Al menos diez presidentes autonómicos se subirán el sueldo en 2024, entre ellos López Miras

MURCIA.- Al menos los presidentes de Galicia, La Rioja, Aragón, Extremadura, Comunitat Valenciana, Baleares, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia verán incrementado su salario a diferentes niveles el próximo año 2024. Mientras que algunos subirán su sueldo en el porcentaje previsto para los funcionarios, otros han optado por un mayor incremento de hasta casi el 7%.

Así aparece reflejado en los Presupuestos de cada comunidad, donde algunos presidentes autonómicos han optado por la subida salarial que recojan las cuentas públicas estatales para los funcionarios (Gonzalo Capellán, María Guardiola, Emiliano García-Page, Adrián Barbón y Fernando López Miras).

Sin embargo, otros incrementarán sus retribuciones en un 0,5% (Alfonso Rueda y Carlos Mazón), mientras que en el caso de Jorge Azcón lo subirá un 3%. La presidenta de Baleares, Marga Prohens, cobrará un 5% más que en 2023 y su homóloga de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, será la que más incrementará su salario, hasta un 6,9% en el próximo año.

El sueldo de los empleados públicos experimentará el próximo año una subida fija del 2%, más un 0,5% adicional que dependerá de cómo evolucione el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA).

En el caso del Gobierno central, el nuevo Ejecutivo aún no ha dado a conocer su proyecto de Presupuestos para el próximo año, por lo que el sueldo anual de Pedro Sánchez será por el momento de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

Según se recoge en los distintos proyectos de Presupuestos regionales, hasta cinco presidentes autonómicos experimentarán en 2024 el incremento salarial que permita el Estado. Estos cinco líderes autonómicos son Gonzalo Capellán, María Guardiola, Emiliano García-Page, Adrián Barbón y Fernando López Miras.

De este modo, la retribución del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, pasa de 82.750,6 euros anuales al incremento previsto por el Estado para 2024. En 2023, el salario anual de su homóloga en Extremadura, María Guardiola, era de 84.892,7 euros y también crecerá en proporción de lo que permita el Estado.

Mientras, el gobierno de Castilla-La Mancha ha plasmado en sus cuentas públicas para el año que viene el incremento salarial permitido por el Estado para 2024. Desde este modo, el sueldo de Emiliano García-Page crecerá para el año que viene con respecto a 2023, que ha sido de 86.454 euros.

Algo similar ocurre con el presidente de Asturias y el de Murcia, Adrián Barbón y Fernando López Miras, respectivamente, que verán incrementando su salario en esa misma proporción. En 2023, el dirigente asturiano ha cobrado un sueldo anual de 69.128,62 euros, mientras que el del murciano era de 75.670 euros.

Luego, hay dos presidentes autonómicos que han decidido aplicarse en 2024 una subida del 0,5%, como son el caso de Alfonso Rueda (Galicia) y Carlos Mazón (Comunitat Valenciana).

Así, el presidente gallego pasará de cobrar 82.843 euros anuales en 2023 a percibir un total de 83.247,72 euros el próximo año, tal y como se recoge en el proyecto de Presupuestos regionales de la Xunta para el 2024.

En cuanto a Carlos Mazón, el sueldo que tenía el presidente de la Comunitat Valenciana en el año 2023 era de 77.842,56 anuales y las cuentas públicas regionales aprobadas por PP y Vox incrementan un 0,5% esta retribución, hasta los 78.222,24 euros.

En el caso del presidente de Aragón, Jorge Azcón, pasará de percibir un sueldo de 90.947,64 euros en 2023 a incrementar un 3% su retribución hasta los 93.676,07 euros en el próximo año, según la suma de las tres retribuciones que aparecen en su proyecto de Presupuestos.

Por su parte, la presidenta 'popular' de Baleares, Marga Prohens, aumentará el sueldo el próximo año hasta un 5%, aunque la subida podría ser incluso mayor, del 7,5%, si el Estado autoriza una subida prevista del 2,5% para los funcionarios.

De este modo, los Presupuestos de Baleares para 2023 contemplaban que la Presidencia regional cobraría un total de 73.311 euros, mientras que los de 2023 apuntan a un salario de 76.976,55 euros anuales, que podría a llegar a ser aún mayor.

En el caso de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, será la que experimente una mayor subida salarial para el próximo año, ya que los Presupuestos regionales prevén un incremento de hasta el 6,9% en estos salarios.

En concreto, Buruaga pasará de percibir los 64.606 euros anuales en 2023 a cobrar un total de 69.063,81 euros en el próximo año.

El Gobierno regional de Buruaga rectificó la subida salarial prevista para la presidenta y los consejeros en los Presupuestos, ya que en un primer momento contemplaban una subida del 20% y finalmente el salario de estos dirigentes crecerá un 6,9% el próximo año.

Por contra, Andalucía, Madrid y Canarias han recogido una congelación salarial de sus presidentes en sus proyectos de presupuestos para el próximo año.

En el caso de la Comunidad de Madrid lleva ya trece años consecutivos con el mismo sueldo para la Presidencia, aunque Isabel Díaz Ayuso es la mandataria autonómica que más retribución anual percibe de estas comunidades, unos 103.090 euros al año.

Eso sí, en esta ocasión Ayuso ha decidido congelar su retribución anual, aunque sí que ha previsto una subida salarial para sus consejeros.

De estas tres comunidades que han decidido congelarse el sueldo, el segundo mandatario que más percibe es el de Canarias, Fernando Clavijo, que seguirá ganando el año que viene 76.823 euros anuales, mientras que su homólogo de Andalucía, Juanma Moreno, mantendrá su salario de 71.667,36 euros.

En el caso del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aún no ha presentado el proyecto de Presupuestos regionales para el próximo año, aunque en 2023 tuvo un sueldo de 76.355,08 euros anuales.

En otra situación distinta se encuentra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Su Gobierno aún no ha presentado el proyecto de Presupuestos para el año 2024, ya que aún está en negociaciones por los grupos para poder sacarlos adelante, por lo que no se puede saber todavía si contemplará una subida salarial.

En cualquier caso, el presidente catalán es el mandatario autonómico que más cobra, con un salario anual de 136.177,5 euros, muy por encima de lo que percibe el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Por otro lado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, que percibe unos 106.778 euros anuales, no especifica en el proyecto de Presupuestos para 2024 si habrá un aumento en su retribución.

Campuzano, Celdrán y Ortuño juran sus cargos y se incorporan al Consejo de Gobierno

MURCIA.- Marcos Ortuño, como consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Maria Isabel Campuzano, como consejera de Educación y Cultura, y Javier Celdrán, como consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, han jurado este sábado sus cargos y se incorporan al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

El acto ha sido abierto por la vicepresidenta, Isabel Franco, que ha destacado que con esta remodelación "culminamos el trabajo de configuración del nuevo ejecutivo", con el que "desde la unión" trabajará para lograr la recuperación económica de la Región y proteger la salud y las vidas de los murcianos.

"El reto que se plantea ante nosotros debe estar caracterizado por la unidad", ha insistido Franco, que ha resumido en "avanzar y hacer avanzar a la sociedad murciana", las directrices del remodelado gobierno. También ha dado las gracias a las ex consejeras que ya no están en el ejecutivo, Esperanza Moreno y Cristina Sánchez, que han estado presentes junto al resto de miembros del Consejo de Gobierno.

Tras la lectura de los decretos que hace referencia a los nombramientos de los nuevos miembros del Ejecutivo regional, Ortuño, Celdrán y Campuzano han usado la forma del juramento para aceptar sus cargos.

Marcos Ortuño, que este sábado dejaba su cargo como alcalde de Yecla, ha hablado con los medios de las que serán sus líneas estratégicas, como la potenciación del turismo, trabajando codo con codo con los empresarios del sector, y estableciendo nuevas líneas de ayudas "en un sector clave para la economía regional".

Desde Presidencia, coordinará la acción del Gobierno regional para dar solución a los problemas reales de los murcianos y dar estabilidad al Ejecutivo en un momento fundamental como el actual. Ortuño ha desvelado que la sede de su consejería estará en Murcia, aunque se desplazará con frecuencia a Cartagena, en donde estaba la sede de Turismo.

Por su parte, Javier Celdrán, ha fijado como principal prioridad sacar adelante los presupuestos regionales, unos presupuestos que ya se han "desbloqueado" desde el punto de vista interno y solo queda cerrar los acuerdos parlamentarios, es decir, lograr los apoyos necesarios, algo que prevé que suceda en los próximos días.

Sin presupuestos, el segundo Plan de Rescate a la Hostelería, el Plan de Apoyo al Comercio o el Plan de Impulso al Sector Turístico y Hotelero tendrían que esperar, por lo que confía en que en pocos días puedan tenerlos aprobados en Consejo de Gobierno e inmediatamente en la Asamblea Regional.

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Aunque para aprobarlos solo les faltaría un voto, Celdrán ha indicado que intentarán que se aprueben con más margen. Espera que tanto los diputados de Vox, como los que están fuera del grupo, así como Ciudadanos o "incluso el Partido Socialista" se pudieran sumar, aunque ha recordado que, a la vez que estaban negociando esos presupuestos, "había quienes estaban urdiendo un plan para romper en un momento inoportuno el Gobierno".

María Isabel Campuzano, que momentos antes había ya desvelado sus líneas maestras a través de un comunicado, ha destacado que la vuelta de la presencialidad, que se realizará ya el curso que viene para Primaria y Secundaria "para no hacerlo de forma improvisada", el 'Pin Parental' "que no se llegó a aprobar", como ha reconocido la consejera, y una defensa "frente a los ataques que a la libertad que supone la Ley Celaá", pero siempre, ha insistido, "dentro de la ley".

Campuzano ha señalado que se reunirá con los sindicatos "cuando dejen de gritarme y sentados en una mesa", porque según ha señalado "siempre lo hemos hecho en la Asamblea", llegando a acuerdos con el resto de formaciones.

El presidente López Miras, que ha sido el encargado de cerrar el acto, ha insistido en que "no se inicia una nueva etapa", ni comienza nada, sino que "continua lo que siempre hemos hecho: trabajar por la recuperación y para dejar atrás la pandemia".

López Miras ha criticado "a los que iniciaron esta crisis" institucional, en referencia al PSOE y Ciudadanos, "que quisieron experimentar" y "priorizar sus sillones frente al futuro de una Región", pero ha insistido "con los murcianos no se juega".

El presidente cree que la Región y el ejecutivo "sale más unido y cohesionado" y ha subrayado en el trabajo para devolver la normalidad. "La lucha contra la pandemia es sanitaria, pero todos los ámbitos sufren sus consecuencias, y es así donde tenemos que concentrar todas nuestras fuerzas".

También ha repetido en varias ocasiones que se trabaja "por la libertad", y ha advertido que se equivoca "quien piense en un cambio de rumbo, el rumbo no ha cambiado, seguiremos haciendo de Murcia la tierra de la libertad". Y ha reivindicado la defensa del agua, el apoyo al turismo y contra una financiación injusta "a la que nos han sometido de manera indigna".

El presidente ha dado las gracias, de parte de los murcianos, a los que han trabajado en el Gobierno regional y ya no están, como es el caso de Cristina Sánchez y Esperanza Moreno; y a los nuevos les ha dado la enhorabuena por su valentía de servir al millón y medio de murcianos.

"Que nada os distraiga", ha resaltado, para pedirles a los miembros de su ejecutivo, que trabajen con transparencia, para todos y sin hablar "de lo que no es importante" para trabajar "en lo que sí lo es". "No sé si otros lo harán, pero estoy seguro de que este Gobierno lo hará.

López Miras reorganiza su Gobierno con una tránsfuga de Vox y el alcalde de Yecla

MURCIA.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha hecho efectiva este sábado una remodelación de su Gobierno para dar entrada en la Consejería de Educación y Cultura a la diputada autonómica tránsfuga de Vox, Mabel Campuzano, y al alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, del PP, en la de Presidencia, Turismo y Deportes.

Según publica este mediodía un suplemento del Boletín Oficial de la Región de Murcia, son cesadas las consejeras Esperanza Moreno (Educación y Cultura), que pasa a ser jefa del Gabinete de la Presidencia, y Cristina Sánchez (Turismo, Juventud y Deportes).

También Javier Celdrán, que llevaba Presidencia y Hacienda y ahora se ocupará de la nueva Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, nombramiento que, igual que el resto, son efectivos desde su publicación.

Su toma de posesión será a las 17:00 horas de este sábado en el Palacio de San Esteban.

En la alcaldía de Yecla relevará a Ortuño la primera teniente de alcalde, Remedios Lajara, que seguirá contando con mayoría absoluta al entrar en lugar de Ortuño el número 13 de las listas electorales locales del PP, Pedro Lorenzo Pérez, quien tomará posesión de su acta de concejal en un pleno convocado para el próximo lunes.

El BORM publica los ceses y los nuevos nombramientos de Javier Celdrán, Marcos Ortuño y María Isabel Campuzano

 MURCIA.- El Boletín Oficial de la Región de Murcia ha publicado hoy los ceses y los nuevos nombramientos de los consejeros que formarán parte del nuevo Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Esta decisión del presidente Fernando López Miras se realiza en virtud del artículo 5.3 de la Ley 6/2004, de 28, de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que le atribuye la facultad de crear y suprimir las Consejerías o modificar la denominación y las competencias atribuidas a las existentes, así como establecer el orden de prelación entre las mismas.

De este modo, administración de la Comunidad Autónoma se articulará en la Vicepresidencia, que ostenta Isabel Franco, y en las consejerías, que también serán diez aunque cambia la denominación y competencias de alguna de ellas.

Así, las competencias de las nuevas carteras de la siguiente manera: Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social; Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes; Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital; Consejería de Empresa, Industria y Portavocía; Consejería de Educación y Cultura; Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente; Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública; Consejería de Fomento e Infraestructuras; Consejería de Salud; y Consejería de Empleo, Investigación y Universidades.

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El BORM también publica el cese de don Javier Celdrán Lorente, como Consejero de Presidencia y Hacienda, por pase a otro destino, en este caso como consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital; el cese de María Cristina Sánchez López, como Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, agradeciéndole los servicios prestados; el cese de doña María Esperanza Moreno Reventós, como Consejera de Educación y Cultura, que pasará a ser jefa de Gabinete de la Presidencia, con rango de Directora General.

Junto a esos ceses, se publican los nuevos nombramientos de Marcos Ortuño Soto, hasta hoy alcalde de Yecla, como consejero de Presidencia, Turismo y Deportes; y el de María Isabel Campuzano Martínez, como consejera de Educación y Cultura.

Finalmente, la vicepresidenta, que ostenta además la condición de titular de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, le corresponderán las funciones previstas en el artículo 32 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y cuantas otras funciones le sean delegadas por el Presidente de la Comunidad Autónoma.

López Miras afirma que "la Región tiene un alto cargo por cada 26.566 habitantes"

CARTAGENA.- La Región de Murcia tiene un alto cargo por cada 26.566 habitantes, menos, ha comparado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que los que tienen otras comunidades autónomas uniprovinciales, a excepción de Madrid, que tiene más de 6 millones de habitantes.

"Prudencia, moderación y austeridad forman parte de este Gobierno", ha asegurado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que ha comparecido en la Asamblea Regional a petición del Grupo Parlamentario Vox para informar sobre el aumento de la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma.
El presidente regional ha afirmado que la Región tiene los altos cargos "que necesita y los que menos cobran de toda España por cumplir su cometido". 

Según ha manifestado, los consejeros, secretarios generales y directores generales reciben una retribución por debajo de la media general. En concreto, ha apuntado que los directores generales "son los que menos retribución perciben de toda España. Es un reflejo de austeridad y compromiso".
En cuanto al número de consejerías, López Miras ha recordado a los partidos de la oposición que es "el mismo" que el que había antes de las últimas elecciones autonómicas. "Los murcianos querían un gobierno de coalición y lo hicimos sin aumentar el número de consejerías". 

Además, ha dicho que todas las unidades creadas "tienen una función clara, definida y necesaria" criticando a otros políticos como al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias que "lo primero que ha hecho ha sido pactar el sillón".
Se ha dirigido a Vox para asegurarle que el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura para racionalizar la administración sigue vigente. Ha anunciado, por tanto, la puesta en marcha de un sistema de supervisión continua de las entidades de la Comunidad Autónoma que incluya propuestas para su mantenimiento o extinción en caso de valorar que sea innecesaria dicha entidad.
Durante el debate parlamentario, el portavoz del Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte ha reprochado a López Miras que compare la Región con otras comunidades como Cataluña o Navarra porque "Murcia es una región leal y los recursos de que disponemos no van a ser los mismos". 

Vox ha recordado a López Miras que en el acuerdo de gobierno el compromiso era generar ahorro en el gasto administrativo "en beneficio de los murcianos", pero que a cambio de eso advierten un incremento de la estructura del gobierno de 103 altos cargos a 125, cuyo sueldo suele ser de media entre 56.000 euros y 58.000 euros anuales.
Liarte ha criticado al Gobierno regional por que la Comunidad tiene hoy en día 10.000 millones de euros de deuda pública y a pesar de todo se han incrementado los altos cargos, "¿era necesario?", se ha preguntado el parlamentario que ha exigido que se ponga en marcha "a la mayor brevedad" un plan que simplifique esta estructura.
El PSOE, por su parte, ha culpado del incremento de altos cargos tanto al PP como a su socio de gobierno, Ciudadanos. El socialista Francisco Lucas ha recordado a la formación naranja que en su programa electoral prometía "recortar en altos cargos y asesores". 

Sin embargo, ha continuado, el incremento en altos cargos supone 1,1 millones de euros anuales, un 26,4% más que la legislatura pasada, por lo que serán unos 5 millones de euros al finalizar la legislatura. Además, ha reseñado que ha crecido el número de directores generales de 33 a 44, asegurando que "cuanto más grande sea su gobierno, más incompetente resulta".
Según ha dicho, con el gasto que supondrán los altos cargos se podrían reparar carreteras, eliminar el amianto de los centros educativos o ayudar a los afectados por la DANA.
La portavoz del Grupo Mixto, diputada de Podemos María Marín ha acusado a Vox de "hacer un paripé" con esta cuestión, en lo que parece un "intento de lavar la cara a su partido por el apoyo dado al Gobierno". 

Según la diputada, "los presupuestos de 2020 contendrán este gasto en asesores y altos cargos, y que Vox se los aprobará sin el menor problema".
Marín ha reprochado además a Vox que se manifieste contra el "gasto político", cuando en el Ayuntamiento de Murcia "contratan sin pudor alguno a los hijos de los diputados de Vox como asesores del grupo municipal. No son ustedes creíbles, y da la impresión de que si tuviesen oportunidad, harían exactamente lo mismo que el Partido Popular y Ciudadanos, que son, al fin y al cabo, sus socios", les ha afeado.
El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Juan José Molina, se ha defendido de las acusaciones de los otros partidos sobre el incremento de cargos en el gobierno regional señalando que con los 340.000 euros de ahorro anuales que se obtienen de la disolución de una "entidad ruinosa para el Gobierno regional como Murcia Emprende" se compensan la nuevas direcciones generales que ha creado Ciudadanos en las consejerías que gestiona calificándolo como una "muestra de la eficiencia".
Además, ha afirmado que se está iniciando la elaboración, junto con los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia, de "un Plan Director de la I+D+i que no se había hecho hasta la fecha, cuyo objetivo será establecer una hoja de ruta para los próximos años de forma que se optimicen los fondos públicos y revierta en un mayor apoyo a la innovación de nuestro tejido empresarial".
Finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha hecho alusión durante su turno de intervención a las pasadas elecciones nacionales afirmando que los últimos comicios "han sido un timo que han costado 6 meses de bloqueo y 150 millones de una convocatoria electoral innecesaria ", ha dicho dirigiéndose al PSOE echándoles en cara que con ese presupuesto se podrían haber hecho muchas cosas o invertir en el Mar Menor.
Segado ha asegurado que el Gobierno regional tiene una de las estructuras "más adelgazadas", algo que supone, ha dicho, el 0,01% del presupuesto de la Comunidad. Ha recordado que cuando se hizo el pacto de investidura lo primero en diseñase fue un programa "y después hicimos la estructura del Gobierno, mientras que el modelo del PSOE son primero la estructura, los sillones y cargos y después, ya veremos".

El FMI y la OCDE desmienten la «ruina» del Estado de las autonomías

MADRID.- La campaña electoral avanzó trufada de datos y afirmaciones difícilmente verificables: desde que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos tras Camboya, que Podemos no ha dejado de mencionar, hasta las cifras de ahorro de gasto autonómico que el líder de Vox, Santiago Abascal, apuntó en el debate en televisión celebrado el pasado lunes entre candidatos a la presidencia del Gobierno. Abascal habló de un ahorro de entre «60.000 y 90.000 millones de euros» en las comunidades. «Tendremos que elegir: o autonomías o pensiones», sentenció, tal como recoge Abc.

Sin embargo, los datos niegan estas cifras de ahorro en el Estado de las autonomías. Las series del Ministerio de Hacienda recogen que un ahorro como el que propuso Abascal supondría recortar gasto en algunos de los servicios públicos esenciales. Las comunidades gastaron 173.384 millones en 2017, de los que 117.949 millones (el 68% del gasto autonómico) corresponden a Sanidad (64.199 millones), Educación (42.484) y Protección Social (11.266 millones).

«El dato de ahorro que dio Vox en el debate es falso, porque aunque tengas un Estado centralizado tienes que pagar los servicios públicos: cambiar la etiqueta no elimina el desembolso. El sector público español debe ganar eficiencia, pero es un problema general», defiende el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Onrubia.

Mejores servicios públicos

«La descentralización autonómica no ha provocado un deterioro en la calidad de los servicios públicos. De hecho, la percepción general es que la ha incrementado», recoge un informe del FMI sobre la construcción del Estado autonómico español. Un estudio de Fedea elaborado por los economistas David Cantarero y Marta Pascual encuentra evidencias de que la descentralización de la Sanidad -junto a otros factores- tiene «efectos positivos» en la mejora de la tasa de mortalidad infantil y la esperanza de vida. España es el decimocuarto país del mundo con una menor mortalidad infantil (3,3 casos por cada mil nacidos) y el segundo con una mayor esperanza de vida, tras Japón, con 84 años de media según la OMS.

Precisamente, Sanidad y Educación son las competencias autonómicas en las que España mejor evalúa en términos de eficiencia. España está por encima de la media de la OCDE en ambos servicios y puntúa mejor que países centralizados como Francia, o que Suecia, según un informe sobre la eficiencia del gasto público en veinte países de la OCDE elaborado por los economistas Antonio Alfonso y Mina Kazemi para la Universidad de Lisboa. 

«La descentralización en España aumentó las tasas de éxito escolar en todos los grados», recoge otro informe de la economista de la Universidad de Barcelona, Paula Salinas. El número de estudiantes con formación superior a la secundaria ha subido desde el 11,1% que suponía en 1992 hasta el 34% actual siendo los noventa la década en la que se transfirieron a casi todas las comunidades las competencias en Educación.

Los organismos económicos, además, coinciden en señalar que la descentralización ayuda a reducir la desigualdad económica entre regiones. El FMI, en un informe publicado hace unos días, alaba la descentralización, ya que los gobiernos regionales «son más autónomos y rinden cuentas ante su electorado» a lo que se suma que «la mayor descentralización tributaria y en el gasto tiende a reducir las desigualdades regionales».

Ello es así porque los gobiernos de territorios con menor renta «movilizan recursos de manera más eficaz y manejan mejor los objetivos de gasto, para cerrar sus brechas de eficiencia con las comunidades punteras», concluye el FMI. 

Ello hace que el organismo dirigido por Kristalina Georgieva recomiende sistemas autonómicos como el español frente a los estados centralizados. El organismo destaca que España es uno de los países con menor desigualdad territorial de la OCDE: por debajo de la media de la UE y de países descentralizados como Alemania, Italia y Canadá. El FMI, eso sí, señala que la crisis ha disparado la inequidad entre comunidades.

Menos gasto administrativo

«Lo que te dice la teoría es que la descentralización te permite adaptarte más rápidamente a las características de cada territorio y administración. Pese a la idea de economía de escala de que al centralizar ahorras costes, lo importante no es tanto esto como la gestión. Y esto es lo que marca la mejora para que el gasto público sea más eficiente», sostiene el director de Fedea, Ángel de la Fuente.

Al coger las cifras de gasto autonómico en órganos políticos, tributarios y diplomáticos, España destina menos recursos que otros países a este desembolso administrativo: 37,5 euros por habitante, frente a los 77 euros por ciudadano de Bélgica o los 213 euros de Suiza, según cifras de Eurostat. 

Si tomamos el conjunto del gasto público en esta rúbrica y comparamos con más estados, España también tiene un peso menor. En Francia se gasta un 1,8% del PIB (601 euros por francés), en un estado federal como Alemania, un 1,9% (764 euros por alemán) y en la media europea, un 2% (550,5 euros por europeo) frente al 1,4% de España (353,9 euros por español). 

Vox también recuerda un informe de UPyD que cifraba en 24.000 millones el ahorro posible del gasto autonómico en duplicidades. «Esos datos son discutibles porque tomaba de referencia a las regiones más eficientes y trataba de calcular el ahorro si el resto lo hicieran igual, aunque sus circunstancias son muy distintas», considera el economista Juan Ramón Rallo.  

Junto a ello, la OCDE también destaca en un estudio sobre federalismo fiscal «la asociación positiva entre la descentralización y el PIB per cápita». «La descentralización está, pues, directamente relacionada con las ganancias potenciales de eficiencia en la actuación del sector público», sostiene el catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, Julio López Laborda en el estudio «Beneficios y costes del estado autonómico». Unos beneficios que redundan en un mayor crecimiento económico, considera el académico. 

Un sistema lleno de lagunas

El Estado de las autonomías, que emana del título VIII de la Constitución, se inició de la mano de la propia democracia en España y ha coincidido, junto a otros factores como la integración en la Unión Europea, la recepción de fondos comunitarios y la tracción de la economía continental, en un largo periodo de crecimiento en nuestro país, destacan los expertos.

España ha tenido un incremento de renta por habitante en paridad de poder de compra desde 1980 del 426%, según el FMI. Un porcentaje mayor que el 385,9% de media de la UE, el 276,7% de Italia o el 374% de Alemania y el 340% de Francia.

Pero el sistema requiere reformas para asegurar sus bondades. Los organismos coinciden también en pedir a España una larga retahíla de reformas para aumentar la eficiencia del modelo autonómico. El FMI reclamó «revisiones en profundidad del gasto, sobre todo en sanidad y educación» en varios informes de evaluación a España hace un año.

La propia Autoridad Fiscal ha detectado ámbitos de eficiencia a lo largo de todos los niveles de la administración, tales como las subvenciones, el gasto farmacéutico o las bonificaciones a la contratación.

 A ello se le suman las enormes diferencias en resultados educativos que arroja el informe PISA: con Castilla y León, Navarra o Madrid con resultados muy por encima de los de Andalucía, Extremadura o Canarias.

«Los márgenes de eficiencia existen y son amplios, pero están lejos de lo que dice Vox, serían del entorno del 10% en determinados programas que tendrían más incidencia en mejorar la prestación de los servicios que en un ahorro como tal», apunta Onrubia, que reclama una agencia de evaluación independiente, a diferencia de la extinta Aeval.

Las trabas para las empresas también son un gran obstáculo. Bruselas ha pedido en repetidas ocasiones garantizar que se cumple la ley de Unidad de Mercado, al comprobar que «los resultados son escasos».

«No se han adoptado medidas para eliminar las restricciones al crecimiento empresarial», sostuvo la Comisión Europea en el informe sobre España del primer semestre europeo de 2019. La falta de coordinación entre comunidades y con el Estado es otra de las lacras del modelo autonómico que los organismos señalan, un problema a lo que no ayuda que el Senado no funcione como una verdadera cámara territorial.

Quizá consecuencia de ello, un frente a mejorar es la atomización regulatoria. La CEOE denuncia la «inseguridad jurídica» que genera la proliferación legislativa autonómica, con hasta 81 impuestos propios. 

Una reordenación impositiva que también debe abordar la reforma de la financiación, junto a la insuficiencia de recursos de regiones como Murcia, Valencia o Andalucía, a lo que se debe unir una mayor disciplina fiscal regional a través de la Ley de Estabilidad, exigida por FMI, Bruselas y la Airef. Los organismos parecen coincidir: el Estado de las Autonomías debe reformarse a fondo, pero sin hacer peligrar su pervivencia.

 

Expertos no ven trabas legales para dar 4.500 millones a las comunidades

MADRID.- No hay impedimentos jurídicos para dar a las autonomías los 4.500 millones correspondientes a entregas a cuenta, asegura el catedrático en Derecho Constitucional por la UNED Carlos Vidal Prado, que subraya que un Ejecutivo en funciones puede seguir realizando "despachos ordinarios de asuntos públicos", tal como contempla el articulo 21 de la ley del Gobierno, y repartir las cantidades presupuestadas. 

El argumento de este constitucionalista es compartido por los economistas Ángel de la Fuente, Guillem López Casasnovas y Santiago Lago, que formaron parte del grupo de expertos que en 2017 recibió del Gobierno el encargo de revisar el modelo de financiación, y que hoy no ven razonable que la Abogacía del Estado haya estado bloqueando un reparto que ahora está más cerca de ejecutarse tras el anuncio del presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un mitin en Valencia.

Vidal Prado, a quien le gustaría ver el informe de la Abogacía del Estado para conocer los argumentos que maneja, explica que lo que no puede hacer un Gobierno es tomar decisiones políticas que condicionen al siguiente Ejecutivo, pero en este caso "no es una decisión política nueva, es ejecución presupuestaria, hacer lo que se hace todos los años, es decir, repartir lo que se ingresa siguiendo los criterios de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA)".

Para este constitucionalista, "no hay diferencia con la situación actual a la de hace un mes", por lo que considera que este asunto se ha utilizado como "arma política de presión para forzar el apoyo a la formación de un nuevo Gobierno".

El economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente, valora que se haya podido resolver el problema y precisa que la posición de la Abogacía del Estado "no era muy razonable porque en este tema hay muy poca discrecionalidad y se trataba en lo posible de que las comunidades recibieran sin retrasos los recursos que les corresponden por ley".

De la Fuente subraya que este asunto "entra perfectamente en el despacho ordinario de asuntos públicos" y, de no ser así, encajaría "en las excepciones que incluye la ley del Gobierno por razones de urgencia o interés general. No tiene sentido que traslademos a otras administraciones los problemas que resultan de la interinidad del Gobierno central".

Por su parte, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Guillem López Casasnovas da por buena la "rectificación" de Pedro Sánchez pero cree que "hacerlo en campaña, le pone en evidencia" y, en definitiva, "hace fácil que se le ponga la etiqueta de que es cosa electoral".

"La rectificación llega bien, pero en campaña, con lo cual la mancha de que esto huele a electoral es más grande", remarca.

López Casasnovas recuerda que la LOFCA da a las comunidades el derecho a participar de estos ingresos, "por lo que un Gobierno no puede ir en contra de una previsión de ley orgánica" y pone el ejemplo de cómo "la parálisis presupuestaria" hizo al Gobierno "inventarse los viernes sociales".

"Lo más fácil -dice- es ir a la acción social, a la que nadie se va a oponer y nadie va impugnar".

El catedrático de Economía en la Universidad de Vigo Santiago Lago también cree que el Gobierno de Sánchez "tuvo tiempo para hacerlo y no lo desbloqueó", pero reconoce que es "mejor ahora que en diciembre", porque las comunidades necesitan al máximo reducir su incertidumbre presupuestaria.

Lago subraya que lo ocurrido evidencia que "hay que proporcionar mayor automatismo a las entregas a cuenta y anticipos para evitar que los problemas de gobernabilidad a escala central se trasladen al resto de niveles de gobierno".

Los tres expertos consultados abogan por un cambio en la ley de financiación para que "esto no vuelva a repetirse" pero son conscientes de que hace falta voluntad política, ideas claras, apoyos parlamentarios suficientes y que el asunto sea prioritario en el primer año de legislatura.

Hacienda pagará antes de fin de año a las autonomías

MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la menor financiación que están recibiendo las Comunidades Autónomas no les lleva "ni mucho menos" a tener que hacer recortes y que lo que se les adeuda equivale "a unos 15 días de tesorería", que el gobierno espera pagar a final de año, "que es cuando tienen apreturas".

Montero ha respondido a cuatro preguntas de la oposición en el Pleno del Senado sobre cuándo se pagará a las autonomías la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Con los Presupuestos del Estado prorrogados y con el Gobierno en funciones, ha reiterado Montero, no se puede aprobar el pago de esos fondos. Y se ha mostrado partidaria de que sea algo automático en el futuro, que no dependa de una autorización del Ejecutivo, a través de la reforma del sistema de financiación.

La ministra ha respondido a las críticas de Junts per Catalunya, Compromís, Ciudadanos y ERC por no haber desembolsado este dinero y a todos les ha respondido con el mismo argumento: que apoyen la investidura de Pedro Sánchez para que un Gobierno en plenas funciones autorice esos traspasos. A la mayoría además les ha subrayado que provocaron esta situación al no respaldar los Presupuestos del Estado para 2019.

Al mismo tiempo, Montero ha respondido a una advertencia que están lanzando varias autonomías y ha negado que ninguna tenga que hacer recortes en las próximas semanas por falta de dinero. "Trabajamos para que al final de año puedan recibir el dinero, que es cuando tienen apreturas", ha dicho. Esos fondos que faltan por traspasar equivalen a "unos 15 días de tesorería" de las comunidades. "No es ni mucho menos que tengan que hacer recortes, es liquidez para pagar compromisos de gasto adquiridos", ha agregado la ministra.

El portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, ha dicho que es "crónico y abusivo" el maltrato del Estado a las comunidades autónomas y ha defendido la independencia de Cataluña "para no estar sometidos". Ha terminado su intervención con un 'viva Cataluña libre' y pidiendo libertad "para los presos políticos y exiliados".

"¿Sabe qué? Que su partido tumbó unos Presupuestos que eran buenos para España, para Cataluña", le ha respondido María Jesús Montero, que ha instado además al partido de Cleries a aprobar desde la Generalitat unos presupuestos autonómicos porque se aproximan a la tercera prórroga.

Después ha sido el turno de Compromís cuyo portavoz, Carles Mulet, ha acusado al Gobierno de tener el país paralizado por partidismo desde las elecciones. "Han secuestrado la voluntad de las urnas y secuestran el dinero de las Comunidades", ha agregado. El portavoz ha censurado que estando en funciones el Gobierno no pueda transferir este dinero pero sí autorizar la compra de material militar por 2.000 millones.

A esto mismo ha hecho alusión el portavoz de ERC, Bernat Picornell, quien además ha exigido que el desembolso de la financiación autonómica sea algo mecánico, que no dependa de una autorización del Gobierno.

Montero ha compartido este criterio y ha dicho que toma nota para la reforma del sistema de financiación. Y ha animado a ERC a aprobar presupuestos en Cataluña, a apoyar la investidura de Pedro Sánchez y a colaborar en esa reforma de la financiación, porque desde la Generalitat de Cataluña no ha querido participar en el Consejo de Política Fiscal junto al resto de autonomías, ha censurado la ministra.

La ministra Montero dice buscar alternativas al bloqueo de la financiación de las CCAA

MADRID.- La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que desde la tarde de el martes ya cuenta con el informe de la Abogacía del Estado que respalda que un gobierno en funciones no puede facilitar la financiación a cuenta a las comunidades autónomas. Afirma que no pueden "condicionar" la entrada de un nuevo Ejecutivo y culpa de la situación a PP y C's por no facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Según ha explicado en una entrevista en Onda Cero, la Abogacía del Estado "sigue la misma lógica" que el Gobierno de no poder dar la financiación correspondiente a las comunidades autónomas por la situación actual del Ejecutivo, pero ha asegurado que aun así sigue trabajando "insistente" para hallar una solución que esté "dentro del marco de la legalidad".

Sin embargo, ha destacado que la situación de financiación de las CCAA es "consecuencia" del bloqueo político que mantiene el PP y Ciudadanos por no facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. 

"Lo triste es que esto es la consecuencia del bloqueo sin tener alternativa de otro candidato", ha especificado.

Preguntada por cuándo le llegó el informe de la Abogacía del Estado que avala las palabras de Montero, la ministra ha asegurado que el Gobierno tiene el informe por escrito desde la tarde de este martes, aunque ha insistido en que el acuerdo "ya era conocedor" meses antes de manera verbal.

"Se estaba redactando de verbal a escrito y por tanto era ya un acuerdo conocedor, que así mismo lo dice el propio escrito, que se había informado ya en varias ocasiones. Se le pidió la semana pasada que se redactara y llegó ayer al Ministerio", ha explicado Montero.

Ante las críticas recibidas por el Partido Popular al conocer que no existía dicho informe, Montero ha destacado que "cualquier partido" que haya estado gobernando sabe que los informes "pueden ser verbales o escritos", por lo que se ha mostrado "sorprendida" de que el partido de Pablo Casado haya olvidado "la herencia" recibida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además, ha destacado que el criterio que ha mantenido el Gobierno socialista es el "mismo" que tenía el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y por tanto "el mismo que tenía el Partido Popular".

Aun así, Montero ha insistido en que sigue "profundizando en la ley" y que no se da por vencida para encontrar fórmulas que permitan "abrir la posibilidad" de la actualización de la entrega a cuentas porque es "consciente" de que las CCAA necesitan los anticipos financieros para poder seguir con su funcionamiento.

 "No me voy a dar por vencida y aunque no son obstáculos fáciles quiero buscar soluciones", ha sentenciado.

Se rompe la hucha: las CCAA tienen un agujero de 6.000 millones

MADRID.- La incapacidad del PSOE y de Unidas Podemos de alcanzar un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente tiene consecuencias económicas. Las Comunidades Autónomas (CCAA) denuncian que la situación política de bloqueo que afronta el país ha provocado una disminución de sus ingresos que puede llevarlas a incumplir el objetivo de déficit público comprometido, del 0,1%. El agujero en las cuentas de trece de ellas superaría los 6.000 millones, según https://amp.economiadigital.es. 

Según una información de Europa Press, las comunidades están recibiendo este año de Hacienda lo que les corresponde del sistema de financiación autonómica de acuerdo a los Presupuestos de 2018, es decir, están estirando los presupuestos del año anterior porque este año el Gobierno no ha logrado aprobar nuevas cuentas y no se han actualizado por tanto las cantidades. 

El proyecto para 2019 preveía 4.700 millones más en entregas a cuenta que no están recibiendo, pero con el que las autonomías contaban, así como otros 2.500 por un ajuste del IVA de 2017. 

El recurso de la Generalitat

Distintos gobiernos han denunciado su situación, pero la Generalitat de Cataluña ha dado el paso esta semana de anunciar un recurso contra el Gobierno por no pagarle lo que entiende que le corresponde. En su caso, 1.317 millones de euros, según las cuentas de la consejería de Economía y Hacienda: 874 millones por las entregas a cuenta sin actualizar y otros 443 millones por el IVA. 

Otras autonomías también reclaman al Gobierno que busque una fórmula que le permita pagarles, pero la mayoría ha descartado apoyar en los tribunales la demanda catalana en buena medida por la deriva independentista de la Generalitat.

Las cifras

Con demanda judicial o sin ella, las comunidades explican que la ausencia de Presupuestos del Estado para 2019 les ha provocado un desajuste en sus cuentas. Si Cataluña reivindica 1.317 millones, la Comunidad de Madrid calcula que le faltan 1.237 millones, según su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (PP), que reivindica el pago del dinero a todas las comunidades pero denuncia que se quejen "los que reniegan de España" y apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. 

Además, Asturias reclama 200 millones, Castilla-La Mancha, 360 millones, Cantabria 135; Canarias 223 millones; Castilla y León, 420 millones. Fuentes del Gobierno de Aragón apuntan que su déficit de las entregas a cuenta es de 400 millones de euros. Entre las trece que han ofrecido cifras, superan los 6.200 de euros. 

Debate en el senado

El panorama dantesco ha provocado que el PP reclame un debate en el Senado sobre financiación autonómica entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los gobiernos autonómicos, mediante la convocatoria urgente de la Comisión General de Comunidades Autónomas. Esta comisión se caracteriza por permitir la participación de los Ejecutivos, además de la de los propios senadores. 

El PSOE –con mayoría absoluta en la Cámara Alta– deberá decidir el desenlace de ésta petición y se conocerá este martes. El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha convocado para ese día a la Diputación Permanente, el órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios.

Unos 7.200 millones enfrentan a las comunidades autónomas con el Gobierno central

MADRID.- Crece el malestar en las comunidades autónomas por la "asfixia financiera" que les supone dejar de ingresar, globalmente, 7.200 millones de euros de aquí a fin de año por la ausencia de un gobierno constituido, según recoge www.eldiario.es

Se trata de 4.700 millones en concepto de entregas a cuenta que, según el sistema de financiación autonómica, deberían llegar a las autonomías de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra). Deben sumarse otros 2.500 millones, correspondientes a su participación en el IVA, que quedan pendientes del mes de diciembre de 2017. 

Las comunidades autónomas absorben más de un tercio del gasto final total del Estado y más de la mitad de su personal. Gestionan muchos de los servicios públicos con una incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales.

El motivo que impide que estas cantidades lleguen a las autonomías es el bloqueo político. Un gobierno en funciones, como el de Pedro Sánchez, solo puede aprobar según la Constitución asuntos de trámite, y entre ellos no se encuentra liberar una partida de 4.700 millones de euros, insiste el Ejecutivo. 

Por su parte, los 2.500 millones del IVA solo podrían ser transferidos a partir de su inclusión en unos eventuales nuevos Presupuestos Generales del Estado (de momento siguen vigentes, prorrogados, los que diseñó el PP en 2018).

La motivación de estas limitaciones es por tanto estrictamente legal, sostienen fuentes gubernamentales consultadas por eldiario.es. De hecho, explican que se consultó a la Abogacía del Estado si se podían realizar las entregas a cuenta a las autonomías sin pasar el trámite presupuestario (el ministro de Hacienda del anterior Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, retuvo por este mismo motivo 4.000 millones de euros, lo que el PSOE calificó como un "chantaje"). La respuesta fue que había posibilidades de hacer estas entregas sin presupuestos, pero nunca sin un gobierno constituido, explican las citadas fuentes. 

"No es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de cumplimiento de la ley", ha resumido la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. El PSOE afirma que la fórmula más efectiva para que las comunidades puedan disponer de ese dinero es permitir que se forme gobierno, una reclamación que Sánchez y sus ministros vienen repitiendo a PP y Ciudadanos prácticamente desde el pasado 28 de abril, en que se celebraron las elecciones.
Este viernes Celaá ha abundado en esta idea, culpando de la presente situación a quienes en su momento rechazaron los presupuestos de 2019, como el PP o ERC.

A pesar de que Montoro tenía claro que ni siquiera con un gobierno constituido se podían hacer tales entregas a las comunidades autónomas, frente al criterio más abierto de su sucesora, la socialista María Jesús Montero, varias autonomías del PP han iniciado una ofensiva contra el gobierno central por este asunto. 

En paralelo, la Generalitat catalana ha anunciado incluso que llevará al gobierno central ante los tribunales, una iniciativa de la que los "populares" han querido distanciarse.

Contra lo que fue el criterio del Ejecutivo de Rajoy, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado que, según sus servicios jurídicos, el Congreso podría aprobar tales entregas a cuenta a través de un proyecto de ley. 

El Ministerio de Hacienda no ofrece un listado de lo que corresponde a cada comunidad por estos conceptos, pero algunos de los gobiernos lo han cuantificado. Galicia calcula que le corresponden 700 millones de euros. "Pudo haber pagado sin problemas en sus viernes sociales y haber resuelto el asunto, pero prefirió convertirlos en una campaña electoral, en lugar de financiar unos servicios públicos elementales que prestamos las comunidades, que representamos el 50% del gasto público frente a un 25% del Estado", ha criticado Feijóo. 

Y es que la discrepancia sobre la posibilidad de transferir los anticipos a cuenta y ese mes de recaudación del IVA ha abierto otra guerra política entre la derecha de PP y Ciudadanos y el Gobierno en funciones. Administraciones gobernadas por el Partido Popular acusan a Pedro Sánchez de estar asfixiando a las autonomías. 

Núñez Feijóo y el resto de miembros de su Gobierno llevan semanas avisando de que que peligra el pago de las nóminas a los funcionarios de la administración autonómica. El Ejecutivo de Feijóo hace responsable a Sánchez. 

Y mensajes parecidos ha lanzado el consejero de Hacienda de Madrid, nombrado recientemente por Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, que por un lado reclama la transferencia de los fondos al Gobierno central y por otro, anuncia que bajará todos los impuestos autonómicos para hacer frente a la política fiscal de Sánchez, dentro de una estrategia que han pactado Pablo Casado y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Fernández-Lasquetty ha dicho que Madrid ha reclamado ya por carta al presidente Sánchez los 1.237 millones de la financiación autonómica que según sus cálculos deben llegarles. Aunque ha matizado que no hará su reclamación "de la mano de la mano de la Generalitat de Cataluña, de quienes quieren destruir España". 

Tampoco el ejecutivo andaluz se plantea denunciar al Gobierno en los tribunales.

Sin embargo, otra comunidad autónoma gobernada por el PP, Castilla y León, ha afirmado a través de su vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos) que no descarta acudir a los tribunales por este asunto, aunque al mismo tiempo ha destacado que no se va a hacer "seguidismo político" de quien "pone en peligro la financiación autonómica y por tanto la financiación de Castilla y León", en referencia al Ejecutivo de Quim Torra.

El Gobierno de la Región de Murcia, también del PP, explica a eldiario.es que se encuentra "lejos de la posición radical del Gobierno de Cataluña", pero al mismo tiempo exige "que se acabe el bloqueo, sobre todo para que sea posible la inaplazable reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto que estaba a punto de alcanzarse antes de la moción de censura del señor Sánchez, y que castiga a la infrafinanciación a los ciudadanos de la Región de Murcia".

Esta reforma de la financiación autonómica que mencionan las fuentes del gobierno murciano lleva pendiente de ejecutarse desde 2014. En julio de 2017 entregó su profuso informe el comité de expertos que había organizado el ministro Montoro. 

En él explicaban que "a lo largo de estas décadas de creciente descentralización del gasto y del ingreso, el sistema de financiación del Estado autonómico ha ido evolucionando sin un diseño explícito de a dónde se quería llegar a largo plazo".

Una de las comunidades autónomas que más lamenta los "serios problemas" de equidad y eficiencia de un sistema "complejo y poco transparente", como decía el informe, es la Comunidad Valenciana. 

Gobernados por el socialista Ximo Puig, no se plantean llevar a los tribunales al gobierno central, pero sí destacan que están echando a faltar 1.000 millones de euros, y que aunque de momento no se plantean recortes "en el estado del bienestar", "en las próximas semanas deberemos adoptar algún tipo de decisión". 

Otra autonomía socialista, la aragonesa, ha expresado su "preocupación" por el retraso en las transferencias, pero afirman que no entra en sus planes recurrirla, una postura similar a la del gobierno cántabro.

El Ejecutivo interpreta ahora la ley para escatimar fondos a las autonomías

MADRID.- El Gobierno de Pedro Sánchez ha echado mano de la Abogacía del Estado para interpretar la ley de forma restrictiva y estrechar el «grifo» a las autonomías. En su frustrado proyecto de Presupuestos del Estado de 2019, y a la vista de cómo se está comportando la recaudación tributaria, el Ejecutivo había previsto revisar al alza las entregas a cuenta de fondos que realiza a las comunidades cada año, según publica hoy Abc. 

Ahora, con los presupuestos prorrogados, se niega a aplicar esa revisión al alza apoyándose en un informe de parte solicitado a la Abogacía del Estado. La clave radica en la Ley del Gobierno, que limita la iniciativa legislativa de un Ejecutivo en funciones y restringe su actuación al «despacho ordinario de los asuntos públicos».

Esta definición, en sí misma, alude a un concepto jurídico indeterminado, que deja amplísimo margen de maniobra. Pero es que, además, juristas consultados por ABC subrayan que la Ley del Gobierno sí habilita al Ejecutivo en funciones a aprobar decretos leyes en «casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general». 

Que las autonomías se queden sin liquidez «parece razonable que es una de esas excepciones que prevé la Ley del Gobierno», explica Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Más aún teniendo en cuenta que de ello dependen servicios públicos básicos.

Trasfondo político

La Ley del Gobierno prohíbe que un Ejecutivo en funciones presente proyectos de ley al Parlamento, pero no veta expresamente que apruebe decretos leyes, que forzosamente han de ser convalidados luego por el Congreso. La línea divisoria entre lo permitido y lo vetado a un Ejecutivo en funciones radica en que su actuación legislativa responda a un caso de urgencia o a razones de interés general.

Con la Ley del Gobierno en la mano, el catedrático Roberto Blanco considera que el Ejecutivo de Sánchez «puede esgrimir tanto lo uno como lo contrario, tanto argumentar que no puede revisar al alza las entregas a cuenta a las autonomías como fundamentar jurídicamente que sí puede y debe hacerlo». 

Y, con notorio trasfondo político, ha preferido activar a la Abogacía del Estado para armar la interpretación legal más restrictiva.

El Gobierno regional rechaza la postura de Cataluña pero exige la reforma de la financiación autonómica

MURCIA.-El Gobierno murciano rechazó este miércoles la postura «radical» de Cataluña, tras conocer que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y consejero de Economía, Pere Aragonès, llevará al Gobierno de España a los tribunales por el impago de adelantos de 2019. No obstante, exigió la reforma «urgente» del sistema de financiación autonómica.

En este sentido, el Ejecutivo de Fernando López Miras acusó a Pedro Sánchez de «bloquear» la mejora de la financiación autonómica que tenía lista el expresidente Mariano Rajoy y que «bloqueó» el presidente socialista cuando alcanzó el Gobierno tras la moción de censura.

Tras dejar claro, según fuentes del Gobierno regional, que se posiciona siempre dentro del respeto institucional, reclamó que «se acabe el bloqueo para que sea posible la inaplazable reforma del sistema de financiación autonómica que condena a la infrafinanciación a los habitantes de la Región de Murcia».

Asimismo, recordó que la Región es la comunidad autónoma «peor» financiada, junto a Valencia, por el sistema que impuso el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009.

Casado convierte las autonomías del PP en un ariete opositor a Sánchez

MADRID.- Los 66 escaños que Pablo Casado obtuvo en el Congreso en las elecciones generales del 28 de abril pusieron en peligro su capacidad para ejercer el liderazgo de la oposición, y el líder popular temió incluso que Albert Rivera llegase a hacerle sombra. Pero ahora, con los gobiernos autonómicos conformados, y tras la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Madrid, el PP saca pecho y recuerda que sus siglas gobiernan para la mitad de los españoles, lo que le garantiza poder hacer una oposición fuerte, si no en el Congreso, sí a través de sus barones, según relata La Vanguardia.

Tanto es así que el PP ha distribuido a través de las redes sociales un vídeo en el que exhibe su poderío: “Gobernamos ya para casi la mitad de los españoles”, y lo cuantifica: los gobiernos autonómicos presididos por el Partido Popular acabarcan a 21.748.064 ciudadanos, sobre un total de 46.934.632. Es decir, el 46,3% de los españoles.

El vídeo incluye un mapa en el que destaca en azul las comunidades autónomas con gobiernos del PP, sin aludir en ningún momento a sus socios de Ciudadanos e incluso de Vox. Casado aparece en el vídeo abrazándose a los cinco presidentes autonómicos del PP, y el de la Ciudad Autónoma de Ceuta, uno tras otro, desde Díaz Ayuso a Alberto Núñez Feijóo. La secuencia se cierra con un hastag #Hay Partido y lo vamos a ganar.

Esos cinco presidentes autonómicos podrán plantar cara a Pedro Sánchez, si finalmente forma gobierno, en asuntos importantes, desde la financiación autonómica hasta la oposición –que ya han iniciado algunas comunidades autónomas– a la intención del Gobierno central de poner un peaje blando en las autovías.

El presidente del PP, a pesar de la oposición interna que tiene entre los barones populares, está empeñado en hacer una política común, donde no haya grietas y que ofrezca una imagen de unidad. A través de los presidentes autonómicos, Casado quiere dar a conocer a los ciudadanos cuáles serían las políticas, sobre todo económicas, que el PP adoptaría si estuviera en el poder.

Un ejemplo que los presidentes autonómicos populares ya han insinuado que aplicarán, como oposición a Sánchez, es el de intentar compensar, desde su poder autonómico, las alzas de impuestos que tiene ya anunciadas el líder socialista, o que al menos tenía previsto incluir en los presupuestos pactados con Unidas Podemos y que no vieron la luz, después de que los independentistas no los apoyaran.

La idea es que por cada punto que se suba un impuesto en el Estado, las autonomías del PP bajarán la misma cantidad en algunos de los tributos que son de su competencia, logrando así, y es lo que intentarán transmitir, que la presión fiscal siga siendo la misma gracias al PP. O lo que es lo mismo: Casado trasladará a los ciudadanos la diferencia en la gestión entre el PSOE y el PP, convencido de que los españoles notarán los beneficios de un futuro gobierno popular, y eso redunde en un mejor futuro electoral para su candidato.

La oposición del PP a Pedro Sánchez, a través de las autonomías, no se limitará a la cuestión económica, como ha figurado en los acuerdos que los populares han firmado con Ciudadanos para gobernar en las comunidades autónomas, como la de Madrid. 

Así, en ese acuerdo se establece que la Comunidad de Madrid defenderá la unidad de España, la Constitución y el Estado de las autonomías, y exigirá la utilización de todos los instrumentos del actual Estado social y democrático de derecho para “hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza contra nuestro orden constitucional, así como para asegurar la convivencia, la protección de los derechos de todos los ciudadanos y la neutralidad de las instituciones y de los espacios públicos, incluida la aplicación del artículo 155 en caso de que el Govern de la Generalitat de Catalunya siga sin acatar las leyes y los requerimientos de los órganos judiciales y constitucionales”.

Aunque la Carta Magna no otorga ningún papel a las comunidades autónomas a la hora de la aplicación del 155, ya que es un procedimiento en el que intervienen el Gobierno y el Senado, donde el PSOE tiene mayoría absoluta, las autonomías pueden realizar una fuerte presión exigiendo su aplicación si tras la sentencia del procés hay un resurgir de las posiciones independentistas. 

El PP, por esta vía, no podrá conseguir muchas cosas, pero al menos le hará la vida más difícil a Pedro Sánchez.

¿Cómo debería ser el nuevo sistema de financiación autonómica?

MADRID.- El anuncio de Ayuso de la bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid ha espoleado el debate de la financiación autonómica. De hecho la vicesecretaria del PSOE ya ha dicho que el tema está sobre la mesa.

El asunto de la financiación autonómica es el tema nunca cerrado de nuestro sistema político. Cada pocos años se cambia porque el encaje no acaba de ser bueno. Y el principal problema es la poca corresponsabilidad fiscal: por un lado las Autonomías soportan la mayor parte del gasto (Educación y Sanidad) y apenas tienen capacidad recaudatoria. Los incentivos son perversos: bajar lo poco que se puede recaudar y pedir más dinero al Estado central, según https://www.elblogsalmon.com.

Los problemas de diseñar un sistema de financiación autonómico estable

El principal escollo para que un sistema sea estable es que las Comunidades apenas tienen capacidad recaudatoria. Y esto hace que tengan poca corresponsabilidad fiscal. Además el sistema actual se liquida a los dos años, con lo que las previsiones de lo que se va a recaudar son castillos en el aire.

Por otro lado tenemos un Estado muy asimétrico: tenemos autonomías punteras, con mucha potencia económica y población, y otras regiones muy grandes con poca población y niveles de paro más alto. Es complicado que llueva a gusto de todos.

El sistema actual tiene esto en cuenta: hay fondos que se transfieren por dispersión de población, por envejecimiento, etc. pero es un sistema poco claro y cada cierto tiempo surge el "el Estado nos roba" (y no solo en Cataluña).

El tercer elefante que tiene España es que tiene dos regiones con un sistema distinto, el País Vasco y Navarra, que recaudan sus propios impuestos y luego liquidan con el Estado por los servicios prestados. 

El sistema no es que sea malo, el problema es que el cálculo de esta liquidación siempre se hace mal y curiosamente estas regiones, que son bastante ricas, tienen un gasto por habitante más alto que en el resto de regiones. 

Esto desequilibra el sistema (aunque no mucho porque tienen poca población; un sistema así con Cataluña, como piden algunos políticos, sería la quiebra de la solidaridad interterritorial).

¿Cómo sería un sistema de financiación autonómico ideal?

Para que un sistema de financiación autonómico fuera bueno, duradero y justo lo ideal es que el Estado determinara una cartera de servicios mínimos (en Sanidad, Educación, renta de inserción, etc.). A partir de ahí se calcula lo que necesita cada región para poder prestar dichos servicios (por ejemplo, en Madrid los servicios Sanitarios serían menos costosos que en Castilla la Mancha, debido a que la población es más joven y menos dispersa).

Por otro lado se deja en manos de las Comunidades la prestación en si de los servicios, como en la actualidad. Y si quieren prestar más servicios que pongan sus propios impuestos.

¿Qué impuestos recauda cada cual? Lo ideal es que haya corresponsabilidad fiscal. Esto implica que cada Comunidad debería tener su propia Agencia Tributaria. Lo que no funciona de la actualidad es que el Estado recaude y reparta a los dos años, eso hace imposible que las Comunidades vean la relación entre lo que deciden y lo que recaudan y lo único que hagan es quejarse de las pocas transferencias.

En EEUU el sistema es parecido al menos en el impuesto de la renta: cada persona tiene que pagar impuestos federales y en su Estado. Para simplificar se podría hacer que, como hasta ahora, la declaración de la renta sea única.

Para que haya más tracción lo ideal sería que el IVA, que es un impuesto único en todo el Estado, lo recaude en exclusiva el Gobierno Central, y que el IRPF sea mayoritariamente autonómico (al contrario que ahora, que se reparten al 50% ambos impuestos)

Y también sería recomendable que no hubiera dos sistemas, es decir, que la parte foral pasara el sistema estándar. Sé que es complicado por lo que dice la Constitución y porque políticamente sería muy impopular en dichas regiones, pero lo cierto es que están "dopadas" de forma injusta.

Posibles conflictos

Con este sistema es muy posible que las regiones más ricas tengan capacidad, incluso con impuestos más bajos, a recaudar más y proporcionar mejores servicios que el resto de regiones. Pero esto ya sucede en la actualidad. Además hay cierta justicia en que las regiones que más recaudan tengan más capacidad financiera.

Por ejemplo en Alemania el sistema funciona de forma parecida: existen transferencias interterritoriales pero nunca una región rica recibe menos que una más pobre. Este sistema quizá no sería justo en España pues tenemos regiones muy despobladas con población muy mayor, y el gasto por habitante tiene que ser necesariamente mayor para unos servicios similares a los de otras regiones.

Otro conflicto que podría surgir es con el cálculo de lo que debe recibir cada región por los servicios mínimos. Podríamos entrar en una espiral de favores al igual que sucede con el cálculo del cupo vasco y concierto navarro. Pero lo cierto es que en el sistema actual ya se hacen este tipo de cálculos y se podrían hacer públicos para que la transparencia impida trapicheos.

También se podrían publicar las balanzas fiscales, excluyendo Seguridad Social que es caja única, para los debates siempre sean con datos, y no sobre impresiones o mentiras.

En definitiva, existe margen de mejora. Pero del pasado hay que aprender y nuestro sistema tensionó los conflictos autonómicos mucho durante la crisis (no hay más que ver Cataluña). Es hora de superarlo.

La ministra de Hacienda critica las «diferencias fiscales» entre regiones

CÁDIZ.- La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reprobó a las comunidades que bajan sus impuestos, y les recordó que «ingresos y gastos deben cuadrar» y también su obligación de velar por la estabilidad presupuestaria. 

Las declaraciones las hizo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en referencia al anuncio de bajada de impuestos formulado por Isabel Díaz Ayuso durante el debate de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, pero bien lo podría haber hecho en alusión a la Región de Murcia, que se ha caracterizado en los últimos años por una activa política de rebajas fiscales.

«Esto es una ecuación, ingresos y gastos tienen que cuadrar, y cuando se toma la decisión de bajar los ingresos, hay que tener garantizado qué pasa con la partida de gasto», indicó la ministra.

«O bien baja la partida del gasto, que no sería conveniente en un momento de recuperación de derechos, o bien se incumplen las reglas de estabilidad, una cuestión irresponsable con los compromisos que tenemos con Bruselas», agregó Montero.

Argumentó que «las comunidades tienen que ser responsables», comportamiento que generalizó a todas las administraciones, ante la exigencia común de «velar por el cumplimiento estricto de las reglas de estabilidad».

«Cada comunidad es corresponsable de que funcione el sistema de financiación con una cierta homogeneidad», indicó la ministra de Hacienda en funciones, antes de advertir, con independencia del ejercicio de cada comunidad de su capacidad normativa sobre los impuestos, sobre el hecho de que haya «diferencias significativas con las obligaciones fiscales dependiendo de donde viva cada uno».

«Tenemos que velar por que esas cuestiones no nos lleven a situaciones no deseables», explicó Montero, quien apuntó, en ese sentido, la posibilidad de que «un recorte del gasto social nos haga retroceder en un momento de recuperación económica».

En cambio, la ministra no aludió a los problemas financieros que el bloqueo político está causando en las comunidades autónomas, al que el Gobierno central achaca la no actualización de las entregas a cuenta que este realiza a las regiones, ni tampoco habló sobre la necesaria reforma del actual sistema de financiación autonómica que perjudica a la Región de Murcia.

Esta falta de actualización de las entregas a cuenta le supondrá a la Región de Murcia un recorte en sus ingresos de 85 millones de euros, según cálculos de la Consejería de Presidencia y Hacienda.

Por otra parte, la ministra de Hacienda en funciones volvió a reiterar el llamamiento a Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo programático de cara a la investidura de Pedro Sánchez, pretensión a la que añadió «la abstención de la derecha», con el objetivo de que «no dependa el Gobierno futuro del apoyo de los partidos independentistas».

Montero señaló respecto a la implantación de un peaje en las autovías que «no hay ninguna decisión tomada» al respecto. Reiteró que este posible pago sería «simbólico», que existen «estudios técnicos» sobre este asunto y que los ministerios «están estudiando diferentes situaciones viendo lo que hacen los diferentes países».

Las autonomías empiezan a recortar gasto público por la asfixia financiera

MADRID.- José Luis Rodríguez Zapatero inauguró en mayo de 2010 una larga temporada de recortes. El Gobierno de Mariano Rajoy intensificó el tijeretazo tras el rescate bancario y los ataques de los mercados en verano de 2012. La era de austeridad terminó hace cosa de un lustro, con la recuperación de la economía española, pero la inestabilidad política provoca ahora un inesperado arreón de nuevos ajustes: varios Ejecutivos autónomos anuncian recortes ante la asfixia financiera provocada por la falta de presupuestos, que ha dejado un agujero de unos 5.000 millones en las arcas autonómicas. Hacienda advierte de que la situación empeorará a partir de noviembre y pretende tener listo un mecanismo para buscar una salida si hay repetición de elecciones, publica El País.

Cataluña anuncia una nueva ronda de recortes de la que solo se librarán los salarios de los empleados públicos y los servicios básicos, según el Ejecutivo autónomo. La Comunidad Valenciana saca la tijera en partidas de gasto aún no comprometidas o en las que tiene dificultades de ejecución. Habrá ajustes también en Baleares y Canarias, que pretenden eximir el gasto social pero se ven obligadas a corregir el déficit.

A las arcas públicas del resto de comunidades —salvo País Vasco y Navarra, con un sistema de financiación distinto— tampoco les llega la camisa al cuerpo: sus Gobiernos admiten que harán algo parecido si persiste el bloqueo y Galicia señala incluso que puede verse comprometido el pago de las nóminas a final de año. Consciente de la gravedad del problema, el Ministerio de Hacienda advierte de que las verdaderas dificultades llegarán “a partir de noviembre” en el capítulo de pago a los proveedores si para entonces sigue sin haber Gobierno, según las fuentes consultadas.

La titular de Hacienda, María José Montero, aseguró ayer en la SER que dispone de un informe de la Abogacía del Estado para liberar —a través de un decreto— los 5.000 millones en anticipos a cuenta en cuanto haya Gobierno, pero explicó que eso “no puede hacerlo un Gobierno en funciones, porque condicionaría el margen de actuación del siguiente Ejecutivo”.

 Con unos nuevos presupuestos se liberarían también 2.500 millones procedentes de un cambio en la normativa contable del IVA; pero al estar en funciones, también ahí Hacienda está atada de pies y manos. Esa situación puede entenderse como una forma de presión para lograr la investidura, pero Montero rechaza esa interpretación: “No estamos usando esto para apretar”.

Hacienda subraya que la situación se complicará hacia final de año. El equipo de Montero se compromete a buscar un mecanismo —dentro de los márgenes que deja la Abogacía del Estado— para dar aire a las comunidades si los nuevos contactos para la investidura fracasan y para entonces sigue sin haber Gobierno. Montero “forzará” todo lo que pueda para encontrar una solución, según las fuentes consultadas.

Estas son las líneas maestras de actuación que han adoptado las comunidades autónomas para hacer frente a la situación:

Andalucía

La Junta de Andalucía niega que en los Presupuestos de 2020 vaya a aplicar recortes en el gasto para cumplir con el déficit. Fuentes del PP señalan que estas cuentas deben ser expansivas para afrontar las reformas estructurales que el bipartito de PP y Ciudadanos quiere realizar en sanidad y educación. “Los recortes no están encima de la mesa”, asegura la Consejería de Hacienda que, no obstante, reconoce la dificultad de elaborar unos presupuestos sin conocer el importe de las entregas a cuenta o la liquidación del IVA tras los cambios en su recaudación por la “inseguridad jurídica” que ello genera. El 75% del presupuesto andaluz depende de las transferencias del Estado. 

En el de 2019 la Consejería de Hacienda contó con 21.000 millones en concepto de entregas a cuenta y espera que en 2020 esa cantidad sea mayor. En las cuentas de este año se incluyeron además 400 millones de IVA de los que no se sabe nada. “Sin ellos será imposible cumplir con el objetivo del 0,1% del déficit”, ha advertido el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, quien sí ha mostrado su firme compromiso por llegar a déficit cero en 2020.

Cataluña

El Gobierno catalán, por segundo ejercicio consecutivo, ha activado antes de lo que es habitual los mecanismos de recorte de su gasto público ante el riesgo de incumplir el objetivo de déficit. Lo comunicó a sus departamentos hace dos semanas, apenas unos días después de que un informe del Ministerio de Hacienda advirtiera de “ciertos riesgos”. El ministerio hacía referencia a lo que la Generalitat preveía ingresar del sistema de financiación, más que lo aprobado ahora, y a un posible incumplimiento de la regla del gasto. En la orden remitida hace una semana al conjunto de los departamentos, la Consejería de Economía y Hacienda asumía que, tras haber activado en abril un suplemento de crédito presupuestario de 814 millones, ahora tenía que actuar sobre el recorte del gasto, del que solo se librarán salarios y servicios básicos.

La Generalitat lleva años obsesionada con desprenderse del control de Hacienda sobre sus finanzas y, para conseguirlo, se ha empeñado en cumplir las tres reglas básicas dictadas desde el ministerio: déficit, gasto y deuda. Es, consideran, el salvoconducto para volver a una posible emisión de deuda y ganar soberanía financiera, siempre y cuando las agencias de calificación dejen de considerar sus títulos crediticios como bonos basura. Cataluña logró cumplir con las tres condiciones financieras por primera vez el año pasado, pero está en cuestión si podrá volver a lograrlo el actual.

Madrid

La Consejería de Economía descarta de momento incumplimientos de sus obligaciones o “afectación a los servicios públicos” por el bloqueo político. A través de un portavoz, sí admite que “si esta situación se perpetuara en el tiempo y el Gobierno no diera una solución” sufrirá “tensiones de tesorería” y “podría verse afectado el puntual pago a los proveedores” que hoy está por debajo de los 30 días, así como “la prestación de los servicios públicos sin comprometer las reglas fiscales”.

Comunidad Valenciana

La Generalitat se aprieta el cinturón. Dos altos cargos de la Consejería de Hacienda se están reuniendo con el resto de departamentos autonómicos para reducir el gasto en lo que queda año en todas aquellas partidas que no están aún comprometidas o que tienen dificultades de ejecución por algún problema administrativo. Las entregas a cuenta que han dejado de ingresar las arcas valencianas por estar el Gobierno central en funciones alcanzan los 450 millones de euros. “La Comunidad Valenciana no tiene un problema de gasto sino de falta de ingresos”, ha afirmado recientemente la vicepresidenta, Mónica Oltra. El gasto social ha seguido incrementándose por las políticas desarrolladas, pero los ingresos han disminuido.

Galicia

La Xunta del popular Alberto Núñez Feijóo asegura que el bloqueo de las entregas a cuenta a las autonomías por la falta de Gobierno en España le “está provocando ya tensiones de tesorería”. Los fondos que no recibe Galicia por esta causa se elevan a 700 millones de euros, 530 de ellos incluidos en los presupuestos autonómicos de este mismo año, según datos aportados por la Consejería de Hacienda. En concreto, la Administración gallega reclama al Estado 330 millones por las entregas a cuenta, 200 millones por la mensualidad del IVA del año 2017 y otros 170 millones del incentivo que reciben las comunidades cumplidoras con las reglas de estabilidad financiera. La Consejería de Hacienda evita aclarar si esta situación provocará recortes en el gasto, pero en los últimos días ha llegado a advertir de que las deudas del Estado "pueden condicionar" el pago de las nóminas de los funcionarios a finales de año, una afirmación que el PSdeG-PSOE considera “alarmista”.

Baleares

El Gobierno balear ha reconocido que tendrá que aplicar "ajustes" porque se incumplió la regla de gasto en 2018. Achaca este desajuste a circunstancias extraordinarias, como el pago de 155 millones de euros en sentencias judiciales por pleitos o los gastos por la riada que arrasó el levante de Mallorca. La Consejería de Hacienda está preparando el plan de equilibrio financiero que le ha exigido el Gobierno central, pero todavía no hay cifras de recorte sobre la mesa. "Vamos a asumir los retos y ajustes que tengamos que hacer", ha afirmado la socialista Francina Armengol, quien insiste en que los cambios no afectarán a los compromisos sociales con sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y Més per Mallorca.

Las dos Castillas

El Gobierno socialista de Castilla La-Mancha no garantiza que vaya a cumplir el objetivo de déficit este año porque el Estado le debe 350.000 euros. Pese a ello no prevé recortes, aunque entiende que otras comunidades lo hagan. La Junta de Castilla y León tampoco contempla ajustes, ya que prorrogó los Presupuestos de 2018 y no prevé incrementos de gasto: "Tenemos las cuentas cuadradas".

Extremadura

La Junta de Extremadura ya ha advertido de que no cumplirá este año con el objetivo del déficit, aunque el Gobierno socialista añade que no recortará el gasto en servicios sociales. El Ejecutivo autonómico achaca la desviación a la falta de actualización por parte del Gobierno de España de las entregas a cuenta, el pago de un tramo del IVA y la merma de ingresos al no aprobarse los Presupuestos Generales. Extremadura es la comunidad más perjudicada por la falta de concreción sobre cómo se compensa la reforma que se llevó a cabo en el sistema de pago del IVA, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que cifra la merma en 75 millones.

La Rioja

El Gobierno riojano en funciones no tiene previsto realizar ningún recorte porque, según el último informe de la Airef, "sería factible que cumpliese los objetivos de estabilidad" si el Gobierno central abona a esta comunidad la liquidación del IVA de 2017. El Estado debe a La Rioja 100 millones, 22,49 millones de la liquidación del IVA del año 2017 y 89,8 de la actualización de las entregas a cuenta.

Aragón

En Aragón, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez, estima que se tendrá que abordar un déficit de al menos 400 millones de euros, “fundamentalmente por el hecho de que el Gobierno de España no tiene presupuesto”. El consejero tiene previsto reunirse con los técnicos de cada área para abordar las medidas que sean necesarias para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas con el objetivo de poner el pie los presupuestos de 2020.

Cantabria

En Cantabria se ha creado un grupo de trabajo para el estudio y seguimiento de la ejecución presupuestaria, según indica Rafael Pini, director de Gabinete de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria. Aunque aún no se han tomado medidas que supongan recortes, el director avisa de que están“vigilantes” porque, de persistir el bloqueo, podrían verse “en la obligación” de hacerlo.

Murcia, Asturias y Canarias

El Gobierno murciano no prevé, de momento, ajustes; Asturias evita pronunciarse al respecto. Pero los recortes ya han empezado en Canarias: el Ejecutivo autonómico ha decidido establecer una primera reducción de 140 millones del gasto de 2019 pare evitar un incumplimiento de las metas fiscales.

La Abogacía del Estado limita el margen del Gobierno en funciones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elevó hace unos meses a la Abogacía del Estado una consulta para liberar los anticipos a cuenta del sistema de financiación —en torno a 5.000 millones— sin necesidad de tener aprobados los nuevos presupuestos. Tras un tira y afloja, la respuesta fue afirmativa. 

Pero la convocatoria electoral, con la entrada del Gobierno en funciones, deja en suspenso esa posibilidad: el dictamen impide a Hacienda dar ese paso mientras esté en funciones. “Sería como dar un salto mortal con tirabuzón”, esgrimió ayer la ministra en la cadena SER. “Esa actuación restaría margen de actuación al nuevo Gobierno”, abundan las fuentes consultadas en el Ejecutivo.

Hacienda subraya que sin Gobierno no puede haber presupuestos ni es factible suavizar los objetivos de déficit de las autonomías, con varias comunidades en serio riesgo de incumplimiento, según los informes de la autoridad fiscal independiente (Airef). 

El ministerio entiende las peticiones de los Ejecutivos autónomos, cada vez más presionados por el déficit: a finales de julio, Hacienda y Sanidad enviaron una carta a 11 comunidades en la que pedían un plan de ajuste del gasto sanitario. 

Son aquellas que han superado el límite de endeudamiento acordado en los presupuestos de Rajoy de 2018: los mayores problemas se concentran en Baleares —con una deuda del 7,1% del PIB, que triplica lo permitido, y Cataluña (7% del PIB); las únicas que cumplen son Extremadura, Castilla y León y País Vasco.

La financiación autonómica y el lío con los anticipos a cuenta (unos 5.000 millones) y la contabilidad del IVA (2.500 millones) forman ya parte de la negociación política entre Gobierno y comunidades. Hace unos días el presidente en funciones, Pedro Sánchez, prometió en Valencia que propondrá un nuevo modelo de financiación en el primer año de legislatura si consigue ser investido. 

Y prometió también a Compromís que el primer decreto del nuevo Gobierno consistirá en liberar los anticipos a cuenta. Abrir el melón de la financiación es cualquier cosa menos fácil: Rajoy evitó la reforma del sistema en 2014 por la crisis y la inestabilidad política ha impedido un cambio que los barones autonómicos reclaman cada vez con más fuerza. La falta de presupuestos es otro cuello de botella. 

Por un lado, las autonomías no han recibido las previsiones de financiación para elaborar sus propios presupuestos para 2020; por otro, dejan de ingresar en torno a 2.500 millones por el sistema contable instaurado por Cristóbal Montoro.

Las quejas se dejan sentir a izquierda y derecha: a las críticas de Alberto Núñez Feijóo (PP) se suman las de líderes autonómicos del PSOE, como Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), que urgen a activar el nuevo modelo “para no abocar a las autonomías a recortar el Estado de bienestar”.