La CNMC multa con 650.000 euros a la empresa cartagenera 'Mecánicas Bolea'

CARTAGENA.- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) multó a 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial con sanciones que suman 54,26 millones, entre ellas, la cartagenera Mecánicas Bolea, por crear un cártel que durante 17 años encareció sus servicios, fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico. 

El organismo supervisor sancionó a varios de sus directivos con 280.500 euros y, además, puso el expediente en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que se prohíba contratar con el sector público a estas firmas, excepto a las que ayudaron a desmantelar el cártel. Asimismo, la CNMC vigilará a las sociedades montadas, entre las que se encuentran Duro Felguera, Sacyr o MASA, para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita, informó el organismo sancionador en un comunicado.

El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad y medioambiente, por lo que las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican a firmas especializadas el mantenimiento de instalaciones como depósitos o tanques en centrales de generación o aeropuertos mediante licitaciones privadas. Según la CNMC, las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura y fijar compensaciones y precios.

Durante unos 17 años -enero de 2001 a julio de 2017- el cártel se repartió al menos 746 licitaciones convocadas por una veintena de clientes, fundamentalmente empresas del sector energético y petroquímico. El 'modus operandi' de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje.

Posteriormente, intercambiaban versiones de archivos de excel, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Más tarde, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes. Los mecanismos de contacto de la trama también fueron evolucionando para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta whatsapp o correos electrónicos.

La detección del cártel fue posible por la denuncia realizada por Navec que, al poner en conocimiento de la CNMC su existencia a través del Programa de Clemencia, se benefició de la exención en el pago de la multa impuesta. Sin embargo, uno de sus directivos, también sancionado, no se benefició de las reducciones al no colaborar.

Por otra parte, tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas participantes en el cártel, Enwesa, presentó una solicitud de reducción del importe de la multa y aportó elementos de prueba adicionales, por lo que se le ha reducido la multa impuesta un 50%.

Las mayores multas corresponden a MASA (14,5 millones), Navec (9,3 millones), IMASA (9,2 millones), MEISA (4,84 millones), MAESSA (3,49 millones), Tamoin (3,44 millones), Duro Felguera Operaciones y Montajes (1,32 millones), Sacyr Nervión (1,16 millones) y TMS (1,12 millones).

También formaban parte del cártel ACSA (110.000 euros), Atrian Technical Services (914.000), HGL (873.834), Enwesa, (860.000), Montajes Bardadun Industrial (38.577 euros), Mecánicas Bolea (650.000), Millecasa (937.507), Montajes Mecánicos la Puertollanense (560.999), Montajes Metálicos Faysol (267.229), y Pregabricación y Montales del Norte (471.036 euros).

Las empresas sancionadas pueden recurrir ante la Audiencia Nacional. El programa de clemencia permite que los miembros arrepentidos de un cártel pueden quedar eximidos de multa o ver reducida su cuantía si denuncian al resto de miembros y facilitan pruebas.

Competencia investiga a entidades bancarias por posibles prácticas anticompetitivas en el acceso a cajeros

MADRID.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga posibles prácticas anticompetitivas consistentes en una "denegación sistemática e injustificada" de acceso a una red de cajeros a determinadas entidades financieras en las mismas condiciones favorables que las ofrecidas a otras entidades.

Dicha práctica, indica la CNMC, se habría desarrollado durante varios años hasta el momento actual, con el objetivo de perjudicar la capacidad competitiva de determinadas entidades en el mercado de provisión de medios de pago.

La CNMC realizó entre los días 25 y 27 de septiembre inspecciones domiciliarias en las sedes de varias empresas que operan en el citado mercado, tanto en entidades bancarias como en administradoras de redes. Tales inspecciones forman parte de la investigación abierta por la CNMC a raíz de la recepción de una denuncia, que se está tramitando actualmente.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador.

La CNMC recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras. La investigación de los cárteles es una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

Para ello se cuenta, entre otros, con el programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.

La CNMC dispone, además, de una plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles. Mediante la misma se puede aportar información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, o el reparto de los mercados o de los clientes.

Las exportaciones chilenas de fruta crecen un 9,87 % en la temporada 2018-2019

SANTIAGO DE CHILE.- Las exportaciones chilenas de frutas frescas han aumentado en volumen un 9,87 % en lo que va de la temporada 2018-2019 respecto de la anterior (2017-2018), con un total de 2.304.361 toneladas, informó este viernes la empresarial Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex).

El informe, que abarca el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2018 al 22 de mayo del 2019, destaca asimismo el crecimiento, hasta el segundo lugar, de los países latinoamericanos como mercados de destino de las frutas chilenas.

El crecimiento tiene relación "con una temporada de mejores condiciones climáticas que en años anteriores, lo que ha permitido a la fecha, el desarrollo de una campaña, en general mejor en términos de volúmenes exportables", explicó el presidente de Asoex, Ronald Bown.

Agregó que también incidió la entrada en producción de nuevas plantaciones frutícolas, con un recambio de variedades "que va por muy buen camino en especies como las uvas de mesa" y que también el aumento se explica por la aplicación de nuevas tecnologías que permiten alcanzar "una mejor producción y llegar con fruta de alta calidad a los mercados de destino".

En lo que va de la temporada, que finalizará el 31 de agosto próximo, Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las frutas chilenas, con 610.987 toneladas y un crecimiento del 6,6 % respecto de igual período de la temporada anterior.

No obstante, Latinoamérica es el destino que muestra el mayor crecimiento, de un 65,93 % respecto de la temporada anterior, hasta las 585.022 toneladas, que la sitúan en el segundo lugar.

Dentro de Latinoamérica los principales mercados son Colombia con un 53,7 % del total enviado a la región, seguida de Brasil (10,1 %), Ecuador (9,1 %), Perú (7,9 %) y México (5,7 %).

El tercer lugar corresponde a Asia, con 583.523 toneladas y un aumento del 7,21 % respecto de la temporada anterior.

China ha sido el mayor destino de ese continente, con 409.237 toneladas y un aumento del 9,77 %, seguida de Corea del Sur, que alcanzó las 50.692 toneladas y un incremento del 30,34 %.

En el cuarto lugar figura Europa, con 420.313 toneladas y una disminución del 16 %, correspondiendo el principal destino a Holanda, con 139.244 toneladas, Reino Unido (78.046 toneladas) y Rusia (51.489 toneladas).

La Asoex advirtió que la mayoría de los mercados de destino europeos anotaron bajas que van desde un 1 % en Polonia a un 31 % en Francia.

Oriente Medio, en tanto, muestra una recepción muy similar a la del período 2017-2018 y ha recibido hasta el momento 61.557 toneladas.

También Canadá, en América del Norte, mostró una leve baja, del 3 %, hasta las 42.959 toneladas.

En cuanto a las principales frutas exportadas, el primer lugar corresponde a uvas de mesa, con 650.972 toneladas, seguidas de manzanas (419.419 toneladas), kiwis (322.095), cerezas (180.128), ciruelas 154.995), aguacates (142.793) y arándanos (111.111 toneladas).

Diego de Ramón pide a la Comisión Europea que investigue la desaladora de Escombreras por "competencia desleal"

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón ha dirigido un escrito a la comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, para pedirle que investigue las subvenciones que la Comunidad Autónoma concede a la desaladora de Escombreras para abaratar el coste del agua desalada, que ascienden a "40.000 euros diarios, creando así competencia desleal en los productos que se exportan al mercado único europeo".

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, De Ramón critica que la Comunidad Autónoma de Murcia está "subvencionando con ayudas económicas de 18,5 millones de euros a la Desaladora de Escombreras (Cartagena), lo que incide en un pago diario de cerca de 40.000 euros diarios".

Esas ayudas, según De Ramón, "benefician solo a los 115 clientes" de la desaladora, entre los que se encuentran comunidades de regantes. A su juicio, esta subvención permite a los regantes cultivar "productos agrícolas más baratos en sus costes de agua, lo que produce una competencia desleal frente a los agricultores de la Región de Murcia, de Valencia, Almería, o de otros países de la UE que no tienen esas subvenciones".

Teniendo en cuenta que hay "grandes exportaciones de esos productos agrícolas" al mercado único de la Unión Europea, De Ramón solicita una investigación a la comisaria europea de la Competencia, a la que emplaza a dirigirse a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad de Murcia.

Asimismo, De Ramón entiende que la comisaria debe trasladar la investigación también al Tribunal de Cuentas de Luxemburgo, pues se habría incurrido en competencia "desleal" si se demuestra que la Región de Murcia "ha obtenido fondos europeos que pudieran participar en las ayudas económicas a empresas agrícolas que exportan a los mercados europeos con ventajas económicas para abaratar su producción".

En este sentido, De Ramón esgrime los artículos 101-109 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), "que garantiza el que se pueda competir las empresas según sus méritos y en condiciones justas y equitativas".

Ante esto, critica que "ni los servicios jurídicos de la Consejería ni de la Comunidad han realizado ninguna actuación, consintiendo con su actitud esta práctica en contra del Tratado de la Unión Europea en su Funcionamiento".

Además, añade que el informe anual del ejercicio del año 2016 del Tribunal de Cuentas de España ha detectado "debilidades y deficiencias" de control interno en áreas como la gestión de subvenciones concedidas por la Comunidad de Murcia, a la que reprende por "las pérdidas que origina la empresa pública Desaladora de Escombreras, S.A.".

"A todo esto se une el estado del paro regional de 116.200 ciudadanos sin trabajo, y su tasa del 16,33%, siendo 9 de cada 10 contrataciones temporales", critica De Ramón, que añade que "un tercio de los niños murcianos se encuentra en riesgo de pobreza. Pese a todo, asevera, "se subvenciona solo a 115 empresas con 40.000 euros diarios".

Competencia abre expediente a 25 consultoras por un posible reparto del mercado durante nueve años

MADRID.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este jueves la incoación de un expediente sancionador contra 25 empresas de servicios de consultoría y varios directivos de las mismas al observar "indicios racionales" de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en un reparto del mercado nacional de servicios de consultoría entre los años 2009 y 2018.

Las infracciones cometidas consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional. Estas infracciones detectadas en la investigación están prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Entre las empresas incoadas se encuentran Abay Analistas Económicos, Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC, BmasiI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitarias, Deloitte Consulting y Deloitte Financial Advisory, así como su matriz Deloitte Financial Advisory, Gestiona XXI Consulting, y Gizarpro.

También están incoadas Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom, Indra Sistemas, Innovisions 21, Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014, Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Red2Red Consultores, Regio Plus Consulting, T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F.

Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas Bmasil Strategy, Deloitte Consulting, Idom Consulting, Engineering, Architecture, Innovisions 21, 97S&F, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores.

La incoación del expediente se produce tras las inspecciones realizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018 en las sedes de las empresas del Grupo Deloitte, de Idom, de Pricewaterhousecoopers y de Regio Plus Consulting.

El origen de estas actuaciones se encuentra en la remisión por parte de la Autoridad Vasca de Competencia de la investigación realizada por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco y, en particular, de la información obtenida en las inspecciones realizadas por esa autoridad los días 11 y 12 de enero de 2017 en las sedes de varias empresas.

La CNMC recuerda a las partes el "deber de reserva y confidencialidad" al que están obligadas de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Tal obligación de discreción está dirigida a proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador.

El organismo recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación e informa de que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.

Por otra parte, agrega que cuenta con el Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada.

Competencia denuncia a 12 ayuntamientos y 13 autonomías por sus barreras a la unidad de mercado

MADRID.- La batalla judicial entre el Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el conocido como conflicto del taxi es el pleito más mediático entre el regulador y la Administración Pública. Pero no es el único. El organismo, adscrito al Ministerio de Economía, ha interpuesto ya un total de 41 recursos contenciosos contra 12 ayuntamientos y 13 comunidades autónomas al considerar que algunas normas locales y regionales atentan contra la competencia y, en última instancia, socavan el bolsillo del consumidor, a juicio de El Mundo. 

Los conflictos abiertos en la Audiencia Nacional son de lo más variado, según las cifras que maneja el propio regulador. Desde los criterios para recibir una ayuda a la formación por parte de una comunidad autónoma a los requisitos para llevar a cabo un estudio geológico previo a la construcción de un campo de fútbol femenino. 

En este último caso, remitido a la justicia hace unas semanas, la CNMC carga contra los pliegos del concurso realizado por el ayuntamiento de la localidad asturiana que limitan la realización del estudio a licenciados superiores en Geología. El regulador requiere que se cambie esta reserva profesional al entender que otros colectivos -por ejemplo, el de ingenieros de minas que denunció la «discriminación»- están capacitados para llevar a cabo el trabajo.
Todos los casos denunciados tienen en común la posible vulneración de la Ley de Unidad de Mercado, creada en 2013 para romper con los obstáculos y barreras administrativas por parte de administraciones públicas que castigan la competitividad del país. La CNMC ejerce de guardián de que se cumple esta ley dentro de sus ámbitos de actuación.
Los 41 recursos en la Audiencia Nacional han sido precedidos de decenas de informes realizados por el regulador para informar sobre las normas locales y autonómicas, ya sea por oficio o tras recibir alguna queja externa. Los informes suelen incluir un requerimiento para realizar el cambio normativo. En caso de no materializarse en un plazo de dos meses, la CNMC vuelve a llevar el asunto a su consejo para estudiar la toma de medidas legales.  

Las primeras denuncias se remontan al año 2015 y algunas de ellas ya tienen sentencia por parte de la Audiencia Nacional. En tres de los casos el recurso del regulador ha sido desestimado y en dos de ellos se ha estimado, obligando a la administración pública a cambiar la norma. Fuentes de la CNMC explican que los procedimientos no son firmes ya que en los casos que ha perdido se ha interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo.
Las comunidades autónomas son hasta el momento las administraciones que más recursos por parte del regulador acumulan con un total de 28 reclamaciones. La Comunidad Valenciana y la de Madrid son las dos regiones que más pleitos abiertos mantienen con la CNMC, con cinco y tres casos respectivamente.
Por otro lado, Competencia ha denunciado a 12 ayuntamientos por las restricciones en sus ordenanzas municipales a algunos colectivos. En dos de los casos la batalla se apagó por el acuerdo entre las partes, pero en el resto de los casos sigue a la espera de sentencia (ver gráfico adjunto).
Pero sin duda el pleito entre los pleitos entre la CNMC y el Gobierno es el que se bate en torno al sector del taxi. Se trata del único pleito que Competencia mantiene abierto contra normativa estatal al considerar que Fomento está bloqueando el desarrollo de empresas como Uber y Cabify y perjudicando al consumidor.

Multa de 2,1 millones de euros a 'Redyser', la empresa murciana de paquetería, por repartirse clientes

MADRID.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 68 millones de euros a Correos Express, UPS, TNT, DHL y otras cinco firmas de paquetería por formar un conjunto de cárteles por los que se repartían los clientes empresariales.

Correos Express ha sido sancionada con la mayor multa, de 19,6 millones de euros, por delante de UPS, que afronta una sanción de 19,2 millones. A TNT le multa con 16,2 millones y a DHL con cinco millones.

Asimismo, Tourline Express afronta una multa de 3,1 millones de euros, Redyser de 2,1 millones de euros, Fedex de 1,8 millones, ICS de 773.314 euros y MBE Spain con otros 690.400 euros.

La CNMC ha descubierto el cártel a partir de la denuncia presentada por la firma General Logistics Spain (GLS) que, al aportar información, ha sido eximido de la correspondiente sanción.

Ante la denuncia, el personal del 'superregulador' realizó inspecciones en las sedes de Correos Express, MBE, Redyser e ICS, en las que recabaron "miles de correos electrónicos y 'WhatsApp' acreditativos de las conductas sancionadas".

La comisión explica que estas investigaciones pusieron de manifiesto que algunas de estas empresas realizaban acuerdos de comercialización con otras firmas del sector que complementan sus redes de distribución para algunos servicios.

Asimismo, revelaron que en el marco de estos acuerdos, que mantuvieron durante un "largo periodo de tiempo", algunas de las empresas establecieron en paralelo pactos verbales de 'no agresión'.

De esta forma, las empresas sancionadas habían pactado no contratar con los clientes de sus socios comerciales, repartiéndose así los clientes entre ellos.

Según la CNMC, en total estas nueve firmas habían formado nueve cárteles. Las empresas que participaron en un mayor número de estas asociaciones ilícitas son Correos Express y MBE, que formaron parte de cuatro de ellos, por delante de ICS, que participó en tres.

Estas firmas "privaron así a todos sus clientes de recibir ofertas de varios operadores de mensajería y paquetería en España", asegura el órgano que preside José María Marín Quemada.

La CNMC asegura que estas conductas constituyen una infracción muy grave de la Ley de la Competencia y del Tratado de funcionamiento de la UE.

La comisión asegura que estos acuerdos "han tenido un carácter especialmente dañino en la medida en que encarecieron el costo de los servicios que prestan a los ciudadanos y que los acuerdos se mantuvieron durante un largo periodo de tiempo".

De igual forma, recuerda que la lucha contra los cárteles constituye una de las prioridades de su actuación, dado el "nocivo efecto" que tiene sobre la competencia y los consumidores.

Competencia insta al Gobierno a acabar con el "monopolio" de los estancos o a "reconfigurarlo"

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha instado al Gobierno a eliminar el "monopolio de la red de estancos" o al menos a "reconfigurarlo", tras detectar estas "restricciones", entre otras, en el sector del tabaco.

Estas recomendaciones forman parte de un informe emitido a petición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la aprobación del anteproyecto que modifica la "ley antitabaco", y tiene carácter consultivo, según ha explicado en un comunicado la CNMC.

Competencia considera que existen "restricciones arraigadas en el sector del tabaco" como la exclusividad otorgada a los estancos a la hora de vender este tipo de productos, un punto que ya había criticado en el pasado.

En el documento se aconseja suprimir este "monopolio" o, al menos, "reconfigurar el modelo de concesión en algunas de sus características básicas", como el acceso al negocio, los productos que pueden comercializarse o las reglas de abastecimiento a bares, quioscos de prensa y gasolineras con licencia para tener máquinas expendedoras.

Sobre las novedades introducidas en el anteproyecto, la CNMC estudia los cambios legislativos que afectan al cigarrillo electrónico.

En este sentido, propone "analizar alternativas menos distorsionadoras" que la prohibición de venta a distancia de este tipo de cigarrillos, y cita como ejemplo mecanismos que permitan "verificar la edad (del comprador) o reforzar la aplicación del régimen sancionador".

También cuestiona "la exclusividad" otorgada a los estancos y a comercios especializados a la hora de vender cigarrillos electrónicos por "excluir a otros operadores", algo que no fomenta la competencia.

Además, discute que se prohíba a las tiendas especializadas vender otros productos distintos y critica que se exija obligatoriamente a las empresas del sector del cigarrillo electrónico dar datos sobre volumen de ventas y marcas, ya que en su opinión se trata de información comercial sensible cuya divulgación "podría traducirse en conductas potencialmente anticompetitivas".

Como alternativa, la CNMC plantea gravar con un impuesto específico este tipo de dispositivos, como han hecho otros países europeos, una medida que contribuiría a reducir el consumo, dotar de recursos a Hacienda y a "acercar" su tratamiento fiscal al del tabaco tradicional.

En su informe recuerda que los cigarrillos electrónicos vivieron un "boom" nada más comenzar a venderse en España en 2013, cuando aparecieron cerca de 3.000 tiendas especializadas.

Un año más tarde se registró un "fuerte ajuste" y cerraron "el 95 % de los establecimientos".

Actualmente, existen en torno a 300 distribuidores minoristas en el sector, con una previsión de facturación en 2017 de 50 millones de euros y 1.250 empleos directos.

El Parlamento convalidó a finales de noviembre el Real Decreto-Ley que modificaba la llamada "ley antitabaco", instrumento con el que finalizó la transposición de la nueva directiva comunitaria sobre tabaco.

Diego de Ramón aboga por regular los costos de servicios de usuarios financieros empresariales respecto a la mora

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón aboga por regular los costos de servicios de usuarios financieros empresariales a través de una plataforma de afectados a nivel nacional todavía en constitución y así se lo ha hecho saber, tanto al Banco Central Europeo (BCE), como a la entidad Cajamar, que viene aplicando tasas de interés del 3%, más del 25% en caso de mora, al colectivo empresarial español.

Este abogado propone acabar con esta "plusvalía desmesurada" en comparación a las de otras  entidades bancarias europeas, evidenciado así el posible incumplimiento sobre la Directiva de Abuso de Mercado de la Unión Europea al recibir esta entidad bancaria  -en alusión a Cajamar- en situación de posición dominante, un dinero público al cero por ciento de interés por parte del BCE y obtener un plus financiero privado de beneficio neto de un 28% desde el sector empresarial español en caso de mora pese a tratarse de préstamos con garantía hipotecaria.
Ante la negativa de Cajamar a tratar este tema con la plataforma en constitución de empresarios afectados, andaluces, levantinos y murcianos de momento, el citado letrado se ha dirigido al BCE solicitando una regulación al respecto para fijar un tipo estandar de interés moratorio, que no resulte usurario, dentro del mercado único.
Finalmente le recuerda al BCE que su Sistema de Supervisión Financiera tiene dentro de sus competencias una sección de 'supervisión microprudencial' para supervisar entidades individuales, como es el caso de la llamada cooperativa de crédito Cajamar, entre otras españolas que aplican elevados intereses de mora.

C's Cartagena atiende las quejas de los peluqueros de caballero por la posible competencia desleal en el sector

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena ha recibido en sus dependencias municipales a la Asociación Comarcal de Peluqueros de Caballeros - que ha sido refundada hace unos meses-, y ha atendido sus necesidades y denuncias. Los peluqueros han trasladado al portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, sus sospechas de que existe un elevado número de peluquerías pirata en la ciudad de Cartagena que trabajan de forma ilegal. 

Según esta asociación, esta economía sumergida está haciendo mucho daño a las peluquerías legales que hay registradas en Cartagena ya que no creen que estén pagando sus impuestos, ni que estén dados de alta en la Seguridad Social, o incluso posean la licencia de apertura.

El nuevo presidente de esta asociación, Carlos León, ha explicado que "nosotros tenemos todo en regla, pagamos IVA, las licencias, impuestos, la luz, y es imposible que se pueda cortar el pelo por cuatro o cinco euros". 

La ausencia de gastos, denuncia este gremio, permite a los peluqueros 'pirata' ofrecer servicios mucho más baratos. Además, también los acusan de no cumplir con las normativa de horarios, llegando incluso a publicitar en el mobiliario urbano esa disponibilidad horaria irregular.

El portavoz de Ciudadanos considera que "de esta situación se lleva hablando muchos años, y no sólo afecta al gremio de los peluqueros, sino al de hosteleros, a los establecimientos de alimentación o los guías turísticos, y es necesario que las autoridades se tomen de una vez en serio este tema e incrementar las labores de inspección y vigilancia de la normativa y controlar que estos locales que ofertan precios tan bajos están al día en el pago de tributos; de lo contrario pagarán y acabarán cerrando aquéllos que sí están cumpliendo, lo que sí pagan sus impuestos". 

"No es justo lo que está ocurriendo, cuando pierdes clientes a causa de la competencia desleal, reduces tus ingresos y se hace muy difícil poder pagar el alquiler del local, muchos de ellos se ven abocados al despedido de personal o al cierre de su negocio", ha lamentado Manuel Padín. 

El portavoz de Ciudadanos ha informado que "este tema trasciende el ámbito municipal y vamos a poner en conocimiento de nuestros diputados regionales y nacionales estas denuncias, para que a su vez remitan a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la necesidad de estar más vigilante, pero también queremos trabajar de forma paralela a nivel local, analizar qué puede hacer nuestro Ayuntamiento para impedir que los establecimientos irregulares de Cartagena sigan hundiendo el sector".

Tras la denuncia de un colega, queda en entredicho la práctica de algunos administradores locales de fincas

MURCIA.- El Servicio Regional de Defensa de la Competencia ha propuesto una multa de 59.062,50 euros contra el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la Región de Murcia por «una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (15/2007), al fijar unos precios mínimos orientativos», según se recoge en una resolución a la que ha tenido acceso 'La Opinión'.

Así, Defensa de la Competencia da la razón al abogado cartagenero Francisco Garzón, de Garpe Administraciones de Fincas, quien denunció «la situación de monopolio del Colegio Oficial y el establecimiento de honorarios mínimos».

El Servicio Regional también propone a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que imponga al Colegio la obligación de publicar la resolución en su página web, así como a realizar una campaña publicitaria de difusión.

El abogado Garzón declaró en un comunicado que «con la resolución queda clara la ilicitud de la conducta del Colegio por manifestar públicamente que no existe calidad en los servicios que prestaron aquellos administradores con honorarios más económicos». Y añadió: «Es la falta de credibilidad y garantía de un Colegio que no ha aplicado la ley del Ómnibus de 2009 y no ha permitido que los administradores de fincas fijen libremente sus honorarios sin ningún tipo de coacción», afirmó.

Garzón también explicó los motivos por los que denunció al Colegio: «Presenté una publicidad con un descuento sobre honorarios del 30 por ciento en el que manifestaba que no cobraba comisiones de los proveedores que trabajan en las comunidades de propietarios ('el cazo'). Esta información causó la ira y la cólera de la junta de gobierno del Colegio Oficial y llevaron una persecución implacable contra mi persona», aseguró el abogado cartagenero. «Ahora ha quedado acreditada que ha habido mala praxis. Confío en que los comuneros se den cuenta y actúen en consecuencia», agregó.

Competencia investiga el sector de embalajes de fruta y verdura

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) dijo el martes que ha iniciado una investigación sobre posibles prácticas contra la competencia en el sector de fabricación y venta de envases de plástico para embalaje de fruta y verdura.

"Inspectores de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) han llevado a cabo inspecciones en las sedes de las principales empresas del sector de la fabricación y comercialización de envases de plástico para el embalaje de productos hortofrutícolas", dijo CNC en un comunicado, en el que sin embargo no se citaron compañías concretas.

La investigación, lanzada en colaboración con la autoridad de Competencia de Italia, se realiza porque existen sospechas de posibles prácticas anticompetitivas en acuerdos de fijación de precios, así como de reparto de mercado.

CNC dijo que estas prácticas se llevarían a cabo en la presentación concertada de estas empresas en las subastas de los contratos de estos envases organizadas por las cooperativas de productores de fruta y verdura.

En caso de acreditarse tales conductas, podrían conllevar una multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio de las empresas infractoras, dijo CNC.