Grado que se ofertan en el conjunto de las universidades españolas, acogen a un total de 51.327 alumnos, 3.875 profesores y 1.804 empleados como Personal de Administración y Servicios, además de 307 investigadores ligados a proyectos de investigación.
Por último, el director general aseguró que "para el Gobierno regional es una prioridad la suficiencia financiera de las universidades para el cumplimiento de sus funciones" y recordó al respecto el acuerdo de financiación plurianual hasta el año 2020, que aportará más de 1.000 millones de euros para dicho periodo.

La CARM gestionará el 80% de las subvenciones para proyectos sociales relativos a 'X solidaria' provenientes del 0,7% del IRPF

MURCIA.-La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, presidió hoy la reunión de trabajo de la Mesa de Apoyo al Tercer Sector, integrada por Cáritas, Cruz Roja, Plataforma del Voluntariado, Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ONCE y la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN).

En el trascurso de la reunión, la Mesa ha informado favorablemente sobre la Orden de bases de las subvenciones para los programas de interés general para proyectos sociales relativos a ´X solidaria´, uno de los trámites necesarios para la puesta en marcha del procedimiento.
"La Comunidad ha impulsado un proceso participativo, a través de la consulta a la Mesa de Apoyo al Tercer Sector y al Consejo Regional de Servicios Sociales, y urgente para que se distribuyan cuanto antes las ayudas a ONG", indicó la consejera.
El Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordó crear un modelo mixto, con un tramo estatal y uno autonómico, para estas subvenciones.
De esta forma, la Comunidad gestionará a partir de ahora el 80 por ciento de las subvenciones destinadas a los programas de interés general para proyectos sociales relativos a ´X solidaria´ y con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y el Ministerio lo hará con el 20 por ciento restante.
Se trata de distribuir entre las entidades sociales los 7,2 millones de euros que corresponden a la Región de lo recaudado a nivel estatal, en función del 0,7 por ciento del IRPF. En el reparto de los fondos a nivel nacional, la cantidad destinada a las comunidades es de más de 192,6 millones de euros.

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) se explica para no decir nada

MURCIA/MADRID.- La Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) ha expresado su respeto a la labor que está llevando el juez instructor del Caso Soule, por el que Villar, su hijo y el vicepresidente de la RFEF han sido encarcelados.

A pesar de que la Federación de Fútbol de la Región de Murcia fue una de las favorecidas por las maniobras de Ángel María Villar para comprar votos que le permitieran seguir al frente de la Española, el comunicado de la FFRM nada dice de este asunto. Para conseguir el 'sí' de la Territorial liderada por José Miguel Monje Carrillo, el vasco solo tuvo que darle dos premios, uno de ellos el amistoso España-Colombia que se celebró el 7 de junio en Nueva Condomina, y por otro, prometerle un cargo en la comisión de la UEFA. Así queda comprobado en distintas conversaciones que han sido recogidas en el mencionado auto de prisión.
La Murciana dice, eso sí, en su comunicado que 'referente al partido amistoso España-Colombia celebrado en el Estadio Nueva Condomina, este evento fue el resultado de los esfuerzos realizados desde la FFRM para traer el partido a nuestra ciudad, en respuesta y agradecimiento a los miles de aficionados que finalmente - como en tantas otras ocasiones anteriores- llenaron el Estadio, los cuales demandan inequívocamente la celebración de estos acontecimientos deportivos en nuestra Región.
La organización del referido amistoso España-Colombia compete única y exclusivamente a la RFEF, poniendo esta FFRM toda la infraestructura, recursos y sus mejores esfuerzos al servicio de aquella para el éxito del evento, sin búsqueda de otros beneficios distintos que los de servir al fútbol regional y a sus aficionados, y sin la obtención de beneficios económicos para la FFRM'.
El agradecimiento del presidente de la Federación Española por el apoyo de la Murciana no se hizo esperar. De hecho, según se puede leer en el mencionado auto de prisión del juez Santiago Pedraz, el 5 de mayo, Ángel María Villar se pone en contacto con Monje Carrillo para hacerle una proposición de lo más interesante. "¿Te interesa que te proponga a la comisión de la UEFA en sustitución de Eduardo Herrera?", pregunta a la que el máximo responsable de la Federación Murciana contesta con un "hombre, ¡claro!". Dicho y hecho, porque el vasco no duda ni un segundo. "Vale, pues venga, va tu nombre".
Sobre este asunto, el comunicado de la Murciana aclara que "respecto a los cargos que ocupa nuestro presidente Don José Miguel Monje Carrillo en los distintos estamentos federativos, dejar constancia que los mismos se han producido con la más estricta observancia de la normativa que los regula, sin que ello sea óbice para mostrar el natural agradecimiento por la confianza depositada en nuestro presidente".
La FFRM dice mantener "respeto absoluto" por la labor llevada por el juez instructor: "Esperamos y deseamos por el bien del fútbol que todo se aclare y se resuelva cuanto antes, para lo cual hay que dejar trabajar a nuestros Jueces, los cuales resolverán lo que proceda conforme a Derecho, evitando los juicios paralelos que tanto daño innecesario provocan, conculcando en la mayor parte de las veces el principio de la presunción de inocencia del que gozan todos los ciudadanos".

 
El CSD propondrá el martes 
la suspensión cautelar de Villar


El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, propondrá el próximo martes, a las 19.00 horas locales (17.00 gmt), en la reunión de la Comisión Directiva, la suspensión cautelar del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, detenido en el marco de una operación anticorrupción.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, indicó este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado a la Comisión Directiva para el próximo martes, a las 19.00 horas (17.00 gmt), y en esa reunión va a proponer el acuerdo de suspensión cautelar y provisional de los afectados".
Previamente, el lunes el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) estudiará la denuncia del CSD para que abra un expediente disciplinario a Ángel María Villar. La apertura del expediente es un paso previo necesario para que al día siguiente la Comisión Directiva del CSD pueda suspenderle cautelarmente.
Tras tomarles declaración en la jornada de ayer, Pedraz responsabiliza a Villar, su hijo Gorka, el vicepresidente de la RFEF y presidente de la territorial de Tenerife, Juan Padrón, y el secretario general de ésta, Ramón Hernández, de cometer presuntamente los delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.
El art. 6.6.d) del Real Decreto 460/2015 por el que se aprueba el Estatuto del CSD atribuye a la Comisión Directiva la competencia para "suspender, motivadamente y de forma cautelar y provisional, al presidente y demás miembros de los órganos de gobierno y control de las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales, y convocar dichos órganos colegiados en los supuestos a que se refiere el artículo 43, b) y c), de la Ley del Deporte de 1990.
Dicho artículo 43 c) confiere a la mencionada comisión la competencia para "suspender motivadamente, de forma cautelar y provisional, al presidente o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra los mismos expediente disciplinario, como consecuencia de presuntas infracciones o irregularidades muy graves y susceptibles de sanción, tipificadas como tales en el artículo 76 de la presente Ley".
Además de Ángel María Villar, fueron detenidos y permanecen en prisión provisional y sin fianza, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón, según el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El magistrado también impuso prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros al secretario general de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández Baussou. En total, cerca de 40 personas están siendo investigadas por la trama de corrupción en la RFEF.

Bankia y BMN aprobarán su fusión el 14 de septiembre

MADRID.- Bankia y BMN, fruto de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra, aprobarán su fusión el próximo 14 de septiembre, fecha en la que ambas entidades han convocado sus respectivas juntas generales de accionistas. 

Según ha informado Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su consejo de administración ha decidido citar a los accionistas ese día en un encuentro extraordinario que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Valencia.
A finales de junio Bankia valoró en 825 millones de euros a BMN ó 0,41 veces su valor en libros, que ascendía a poco más de 2.000 millones, y que se pagarán mediante la entrega de 205,6 millones de nuevas acciones de Bankia a BMN.
De este modo, los accionistas de BMN tendrán un 6,7 % del capital de Bankia, poseerán acciones líquidas, que cotizan en Bolsa y que pagan un dividendo que ha sido creciente desde que Bankia abonó el primero en julio de 2015, con cargo al beneficio de 2014.
Además, Bankia propondrá en su junta el nombramiento como consejero de la entidad del presidente de BMN, Carlos Egea, que será efectivo una vez se produzca la fusión de ambas entidades.
El grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri ha defendido que la fusión tiene sentido industrial, financiero y complementa geográficamente a Bankia, pues BMN, que aporta unos 38.000 millones de euros en activos, es líder en la Región de Murcia, Granada y Baleares, donde Bankia tenía menos peso.
Tras la operación, Bankia contará con cuotas de mercado superiores al 30 % en Granada y la Región de Murcia, y del 25 % en Islas Baleares.
La fusión de las dos entidades participadas mayoritariamente por el Estado permitirá alcanzar unas sinergias de 155 millones de euros a partir del tercer año, equivalentes al 40 % de la actual base de costes de BMN, si bien se espera conseguir ya en el segundo año la práctica totalidad de ellas, 149 millones de euros.
La junta de accionistas es el paso previo para que luego Bankia pueda pedir las autorizaciones pertinentes al Ministerio de Economía, al Banco de España, a la CNMV y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la idea de que a cierre de diciembre se cierre la transacción.
La integración tecnológica acabará en el segundo trimestre de 2018.

La CARM recoge las demandas de los empresarios del Valle de Escombreras

CARTAGENA.- El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, se reunió hoy con la Junta directiva de la Asociación de Empresarios del Valle de Escombreras para recoger sus demandas empresariales e integrarlas en la norma transitoria urbanística de Cartagena, con el fin de facilitar su implantación y expansión del tejido productivo de ese núcleo industrial "para seguir creando riqueza y empleo como hasta ahora".

Rivera subrayó que "el Gobierno regional se puso manos a la obra desde el primer minuto para dotar de un instrumento que dé solución y dote de seguridad jurídica a los ciudadanos y empresarios de Cartagena mientras no exista un nuevo plan general de urbanismo en Cartagena".
El consejero resaltó la situación "particular" del Valle de Escombreras, que cuenta con un suelo urbanizable catalogado no programado y que acoge a un importante número de empresas que exportan a nivel nacional e internacional, por lo que "requiere de un tratamiento específico".
Rivera trasladó a los empresarios que "estamos trabajando en dos líneas de actuación" porque el Gobierno regional "es consciente de la importancia del Valle de Escombreras no solo para Cartagena y la Región, sino para toda España, tanto por el número de empresas implantadas y la riqueza que genera".
La primera de ellas está proyectada a corto plazo y consiste en recopilar las necesidades específicas de las empresas que estaban en vías de desarrollo y no estén cubiertas o resueltas para reflejarlas en la norma transitoria. La segunda línea de actuación es desarrollar una herramienta que a medio plazo permita ordenar este espacio económico de especial tratamiento por el Gobierno regional.
El Gobierno regional tomó la iniciativa y presentó hace una semana la norma urbanística transitoria al Ayuntamiento de Cartagena con el que se pretende impulsar el desarrollo económico y residencial de la ciudad, y "propiciar que Cartagena siga tramitando proyectos claves para el desarrollo de su economía a corto y medio plazo".
El consejero informó de que la citada norma "es una solución excepcional que podemos ofrecer a la ciudad gracias a la aprobación en 2015 de la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia", que resolverá el vacío normativo actual y garantizará la seguridad jurídica hasta la llegada del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
La norma transitoria de planeamiento presentada por la Comunidad tiene que ser aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, para después pasar a información pública. Una vez incorporadas las alegaciones estimadas por el Consistorio, se remitirá a la Consejería de Presidencia y Fomento y, tras su análisis jurídico, se someterán a aprobación del Consejo de Gobierno.

El sindicato 'Satse' reclama que se elimine la figura del jefe de guardia en 'La Arrixaca'

MURCIA.- El sindicato de enfermeros SATSE aseguró esta mañana de manera rotunda, a través de un comunicado, que "la supresión de la figura de jefe de guardia no perjudica a los médicos, al contrario de lo que asegura el Sindicato CESM". 

Esa dedicación, según el Sindicato de Enfermería, solamente existe en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. "Se creó en su día, para el uso y disfrute de unos pocos", destaca José Antonio Blaya, secretario General de SATSE.
"Esta figura creada a capricho de no se sabe quién, no tiene una labor asistencial, es decir, no ve a enfermos y tiene unas retribuciones del 150% sobre el valor de la guardia", asegura el responsable sindical.
Según los cálculos de SATSE, "una guardia de 24 horas de un médico un domingo o festivo se paga a 709,68 euros. En cambio, el jefe de la guardia cobra 1.064,52 euros y sin tener actividad asistencial a enfermos. Si es solo un sábado, por 24 horas, cobra 754,035 euros, y un día normal 678,55 euros por 17 horas de guardia".
SATSE confirma que "en ningún hospital de este país, ni en el Servicio Murciano de Salud, se da este hecho peculiar salvo en el hospital Virgen de la Arrixaca. Pero esto se omite a la opinión pública y al resto de facultativos de los hospitales murcianos".
El Sindicato de Enfermería tiene claro que "con ese dinero que se derrocha en beneficio de unos pocos, se podría contratar más personal donde hay carencias reales como en Enfermería, Fisioterapia y matronas para la Atención Primaria. El objetivo es dar mejor cobertura y cuidados a la población murciana. Quitando esta figura mal creada, no se deteriora la asistencia médica, ni existen más cargas de trabajo".
Además, añadieron, "las guardias no se pueden computar como jornada ordinaria. Tienen unas retribuciones diferentes y en cambio en muchos sitios se computan, con lo cual no realizan su jornada ordinaria anual. El resto de los trabajadores, aparte de realizar sus guardias, tienen que realizar su jornada ordinaria anual, pues están obligados por Ley".
El Sindicato de Enfermería SATSE insistió en hacer "un uso racional de los recursos y que los responsables de gestionar estos, sean transparentes".


Inspectores del BdE advierten de graves deficiencias en la supervisión europea / José Hervás *

La res­puesta de la pre­si­denta del con­sejo de su­per­vi­sión del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, a la pre­gunta de si puede ejercer por si mismo sus com­pe­ten­cias sobre las dis­cu­tidas fun­ciones de su­per­visón asu­midas por Fráncfort, no sa­tis­facen las ex­pec­ta­tivas de los ins­pec­tores del Banco de España. 

Esta posición se ha hecho pública solo horas antes de que se conozca la decisión de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre si se mantiene la imputación a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Javier Aríztegui, Julio Segura y Fernando Restoy.

Nouy dice que el BCE está facultado para exigir a cualquiera de las entidades que supervisa directamente, aquellas que superan los 40.000 millones de activos, a que adopten todas las medidas necesarias para solucionar cualquier problema y garantizar su viabilidad.

Entre los problemas que menciona la presidenta del consejo supervisor del BCE está el cumplimiento de los requisitos prudenciales, la solidez de la gestión y la cobertura suficiente de los riesgos. Añade que estas medidas tienen como objetivo asegurar la viabilidad de cualquier entidad a la que se exija cumplir estos requisitos.

La respuesta no satisface las demandas planteadas por la Asociación de Inspectores del Banco de España (AIBE). En un comunicado con fecha del 6 de junio señalaban que transcurrido más de un año desde la puesta en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) consideran necesaria una profunda reflexión.

Para la AIBE la puesta en funcionamiento del MUS presenta importantes deficiencias que pueden comprometer la eficacia de la labor supervisora. Ante la posibilidad de que los españoles tengamos que seguir asumiendo al menos una parte del coste de una hipotética crisis bancaria, las autoridades españolas, “en especial el Banco de España, deberían abandonar la pasividad y autocomplacencia que han venido mostrando desde la entrada en vigor del MUS”.

Los inspectores consideran que dentro de los límites que permite el Reglamento europeo, España podría salvaguardar su modelo supervisor.

Para los inspectores el aspecto que resulta más relevante es que el enfoque de “supervisión prudencial” que se está aplicando constituya una respuesta adecuada y suficiente a los errores del pasado. Los resultados son conocidos de todos, pero advierten que éstos podrían volver a repetirse.

Admiten el valor de haber centrado el foco supervisor en reforzar la posición de capital y las medidas de resolución para afrontar una eventual crisis, pero consideran que la decisión es insuficiente. Y plantean incorporar medidas que puedan “abordar la pronta identificación de los problemas como el análisis detallado de las carteras de activos o la realización de procesos de conciliación y verificación de la integridad y fiabilidad de la información contable proporcionada por las entidades”.

Añaden además los inspectores que para mejorar la calidad de la supervisión habría que incorporar cambios en la estructura organizativa que se ha impuesto en el Mecanismo Único de Supervisión, como en cómo se ha articulado la colaboración entre el Banco Central Europeo y el Banco de España.

Piden más consideración a la experiencia del trabajo de los inspectores en España y a contrastar más la información facilitada por las entidades, en lo que parece una alusión directa a todo lo que ha sucedido en el caso del Banco Popular.

Sobre nada de esto se ha manifestado Danièle Nouy que también ha respondido a una pregunta de Enrique Calvet Chambón, miembro del Parlamento Europeo, sobre las fundaciones bancarias en España, de las que recuerda que no son entidades supervisadas por el BCE al no considerarse entidades de crédito.

Quienes siguen teniendo el conocimiento más detallado de las entidades financieras española consideran imprescindible que se sigan aplicando los procedimientos supervisores que se han llevado a cabo en España. No estaría de más oír la voz de la experiencia. La comisión de investigación de la crisis bancaria ofrece una oportunidad a los partidos políticos para que oigan la voz de los inspectores. Sobre todo después de que el Gobernador, Luis María Linde, haya admitido que el Banco de España no hizo todo lo que pudo hacer para evitarla.


(*) Periodista

De entradas y salidas / Ramón Cotarelo *

O de salidas y entradas, pues el orden de los factores no altera el producto final de la ponzoña y la corrupción del reino.

Salida de Blesa, al más puro estilo del teatro de fines del XIX, el subgénero llamado "drama de pistola". La adaptación española, siempre más montaraz, podría llamarse "drama de escopeta". El de pistola es típico del teatro burgués, estilo Ibsen o Strindberg o Chejov o Tennessee Williams, más reciente. En España, en donde la burguesía apenas existe, el drama va más de nobles, caciques, señoritos y oligarcas, todos ellos aficionados a la caza. En las dos vertientes, el personaje conflictivo salía de escena en el desenlace y, a continuación, se oía un disparo. Y Blesa ya es historia. Su vida fue tan lamentable que hasta la muerte le pareció una opción mejor. Y eso de creer el resultado de una autopsia hecha a la carrera y una incineración que más parece haber sido producida por un rayo.

Leo que la muerte pone a salvo el supuestamente ilegal patrimonio de Blesa. Imagino que no es así. La muerte extingue la responsabilidad penal, pero no la civil, si la hay. Otra cuestión es si existe una voluntad de ir tras ese patrimonio como la hay, parece, de ir contra el de los independentistas. Pero de esto, más abajo.

Blesa no actuó solo. Sus cómplices supérstites siguen encausados. Además, no se nombró a sí mismo para el cargo desde el que perpetró los presuntos delitos. Lo nombró Aznar porque era amigo suyo y lo mantuvo años en el cargo que aquel ejerció a satisfacción del presidente y para holgura económica de su fundación FAES, de la fundación "Nación y libertad", de Aguirre y, en general, del PP. Todos ellos deben dar explicaciones públicas de estos enredos aparentemente criminales.

La entrada corresponde a la Guardia Civil (GC) en el Parlament, el Palau y una conselleria. Sin duda, la GC no actúa por su cuenta, sino a las órdenes de la autoridad civil, judicial, y se ha presentado en los tres puntos con un mandato expreso, aunque no esté totalmente claro en todos los casos. No se cuestiona aquí la pertinencia de la operación, sino su cronología e impacto mediático. Por su contenido, este registro sin duda es tan pertinente como el que el juez ordenó hacer en su día en la sede del PP en la c/ Génova. Con una diferencia: en el registro al PP, este llevaba meses incumpliendo los autos del juez y desoyendo sus peticiones de aportación de pruebas mientras que, en el caso catalán, esta es la primera actuación que se registra. Y en un procedimiento, el del 3%, que lleva más de tres años en marcha.

Es decir, la entrada de la GC está calculada por su efecto mediático, su impacto en una opinión pública catalana y española muy sensibilizadas. Un efecto para tapar el terremoto que ha sido el documental sobre las cloacas de Interior en el que quedan claras muchas cosas oscuras, especialmente dos: a) que el ministerio del Interior tenía (¿tiene?) una policía política encargada de fabricar pruebas para criminalizar a adversarios políticos. b) que Rajoy lo sabía.

Para tapar eso no basta con enviar dos docenas de guardias civiles, algunos enmascarados, como en los mejores tiempos de ETA. En el punto en el que estamos, así no se amenaza ni se atemoriza. La "Operación Cataluña" de Interior acabará en los tribunales. Tiene que ser porque ningún Estado civilizado puede sobrevivir si las fuerzas de seguridad delinquen.

Y sus máximos responsables políticos. Esa monstruosa intención de ir contra los patrimonios personales y familiares de los responsables independentistas es inmoral y probablemente delictiva. La decisión del Tribunal de Cuentas la firma Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia de Aznar e hija de un magistrado del Tribunal de Orden Público de la dictadura. La locura de estos irresponsables llega al extremo de prohibir que, en caso de ser multados, los procesados puedan recurrir a la solidaridad colectiva. Han de pagar con sus patrimonios, los de sus hijos y nietos.

Y esto lo preteden quienes han aprobado una amnistía fiscal ilegal para sus amiguetes y ellos mismos por valor de cientos de millones de € y contra cuyo patrimonio habrá que proceder. Los miembros de un gobierno y un partido que han malversado y estafado otros cientos de millones del erario cobrando sobresueldos de la caja B, licitando obra pública fraudulenta, malversando caudales públicos. Si vamos contra el patrimonio personal y familiar, aunque no tenga nada que ver con la naturaleza del delito, con ánimo confiscatorio, va a resultar que el PP es de verdad el partido de los pobres.

Es asombroso que nadie denuncie esta persecución arbitraria por razones políticas contra el independentismo catalán, en la que se emplea todo el ordenamiento jurídico y parte (por ahora) de las fuerzas de seguridad. Realmente, la responsabilidad de las izquierdas españolas por inacción e incompetencia es pavorosa. Al no comprender la cuestión catalana que, en el fondo, es una revolución y por eso no la comprenden, cada vez es más irrelevante en Cataluña. Y, precisamente por ello, también es cada vez más irrelevante en el Estado. ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido que, sin Cataluña,  no llegará jamás al poder. 

El problema es que ese apoyo tiene el precio del referéndum. Pero, ¿qué menos pueden pedir unos independentistas a un partido, el PSOE, que lideró la última reforma del Estatuto pero, al final dejó a todos en la estacada, incluso al PSC y permitió que la derecha triturara la reforma y hasta la ayudó a hacerlo? 

Ahora piden los socialistas volver al Estatuto de 2006, el triturado. Pero eso es anacrónico. Ahora toca referéndum. En el entendimiento de que, de no celebrarse, mañana también puede ser anacrónico si se declara una DUI.

Hoy estaré en Cartagena

PD.- A un curso de la Universidad Internacional del Mar, de la Universidad de Murcia sobre el muy amplio tema de Retos del Sistema Político Español y en el cual se tratarán diversos temas desde perspectivas académicas y (sin duda) políticas distintas, desde los aspectos jurídicos de la investidura de gobierno hasta talleres de liderazgo político o seminarios sobre la corrupción. Todo un vergel. 

Por fortuna, cuenta con unos participantes de mucho nivel, de forma que el éxito está garantizado. La intervención de Cotarelo, probablemente el que más desmerezca, a las 09:45 versará sobre la política de la postverdad, un curioso, aunque no muy reciente, fenómeno que hoy se hace patente. Doy una pista: en ella se relaciona la posverdad con la burbuja inmobiliaria y el saqueo de España. 



(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *


Viernes con por­tadas y grandes ti­tu­lares co­pados en primer lugar por Cataluña, en se­gundo por la ape­la­ción de Draghi a ser 'paciente y pru­dente' antes de mover tipos y en ter­cero por la cárcel para Villar e hijo. 

Otros ejes de ac­tua­lidad in­cluyen el cer­ti­fi­cado fo­rense de sui­cidio de Blesa, los re­sul­tados de Iberdrola; el fin hoy del plazo de la sus­crip­ción de am­plia­ción del Santander; y el nom­bra­miento de Ramon Laguarta como pre­si­dente de PepSico, un nú­mero dos que es­taba va­cante desde hace tres años y que in­cor­po­rará bas­tantes fun­ciones eje­cu­ti­vas; y esto a toda primer plana en Expansión: 'ACS es­tudia lanzar una con­traopa sobre Abertis: la cons­truc­tor, que fue hasta 2012 ac­cio­nista de Abertis, ana­liza en­trar en pugna con Atlantia'. 

Por fin pa­rece que el frac­tu­rado Gobierno bri­tá­nico de Theresa May se ha puesto de acuerdo en algo: buscar un pe­riodo de transición largo tras el Brexit. Según unos, será de dos años, o de cuatro según The Guardian. Con ello, la li­bertad de cir­cu­la­ción de bie­nes, ser­vi­cios y per­sonas se­guiría hasta 2023. Toda la prensa bri­tá­nica re­coge la reunión de Theresa May con los em­pre­sa­rios en la que la pri­mera mi­nistra pidió calma, pro­metió no llevar al país a un riesgo in­ne­ce­sario y ga­ran­tizó esa transición que ella llama 'fase de im­ple­men­ta­ción'. 

Trump está cada día más crea­tivo. A me­dida que se ex­pande la in­ves­ti­ga­ción sobre la co­ne­xión rusa con nuevas fil­tra­ciones y des­cu­bri­mientos de vínculos per­so­nales y eco­nó­mi­cos, el pre­si­dente de EEUU au­menta su en­fado. Pero junto a sus crí­ticas y ame­nazas con des­ti­tuir a quienes le in­ves­ti­gan, con­trata abo­gados y busca fór­mulas de salir de ato­lla­dero. La úl­tima la re­vela este viernes The Washington Post en pri­mera plana: Trump y su equipo de abo­gados están es­tu­diando ya la po­si­bi­lidad de echar mano de los lla­mados ‘perdones eje­cu­ti­vos’ o in­dultos a sus co­la­bo­ra­do­res. Incluyéndose a sí mismo… 

CATALUÑA
La Vanguardia: La nú­mero dos de Ensenyament di­mite a dos meses del re­fe­réndum del 1-O. Otro ti­tu­lar: El TSJC busca el rastro del 3% y Gordó en la Generalitat: la Guardia Civil re­clama en el Palau datos sobre la agenda del con­se­ller; Turull ofrece co­la­bo­ra­ción pero 'sin es­pec­táculos ni hu­mi­lla­cio­nes' (Quico Sallés y Luis B. García). Otro ti­tu­lar: Rajoy re­ceta ‘empatía’ ante ‘los ca­minos de rup­tura que no llevan a nin­guna parte’ (Luis. B. García y Rosa Matas). Otro ti­tu­lar: El largo pe­riplo ju­di­cial que tendrá a Mas en vilo en el Tribunal de Cuentas (Leonor Mayor Ortega). La Razón: La Generalitat obs­truye la in­ves­ti­ga­ción de la trama del 3%. Libertad Digital: La Guardia Civil des­miente a Turull: fuentes de la in­ves­ti­ga­ción niegan que los Mossos les hayan im­pe­dido la en­trada (Pablo Planas). Otro ti­tu­lar: Puigdemont planta a Rajoy y éste evita ofrecer un dis­curso duro en su re­greso a Cataluña (P. Montesinos). 

El Periódico: La Guardia Civil ras­trea en el Palau y el Parlament (J. G. Albalat y Júlia Regué). Otro ti­tu­lar: La nú­mero dos de Ensenyament tam­bién cae antes del 1-O: Maria Jesús Mier era una pieza clave para ga­ran­tizar la aper­tura de los co­le­gios elec­to­rales (Fidel Masreal). Otro ti­tu­lar: Rajoy pro­clama su tran­qui­lidad ante un 1-O que ‘no se ce­le­bra­rá’. 

ABC: La Justicia no se de­tiene ante las ins­ti­tu­ciones to­madas por el na­cio­na­lismo (Àlex Gubern). Otro ti­tu­lar: Rajoy no verá a Puigdemont antes del 1-O porque no ofrece al­ter­na­tivas al re­fe­réndum (Mariano Calleja). Otro ti­tu­lar: La con­fron­ta­ción por la lengua salta a la calle en Casteldefells: el pleno aprueba una mo­ción de apoyo a la in­mer­sión lin­güís­tica im­pul­sada por el PSC (E. Armora y A. Cabeza). Otro ti­tu­lar: Las en­ti­dades so­be­ra­nistas con­fían en un 11-S ‘decisivo para de­rrotar al Estado’. 

El País: La Guardia Civil busca in­for­ma­ción sobre el 3% en el Parlament y la Generalitat. Otro ti­tu­lar: Rajoy cree que el em­peño de Puigdemont por el re­fe­réndum im­pide el diá­logo (Javier Casqueiro). Otro ti­tu­lar: La ‘número dos’ del de­par­ta­mento ca­talán de Enseñanza deja el cargo (Jessica Mouzo Quintáns). El Mundo: El le­trado mayor del Parlament tumba la le­gi­ti­midad del 'procés' (Germán González). Otro ti­tu­lar: Los jueces buscan pruebas del 3% n el Parlament y la Generalitat. El Confidencial: Nuevos tes­tigos de­latan a Gordó: se reunía en el Palau y Justicia con la trama del 3% para pactar do­na­ciones ile­gales a Convergència (J.M. Olmo y A. Fernández). 

Confidencial Digital: Doscientos guar­dias ci­viles del Servicio de Información, en­viados a Cataluña: in­ves­tigan a dipu­tacio­nes, ayun­ta­mientos y or­ga­nismos que tra­bajan por el re­fe­rén­dum. Otro ti­tu­lar: El di­rector de los Mossos tiene un plan para que los agentes no sean san­cio­nados el 1-O: Pere Soler, es­pe­cia­lista en Derecho Procesal, re­dac­tará una orden de des­pliegue que no cite el re­fe­réndum y aluda solo a 'concentraciones en co­le­gios'. 

OTRA INFORMACIÓN NACIONAL
Vozpopuli: Sánchez eleva el tiro: pe­dirá la di­mi­sión de Rajoy por la po­licía po­lí­tica’ (Gabriel Sanz). El País: El Congreso dic­ta­mina que el PP montó una po­licía po­lí­tica (Óscar López-Fonseca y Fernando Garea). El Independiente: PSOE y Podemos ocultan que go­ber­narán juntos en sus con­sultas a los mi­li­tantes (Carmen Torres). Público: Díaz re­clama para Andalucía una 'quita' de deuda que Rajoy sondea para Catalunya (Daniel Cela). El País: Sánchez pide al PNV que le acom­pañe en su plan para re­formar la Constitución (Mikel Ormazabal). ABC: Sánchez pro­mete al PNV hacer de España una ‘nación de na­cio­nes’. El Mundo: La Comunidad de Madrid eli­minó datos clave del nú­mero 3 de Cifuentes (Q. Alsedo y P. Herráiz). 

ECONOMÍA
El Confidencial: Hacienda des­carta con­donar deuda au­to­nó­mi­ca..., pero se abre a apla­zarla si el PSOE pacta la nueva fi­nan­cia­ción (Carlos Sánchez). ABC: La Comisión sobre la fi­nan­cia­ción pro­pondrá ar­mo­nizar Sucesiones y que las au­to­no­mías puedan subir el IVA. La Razón: España in­ver­tirá 3.200 mi­llones de euros en em­pleo ju­venil hasta 2023. El Economista: España re­cibió de Europa 837 mi­llo­nes, un 35% más, para im­pulsar el em­pleo ju­ve­nil. Otro ti­tu­lar: Energía su­birá la luz para co­brar los tri­butos de 2013 de las au­to­no­mías (Rubén Esteller). El País: La eco­nomía ca­ta­lana bate ré­cords, pero con 438.000 em­pleos menos (Camilo S. Baquero). La Vanguardia: Catalunya deja atrás la crisis antes que España: re­cu­pera el PIB previo a la re­ce­sión, pero con 438.000 tra­ba­ja­dores menos que en 2007. Cinco Días: Las fa­mi­lias des­tinan el 7% de su renta a in­tereses frente al 11,5% de 2007 (J. Viñas). 

EMPRESAS
Capital Madrid: Argentina y Brasil vuelven a ser un factor de riesgo para las em­presas es­paño­las: los pro­blemas po­lí­ticos de la pri­mera eco­nomía de la zona son el prin­cipal ca­ta­li­zador ad­verso, pero Santander, Telefónica, Mapfre, DIA o Iberdrola re­sis­tirán el tirón como lo hi­cieron antes Héctor C. Llamas). Otro ti­tu­lar: Avangrid se con­vierte en el gran pilar de los re­sul­tados de Iberdrola: la fi­lial es­ta­dou­ni­dense aportó casi un 25% de los 1.518 mi­llones de be­ne­fi­cios re­gis­trados hasta junio (Julián González). El Confidencial: Sequía, im­puestos y Brexit: tres puntos que ex­plican las cuentas ‘débiles’ de Iberdrola (Juan Cruz Peña). El Economista: El Gobierno frenó la opa sobre Abertis para no pri­va­tizar Aena: la ope­ra­ción podía im­plicar la pér­dida de con­trol pú­blico del gestor ae­ro­por­tua­rio. Otro ti­tu­lar: Oryzon se hunde en Bolsa: Roche no apo­yará el desa­rrollo de su fár­maco para el cáncer he­ma­to­ló­gi­co’. 

Expansión: Iberdrola gana 1.518,4 mi­llones en el primer se­mes­tre, un 4% más: confía a EEUU y Brasil su cre­ci­miento en 2017. Otro ti­tu­lar: Axa re­co­noce a sus em­pleados la des­co­ne­xión di­gi­tal: pri­mera em­presa que re­gula no coger el móvil en el tiempo libre (M. Valverde). Otro ti­tu­lar: Así serán las lu­josas vi­viendas de Canalejas: los pisos cos­tarán 4,5 mi­llones (Rocía Ruiz). Otro ti­tu­lar: Entrevista a Miguel de Jaime, di­rector ge­neral de ne­go­cio: Deoleo: ‘Tenemos un fondo de­trás con todo el di­nero del mundo que cree en no­so­tros’ (Víctor M. Osorio). Cinco Días: Iberdrola y Endesa rompen en Nuclenor cual­quier acuerdo sobre Garoña. Otro ti­tu­lar: Galán des­carta la par­ti­ci­pa­ción de Iberdrola en una fu­sión con ener­gé­ticas eu­ro­peas. Otro ti­tu­lar: La lo­gís­tica urge un plan para po­ten­ciar Barajas como ae­ro­puerto de carga. 

Vozpopuli: Hacienda re­clama 122 mi­llones a Duro Felguera en plena re­fi­nan­cia­ción (Alberto Ortín). Vozpopuli: ¿Veto a la alta ve­lo­cidad es­pañola? Las grandes cons­truc­toras pierden con­tratos en Australia y UK por 11.000 mi­llones (Raúl Pozo). El Correo: Fagor CNA se pro­pone ce­rrar la planta de Mondragón y re­forzar la de Basauri. EFE y to­dos: La so­cimi de Hispania y Barceló saldrá al MAB va­lo­rada en casi 500 mi­llo­nes. Eldiario: Iberdrola re­co­noce en EEUU que el au­to­con­sumo es un 'riesgo' ante la po­sible 'deserción' de sus clientes (Antonio M. Vélez). 

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: Inspectores del BdE ad­vierten de graves de­fi­cien­cias en la su­per­vi­sión eu­ro­pea: el BCE ase­gura que puede exigir todo tipo de me­didas a cual­quier en­tidad (José Hervás). El País: El BCE man­tiene los es­ti­mulos a la eco­nomía pese al cre­ci­miento: Draghi dice que la re­cu­pe­ra­ción aún no ha llegdo ni a los sa­la­rios ni a los pre­cios y de­mora el cambio de rumbo (Claudi Pérez). Cinco Días: Draghi aleja el fin de los es­tí­mu­los: ‘Hay que ser pa­ciente y pru­dente’ (G. Escribano y C. Castelló). El Economista: Draghi sos­tiene la es­ca­lada del euro. Otro ti­tu­lar: Barceló e Hispania sacan al MAB su so­cimi con 790 mi­llones en ho­te­les. Otro ti­tu­lar: Cesce ne­gocia la entrda de Bankia y CaixaBank en su ac­cio­na­riado: las únicas de las grandes que no están en el ca­pital (Eva Díaz). 

Vozpopuli: Aseguradoras y 'vips' ul­timan una de­manda de 100 mi­llones contra Santander (Jorge Zuloaga). El Mundo: El Popular perdió el 100% de su col­chón de li­quidez en dos meses (Carlos Segovia). Otro ti­tu­lar: Los ac­cio­nistas de Banco Popular acu­mulan re­cursos contra las au­to­ri­dades eu­ro­peas (María Hernández). Invertia: Afectados del Popular: todos los plazos clave para re­cu­rrir por dis­tintas vías ju­di­ciales (Clara Alba). Europa Press y to­dos: Popular su­frió una fuga de de­pó­sitos de 9.300 mi­llones entre abril y mayo. Expansión: Santander y Popular: sin trabas de com­pe­ten­cia. Otro ti­tu­lar: Santander acorta dis­tan­cias por ca­pi­ta­li­za­ción con Indite (R. Martínez). Otro ti­tu­lar: Liberbank ne­ce­sita más de mil mi­llones de euros en ca­pi­tal, según Mint Partners (Roberto Casado). 

OPINIÓN
Editorial en El Mundo: ‘Sentido común y va­lentía del le­trado mayor del Parlament’. F. Sosa Wagner y M. Fuertes: ‘Responsables con­ta­bles en Cataluña’. Otro edi­to­rial: ‘Las ‘naciones’ de Sánchez no son nin­guna so­lu­ción’. Otro edi­to­rial: ‘La fac­tura del Brexit en­calla la ne­go­cia­ción’. Editorial en El Periódico: ‘La Guardia Civil, el Parlament y el 3%: la ope­ra­ción po­li­cial nada tiene que ver con el 'procés', sino con la in­ves­ti­ga­ción por un caso de co­rrup­ción’. Antonio Franco en el mismo dia­rio: ‘La tranca lí­quida: los úl­timos nom­bra­mientos e Puigdemont pa­recen res­ponder al slogan del Todo por la Patria’. Editorial en La Vanguardia: ‘Catalunya re­cu­pera el PIB per­di­do’. Àlex Tort en el mismo dia­rio: ‘La Diada que de­cide el 1-O’. Rafael Jorba en el mismo dia­rio: ‘El len­guaje del pro­ce­so’. 

Editorial en ABC: ‘Hacer cum­plir la Ley en Cataluña’. Manuel Marín en el mismo dia­rio: ‘Cataluña, en fase de de­rribo: la pre­sencia la Guardia Civil en el Parlamento ca­talán se saldó con nula co­la­bo­ra­ción ins­ti­tu­cional y con una orden ex­presa de Jordi Turull de no co­la­borar con la Justicia’. Otro edi­to­rial: ‘España no debe re­nun­ciar a Abertis’. Editorial en Libertad Digital: 'El es­per­pento ca­ta­lán'. Cristina Losada en el mismo me­dio: ‘Artur Mas se va a de­clarar in­sol­vente: su otra in­sol­ven­cia, la po­lí­tica, la había puesto de ma­ni­fiesto hace tiem­po’. José María Marco en el mismo me­dio: ‘Nacionalismo y po­pu­lismo: el in­de­pen­den­tismo no na­cio­na­lista de Podemos’. 

Editorial en El País: ‘Secesión o co­rrup­ción: el nuevo con­se­jero de la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, pro­ta­go­niza un amago ri­dículo de re­be­lión contra la Justicia’. Rubén Amón en el mismo dia­rio: ‘Letizia, la reina per­fec­ta’. Otro edi­to­rial: ‘El desafío po­laco: la UE está obli­gada a frenar la de­riva au­to­ri­taria del Gobierno de Varsovia’. Editorial en Cinco Días: ‘Las tres ‘pes’ de la hoja de ruta de Mario Draghi para Europa’. Santiago Carbó en el mismo dia­rio: ‘Lo que hemos apren­dido de los errores de Caja Madrid’. Editorial en El Imparcial: ‘Cuatro graves pro­blemas de nuestra eco­no­mía’. Moisés Romero en La Carta de la Bolsa: 'Liberbank o cómo los hedge funds pu­dieron que­brar un banco y poner en duda el sis­tema. Los hedge funds no son ren­ta­bles'. 


(*) Periodista


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La Universidad de Murcia investiga la clave para acabar con la corrupción


MURCIA.- El grupo Análisis Político de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia abre camino en una investigación que pretende dar con las pautas para luchar con éxito contra la corrupción política en España y otros países basándose en tres factores imprescindibles: una coyuntura crítica favorable, reformas institucionales que sirvan de palanca y, ante todo, una coalición de fuerzas políticas y sociales que consiga promover los cambios oportunos.

Anteriores investigaciones muestran que la corrupción es un proceso que genera algunos ganadores, pero que afecta negativamente al desarrollo de toda la sociedad, no solo en cuanto a su crecimiento económico, sino también en la manera en que se reparte equitativamente esa riqueza. Este equipo analiza los requisitos de los que depende el éxito de las políticas anticorrupción: tres factores que raramente aparecen conjuntamente, lo que explica los fracasos constantes de estas políticas.
El primer factor, la existencia de una coyuntura crítica, estaría presente en el caso español a partir de la crisis económica. De hecho, algunos indicadores dan la impresión de que estamos en un momento que ha resquebrajado los alineamientos políticos tradicionales. Uno de esos indicadores es la preocupación por la corrupción, que se ha convertido en el segundo problema público con una media por encima del 40% desde 2012.
Un segundo factor es que se hayan producido con anterioridad algunas reformas institucionales, es decir, nuevas leyes (como la Ley de Transparencia de 2013) o el reforzamiento de la independencia y los medios de algunos órganos de control (tribunales, fiscalía, agencias reguladoras, etc.), aunque sea por motivos cosméticos, pero que pueden ser por aquellos actores que impulsan la lucha contra la corrupción.
El último factor es el más importante y también el más difícil de medir: la formación de una coalición de fuerzas políticas y sociales convencida de la necesidad de luchar contra la corrupción. Se trata de que una masa crítica de ciudadanos sean consciente de que se está ante el momento oportuno para cambiar las reglas del juego político de manera definitiva y de que tengan voluntad para empujar el cambio. 
"Este es nuestro principal objetivo en el proyecto, conocer si está presente este factor en el caso español"Solo si se vencen los problemas de acción colectiva, será posible avanzar en el control de la corrupción y en la reducción de los espacios sociales en los que rige el particularismo", comenta el investigador Fernando Jiménez Sánchez. Queremos medir también qué juego dan las reformas que se han hecho hasta ahora"
La primera hipótesis que se plantea en el caso español es que para que esas medidas tengan efecto deben ser suficientemente creíbles, es decir, que los ciudadanos noten que las reglas han cambiado. Tal y como explica el investigador de la UMU, "muchas de estas reformas tienen una motivación cosmética, son para salir del paso tras los escándalos en los medios de comunicación, pero no son convincentes y la gente sigue funcionando con la misma lógica particularista, buscan soluciones para tus propios problemas o los de su grupo más cerrado, sin preocuparse de buscar unas soluciones diferentes para las que no haga falta recurrir a cultivar los contactos oportunos".
"Tradicionalmente, los dos partidos clásicos han dado la espalda a la lucha contra la corrupción, aunque era bastante obvio que teníamos un problema, porque sus fuentes de financiación siempre han sido irregulares. Por tanto, no han tenido incentivos para luchar contra ello. Eso empieza a cambiar una vez que el comportamiento electoral varía. Cuando ven peligrar su situación deciden adaptarse pero, ¿cuánto hay de retórica y cuánto de cambio real?" nos cuenta Jiménez Sánchez.
A lo largo del proyecto, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad hasta 2019, se seguirá una metodología que mezcla diversas técnicas de investigación como el análisis de contenido de prensa, el estudio de las sentencias judiciales por delitos de corrupción, las entrevistas con líderes políticos, empresariales, sindicales o los miembros de asociaciones de lucha contra la corrupción. 
 Se trata de detectar cómo se han reflejado los casos de corrupción y qué discursos se han establecido sobre cómo actuar, si se propone cambiar a unos actores por otros o, más bien, las reglas de juego por completo.
Durante la década de los 60, el politólogo Samuel Huntington sostenía que la corrupción podría ser buena en el proceso de transformación de las sociedades agrarias hacia una sociedad industrial. Esta corrupción presente en las comunidades más atrasadas servía, según la tesis de la grasa de engranajes, como el aceite sobre aquellos mecanismos de gobierno que no funcionan. Permitía un empujón, pero a la larga no favorece al desarrollo sostenible.
En el proyecto también se compara el caso italiano. Su enorme crisis política tras la caída del muro, a mediados de los años 90, con Manos Limpias, Mani pulite, una operación de lucha contra la corrupción que implicaba a todos los grupos políticos del momento. Esta revolución de jueces y fiscales cambió por completo su sistema político. Desaparecieron los viejos partidos, aparecieron nuevos, pero las reglas del juego político se mantuvieron iguales, sin embargo. Esto muestra que tener una coyuntura crítica abre oportunidades, pero no es suficiente ni quiere decir que ese cambio vaya a darse.
 "Tenemos miles de ejemplos donde ha habido grandes crisis y no se han aprovechado para cambiar reglas de juego", comenta.
Según narra el politólogo, durante los últimos años los casos más exitosos en el control de la corrupción han sido Uruguay y Chile. En estos países no ha habido grandes rupturas con los modelos tradiciones de relación política, sino que una acumulación de reformas institucionales ha dado lugar a un cierto progreso, pero no basta. Hace falta que haya una presión desde abajo, de los ciudadanos.
El proyecto 'Acción colectiva y corrupción en España: límites y posibilidades de las reformas institucionales' se realiza de manera multidisciplinar con otras universidades.

Los grandes almacenes rechazan la propuesta de apertura de festivos del Ayuntamiento de Murcia


MADRID.- La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) mostró su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento de Murcia para la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) "porque resulta extremadamente restrictiva. La medida permite sólo cuatro días de apertura al año y es discriminatoria con respecto a las empresas comerciales, ya que únicamente autoriza abrir las tiendas ubicadas una pequeña parte de la ciudad", según afirmó la asociación en un comunicado. 

Anged considera que con dicha propuesta "se está impidiendo al sector comercial beneficiarse de todo el potencial turístico de la ciudad y, por tanto, la posibilidad de dinamizar la actividad económica y la creación de más puestos de trabajo en la ciudad". En opinión de Anged, la ZGAT debería, por un lado, abarcar todo el municipio para "evitar problemas legales derivados de una actuación discriminatoria" y, por otro, "establecer periodos de tiempo más amplios que coincidan con la mayor afluencia de turistas".
"En Anged entendemos que el Ayuntamiento debería velar porque todos los comerciantes dispongan del mismo derecho que el resto de actividades del sector servicios (bares restaurantes, hoteles, transporte o espectáculos) para atender a los miles de turistas que visitan la ciudad cualquier día de la semana, sin distinción alguna". La asociación hace referencia a Cartagena y la zona del litoral, donde ya se produce la apertura comercial de la ciudad en domingo. 

Al Ayuntamiento de Bullas no le consta que se vaya abrir el pozo de Corral de Comba y velará por el interés de los bulleros


BULLAS.- El Ayuntamiento de Bullas no tiene constancia acerca de la noticia publicada hoy por el periódico de "La Opinión de Murcia" sobre la solicitud por parte de partidos políticos en la asamblea regional y alcaldes de la comarca del Río Mula de abrir de urgencia el pozo de Corral de Comba para regar, dada la falta de recursos hídricos por extrema sequía.

Para el concejal de Medio Ambiente y Agricultura, Juan Valera "preocupa que la Confederación Hidrográfica del Segura tomará la decisión ahora de abrir un pozo que es ilegal según una sentencia judicial". El edil añade que "a nosotros nos consta que con el pozo del Pradillo hay suficiente para regadío en campos que no son de secano".
Sobre las declaraciones del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, en las que según el periódico regional piden al comisario de Aguas que se abra de emergencia el pozo de Corral de Comba, a Juan Valera no le consta que esto sea así ya que desde el Ayuntamiento de Bullas al igual que desde otros ayuntamientos de la comarca se lucha porque exista un caudal ecológico natural y, por tanto, medidas como el cierre en su día por orden judicial del Corral de Comba ayudan a ello.
"Nosotros velaremos por los intereses de los bulleros e instaremos a la Confederación a que no abra pozos ilegales y que proteja así los intereses de todos, así como que cuide más el Río Mula y su caudal natural. Estaremos, pues, alerta y vigilantes para que cumpla con la sentencia judicial y recordamos que llevamos desde inicio de legislatura exigiendo a la CHS caudal ecológico en todo su tramo, desde el inicio", manifiesta Juan Valera.

Educación adelanta el proceso de adjudicación del profesorado al 31 de julio para mejorar el inicio del próximo curso escolar

MURCIA.- La Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha adelantado el proceso de adjudicación de los centros de destino de los profesores al 31 de julio para mejorar el inicio del próximo curso escolar 2017/18, según anunció la consejera Adela Martínez-Cachá durante el pleno del Consejo Escolar de la Región de Murcia, celebrado hoy.

En este sentido, Martínez-Cachá explicó que "la medida aporta una mayor tranquilidad de los profesores, que antes del mes de agosto conocerán el centro al que se incorporarán en septiembre, y permitirá a los directores conocer y estructurar funciones de la plantilla de sus centros para organizar el proyecto educativo de cara al próximo curso".
La titular de Educación explicó que "la medida posibilitará que se inicie el próximo curso con mayor normalidad y que el profesorado de los centros esté en sus destinos desde el principio de la actividad docente". 
Martínez-Cachá agradeció la labor del personal de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y del Servicio de Personal Docente por el trabajo que permite agilizar el proceso de adjudicación de plazas.
De este modo, permitirá a los centros educativos disponer desde el primer momento de los horarios y de la programación asegurando así la normalidad en el comienzo del curso.
Martínez-Cachá explicó que "estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr que el profesorado conozca lo antes posible su destino para planificar su trabajo, el proyecto de centro y la organización del mismo, y dar la mejor respuesta a la comunidad escolar con los más de 25.000 profesionales que trabajan en la Educación, que se distribuirán en las más de 11.000 aulas".

Consejo Escolar
Durante la jornada, Martínez-Cachá y el presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia (CERM), Juan Castaño, presidieron el último pleno del curso 2016/2017. Entre los temas abordados, destaca la memoria anual de actividades del curso 2015/2016, el informe bienal sobre la situación del sistema educativo en la Región de Murcia durante los años 2012/2014 y el plan anual de trabajo para el próximo curso 2017/18.
El plan de trabajo engloba las actividades que desarrollará el Consejo el próximo curso, entre las que destaca la participación en encuentros, jornadas y reuniones, campañas informativas, publicaciones digitales, acciones de difusión, redacción de la memoria económica, así como las actividades de los consejos escolares municipales, entre otros asuntos.
Martínez-Cachá agradeció la labor de este órgano y presentó el proyecto de gestión para los próximos años, "basado en el diálogo, el respeto y el impulso a la adopción de acuerdos en beneficio de la calidad educativa".
El Consejo Escolar tiene como función velar por el sistema educativo y representa a todos los sectores implicados en el mismo: docentes, alumnos, padres y madres, sindicatos, universidades y organizaciones educativas y empresariales.

El PSOE denuncia la "falta de capacidad" para solucionar el problema del Museo 'Ramón Gaya'


MURCIA.- "No existe ningún informe por escrito que explique porque no se soluciona el reparo de la intervención que permitiría pagar a los trabajadores del Museo Ramón Gaya", así lo ha indicado la concejala del Grupo Municipal Socialista de Murcia, Begoña García Retegui, quien ha asegurado que "ni el consistorio ni el patronato no han recurrido por ninguna instancia el acuerdo suscrito entre el Patronato Ramón Gaya y los trabajadores en el acto de conciliación, sino que además los empleados están dados de alta en la Seguridad Social, por lo que el problema con el pago de las nóminas lo está generando el propio ayuntamiento".

La concejala socialista ha recordado que los trabajadores del Museo Ramón Gaya llevan seis meses sin cobrar y que, de continuar la situación, el museo podría cerrar sus puertas. "Es inaceptable la inacción del gobierno del PP para resolver un escenario que viene propiciado por su mala gestión y por una cesión ilegal de trabajadores de la que ya advertimos hace más de un año. En enero, tras el término del contrato con la empresa concesionaria del servicio y al haber habido cesión ilegal, el Patronato, con mandato expreso para avenirse, llegó a un acuerdo con los trabajadores, un acto de conciliación que dio como resultado su alta en la Seguridad Social y su continuación en la prestación del servicio", ha explicado García Retegui.
"El Ayuntamiento de Murcia no paga y alega que no puede hacerlo, pero no presenta ningún informe que respalde esa decisión. No podemos aceptar ni entender cómo se mantiene a trabajadores sin cobrar seis meses sin visos de resolver la situación y permitiendo que el cierre del Museo Ramón Gaya esté cada vez más cerca".
En la última Comisión de Hacienda y Asuntos Generales, el Grupo Socialista solicitó una respuesta por escrito para saber si cualquier instancia del Ayuntamiento de Murcia ha impugnado el acta de conciliación entre el Patronato y los trabajadores. 
"Recordamos también que dicha acta ya se ha cumplido parcialmente al haberse dado de alta en la Seguridad Social a empleados y empleadas, por lo que si la respuesta es negativa y no se ha presentado recurso alguno contra el acta de conciliación, no entendemos por qué no se ha tramitado el expediente para poder pagar las nóminas, levantando el reparo puesto por la Intervención por la inexistencia de plantilla orgánica. Esa competencia, la de levantar el reparo, le corresponde al alcalde, que debe ser quien lo lleve al pleno para ser aprobado".
"Resulta llamativo -ha insistido García Retegui- que no se haya recurrido el acta de conciliación, se ha dado de alta en la Seguridad Social a los trabajadores y se les mantenga en el puesto de trabajo sin cobrar y sin resolver el reparo de la Intervención. La falta de capacidad para resolver el problema es alarmante".
"El Ayuntamiento de Murcia tiene que actuar y resolver una situación que ha ocasionado él mismo. De lo contrario, a la infracción de haber tenido trabajadores en cesión de contrato ilegal, tal y como también ha reconocido la Inspección de Trabajo (que ha impuesto sanción al Ayuntamiento de Murcia), se une la ilegalidad de no pagar los salarios", ha concluido.