La UCO y un piso de Zaplana en Cartagena

VALENCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desgranado el uso que dio el cartagenero, expresidente de la Generalitat Valenciana y ex ministro con el PP Eduardo Zaplana al dinero obtenido en la trama Erial y se ha referido, entre otros, a un reloj de 20.000 euros --que posteriormente "regaló" a un amigo-- y a dos televisores valorados --cada uno-- en 10.000 euros.

Así se han pronunciado tres agentes de la UCO encargados de la instrucción de Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITVs y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. 

El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. Estos agentes comenzaron a declarar ayer en la Audiencia pero su testimonio se tuvo que interrumpir al estar prevista la declaración en el juicio del abogado uruguayo y testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belhot.

"El que dirige todas las operaciones inmobiliarias y comerciales y toma las decisiones es Eduardo Zaplana", han afirmado los agentes de la UCO, quienes lo han situado en el centro del entramado societario creado para cobrar comisiones por las ITV y el plan eólico.

En esta línea, han detallado que tras algunas sociedades como Costera del Glorio, la persona que "verdaderamente estaba detrás" era Zaplana y no su amigo íntimo y testaferro confeso Joaquín Barceló --figuraba como administrador--. 

En relación con esta sociedad, uno de los agentes ha detallado que adquirió una parcela en La Finca, en Madrid, que dos años más tarde vendió y generó una plusvalía de más de tres millones de euros.

"Inferimos que la compra no respondía a una operativa real de adquisición sino que se confeccionó para generar la plusvalía en Costera. Esta operativa estaba relacionada con Zaplana, según pudimos ver reflejado en varios documentos", ha señalado, y ha apuntado: "En la agenda --del 'ex president-- vimos reuniones relacionadas con personas vinculadas a esta operación".

Con la plusvalía generada en esta operación, los agentes han explicado que comenzaron a producir otras adquisiciones, entre ellas, la compra de un inmueble en Núñez de Balboa, en Madrid, en enero de 2010, que firmó Barceló como administrador de Costera. "Nuevamente en todo lo que analizamos, la persona que aparecía relacionada como propietaria real del inmueble era Zaplana", han dicho.

"Vimos de nuevo --han agregado-- en la agenda intervenida a Zaplana reuniones con visitas al inmueble así como para programar la reforma de la misma y la adquisición de enseres. La reforma, por unos 90.000 euros, la gestionó una persona muy vinculada con Zaplana, su asesor personal", han apostillado.

Respecto a esta operativa, los agentes también se han referido a la emisión de un cheque de 20.000 euros por la compra de dos televisores para el piso y, sobre este aspecto, la UCO refiere que el día antes de la compra se observó en la agenda personal de Zaplana una visita de éste a la tienda que vendió los televisores.

En cuanto a los inmuebles, los agentes desconocen quién los adquirió pero, cuando se decidió vender el piso, Barceló comentó que los mismos iban a ir destinados a un piso "de una tercera persona" en Cartagena. 

Al respecto, los peritos averiguaron que las hijas de Zaplana habían pagado "tras una donación" una señal en ese tiempo para adquirir dos inmuebles en Cartagena. "De nuevo el verdadero propietario de los muebles era Zaplana", han apostillado.

Los agentes también han hecho referencia a que fue Zaplana el que contrató a una mujer para que limpiara el piso de Núñez de Balboa y el que ordenó confeccionar una carta de despido. Cuando se le tomó declaración a esta persona, afirmó que el único usuario del piso durante los ocho años que estuvo ella había sido Zaplana.

"Cuando se le detuvo a Zaplana se le intervino un maletín personal en el que tenía, entre otros documentos, uno relacionado con gastos por la compra de un garaje en el edificio de Núñez de Balboa, otro con la mujer de la limpieza y un documento privado del piso para el cambio de la propiedad", han detallado.

Los agentes también se han referido a que Zaplana podría ser el propietario o interesado en unos áticos, tal y como figuraba en un documento intervenido a una inmobiliaria titulado 'Áticos Zaplana', y han señalado que usó embarcaciones y abonó dinero de esos viajes con amigos con dinero de la trama.

 "No salió de sus cuentas dinero alguno para el disfrute de yates de recreo y, sin embargo, se le encontró en los registros documentación relacionada con gastos de estas embarcaciones", han apostillado los peritos.

Por otro lado, han indicado que la secretaria de Zaplana era la encargada de recibir dinero en efectivo para el 'expresident' y se han referido a 50.000 euros que entregaron al exministro, importe sobre el que los agentes han indicado que comprobaron que el Zaplana no había sacado esa cantidad de sus cuentas.

En la sesión de este jueves ha continuado Belhot con su declaración que comenzó ayer y, a preguntas de las defensas, ha reiterado que "el dinero era de Zaplana" y ha agregado que era el que "gestionaba y decidía, el que tenía los contactos en España y en los bancos", ha dicho.

También ha señalado que en su propio despacho no sabían que los activos eran del exministro "por un tema de confidencialidad" y ha reiterado que únicamente dejó una carta escrita a su exmujer, escondida en un cofre, en la que le indicaba, si le pasaba algo, que esas cuentas y bienes pertenecían al 'expresident'. 

Ha señalado que no se la entregó a la UCO porque era "una nota personal, de mi puño y letra, y no un documento oficial", ha señalado.

El testigo ha recordado que se enteró de que el dinero era de Zaplana "con el tiempo", puesto que inicialmente se le comentó que era de Barceló. "Me fui dando cuenta de que quien tenía el poder de decisión y tomaba la iniciativa en las reuniones era Zaplana, hasta que un día me confesó que en realidad él era el titular de los activos en el exterior", ha narrado, y preguntado por cuánto tiempo pasó hasta que se enteró, ha dicho que aproximadamente un año.

Además, ha señalado que Francisco Grau, exasesor fiscal de Zaplana, "sabía todo esto perfectamente". 

"Lo sabía por los hechos, porque conocía a Zaplana de muchos años antes y había montado la estructura en España y en Luxemburgo", ha señalado.

Respecto a Mitsouko Henríquez, exsecretaria de Zaplana, ha repetido que era la encargada de recibir dinero en efectivo para trasladárselo a Zaplana --en total, unos 2,3 millones de euros--. 

A preguntas de la letrada de la acusada, ha manifestado que Henríquez recibía el activo porque al cambista --persona que se contrataba para la entrega-- se le daba el nombre y el teléfono de ella.

"¿Cómo se iba a entregar el dinero a otra persona distinta con la que se hablaba por teléfono?", ha preguntado el testigo, a lo que ha añadido: "Mitsouko era la persona de confianza de Zaplana. El dinero se le entregaba a ella en un lugar pactado pero yo no me enteraba dónde", ha dicho.

Denuncian por corrupción y otros varios presuntos delitos a Úrsula von der Leyen como presidenta de la CE

 

PARÍS.- Se ha presentado una denuncia penal contra la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por la usurpación de funciones y títulos, la destrucción de documentos públicos, la toma de intereses ilegales y la corrupción, según revela https://www.voltairenet.org/article220691.html

Se trata de un contrato de unos 35 000 millones de euros entre la UE y Pfizer. Su marido Heiko von der Leyen, fue director de Orgenesisis, una empresa que jugó un papel central en la campaña de inoculaciones de la UE. 

Orgenesis y Pfizer tienen los mismos grandes accionistas. Y la CE concedió 320 millones de euros en subvenciones a Orgenesis en 2022. 

Además de esos millones de dosis de medicamentos anti-Covi mRNA (etiquetados como vacunas) por valor de 4.000 millones de dólares se perdieron.

El lobbista belga Frédéric Baldan presentó una denuncia penal contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 5 de abril de 2023 por "usurpación de funciones y título", "destrucción de documentos públicos", "asumir intereses ilegales y corrupción". 

Posteriormente, Hungría y Polonia se unieron. Sin embargo, a iniciativa del nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que Polonia retiraba su denuncia.

Hungría y Polonia están siendo demandadas simultáneamente por Pfizer, esta vez por impago de dosis ordenadas en su nombre por la Comisión Europea. El Tribunal de Bruselas dictó una primera sentencia provisional el 3 de abril de 2023 y ahora debe pronunciarse sobre el fondo.

En juego en la denuncia se encuentran los 20.000 millones de dólares, y potencialmente 35. 000 millones de dólares, entre la UE y la multinacional farmacéutica Pfizer. Además, se perdieron millones de dosis de medicamentos anti-Coví mRNA (etiquetados erróneamente como "vacunas") por valor de 4.000 millones de dólares.

La queja se centra en un intercambio de mensajes de texto, revelado por The New York Times, entre von der Leyen y el jefe de Pfizer, Albert Bourla.

El periodista Alexander Fanta (Netzpolitik.org) intentó en vano obtener una copia de los mensajes de texto. Los esfuerzos de la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O-Reilly, han fracasado.

 El New York Times ha presentado una denuncia contra Ursula von der Leyen en virtud de los artículos 41 y 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que otorgan un derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

Una directiva obliga a los fiscales nacionales a notificar a la Fiscalía Europea los casos por los que creen que podría ser competente. Sin embargo, un año después, la Fiscalía Europea (EPPO) aún no ha respondido a la notificación que le ha presentado la Fiscalía de Bruselas.

Las leyes no imponen plazos.

La Fiscalía Europea (EPPO) no es un órgano comunitario, sino un conjunto de cooperación reforzada. Sólo 22 de 28 estados lo reconocen. Pero ni Hungría ni Polonia. La Comisión ha nombrado a la Fiscal General de Rumanía, Laura Codrusa Kávesi, tras las negociaciones con el Parlamento Europeo.

Heiko von der Leyen se convertió de repente en director de Orgenesis, una empresa que ha desempeñado un papel central en la campaña de vacunación de la UE. Sin embargo, Orgenesis y Pfizer tienen el mismo accionista importante de referencia. 

En 2022, la Comisión Europea concedió 320 millones de euros en subvenciones a Orgenesis. La revelación de estas subvenciones llevó a Heiko von der Leyen a renunciar a su cargo.

Este caso llega cuando Ursula von der Leyen busca un segundo mandato al frente de la Comisión Europea.

El Ayuntamiento de Murcia arremete contra un abogado de la acusación particular en el 'caso Atalayas'

MURCIA.- "El abogado José Manuel Muñoz Ortín está realizando una manipulación torticera de hechos que no tienen vinculación en el tiempo, ni relación alguna con el caso del incendio de Atalayas, con el objetivo de crear una apariencia de ilegalidad con la que intenta engañar al órgano judicial, a los medios de comunicación y a la opinión pública", dice el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado.

"Ante la manipulación torticera y las acusaciones infundadas que el abogado José Manuel Muñoz Ortín ha realizado en relación a la supuesta destrucción de documentación vinculada al incendio de Atalayas, de la que se han hecho eco algunos medios de comunicación de la Región, el Ayuntamiento de Murcia quiere realizar las siguientes aclaraciones:

1.    No se ha destruido ningún documento relacionado con el expediente de la discoteca Teatre.

2.    Las bolsas con papeles triturados que aparecen en las imágenes publicadas por algunos medios de comunicación no son actuales, sino que corresponden al pasado 9 de febrero de 2024, última fecha en la que el Servicio de Protección Civil tuvo que retirar documentación antigua relativa al voluntariado, con el objetivo de habilitar espacios para la incorporación de nuevo personal, con el procedimiento habitual para estos casos.

3.    Las cámaras de seguridad demuestran que nadie entró ni salió de las instalaciones de Protección Civil entre las 15.00 y las 3.00 horas en el día del miércoles por la puerta del garaje, tal y como insinúa el abogado. El motivo por el que esta puerta se encontraba abierta es una avería en la célula fotoeléctrica. La puerta quedó reparada ayer.

4.    Este abogado está haciendo una manipulación torticera de hechos que no tienen vinculación en el tiempo, ni relación alguna con el caso del incendio de Atalayas, con el objetivo de crear una apariencia de ilegalidad con la que intenta engañar al órgano judicial, a los medios de comunicación y a la opinión pública.

5.    El expediente de la discoteca Teatre fue remitido en su totalidad al Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, competente en la investigación del incendio.

6.    El abogado José Manuel Muñoz, que además de ser representante legal de algunas de las familias de las víctimas también es letrado de la organización Ecologistas en Acción (en cuya sede ha ofrecido ruedas de prensa en relación al incendio de Atalayas), ya ha intentado anteriormente sin éxito acusar al Ayuntamiento de destrucción de pruebas, siendo todas sus infundadas acusaciones rechazadas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia.  

7.    Este Juzgado, en un auto del 17 de noviembre de 2023, señaló claramente que "el Ayuntamiento de Murcia, tan pronto fue requerido por policía judicial, fue facilitando desde el primer momento todos los expedientes administrativos habidos para con la discoteca Teatre y demás, aportando a policía documentos físicos y digitales, que consta agrupados en el último atestado obrante en autos".

8.    Ante esta situación tan grave, en la que se ha valido de la manipulación, excediendo todos los límites éticos y legales, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia están estudiando ejercer acciones penales y de cualquier otra índole que pudieran corresponder".

El partido 'Valores' se personará en el caso de las menores tuteladas de Murcia

MURCIA.- En los últimos días ha trascendido la negativa de Vox y Partido Popular a dar explicaciones de lo sucedido con las dos niñas tuteladas por la Comunidad Autónoma de Murcia y que fueron obligadas a prostituirse. 

Los hechos sucedieron un día laborable, un 8 de febrero y la información salió a la luz casi un mes después. Silencios que no convencen a la dirección del partido Valores y, por eso, se ha decidido que los Servicios Jurídicos comiencen el proceso para personarse en el caso como Acusación Particular. 

Para el Secretario Nacional de Defensa del Menor, el cirujano murciano Juan Mariano Pérez Abad, "la Fiscalía de Menores debe llegar hasta el final, caiga quien caiga. Lo sucedido con estas dos niñas es de una gravedad nunca vista, al menos que haya salido a la luz pública, en la Región de Murcia".

"España con los niños tutelados, en los que se ataca la dignidad de miles de madres y padres, a los que se les arrebata la custodia de sus hijos sin orden judicial, pisoteando la Constitución y eliminando la tutela judicial efectiva, lo cual es muy grave, pasando así a estar tutelados por empresas que viven de la desgracia de otros y a las que hay que exigirles responsabilidad por las negligencias que cometen", añade

Además, Valores ha trasladado toda la información que se tiene sobre este caso a los cinco eurodiputados que pertenecen al ECPM, partido político europeo al que está adscrito Valores. 

Para Toñi Moreno, candidata nº 3 de Valores al Parlamento Europeo, " lo de Murcia pone de manifiesto lo necesario que es cambiar la Ley de Protección del Menor, algo que haremos en cuanto los españoles nos den su confianza".

Por último, tanto Pérez Abad como Moreno, han querido dejar claro que Valores es el único partido político español que está dando la cara por los menores tutelados y sus familias. 

"La política no es estar al servicio de unos pocos lobbies, es estar al servicio del más débil, del más necesitado", argumentan.

Dos activistas ambientales van a juicio por intentar paralizar las obras legales de un chalé en la Cala del Pino, de La Manga

CARTAGENA.- Dos integrantes de la asociación eco-ciudadana 'Por un Mar Menor Vivo' se enfrentarán a un juicio este viernes, 5 de abril, a las 9.30 horas, en Cartagena, por intentar paralizar las obras legales de construcción de un chalé en la ladera de la Cala del Pino, en La Manga del Mar Menor, hace aproximadamente un año.

La obra disponía de todos los permisos administrativos, incluidos los de Medio Natural, para trasladar dentro de la misma parcela una serie de especies vegetales que precisaban protección. 

Las dos mujeres fueron denunciadas por acceder a una propiedad privada y tratar de paralizar la maquinaria. La Fiscalía, por otra parte, ha archivado sus denuncias contra los promotores.

Para la plataforma, que aglutina a organizaciones sociales y vecinales, el juicio representa una "intimidación a quienes defienden el Mar Menor del urbanismo depredador" y afecta a dos ciudadanas que "tuvieron el coraje de levantarse contra la construcción ilegal" en el enclave costero.

Este espacio es "uno de los pocos que quedan naturales sin construir en La Manga", según apunta 'Por un Mar Menor Vivo', que no entiende "cómo es posible que en pleno siglo XXI, en una supuesta democracia, se permita que los intereses económicos de unos pocos prevalezcan sobre el bienestar de toda una región".

Caroline Riviere, integrante de la asociación, ha asegurado que las acusaciones sobre las dos mujeres "no son correctas" y que aquellos que se han opuesto a las obras han sufrido una "presión tremenda por todos lados".

"Denunciar una construcción ilegal no es un delito, es un acto de valentía y responsabilidad cívica. Es hora de que las autoridades escuchen la voz de los ciudadanos y actúen en consecuencia", ha agregado 'Por un Mar Menor Vivo', para la que "la corrupción y la impunidad no pueden seguir siendo el pan de cada día en nuestra sociedad".

En este sentido, ha exigido "justicia ambiental, transparencia en las decisiones políticas y un compromiso real con la protección de nuestro patrimonio natural".

"¡Basta de abusos! ¡Defendamos nuestro derecho a un medio ambiente sano, limpio y seguro! Es evidente que no nos van a silenciar y seguiremos luchando por defender nuestro entorno y nuestras convicciones", concluye el comunicado de la asociación eco-ciudadana.

Las violaciones aumentan en la Región un 18,3% en 2023

MURCIA.- El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del año 2023 refleja que las violaciones subieron en la Región de Murcia un 18,3% con respecto al año anterior. En concreto, se han registrado 110 casos en 2023 frente a los 93 del año anterior --sumando tanto agresiones sexuales con penetración como los abusos con penetración hasta octubre de 2022--.

En concreto, la Región registró en 2023 un total de 661 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 14,6% más con respecto al año anterior. De ellos, 110 fueron agresiones sexuales con penetración (+18,3%) y 551 se encuadraban en el resto de delitos contra la libertad sexual (+13,8%).

La Región de Murcia cerró el año 2023 con un total de 74.187 infracciones penales contabilizadas, lo que supone un 8% más que en 2022, según figura en la última actualización del balance estadístico de criminalidad del Ministerio de Interior.

En el caso concreto de la criminalidad convencional convencional, la Región registró 60.491 infracciones penales, lo que supone un incremento del 3% con respecto a los 58.746 del año anterior. Se trata del octavo mayor incremento por comunidades, superior al de la media nacional (2,1%).

Entre las 74.187 infracciones penales contabilizadas en la Región de Murcia en 2023, según los datos recogidos, destacan 15 homicidios dolosos y asesinatos consumados, un 87,5% más que los ocho contabilizados en 2022.

Además, aumenta el número de homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que el pasado año ascendió a 64, un 25,5% más que en 2022; y también aumentan los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria con 1.190 contabilizados, un 2,9% más.

En cambio, han bajado los secuestros, al pasar de seis en 2022, a cuatro en 2023, lo que representa un descenso del 33,3%.

Del mismo modo, los robos con violencia e intimidación ascendieron el pasado ejercicio a 2.069, un 3,5% más que en 2022. Los hurtos, con un total de 16.577, se incrementaron un 7,1% respecto al año anterior.

Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de los que se registraron 5.319 en 2023, descendieron un 0,8% respecto a 2022. En el caso exclusivo de los robos con fuerza en los domicilios, se registraron 3.907, lo que supone una caída del 2,3%.

Las sustracciones de vehículos ascendieron a 958 en 2023, un 23,8% más que en 2022; mientras que el tráfico de drogas, con un total de 572 delitos contabilizados, se incrementó un 8,5% con respecto a 2022. El resto de la criminalidad convencional sumó 33.062 infracciones penales, un 0,8% más que en el año anterior.

Por otro lado, el número de infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad ascendió en la Región de Murcia a 13.696 a lo largo del año 2023, lo que supone un incremento del 37,4% respecto a 2022.

El dato de la Región es el segundo mayor en el panorama nacional, tras el aumento del 42,8% experimentado por Andalucía, y un incremento superior al de la media nacional (25,5%).

De las 13.696 infracciones registradas en Murcia en 2023, 12.268 corresponden a estafas informáticas, esto es, un 41,8% más que en 2022, y el resto --1.428-- a otros ciberdelitos, lo que representa un incremento del 8,2%.

Un juez obliga a incluir a un profesor de religión en una estabilización porque su plaza es "estructural"

BARCELONA.- Un juzgado de Barcelona ha obligado a la Generalitat a incluir a un profesor de religión católica en un proceso de estabilización de interinos y sustitutos de 2022 del que fue excluido, sentencia que el sindicato de docentes AMRC califica de "histórica", al ser la primera en España de este tipo.

En una sentencia, el Juzgado de lo Social nº 31 de Barcelona ha estimado la demanda presentada por el docente y ha obligado a la Dirección General de Función Pública de la Generalitat a incluir al profesor de religión en el proceso de estabilización, tras considerar que su plaza es "estructural".

El profesor, miembro del sindicato AMRC y representado por la abogada Julia Calvo, comenzó a ejercer como profesor de religión católica en la educación pública en el año 2010, servicio que presta en la actualidad como personal laboral temporal en cuatro centros educativos catalanes.

El docente solicitó su inclusión en un proceso de estabilización de funcionarios e interinos del sector público de junio de 2022, que la administración desestimó, y aunque el afectado recurrió la decisión, la Generalitat la rechazó basándose en el carácter "singular" de este profesorado. 

Entre otras cuestiones, la Dirección General de Función Pública señaló en su rechazo a incorporar al profesor al proceso en que es la confesión correspondiente quien tiene que acreditar al docente, y que será impartida "para cada año escolar" por el profesional designado por la autoridad religiosa competente.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida, destaca que el demandante "acredita cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la resolución". 

Sobre la asignación específica del profesorado de religión, la sentencia recuerda que "una vez superado el requisito inicial de idoneidad" para ejercer como docente de la materia confesional, este "no es renovado anualmente", sino que se mantiene.

El juez subraya que "partiendo de la singularidad de los profesores de religión", estos cuentan con "un cuadro normativo idéntico" al personal interino no fijo, con características, regulación y obligaciones iguales al resto de docentes, y que están "completamente integrados en los claustros". 

Por su parte, el sindicato AMRC ha calificado de "histórica" la decisión, de la que han indicado que es la primera de España de estas características, que reconoce, entre otras cosas, la "naturaleza estructural" de sus puestos de trabajo.

El oriolanoTrinitario Casanova se queda sin los 700 millones que reclamaba por 'Madrid Nuevo Norte'

MADRID.- El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por Baraka Capital Group contra Madrid Nuevo Norte por los derechos de reversión de los terrenos expropiados que dieron origen al proyecto urbanístico y por los que reclamaba una compensación de 713 millones de euros.

Así consta en una providencia en la que la Sala de lo Civil de la Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por Baraka contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de marzo de 2022, en la que los magistrados tumbaron el recurso del grupo dirigido por el empresario oriolano Trinitario Casanova contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid, de abril de 2021, que ya desestimó dicha reclamación.

El Alto Tribunal acuerda ahora no estimar las alegaciones realizadas tras la previa audiencia en cuanto considera que "no desvirtúan lo expuesto" y ordena que se declare firme dicha sentencia, imponiendo a la parte recurrente las costas.

En la resolución impugnada, los magistrados esgrimieron que los expropiados no transmitieron al demandante "derecho de reversión concretado y reconocido plenamente" ya sea por la Administración expropiante o en sentencia del procedimiento contencioso que pudieran haber planteado al efecto.

Baraka interesaba en la demanda que se declarase que BBVA y DCN estaban obligadas contractualmente a satisfacerle los derechos de reversión derivados del procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, y se les condenara a abonarle la cantidad de 713.786.683,94 euros, como titular que decía ser de esos derechos de reversión.

El grupo dirigido por Trinitario Casanova firmó en 2018 con los antiguos propietarios de los terrenos un acuerdo sobre sus derechos de reversión, que haría efectivo si lograba ser titular de los suelos.

Baraka exigía que, como titular de dichos derechos de reversión, la cantidad de 713.786.683,94 euros a ambas entidades, importe calculado de la "pérdida sufrida por la privación de sus derechos de reversión derivados del referido procedimiento expropiatorio de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, dada la imposibilidad de restitución in natura de las fincas".

En la resolución, el Alto Tribunal expone que los motivos alegados son "inadmisibles" por carencia manifiesta de fundamento porque "la sentencia recurrida confirma la falta de acción y, por tanto, de legitimación activa de la recurrente".

Recalca que "los miembros de la Asociación No Abuso no transmitieron a la actora un derecho de reversión reconocido plenamente, ya fuese por la Administración expropiante o mediante sentencia firme recaída en el procedimiento contencioso destinado a tal fin tras la negativa de ese reconocimiento por parte de la Administración, por lo que la recurrente solo adquirió una expectativa vacía de contenido y este extremo no ha sido debidamente rebatido".

El juez deja en libertad provisional al jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Murcia

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Murcia ha dejado este martes en libertad provisional al jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El agente fue arrestado por efectivos de la Unidad de Asuntos Internos desplazados desde Madrid e ingresó en prisión provisional el pasado 22 de febrero, en el marco de una operación que investiga actividades supuestamente relacionadas con el tráfico de drogas.

Según el TSJMU, el procedimiento está abierto por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, blanqueo de capitales, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.

Junto al jefe del grupo de estupefacientes, el Juzgado, que este martes ha levantado el secreto de sumario, envió a prisión a otro de los investigados en la misma causa, mientras que dejó en libertad a otras cuatro personas.

Asimismo, ordenó varias entradas y registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San Javier, en el marco de un procedimiento judicial declarado secreto en el que se investigan actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según se informó al instructor, se practicaron varias detenciones en la Región y en Madrid, entre ellos la del jefe del grupo de estupefacientes, practicada por agentes de la Unidad de Asuntos Internos.

Se da la circunstancia de que la Policía Nacional detuvo el pasado sábado en el aeropuerto de Vigo a un agente del citado Cuerpo que, al parecer, estaría relacionado con la misma operación que desembocó a finales del pasado mes de febrero en el arresto del jefe del grupo de estupefacientes en Murcia.

En libertad provisional el policía detenido en Vigo vinculado con el arresto del jefe de estupefacientes de Murcia

 MURCIA.- El agente de la Policía Nacional detenido el pasado sábado en el aeropuerto de Vigo y vinculado presuntamente con el arresto del jefe del grupo de estupefacientes de Murcia ha quedado en libertad provisional, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

El magistrado ordenó la retirada del pasaporte del policía, al que se le ha prohibido salir del territorio nacional, y le impuso la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

El procedimiento está abierto por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, blanqueo de capitales, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.

Cabe recordar que la Unidad de Asuntos Internos detuvo el pasado febrero al jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia en el marco de una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 7 de la capital murciana.

El arresto se produjo por agentes desplazados desde Madrid y el agente arrestado pasó a disposición judicial el pasado 22 de febrero.

El Juzgado envió a prisión provisional al jefe del grupo de estupefacientes y a otro de los investigados dentro de esta operación contra el tráfico de drogas. Además, dejó en libertad a los cuatro investigados restantes.

Asimismo, ordenó varias entradas y registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San Javier, en el marco de un procedimiento judicial declarado secreto en el que se investigan actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Según se informó al instructor, se practicaron varias detenciones en la Región y en Madrid, entre ellos la del jefe del grupo de estupefacientes, practicada por agentes de la Unidad de Asuntos Internos.

Confirman el procesamiento del expresidente de la Región de Murcia en el 'caso Guardería'

MURCIA.- El juzgado de Lorca que ha instruido la causa de presunta corrupción conocida por "caso Guardería" ha desestimado el recurso de reforma presentado por el expresidente de la Comunidad de Murcia Pedro Antonio Sánchez (PP) contra el auto que acordó su procesamiento por los supuestos delitos de fraude, falsedad, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

Dentro de la causa en la que la jueza investiga presuntas irregularidades en la construcción de los centros municipales de atención a la infancia y la mujer en Puerto Lumbreras cuando el político del PP era el regidor de la ciudad, el fiscal Anticorrupción de Murcia presentó el pasado julio su escrito de conclusiones provisionales, en el que reclama para él penas que suman 13 años y medio de prisión y 36 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.  

El juzgado de Instrucción de Lorca, en el auto que acaba de ser notificado a las partes, desestima las alegaciones expuestas por el exmandatario regional, que afirmó que los hechos que se le imputaban no eran constitutivos de delito alguno, por lo que solicitó la revocación de su procesamiento. 

Y añade la resolución judicial que el auto recurrido, por el que se acordaba la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, es solo la expresión de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal, con independencia de la acusación del fiscal y de lo que finalmente resulte del juicio.

El auto desestima igualmente el recurso presentado por la que era interventora en el momento de los hechos, en los años 2007 a 2010, cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras y promovió el proyecto de construcción de la guardería y del centro para la mujer, que está en el origen de esta causa. 

La Fiscalía Anticorrupción de Murcia, en su escrito de acusación, sostiene que Sánchez cometió, presuntamente, diversas ilegalidades en torno a ese proyecto por fraccionarlo indebidamente e incumplir varias formalidades legales.

En referencia al supuesto delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía afirma que cometió el mismo con el pago con sobre-costes y con la emisión de certificaciones y actas de recepción de obras inexistentes.

En cuanto al delito contra la ordenación del territorio, que también le atribuye, el fiscal sostiene que se incurrió en el mismo al aprobar el proyecto del centro de la mujer con una edificabilidad que superaba la máxima permitida.

El auto no es firme, ya que contra el mismo se puede presentar el recurso de apelación, que tendría que resolver la Audiencia Provincial de Murcia.

El número de asuntos en trámite en los juzgados sigue subiendo en 2023 en la Región y supera los 179.000

MURCIA.- El número de asuntos en trámite en los juzgados sigue subiendo en 2023 en la Región y alcanza los 179.188 a 31 de diciembre, un 27% más que el año anterior, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron durante el año 2023 un total de 219.180 asuntos, cifra que representa un descenso del 1,2% respecto a 2022.

Cabe destacar que, durante los seis primeros meses del año, la fuerte incidencia de la huelga de letrados y funcionarios de la Administración de la Justicia, con el mayor seguimiento de todo el país, lastró de forma decisiva la capacidad de resolución de los juzgados y tribunales de la comunidad (los 179.164 asuntos resueltos supusieron una reducción inter-anual del 13,1%).

Como resultado, a 31 de diciembre de 2023 seguían en trámite un total de 179.188 asuntos, un 27 % más que un año antes, tal y como han aclarado las mismas fuentes.

Los datos de la actividad de los órganos judiciales durante el pasado año están incluidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales, hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial, que muestra cómo el número de nuevos asuntos sólo creció en el orden Civil (un 1,5%) mientras que en las jurisdicciones Penal, Contenciosa y Social bajó un 3,1%, un 4,9% y un 1,2%, respectivamente.

Así, en el orden Civil, los órganos judiciales registraron 91.067 asuntos en 2023, lo que equivale a un incremento del 1,5% respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 64.293 asuntos, un 17,4% menos que en 2022, y quedaron en trámite 107.816, un 30,1% más. Colocándose los juzgados de Instancia murcianos, con una tasa de 2,70, en los órganos más congestionados de todo el país.

En la jurisdicción Penal ingresaron 110.089 asuntos, con un descenso del 4,9%; se resolvieron 100.520 asuntos, un 9,4% menos respecto a 2022, y quedaron en trámite 49.418 asuntos, lo que supone un incremento del 23,2% respecto al ejercicio anterior.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la entrada de 6.130 nuevos asuntos supuso una disminución interanual del 4,9%. También se redujo, en 15,1%, el número de asuntos resueltos, que sumaron 5.271. Al final del periodo quedaron en trámite 7.093 asuntos, un 16% más.

El ingreso de 11.849 nuevos asuntos en la jurisdicción Social supuso un descenso del 1,3% respecto a 2022. El número de asuntos resueltos se situó en 9.080, un 19,1% menos que el año anterior y el de asuntos en trámite, en 14.816, un 22,4% más.

La paralización de los juzgados y tribunales de la Región y la falta de registro de nuevos asuntos durante el primer semestre del año por la huelga hizo que la tasa de litigiosidad anual (141,3) se colocara, por primera vez, por debajo de la media de España en 2023, que fue de 145,7 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Sin embargo, la Región de Murcia recuperó su alto nivel de litigiosidad en el cuarto trimestre, colocándose entre las comunidades autónomas con mayor tasa de conflictividad, sólo superada por Canarias.

"Las huelgas han sido la puntilla para la Administración de Justicia regional", según el presidente del TSJMU, Miguel Pasqual del Riquelme, quien ha señalado que "la paralización del primer semestre ha venido a coadyuvar para llegar a la dramática situación actual".

"La combinación de una litigiosidad por encima de la media nacional y una de las ratios más bajas de jueces por cada 100.000 habitantes del país, mantenida durante la última década ya determinaban que los tiempos de respuesta judicial sean los peores de todo el territorio nacional", ha subrayado.

"Y ello, a pesar de que el nivel de productividad y resolución de nuestros juzgados se ha mantenido durante todos estos años muy por encima de la media nacional. ¿No sé a qué hay que esperar para que se tomen las medidas necesarias?", se pregunta Pasqual del Riquelme, tras analizar los últimos datos.

Cabe recordar que, en su último informe, la Sala de Gobierno del TSJMU fijó las necesidades mínimas de la Región en once nuevas unidades judiciales: dos juzgados de primera instancia en el partido judicial de Murcia; un juzgado de primera instancia en el de Cartagena; un juzgado de primera instancia e instrucción en Molina de Segura; un juzgado de lo penal en Murcia; un juzgado de violencia sobre la mujer en Murcia; un juzgado de vigilancia penitenciaria de ámbito regional; y una sección penal completa en la Audiencia Provincial de Murcia.

Sin embargo, entre las 70 nuevas unidades judiciales que el Consejo de Ministros decidió crear en toda España durante 2024, solo una --un magistrado para la Sección 3 la Audiencia Provincial-- fue asignada al TSJMU.

El Ministerio de Justicia trasladó en diciembre del 2023 su compromiso de trabajar de forma inmediata para tratar de revertir la situación judicial de la Región con medidas de refuerzo coyunturales, en espera de que para el año siguiente se puedan crear las plazas que no han sido concedidas este año. 

"Esperamos que se convoque la comisión mixta de forma inminente", ha insistido el presidente.

La Fiscalía Europea investiga las ayudas que el Gobierno de López Miras concedió a la asociación proisraelí 'Zakut'

MURCIA.- Como ya sucediera con la Fiscalía de la Región de Murcia, su homólogo europeo -la Fiscalía Europea- ha abierto diligencias  a raíz de una denuncia contra el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de un millón de euros a la asociación proisraelí Zakut, según ha confirmado el despacho de abogados en Madrid del letrado José Luis Mazón tras recibir ahora la confirmación desde Luxemburgo. 

Zakut, una asociación destinada al impulso de empresas tecnológicas, fue creada el 24 de abril de 2021, y tan solo cuarenta y cinco días después recibió los primeros 500.000 euros en subvenciones en la Región de Murcia. Un año después recibiría la misma cantidad hasta sumar un millón de euros. El letrado interpuso las denuncias a través de la Asociación Preeminencia del Derecho el pasado enero contra el jefe del Ejecutivo Regional por un delito de malversación de fondos públicos.  

El organismo europeo ha solicitado a Mazón que “aporte cuanta documentación o información adicional posea en relación con el fraude denunciado”, según recogía el pasado lunes LasNoticiasRM, un digital en la órbita completa del PSRM.  

La suma total del dinero fue recibido a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), en base al programa de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

De lo otorgado a Zakut, solo 100.000 euros provenían de fondos regionales, el resto fue aportado por la Unión Europea, motivo por el cual Preeminencia del Derecho también había elevado la denuncia al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea. 

Zakut también se habría beneficiado de otros gobiernos populares, al haber recibido subvenciones en Andalucía y la Comunidad de Madrid, que le otorgaron 1,35 millones y 200.000 euros respectivamente. En ambas comunidades la suma ha sido concedida para cursos de formación.

Mazón se puso sobre la pista del caso al detectar que la Comunidad de Madrid había otorgado el uso y disfrute de 14 viviendas sociales a la asociación, cuestión que coincidió con la publicación de informaciones en la Región de Murcia sobre la concesión de ayudas a este mismo organismo. 

El abogado también denunció que la entidad había recibido la primera ayuda del INFO sin tener registrados sus estatutos.  

Desde el Gobierno regional han defendido que Zakut se trata de “una empresa privada que se presentó a una convocatoria pública y, según criterios objetivos que cumplía, obtuvo la subvención del Instituto de Fomento”. 

Han recordado que puede consultarse en la web del Info la concesión “como todas y cada una de las subvenciones otorgadas”.

 “Todo se ha hecho bajo la normativa vigente y no se trata de una subvención directa, sino de una convocatoria de ayudas. Todo está hecho con criterios públicos incluidos en la convocatoria”, han zanjado.

Desde el Partido Socialista han indicado que, de confirmarse toda esta información, serían hechos “muy graves”, cuyo esclarecimiento debe hacerse con la máxima “rapidez y transparencia”.

 “El PSOE seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para velar por una adecuada gestión de los recursos públicos”.

Por otra parte, han recordado que, el Gobierno de López Miras subvencionó con más de 26.000 euros a la empresa de un corrupto, el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuando ya estaba investigado. 

“Concretamente, a una sociedad sin trabajadores y sin apenas actividad. Es importante recordar que estamos hablando del padre político de López Miras, el que lo eligió a dedo para sucederle y poder mantener la corrupción del PP en la Región, cuando se vio obligado a dimitir y huyó a Miami. Un expresidente regional que ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad”.    

Desde el PSOE de la Región de Murcia han señalado que “el historial de corrupción, despilfarro, trapicheos y mala gestión de los recursos públicos del PP en la Región de Murcia es interminable”. 

La formación ha reaccionado así ante la noticia de que la Fiscalía Europea esté investigando las ayudas que el Gobierno de López Miras concedió a la asociación Zakut y ha recordado que la Fiscalía de la Región de Murcia también ha abierto diligencias por la presunta concesión irregular de ayudas por valor de un millón de euros a dicha asociación. 

La suma total del dinero fue recibido a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). Este organismo, según el PSOE, destinó 19,89 millones de euros en subvenciones en 2023 para la creación de 101 empleos temporales.

 “Estamos ante una gestión muy deficiente del dinero de los ciudadanos y ciudadanas. El Gobierno de López Miras está despilfarrando el dinero de todos. Debería utilizar estos recursos para ayudar de verdad a las empresas a generar empleo y apoyar a nuestros autónomos, ya que esta es una de las principales necesidades que tiene la Región de Murcia”.

Al hilo, la formación ha recalcado que sería muy grave que el Gobierno del PP hubiera utilizado estos recursos para beneficiar a sus amigos, “aunque no nos extrañaría, porque no sería la primera vez”. 

“El Partido Popular lleva cerca de 30 años utilizando la administración regional para alimentar a sus redes clientelares”.

El abogado José Luis Mazón pone a prueba, el deber, la profesionalidad e independencia del juez García Castellón

MADRID.- El abogado José Luis Mazón ha puesto a prueba la profesionalidad, imparcialidad, deber e independencia del controvertido juez Manuel García Castellón con una denuncia ante la Audiencia Nacional, que persigue testimonios únicos sobre la eventual manipulación y/o destrucción de pruebas tras los atentados del 11M en el año 2004, a punto de prescribir cuando se cumplan los 20 años de estos hechos.

En concreto le había pedido al magistrado, que ha archivado la denuncia de la Asociación Preeminencia del Derecho, que se tenga por presentada en este Juzgado y que se investigue a los responsables de tales hechos (destrucción de los trenes).

También que se interese la declaración de las siguientes personas:
 

-El Sr. Juez del Olmo que ordenó (o consintió sin resistencia) hacer desaparecer pruebas que eran cruciales en el caso para esclarecer los hechos, a citar en la Audiencia Provincial de Murcia, donde trabaja.

-Al Sr. Jose María Aznar en la fecha de lo sucedido era el presidente del Gobierno, luego en funciones, y poseedor de información de alto nivel sobre la destrucción de los trenes

-Al Sr. Ángel Jesús Acebes Paniagua, ministro del Interior en el momento de los hechos y, sin duda, poseedor de información sobre la trama de la destrucción de los trenes. A localizar por Policía Judicial.

-Al Sr. Sánchez Manzano, por aquel entonces jefe de los TEDAX

-Al Sr. Fernando Íñiguez, al entonces director de Emfesa, filial de Renfe dedicada a la “enajenación de materiales” 

-Al Sr. Ángel Olaiz Hoyuela, que era director general de mantenimiento integral de Renfe.

-Al Sr. Federíco Jiménez Losantos, a quien el magistrado Gómez Bérmudez le dijo que: “España no está preparada para conocer la verdad".

-Al Sr. Carlos Sánchez de Roda, ingeniero ferroviario, autor de una profunda investigación sobre la destrucción de los trenes y particularmente de uno de ellos, que se salvó de la quema y luego fue rematado.

Las declaraciones que se deriven de los anteriores testimonios o de las investigaciones que de oficio practique el instructor.

OTROSI: Que solicito ser notificado con vistas a estudiar personación como acusación popular.

OTROSI: Proceder ofrecimiento de procedimiento a las víctimas en cumplimiento de la normativa de protección de víctimas.

Anexos

1.Historia de los trenes publicado en web Libertaddigital.com

2.Artículo la paseata.net con Carlos Sánchez de Roda

3.Artículo Federico Jiménez Losantos en El Mundo de 16.11.2015

García Castellón, en su auto del pasado 5 de marzo, ordena incoar y archivar  el presente procedimiento de Diligencias Previas núm. 18/24, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

Contra este auto podía interponerse recurso de reforma, en el plazo de tres días, ante ese Juzgado Central de Instrucción nº 6.

Este pasado jueves, 7 de marzo, 24 horas antes, Mazón ha presentado ese recurso de reforma y, subsidiariamente de apelación, para no dejar prescribir los presuntos delitos de encubrimiento de impunidad de actos terroristas del 11M, que denuncia Preeminencia del Derecho y que publicaremos en las próximas horas.

Podemos denuncia las "sentencias machistas" de la Audiencia de Murcia

MURCIA.- El diputado regional de Podemos Víctor Egío ha denunciado hoy a las puertas del Palacio de la Justicia de Murcia el carácter "machista" de varias sentencias judiciales de la Audiencia de Murcia que, en el último año, "han suspendido las penas de prisión por multas ridículas a los agresores sexuales".

En concreto, Egío se refiere a una sentencia conocida en el mes de diciembre contra un profesor particular por abusar de dos alumnas de 8 y 15 años, profesor que no llegó a pisar la cárcel a pesar de ser condenado a 4 años.

 También a otra sentencia de octubre en el que el agresor solo tuvo que hacer frente a una multa de 1.600€ tras reconocer haber avisado de sus sobrinas. La última de estas sentencias, hecha pública en febrero, suspendía la pena de dos años de cárcel a un joven de 20 años que agredió sexualmente a su prima de solo 5 años, a cambio del pago del tratamiento psicológico de la menor.

"En España y en la Región de Murcia tenemos un problema que se llama justicia machista", ha afirmado Egío. El diputado morado ha asegurado además que "no se trata de una cuestión de formación, sino de ideología". 

Por eso ha asegurado que "desde Podemos vamos a seguir denunciando estas sentencias vergonzantes". 

Además, ha recordado que a nivel estatal una de las líneas de trabajo de su formación es "reformar el acceso a la carrera judicial que, actualmente, se encuentra copada por una élite reaccionaria y machista".

Los presos por violencia de género son el segundo mayor grupo en las cárceles de la Región de Murcia

 MURCIA.- Un total de 268 hombres cumplía condena por violencia de género en los centros penitenciarios de la Región de Murcia a 31 de diciembre de 2023, lo que le convierte en el segundo grupo de reclusos más numeroso según la tipología del delito, por detrás de los cometidos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Así se desprende de los últimos datos publicados por el Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) a partir de un informe del Ministerio del Interior.

Al cierre de 2023, el número de internos por violencia de género supuso el 15,4% del total de la población reclusa en las cárceles de esta comunidad autónoma, que ascendió a 1.747 personas --1.651 hombres y 96 mujeres--, un 6,2% más que el año anterior

El colectivo más numeroso de los internos en esta comunidad autónoma era, a 31 de diciembre del pasado ejercicio, el penado por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, esto es, los relacionados con hurtos, robos y daños, entre otros.

En concreto, 632 personas --un 36,1% de la población penitenciaria de la Región-- se encontraban privadas de libertad por estas causas, de las que 597 eran hombres y 35, mujeres. El grueso de reclusos de ambos sexos descendió un 2,32% en este caso con respecto al pasado año.

Tras los delitos contra el patrimonio y la violencia de género, las causas que figuran con mayor número de presos son las relacionadas con la salud pública, principalmente por comercio y tráfico de sustancias estupefacientes. Así, un total de 190 personas --171 hombres y 19 mujeres-- se encontraban en prisión por este tipo de hechos delictivos.

Le siguen los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (146 presos de ambos sexos); homicidios y sus formas (106); contra la Administración de Justicia (60); lesiones (51); contra el orden público (41); contra la seguridad vial (34); contra la libertad (28); contra las relaciones familiares (15); contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (12) y falsedades (7).

La jueza confirma la resolución de no incoar una pieza separada contra el consistorio de Murcia por 'caso Atalayas'

MURCIA.- La titular del juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia ha desestimado el recurso de la representación procesal de familiares de dos de los fallecidos en el incendio acaecido el pasado 1 de octubre en la zona de Atalayas, en Murcia, contra el auto de 16 de noviembre que denegaba la apertura de una pieza separada que investigara la actuación del Ayuntamiento de Murcia por si existió un delito de prevaricación administrativa por omisión.

En el recurso, el letrado insiste en que, de acuerdo con las actas de inspección de marzo de 2018, 15 de diciembre de 2020 y 28 de mayo de 2021, había una situación de riesgo para la seguridad de las personas apreciada por funcionarios del Ayuntamiento de Murcia y aun así no adoptaron medidas.

La resolución apunta que, como indica la jurisprudencia, para apreciar la existencia de un delito de prevaricación será necesario una resolución dictada por la autoridad o funcionario objetivamente contraria a derecho, por falta absoluta de competencia, omisión de trámites esenciales o por su contenido, de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable y que sea dictada a sabiendas de la injusticia.

Para determinar si a los funcionarios municipales les es imputable un presunto delito de prevaricación, la magistrada ha analizado de forma "extensa y pormenorizada" los expedientes administrativos y los informes técnicos del Ayuntamiento de Murcia, distinguiendo los relativos a las licencias de actividad de los abiertos por denuncias y sanciones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Tras ello, la instructora ha concluido que, de la documentación existente, "no se pueden extraer unos mínimos indicios de criminalidad en la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia para con la situación urbanística en que se encontraban las salas donde tuvieron lugar los hechos objeto de investigación".

No obstante, la jueza no ha descartado "posibles irregularidades administrativas de tramitación a analizar en otra jurisdicción diferente a la penal como pudiera ser en la jurisdicción contencioso- administrativa en su caso", según ha añadido el TSJMU.

Familias de dos de los fallecidos en Atalayas se querellan contra el Ayto de Murcia por "prevaricación por omisión"

MURCIA.- Las familias de dos de los 13 fallecidos en los incendios registrados el pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de ocio Atalayas, en Murcia, han anunciado que van a presentar una querella contra el Ayuntamiento del municipio como responsable civil de un presunto delito de "prevaricación por omisión".

En concreto, la querella se dirige contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior Equipo de Gobierno, Andrés Guerrero, y contra "tres funcionarios" del Consistorio.

Así, estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una "estrategia" a través de la que "paralizaban" la orden de cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos "mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización".

Así lo ha confirmado el abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, quien ha considerado que "no se ha actuado de forma correcta ante las distintas irregularidades". 

Al contrario, a su juicio, "ha habido una trama" y "un sistema de funcionamiento perfectamente organizado en el que participaban", desde su punto de vista, "Navarro Corchón y determinados funcionarios".

Ha señalado que todos ellos, "a través de una estrategia, establecían siempre que la actividad estuviera en funcionamiento, amparándose en una posibilidad que otorga la normativa, la ley 4 del 2009, que permite el funcionamiento" del establecimiento "mientras haya abierto un procedimiento de legalización".

En concreto, la normativa permite el funcionamiento "en determinados casos" y, "aprovechando esas posibilidad, la aplicaban de forma generalizada", según el letrado.

Así, según Muñoz, cuando se abría un procedimiento de cese, esta "trama" respondía diciendo: "oiga, no puede usted cerrar porque hay un procedimiento de legalización".

Cuando se imponía una sanción, respondían que "no pasaba nada" y presentaban el procedimiento de legalización. Ha criticado que, con esa "estrategia", iban "paralizando cualquier incidencia que pudiera surgir".

Incluso, ha lamentado que esta "trama" llegaba "hasta el absurdo", puesto que un procedimiento de legalización "lo paralizaban alegando que iniciaban otro procedimiento de legalización aportando, además, la misma documentación".

Con esta "estrategia", el abogado ha señalado que conseguían paralizar un procedimiento de cese para que el que se había dictado un decreto de ejecución de forma expresa.

Además, Muñoz ha considerado que "había suficientes irregularidades sustanciales como para haber dictado la suspensión de la actividad" de estas discotecas, en cuyo incendio fallecieron 13 personas.

Muñoz ha confirmado que va a presentar esta querella ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia y achaca al Ayuntamiento, al concejal y a los funcionarios el delito de prevaricación por omisión. 

De momento, Muñoz va a presentar esta querella en nombre de las dos familias a las que representa, aunque no cierra la puerta a que se sumen otros afectados si hay "coordinación".

Muñoz ha criticado que se trata de una "trama" porque se trataba de una "forma de operar" que tenía el Ayuntamiento. "Está afectado este caso, pero habrá otros", según Muñoz que, de hecho, ha recordado que solo una semana después del incendio, el Consistorio ya había suspendido la actividad de otros siete locales, cuyos expedientes "estarían en la misma situación".

Ha lamentado que "se produjo una división que hubiera determinado adoptar una adaptación" de las discotecas, según este abogado. "Es más, el local incumplía las normativas de planeamiento, por lo que nunca iba a ser legalizable. Y, en cambio, se permitió que funcionara".

El Tribunal de Cuentas ve "deficiencias" por 7.665 euros en gastos electorales del 28-M en la Región

 MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha apreciado "deficiencias" por valor de 7.665 euros respecto del cumplimiento de las restricciones legales en materia de gastos electorales en los comicios autonómicos del pasado 28 de mayo en la Región de Murcia, según han informado fuentes del órgano fiscalizador en un comunicado.

Así, en su informe, publicado este viernes, el Tribunal apunta que estos gastos "no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral", al no ajustarse a los conceptos de gasto previstos en el artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).

En concreto, del montante total, 4.761,41 euros no tenían naturaleza electoral y 2.904 correspondían a gastos con justificación "insuficiente". Por lo tanto, no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.

El informe fiscalizador apunta que todos los partidos políticos y coaliciones electorales que concurrieron en la Región de Murcia el pasado 28 de mayo presentaron "en plazo" la contabilidad correspondiente a los procesos autonómico y municipal, y lo hicieron a través de la Sede Electrónica de la institución.

En cuanto a los ingresos electorales, las formaciones políticas declararon recursos para financiar la campaña por 1.736.082,59 millones de euros, de los que 682.649,81 euros procedían de adelantos de subvenciones electorales; 694.473,73 de aportaciones realizadas por los partidos; 350.500 de operaciones de endeudamiento y 8.459,05 de aportaciones privadas.

Los gastos electorales que han sido considerados justificados por el Tribunal de Cuentas han ascendido, en el caso de la Región, a 926.986,59 euros, de los que 140.527,29 correspondían a gastos de publicidad exterior, y 104.729,61 a gastos de publicidad en prensa y radio. Por su parte, el gasto justificado por la realización de actividad del envío de propaganda electoral ha sido de 670.665,27 euros.

El documento añade que ninguna formación política ha superado el límite máximo de gastos previsto, ni los límites establecidos en los artículos 55 y 58 de la LOREG, relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente.

Dos partidos --PP y VOX-- declararon gastos por confección de sobres y papeletas de votación, si bien los gastos de franqueo postal han sido declarados en la contabilidad de las elecciones locales. El Tribunal considera que tendrían que haber imputado los gastos a ambos comicios --autonómico y municipal--, al tratarse de gastos comunes a los dos procesos.

También en estos partidos, el órgano fiscalizador ha observado "un exceso de facturación" por sobres y papeletas electorales respecto a los envíos en la propaganda justificados según los albaranes de Correos.

En el caso del PP, el montante ha ascendido a 747.296 unidades de sobres y 909.989 de papeletas, lo que supone, respectivamente, un 72% y un 87% del censo electoral de la Comunidad Autónoma. El exceso, en el caso de Vox, ha sido de 423.897 unidades (+41%).

En relación con los gastos de adquisición de los sobres y papeletas de votación, el informe advierte de una "significativa" variación en los precios facturados por los proveedores a los distintos partidos políticos.

Y es que, apunta, estos precios unitarios facturados a las formaciones fueron "superiores en la mayor parte de los casos" a los de adjudicación del contrato de suministro de papel y sobres de votación para las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia.

Además, ninguna formación política superó el límite máximo de gastos previsto para estas elecciones autonómicas (398.288,28 euros), ni los límites establecidos en los artículos 55 y 58 de la LOREG relativos a los gastos de publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio, respectivamente (79.657,66 euros).

Por otro lado, PSOE y la coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde realizaron pagos con posterioridad a los 90 días siguientes al de la votación, lo que supone un "incumplimiento" de lo establecido en la LOREG, por un importe acumulado de 26.583,51 euros.

Estos mismos partidos han incurrido en los supuestos que fundamentan la formulación de propuestas de reducción en relación con las subvenciones electorales. En el caso del PSOE, "por haber realizado pagos desde una cuenta bancaria no electoral" y, además, con posterioridad al plazo fijado; en el segundo, por haber realizado pagos a proveedores "con posterioridad".

Además, una formación política --Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía-- no alcanzó los requisitos necesarios para percibir subvenciones electorales, al no obtener representación parlamentaria. Así, no se le ha acreditado el reintegro del adelanto de subvención electoral, por importe de 28.020 euros.

Dadas las cifras recogidas en el documento, el Tribunal de Cuentas ha propuesto al Gobierno de la Comunidad Autónoma recurrir a fórmulas de contratación centralizada de los sobres y papeletas de votación, teniendo en cuenta que los precios facturados a las formaciones políticas resultan "considerablemente superiores" a los precios unitarios de adjudicación en la contratación realizada por el Consejo de Gobierno.

También ha aconsejado vincular el límite máximo de gastos electorales que establece el artículo 35 de la Ley Electoral de la Región de Murcia con el número de electores, colectivo al que se dirige la actividad electoral de las formaciones políticas, en lugar de con el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la Comunidad.

Involucran al murciano Pedro Saura en las investigaciones sobre el 'caso Ábalos'

MADRID.- El presidente de Correos, el murciano Pedro Saura, ha negado contactos con Koldo García para realizar ningún contrato laboral o de otro tipo, después de las investigaciones al ex asesor de José Luis Ábalos, a la vez que ha asegurado que la empresa pública postal "no ha contratado" al hermano de Koldo, Joseba García, ni le consta que "haya tenido nunca el propósito de contratarlo".

De esta manera se ha pronunciado Pedro Saura a través de un comunicado después de que el auto del juez Ismael Moreno señalara, en relación a Joseba, que "se han obtenido indicios de que una vez deja de ser empleado de EMFESA -ente dependiente de ADIF-, por expreso deseo de Koldo pasará a trabajar en Correos --sociedad estatal dependiente del MITMA--".

Asimismo, el instructor destaca una llamada del 28 de diciembre en la que "se ha podido observar que Koldo tiene la capacidad de poner en contacto" a una responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) "con 'Pedro' a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último".

En este sentido, Pedro Saura niega haber mantenido ninguna conversación telefónica sobre este aspecto ni con Koldo García ni con la responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.

"Es más, nunca he mantenido ninguna conversación con Koldo relativa a la celebración de ningún contrato laboral o de otro tipo. Correos no ha contratado a Joseba ni me consta que haya tenido nunca el propósito de contratarlo", reza el comunicado de Pedro Saura.

En el auto del juez también apunta que "Joseba sería conocedor del nombramiento del nuevo presidente de Correos --Pedro Saura--, antes de que se hiciese oficial ya que ha afirmado que esta persona es amigo suyo", añade el magistrado.

Y al respecto, Saura defiende que el 27 de diciembre de 2023 "era ya de conocimiento público" su próximo nombramiento como Presidente de Correos. 

 

Joseba García, hermano del exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, habría conocido el nombramiento del murciano Pedro Saura como presidente de Correos antes de que se hiciera oficial su nombramiento, según apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero.

En este sentido, el instructor destaca una llamada del 28 de diciembre en la que "se ha podido observar que Koldo tiene la capacidad de poner en contacto" a una responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) "con 'Pedro' a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último".

"En otro orden de cosas, pero también relacionado con los contactos de Koldo", el juez hace referencia a la vida laboral de su hermano Joseba García. 

 

Sobre este extremo, señala que "se han obtenido indicios de que una vez deja de ser empleado de EMFESA -ente dependiente de ADIF-, por expreso deseo de Koldo pasará a trabajar en Correos --sociedad estatal dependiente del MITMA--".

"Al hilo de lo anterior, Joseba sería conocedor del nombramiento del nuevo presidente de Correos --Pedro Saura--, antes de que se hiciese oficial ya que ha afirmado que esta persona es amigo suyo", añade el magistrado.