'Premursa' reclama 39'5 millones a la Comunidad Autónoma por el 'fiasco' del Parque 'Paramount'

MURCIA.- La empresa Premursa, constituida para la ejecución del proyecto Parque Temático Paramount en Alhama de Murcia, ha reclamado a la Comunidad Autónoma los 39,5 millones que asegura se gastó en la puesta en marcha del mismo, que no pudo salir adelante tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJRM) que anuló el plan especial de ordenación de este complejo.

La reclamación ha llegado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que en un dictamen emitido a instancias de la Consejería de Fomento e Infraestructuras del gobierno murciano, señala que la misma es prematura, "al no haberse consumado el evento lesivo al que la interesada trata de anudar el daño, si es que finalmente se produce".

Y añade que el asunto no está definitivamente cerrado ya que está pendiente de la aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en el que se deberá determinar si es posible conciliar la protección ambiental con la actuación proyectada.

Dice el informe que la empresa gastó los 39,5 millones de euros en la licencia, proyectos técnicos, asesoramiento técnico-jurídico y en otros gastos, sin olvidar los 10,2 millones destinados a la compra de terrenos.

El informe de este órgano consultivo indica que aún en el supuesto de que se entendiese que existen daños y que estos son producidos por la administración a los reclamantes, en este expediente existiría la obligación legal de soportarlos por parte de los interesados.

Y añade la doctrina del TSJRM, plasmada en distintas sentencias, una de ellas, la relativa al fallido proyecto de Cabo Cope, en la que dejó sentado que el objetivo de los recurrentes era la obtención de un beneficio empresarial a través de su participación en un negocio, y como tal negocio, no estaba exento de riesgo.

El dictamen comenta que, en contra de lo sostenido por la citada empresa, el proyecto objeto del plan especial Paramount no devino inútil como consecuencia de la sentencia que declaró su nulidad, "ya que el mismo había sido suspendido definitivamente por la reclamante durante el año anterior a la misma".

"No consta que ese plan especial fuera ejecutado, ni que se iniciaran las obras de urbanización ni cualquier otra actuación que pueda dar a entender que se ha ejecutado el planeamiento y que, por ende, se hubieran patrimonializado los derechos urbanísticos", comenta el CJRM.

Finalmente, el documento expone que "respecto de la partida correspondiente a la adquisición de terrenos no nos consta que la reclamante no sea ya propietaria de los mismos, a pesar de lo cual incluye el precio pagad por ellos, 10,2 millones de euros, como una partida de su reclamación de responsabilidad patrimonial".

El Consejo Jurídico de la Región ve nulo el contrato para la defensa de 'Desaladora de Escombreras'

MURCIA.- Los contratos del abogado Andrés Arnaldos para la defensa de la sociedad Desaladora de Escombreras frente a las dos demandas interpuestas por la empresa del grupo ACS, constructora de la planta, por los que presentó una minuta de 1,2 millones de euros, fueron nulos de pleno derecho y no pueden tener efecto jurídico alguno. 

Esa es la conclusión a la que se llega en un dictamen que, a instancias de la Consejería de Agua y Agricultura del gobierno murciano, ha emitido el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM).
El informe señala que esa nulidad se debe a que los mismos fueron verbales, modalidad que está reservada solo para contratos que tengan el carácter de emergencia, lo que no era el caso.
Y también son nulos -añade el dictamen- porque se prescindió totalmente de los trámites previstos en la ley, entre ellos, el de transparencia y pública concurrencia, por lo que apoya la propuesta del instructor del expediente incoado en la Consejería, favorable a la declaración de nulidad.
Señala el informe que durante la tramitación de ese expediente, Arnaldos -que era secretario general del Ente Público del Agua (EPA), del que dependía la empresa Desaladora de Escombreras- presentó una serie de alegaciones en su defensa.
Así, apuntó que se había incumplido la norma en la tramitación de los procedimientos administrativos y que se había producido la vulneración de la doctrina de los actos propios y del principio de buena fe y confianza legítima.
También descartó la existencia de una autocontratación y de un conflicto de intereses, además de insistir en que los supuestos de nulidad de pleno derecho estaban tasados.
Igualmente, alegó que existía en este caso la situación de cosa juzgada ya que un Juzgado de Instrucción de Murcia, en las diligencias incoadas en 2014, declaró en 2017 que tanto su actuación como la del EPA no estuvieron presididas por arbitrariedad alguna.
Sobre este último extremo, el CJRM indica que Arnaldos se olvidó de señalar que esa misma resolución judicial, dictada en el procedimiento incoado tras la denuncia de un partido político, añadió que era «sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden, en especial, administrativas, en que se pudiera haber incurrido».
No existe -comenta este órgano consultivo- excepción de cosa juzgada, por lo que la administración estaba facultada para exigir esas responsabilidades, que es lo que ha hecho al incoar el expediente para declarar la nulidad de los contratos y que ha concluido con la adopción de esa medida.
También descarta, en contra de lo alegado por Arnaldos, que el expediente hubiera prescrito por el transcurso de cuatro años, ya que, indica, no se está ante un procedimiento de declaración de lesividad, sino de revisión de actos nulos. 

Para el CJRM no existió el acuerdo del Consejo de Administración del EPA de encargarle la contratación referida en defensa de la sociedad Desaladora de Escombreras, ya que el acta de la sesión celebrada en 2012 no lo recoge.
Pese a que el letrado presentó otra acta en la que se afirma que el gerente hizo esa propuesta, lo cierto es -añade el dictamen- que en la misma no consta que la misma fuese aprobada.

Rechazan una reclamación de 28,5 millones por no poder urbanizar la Isla del Ciervo

MURCIA.- La empresa propietaria de la Isla del Ciervo, ubicada en La Manga del Mar Menor, no tiene derecho a percibir los 28,5 millones de euros que reclamó al haberse cambiado la calificación de la misma y pasar a convertirse en zona de protección especial y, por tanto, no urbanizable.

Esa es la conclusión a la que se llega en el informe que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha emitido a instancias de la Comunidad Autónoma tras la presentación de la demanda, en la que se reclamaba aquella suma en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración.

El dictamen señala que la defensa de la empresa propietaria de la isla, una de las que existen en la laguna del Mar Menor, presentó un escrito en septiembre de 2016 en el que se alegó que tenía derecho a percibir dicha indemnización por los daños y perjuicios provocado por la prohibición de beneficiarse de los aprovechamientos urbanísticos de la misma.

Además, expuso en la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada contra la administración regional que dicho espacio de terreno insular era urbanizable en su origen, y, por tanto, edificable, de acuerdo con las previsiones que se contenían en el Plan de Ordenación del Centro de Interés Turístico Nacional «Hacienda de La Manga de Cartagena», que fue aprobado por un decreto de julio de 1966.

En la misma se indicaba que el citado Plan -que afectaba a una superficie de 121 hectáreas- había sido aprobado a instancias de Tomás Maestre Aznar, propietario de la mayor parte de los terrenos de La Manga del Mar Menor, en nombre de la empresa Urbanizadora de Nuestra Señora del Mar Menor (Urmenor).

Esa disposición, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en septiembre de aquel año, llevaba las firmas del entonces ministro de Información y Turismo Manuel Fraga y del jefe del Estado, Francisco Franco. La reclamación señalaba que la isla pasó a estar calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena (Murcia) de 1987 como terreno no urbanizable por razones «de protección y mejora del paisaje».

Igualmente, se indicaba que «la supresión del aprovechamiento urbanístico era una decisión que solo ha comenzado a vislumbrarse como definitiva, en lo que a la consolidación de sus efectos lesivos se refiere, con la reciente decisión de promover el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia».

Para la sociedad reclamante, «procede la estimación de la acción de resarcimiento porque la empresa propietaria patrimonializó o consolidó los derechos urbanísticos correspondientes con ocasión de la aprobación del Plan de 1966, en el que se le adjudicó un aprovechamiento urbanístico concreto».

Además, presentó un informe elaborado por un arquitecto en el que se indicaba que la indemnización a percibir era de 28,5 millones de euros, al tener en cuenta que el volumen total edificable reconocido en su momento superaba los 300.000 metros cúbicos.

El CJRM, al dictaminar de forma favorable la propuesta desestimatoria hecha por el instructor del expediente incoado en la Consejería de Presidencia y Fomento del gobierno murciano, señala que «desde un punto de vista legal, la pérdida del aprovechamiento urbanístico de la isla se produjo con la aprobación de la ley de 1999, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, que la incluyó en su anexo en la categoría de paisaje protegido«.

Y añade que «en ese mismo sentido, los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de julio de 2000 y marzo de 2011 la incluyeron dentro del ámbito de protección de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)».

Declaran nulo el nombramiento de la asesora jurídica del hospital 'Reina Sofía'

MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) emitió un dictamen a instancias de la Consejería de Salud en el que señala que el nombramiento de una enfermera, que es, además, licenciada en Derecho, como asesora jurídica del hospital Reina Sofía debe ser declarado nulo, al no haberse seguido el procedimiento debido.

El informe indica que en febrero de 2007 el director gerente de una de las áreas de salud dictó una resolución de encargo de funciones por el que se le encomendaba el desempeño de funciones propias de asesora letrada del mencionado hospital de manera provisional y hasta tanto fuese creada y cubierta de forma reglamentaria esa plaza o se derogara dicho acuerdo.

La resolución añadía que debería trabajar con la médico responsable de Medicina Legal, dentro de la estructura de esta unidad y se le gratificaría «con la cantidad necesaria para que sus emolumentos sean equiparables a los de los técnicos nivel A».

Afirma el CJRM que cuando se tomó esa decisión estaba vigente una bolsa de promoción interna temporal del grupo técnico de la función administrativa/cuerpo superior de administradores, que había entrado en vigor en septiembre de 2006.

«La verdadera naturaleza del autodenominado 'encargo de funciones' fue la atribución a la funcionaria, aun de modo provisional, de un puesto de trabajo todavía inexistente y de superior categoría, cuando debió haberse seguido los trámites de la promoción interna temporal, que, en garantía de los principios rectores de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad, conllevaban acudir a la bolsa de trabajo», señala el órgano consultivo.

El dictamen comenta, igualmente, que «el acto administrativo siguió un procedimiento distinto al que demandaba su verdadera naturaleza y se alcanzó un resultado absolutamente distinto del que se habría conseguido de haberlo tramitado por el procedimiento legalmente establecido».

El informe concluye que «la funcionaria en quien recayó el encargo de funciones no habría podido desarrollar las tareas propias del puesto de técnico nivel A de haberse seguido los trámites que demandaba el ordenamiento jurídico, singularmente, el llamamiento para la realización de tales funciones a los integrantes dela bolsa de trabajo de promoción interna temporal».

El CJRM dictamina así de forma favorable la propuesta de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho hecha por el director gerente del Servicio Murciano de Salud.

El PP abre la puerta del Consejo Jurídico de la Región a las mujeres

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha abierto la puerta a la presencia de mujeres en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia tras respaldar unánimemente la moción presentada por el Partido Popular.

Debatimos esta moción ante la inminente posibilidad de que se produzca una vacante en el Consejo Jurídico; Desde el PP queremos que el puesto lo ocupe una mujer y que ese compromiso lo asumamos todos los partidos con representación en ésta Asamblea Regional, ha afirmado la diputada regional popular, Mónica Meroño durante su defensa de la iniciativa.

El Consejo Jurídico que cumple 20 años cuenta con mujeres letradas pero no con consejeras, ha recordado durante su intervención la diputada autonómica del PP quien ha añadido que el ámbito jurídico es un terreno en el que todavía existen situaciones evidentes de desigualdad y queremos equilibrar su presencia con la de los hombres.

Con la moción vamos rompemos otro techo de cristal que impedía el acceso de la mujer a éste órgano y avanzamos hacia la igualdad efectiva, ha dicho Mónica Meroño que ha mostrado su convencimiento de que los partidos políticos no vamos a tener ninguna dificultad en encontrar a mujeres de reconocido prestigio y trayectoria en el ejercicio de la abogacía para ocupar el cargo de consejeras.

El Consejo Jurídico de la Región dispone de cinco consejeros, tres son designados por la Asamblea por mayoría de dos tercios de sus miembros y dos a propuesta del Consejo de Gobierno.

Mónica Meroño ha aportado datos respecto a la presencia de la mujer en el mundo de la abogacía donde representa el 40% de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de España y el 45% de la Abogacía.

La diputada popular se ha referido también al déficit de presencia de mujeres en otros organismos de carácter judicial a nivel nacional con ejemplos como el Consejo de Estado donde sólo hay seis consejeras de 29 miembros, el Tribunal Constitucional con sólo dos mujeres entre sus 12 magistrados, el Tribunal Supremo con 147 magistrados adscritos a sus diferentes salas de las que 19 son magistradas, y el Consejo General del Poder Judicial en el que 9 de sus 21 vocales son mujeres.

López Miras propondrá que el Estatuto de Autonomía de la Región incluya la existencia del Consejo Jurídico Consultivo

MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, anunció hoy que va a proponer que en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que se está llevando a cabo en la Asamblea Regional se incluya "de forma expresa" en su articulado la existencia del Consejo Jurídico de la Región, "tal y como han demandado tanto el Consejo como su presidente, Antonio Gómez Fayrén", explicó.

Así lo indicó López Miras en la sesión de aprobación de la Memoria de Actividades de 2017 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, un órgano consultivo "que ahora cumple 20 años de acierto, rigor, objetividad e imparcialidad en los casi 5.000 dictámenes que ha emitido en esas dos décadas".

Entre otros asuntos, esos dictámenes han servido, por ejemplo, para la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) o la declaración del Aeropuerto Internacional como Actuación de Interés Regional. El Consejo también estudia la interpretación del contrato de la concesión de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado, o los contratos de concesión para la redacción de proyectos de obras y construcción de complejos deportivos y aparcamientos subterráneos.

López Miras destacó la "enorme salud y futuro" que tiene este órgano, encargado de "dotar de constitucionalidad, legalidad y seguridad jurídica las actuaciones de las instituciones públicas". 

Indicó que el Ejecutivo murciano es "un gobierno reformista que está tomando muchas medidas positivas para garantizar el bienestar de los murcianos y el futuro de la Región", y destacó que, en este sentido, "tenemos la suerte de contar con un Consejo Jurídico profesional, independiente, objetivo y muy riguroso que dota de seguridad jurídica a esas normas, reformas y avances".

El Consejo Jurídico de la Región cumple 20 años con más de 5.000 dictámenes emitidos

MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que presentó esta miércoles la Memoria correspondiente a 2017 en un acto que ha presidido el titular del Ejecutivo autónomo, Fernando López Miras, ha cumplido veinte años, con un total de 5.000 dictámenes emitidos durante todo este tiempo.

En la presentación de la Memoria de 2017, su presidente, Antonio Gómez Fayrén, dijo que el total de expedientes recibidos sumaron casi 400, mientras que los expedientes emitidos se elevaron a 376, de los que su mayor parte, 293, se referían a reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración.

Gómez Fayrén señaló en su intervención que el órgano que preside "vela por el imperio de la ley, por lo que al mismo tiempo, es garante de la voluntad popular".

Como "reflexión" pidió a los órganos que son los encargados de nombrar a sus integrantes que en las próximas designaciones traten de promover la paridad, y se ha congratulado que en cuanto a los letrados que ejercen sus funciones en el mismo la mayor parte de ellos son mujeres.

En su intervención, López Miras destacó la objetividad y calidad de los dictámenes que emite este órgano consultivos y la independencia con que funciona.

También adelantó que el Grupo Popular en la Asamblea Regional propondrá la inclusión del CJRM en el Estatuto de la Región de Murcia aprovechando el proceso de reforma, para añadir que espera contar en esa idea con el apoyo de las demás formaciones políticas.

El acto contó con la presencia, entre otras autoridades, de la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver; presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, y fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, así como del consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera.

Caduca el expediente de revisión del plan parcial de La Fuensanta

MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia no podrá anular el plan parcial de La Fuensanta, que promovía la construcción de hasta 1.300 viviendas en terrenos próximos al santuario de la patrona de la ciudad y al Parque Regional de Carrascoy y El Valle porque el expediente de revisión que aprobó ha caducado.

Así se recoge en un dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) a instancias del propio consistorio en el que se indica que el expediente de revisión fue aprobado por el pleno municipal el 29 de septiembre pasado y cuando solicitó este informe, en febrero pasado, habían pasado cuatro meses y medio, cuando el plazo máximo para resolver era el de tres meses.

El CJRM dice que el ayuntamiento puede decidir abrir un nuevo expediente de revisión de oficio de este plan parcial, que tanta contestación política y social ha suscitado en los últimos años, pero le advierte que debe informar del mismo no solo a sus promotores.

Dice el órgano consultivo que el expediente caducada solo fue puesto en conocimiento de aquellos promotores, cuando debió hacerlo también a los propietarios de terrenos incluidos en el plan y a los que el mismo afecta también.

También le indica que si se plantea abrir otro expediente de revisión, y al tratarse de un plan parcial que fue aprobado en enero de 2010, por lo que han transcurrido más de cinco años, debe informar sobre el estado de ejecución de la urbanización del sector y si se han aprobado los proyectos de reparcelación y de urbanización de las dos unidades de actuación previstas.

Comenta así mismo este órgano consultivo que el ayuntamiento de Murcia no debería olvidar "el examen de las indemnizaciones que procedería reconocer a la promotora, en su caso, si se declarase la nulidad de la aprobación definitiva del plan parcial, de acuerdo con lo previsto en la ley".

El informe concluye que "se dictamina desfavorablemente la propuesta de resolución porque el procedimiento de revisión de oficio de la aprobación definitiva del plan parcial se encuentra incurso en caducidad".

El informe del CJRM se hace eco así mismo que la decisión de proceder a la revisión de este plan, que afectaba a terrenos ubicados en las pedanías murcianas de Santo Ángel y Algezares, fue adoptada a raíz de la moción que en ese sentido presentó el grupo municipal de Ahora Murcia.

La aprobación definitiva del plan parcial de La Fuensanta se llevó a cabo en mayo de 2011, cuando el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia era Fernando Berberena, uno de los investigados en el caso Umbra, de presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad.

El Consejo Jurídico Consultivo de la Región se declara desbordado por las consultas ante el imputado PAS

MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió en 2016 un total de 401 dictámenes y acuerdos, una cifra que se mantiene estable con respecto al año pasado, si bien aumentaron de forma notable las solicitudes de dictámenes facultativos, es decir, los que no son obligatorios.

Así lo indicaba este lunes el presidente del Consejo, Antonio Gómez Fayrén, durante la presentación de la Memoria de 2016 de esa institución con la presencia del imputado Pedro Antonio Sánchez, a quien se dió la palabra en el acto.

Según explicó Gómez Fayrén a los periodistas, se recibieron el año pasado 372 expedientes con solicitudes de dictamen, y fueron emitidos 384 dictámenes y otros 17 acuerdos, cifras similares al año pasado.

Gómez Fayrén apuntó que el Consejo tuvo una carga de trabajo mayor debido a que una de sus miembros se jubiló a mitad del año, lo que demuestra que se está dando salida cada vez a más dictámenes y se responde más rápido a las solicitudes.

La prioridad del Consejo, dijo, es resolver los asuntos relacionados con la "producción normativa regional" para que no haya ningún retraso en la aplicación de normativas importantes a causa de "dilaciones indebidas" de la institución.

Además, destacó que en los últimos años aumentaron las peticiones de dictámenes facultativos (no obligatorios) que solicitan tanto la comunidad autónoma como los ayuntamientos, lo que demuestra la buena percepción que instituciones y ciudadanos tienen de este organismo.

En total, se emitieron 8 dictámenes facultativos y 376 preceptivos, de los que la mayoría, 287, fueron reclamaciones formuladas ante la administración regional en concepto de responsabilidad patrimonial.

Otros 37 dictámenes estuvieron relacionados con la elaboración de leyes; 24, con revisiones de oficio de actos administrativos, 9 consultas preceptivas de ayuntamientos, 7 reconocimientos de gastos y obligaciones, 7 interpretaciones de contratos administrativos, 3 modificaciones de contratos, una propuesta de resolución de la Intervención General y un anteproyecto de ley.

Gómez Fayren mostró su satisfacción porque en casi la totalidad de los casos, las normas se aprueban de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo, lo que demuestra que la administración "es escrupulosa a la hora de elaborar las normativas siguiendo las pautas" que da esa institución.

El presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, reconoció la labor de este organismo que, dijo, en los últimos cinco o seis años ha duplicado el número de asuntos dictaminados, lo que demuestra que "es una institución útil y que tiene la confianza" del resto de la administración.

La crisis, lamentó, puso en cuestión su continuidad, pero finalmente se mantuvo y quedó patente que hace un "trabajo útil al servicio de la región, con un criterio riguroso y cumpliendo fielmente el mandato de la ley".

El Consejo Jurídico admite que la concesión de Puerto Mayor fue una ilegalidad

MURCIA.-El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) señala en el dictamen que apoya la revisión de oficio de la resolución de diciembre de 1988, que amplió el plazo de ejecución del proyecto de la empresa Puerto Mayor en La Manga, que aquella disposición fue dictada «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido». En su informe cita entre otras tachas que el director general que la aprobó carecía de competencia para ello.

Los juristas del Consejo defienden en su dictamen que el litoral debe ser espacio de disfrute ciudadano, no una oportunidad de negocio. Afirman que esa nueva concepción del litoral, que cambió radicalmente con la que existía con anterioridad, quedó recogida en la Constitución y en la legislación sectorial que fue aprobada en los años siguientes.

«En la actualidad -dice el CJRM-, la prevalencia de los intereses generales relacionados con la preservación del medio ambiente y de la integridad del demanio (dominio público) costero como espacio abierto al disfrute de la colectividad es aún más acusada de lo que lo fuera en 1988».

El Consejo hace esas consideraciones tras analizar el proyecto de Puerto Mayor y especialmente la resolución de la Dirección General de Carreteras y Puertos del 16 de diciembre de 1988, por la que se amplió la concesión administrativa a la sociedad promotora del puerto deportivo y se aprobaron modificaciones del proyecto inicial.

Señala el informe que el proyecto partió de una concesión administrativa otorgada por el Consejo de Ministros en 1975, cuyo objeto principal era la construcción de un puerto deportivo en La Manga del Mar Menor y que a lo largo de los años pasó por diversas vicisitudes.

Comenta por otro lado que «las situaciones de signo privatizador -como ocurre en este caso- que en épocas pasadas surgieron al albur de la legislación preconstitucional de costas y puertos respondían a una valoración del interés publico sobre diversas actuaciones a desarrollar en la zona litoral que difería sustancialmente de la actual».

La ganancia de terrenos al mar y la construcción de puertos deportivos, como la que se permitía con la concesión aprobada por el Gobierno español, «se consideraban operaciones beneficiosas para el interés público, dominado en aquel momento por intereses turísticos y económicos que dejaban en un segundo plano la protección de la costa».

Por último, este órgano de consulta de la administración regional opina que la Consejería de Fomento, que ha sido la que le ha solicitado el informe, puede revisar de oficio la resolución combatida, pero no debe acudir a aprobarla por otra vía también recogida en la ley y que está prevista para aquellos acuerdos de contenido imposible, ya que este, concluye, no es el caso.

El CJRM apoya la nulidad de la orden de 1988 que amplió el plazo de obras de 'Puerto Mayor'

MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha dictaminado que debe ser declarada nula la resolución de la Dirección General de Carreteras y Puertos autonómica de diciembre de 1988 que autorizó a la empresa Puerto Mayor, de La Manga del Mar Menor, a ampliar el plazo de ejecución de ese puerto deportivo.

Por aquella orden también se aprobaron modificaciones del proyecto.

El informe emitido por el CJRM a instancias del Gobierno de Murcia señala que aquella disposición debe ser declarada nula de pleno derecho "por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

La resolución da vía libre para que la administración regional apruebe el expediente de revisión que tiene abierto sobre esas obras.

También avanza que el contenido íntegro del acuerdo estará disponible en los próximos días en su página web.

El Consejo Jurídico Consultivo de la Región renueva el mandato de tres de sus miembros

MURCIA.- Antonio Gómez Fayrén, José Antonio Cobacho y Manuel Martínez Ripoll renovaron este martes en sus cargos en el Consejo Jurídico de Murcia por Decretos de Presidencia de la Comunidad de 31 de mayo y de 8 de junio.

El acto, que se celebró en la sede del Consejo Jurídico, estuvo copresidido por la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, y por la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán.
La consejera ha dicho sobre la renovación “que certifica el buen trabajo realizado” para garantizar la conciliación del interés general y los derechos de los particulares.
La responsable regional les animó a que sigan “prestigiando” a la institución para que siga ejerciendo el control de la legalidad desde la independencia y el rigor que les ha caracterizado desde 1997.

El Consejo Jurídico de la Región dictamina que se ha quedado obsoleto el proyecto de reserva pesquera de Cabo Tiñoso

MURCIA.- El proyecto de decreto para la declaración de la reserva marina de interés pesquero Cabo Tiñoso, que prepara la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente del gobierno murciano, tendrá que ser sometido de nuevo a los sectores afectados para que estos puedan aportar las sugerencias que consideren oportunas.

Así se indica en un dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) en el que señala que se debe abrir ese plazo de audiencia dado que han transcurrido casi cinco años desde que el borrador de decreto inicial fue sometido a los mismos.

Además, indica que es necesario actualizar la memoria y reclamar los informes que se consideren igualmente oportunos.

Este órgano consultivo, por otro lado, aconseja adoptar las medidas precisa para coordinar las actuaciones regionales con administración general, "por la posibilidad de la declaración de una reserva en aguas exteriores que podría afectar a su ámbito".

También señala que se debe mantener una comunicación con las autoridades europeas para que estas conozcan las medidas a adoptar en materia de protección de recursos pesqueros o su justificación en caso de no ser necesaria.

El dictamen recuerda que durante los años 2009 y 2010 fueron convocadas varias reuniones con los sectores afectados por la declaración de la reserva, a la que asistieron representantes, entre otras instituciones, de la Federación Murciana de Pesca, cofradías de pescadores, Instituto Español de Oceanografía, Demarcación de Costas y universidades.

Pedro A. Sánchez no acude al acto de presentación de la Memoria 2015 por el Consejo Jurídico Consultivo de la Región

MURCIA.- El Gobierno regional destacó hoy la “excelencia” en la labor de control de la legalidad que desarrolla el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en ausencia de Pedro A. Sánchez. 

Así lo manifestó la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, en nombre del presidente del Ejecutivo regional, durante la presentación de la Memoria 2015. La consejera explicó que, desde su creación en 1997, “su actividad no ha dejado de crecer y el pasado ejercicio alcanzó el número más alto de dictámenes aprobados en un solo año”.

En 2015 hubo un incremento del 26 por ciento en el número de  solicitudes que el Gobierno regional o los ayuntamientos realizaron para requerir el pronunciamiento del Consejo Jurídico, y que han dado lugar a la emisión de un total de 401 dictámenes.

“Este aumento de actividad ha ido en paralelo al crecimiento de su prestigio y del respeto que este órgano tiene como absoluto garante de la legalidad de las actuaciones”, destacó la consejera, quien recordó que la Comunidad, con absoluto respeto a su independencia, “contribuye a divulgar su labor, tanto a través del portal institucional en internet como en el de la transparencia”, en el que se publican sus memorias y los informes que realiza el Consejo Jurídico.

María Dolores Pagán también se refirió a la transparencia de esta institución, pues consideró que, “dar a la luz pública su trabajo es, sin duda, uno de los caminos a recorrer para fortalecer la confianza de los murcianos en las instituciones, porque es una forma de facilitar su derecho a saber qué hacemos con la confianza que han depositado en nosotros”.

La consejera de Presidencia también tuvo unas palabras de agradecimiento, en nombre del Gobierno regional, a la labor que desarrollan “todas y cada una de las personas que forman parte del Consejo” pues, según manifestó, “sin su prestigio, su esfuerzo y dedicación, este órgano no cumpliría su función”.

El Gobierno puede aprobar los Presupuestos a pesar de carecer de un límite de gasto, a juicio del CJRM

MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia sostiene que, a pesar de la carencia de un límite de gasto no financiero, formalmente aprobado por el órgano competente, "persiste la obligación del Consejo de Gobierno de aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos y remitirlo a la Asamblea, formulándolo de acuerdo con las cifras que resultan del cálculo del límite de gasto tal como se regula en la LOESP".

Una obligación, añade en el informe, "que no puede considerarse desplazada siempre y cuando su cumplimiento se ajuste a tal cifra", aspecto sobre el que el Consejo Jurídico no se pronuncia por quedar fuera de su competencia.

Así se pronunciar tras examinar el expediente remitido en petición de consulta por la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ante la negativa de la oposición de aprobar el techo de gasto propuesto por el Gobierno murciano en la Asamblea Regional.

De los artículos 154.3 y 156 e) RAR se desprende que, una vez que resultara fijada la cuantía global de los estados de los presupuestos por el Pleno de la Cámara, se entendería implícitamente aprobado el límite máximo de gasto no financiero a que se refiere el artículo 30 LOESP.

La aprobación por la Asamblea Regional de la Ley de Presupuestos Generales, con el límite material que implica el límite de gasto no financiero, "permitiría convalidar las posibles insuficiencias procedimentales", siempre, concluye, que la materialidad del contenido de la Ley se ajuste a la LOESP.

El Consejo Jurídico de la Región duplica las consultas y los dictámenes desde el inicio de la crisis

MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha duplicado en los últimos seis o siete años, desde que comenzará la crisis económica, el número de consultas que se hacen, así como el de dictámenes que evacua este órgano.

Así lo ha puesto de manifiesto su presidente, Antonio Gómez Fayrén, momentos antes de presentar junto al jefe del Ejecutivo murciano, Alberto Garre, la memoria de actividades correspondiente al año 2014.

Por ello, Fayrén no ha dudado en destacar que el Consejo Jurídico en 2015 "goza de muy buena salud después de 17 años de estar en funcionamiento".

Mientras que Alberto Garre ha reseñado que "siempre es bueno que haya alguien que asesore, pueda rectificar, modificar o ratificar en su caso las normas que van a servir al pueblo y es la función que viene haciendo el Consejo Jurídico, de manera excelente".

Precisamente, la labor del Consejo es la de asesoramiento tanto a las administraciones locales como a la Comunidad. Hechos dignos de resaltar, ha mencionado Gómez Fayrén la utilización del Consejo que han hecho los ayuntamientos cuando anteriormente "estaban al margen de la posibilidad de utilizar esta casa en el hecho no solo de consultar preceptivas, sino de modo facultativo".

Y es que, ha precisado, "la crisis ha llevado a la utilización de la necesidad del asesoramiento del Consejo Jurídico, porque ha habido en muchos casos adjudicaciones de contrataciones administrativa que no se han podido llevar a la práctica por temas económicos, y eso ha obligado a la resolución del contrato y preceptivamente cuando hay oposición del contratista tiene que emitir el dictamen el Consejo Jurídico".

Bien porque los ayuntamientos "han conocido la función que ejerce el Consejo, porque la crisis ha llevado a determinados actos administrativos que exigen de la intervención del Consejo y la producción normativa que ha tenido la Comunidad en los últimos años ha exigido estos dictámenes preceptivos por parte del Consejo Jurídico".

El Consejo Jurídico de la Región dictamina que Totana no tendrá que devolver 2,5 millones a un promotor

MURCIA.- El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha dado la razón al ayuntamiento de Totana en su dictamen del pasado día 14 de octubre en el que resuelve que el Consistorio no debe reintegrar a la sociedad 'Inmonuar' los casi 2,5 millones de euros más intereses correspondientes al convenio urbanístico C-82 de El Raiguero.

 El representante de la empresa 'Inmonuar', Núñez Arias, recurrió a los tribunales para reclamar al ayuntamiento de Totana la devolución de los dos millones y medio de euros que entregó a las arcas municipales en los años 2006 y 2007 por este convenio urbanístico, que contemplaba una urbanización y que coincidió con la firma del mismo y la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana.

En la resolución, el organismo jurídico regional considera ajustado a derecho la declaración de nulidad del convenio urbanístico de El Raiguero, la cual es preceptiva pero no vinculante, por lo que el proceso judicial continuará su curso.

La alcaldesa ha recordado que se cumplieron los procedimientos administrativos que en su día dictó el Consejo Jurídico de la Región de Murcia que ahora ha quedado refrendado y la Sala de lo Penal del TSJ que declaró ilegal este convenio y lo anuló en su día.

Además, ha reiterado que ahora se demuestra lo que ya se dijo hace un año, de que no se iba a admitir ninguna presión ni coacción de ningún particular que lesionase los intereses generales de los vecinos de Totana en relación a este convenio urbanístico.

Sánchez ha indicado que el dictamen no sólo ha dado la razón al Ayuntamiento en que no procede la devolución del dinero del convenio, sino que va más allá señalando que quedaría por determinar los daños y perjuicios que ha sufrido el Consistorio y los totaneros.

Al respecto, ha anunciado que el Consistorio se reserva emprender las acciones legales preceptivas por los daños y perjuicios que ha sufrido el Ayuntamiento y los vecinos de Totana.

El promotor de esta sociedad denunció a la alcaldesa, Isabel María Sánchez, así como a la secretaria y al interventor municipales para exigir la devolución de este dinero, una denuncia que le hace estar imputada en un proceso judicial por un presunto delito de alcance contable junto con los últimos dos alcaldes de Totana.

Gómez Fayrén toma posesión como presidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, resaltó hoy el "prestigio y la independencia" del trabajo realizado por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, durante el acto de toma de posesión del nuevo presidente de este organismo, Antonio Gómez Fayrén, que sustituye en el cargo a Mariano García Canales.

Gómez Fayrén ha resaltado que las consultas al Colegio se han incrementado un 85% en cuatro años, y el 100% en el caso de las Administraciones locales, y ello "con menos medios humanos y materiales" porque, ha resaltado, "la crisis económica no es ajena tampoco al Consejo Jurídico".
   Gómez Fayrén ha destacado, en este sentido, el ejercicio de "lealtad" de los miembros y trabajadores del Consejo, al tiempo que ha agradecido la confianza del Consejo de Gobierno y la Administración regional en el mismo.
   Tras lo que ha manifestado que mientras existan transferencias que gestione la Comunidad, como la educación o la sanidad y mientras los ciudadanos sigan ejerciendo su derecho a las reclamaciones patrimoniales, "el Consejo Jurídico será necesario".
   Asimismo, ha recordado que el 85% del presupuesto del Consejo pertenece a la propia Comunidad Autónoma, "es decir que no ha sido un gasto a añadir más al esfuerzo presupuestario que se viene haciendo en estos años de recorte".
   Por último, el nuevo presidente del Consejo Jurídico de la Región ha agradecido la labor de todos los miembros de esta institución a lo largo de los últimos 16 años, así como la confianza del Ejecutivo regional, y mostrado su deseo de "que sigamos sirviendo a Murcia con la categoría demostrada hasta ahora".
   El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que ha presidido el acto en el Palacio de San Esteban, ha destacado la sólida base jurídica de Gómez Fayrén, "que le permitirá dirigir con acierto el rumbo del Consejo Jurídico".
   "Eres un hombre, como el resto de miembros del Consejo Jurídico, que conoce y vive la ley, por tanto tienes la más sólida y la mejor cimentación para seguir construyendo, asesorando al Gobierno y al resto de administraciones públicas, comprobando además para que se haga valer cualquier decisión que esté entorno a la ley".
   El presidente de la Comunidad ha expresado su deseo de que en la nueva trayectoria del Consejo, con Antonio Gómez Fayrén al frente, se mantenga "la mutua colaboración y la voluntad para que la función consultiva se siga desarrollando en las debidas condiciones y con las garantías necesarias; la convicción de que los dictámenes emitidos están basados en el rigor y en la independencia".
   En este sentido, ha remarcado la destacada trayectoria del Consejo en sus 16 años de existencia, "marcados por la prudencia, el rigor y la independencia en la defensa del principio de legalidad y del interés general", así como en "la necesidad de sujetar las decisiones y proyectos de la Administración a un estricto control de legalidad".

Valcárcel, que presidió dicho acto, subrayó el "acierto y el prestigio" como las "virtudes que han acompañado la trayectoria del Consejo y la actuación de sus consejeros, con los presidentes Megías y García Canales a la cabeza

Además, elogió el importante "valor moral" y la 'auctoritas' que definen a los informes del Consejo Jurídico de la Región, como instrumentos que permiten "mejorar día a día el rendimiento y la eficacia de su función al servicio de una región moderna, dinámica y cohesionada".

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia es, "para satisfacción de todos", un órgano absolutamente consolidado y considerado, a cuya presidencia accede Antonio Gómez Fayrén, "avalado por el respaldo de los consejeros y por su trayectoria política y profesional", remarcó Valcárcel.
   El presidente Valcárcel ha animado, finalmente, a los miembros del Consejo Jurídico "a redoblar sus esfuerzos en el empeño por mejorar día a día el rendimiento y la eficacia de la función consultiva que desempeñáis, al servicio siempre de una Región de Murcia moderna, dinámica y cohesionada; todo lo cual ha de redundar en beneficio del conjunto de los murcianos".
   En definitiva, "vuestros éxitos será la garantía de un Gobierno que pretende hacerlo lo mejor que es posible hacer", ha manifestado el jefe del Ejecutivo murciano en el acto de toma de posesión al que han acudido el consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez; el presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya.

El Consejo Jurídico recibe un 43% de consultas más que hace un año, la mayoría de la Administración regional

MURCIA.-   El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha destacado el "notable" incremento de consultas realizadas a este órgano en 2012 "que ha ascendido en un porcentaje alarmante", más concretamente un 43 por ciento respecto al año anterior, al sumarse a las consultas habituales las de los ayuntamientos, "por exigencias de la ley".

   Así lo ha explicado el presidente del Consejo, Mariano García, quien ha destacado que la profunda crisis "hace que las contrataciones de las administraciones y entes públicos se resientan muchas veces por falta de respuesta por parte de los contratistas, que tienen dificultades en virtud que no hay crédito suficiente para poder atender a sus obligaciones para con la administración".

   En la presentación de la memoria de actividades del Consejo de 2012, García ha opinado, en este sentido, que la administración debe buscar otras soluciones.

   Es evidente, ha continuado, "que hay muchas personas con graves dificultades y que los recursos son escasos" lo que ocasiona, por ejemplo, que "a veces se nos confunda con el Defensor del Pueblo, pero ésta es una misión que no nos corresponde y que hay que contestar", ha puntualizado.

   El presidente del Consejo ha lamentado, por otra parte, que la labor de este órgano se vaya a ver "deteriorada u obviada", al pasar de ser obligatorio a voluntario "en virtud de las disposiciones, sobre todo de rectificación de la Ley de Creación del Consejo Jurídico", aunque, ha indicado, "siempre cabe la posibilidad de que las administraciones acudan porque quieran tener nuestro dictamen".

   En el acto de presentación de la Memoria Jurídica de 2012 de este órgano consultivo, el consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha destacado la función del Consejo en materia de asesoramiento al Gobierno regional pues "es la garantía del principio de seguridad jurídica".

   Campos ha resaltado, además, la labor realizada durante 2012 por el Consejo, "teniendo en cuenta que la asignación presupuestaria disminuye un 32 por ciento"; a pesar de ello, "el número de dictámenes se ha elevado un 22 por ciento, así como el de consultas".

   Esto deja patente, a juicio del consejero del ramo, "que este Consejo es garantía de legalidad, seguridad jurídica y sobre todo de independencia".  

   Según la Memoria, durante el año 2012 tuvieron entrada en el Consejo un total de 424 expedientes con solicitud de dictamen, 128 más que el año anterior, siendo el año con mayor número de consultas desde la puesta en funcionamiento del Consejo en 1998.

   De tal forma, el número de consultas se ha incrementado un 43 por ciento respecto al año 2011, ha acentuado Mariano García, siendo el incremento en los últimos tres años del 82 por ciento, al pasar de 232 consultas en el año 2009 a las 424 de 2012.

   Además, fueron emitidos 348 dictámenes, 63 más que el año anterior, "siendo la cantidad más alta de dictámenes aprobados en un año", ha detallado el presidente del Consejo, lo que representa un incremento del 22 por ciento respecto a 2011 (285 dictámenes) y de un 54 por ciento respecto a 2009 (225). De ellos, 252 se corresponden con responsabilidades patrimoniales de la Administración.

   Al igual que en años anteriores, los expedientes recibidos en petición de consulta proceden, en su mayoría, de la Administración autonómica, que envío 393, y 31 de Corporaciones locales.

   Las consultas se formularon en cuatro ocasiones con carácter facultativo, siendo las restantes de carácter preventivo (responsabilidad patrimonial, contratos administrativos o disposiciones de carácter general que se dicten en desarrollo o ejecución de leyes de la Asamblea Regional).

   La mayoría de los dictámenes emitidos procedían de las consultas de las Consejerías de Sanidad y Política Social (32%), y de Educación, Formación y Empleo (29%), seguido por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (19%), y muy de lejos las Consejerías de Economía y Hacienda, así como Agricultura y Agua, ambas con un 4 por ciento.

   El 2 por ciento representan las consultas de la Consejería de Universidades y tan solo un uno por ciento las de Presidencia, mientras que las de los ayuntamientos ascienden al 9 por ciento (siete de ellas pertenecen al Ayuntamiento de Murcia, cuatro de Totana, tres al Consistorio de Fuente Álamo y otras tres al de Torre Pacheco).

   García ha señalado, por último, que se solicitó audiencia en cuatro expedientes, siendo concedida en todos los casos y que el número de consultas procedentes de las Corporaciones locales de la Región se ha visto incrementado notablemente en los últimos diez años.

   Los dictámenes emitidos por el Consejo Jurídico se pueden consultar mediante el buscador de Internet de dictámenes, al que se accede a través de 'www.consejojuridicomurcia.es'.

Las medidas de restricción del Consejo Jurídico no impiden que emita mayor número dictámenes

MURCIA.- El presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, Mariano García Canales, ha asegurado que ante la actual situación de recesión económica, en donde la Administración pública "está haciendo lo que puede", la propia institución que dirige "ha hecho sus restricciones y adoptado medidas de racionalización y contención del gasto para acomodarse a las circunstancias y sin que los funcionarios hayan protestado en absoluto" sino todo lo contrario, "han trabajado para que este año hayan salido más dictámenes que nunca".

   Según García Canales, "las dificultades económicas están en la base de todo, tanto en el trabajo de los funcionarios que en este Consejo no se ha notado, como en otras relaciones jurídicas, como los problemas con la contratación pública".

   Al respecto, ha precisado que el que la Administración "haya anulado contratos que estaban en vigor por dificultades de contratistas es una cosa que se ha visto muy reciente y creciente en este año", aunque, ha apuntado, "son dificultades que no dependen de nosotros, ya que tratamos que sea equilibrado y proporcional".

   Precisamente, ha argumentado, "los difíciles momentos por los que atraviesa la economía han tenido su reflejo en Murcia, al disminuir los créditos presupuestarios que hacen posible el desarrollo de la actividad de los poderes públicos".

   Es por ello por lo que ha reclamado que la sociedad en general preste atención a esta situación, que "alcanza a las economías de todos los países europeos y que en el caso de España, las finanzas se han situado al límite por las pérdidas de recaudación de los principales impuestos, entre otras razones".

   De ahí que haya considerado que ninguna administración "está facultada para incumplir las determinadas normativas en las que se concreta el principio de estabilidad presupuestaria regulada en la ley, sino que más bien debe cundir una solidaridad estrecha y recíproca para la colaboración y el buen entendimiento, ya que los ajustes deben involucrar a todos los niveles de Gobierno, particularmente en países muy descentralizados como España".

   Igualmente, García Canales ha hecho referencia a la "hipotética reforma del estatuto de autonomía para Murcia" que, a su juicio, "debiera contemplar la inclusión en el mismo de la función consultiva con la cita del correspondiente consejo; idea que se fundamenta en la particular posición de dicho órgano en el entramado institucional".

   En concreto, ha comentado, "uno de los efectos del estado autonómico ha sido la descentralización, haciéndola en nuestra caso al presidente, al Consejo de Gobierno, a los consejeros, así como a los ayuntamientos de la Región".

   De ahí la importancia de la función consultiva, "consustancial al estado mismo, que no se encuentra circunscrita a un tiempo ni país concreto". Por tanto, según García Canales, "una relectura de los títulos competenciales podría llegar a ser provechosa para ajustar algunas discordancias en la línea seguida por las reformas realizadas ya por otro consejos y que también aconseja la propia experiencia".

   Según la Memoria, durante el año 2010 tuvieron entrada en el Consejo un total de 297 expedientes con solicitud de dictamen, 65 más que en 2009, lo que supone un 28 por ciento más. Se trata, según ha destacado el presidente del Consejo Jurídico, "del año con mayor número de consultas desde la puesta en funcionamiento del Consejo, en 1998".

   Así, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración generaron 206 consultas. De dichos expedientes de responsabilidad patrimonial, 77 corresponden al funcionamiento de los servicios públicos de asistencia sanitaria, y 57 al de los de educación no universitaria.

   Además, fueron emitidos 275 dictámenes, 50 más que el año anterior (22 por ciento más), siendo igualmente la cantidad más alta de dictámenes aprobados en un año.

   Destaca, al igual que en años anteriores, el notable incremento de los procedimientos de revisión de oficio, que han generado 26 dictámenes, frente a los siete del año anterior, siendo también reseñable que continúa la tendencia creciente de los dictámenes referidos a la resolución de contratos administrativos, con 12 dictámenes.

   Por su procedencia, los expedientes recibidos en petición de consulta proceden, en su mayoría, de la Administración autonómica, que envió 280, siendo 17 los que corresponden a Corporaciones Locales. Además, a 31 de diciembre quedaban pendientes de ser despachados 124 expedientes.