La CARM somete a consulta pública la futura Ley regional de Apoyo a las Familias

 MURCIA.- La Comunidad de Murcia (CARM) somete a consulta pública la futura ley que permitirá que las familias de la Región de Murcia dispongan de mayor protección social, así como de medidas que ayuden a mejorar su calidad de vida y su reconocimiento en cualquier ámbito de la sociedad.

La Administración regional inició este viernes el proceso participativo a través del portal web de Transparencia para que los ciudadanos y colectivos de interés puedan exponer sus opiniones, propuestas y sugerencias al desarrollo de la nueva Ley regional de Apoyo a las Familias.

El período de participación finalizará en los siguientes quince días hábiles desde la fecha de apertura, por lo que el plazo de consulta concluirá el próximo 22 de marzo.

La nueva normativa establecerá un marco jurídico que permitirá desarrollar actuaciones que garanticen el respeto de los derechos de todos los miembros de la familia, especialmente de aquellos que son más vulnerables, e incluso establecer medidas que influyan en la mejora del bienestar de cualquier tipología de familia, ya sea con necesidades especiales, numerosas, monoparentales o acogedoras.

Además, dicho marco legal apostará por garantizar una política coordinada e integral de atención a las unidades familiares por parte de las Administraciones Públicas e incidirá en favorecer la conciliación personal y profesional, el incremento de la natalidad, así como el ejercicio positivo de la maternidad y la paternidad.

Destaca además que se establecerán medidas que permitan prevenir y reducir cualquier conflicto o actitud violenta en el entorno familiar y de fomentar la solidaridad intergeneracional, poniendo en valor el importante papel que desempeñan los abuelos dentro de la sociedad.

El conjunto de actuaciones que recogerá la normativa incluirá las medidas de carácter universal de protección a las familias, y otras específicas para aquellas que por su composición o circunstancias propias requieran de apoyos adicionales para su pleno desarrollo como personas y como unidad familiar.

La nueva Ley de Simplificación agilizará proyectos y atraerá nuevas inversiones a la Región, dice la CARM

 MURCIA.- El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha mantenido un encuentro con representantes de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), en el que se han analizado asuntos estratégicos para dinamizar la economía regional y seguir impulsando el crecimiento del tejido empresarial.

Así, se ha abordado el desarrollo de la nueva Ley de Simplificación Administrativa, "que será una refundición de las tres leyes anteriores, incorporando nuevos aspectos para agilizar proyectos y atraer nuevas inversiones a la Región", ha destacado López Miras, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota.

El Gobierno regional "trabaja de manera intensa" en la elaboración de la norma, para lo que ya mantiene encuentros de trabajo con colectivos y organizaciones empresariales, económicas y sociales. En referencia a los plazos, el presidente ha informado de que "estamos avanzando para que esta ley pueda ver la luz en el primer trimestre de este año".

El texto resumirá las tres leyes anteriores de simplificación administrativa y seguirá en el camino de hacer de la Región de Murcia "un espacio de libertad económica en el que sea cada vez más fácil iniciar un negocio y generar empleo de calidad", ha añadido el jefe del Ejecutivo.

"Esa ley será, sin duda, una de las fortalezas de nuestra Región, tanto para impulsar la creación de empresas como para atraer nuevas inversiones", ha afirmado López Miras. Además, la norma actuará como "una herramienta para crear seguridad jurídica y, por tanto, generar estabilidad y certidumbre".

Para ilustrar el escenario de desarrollo económico de la Región de Murcia, López Miras ha recordado que los últimos datos de empleo reflejan que "estamos haciendo las cosas bien, ya que nunca antes habían trabajado tantas personas como a día de hoy". 

En concreto, la reciente Encuesta de Población Activa refleja que la Región de Murcia cuenta actualmente con casi 675.000 trabajadores ocupados, el máximo de la serie histórica.

Los agricultores y pescadores españoles piden detener la ley europea de Restauración de la Naturaleza

 

MADRID.- Los agricultores y pescadores europeos han pedido al Parlamento Europeo que rechace la última locura que sale de Bruselas: la ley de Restauración de la Naturaleza. Esta norma obliga a los Estados a reparar todos los ecosistemas antes del año 2050 y reducir a la mitad el uso de plaguicidas antes del 2030. El mundo rural denuncia que se trata de una amenaza directa contra los cultivos y los caladeros por parte de un plan "irrealista que atenta contra la viabilidad del sector primario".

La Comisión Europea propuso el año pasado una ley de Restauración de la Naturaleza, introduciendo nuevos objetivos y obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros, que también influyen en los sectores de producción del sector primario. El objetivo según la UE es "restaurar los humedales, ríos, bosques, pastizales, ecosistemas marinos y entornos urbanos de la UE y las especies que albergan".

Según un comunicado publicado por Asaja, "la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto que no representa con precisión el impacto real en los productores primarios en Europa, sino que se centró en los beneficios que tendrá para la sociedad". O lo que es lo mismo, propone cambios drásticos en el campo y en el mar sin haber echado cuentas de las pérdidas económicas que podría suponer.

Además, señala Asaja, la Comisión "espera que todas las restauraciones procedan de los fondos de la PAC o del Fondo Pesquero y marítimo de la UE, cuando ambos presupuestos ya están sobrecargados; y se niega a proponer un Fondo de Restauración concreto en beneficio de todos los actores de esta transición".

Las comisiones de pesca y agricultura rechazan la ley

En un movimiento sin precedentes, las Comisiones de Agricultura (AGRI) y Pesca (PECH) del Parlamento Europeo rechazaron la propuesta. Todos los miembros del Parlamento Europeo que apoyaron el rechazo dijeron sí a la restauración de la naturaleza, pero no a una legislación mal pensada, "poco realista e inaplicable que pone en peligro los medios de vida y la producción de alimentos" de los agricultores y pescadores en la UE, según recoge www.libremercado.com.

Aún así, la decisión no depende de ellos. Será la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) del Parlamento Europeo la encargada de tomar la decisión final este jueves 15 de junio. Los agricultores y pescadores piden desesperadamente que se les escuche y se les respete y también exigen a la Comisión que reanude el proceso desde cero porque estos sectores se están enfrentando "a políticas medioambientales radicales de la UE que están afectando profundamente a la producción de alimentos y a la soberanía alimentaria de la UE."

- Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2023-06-13/los-agricultores-y-pescadores-piden-detener-el-ultimo-delirio-europeo-la-ley-de-restauracion-de-la-naturaleza-7024702/Desde Copa-Cogeca, los representantes de agricultores y cooperativas agrícolas europeas, insisten en que "una buena Ley de Restauración de la Naturaleza no puede diseñarse sin el claro compromiso de los agricultores y pescadores". Y piden a las autoridades de la UE que "en lugar de amenazas y acuerdos encubiertos" se respete a los que tienen que poner en práctica esta ley, ya que no la consideran "factible, viable ni implementable". - Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2023-06-13/los-agricultores-y-pescadores-piden-detener-el-ultimo-delirio-europeo-la-ley-de-restauracion-de-la-naturaleza-

Desde el sector de la pesca, Javier Garat, presidente de Europêche, comentó: "La Comisión ha creado un debate polarizado en torno a la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE. Del mismo modo, las ONG han politizado y simplificado el debate enumerando a los eurodiputados a favor o en contra de la naturaleza. 

Pero el problema es que hemos llegado a un punto en el que la protección es sinónimo de exclusión. Debemos intentar compatibilizar la protección del medio ambiente con la actividad humana y, en particular, con la tan necesaria producción de alimentos. Ya estamos importando el 70% de los productos del mar que consumimos en Europa. La nueva Ley sin duda contribuirá a aumentar la brecha de seguridad alimentaria".

¿Qué propone la ley de Restauración de la Naturaleza?

En unos términos muy poco concretos, la propia Comisión Europea asegura que la ley "desarrollará las experiencias existentes en materia de restauración de la naturaleza, como la renaturalización, la replantación de árboles, la ecologización de las ciudades y las infraestructuras o la eliminación de la contaminación para permitir la recuperación de la naturaleza".

Con respecto al impacto económico, las autoridades europeas señalan que "la restauración no excluye la actividad económica. La restauración consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades".

Los objetivos propuestos incluyen que haya más poblaciones de polinizadores (reduciendo a la mitad el uso de plaguicidas para 2030), que no haya ninguna pérdida neta de espacios verdes urbanos y que haya una cubierta mínima de árboles del 10% en todas las ciudades para 2050, así como "espacios verdes integrados en edificios".

Con respecto a las tierras de cultivo, no especifica nada en absoluto sobre la producción. La prioridad es el "aumento global de la biodiversidad y tendencia positiva para las mariposas de pradera, las aves de medios agrarios, el carbono orgánico en los suelos minerales de las tierras cultivadas y los elementos paisajísticos de gran diversidad en las tierras agrícolas".

También insiste en la destrucción de presas y embalses a través de la "eliminación de las barreras fluviales para que al menos 25.000 km de ríos pasen a ser ríos de caudal libre de aquí a 2030". Con respecto al mar, el objetivo es restaurar "las praderas marinas o los fondos sedimentarios, y restauración de los hábitats de especies marinas emblemáticas, como delfines y marsopas, tiburones y aves marinas".

Según el sector rural, el "turbulento" debate sobre la nueva ley ambiental dejó una cosa clara: "Para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, la UE debe dar una respuesta directa a la pregunta fundamental: ¿Cuántos alimentos debe producir o importar la UE y es prudente confiar nuestra seguridad alimentaria a terceros países?"

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Se abre en España el procedimiento de elaboración del Real Decreto para la creación de la Red estatal de vigilancia de salud pública

MADRID.- Se ha abierto en España el procedimiento de elaboración del Real Decreto para la creación de la Red estatal de vigilancia de salud pública, disponiendo de posibilidad de realizar alegaciones hasta el 2 de marzo de 2022 y va incluida la vacunación obligatoria cada pocos meses por lo que si la gente se opone es algo que podría pararlo.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento a través de un correo electrónico que se abre para este fin (normativa_dgsp@sanidad.gob.es) por favor compartirlo y realizar alegaciones porque siguen buscando el imponer sus dictaduras.

El PDF se puede descargar con el siguiente enlace

https://t.me/despertandomentescovidlaverdad/701

El cardenal Parolín achaca leyes como la eutanasia en España a una "pérdida de razón" más que de fe en Europa

CIUDAD DEL VATICANO.- El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, considera que los cambios atropológicos que se están dando en Europa responden "antes que a una pérdida de fe, a una pérdida de razón". 

"Yo siento mucho la pérdida de la fe en nuestra Europa, en nuestra cultura, en nuestros países y estos cambios antropológicos que se están dando perdiendo la identidad de la persona humana, antes que una pérdida de fe yo diría que es una pérdida de razón", ha dicho preguntado por el surgimiento de nuevas legislaciones que se alejan de raíces cristianas como la eutanasia en España.

En una entrevista con la COPE española, Parolin ha avisado que esta secularización es "un gran problema" en Occidente y, en particular, en Europa, y la ha achacado a esa pérdida de razón. "¿Por qué? Lo dice muchas veces el Papa. Me impactó mucho. Dice por ejemplo: la cuestión del aborto no es una cuestión religiosa. Lo es ciertamente también para nosotros, cristianos, desde el principio, desde los primeros documentos de la Iglesia, hay un rechazo total del aborto pero es un argumento de razón", ha manifestado.

Así, ha señalado que la evangelización solo puede darse a través del "testimonio" de los creyentes. "Hoy en día no se puede imponer nada sino ofrecer a partir de un testimonio coherente y convencido de vida cristiana", ha asegurado.

En su opinión, la situación actual puede compararse "con los primeros siglos de la Iglesia, cuando llegaron los apóstoles y los primeros discípulos en una sociedad que no tenía valores cristianos", y en la que, "a través del testimonio de las primeras comunidades, lograron cambiar la mentalidad e introducir los valores del Evangelio en la sociedad de entonces".

Por otro lado, ha admitido que hay "motivos para la preocupación" ante consideraciones que se creían superadas en la Iglesia como la existencia de alas conservadoras o progresistas. "Creo que cualquier persona que ve la situación hoy de la Iglesia tiene que preocuparse de estas cosas porque están ahí (...). Hay motivos para la preocupación. Probablemente el problema nace de que el Papa hace mucho hincapié en la reforma de la Iglesia y hay mucha confusión sobre este tema porque la reforma de la Iglesia tiene que considerar los diferentes aspectos y no hay mucha claridad sobre estos aspectos", ha señalado.

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Parolin ha precisado que hay un nivel que no se puede cambiar: la estructura de la Iglesia, que es "el depósito de la fe, los sacramentos, el ministerio apostólico"; pero hay otra parte inherente a que la Iglesia, que "está hecha por hombres pecadores" que "necesita renovarse continuamente". 

"A veces estas divisiones y estas contraposiciones nacen de la confusión de estos niveles", ha manifestado.

UGT: hay aspectos de la reforma laboral que se pueden derogar ya sin contar con los agentes sociales

MADRID.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este miércoles que hay aspectos de la reforma laboral que se pueden derogar sin contar con el diálogo social, como es el caso del artículo 52, apartado 'd', del Estatuto de los Trabajadores, que justifica el despido objetivo de un trabajador que falte el 20% o más de días laborables en su centro de trabajo de forma justificada durante dos meses.

En esta línea, Álvarez ha apuntado que la actuación de la CEOE, ante el despido de centenares de miles de personas por acumulación de bajas, "no es de recibo". Además, considera que la patronal debería pensar en las personas y ha afirmado que derogar este artículo "no es objeto de debate", porque "cuando hay grandes injusticias, hay que cortarlas de raíz". 

"He notado una falta de un mínimo de humanidad por parte de la CEOE al no reprochar a las empresas que hayan despedido a trabajadores por esta cuestión. Este país no se puede convertir en una jungla en el que una persona por estar más de ocho meses de baja pueda ser despedida", ha apostillado.

Asimismo, también considera que se puede aprobar ya, sin esperar al diálogo social, la derogación de las reformas de pensiones de 2013 y volver a la situación que había en 2011, que fue consensuada tanto por la patronal como por los sindicatos. Así, ha afirmado que le gustaría que estas dos cuestiones se derogaran en el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo.

En un encuentro con los medios, Álvarez ha dejado claro que el Gobierno tiene que ser consciente de que la derogación de las reformas laborales, negociada con agentes sociales, es una condición "necesaria" para poder entrar a discutir y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

"UGT quiere formar parte del cambio y creemos que es oportuno que los sindicatos podamos dialogar, discutir, negociar y, si es posible, acordar con el Gobierno aquellos elementos fundamentales que nos hagan conseguir que nuestro país sea un país en el que la redistribución de la riqueza, la recuperación de derechos y libertades sean elementos fundamentales", ha dejado claro. Por el contrario, ha insistido en que lo que sí que habrá que discutir con los agentes sociales es el futuro de la Seguridad Social.

Sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Álvarez ha pedido al Gobierno que los convoque de manera "inmediata" para hablar del aumento de este año y para negociar que este se sitúe en el 60% del salario medio a final en esta legislatura. En otras ocasiones, el máximo representante de la organización sindical ya había dejado claro que su propuesta para este año sería la de establecer un salario mínimo de 1.000 euros.

Por otro lado, ha instado a recuperar "la plena potencia" de la negociación colectiva, porque va a ayudar a la propia recuperación de la economía y a que se redistribuya la riqueza. También cree que en las reformas del Gobierno se debe incluir además la lucha contra el fraude fiscal.

En materia fiscal, Álvarez afirma que subir dos puntos el IRPF a las rentas que ganan más de 130.000 es una medida "de justicia social" para hacer frente a las necesidades de las personas que no tienen nada. 

Asimismo, ha destacado que las medidas que se van a aprobar no van a ir en contra del crecimiento económico ni la creación de empleo, sino hacia "un crecimiento más serio". También ha subrayado que la CEOE no está preocupada por la situación de la economía española ni de los españoles.

"La patronal está preocupada por si algunos de sus representados van a poder seguir despidiendo de la manera que lo hacen, seguir teniendo los beneficios escandalosos que tienen o por si sus empresas van a poder continuar eludiendo impuestos o van a seguir pagando unos impuestos que están lejos de lo que se paga en la Unión Europea", ha remarcado. 

En general, sobre el programa económico acordado entre el PSOE y Unidas Podemos, Álvarez ha dejado claro que es positivo y que ahora se trata de que este programa no se haga de manera unilateral y que cuente con negociación.

Coordinación entre ministerios

Sobre el hecho de que posiblemente haya "muchos ministerios", Álvarez ha instado al Gobierno a que haya coordinación entre ministerios similares para que las políticas tengan "cierta homogeneidad". 

"Es bueno que haya coherencia en las políticas y que Seguridad Social y Trabajo estén juntas tiene sentido, porque hay cuestiones que difícilmente se van a poder desgajar de un Ministerio para llevarlo a otro", ha resaltado.

Preguntada sobre cómo valoraba el hecho de que Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, pueda ser la próxima ministra de Trabajo, Álvarez ha afirmado que es una persona que cuenta con experiencia, conocimiento y con sensibilidad para poder asumir cualquier cartera en el próximo Gobierno.

El registro de la jornada laboral entra hoy en vigor

MADRID.- Hoy entra en vigor el registro de la jornada laboral que obliga a todas las empresas a anotar diariamente las horas de trabajo de sus empleados con el objetivo de controlar posibles excesos de jornada.

Este registro debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada empleado por el mecanismo que cada empresa acuerde con los representantes de los trabajadores o en su defecto, el que decida el empresario, y que puede ser desde manual hasta biométrico.

El Ministerio de Trabajo ha aclarado que el modelo de registro deberá ofrecer fiabilidad y acreditar que no es manipulable y que en él tendrán que constar, cuando estén reguladas en la empresa, las pausas y descansos de los trabajadores para que no computen como tiempo efectivo de trabajo.

Estos registros deberán conservarse durante cuatro años y estar disponibles para el trabajador, sus representantes sindicales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No tenerlos será motivo de sanción grave con multa de entre 626 y 6.250 euros.

La Inspección de Trabajo comenzará a exigir los registros desde el lunes 13 de mayo, aunque dará a las empresas un margen (no más de un mes) si ve buena voluntad y que está negociando con los representantes de los trabajadores.

¿Qué razas de perros se consideran como potencialmente peligrosas según las comunidades autónomas?

MADRID.- A pesar de que la mayoría de autonomías trasladan la normativa estatal sobre perros peligrosos, otras como Castilla y León, Cantabria o Cataluña tienen su propia normativa en la que añaden nuevas razas al listado.

Son considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales “que pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas” y aquellos “incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas”, tal y como define el artículo 2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre de Régimen Jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Así, las razas caninas que prevé la ley como potencialmente peligrosas en ámbito nacional son ocho, a saber: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffodshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu. Sin embargo, esta denominación no solo se limita a estas razas o sus cruces, sino que hay ciertas características que pueden adquirir esta condición. Estas características están contempladas en la segunda parte de la normativa: el Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo. Tenencia de animales de la especie canina potencialmente peligrosos.

Son aquellos que cumplan todas o la mayoría de las siguientes características: una fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia; con marcado carácter y gran valor; pelo corto; un perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg; una cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda; un cuello ancho, musculoso y corto; pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto; y extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

No obstante, esta normativa no se aplica a perros guía o perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos. Sin embargo, las Comunidades Autónomas tienen su propia legislación al respecto de los animales potencialmente peligrosos. En su mayoría reproducen la normativa estatal, pero otras añaden o quitan razas al listado.

Perros potencialmente peligrosos por Comunidades Autónomas

En este sentido, las Comunidades Autónomas se dividen en dos: aquellas que han decido trasponer la normativa estatal considerando como perros potencialmente peligrosos (PPP) los mismos que considera el Gobierno, y aquellas que añaden razas o restan.

El primer grupo es el más numeroso: incluye hasta diez Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla. Aragón, Asturias, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco, Región de Murcia, Ceuta (excluye al rottweiler) y Melilla consideran las mismas ocho razas caninas como potencialmente peligrosas.

Sin embargo, las autonomías restantes sí han hecho algunos cambios. Castilla y León es la que menos variaciones hace, ya que introduce como raza potencialmente peligrosa el dogo del Tíbet, aunque excluye el akita inu con respecto a la normativa nacional. Andalucía hace lo mismo al incluir el doberman y el american bully.

Cantabria, por su parte, incluye el bóxer, el bullmastiff, el doberman, el dogo de Burdeos, el dogo del Tíbet, el mastín napolitano, el presa canario y el presa mallorquín. Excluye de la lista el american staffodshire terrier, el tosa inu y akita inu.

En Cataluña son considerados como peligrosas las siguientes razas: american bully, bullmastiff, doberman, dogo de Burdeos, mastín napolitano, presa canario y Staffordshire terrier americano. Así, discordan de la normativa estatal en el akita inu.

En la Comunidad Valenciana lo son: el perro de presa mallorquín, el perro de presa canario, el bullmastiff, el bull terrier, el dogo de Burdeos, el doberman y el mastín napolitano. En este caso, tampoco consideran peligroso el akita inu.

En Extremadura se añaden: bullmastiff, doberman, dogo de Burdeos, mastín napolitano y presa Canario. Y en Galicia, por su parte, suman a la normativa estatal: bullmastiff, doberman, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, mastín napolitano, presa canario y presa mallorquín.

El Congreso ultima un pacto de Estado por la infancia: ayudas de hasta 1.200 euros y más plazas en educación infantil

MADRID.- En unos tiempos en los que el consenso en la política española ha estado en entredicho, los grupos parlamentarios han encontrado el acuerdo en una cuestión considerada importante a nivel social: la protección de la infancia. Una área en la que además se ha implicado el Ejecutivo desde su llegada a Moncloa, recuerda 20minutos.

Así, el Congreso ha pactado una propuesta a través de la cual instará al Gobierno de Pedro Sánchez a alcanzar un pacto de Estado por la infancia. Este martes la idea se debatirá en el pleno, pero ya cuenta de antemano con la aprobación de todos los grupos, que han firmado una PNL.

Los portavoces de todos los grupos respaldan el acuerdo con el objetivo de que los niños y niñas cuenten con "un sistema de protección suficiente" para garantizar "el ejercicio de todos sus derechos". 

La propuesta se divide en tres ejes: materia de inversión, materia educativa y materia de protección.

1.200 euros por menor

La iniciativa reclama un compromiso de incremento progresivo de la inversión en infancia hasta alcanzar la media europea. En concreto, se contempla la implementación progresiva hasta 2022 de una nueva prestación económica directa de 1.200 euros anuales para los niños y niñas en situación de pobreza.

Se trataría de una prestación no contributiva con cargo a la Seguridad Social y que será compatible con la actual prestación por hijo menor de edad con una discapacidad mayor del 33% y otras ayudas sociales y educativas dirigidas específicamente a los niños y niñas.

Según los estudios realizados, beneficiaría a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18% y las de pobreza infantil severa en un 30%. 

Más plazas en educación infantil

Por otra parte, el pacto incluye medidas de tipo educativo. Habrá un aumento progresivo de la oferta de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, a través de una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas publicas en escuelas infantiles, que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos. De esta manera la tasa de escolarización en educación infantil se situaría en el 40,26%.

Además, otro de los objetivos ampliar la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44% del PIB en 2022. Esto podría hacerse, sobre todo, en las etapas obligatorias y postobligatorias no universitarias. 

Más allá de eso, se revisarán loscriterios de concesión para que el alumnado por debajo del umbral de la pobreza tenga derecho a las máximas cuantías y que estas sean suficientes para cubrir los costes educativos.

"Sigue la línea del Gobierno"

La portavoz socialista de Infancia y Adolescencia, Sonia Ferrer, señaló que esta iniciativa está "en consonancia con el compromiso del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez de que esta sea la legislatura de la Infancia; de colocar la infancia y la lucha contra la pobreza infantil en la agenda política".

Ferrer explicó a 20minutos que su grupo parlamentar es "parte protagonista en este acuerdo" y se mostró satisfecha del consenso alcanzado. "Nos reunimos con todos los grupos y también con plataformas por la infancia, estamos ante una cuestión de Estado", desgranó. La posición del PP en un primer momento fue de rechazo, pero posteriormente se sumaron, algo que Ferrer acepta de buen grado. Desde los populares comentaron que se sumaron "por responsabilidad". Eso sí la diputada lanza un aviso: "Para que esto salga adelante se tienen que aprobar los Presupuestos".

La diputada de Ciudadanos, Virginia Millán respalda el pacto pero fue muy crítica con el Ejecutivo de Sánchez. "Esta iniciativa sienta las bases de un pacto. Un pacto de carácter político, con un compromiso real que no se base únicamente en gestos que persiguen el marketing político", dijo, y valoró el Alto Comisionado contra la pobreza infantil como un "un artefacto propagandístico sin dotación presupuestaria". 

Puso en valor además el trabajo de la formación naranja: "Muchos de los objetivos finales de este Pacto han empezado a andar con nuestras medidas. Escuelas infantiles, aumento de permisos de paternidad y equiparación con los permisos de maternidad".

La portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, contó a este medio que su grupo se alegra del acuerdo en el Congreso pero piden "hechos". Asimismo, recordó que ellos fueron los primeros en pedir un pacto de Estado por la infancia "en un momento en el que el 30% de los niños y niñas viven en riesgo de pobreza o pobreza extrema". De nuevo, apeló a la aprobación de las cuentas. "Hay que aprobar los Presupuestos porque esta medida es muy urgente", concluyó.

CCOO amenaza con movilizaciones si en enero no se deroga la reforma laboral

MADRID.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado hoy al Gobierno a impulsar cuanto antes la derogación parcial de la reforma laboral y ha advertido de que si no lo hace en enero los sindicatos llamarán a la movilización.

En declaraciones a la Cadena Ser, Sordo ha dicho que ve complicado que la derogación de aspectos "centrales" de la reforma laboral de 2012 vaya a ocurrir en los pocos días que quedan de año.

Sin embargo, ha dicho que no le cabe "ninguna duda" de que esta cuestión se habrá "resuelto" en enero, y ha añadido que, de lo contrario, "las organizaciones sindicales vamos a manifestar nuestro descontento con un nivel de movilización creciente".

Así, espera recibir durante estos días una llamada del Gobierno para avanzar en la concreción legislativa del preacuerdo que a este respecto se alcanzó en la mesa de diálogo social con UGT y el Gobierno, y del que la patronal CEOE dijo haberse enterado por la prensa.

Sordo ha rechazado que CEOE hubiera sido excluida de las negociaciones y ha reconocido que se trata de "un encontronazo que hemos tenido bastante fuerte" entre los líderes de ambas organizaciones, que en los dos casos llevan poco tiempo al frente de ellas.

"CEOE nos acusó de haberle excluido de las negociaciones, cosa que no es en absoluto cierta, porque ha participado de todas las negociaciones (...) aunque no haya llegado a consensuar" los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos, ha explicado el líder sindical, que considera que la patronal "está sobreactuando".

"El hecho de que en España crezca la economía y no se estén recuperando en la misma medida los salarios tiene mucho que ver con los efectos de una reforma laboral pensada para la caída de los salarios", ha defendido.

Por ello, "hasta que no se cambie la reforma laboral en España, la subida de los salarios va a ser mucho más difícil".

El preacuerdo busca restablecer la ultraactividad (vigencia ilimitada) de los convenios colectivos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, recuperar el subsidio para mayores de 52 años, limitar la subcontratación y establecer registros horarios.

Qué dice la Ley sobre la tenencia de perros peligrosos en cada Comunidad Autónoma

MADRID.- La mayoría de las autonomías reproducen en su legislación la normativa estatal sobre los perros potencialmente peligrosos, si bien Galicia, Extremadura y la Comunidad Valenciana amplían el número de razas, al igual que algunos ayuntamientos, como Logroño. 

A finales de los noventa, varios ataques de perros a personas y la proliferación de animales salvajes en cautividad generó inquietud social y obligó a establecer una ley de control de la tenencia de animales.

La Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos se aprobó en 1999 y considera como tales a los de la fauna salvaje, utilizados como animales domésticos o de compañía, "con independencia de su agresividad", de especies o razas que puedan causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

Califica también de potencialmente peligrosos a los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular los de la especie canina incluidos en una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula puedan causar daño.  

Establece la necesidad de obtener una licencia para poseer un animal de estas características, la obligación de identificarlo y registrarlo y la prohibición del adiestramiento para prácticas agresivas.  

Determina un régimen sancionador para quien abandone, adiestre, organice o participe en concursos o espectáculos de animales agresivos.  La ley invitaba además a las autonomías a desarrollarla.

El real decreto

En 2002 un real decreto desarrollaba la norma y establecía el catálogo de perros peligrosos, así como los requisitos para la obtención de licencias y medidas de seguridad exigibles para su manejo y custodia.  

El listado incluye a los de raza pit bull, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rotweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu, akita inu y sus cruces.  

También tienen esa consideración los animales con un peso superior a 20 kilos y un perímetro torácico entre 60 y 80 centímetros, cabeza voluminosa, fuerte musculatura, mandíbula grande y boca profunda.  

Sus propietarios deberán obtener una licencia municipal y su validez será de cinco años, para lo que el dueño tendrá que ser mayor de edad y carecer de antecedentes penales y administrativos relevantes.

Además, deberá disponer de un certificado de capacitación que garantice el manejo, mantenimiento y dominio del animal, sin enfermedades o deficiencias de carácter orgánico o funcional, ni trastornos mentales o dificultades psíquicas que limite sus facultades.

Estará obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 120.203 euros.

La normativa establece también medidas de seguridad para su presencia en lugares públicos, como el uso de bozal y de cadenas o correas no extensibles de menos de dos metros de longitud.

Si están en una finca, casa de campo, parcela o terraza, deberán estar atados a no ser de que dispongan de superficies y cerramientos adecuados para proteger a las personas que se acerquen a esos lugares.

Por comunidades autónomas

Madrid, donde ha ocurrido el último caso de ataques de perros a dos mujeres que fallecieron, tiene censados 10.725 perros de razas peligrosas y traspone la ley estatal a su territorio.

Galicia amplía la lista de perros potencialmente peligrosos hasta quince y, a los considerados por la norma estatal, añade los bullmastiff, dobermann, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquín y las restantes razas que pudieran determinarse en la normativa estatal sobre animales potencialmente peligrosos de obligado cumplimiento. La lista también puede incluir a los perros adiestrados para la guarda y defensa y para los que tuvieron episodios de ataques a personas o de "cierta entidad" a animales.

La de Extremadura también es más extensa que la nacional y considera peligrosos además al bullmastiff, dobermann, dogo de Burdeos, mastín napolitano, presa canario, terrier staffords americano y tosa japonés.  

La Rioja reproduce la normativa nacional y tiene registrados 2.163 perros peligrosos en agosto de este año. Como las ordenanzas municipales pueden ampliar la lista de los canes peligrosos, la de Logroño la extiende, además de a los mismos de la lista nacional, al dogo de Burdeos, mastín napolitano, presa canario, dogo del Tibet, doberman y presa mallorquín.  

La Comunidad Valenciana, que regula la tenencia de animales peligrosos desde 2015, también amplia la lista e incluye a los perros de presa mallorquín, presa canario, bull terrier, dogo argentino, doberman y mastín napolitano, y el seguro de responsabilidad es de 120.000 euros por siniestro.  

El País Vasco reproduce en 2004 la normativa estatal y considera, al igual que Canarias, quien también autoriza que, por ordenanza municipal, se puedan establecer condiciones adicionales a las medidas de seguridad en lugares públicos, según decreto autonómico de este año.

En Andalucía se reguló en 2008, y la diferencia con el decreto estatal está en la cobertura del seguro, que se eleva a 175.000 euros por siniestro, además de permitir la esterilización de los animales agresivos. La Junta aplicó en el primer semestre de este año 760 sanciones por la tenencia de perros potencialmente peligrosos sin licencia municipal; 318 sanciones por la circulación sin bozal o cadena y 51 por no evitar su escapada.

En Castilla y León rige un reglamento aprobado en 1999 sobre Protección de los Animales de Compañía, que a su vez derivó a los ayuntamientos la responsabilidad de actualizar sus censos caninos y de elaborar un Libro de Registro de perros agresivos, los mismos previstos por la ley estatal.

Cataluña tiene regulada la tenencia de perros peligrosos con un decreto de 2002, que deriva a los ayuntamientos determinar la peligrosidad de los perros.

Asturias carece de reglamentación autonómica y rige la norma estatal y la de Aragón o Navarra es similar a la estatal y deriva a los ayuntamientos la obtención de las licencias.

En Cantabria, por decreto de 1999, los perros de raza y guarda deben censarse en el ayuntamiento, estar identificados y circular con correa y bozal.

Casado está de acuerdo en derogar la ley de plazos en las instrucciones judiciales

MADRID.- El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha comprometido con las asociaciones de jueces y fiscales a llegar a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se renueve en plazo. El mandato del actual órgano de gobierno de los jueces expira el próximo 4 de diciembre si bien este martes es el último día para presentar candidaturas a vocales, revela y recuerda hoy El Independiente.

En la reunión mantenida entre Casado, el exministro de Justicia Rafael Catalá, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, la portavoz del PP en la Comisión de Justicia, María Jesús Moro y el secretario general del partido Teodoro García Egea y los presidentes de las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales, el presidente de los ‘populares’ ha señalado que su partido apoyará la renovación de la institución por “salud democrática”.

Por su parte, jueces y fiscales han mostrado durante el encuentro, que ha durado hora y media, mantenido en el Congreso de los Diputados que están abiertos a reformar algunos aspectos del Consejo como que todos los vocales vuelvan a tener dedicación exclusiva y rija una organización más colegiada que la del actual CGPJ, acusado de ser demasiado presidencialista.

Al mismo han acudido representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Un CGPJ menos presidencialista

Sin embargo, Casado –apoyado por Catalá- se ha mostrado contrario a cambiar el sistema de elección de los vocales para que sean exclusivamente los jueces quienes elijan a sus representantes en el Poder Judicial. De esta forma, los populares se han mostrado abiertos a derogar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2013, que aprobó el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón cuando el Ejecutivo de Rajoy tenía mayoría absoluta.

Por otro lado, el líder del PP se ha mostrado de acuerdo con que se derogue el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal conocida popularmente como la ley de plazos en las instrucciones. El pasado mes de julio, el presidente Pedro Sánchez ya anunció que se llevaría a cabo dicha reforma ya que esta ley favorece la impunidad.

Asimismo, Pablo Casado ha mostrado su preocupación por los jueces de Cataluña que son “amenazados y coaccionados” por los independentistas radicales. En este sentido, el presidente de dicha formación se ha comprometido a desplazarse a dicha autonomía para reunirse con los representantes asociativos próximamente.

Además, el dirigente popular ha aprovechado el encuentro para reiterar el respaldo del PP a la independencia judicial y la integridad de la jurisdicción española tras ese “ataque inaceptable” a Llarena, y para criticar la “inacción” inicial del Gobierno.

María López (Podemos): "La Ley Mordaza es una aberración social y jurídica que tenemos que eliminar"

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos María López ha informado que desde su grupo parlamentario se ha llevado una iniciativa para instar al gobierno regional a exija la derogación de una ley que "criminaliza la legítima protesta, la pobreza y la solidaridad".

María López se ha referido a la cuantía de las multas abonadas en 2017, por aplicación de la Ley Mordaza en la Región, la cual asciende a 1.617.595 euros, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. 

Esto según la diputada es "una recaudación basada en la merma de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión, que ha llevado a la ciudadanía de la Región, ha tener que convivir con un estado semipolicial, impropio de nuestra democracia y de la época en la que vivimos".

La diputada regional de Podemos ha argumentado que el reciente informe de Amnistía Internacional señala a Murcia como uno de "los puntos negros" donde más se ha vulnerado la libertad de expresión, en la aplicación de la Ley Mordaza, y lo ha hecho criminalizando las protestas legítimas de los vecinos, a favor del Soterramiento con sanciones que han llegado a los 50.000 euros.

"Esta situación de vulneración del derecho fundamental a libertad de expresión, no puede volver a repetirse" y ha avanzado que "Podemos desde su grupo parlamentario va a exigir al Gobierno regional que inste al Gobierno central a la Derogación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, eliminando todas las disposiciones que limiten el derecho fundamental a la libertad de expresión, reunión e información".

Finalmente, ha concluido en que "desde Podemos Región de Murcia rechazamos unas leyes que enmascaran una clara limitación del derecho a expresar públicamente una opinión, una ley que vulneran la salud democrática de nuestro país" por lo que "esperamos que todos los grupos parlamentarios se sumen a esta iniciativa para que el núcleo duro de la democracia no sea pisoteado administrativamente"

El Gobierno prevé derogar el núcleo de la ‘ley mordaza’ antes de fin de año

MADRID.- El grupo socialista, a instancias del Gobierno, ha entablado en las últimas semanas discretas conversaciones con otras formaciones políticas para poner en marcha lo antes posible los trabajos de la comisión del Congreso de los Diputados que debe abordar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza— que el PP aprobó en 2015. La previsión de los socialistas es que la ponencia que debe acabar con los artículos más polémicos se inicie en septiembre y no tarde más de dos meses en tener listo un texto definitivo que cuente con suficiente apoyo parlamentario para salir adelante, revela hoy El País.

Solo el PP se ha mostrado contrario a una reforma en profundidad que el propio Pedro Sánchez calificó de “urgente” en el discurso de la moción de censura que le convirtió en presidente. Un compromiso que reiteró en la entrevista concedida a El País que se publicó este domingo. Sobre la mesa hay dos proposiciones de ley. Una, presentada por el PSOE, pide la derogación de la ley y la vuelta a la norma anterior, la ley Corcuerade 1992. La segunda, elaborada por el PNV, plantea trabajar sobre el texto de la actual y modificar sus preceptos más polémicos.

Esta duplicidad de propuestas es lo que hasta ahora ha esgrimido el PP —que preside la Comisión de Interior del Congreso donde debe debatirse— para retrasar el inicio de los trabajos desde hace meses, según denuncian los representantes de varios grupos políticos. Rafael Merino, diputado popular y presidente de la comisión, niega esa intencionalidad y asegura que uno de los grupos, ERC, no había designado sus ponentes hasta el pasado viernes y, por tanto, no había podido dar comienzo a los trabajos. Merino incide también en que la existencia de dos proposiciones provoca una “tramitación compleja” que ha obligado a pedir informes a los letrados de la comisión sobre cómo abordar los trabajos. “Si se retirara una de ellas, sería todo mucho más sencillo”, asegura a este diario.

Precisamente, sobre este último punto han girado los contactos que en las últimas semanas han tenido representantes del PSOE y PNV, los dos partidos autores de las proposiciones de ley, según confirman fuentes de ambos partidos. Estas coinciden en señalar que lo más previsible es que los socialistas retiren la suya y los trabajos se centren en la proposición de ley de los nacionalistas vascos. “Eso nos evitaría problemas y acortaría la duración de los trabajos”, reconoce David Serrada, uno de los tres diputados socialistas que participarán en la ponencia.

Desde las filas del PNV reconocen “algún contacto” con el PSOE, pero los tildan de “informales” hasta ahora. “No nos hemos sentado a hablar con papeles en la mesa ni nos hemos citado para ningún día. Supongo que esto sucederá próximamente”, añaden. Los nacionalistas vascos sí admiten que el partido del Gobierno les ha trasladado su intención de “acelerar” la tramitación parlamentaria para modificar la ley. “Se mostraron abiertos a trabajar sobre nuestro texto en lugar de hacerlo sobre el suyo”, añaden.

En su proposición de ley, el PNV aboga por cambios en 44 preceptos de ley mordaza e incorporar tres disposiciones finales con el objeto de proteger el derecho de reunión y manifestación, la libertad de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga que consideraban amenazado por el articulado sacado adelante por el PP con la mayoría absoluta que sostuvo el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

También propone modular el régimen sancionador que contempla y regular las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares en frontera. En este último punto, el Gobierno de Sánchez ya ha dado el primer paso para acabar con esta polémica figura al anunciar que va a revisar el recurso que había presentado el Ejecutivo de Rajoy a la reciente condena impuesta a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la expulsión por este procedimiento de dos inmigrantes en Melilla en 2013.

La propuesta del PNV como punto de partida es vista con buenos ojos por Ciudadanos. Miguel Gutiérrez, su portavoz en la Comisión de Interior, asegura haber hablado en los pasillos del Congreso con dirigentes socialistas sobre esta posibilidad y haber mantenido contactos “informales” con otros grupos sobre la necesidad de abordar ya la modificación de la ley mordaza.

Enmiendas de Ciudadanos

“Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, tenemos la voluntad de cambiar la ley. No debe haber problemas para que se haga con rapidez si trabajamos con una única proposición de ley”, añade el dirigente del partido de Albert Rivera, que apunta al texto del PNV como su preferencia. Ciudadanos ha presentado más de 100 enmiendas a las proposiciones de PSOE y de los nacionalistas vascos que deberán verse en la ponencia de la comisión parlamentaria.

No son de la misma opinión en el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Fuentes parlamentarias de la formación reconocen que están más cómodos con la proposición inicial del PSOE, aunque discrepan en la vuelta a la ley Corcuera de 1992. La propuesta de la formación que lidera Pablo Iglesias es elaborar una nueva ley de seguridad ciudadana desde cero.

El fin de la polémica norma del PP fue una de las 20 medidas concretas que el líder de Podemos puso sobre la mesa en la discreta reunión que mantuvo con Pedro Sánchez el pasado 14 de junio en La Moncloa y en la que ofreció una “colaboración parlamentaria estrecha” a los socialistas para llevarlos a cabo. Ahora, sin embargo, se muestran más escépticos sobre el resultado que salga de la comisión. “A ver qué texto queda”, apuntan.

Reforma de los artículos recurridos al Constitucional

“El Gobierno que salga de esta moción de censura iniciará la derogación de los aspectos más virulentos de la ley mordaza”. Pedro Sánchez no solo anunció durante su discurso de la moción de censura su intención de acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, sino que también limitó el alcance de los cambios a “aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y por los grupos de la oposición”, y sobre los que aún no se ha pronunciado el tribunal. Entre otros artículos, aquel recurso impugnaba el apartado 20.2, que “permite el registro corporal externo y superficial que, incluso, puede consistir en un desnudo total o parcial” sin requisitos ni garantías.
También los preceptos 36.2 y el 37.1, que castigan como “perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado” y “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de las mismas”.
La objeción se extendía al 37.7, dirigido a evitar la “ocupación” de cualquier inmueble o, incluso, de la vía pública.
Otro artículo impugnado es el 36.23, que considera falta grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”.
El PSOE y los otros grupos también recurrieron la disposición final que legalizaba por primera vez las llamadas devoluciones en caliente en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

Una tramitación compleja

El PSOE y PNV, que presentaron sendas iniciativas frente a la ley mordaza, querían impulsar un texto único para cambiar esta polémica normativa, en la línea de lo recomendado en el informe de los letrados de la Cámara.

La retirada de una de las iniciativas agilizaría el trámite, aunque las enmiendas hacen que los tiempos parlamentarios casi nunca acaben siendo como se preveían.

López Miras anuncia una Ley de Protección Integral de la Familia "para darle cobertura jurídica, social y económica"

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy, durante los actos organizados para conmemorar el Día Internacional de las Familias, que el Gobierno regional ya ha impulsado la tramitación de la futura Ley de Protección Integral de la Familia "con la que pretendemos dar cobertura jurídica, social y económica a las familias".

"Queremos las aportaciones de toda la sociedad para que todos aquellos que tengan algo que decir opinen sobre esta ley, que es muy necesaria", dijo el jefe del Ejecutivo regional, quien explicó que la elaboración del anteproyecto se ha sometido a consulta ciudadana, a través del Portal de la Transparencia y Gobierno Abierto. 

Así, López Miras mostró "el apoyo firme y sin fisuras del Gobierno regional a las familias".

La Comunidad Autónoma ha iniciado la tramitación de la Ley de Protección Integral de la Familia con el objeto de potenciar la realización de políticas integradas que garanticen el desarrollo y la protección de la familia. 

Con la nueva norma, el Gobierno regional asume el compromiso de articular una política de atención específica a la familia, desde el reconocimiento del valor que ésta tiene.

El presidente destacó que la ley incluirá "una especial protección a aquellas familias que pueden estar en una situación más vulnerable, como las familias numerosas, las monoparentales o las que están en riesgo de exclusión social". 

Asimismo, se tendrán en cuentalos menores, personas con discapacidad y mayores dependientes.

El presidente remarcó que "la familia es el núcleo a partir del cual se desarrolla la sociedad y en el que se trasmiten la educación y los valores".

 Además, puso en valor su papel durante la reciente crisis "en la que muchas familias han servido de apoyo y sustento no solo emocional sino económico para los que peor lo pasaban".

Día Internacional de las Familias

El jefe del Ejecutivo regional participó en las diferentes actividades organizadas de forma conjunta entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia para conmemorar el Día Internacional de las Familias, que se celebra el próximo 15 de mayo. 

El evento tuvo lugar en el jardín de La Seda de la capital y, en él, participaron 44 asociaciones y ONG, el triple que hace dos años.

"Todos ellos nos muestran lo importante que es su trabajo y qué hacen en el día a día para apoyar a las familias", aseguró el presidente, quien destacó que más de 2.000 personas participaron en los juegos, talleres y espectáculos musicales realizados a lo largo de toda la mañana.

Malestar de la Federación Regional de Bandas de la Región de Murcia con el Gobierno autónomo

MURCIA.- Desde la Federación de Bandas de la Región de Murcia quieren poner de manifiesto su enorme malestar y decepción por la gestión que de la Ley de la Música de la Región de Murcia está realizando el Gobierno regional. Una norma que fue anunciada a bombo y platillo como una apuesta seria por la cultura y presentada a los murcianos como un reconocimiento de la trayectoria musical de esta Región y sus Bandas de Música.

“Después de más de diez años luchando por la aprobación de esta Ley, incluso a nosotros nos sorprendía el ímpetu y la celeridad con la que nos comunicaban que por fin que esa norma iba a ser una realidad para todos los murcianos y que sin ningún género de dudas era la que estaban esperando las Bandas de Música de nuestra Región. 

Sin embargo, nos encontramos con un nuevo retraso y con que los políticos nos quieren dejar fuera de la misma cuando fuimos nosotros los responsables de la elaboración del borrador de la norma. 

A nuestro juicio, se trata de una ley que se centra mucho en un aspecto, como es el Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, al tiempo que descuida el tejido musical de la Región”, ha explicado la presidenta de la Federación de Bandas de la Región, Ginesa Zamora Saura.

“Cuando hablamos de músicos y de tejido musical, no solo hablamos de la OSRM, sino de más de 4.500 intérpretes, hablamos de más de 10.000 educandos en las escuelas de música de estas Bandas y hablamos de un tejido asociativo de más de 50.000 personas. 

Pero todavía, y no es vanidad, hablo de que el nivel musical de esta Región se puede medir por el esfuerzo que estas Bandas han hecho por formar a nuestros hijos e hijas y, sobre todo, porque somos la base del aprendizaje de la música en esta Región. Le pese a quien le pese y aunque algunas figuras, pocas por cierto, no recuerden sus orígenes y dónde se produjo su primer contacto con la música”, afirman la presidenta de la Federación.

“Nos sentíamos abandonados, pero ahora la palabra exacta sería engañados. La ley se ha vuelto a aplazar y no hay ningún interés por negociar las propuestas realizadas por la Federación”, ha asegurado Zamora. 

“En definitiva, no vemos ninguna luz ni al principio ni al final del camino. Mientras tanto algunas escuelas, ante la falta de apoyo del Gobierno Regional se están planteando seriamente el cerrar, otras que el coste de esta educación recaiga sobre los educandos, lo que al final se traduciría en que el que tiene posibilidades económicas para estudiar música puede y el que no, pues que toque la flauta dulce en la escuela reglada”, ha lamentado.

"Lo que no pueden hacer algunos de nuestros políticos es prometer, engañar y salir de la Asamblea Regional con una sonrisa en sus caras tras la foto de rigor. Es esta quizás la forma de hacer política que nuestra Región se merece. Es que los músicos de las Bandas de esta Región no merecen este reconocimiento y este apoyo institucional. 

Es raro no encontrar una familia murciana donde no tengan ningún familiar estudiando en alguna de nuestras escuelas de música, y saben perfectamente el trabajo y la dedicación que estos alumnos tienen. Pues de todos depende que estos políticos entiendan que este colectivo necesita de su apoyo, y que si pretenden fomentar la cultura y la música en nuestra Región, deben de empezar a preocuparse por la base, por la creación de un tejido musical sólido, y dejarse las costosas exhibiciones culturales para mejores momentos", concluye.

La futura Ley contra el Alcohol pide sanciones para los padres de los menores que beban

MADRID.- El informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.

Para que se pueda condonar la sanción, los padres deberán participar junto con los menores en las actividades reeducativas que se les impongan como alternativa, basadas en la evidencia y con objetivos de prevención y reeducación.
Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; prestar especial atención a la dispensación gratuita o no y a la venta de alcohol a menores en las fiestas con arraigo cultural o tradiciones y en eventos de gran confluencia; y, además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurados.
Otro de los apartados, propone revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; e incluso se considera la posibilidad de que una parte de dichos impuestos sean finalistas, destinados al control de la oferta y a actuaciones preventivas y disuasorias del consumo o del tratamiento de los efectos adversos del mismo.
Además, se recomienda establecer regulación de horarios de venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos en los que no esté permitido su consumo inmediato, al igual que en la venta a domicilio y televenta (por ejemplo, de las 22.00 h a las 7.00h); prohibir los 'happy hour' en los locales; establecer la obligación a locales de suministrar agua gratuitamente y la embotellada a precio reducido; y prohibir la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras.
Además, como ya ocurre con el tabaco, incluir en el etiquetado de las bebidas con contenido alcohólico - teniendo en cuenta la Directiva Europea - una advertencia sanitaria sobre los daños y riesgos para la salud.
Aconseja limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados por ellos, es decir colegios, institutos, centros sanitarios o salas de cine o teatro durante los espectáculos dirigidos a menores, y pone como ejemplo que se establezca el límite en torno a 100 metros lineales del perímetro de centros escolares.
Restringir el patrocinio, o cualquier otra forma de financiación, de bebidas alcohólicas a actividades deportivas, culturales, educativas, de ocio, etc, sobre todo en sitios susceptibles de acudir con los menores: patrocinio de conciertos, "beer runners", consumo en películas taquilleras, juegos online, fiestas patronales, turismo de alcohol, etc.
En cuanto a la publicidad en televisión de marcas de bebidas con alcohólico se pide que se establezca un horario infantil en el que no se podrá insertar publicidad de ningún tipo ni en programas emitidos una hora antes o después de ese horario.
El informe, que parte de que "los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes", muestra como "objetivo primordial" retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.
No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, se muestran "escépticos" puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales "y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado".
En informe, por tanto, afirma que "cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario".
Esto implica "sensibilizar" a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a incrementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo.

Principales medidas

• El texto se fundamenta en diez ámbitos siendo el familiar uno de los más importantes, ya que se pretenden establecer mecanismos especiales de detección e intervención en familias con antecedentes de consumos abusivos de alcohol.
• La futura ley de menores sin alcohol debe tener un carácter "educativo y pedagógico", pero también debe garantizar la protección de los menores, por eso esta ley debe tener un régimen sancionador cuya orientación punitiva y recaudatoria se dirija hacia aquellas personas jurídicas y físicas mayores de edad, que permitan o fomenten el consumo de alcohol por parte de menores de edad, especialmente si obtuvieran beneficio.
• Se propone realizar campañas de concienciación social acerca de los abusos del alcohol y otras adicciones; fomentar otras formas de celebración en fiestas culturales y patronales, con el fin de modificar, pese a su dificultad los hábitos culturales relacionados con el consumo en espacios de ocio, valorando políticas de precio especial de alternativas de ocio para menores y de tal manera, que se faciliten hábitos alternativos.
• Modificar el logo de "consumo moderado o es tu responsabilidad" por logos más adecuados que no inciten al consumo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota"; y cambiar la consideración de consumo moderado por campañas que adviertan de que el abuso del consumo de alcohol puede provocar adicción y el consumo habitual es nocivo para la salud.

Andrés Pedreño: "Ha llegado el momento de actualizar la Ley de Policías Locales"

CARTAGENA.- El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha explicado que han transcurrido casi 20 años de la aprobación y puesta en marcha del la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia, y a la vista de las manifestaciones por el descontento de propio cuerpo de seguridad "ha llegado el momento de actualizarla y adaptarla al nuevo contexto jurídico, social y laboral".

Por su parte desde Ahora Murcia, la concejala y protavoz en el Ayuntamiento de Murcia, Alicia Morales, se ha sumado al apoyo a la concentración realizada hoy por integrantes del cuerpo de Polícia Local ante el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional y ha afirmado que "desde Ahora Murcia exigimos que el cuerpo de Policia Local en el municipio pueda ejercer su trabajo en las mejores condiciones, maxíme cuando se trata de un servicio público fundamental".

En este sentido, Andrés Pedreño ha señalado que es necesario "establecer el marco jurídico que permita una mejor coordinación de los diferentes cuerpos de Policía Local en la Región de Murcia y que permita a este cuerpo de seguridad adaptarse a entornos sociales en continuo cambio".

Así, Andrés Pedreño ha avanzado que desde el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional, se ha registrado una moción para que se elabore una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales en de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Del mismo modo también, ha informado que desde esta formación se va a preguntar al Consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, por los motivos por los cuales continúa paralizada la tramitación del anteproyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia.

López Miras anuncia una nueva Ley de Universidades

MURCIA.-El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, aseguró hoy que "es el momento de abordar la elaboración de una nueva Ley de Universidades y lo vamos a hacer con la participación de todos los agentes implicados y con el más amplio consenso político, como ya sucedió con la Ley regional de Universidades de 2005".

López Miras, que presidió hoy el acto de inauguración del curso académico 2017-2018 de las universidades públicas de la Región, aseguró que la ley de 2005 "ha cumplido un papel fundamental pero ha quedado desfasada", y añadió que "vamos a abrir un proceso de dialogo y reflexión, y a escuchar a las universidades y a todos los implicados para, a partir de ahí, elaborar una nueva Ley que responda a las necesidades de nuestro sistema universitario".
Durante su intervención, el presidente de la Comunidad destacó "el compromiso incuestionable" de las universidades públicas para "formar en tolerancia, en un ambiente basado en la libertad, el espíritu crítico y el respeto a las opiniones y los posicionamientos de todos, sin adoctrinar y educando en valores".
Todo ello, dijo, "en un momento en el que España vive momentos complicados, en los que algunos parecen olvidar que sólo desde el consenso es posible construir una sociedad libre y plural, y que en ella es esencial el respeto al marco jurídico aprobado por todos, el cumplimiento de la ley; porque tenemos la capacidad de no estar de acuerdo con los otros, pero no la de vulnerar sus derechos", en referencia a la situación de Cataluña.
Subrayó la trascendencia del servicio público que presta la Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), "cuyo papel es fundamental en nuestro progreso". En este sentido, reafirmó el compromiso del Gobierno regional de "seguir trabajando juntos para construir una Región mejor y una sociedad más justa, avanzada y formada".
Señaló que 2017 "ha sido un año muy importante para nuestras universidades públicas", y se refirió a la aprobación del Decreto con las bases del Plan de Financiación Plurianual, al nuevo régimen jurídico y retributivo para el personal docente e investigador contratado que ha permitido las mejoras salariales pactadas en el convenio colectivo y ha posibilitado que al Profesorado Contratado Doctor se le puedan reconocer quinquenios docentes y sexenios de investigación.
Igualmente, hizo referencia a la aprobación del decreto que regula las prácticas académicas curriculares y extracurriculares en centros y departamentos de la Comunidad, y subrayó que se ha avanzado en el proceso de integración de la Escuela de Enfermería de Cartagena en la UMU. También resaltó la consolidación del campus universitario de Lorca y los dos proyectos estratégicos de infraestructuras universitarias, el campus de la Salud de la UMU y la Escuela de Arquitectura e Ingeniería Civil de la UPCT, que inician sus procesos de consolidación y de construcción, respectivamente.
En opinión del presidente, la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena "son ejemplo de colaboración, eficiencia, transparencia y participación, de rigor en su gestión, de excelencia en su oferta, de calidad en su hacer y de ética en su comportamiento", resaltó. "Nuestro sistema universitario es la base fundamental de la investigación en nuestra Región y, gracias a él, podremos afrontar los retos que plantea un mundo cada vez más globalizado y competitivo", indicó López Miras.

C's exige al PP que asuma sus responsabilidades políticas tras la agresión de un matón a sueldo a un ciudadano

MURCIA/ALCANTARILLA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha exigido hoy al Gobierno del PP el cumplimiento del artículo 21 de la Ley 2/2011, de 2 de marzo, de admisión en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Región de Murcia, que obliga a los Ayuntamientos a llevar a cabo la actividad inspectora y de control de la cualificación del personal del control de accesos y empresas de seguridad privada.  

A juicio de Gómez, “es incomprensible que, desde 2011 y tras la aprobación de esta Ley, no se haya hecho absolutamente nada para controlar y garantizar la seguridad de las personas en Murcia y en el resto de la Región; y que tengamos que lamentar esta nueva agresión producida por seres bárbaros e inhumanos que nunca deberían haber ocupado esos puestos de trabajo”.

También es triste y duro de asumir –ha proseguido- que el Gobierno regional y local no tomen cartas en el asunto y se pongan de perfil en un incidente de tamaña gravedad. “No han atendido las demandas, por ejemplo, de asociaciones como la que aglutina al sector de vigilantes de seguridad, que el pasado mes de junio ya denunció la dejación de funciones por parte de las administraciones y el intrusismo en el sector de personal no cualificado”.

Así mismo, el portavoz de Ciudadanos ha recordado a José Ballesta que, como máximo representante y responsable del Ayuntamiento de Murcia, “tenía y tiene la obligación, según el artículo 21 de la Ley 2/2011,  de llevar a cabo el control y la inspección de su cumplimiento”.

Además, ha aclarado, “entendemos que los dirigentes del PP no pueden escudarse en la capacidad del local pues, según el artículo 53 del Real Decreto 2816/1982, se establece que en aquellos espectáculos o actividades recreativas superiores a 100 personas debe haber un vigilante con cualificación adecuada”.

Igualmente, Gómez ha criticado con dureza las declaraciones del Gobierno regional. “Es como poco bochornoso que, transcurridos más de 5 años desde la aprobación de la normativa regional que regula el control de accesos, y tras producirse una nueva agresión, salgan diciendo que “prevén” que los porteros reúnan requisitos de “idoneidad”, eludiendo con total descaro su responsabilidad”.

Pero más vergonzoso es –ha subrayado - escuchar que el Ejecutivo regional pretende “agilizar” el desarrollo de esta Ley, cuando lo único que hay que “agilizar” es, en primer lugar, la inmediata asunción de responsabilidades políticas; y acto seguido, se pongan en marcha las acciones que deberían haberse llevado a cabo tras su aprobación hace más de cinco años”.

Condena desde Alcantarilla

"Desde el Ayuntamiento de Alcantarilla queremos poner de manifiesto nuestra más absoluta, y enérgica, condena a la brutal agresión sufrida por el joven Andrés Martínez en la plaza de Santa Isabel de la ciudad de Murcia, el pasado domingo 11 de diciembre", reza un comunicado de ese consistorio.
"Queremos trasladar todo nuestro ánimo, apoyo y fuerza a la familia del joven que en estos momentos permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y nuestro deseo de su pronta recuperación.
No es entendible que una persona acuda a un local de ocio y acabe ingresada en la UCI de un hospital por una agresión del personal que, se supone, está para todo lo contrario, para garantizar la seguridad de quienes acceden a su establecimiento.
Este Ayuntamiento está, y estará siempre, en contra de cualquier acto violento y esperamos que la justicia actúe lo antes posible, y de forma ejemplar, para que las personas que ejercen la violencia, así como aquellas que les dan amparo, desaparezcan de nuestra sociedad", concluye la nota.