PUNTAS DE CALNEGRE.- El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, junto a
los senadores Francisco Bernabé y Juan María Vázquez, y la diputada
regional lorquina María del Carmen Ruiz, han mantenido esta mañana una
reunión informativa con los vecinos del poblado de Puntas de Calnegre
afectados por la actual Ley de Costas, que sufren una total inseguridad
jurídica y podrían perder sus viviendas, con el objetivo de trasladarles
de primera mano la iniciativa que el PP ha presentado en el Senado para
modificar la Ley de Costas, hecho que "indultaría" este poblado y sus
viviendas.
Fulgencio Gil ha manifestado que no vamos a cejar en nuestro empeño
de salvar el poblado de Puntas de Calnegre. Llevamos muchos años
batallando por salvar el poblado, es una joya etnográfica de nuestra
costa, que posee grandes valores. Estamos hablando de construcciones que
se remontan en el tiempo hasta 200 años, de un poblado pesquero
inconfundible. Nos encontramos con una oportunidad histórica, una
iniciativa definitiva en el Senado a través de una Proposición de Ley
para salvar el poblado y otros núcleos españoles similares. Vamos a
trabajar y a luchar por conseguir el apoyo del resto de grupos
parlamentarios porque supondría salvar definitivamente el poblado y
terminar con las preocupaciones de los vecinos.
El senador Francisco Bernabé ha indicado que lo que pretendemos con
esta Proposición de Ley es que todos aquellos núcleos de población
vinculados a un paisaje muy particular y ubicados en entorno marítimos,
sean respetados atendiendo a su propia idiosincrasia, porque la Ley de
Costas sólo pretende el derribo de estas poblaciones, algo que sería muy
injusto para las familias que actualmente viven en estos núcleos.
Juan María Vázquez, senador murciano, ha señalado que es la primera
vez que se presenta una modificación de la Ley de Costas que aúna todos
los intereses de estos núcleos costeros españoles, desde Gerona hasta
las Islas Canarias que se verían beneficiados por la aprobación de esta
Ley atendiendo a sus legítimos derechos, que hasta hoy se ven
amenazados.
Cabe señalar que el poblado pesquero de Puntas de Calnegre, ubicado
en la pedanía lorquina de Ramonete, ha sido incluido en la mencionado Proposición
de Ley a propuesta del presidente del Partido Popular de Lorca,
Fulgencio Gil. Se trata, en concreto, de una iniciativa que plantea la
modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para permitir
la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional
en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de una iniciativa que, en el caso de Puntas de Calnegre, se
marca el objetivo de salvar el poblado pesquero, siguiendo la línea de
trabajo que el Partido Popular ha venido desarrollando a lo largo de los
últimos años en este mismo sentido.
"Nuestra labor se centra en salvar
las casas existentes, defendiendo los legítimos intereses y derechos de
sus propietarios. Esperamos contar con el respaldo de todos los grupos
políticos con representación en el Senado, habida cuenta de la
particular trascendencia e importancia de la medida. Estamos hablando de
una oportunidad histórica de proteger este enclave y eliminar la
incertidumbre que tienen los vecinos afectados".
La propuesta que permitiría salvar este núcleo histórico de Puntas de
Calnegre apuesta por añadir una Disposición Adicional Decimotercera a
la Ley de Costas 22/1988, referido a Núcleos urbanos con especiales
valores etnológicos, de tal forma que obtendrían esta catalogación
aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que
acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser
conservados, que estén integrados en el entorno costero de forma que su
demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural,
histórico o turístico, o que existan con carácter previo a su inclusión
en el dominio público marítimo terrestre.
De esta forma, los núcleos urbanos catalogados como núcleos urbanos
con especiales valores etnológicos serían excluidos del dominio público
marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya.
La regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace
años, agravada por los efectos del cambio climático, ha supuesto que
determinados núcleos urbanos costeros como el de Calnegre, a lo largo de
todo el país, con características culturales, históricas y etnológicas
de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público
marítimo-terrestre.
Dichos núcleos, a los que busca referirse esta
proposición de ley, están conformados por edificaciones de baja
densidad, muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se
ubican y asociadas a un modo de vida marinero. Está fuera de toda duda
que la legislación sobre costas debe hacer cumplir y proteger el
principio constitucional instaurado por el artículo 132.2 de la Carta
Magna y garantizar el dominio público sobre la zona marítimoterrestre,
pero no es menos cierto que la falta de suficientes medidas de
protección de éste durante décadas en las que la regresión litoral se ha
ido agravando ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan
dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos
destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados
desde décadas previas a que se llevara a cabo ese deslinde.
Dicha herramienta, el deslinde, en estos casos supone un despojo de
propiedades consolidadas desde, en muchos casos, hace más de un siglo,
que además han venido manteniendo su perfil asociado al entorno litoral
de forma que ya forman parte del patrimonio histórico, cultural y
paisajístico de nuestras costas, que les otorgan valores que se deben
preservar conciliándolas con el dominio público.
El núcleo de Puntas de Calnegre, junto con otros en similares
circunstancias en el litoral español, tienen en común unas
características particulares que en muchos de los casos han merecido
protección especial por figuras de catalogación autonómica como "bienes
de interés cultural" o de "relevancia local" o diversas figuras de
protección, pero no gozan de ninguna particularidad en el tratamiento en
la legislación de costas.
Es necesario establecer un abrigo legislativo
para esos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con
valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan
evitar expedientes de desocupaciones o derribos que, una vez iniciados,
suscitan rechazo social y prácticamente unánime en lo político y que, en
cambio, no encuentran en la legislación una herramienta que permita su
mantenimiento, no ya sólo por protección de las personas directamente
afectadas, sino por el interés público en el mantenimiento de una
construcciones que son paradigmáticas y etnológicamente características
del uso tradicional del litoral español.