Las conciliaciones laborales crecieron casi un 15 por ciento en 2019 y más de 5.000 acabaron en acuerdo

MURCIA.- La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, a través de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, acogió en 2019 un total de 17.385 conciliaciones entre trabajadores y sus respectivas empresas, de las que 5.183 se resolvieron con avenencia, es decir, con un acuerdo (el 30 por ciento). 

En 6.810 de esos procesos no se alcanzó avenencia (el 39 por ciento), mientras que en los 5.392 restantes no compareció alguna de las partes, se intentó sin efecto o se desistió (el 31 por ciento).

La cifra total de conciliaciones en 2019 se ha incrementado un 14,92 por ciento con respecto a las 15.128 del año 2018, por lo que se han celebrado 2.257 más. En cuanto a la distribución por sedes, 13.777 correspondieron a la de Murcia (el 79 por ciento del total) y las otras 3.608 a la de Cartagena (el 21 por ciento restante).

Durante el pasado año, la mayoría de las conciliaciones se celebraron por despidos de trabajadores (un total de 7.890, el 45 por ciento), seguidas de las originadas por reclamaciones de salarios (7.341, el 42 por ciento). A continuación, se encuentran diversos factores que originan en menor medida un acto de conciliación, como las sanciones a trabajadores, el reconocimiento de derechos o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

La conciliación se constituye como una fase previa a la judicial que persigue que empresario y trabajador alcancen un acuerdo en relación con un contrato de trabajo. El papel de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral en este proceso es el de gestionar la resolución de estos conflictos, y acoger la celebración de los actos conciliatorios en sus sedes de Murcia y Cartagena.

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, destacó que "el rol mediador que ejercemos es muy importante, porque incluye, por ejemplo, la resolución de posibles dudas jurídicas que puedan tener las partes, las advertencias sobre la legalidad de los acuerdos, o el velar por el equilibrio entre las partes negociadoras".

Inicio del proceso

El proceso se inicia cuando el trabajador, a través de la sede electrónica de la Comunidad, solicita la denominada 'papeleta de conciliación', es decir, una solicitud para resolver mediante esta vía el conflicto laboral individual. Posteriormente se da traslado a esa persona y a la empresa correspondiente del día y la hora del encuentro de conciliación.

La conciliación ofrece a las partes el contexto adecuado para que puedan comunicarse, escucharse mutuamente y llegar a acuerdos que pongan fin al conflicto, o en su caso al reconocimiento de los hechos, de cara a avanzar en la resolución. Un ejemplo de este último supuesto puede ser el reconocimiento de la deuda salarial por parte del empresario, aunque no la liquide.

España pierde otro arbitraje internacional por el recorte en las primas a las renovables

MADRID.- España ha perdido su segundo arbitraje internacional por el recorte de las primas a las energías renovables, el cual le condena a pagar otra millonaria indemnización a una compañía extranjera que invirtió en base a una rentabilidad que luego se vio frustrada por el cambio normativo y con carácter retroactivo aprobado por el Gobierno central en 2013. 

En este caso, el laudo procede del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia), y obliga a España a pagar 53 millones de euros a una sociedad con sede en Luxemburgo, según un comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

La compañía denunciante es Novenergía, un inversor institucional con domicilio en Luxemburgo que posee siete instalaciones en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Cataluña

Este laudo se suma al que dictó en mayo pasado el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), que multó a España con 128 millones de euros.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital estudia la respuesta al laudo de la Cámara de Comercio de Estocolmo, ya que cabe recurso por la vía judicial, aunque aún no ha tomado una decisión, según fuentes de ese departamento.

Los inversores extranjeros reclaman a España al menos 7.566 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.

Anpier señaló que «el escenario es desolador, puesto que estos son tan solo los dos primeros laudos de una treintena que faltan por resolver».

A juicio de la asociación de productores de energía fotovoltaica que preside el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, «la reforma que elaboró el ministro Soria miró para otro lado a la hora de acabar con los motivos de los precios altos de la energía, y trató de minorar donde no correspondía, lo que ha resultado contraproducente para el desarrollo de un mix energético más eficiente y barato para el ciudadano».

A ello habría que añadir, recalca Martínez-Aroca, «las multimillonarias indemnizaciones a los inversores extranjeros, los gastos millonarios en abogados contratados para que defiendan un marco regulatorio legalmente insostenible, el difícilmente cuantificable daño a la credibilidad de seguridad jurídica en las inversiones realizadas en los sectores regulados españoles, y, lo que es más grave, la condena a la ruina de 62.000 familias españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado».

El presidente de Anpier subraya que el quebranto sufrido por estas 62.000 familias «es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que, por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y abandone a sus nacionales».

Anpier recuerda que los productores fotovoltaicos han soportado recortes de hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exige el pago íntegro de la financiación.

Por ello reclama a Mariano Rajoy «que escuche al sector y trate de articular una solución consensuada, que sea definitiva y restaure el daño causado a los inversores, especialmente a las decenas de miles de familias españolas fotovoltaicas que sufren un sistema profundamente injusto», y que no pueden recurrir, como las compañías extranjeras, al arbitraje internacional.

El Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto esta desigualdad, ya que, «el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre los inversores españoles, al no tener a su alcance los medios que el Tratado de la Carta de la Energía habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional».

Más de 4.000 conciliaciones se resolvieron en la Región con acuerdo entre trabajador y empresa en 2017

MURCIA.- La Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social ha acogido en 2017 un total de 15.613 conciliaciones entre trabajadores y sus respectivas empresas, de las que 4.329 se resolvieron con avenencia, es decir, con un acuerdo, informó este domingo la Comunidad Autónoma en un comunicado de prensa.

En 6.583 de esos procesos no se alcanzó un punto de encuentro, mientras que en los 4.701 restantes no compareció alguna de las partes o se desistió.

La cifra total de conciliaciones en 2017 se ha incrementó un 6,34 por ciento con respecto a las 14.626 del año 2016. En cuanto a la distribución por sedes, 12.024 correspondieron a la de Murcia, y las otras 3.589 a la de Cartagena.

La conciliación se configura como una fase previa a la judicial que busca que dos partes, empresario y trabajador, lleguen a un acuerdo en relación con un contrato de trabajo.

Los dos motivos que originan la mayoría de conciliaciones son el desacuerdo por las condiciones de un despido y la reclamación de cantidades adeudadas, si bien otras causas son las sanciones disciplinarias o los reconocimientos de derechos.

Así, la Comunidad es la encargada de gestionar la resolución alternativa de estos conflictos tramitando las solicitudes de conciliación laboral individual. Además, se ocupa de la celebración de los actos conciliatorios, en sus sedes de Murcia y Cartagena.

El proceso se inicia cuando el trabajador, a través de la sede electrónica de la Comunidad, solicita la denominada 'papeleta de conciliación', es decir, una solicitud para resolver mediante esta vía el conflicto laboral individual. 

Posteriormente se da traslado a esa persona y a la empresa correspondiente del día y la hora del encuentro de conciliación, si bien es necesario que como paso previo exista una reclamación judicial en el ámbito de lo social.

La directora general de Relaciones Laborales y Economía Social, Nuria Fuentes, destacó que "la función mediadora de la Comunidad es fundamental, porque se encarga, por ejemplo, de resolver las dudas jurídicas que le planteen las partes acerca de la materia sobre la que versa la conciliación, de realizar advertencias sobre la legalidad de los acuerdos o de velar por el equilibrio entre las partes en la negociación".

La conciliación busca ofrecer a las partes el espacio adecuado para que puedan comunicarse, escucharse mutuamente y llegar eventualmente a acuerdos que pongan fin al conflicto o, en su caso, el reconocimiento de los hechos, de cara a avanzar en la resolución. Un ejemplo de este último supuesto puede ser el reconocimiento en conciliación por el empresario de la deuda salarial, aunque no la liquide.

Piden la puesta en marcha de un servicio de mediación, arbitraje y conciliación laboral (SMAC) en Lorca

LORCA.- Lorca y el conjunto de la comarca del Guadalentín están huérfanos de un juzgado que atienda los litigios que afectan a los trabajadores frente a sus empresas y viceversa, así como frente a otros Organismos Públicos como puedan ser Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutuas de AT y EP, Tesorería General de la Seguridad Social, etc., son los denominados Juzgados de lo Social, correspondientes a la Jurisdicción Social, dice IU-V. 

Considerando que esta comarca abarca a los municipios de Águilas, Puerto Lumbreras, Lorca, Aledo y Totana, lo que supone una población que supera los 175.000 habitantes, se produce un agravio comparativo frente a la comarca de Murcia y Cartagena que sí que disponen de este servicio.

Esta situación no solo afecta a los trabajadores y a las empresas, sino que igualmente supone un perjuicio para los profesionales que trabajan con estos colectivos: Asesorías y Gestorías Laborales, Graduados Sociales y Abogados, que tienen que desplazarse en el caso de esta Comarca a la ciudad de Murcia, para la celebración de juicios en el ámbito laboral.

Esta situación también es igualmente extensible a la inexistencia de un Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) en el ámbito social, previo a la vía judicial. De nuevo, y a diferencia de Murcia y Cartagena, donde sí se presta, los trabajadores de nuestra comarca, los profesionales del derecho y las propias empresas se tienen que desplazar a la capital para poder celebrar sus conciliaciones extrajudiciales. 

Hay que recordar que este servicio de mediación se prestó durante un tiempo en la ciudad de Lorca, utilizando para ello dependencias cedidas por el Ayuntamiento. Este servicio se prestaba con carácter semanal, señalándose un día a la semana para su realización y concentrando en ese día las papeletas de conciliación que se hubieran registrado.

Por lo tanto desde IU-Verdes "consideramos necesario que en una primera fase se retome la puesta en marcha de un Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) en Lorca, del ámbito social, con la intención de dar servicio a los trabajadores/as, a las empresas, y a los profesionales, y, en un segunda fase, y previas las reivindicaciones y gestiones que sean precisas, se proceda a la puesta en marcha de un Juzgado de lo Social, para atender y resolver todos los pleitos de carácter social que se generen en las localidades incluidas en la Comarca del Guadalentín.

Por todo lo expuesto, IU-Verdes solicita del Pleno del Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos:

Que el Ayuntamiento traslade al Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la necesidad y conveniencia de la puesta en marcha de un servicio de conciliaciones laborales en Lorca denominado SMAC, así como de la creación de un juzgado de lo social en el futuro Palacio de la justicia de esta localidad.

Que se dé traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea Regional.

Que se dé traslado de este acuerdo al Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

Que se dé traslado a los Colegios Profesionales de Graduados Sociales y Abogados, así como a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comarca de Guadalentín