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viernes, 15 de marzo de 2024

Arrestadas 23 personas implicadas en la explotación laboral de trabajadores agrícolas en Torre Pacheco


TORRE-PACHECO.- La Policía Nacional ha detenido a 23 hombres, de edades comprendidas entre los 20 y 50 años, por su presunta implicación en una red que explotaba laboralmente a trabajadores agrícolas en situación irregular que falsificaban documentación y usurpaban la identidad de otras personas en Torre Pacheco, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Entre los arrestados figuran los cuatro presuntos responsables de explotar a trabajadores en situación irregular a los que les hacían pasar por otros trabajadores con documentación legal en España para evitar los preceptivos controles de las autoridades competentes.

La investigación arrancó tras recibir la denuncia de una persona extranjera comunicando que había estado dado de alta en una empresa para la que nunca había trabajado.

Las primeras indagaciones de los agentes permitieron comprobar la denuncia, además de averiguar que en tres empresas habrían trabajado otras personas que se encontraban en situación irregular en el país, suplantando la identidad de otros trabajadores con permisos de residencia y trabajo.

Las gestiones permitieron identificar y detener a los responsables, cuatro hombres con lazos familiares entre ellos, encargados de los empleados y de captar a trabajadores en situación irregular, y, a su vez, facilitar la documentación a los mismos, al parecer con desconocimiento de los dueños de las empresas, imputándoles los delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y usurpación del estado civil.

Con toda la información obtenida, se procedió a realizar junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia la pertinente inspección policial y de trabajo, que culminó con la detención de diez personas, todas ellas en situación irregular, que, preesuntamente, usurpaban la identidad de otros trabajadores con permiso de residencia y trabajo, además de imputarles los delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil.

En una segunda parte de la operación se procedió a la detención de otras nueve personas que habrían cedido su documentación personal para que los mismos pudieran acceder al mercado laboral en connivencia con los responsables de la captación de los trabajadores.

Como resultado de esta investigación se han podido esclarecer numerosos delitos que estas conductas fraudulentas producen un claro perjuicio a la Seguridad Social beneficiando a las dos partes que intervienen, tanto al trabajador sin permiso de trabajo y residencia legal para acceder al mercado laboral y otros derechos sociales, como el trabajador que vende o cede su documentación obteniendo un beneficio económico, y obtener días de cotización sin realizar la jornada laboral, con el beneficio que conlleva para obtener futuras prestaciones por un trabajo no realizado.

Finalmente, los detenidos tras la imputación de los delitos fueron puestos en libertad a la espera de la celebración del juicio oral.

A los arrestados, originarios Ecuador, Senegal, Paraguay, Marruecos, Gambia, Burkina Faso y España, se les atribuye la presunta autoría de los delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal, usurpación del estado civil y falsedad documental.

viernes, 1 de marzo de 2024

Detienen en Águilas, Mazarrón y Lorca a seis responsables de una empresa agrícola que explotaba presuntamente a trabajadores extranjeros


LORCA.- La Policía Nacional ha detenido a seis varones como presuntos responsables de una empresa agrícola que operaba en tres fincas de Lorca, Mazarrón y Águilas, en las que se explotó a al menos 23 ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A los arrestados se les imputa la supuesta autoría de los delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros así como de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.

La operación, que contó con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo en Murcia, se centró en tres fincas agrícolas en las que sus responsables explotaban laboralmente a ciudadanos extranjeros, sometiéndoles a unas condiciones de trabajo abusivas.

Los trabajadores era sometidos a jornadas de trabajo de hasta doce horas, los siete días de la semana, sin ningún tipo de contrato ni dar de alta en la Seguridad Social, por un sueldo aproximado de cinco euros por hora de trabajo, careciendo de vacaciones y detrayendo parte de su sueldo por diferentes motivos.

Los empleados, la mayoría en situación irregular en el país, eran recogidos en puntos acordados por autobuses, e incluso en camiones de ganado fletados por la empresa para llevarlos a las diferentes fincas. En muchas ocasiones, tenían que compartir espacio con animales.

viernes, 14 de enero de 2022

Desarticulada una red de explotación de mujeres, hondureñas y paraguayas, en Fuente Álamo con 19 víctimas y 27 detenidos


MURCIA.- La Policía Nacional ha liberado a 19 mujeres y desarticula la organización criminal que las explotaba sexual y laboralmente en la Región de Murcia donde estaba el entramado criminal.

La organización criminal introducía de manera irregular en España a mujeres latinoamericanas, concretamente de Honduras y Paraguay, con la finalidad de explotarlas sexualmente o como cuidadoras de personas mayores

En el registro realizado en una vivienda en Fuente Álamo y utilizada como prostíbulo, los agentes localizaron un hueco de dimensiones muy reducidas que habría sido utilizado para esconder a mujeres en caso de presencia policial.

La investigación comenzó gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico trata@policia.es. Esta es una de las herramientas, junto a la línea telefónica 900 10 50 90, con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

Con la información recabada y las múltiples pesquisas realizadas, los agentes pudieron constatar la existencia de una organización criminal asentada en la localidad de Fuente Álamo cuya principal actividad era la trata de mujeres para su explotación sexual y/o laboral. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial, decretándose prisión provisional para nueve detenidos, entre ellos las dos cabecillas del entramado.

Al parecer no dudaban en maltratar y ejercer la violencia contra las mujeres, que vivían bajo la constante amenaza de graves represalias y la pérdida de propiedades en sus países de origen si no cumplían con el pago de las deudas contraídas.

En total han sido seis los registros llevados a cabo por la policía para las detenciones, cinco en Fuente Álamo y uno en la provincia de Toledo.

La investigación policial ha concluido con la detención de 27 personas, 26 en la provincia de Murcia y una en la provincia de Toledo, decretándose prisión provisional para nueve de ellas. Entre los arrestados se encuentran las dos cabecillas del entramado.

Además, se han intervenido 1.000 euros en metálico, seis vehículos, varios dispositivos electrónicos y numerosa documentación relacionada con la investigación.

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Detienen a una decena de personas por presunta explotación laboral en once establecimientos de Alhama


ALHAMA.- La Policía Nacional ha detenido a una decena de personas como presuntos autores de delitos relacionados con la explotación laboral tras llevar a cabo registros en once establecimientos de Alhama de Murcia, informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La operación se centró en determinados locales en los que se podrían estar llevando a cabo actuaciones delictivas como usurpación de identidad, falsedad documental, explotación laboral y otras infracciones administrativas cuyos autores y víctimas podrían ser ciudadanos extranjeros.

En los registros participaron la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como efectivos de Policía Local de Alhama y funcionarios de la Inspección de Trabajo.

En el marco del operativo se llevó a cabo la detención de diez presuntos responsables que fueron propuestos para expulsión tras la incoación del correspondiente procedimiento por encontrarse en situación irregular en territorio nacional.

Durante las inspecciones, en las que fueron identificadas más de cien personas, se levantaron además varias actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

martes, 19 de octubre de 2021

"Cebaderos convertidos en infravivienda en la huerta de Lorca", denuncia IU-Verdes


LORCA.- El portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Pedro Sosa, atendiendo a una denuncia vecinal de un colectivo de ciudadanos que residen en la diputación de Tercia, pedanía de la huerta lorquina próxima a la ciudad, ha puesto de relieve esta mañana ante los medios de comunicación la conversión ilegal de cebaderos y pequeñas explotaciones porcinas en infraviviendas que se está llevando a cabo en el campo de Lorca. 

Un fenómeno que IU vincula a dos circunstancias muy claras. La primera la existencia de un sistema productivo arcaico basado en salarios miserables y precarios, y la segunda, una administración que mira para otro lado frente a la irregularidad urbanística de algunos empresarios del campo.

Sosa afirma que el sistema productivo lorquino actual es el que han venido defendiendo los dos partidos mayoritarios que han gobernado Lorca y la Región en las últimas décadas (el PP y el PSOE). Un sistema que no salió en defensa del que, durante décadas, fue un próspero sector secundario lorquino, y que dejó caer a las fábricas textiles y del curtido que empleaban a miles de lorquinos y lorquinas. Un sistema que se echó en manos de la especulación del suelo y la vivienda hasta que estalló ese mercado, causando una de las crisis más severas que hemos vivido.

 Un sistema que después del crack inmobiliario ha potenciado con ayudas y subvenciones multimillonarias al sector primario, dando un peso mayor del que sería deseable a los cultivos intensivos bajo plástico, que devoran recursos naturales esenciales con escasas contemplaciones y que generan miles de salarios miserables y precarios que han acabado convirtiendo al municipio de Lorca en uno de los municipios más pobres de España.

Y con salarios miserables y precarios, no es posible que se active ningún mercado de vivienda nueva y normalizada, y, lo lógico, afirma Sosa, es que se dispare el mercado de la infravivienda. Sosa sostiene que si miramos en balcones y ventanas del centro de la ciudad, veremos muchas ofertas de venta y alquiler de casas para los que no hay demanda por que los salarios no dan para eso. Por ello muchos trabajadores viven hacinados en infraviviendas en los barrios y en vergonzantes explotaciones ganaderas ilegalmente reconvertidas en infraviviendas.

Pero además del sistema productivo que tenemos, Sosa afirma que para que el mercado de la infravivienda funcione se hace necesario también que falle el control de la Administración local. Nos consta, al menos así nos lo han asegurado los responsables de la disciplina urbanística municipal, que existen órdenes de paralización de esas obras en los cebaderos de Tercia, pero se incumplen, y la administración municipal, lejos de defender el respeto por la legalidad y de incoar expedientes encaminados a precintar las obras y sancionar a los responsables, dejan actuar a los incumplidores, y así no hay manera de atajar este fenómeno que, en poco tiempo, acabará generando también un conflicto vecinal.

Es evidente que estas infraviviendas carecen de las oportunas licencias y permisos y, con toda seguridad, se encontrarán fuera de ordenación en el Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de soluciones habitacionales ilegales para trabajadores pobres que, en no pocas ocasiones, no sabemos si este es el caso, trabajan en explotaciones agrícolas y ganaderas del mismo empresario que construye las casas y que estaría generando un asentamiento ilegal que además tiene derivaciones en otros órdenes distintos al urbanismo, como el social y el laboral.

Sosa ha afirmado que pasa lo mismo con la infravivienda ruinosa en los barrios. Estamos cansados de exigir al Concejal de Urbanismo del PSOE que revise las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los barrios altos de Lorca y no hacen nada. Tampoco hacen nada, abunda el concejal de IU, para obligar a los bancos a mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato sus múltiples propiedades desahuciadas; unos bancos y entidades financieras que, además, se cruzan de brazos ante el fenómeno de ocupación de sus propiedades.

El portavoz de IU adelanta que volverán a llevar al Pleno del Ayuntamiento de Lorca una iniciativa para controlar las condiciones de habitabilidad de las viviendas que se alquilan a los trabajadores en todo el campo de Lorca, en los barrios y en el centro de la ciudad.

miércoles, 18 de agosto de 2021

Detienen en un almacén de Murcia a siete personas por explotar presuntamente a trabajadores en situación irregular


MURCIA.- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a siete personas, cinco de ellas hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 34 y 67 años, por delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal, informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) ha seguido la pista de una empresa que podría estar llevando a cabo la captación de ciudadanos extranjeros en situación irregular para, aprovechando su precaria situación, ofrecerles trabajo en un almacén de una empresa hortofrutícola situada en Cobatillas.

Durante la investigación se han llevado a cabo dos inspecciones en menos de un mes al mismo almacén.

La primera de ellas, llevada a cabo por Policía Nacional y la Inspección de Trabajo de Murcia, tuvo lugar el 8 de julio, y en ella fueron identificados 36 trabajadores.

Entre ellos se encontraban 20 ciudadanos marroquíes en situación irregular que trabajaban en unas condiciones higiénicas precarias. La Policía encontró gran cantidad de productos hortofrutícolas en el suelo y la entrada de la nave, algunos en estado de putrefacción, desprendiendo un fuerte y desagradable olor.

En la segunda inspección, llevada a cabo el pasado 3 de agosto, se identificó a 38 personas, 18 de ellas trabajadores en situación irregular, de los que once ya habían sido descubiertos trabajando en la primera inspección.

Los agentes de la UCRIF concretaron que las víctimas cobraban según trabajaban, no tenían derecho a vacaciones y debían comprarse ellos mismos el material de trabajo. El salario rondaba los 300 euros al mes, siempre y cuando cumplieran con los objetivos que había marcado el explotador, siendo incluso en ocasiones engañados justificando que no habían llegado al límite de la cantidad.

La Policía Nacional, en el marco de la investigación, ha solicitado a la autoridad judicial la clausura temporal y cese de actividades de la nave.

La operación ha culminado con 34 arrestos, 27 de ellos por infracción a la Ley de Extranjería. Entre los detenidos se encuentra el máximo responsable de la empresa, el jefe de almacén (con funciones de selección, contratación y despido de personal) y los encargados de los trabajadores.

domingo, 11 de abril de 2021

Instruyen diligencias a un empresario en La Alberca por emplear a dos trabajadores de forma clandestina


MURCIA.- La Policía Local de Murcia, a través de una dotación de la pedanía de La Alberca, instruyó diligencias este sábado a un empresario por emplear a trabajadores en situación irregular y mediante una relación laboral clandestina.

La dotación de la mencionada pedanía procedió también a la detención de los dos individuos que trabajaban de forma irregular para este empresario, por infracción a la ley de extranjería, según informaron fuentes del cuerpo policial a través de su cuenta de Twitter.

martes, 16 de marzo de 2021

La Policía Nacional detiene a trece personas por explotar laboralmente a extranjeros en el campo murciano


MURCIA.- La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a trece personas de entre 26 y 48 años en el marco de una operación para luchar contra la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector agrícola. Cinco de los detenidos --el líder de la organización y sus cuatro hombres de confianza-- eran presuntamente los encargados de dirigir el entramado, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Murcia (UCRIF) ha investigado a la organización criminal durante seis meses, comprobando no solo la explotación laboral sistemática a la que eran sometidas sus víctimas, sino también la especialización del entramado, así como su cuidado para no ser descubiertos, instaurando dentro de la banda un sistema de organización jerárquica para la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular.

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La Policía Nacional acabó en la operación con todos los escalones jerárquicos del entramado, desde el líder de la banda y su lugarteniente, hasta los integrantes de la organización que ocupaban el escalón inferior, los jefes de cuadrilla.

Estos se encargaban de controlar y trasladar a los trabajadores en furgonetas por las diferentes explotaciones agrícolas de la Región de Murcia. Eran quienes ejecutaban las órdenes que venían desde arriba y se encargaban del pago del salario, un sueldo que dependían de la cantidad de fruta recolectada. Cada caja se pagaba a 60 céntimos en unas jornadas de trabajo que podían superar las doce horas diarias.

La investigación ha concretado que podrían estar explotando de manera simultánea a alrededor de 70 trabajadores. La organización se aprovechaba de la difícil situación laboral y personal de sus víctimas, todas ellas en situación irregular en el país, para explotarles laboralmente.

Se ha tratado de una operación policial que culminó el pasado día 10 de marzo con la total desarticulación del entramado. Se detuvieron a 8 personas por infracción a la ley de extranjería, y lo más importante, al líder del entramado y a sus hombres de confianza, cinco varones de nacionalidad marroquí y nicaragüense que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, delito contra el derecho de los trabajadores y favorecimiento a la inmigración irregular.

domingo, 13 de diciembre de 2020

Detenidos un padre y dos hijos por explotar a 21 inmigrantes en su empresa de Fuente-Álamo

 CARTAGENA.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Fuente Álamo una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de 21 inmigrantes irregulares en una empresa textil propiedad de un padre y sus dos hijos, que han sido arrestados por estos hechos.

En un comunicado, el Cuerpo Nacional de Policía ha señalado que esta veintena de personas fueron encontradas en situación irregular en empresa, de los cuales ocho de ellos fueron hallados en el interior de un zulo en pésimas condiciones.

Un padre y sus dos hijos, encargados de una empresa familiar dedicada a la adquisición de ropa usada para su venta y distribución en países africanos, han sido detenidos como responsables de la organización.

En el momento de la entrada, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, el empresario comenzó a gritar a sus trabajadores para que huyeran y se escondieran, consiguiendo cuatro de ellos saltar la valla exterior.

Mientras, los demás se encerraron junto al principal detenido durante 15 minutos en una de las naves de la empresa, tiempo suficiente que aprovechó el empresario para esconder a ocho de las víctimas en un zulo y taponar la salida con carros de ropa compacta tan pesados que resultaba imposible que las víctimas pudieran salir por sus propios medios, extremo que provocó la necesaria intervención de varios agentes en el rescate.

Este habitáculo había sido confeccionado durante los meses del confinamiento con el fin de esconder personas en su interior en el caso de una intervención policial.

Los detenidos captaban a extranjeros en situación irregular para obligarles a trabajar sin ninguna garantía legal durante largas jornadas de trabajo, aprovechándose de su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales.

Un salario de dos euros por cada hora de trabajo y una ausencia total de medidas de seguridad e higiene laboral eran parte las condiciones laborales.

A todo ello se sumaba la falta de asistencia en caso de accidente de los trabajadores. En una ocasión, a uno de ellos se le cayó un palé de ropa encima y no recibió asistencia sanitaria.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cartagena por su participación en un delito contra los derechos de los trabajadores.

miércoles, 4 de marzo de 2020

Tres detenidos por obligar a trabajar a extranjeros en situación irregular toda la semana por salarios ínfimos

LORCA.- La Policía Nacional ha detenido en Lorca a tres individuos de nacionalidad extranjera que empleaban presuntamente a compatriotas suyos en situación irregular, sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, obligándolos a trabajar todos los días de la semana por salarios ínfimos, según informaron fuentes del citado Cuerpo en un comunicado.

Las tres personas, de nacionalidad búlgara, ecuatoriana y marroquí, fueron detenidos por un delito contra el derecho de los trabajadores en el marco de una operación para luchar contra la explotación de los ciudadanos extranjeros en Lorca. Se trata de una operación policial que se ha llevado a cabo con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.
La operación comenzó a raíz de diferentes informaciones recibidas por la Policía Nacional en las que se denunciaba la posible explotación de trabajadores extranjeros. Al parecer, el personal de varios locales comerciales de Lorca prestaba sus servicios sin permiso de residencia ni de trabajo.
Los responsables de estos establecimientos comerciales podrían estar empleando a compatriotas suyos en situación irregular, sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social, para obligarles a trabajar todos los días de la semana por salarios ínfimos, según las mismas fuentes.
Cuando la Policía Nacional concretó los establecimientos que podrían estar dedicándose a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros, los agentes establecieron, junto a Inspección de Trabajo, un dispositivo policial los pasados días 20 y 21 de febrero que consistió en la entrada y registro de cinco establecimientos con el objeto de llevar a cabo controles laborales y de extranjería.
En el dispositivo policial participaron agentes de las Brigadas de Policía Judicial, Extranjería y Fronteras y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional en Lorca. Además, se solicitó la colaboración de agentes destinados en la Unidad de Guías de Caninos de la Jefatura Superior de Murcia.
Finalmente, el dispositivo culminó con la detención de un total de veintitrés personas, tres de ellas investigadas por delitos contra el derecho de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, las otras veinte, al encontrarse en España sin ningún tipo de autorización de estancia ni residencia, fueron trasladadas a dependencias de la Policía Nacional por una infracción a la vigente Ley de Extranjería.

sábado, 22 de febrero de 2020

Detenidos 20 miembros de una red que habría explotado sexualmente a más de 200 mujeres inmigrantes en Murcia y Cartagena

MURCIA.- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que, presuntamente, habría explotado sexualmente a más de 200 mujeres inmigrantes en clubes de alterne de la Región de Murcia. Los agentes han liberado a 19 mujeres y han detenido a 20 personas, 19 de ellas en Murcia y otra en Zaragoza, de las cuales 10 han ingresado en prisión provisional.

Las víctimas, principalmente mujeres latinoamericanas en situaciones muy precarias, eran captadas en sus países de origen bajo falsas ofertas de empleo y, finalmente, eran explotadas sexual y laboralmente en clubes de alterne, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.

La operación, en la que han participado más de 100 agentes, ha finalizado con el registro de cinco domicilios y dos clubes de alterne en Murcia; en ellos se han intervenido 100.000 euros en efectivo, siete vehículos, un arma de fuego simulada, numerosas armas blancas y sustancias estupefacientes.

La investigación policial se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de varios clubes de alterne, ubicados en los municipios de Cartagena y Murcia, en los que presuntamente estaban explotando sexualmente a mujeres latinoamericanas.

Después de meses de intensa investigación, los agentes constataron la existencia de una organización criminal, liderada por un conocido y peligroso clan familiar, que explotaba sexual y laboralmente a mujeres en diferentes clubes de alterne de su propiedad. Además, observaron que los investigados extendían su actividad ilícita al tráfico de drogas.

Las víctimas de la organización eran mujeres que se encontraban en situaciones muy precarias en sus países de origen, Venezuela y Colombia principalmente. Los explotadores las captaban con falsas ofertas de trabajo en España y se hacían cargo de todos los gastos que generaba su desplazamiento hasta la península.

El mismo día de su llegada, las trasladaban a los clubes de alterne --propiedad de la organización-- donde eran informadas de que debían ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída. Todo ello bajo un estricto control y un amplio régimen de sanciones.

La deuda que la organización imponía a las mujeres era superior al coste real del traslado. No obstante, y en comparación con otras redes criminales que desarrollan esta actividad ilícita, el valor de la deuda no era especialmente elevado, ya que la estrategia de obtención de beneficios de la organización se basaba más en el volumen de mujeres captadas que en el beneficio adquirido con cada una de ellas.

La operación finalizó con la liberación de 19 mujeres y la detención de 20 miembros de la organización --19 en la Región de Murcia y 1 en Zaragoza--. Además, los agentes registraron cinco domicilios y dos clubes de alterne en Murcia. En ellos intervinieron 100.000 euros en efectivo, siete vehículos, un arma de fuego simulada, numerosas armas blancas, sustancias estupefacientes y múltiples dispositivos electrónicos.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica '900-105090' y un correo electrónico 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

jueves, 28 de noviembre de 2019

Desmantelan un clan familiar rumano que explotaba a compatriotas en Mazarrón

MURCIA.- Dos hombres y una mujer de 31, 36 y 39 años, de nacionalidad rumana y miembros de un mismo núcleo familiar han sido detenidos en Puerto de Mazarrón como supuestos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y de pertenencia a organización criminal, ya que reclutaban a sus víctimas, también rumanos, ofreciéndoles alojamiento y trabajo para apropiarse luego de su salario, informa la Guardia Civil.

La operación "Dracu" ha culminado con la desarticulación de una organización criminal cuyos tres miembros han sido detenidos después de tres registros domiciliarios practicados en la localidad de Puerto de Mazarrón en los que han sido incautados 2.500 euros, joyas, un vehículo de alta gama, así como documentación, cuentas y tarjetas bancarias de las víctimas.
La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando 13 ciudadanos rumanos, asentados en la localidad de Puerto de Mazarrón denunciaron ante la Guardia Civil la situación de semiesclavitud en la que vivían después de haberse trasladado desde otras provincias españolas hasta la Región de Murcia.
Las víctimas afirmaron que habían sido captadas por un compatriota asentado en Murcia con una oferta de trabajo y alojamiento en un municipio de la Región, si bien este supuesto benefactor después de facilitarles un empleo en empresas agrícolas de Mazarrón, se estaba apropiando de sus salarios y los mantenía atemorizados bajo amenazas y agresiones físicas. Esta situación llegó a ser extrema hasta el punto de carecer de alimentos y otra serie de bienes de primera necesidad.
Especialistas en Policía Judicial de la Benemérita fueron los que recabaron la información necesaria y centraron la investigación en un clan familiar formado por un matrimonio y su cuñado y justo cuando el supuesto líder del clan se desplazó a su país de origen, las víctimas aprovecharon para comunicar su lamentable situación a la Guardia Civil.
Las pesquisas practicadas a continuación permitieron averiguar que varios de los afectados habían dado de alta cuentas corrientes en entidades bancarias de la zona, aunque la dirección postal facilitada coincidía con la del domicilio del principal sospechoso, de tal forma que las tarjetas de crédito llegaban directamente a manos del clan, así como la información sobre sus ingresos o extractos, que eran controlados por estos. De esta forma se apropiaban del dinero de sus nóminas.
Después de varios meses de investigación, la Guardia Civil ha localizado y detenido a dos varones y una mujer, Estructura criminal jerarquizada. Según se desprende de la investigación se trata de un grupo criminal perfectamente organizado, liderado por un individuo que orquestaba la trama delictiva con la selección de compatriotas.
Una vez en España, las víctimas eran alojadas en viviendas previamente ocupadas por los miembros del grupo criminal, donde vivían hacinados pese a pagar hasta 150 euros mensuales por el alquiler.
Posteriormente, con la excusa de tramitar los contratos de trabajo, les exigían su documentación personal que empleaba para dar de alta cuentas bancarias y tarjetas de crédito donde domiciliaba sus nóminas. Para ello se valía de su situación de vulnerabilidad y de su desconocimiento del idioma, llegando incluso a acompañarlos hasta las sucursales bancarias para hacer de intérprete y asegurar que los trámites bancarios se hicieran a su antojo.
El resto de miembros del grupo criminal, ahora desmantelado, se encargaba de otras tareas tales como las de mantener bajo amenazas y agresiones a los trabajadores e incluso las de vigilar su jornada laboral e informar de cualquier vicisitud al líder que, generalmente, se presentaba como encargado de una cuadrilla de trabajadores y responsable de éstos, mientras las empresas contratantes permanecían ajenas a estas argucias.
Los tres arrestados, las diligencias instruidas, así como el dinero, las joyas, la documentación y el vehículo incautados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Totana.
La investigación continúa abierta por lo que no se descarta la identificación de otras víctimas, así como la detención de otras personas vinculadas con el grupo criminal desmantelado.
En tanto se desarrollaba la investigación, la Guardia Civil activó el protocolo de asistencia para las víctimas de delitos de trata de seres humanos a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mazarrón, lo que permitió su atención y su reinserción laboral.

jueves, 17 de octubre de 2019

Una marcha silenciosa contra la explotación sexual recorrerá Murcia el sábado

MURCIA.- Una marcha recorrerá Murcia el próximo 19 de octubre para condenar la trata de seres humanos, una lacra social que afecta a unos 27 millones de personas en todo el mundo, un 98 por ciento de ellas, mujeres, según los cálculos de la asociación internacional A21, que organiza la protesta.

Se trata de una marcha silenciosa que partirá a las 17:30 horas desde la Plaza Circular y recorrerá el centro de la ciudad hasta la plaza de Julián Romea, donde está previsto que llegue en torno a las 19:00 horas.
El objetivo de la iniciativa es visibilizar esta nueva forma de esclavitud y crimen organizado, el que más rápido crece en el mundo, generando más de 126.000 millones de euros al año en el mundo.
En España, según datos de A21, el problema de la explotación sexual podría afectar a unas 12.000 personas, en su mayoría mujeres, ya que se calcula que en torno al 90 por ciento de las trabajadoras sexuales están bajo el control de redes criminales.

lunes, 23 de septiembre de 2019

Jumilla mostrará de nuevo su repulsa contra la explotación sexual con el lema 'Sin clientes no hay trata'

JUMILLA.- La concejala de Igualdad, Lola Gómez, y la técnico del área, Paqui Ruiz, han presentado las actividades que se van a realizar en Jumilla con motivo del Día contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, que se celebra hoy, 23 de septiembre. 

"Bajo el lema 'Sin clientes no hay trata' y enmarcada dentro el Plan de Igualdad Municipal 2019, el Ayuntamiento de Jumilla continúa mostrando la repulsa contra este delito que es una forma de esclavitud moderna y una violación de los derechos humanos", ha señalado la concejala.
Se han organizado dos actividades que se llevarán a cabo los días 30 y 31 de octubre, que tienen como base la presentación y proyección del documental 'El Proxeneta. Paso corto, mala leche'. 
En el documental se retrata la verdadera historia de lo que hay detrás de los prostíbulos de la mano de un testigo privilegiado, Miguel, apodado "El Músico", un exproxeneta que ha confesado con todo lujo de detalles cómo ha evolucionado el negocio de la prostitución en España desde finales de los años ochenta hasta hoy, con el negocio de la trata.
Para la realización de estas actividades se contará con la presencia de Mabel Lozano, conocida fundamentalmente por su faceta como actriz y presentadora de televisión y, desde hace unos años, directora de varios documentales, entre ellos 'El Proxeneta', y activista. Mediante el cine se ha dedicado a luchar contra la explotación sexual, algo que considera una forma de "dominio, sumisión y violencia".
El día 30 de octubre, a partir de las 20.00 horas, se realizará la presentación y proyección del documental en el Teatro Vico, con entrada con invitación a recoger en la taquilla, para mayores de 16 años. 
Al día siguiente habrá jornada formativa con los alumnos de Bachiller, proyección y presentación de la versión adaptada a jóvenes del documental, en horario de mañana y dirigida a institutos de Enseñanza Secundaria de Jumilla.

sábado, 14 de septiembre de 2019

Mafia y explotación, la cara oscura de la agricultura en Italia

ROMA.- Les pagan una miseria y trabajan en condiciones deplorables. Miles de trabajadores son explotados durante las cosechas en Italia y son la cara oscura de la agricultura italiana, en la que también pesa la sombra de la mafia.

Cada verano, miles de trabajadores africanos, pero también búlgaros o rumanos, llegan a la península para recoger tomates o sandías bajo un sol abrasador.
Según un estudio realizado por el sindicato Flai-CGIL, unos 400.000 trabajadores agrícolas corren el riesgo de ser explotados irregularmente, de los cuales más de 100.000 se encuentran en una situación de "vulnerabilidad grave".
Si bien la mayoría son extranjeros, los italianos también están involucrados.
"Han sido reducidos a la esclavitud", a través del llamado sistema de "caporalato", explicó  Jean-Rene Bilongo, responsable de la política migratoria y las desigualdades de Flai-CGIL.
El "caporal" es un intermediario entre el agricultor y los trabajadores, resume.
"Es el que negocia el pago embolsándose una margen. Por ejemplo: si pagan cinco euros por una enorme caja de tomates, pagará solo tres euros a los trabajadores", sostiene Bilongo.
Si bien el convenio colectivo para la agricultura prevé un horario de trabajo diario de 6H40 con una remuneración de 50 euros por día, estos trabajadores trabajan más de ocho o diez horas al día e incluso 14 horas.
Además les pagan por cantidad (3 a 4 euros por 350 kilos), lo que les permite llegar sólo a 20-30 euros por día.
A esa cifra, que ya es baja, deben recortar los costos. "Los 'caporales' les piden cinco euros para el transporte ida y vuelta a los campos, por el agua que beben y los bocadillos les cobran 3,5 euros. Una verdadera extorsión", denuncia Angelo Cleopazzo, vicepresidente de la asociación Diritti a Sud ("Derechos en el Sur"), con sede en Nardo (Apulia).
Muchos de los trabajadores viven en barrios marginales, en terrenos al aire libre, unos "güetos", sin acueducto ni alcantarillas.
"Es inhumano", protesta Bilongo, quien ha denunciado también la violencia e incluso la agresión sexual contra las mujeres.
Su extrema vulnerabilidad a menudo les impide denunciar esta explotación. Sin embargo, en agosto de 2018, cientos de ellos manifestaron su indignación y rabia en Foggia (Apulia), después de la muerte de 16 trabajadores en un accidente automovilístico.
Todos los veranos se registra la muerte de varios trabajadores en los campos, en general debido a la ola de calor y la insolación.
Para Bilongo no ha faltado la intervención de la policía así como la apertura de investigaciones judiciales, gracias a una ley del 2016 que ataca el fenómeno del "corporalato".
Pero el sindicalista lamenta que no se apliquen las medidas preventivas para luchar contra ese fenómeno.
La ley establece la creación de "una red de trabajo agrícola de calidad", con compromisos y controles por parte de los operadores, algo que no se aplica a nivel local.
Esas redes deberían, por ejemplo, organizar el transporte para que los trabajadores no dependan de los caporales.
"Pero hay mucha resistencia", reconoce Bilongo.
Los sindicatos Flai-CGIL, como Coldiretti, la principal organización agrícola, así como los mismos trabajadores, consideran que una de las causas de esa injusticia son las exigencias de la grande distribución.
"Son entre los responsables ya que imponen precios muy bajos", asegura Cleopazzo, que denunció la infiltración de la mafia en ese sector y la escasa acción de la justicia.
Según Coldiretti, la "agro-mafia", presente desde la producción hasta la distribución gracias al control del sistema de transporte, ha aumentado su volumen de negocios de un 12,4% en 2018, llegando a facturar 24.500 millones euros (27.110 dólares)
A nivel local se está comenzando a implementar otro modelo de desarrollo. Goel, un grupo de cooperativas de Calabria fundado en 2003, ayuda a los agricultores a vivir mejor con sus propios productos y a resistir a la mafia.
Lanzado en 2015 por las asociaciones Diritti a Sud, Solidaria y SfruttaZero (Cero Explotación), ahora se produce salsa de tomate sin productos químicos y los 20 trabajadores tienen un contrato regular, son pagados a tiempo y se les proporciona transporte gratuito, así como bocadillos y agua.
SfruttaZero vende, a través de sus propios circuitos, sus botellas de tomate a tres o cuatro euros, contra los 90 centavos en general con que se venden en los supermercados.
Y no tiene dificultades para venderlas, ya que los consumidores son cada vez más sensibles a los problemas éticos y ecológicos y prefieren pagar más a cambio de justicia social y respeto del medio ambiente, asegura Cleopazzo.

miércoles, 24 de julio de 2019

Sigue la explotación laboral de extranjeros ilegales en la Región de Murcia también en la Hostelería

MURCIA.- La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un año de prisión y multa de 360 euros a un hombre y una mujer, dueños de un restaurante, por imponer condiciones ilegales de trabajo a cuatro empleados extranjeros, a uno de los cuales, además, el primero agredió con una escoba cuando le reclamó los 750 euros que le debía.

La sentencia señala que los acusados reconocieron los hechos al iniciarse el juicio oral contra ellos y se conformaron con cumplir la pena acordada por el fiscal y la defensa.
Afirma la sala que los hechos se produjeron desde enero de 2013 hasta agosto de 2016, cuando los acusados, que regentaban un restaurante ubicado en Murcia, emplearon a varios trabajadores extranjeros que se encontraban en situación irregular en España y a otros empleados con permiso de trabajo.
Y añade que "abusando de la situación de necesidad en la que los mismos se encontraban, les imponían unas condiciones laborales claramente abusivas, no dándoles de alta en la Seguridad Social o bien dándoles de alta con una jornada laboral a tiempo parcial, cuando realmente prestaban servicios a jornada completa".
Además, no respetaban sus descansos diarios ni semanales, les pagaban de forma tardía, sin llegar al salario mínimo, los sometían a un trato vejatorio, con gritos o insultos, y no les abonaban los finiquitos a la terminación de las prestaciones correspondientes.
Además, el varón agredió con una escoba a uno de ellos, de origen senegalés, cuando este le reclamó los 750 euros que le debía y al que causó lesiones que tardaron en curar cinco días.
La sentencia ha condenado a cada uno de los acusados a un año de cárcel y multa de 360 euros, y en el caso de aquel, además, al pago de 60 euros de multa por un delito leve de lesiones, junto con la obligación de pagar una indemnización de 200 euros al perjudicado por las lesiones.
El tribunal ha acordado suspender por dos años la pena privativa de libertad a condición de que durante ese tiempo no vuelvan a delinquir y, además, en el caso de él, a que pague la indemnización citada.

jueves, 4 de julio de 2019

Las empresas murcianas se ahorran 374 millones por horas extras no pagadas ni cotizadas

MADRID.- Las empresas murcianas ahorraron el pasado año 2018 más de 374 millones de euros por las horas extras que hicieron sus empleados y que no fueron declaradas ni cotizadas, según se desprende de un estudio sobre la prolongación no retribuida de la jornada laboral realizado por CCOO.

Según recuerda el sindicato, la prolongación de la jornada laboral no retribuida incluye tanto las extensiones de jornada pactada que se convierten en habituales como las horas extraordinarias trabajadas.
En el caso de Murcia, han sido 36.115 los trabajadores afectados por esta situación, empleados que han hecho una media cada uno de ellos de 11,1 horas semanales de más a su jornada laboral.
Esto implica que los empleados murcianos 'regalaron' a sus empresas 401.303 horas de trabajo cada semana, lo que al cabo del año supone un ahorro para los contratadores de 374 millones, cantidad que deberían haber percibido sus trabajadores.

Teniendo en cuenta el perfil de los trabajadores, la mayoría de los afectados por la prolongación de la jornada laboral no retribuida son trabajadores con jornada pactada de 40 horas (70%); hombres (65%), con entre 30 y 49 años (63%); con contrato indefinido (82%), que trabaja en el sector servicios (74%) y desempeña ocupaciones técnicas y profesionales (42%).
Por regiones, la Comunidad de Madrid es la que registra el mayor coste laboral anual asociado a las horas no remuneradas y concentra el 28% del total (3.221 millones de euros). Por detrás, le siguen la Comunidad Valenciana (1.514 millones), Cataluña (1.465 millones) y Andalucía (1.423 millones de euros). La Región de Murcia se sitúa en el octavo lugar (374 millones).
Durante la presentación del informe, el secretario general del sindicato, Unai Sordo, ha puesto de relieve que esta forma de prolongación no retribuida de jornada es una de las fórmulas de precariedad y de fraude a la Seguridad Social.
«Estos datos avalan la necesidad de que en todas las empresas se articule un sistema efectivo para el registro obligatorio de la jornada de trabajo», ha apostillado Sordo, tras afirmar que el real decreto de registro de jornada, aunque es un avance, «no satisface» las pretensiones del sindicato.

sábado, 29 de junio de 2019

La Guardia Civil desarticula un grupo delictivo dedicado a explotar a trabajadores extranjeros en la Región

MURCIA.- La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Clarijob', una investigación orientada a esclarecer una serie de irregularidades laborales, que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo asentado en Archena, Molina de Segura y Murcia, cuyos cinco integrantes se dedicaban, presuntamente, a estafar y explotar a trabajadores extranjeros.

Efectivos del Equipo ROCA (contra robos en el campo) de la Benemérita iniciaron la operación el pasado mes de mayo, tras detectar ciertas irregularidades en una explotación agrícola. Los hechos tuvieron lugar en una finca de Abanilla donde los guardias civiles estaban realizando una serie de comprobaciones y detectaron cómo los jornaleros que estaban realizando las tareas de recolección del albaricoque emprendían la huida al percatarse de la presencia policial.
Los guardias civiles lograron interceptar e identificar a siete de los trabajadores fugados y verificaron que cuatro de ellos se encontraban en situación irregular en España, careciendo de permiso de residencia y trabajo para poder desarrollar la labor agrícola.
Las primeras pesquisas practicadas, orientadas a esclarecer la supuesta actividad delictiva detectada, permitieron averiguar que existía un grupo de personas, con estructura organizada y jerarquizada, que se dedicaba, presuntamente, a trasladar trabajadores en situación irregular desde Murcia a distintas fincas de la región.
El grupo estaba compuesto por cinco personas, tres de ellas trabajadoras de una empresa dedicada a la adquisición de fruta en fincas agrícolas, y otros dos más, gerentes de la empresa que compraba la fruta y de la empresa que se dedicaba a la manipulación y envasado de fruta.
Dos de los ahora arrestados, que eran pareja, se encargaban de captar a los trabajadores en situación irregular. Para ello publicaban anuncios ofreciendo trabajo por distintas redes sociales y mediante un tablón de anuncios en internet. Cuando alguna persona se interesaba por el trabajo y no tenían residencia en la región, les facilitaban alojamiento a cambio de una compensación económica.
Una vez habían captado al trabajador se mantenía un férreo control sobre el mismo, lo llevaban directamente desde su residencia hasta la finca para trabajar en jornadas que oscilaban de 10 y 14 horas diarias. También le amenazaban con dejarlo sin ir a trabajar cuando no se sometía a las estrictas directrices fijadas por la organización.
A los trabajadores en situación irregular les facilitaban fotos de documentos y datos de personas con situación regularizada en el país que estaban dados de alta en la Seguridad Social, con el fin de que se identificasen con ellos, en caso de ser requeridos por los inspectores o autoridades mientras estaban en las fincas trabajando.
Los integrantes del grupo delictivo se lucraban, presuntamente, de los trabajadores que llevaban hasta las fincas, ya que cuando les abonaban su salario le descontaban alrededor de 20 euros diarios por transporte, gestión de su documentación y un supuesto seguro médico, entre otros conceptos.
Además, si efectuaban más de 12 horas de trabajo en una jornada, no cobraban las horas extra. Se estima que el grupo delictivo ahora desmantelado gestionaba alrededor de una treintena de jornaleros diariamente.
Otro de los arrestados, empleado de la empresa que adquiría la fruta, se dedicaba a trasladar a los trabajadores de unas fincas a otras, para la gestionar la recolección. Éste era el encargado del control de los trabajadores y de verificar que estos estuviesen legalmente en España, con permiso de residencia y trabajo, ya que es quién debía de hacer los partes de trabajo en el campo, que posteriormente llevaría a las oficinas de la empresa para el pago de los jornales.
Los guardias civiles establecieron una serie de dispositivos de vigilancia sobre los sospechosos para obtener todas las evidencias posibles sobre la actividad delictiva investigada.
Fruto del dispositivo se logró averiguar que la organización estaba trasladando a los trabajadores explotados hasta una finca del término municipal de Jumilla, por lo que se planificó una inspección con la finalidad de constatar los hechos.

Colaboración de Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia
Durante la inspección, en la que la Benemérita contó con la colaboración de inspectores de trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia, se verificó la situación de 28 trabajadores, todos ellos trasladados por los investigados, de los cuales 14 se encontraban en situación irregular.
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha localizado y detenido/investigado a los cinco integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa.

Ingreso en prisión de uno de los arrestados
Los detenidos/investigados de nacionalidad española, italiana, marroquí y ecuatoriana, con edades comprendidas entre los 33 y los 52 años, y residentes en Archena, Molina de Segura y Murcia, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Jumilla, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.

miércoles, 9 de enero de 2019

Jóvenes de CCOO: "El fraude vinculado a las prácticas no laborales es escandaloso y resulta imprescindible atajarlo con urgencia"

MURCIA.- A juicio de Jóvenes CCOO, el Real Decreto ley 28/2018 por el que el Gobierno asegurará que las empresas, instituciones o centros de formación den de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales, constituye una herramienta útil para reconocer el esfuerzo formativo de la juventud y poner coto a los abusos y el fraude existente.

Como resultado de las exigencias sindicales en el marco del Acuerdo de Pensiones de 2011 y de la posterior batalla legal emprendida por CCOO en los tribunales, quienes se encontraban desarrollando prácticas con algún tipo de ayuda económica pasaron en los últimos años a ser dados de alta en la Seguridad Social con el objeto fundamental de contribuir a completar carreras de cotización a quienes retrasan su incorporación al mercado de trabajo, prolongando su periodo formativo. 
Sin embargo, quienes, desarrollando también prácticas no laborales, no recibían ninguna contraprestación económica siguen sin poder cotizar por ninguno de los conceptos previstos, ya de por sí limitados en relación a los de cualquier trabajador en alta en el Régimen General.
La reciente iniciativa del Gobierno, que pretende responder a peticiones de CCOO, así como de otras organizaciones estudiantiles y juveniles, debe servir para detectar mejor y de forma eficaz la utilización fraudulenta de las becas para encubrir lo que deberían ser contratos laborales, además de contribuir a mejorar las carreras de cotización de quienes -desde el momento de su entrada en vigor- desarrollen prácticas no laborales con o sin compensaciones económicas, así como de quienes las desarrollaran en el pasado y quieran ahora recuperar con carácter retroactivo hasta dos años de cotización a la Seguridad Social.
Lo fundamental de la medida, no obstante, es que situará en el mapa a la totalidad de los llamados 'becarios', dado que deberán ser dados de alta con independencia de si reciben o no algún tipo de ayuda. 
Saber cuántos son; en qué empresas, instituciones o universidades se encuentran, o si reciben o no contraprestaciones permitirá a las Administraciones Públicas y a los sindicatos detectar con más facilidad una realidad en muchos casos fraudulenta, que encubre lo que deberían ser relaciones de trabajo asalariado bajo la plena cobertura del Estatuto de los Trabajadores.
El coste que las empresas o instituciones deberán asumir por la cotización es tan reducido (inferior a los 40 euros mensuales) que no cabe alegar, como ha hecho la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), una disminución previsible y relevante de la oferta de prácticas curriculares.
Jóvenes CCOO lleva años reclamando, con otras organizaciones sindicales y sociales, un nuevo marco regulatorio para las prácticas no laborales que garantice su carácter formativo y permita combatir eficazmente el fraude. 
Por una parte, a través de la creación de un 'Estatuto del Becario' que asegure una formación de calidad tutorizada, con ayudas económicas y adecuadamente reglamentada a quienes deben desarrollar prácticas curriculares para completar su itinerario académico. 
Y por otra, a través de la supresión de las prácticas extracurriculares (aquellas no vinculadas al currículo académico del estudiante), transformándolas en contratos de trabajo dotados de todos los derechos asociados a una relación laboral.

miércoles, 3 de enero de 2018

Cinco detenidos por prostituir a mujeres y traficar con drogas en un club de alterne de la Región

MURCIA.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntos autores de un delito relativo a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

A finales del pasado mes de octubre, la Policía Nacional tuvo conocimiento de la denuncia presentada por una mujer a través del Teléfono gratuito de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, el número 900.105.090, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
La denunciante manifestaba que se encontraba retenida desde hacía una semana en un club de alterne de la Región donde se encontraba ejerciendo la prostitución. Además indicaba que recientemente había sido agredida por los dueños y personal de este club como consecuencia de una presunta deuda de 1.000 euros que tenía con los mismos.
Dada la gravedad de los hechos, la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia articuló un dispositivo de inspección policial en ese establecimiento con el principal objetivo de auxiliar a la denunciante.
Durante la intervención, la víctima objeto de este dispositivo, fue trasladada al objeto de que recibiese atención sanitaria y psicosocial con la ayuda de la ONG Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) de Murcia. La denunciante presentaba graves lesiones por la agresión sufrida requiriendo de intervención quirúrgica para su curación.
De las distintas declaraciones aportadas por las mujeres halladas en este establecimiento donde las mismas desarrollaban actividades de alterne y prostitución, se pudo constatar que ninguna poseía contrato laboral y eran controladas por los dos propietarios, un portero y dos camareras que llevaban la contabilidad de los servicios sexuales. 
Todas las chicas debían pagar por alojarse en este local donde se encontraban sujetas a un sistema de normas; su incumplimiento daba lugar a la imposición de sanciones económicas que a su vez generaban deudas con intereses por lo que eran complejas de saldar.
Los responsables del club se lucraban directamente del ejercicio de la prostitución de estas mujeres al quedarse con un porcentaje de los beneficios económicos derivados de estas actividades. Además los trabajadores de esta establecimiento complementaban la principal actividad de prostitución con el suministro de sustancia estupefaciente a los clientes, concretamente cocaína.
Los agentes policiales han procedido al arresto escalonado de las cinco personas implicadas: tres hombres de nacionalidad española de edades comprendidas entre los 27 y los 32 años, y dos mujeres de nacionalidad colombiana y dominicana, de 26 y 52 años respectivamente.  Esta intervención ha sido desarrollada por la Policía Nacional a través de su Jefatura Superior de Policía en la Región de Murcia.