lunes, 7 de noviembre de 2016

'Podemos' preguntará a Fomento por el gasto de los 45 millones de euros del ITI para el Mar Menor


CARTAGENA.- La diputada de Podemos, María Giménez, ha señalado que tras la reunión mantenida con representantes de la Plataforma por el Mar Menor, los vecinos de la zona y Anse, el grupo parlamentario ha solicitado al consejero de Fomento, Pedro Rivera, que explique cómo se gestiona esta partida, proveniente de fondos europeos, destinada a la preservación medioambiental y recuperación del valor turístico de la laguna.

Giménez ha alertado de que sería "muy grave" que el gobierno regional haya comprometido ya la mayoría de esos fondos a construir tanques de tormenta, puesto que el Mar Menor "necesita urgentemente otras medidas de regeneración y no las que están basadas en más ladrillo y hormigón para la laguna".
Ante la denuncia de grupos ecologistas indicando que la parte que podía ejecutar el gobierno regional de los 45 millones de euros del ITI ya se ha comprometido para los proyectos de los tanques de tormenta, María Giménez ha recordado que Podemos en el Parlamento Europeo ya ha preguntado acerca de este tema. La diputada regional ha aseverado que desde Podemos "nos temíamos que la opacidad en torno a la gestión de ese dinero es sospechosa. Por eso se lo vamos a preguntar directamente al consejero de Fomento".
Por otra parte, María Giménez ha denunciado la "bipolaridad" del gobierno regional en cuanto a participación se refiere. "Idearon unas jornadas acerca del Mar Menor para recopilar las diferentes visiones de la sociedad civil pero al final han sido una estafa a todos los participantes. No se han incluido ninguna de sus propuestas en las conclusiones finales" ha subrayado Giménez, quien también ha incidido en que el Partido Popular "hace oídos sordos a todo aquello que va en contra de la política de maquillaje que aplican en todo lo relacionado al Mar Menor".

Ivars: "Queda cada vez más claro que Martínez Pujalte era el menos idóneo para controlar el dinero de la CARM"

CARTAGENA.- El secretario de Comunicación del PSOE-RM y diputado regional, Emilio Ivars, ha afirmado que hoy queda todavía más claro que Martínez Pujalte era la persona menos idónea para controlar las cuentas de la Comunidad Autónoma.

Ivars ha calificado de "vergonzoso e inadmisible" que un exdiputado nacional sea citado a declarar como imputado por el cobro de trabajos inexistentes a través de una empresa de asesores.
En su opinión, Martínez Pujalte debería tener, como mínimo, la decencia de darle explicaciones a los murcianos, ya que fue comisionado de Asuntos Económicos del Gobierno regional.
"¿Qué tipo de partido tiene a una persona como ésta a cargo de las cuentas de una comunidad autónoma?", se ha preguntado Ivars, tras lo que ha recordado que el exdiputado del PP por Murcia en el Congreso simuló pagos de diferentes empresas por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.
"Suma y sigue", ha señalado el diputado socialista. "El PP sigue hasta arriba de corrupción y sin querer hacer nada para regenerarse, cada día un caso nuevo, cada día más vergüenza".
"Seguirán protegiendo mediante aforamientos permanentes a todos aquellos que tienen bajo sospecha, seguirá sin darles vergüenza y seguirán escondiéndose sin dar explicaciones", ha concluido.

Podemos: "El AVE ha sido una línea de alta velocidad para el saqueo de dinero público"

MURCIA.- El diputado de Unidos Podemos, por Murcia, Javier Sánchez Serna y el diputado regional Andrés Pedreño han mantenido una reunión de trabajo con los representantes de la Plataforma Pro-Soterramiento donde han abordado el estado actual de proyecto y se han comprometido ha trabajar desde las instituciones para que el soterramiento se lleve a cabo.

El diputado Regional de Podemos Andrés Pedreño ha hecho alusión a las nuevas informaciones publicadas hoy que revelan que trama del Ave a Murcia apunta a cuatro constructoras por el desfalco de más de 62,2 millones de euros por medio de la sociedad pública Adif, donde agentes de la Guardia Civil y de Hacienda investigan a las empresas, Dragados, Acciona, Constructora S. José y Sacyr, esta última ha explicado Pedreño, con "una gran vinculación y relación en macroproyectos que acaban suponiendo un agujero a las arcas públicas y que no ven la luz como el aeropuerto de Corvera"
En este sentido el diputado regional ha afirmado que "la historia de las infraestructuras del Partido Popular es una cadena de promesas, fechas y anuncios en Madrid y en Murcia que nunca se llevan a término: Corvera, Puerto Lumbreras, AVE, así mientras la ciudadanía se apretaba el cinturón, unos pocos se lucraron a velocidad de vértigo con los tramos del AVE a la Región".
Por su parte el diputado nacional de Unidos Podemos, por Murcia, Javier Sánchez Serna ha afirmado que "estamos ante un nuevo capítulo de la fracasada política de infraestructuras del PP, donde una vez más nos llegan informaciones informaciones sobre desvió de dinero y mala gestión. En concreto 17 millones de euros que, entre 2010 y 2014, fueron desviados de ADIF a una trama corrupta"
Sánchez Serna ha denunciado que "los murcianos y murcianas siguen pagando los errores de un Gobierno que funciona a golpe de titular, a la vez que incumple sistemáticamente sus compromisos", y ha preguntado "si este Gobierno va a cumplir de una vez por todas el Protocolo 2006, que firmaron las tres administraciones, o va a seguir jugando al despiste y cansando a los vecinos del sur de Murcia".
Además se ha comprometido con los miembros de la Plataforma prosoterrameinto a defender el proyecto en el Congreso de los diputados, para que la línea de alta velocidad no llegue en superficie, no vertebre el municipio. Por lo que ha avanzado que volverá a impulsar un acuerdo entre los cuatros partidos sobre el soterramiento de las vías "Un compromiso no quede en fotos y bonitas palabras, sino que se plasme en los Presupuestos Generales del Estado y, sobre todo, en su cumplimiento. Ya que no es la primera que unos PGE recogen grandes inversiones para la Región de las que luego, como sucedió en 2015, no se ejecuta ni un 25%"

El PSOE de Murcia exige al PP responsabilidades políticas por convenios urbanísticos que sólo han favorecido a empresas y promotores

MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista, Enrique Ayuso, ha lamentado que "una vez más queda patente que los murcianos y murcianas han sido y son los grandes perjudicados por el urbanismo a la carta, tónica dominante de la gestión urbanística del PP en el Ayuntamiento de Murcia".

El edil del PSOE ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes de otros grupos políticos en torno al incumplimiento del convenio de 2001 entre el Ayuntamiento de Murcia y la empresa Sports Management and Project S.L (por parte de esta última) por el cual debía haberse desarrollado un campo de golf en el entorno de Nueva Condomina; una actuación que se englobaba dentro del desarrollo urbanístico de la zona y que nunca se llevó a cabo.
"Esta es una muestra más del tipo de convenios que el PP se ha dedicado a firmar con promotores y especuladores urbanísticos, como en los casos Umbra, Joven Futura, Puente Tocinos, etc. Convenios hechos para favorecer los intereses de esas empresas, que nunca tuvieron el ánimo de cumplir lo acordado", ha explicado Ayuso.
En la reunión mantenida por todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento, el PP ha puesto sobre la mesa el interés por analizar las posibles acciones legales a tomar ante el incumplimiento de este punto del convenio, el relacionado con el campo de golf. A este respecto, Enrique Ayuso ha asegurado que "el problema del incumplimiento de convenios urbanísticos como el que nos ocupa es más grave y no se resuelve con acciones legales. Hay que llegar al fondo de la cuestión y exigir responsabilidades a quienes firmaron esos convenios a pesar de la falta de garantías. Quienes firmaron tienen toda la responsabilidad sobre las consecuencias que tenga para el Ayuntamiento de Murcia y para las arcas municipales el hacer frente a estos incumplimientos".
"Tras más de veinte años de gobiernos del PP en el municipio de Murcia, estamos en un callejón sin salida en cuanto a urbanismo. Los convenios 'interesados' han perjudicado gravemente los intereses de los murcianos y murcianas y han puesto al Ayuntamiento de Murcia en una situación complicada para cumplir lo firmado", ha añadido el concejal socialista, quien ha insistido en que "es el momento de que el PP deje de poner parches a pequeños detalles y exija responsabilidades políticas a quienes nos han traído a esta situación demencial".

'Ahora Murcia' advierte de que no corresponde al consistorio sufragar la recuperación del Molino del Amor


MURCIA.- Ahora Murcia advierte de que no corresponde al Ayuntamiento sufragar la rehabilitación del Molino del Amor ni de la Torre Islámica próxima al Molino del Batán, ya que según la Ley de Patrimonio Cultural los propietarios de estos bienes deberían haberlos entregado en perfecto estado al Consistorio, al pasar a manos de éste por estar incluidos dentro de sendos planes urbanísticos. 

Por ello, la formación municipal exige al Ayuntamiento que proceda a demandar a los anteriores propietarios que costeen la rehabilitación, tal y como deberían haber hecho antes de transmitir los inmuebles a la administración. "Solo en el caso de que los anteriores propietarios se nieguen a rehabilitarlos", explica Angeles Micol, "el Ayuntamiento debería hacerlo, de forma subsidiaria, ejecutando el aval bancario que los promotores debieron haber depositado y exigiendo el resto a través de los mecanismos legales establecidos en la Ley".
Desde Ahora Murcia se afirma que si el Ayuntamiento paga la rehabilitación del Molino del Amor o de la Torre Islámica "nos encontraríamos en una situación muy grave, ya que estaría descargando de sus obligaciones a los promotores para cargarlas al erario público. Ya vale de beneficiar a promotores y empresas a costa del bolsillo de todos los murcianos. Y el colmo es que nos venden como una buena acción el realizar una rehabilitación que no les corresponde hacer". Ante esta situación, si el Ayuntamiento no pone los medios para que evitar este pago desde las arcas públicas, "en Ahora Murcia iremos a los tribunales".
En un escrito dirigido al Ayuntamiento, la formación municipal ha pedido, además de que se exija la rehabilitación del Molino del Amor y la Torre Islámica a los anteriores propietarios, que se anule la aprobación de aplicaciones presupuestarias de gasto de dinero público para estas rehabilitaciones. También ha solicitado que se investigue la responsabilidad de los funcionarios encargados de la recepción del Molino del Amor y la Torre Islámica en las condiciones en que fueron aceptados para pasar a formar parte del inventario de bienes municipales, así como las de sus superiores jerárquicos y los cargos políticos responsables de las concejalías intervinientes.
El pasado 22 de septiembre el Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, presentó los proyectos de rehabilitación del Molino del Amor y del entorno del Batán, en Zarandona, que forman parte de las actuaciones del llamado Plan de Acción de la Huerta de Murcia. Se anunció entonces que se destinarían 260.150 euros a ambas actuaciones, 169.400 euros a la recuperación del entorno del Batán y 90.750 euros para la rehabilitación integral del Molino del Amor, aunque las memorias valoradas para estas actuaciones, según ha podido comprobar Ahora Murcia, preveían 179.507,54 euros y 310.291,60 euros, respectivamente, con un plazo de 12 meses en ambos casos.
La concejala explica que "el Molino del Amor está incluido dentro del ámbito del Plan Especial PC-Al1, que obtuvo la aprobación definitiva de su Proyecto de Reparcelación el 29 de julio de 2009 por acuerdo de la Junta de Gobierno (publicado en el BORM de 6 de mayo de 2010). Desde esa fecha está integrado en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Murcia como bien demanial de servicio público".
Micol señala que "la recuperación del Molino del Amor corresponde al promotor del Plan Especial PC-Al1, que es quien entregó el bien a la administración como parte del pago para el desarrollo de dicho plan, y tenía la obligación de transmitir el edificio protegido ya rehabilitado. El Ayuntamiento, antes de recibir el elemento catalogado, debió haber exigido al propietario, incluido en la Junta de Compensación de Plan Especial, su entrega en perfecto estado. Al no haber cumplido el Ayuntamiento con su obligación, resulta que ahora tenemos en el inventario un bien que la Ley obliga a rehabilitar y tener en perfectas condiciones".
La edil especifica que "en caso de que el anterior propietario se niegue a rehabilitar el inmueble, pese a estar obligado por la Ley de Patrimonio Cultural, el Ayuntamiento debería hacerlo, de forma subsidiaria, ejecutando el aval bancario de 45.139 euros que los promotores debieron haber depositado una vez aprobado el Plan PC-Al1, y exigiendo el resto a través de los mecanismos legales establecidos en la Ley".
Algo similar ocurre con la Torre Islámica, que es un BIC (Bien de Interés Cultural), y que se encuentra en el ámbito del Plan Parcial ZM-Zn3, en concreto dentro de su Unidad de Actuación VII cuyo Proyecto de Reparcelación fue aprobado en 2007. "Por lo tanto", afirma, "era obligación de los propietarios de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VII haber mantenido el BIC en perfecto estado de conservación, de acuerdo a las leyes de Patrimonio Cultural, y también era obligación del Ayuntamiento haber exigido el cumplimiento de esa obligación a dichos propietarios antes de haber recepcionado el bien. Lo que procede en este caso es que el Ayuntamiento exija a la Junta de Compensación que efectúe la rehabilitación del BIC, y en caso contrario que lo lleve a cabo de forma subsidiaria con cargo a la ejecución del aval bancario que debe existir y con cargo a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3".

Podemos' considera "urgente y prioritaria" la reunión entre los regantes y vecinos de los Baños de Mula y Albudeite

CARTAGENA.- La diputad regional, María Giménez, ha asegurado que Podemos presionará para que la reunión entre los regantes y vecinos con la Confederación Hidrográfica del Segura se realice cuanto antes así como el encuentro de los mismos con el Comisario de Aguas.

Giménez ha explicado que el Grupo Parlamentario Podemos también va a pedir responsabilidades a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente acerca del estado del caudal ecológico del Río Mula.
"Pensamos que es inexistente" ha afirmado la diputada de Podemos, quien ha añadido que la "pésima gestión fluvial del Partido Popular ha hecho que el Río Mula esté totalmente abandonado a su suerte. Sospechamos además, que hay desvíos de caudales, algo que preguntaremos a la consejera, Adela Martínez-Cachá".

La patronal comarcal COEC pide al nuevo ministro de Fomento la llegada del AVE a Cartagena

CARTAGENA.- En un escrito remitido este lunes al nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) demandó la llegada del AVE a Cartagena, así como un encuentro con el ministro para abordar las infraestructuras pendientes en la comarca y dar continuidad a los compromisos adquiridos.

"Los esfuerzos que los diferentes sectores productivos y la propia Administración local han realizado para ser más competitivos pueden quedar en saco roto si no contamos con esta infraestructura tan importante, dejándonos en clara desventaja competitiva con provincias vecinas", indica la petición.
Estos empresarios ven con "absoluta preocupación los retrasos que se están produciendo por las cuestiones que se han planteado a su paso por la ciudad de Murcia y la situación en la que se encuentra la tramitación del 'bypass' de Beniel". Así pues, se solicití al ministro de Fomento conocer el estado actual de la tramitación administrativa y la contratación del expediente.
Otro de los temas prioritarios que se abordaron en el escrito a De la Serna es la situación del nuevo puerto de El Gorguel, calificado como "el gran proyecto de la Región de Murcia".
"Son muchos los esfuerzos que está realizando la Autoridad Portuaria de Cartagena para sacar adelante el proyecto, con el apoyo de la sociedad civil y mucho más de las organizaciones empresariales. Esta inversión propiciará un nuevo modelo económico y un amplio abanico de oportunidades para el crecimiento de la Región. Por tanto, se hace necesario que por parte del Gobierno de España se dé continuidad a su tramitación y sea declarado como proyecto de interés estratégico nacional", añadieron.
El Corredor Mediterráneo de transporte ferroviario de mercancías es otra infraestructura por la que los empresarios mostraron "gran preocupación a lo largo de este tiempo" y así se lo quisieron trasladar a Íñigo de la Serna, ya que "nada se ha avanzado sobre esta infraestructura en su tramo final a Cartagena".
Cierra el círculo de peticiones la Zona de Actividades Logísticas de Cartagena (ZAL), infraestructura ya contemplada en el Pitvi y de la que se lleva un "retraso extraordinario". Actualmente, la ciudad de Cartagena se sitúa como un "gran nodo logístico" por su estratégica ubicación, puerto, carretera, ferrocarril y disponibilidad de suelo en el polígono industrial de Los Camachos. Por esta razón, COEC solicitó informar al ministro de Fomento de los avances que se produjeron en torno a la ZAL y requerir al Ministerio los siguientes pasos.
Asimismo, se reiteró desde COEC que "la confluencia de estas infraestructuras son un todo irrenunciable para el crecimiento socioeconómico de la comarca de Cartagena y de la Región de Murcia, no se entienden la una sin la otra, de ahí la importancia de que podamos resolver su tramitación y su ejecución con celeridad".

Bruselas incluye a Murcia entre las regiones con «ayuda máxima» hasta 2020

BRUSELAS.- La Comisión Europea aprobó este lunes, entre las modificaciones en el mapa de ayudas regionales de España para el periodo entre 2017 y 2020, incluir a Murcia entre las regiones con "intensidad de ayuda máxima", por tratarse de una de las comunidades donde el PIB per cápita ha caído por debajo del 75% de la media de la Unión Europea.

El mapa establece las regiones que pueden acogerse a las ayudas regionales para inversión y marca los niveles máximos (denominados "intensidades de ayuda"), que pueden ser concedidos.
Las normas europeas ofrecen la posibilidad de revisar estos planes, aprobados por el Ejecutivo comunitario en un inicio para el periodo 2014-2020.
España planteó incluir a Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Melilla como regiones elegibles para los niveles máximos de ayuda.
De esta forma, la "intensidad de ayuda máxima" permitida para proyectos de inversión de grandes empresas se incrementará desde el 15% hasta el 25% en el caso de Castilla-La Mancha, Andalucía y Melilla, mientras que en el caso de Murcia aumentará hasta el 25% desde el 10% inicial.
Además, España comunicó la salida de algunos ayuntamientos de Cataluña e Islas Baleares del mapa de ayudas regionales y la entrada de otros municipios de estas dos comunidades autónomas. Las modificaciones del mapa de ayuda regional entrarán en vigor el 1 de enero de 2017.

«El ecoparque de Coy es un ejemplo de cómo el PP tira el dinero», dicen desde el PSOE lorquino

LORCA.- El PSOE de Lorca denunció este lunes la situación de abandono del ecoparque de la pedanía de Coy, construido en 2010 con una inversión de casi 209.000 euros cofinanciada por fondos europeos y autonómicos, y que nunca llegó a funcionar.

La edil del PSOE, Marisol Sánchez, mostró fotografías del edificio, vacío de mobiliario, y con evidentes desperfectos por el paso del tiempo, el desuso y los actos vandálicos y consideró que es un ejemplo de "cómo tirar el dinero".
Estas instalaciones estaban llamadas a ser un punto de recogida de residuos al servicio de las pedanías altas, con el fin de evitar el vertido incontrolado de los residuos de gran tamaño.
También iba a servir para el reciclaje de los materiales desechados y estaba previsto que funcionara como punto de información y formación medioambiental mediante la instalación de varias aulas, dirigidas a impartir charlas a escolares y a otros colectivos.
Ninguno de esos servicios llegó a prestarse, dijo la política del PSOE, que afirmó que la gestión del ecoparque es el resultado de un gasto que "nunca respondió a las verdaderas necesidades de los vecinos de las pedanías altas" y lo consideró un ejemplo del "uso indebido" que el PP está haciendo de los impuestos que pagan los lorquinos.
El Ayuntamiento de Lorca se comprometió en su día, recordó Sánchez, a poner en marcha, asumir y financiar los gastos derivados de conservación y mantenimiento de este ecoparque "en el plazo máximo de tres meses desde su inauguración en marzo de 2010" y también existía el compromiso del Gobierno regional de revisar, mediante "controles eventuales in situ", el uso y mantenimiento de las instalaciones.
Según Sánchez, en los siete años transcurridos desde entonces, ninguna de las dos administraciones cumplió su parte y el abandono del edificio "ha propiciado que este recinto sea objeto del expolio de su amplio mobiliario, y de continuos actos vandálicos".
El PSOE pidió explicaciones a las administraciones responsables y, el jueves, este partido realizará una asamblea abierta en la pedanía de Coy para preguntar a los vecinos a qué quieren dedicar esas instalaciones y trasladarle la propuesta vecinal al ayuntamiento.

Favcac y Anse se sienten "estafados" por el Gobierno regional sobre el Mar Menor

CARTAGENA.- La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac), la Asociación Naturalista del Sureste (Anse) y la Plataforma Pacto por el Mar Menor afirmaron sentirse "estafados" al obviar el Gobierno regional sus aportaciones a la Estrategia de Gestión Integrada de zonas costeras de la laguna (EGI) tras haberles consultado.

Estos colectivos, junto a los representantes de las cofradías de pescadores de la zona, se han reunido con los diputados de Podemos, María Giménez, y PSOE, Antonio Guillamón, para exponerles la situación generada y pedirles que soliciten la comparecencia del consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, ante la Asamblea Regional.
El coordinador territorial para el Mar Menor de la Favcac, Ángel Monedero, denunció que, tras los dos talleres organizados por la consejería de Fomento y en los que participaron 115 personas involucradas en organizaciones y asociaciones vinculadas a la laguna, el Ejecutivo murciano desoyó sus peticiones.
En este sentido, Monedero concretó que las 25 metas que "implicaban" a las Administraciones no están contempladas en el avance del documento de la EGI, necesario para justificar ante la UE el gasto de la Inversión Territorial Integrada (ITI), entre las cuales ha destacado la necesidad de redactar una Ley Integral sobre el mar Menor.
Para el portavoz vecinal, la actitud del Gobierno regional obedece a una "orquestación maquiavélica para sacar el dinero de la ITI, que los están viendo peligrar", al tiempo que advirtió de que la EGI "compromete la recuperación ambiental".
Por su parte, el director de Anse, Pedro García,criticó que los talleres celebrados el pasado verano eran la "tercera ocasión en la que se ha demostrado que no se les ha tenido en cuenta y que no han servido para nada" más allá de servir de "lavado de imagen" ante la UE. "Llueve sobre mojado", ha apostillado.
García recordó al Gobierno regional que, una vez comprometidos la financiación europea de los 45 millones de euros para la ITI, principalmente en los tanques de tormenta, la EGI que redactó no permitirá conseguir fondos adicionales de Bruselas "si no se tiene en cuenta" las peticiones de los colectivos vecinales y ecologistas.
Asimismo, mostró su esperanza en que la Comisión Especial del Mar Menor de la Cámara autonómica "reconduzca" la situación y redacte una Ley Integral que parta del consenso de estos colectivos, basado principalmente en el cambio del modelo agrario del campo de Cartagena y renunciar a nuevas macrourbanizaciones.
Respecto al estado actual de la laguna, el director de Anse achacó a la "época del año" la "ligera mejora" en los indicadores de nitratos y oxígeno en el agua, advirtiendo que la concentración de fitoplancton sigue en niveles similares a los del verano. Además, ha admitido que los aportes desde la rambla del Albujón han disminuido "notablemente", pero siguen activos otros puntos de vertido, como en Los Alcázares.

El alcalde de Cartagena pide "lo antes posible" las obras para evitar las inundaciones en Los Nietos

CARTAGENA.- El alcalde de Cartagena, José López, solicitó hoy al Gobierno regional que se inicien "lo antes posible" las obras para evitar las inundaciones por escorrentias en Los Nietos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

López hizo estas declaraciones después de asistir este lunes a la presentación de la segunda fase del proyecto de acciones correctoras del riesgo de inundaciones en la zona sur del Mar Menor, que está orientada a recoger episodios de lluvias torrenciales en el entorno de Los Nietos.
El proyecto, presentado por la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, fue realizado por la Comunidad Autónoma. La primera fase se está desarrollando desde el mes de septiembre en Mar de Cristal, primera zona a tratar según los criterios de inundabilidad. El Ayuntamiento de Cartagena se encarga en este proyecto de informar de las actuaciones para garantizar que se cumpla la ley.
López mostró su deseo de que la Comunidad Autónoma "inicie lo antes posible las obras y que se reduzca al máximo el tiempo de ejecución, para dar así respuesta a los vecinos y evitar que ese agua de las escorrentías llegue al Mar Menor".
El gasto del proyecto, valorado en tres millones y medio de euros, lo asumirá la Comunidad de Regantes Arco Sur, tal y como quiso recordar el alcalde, principales beneficiarios de estas obras.
La segunda fase del proyecto consiste en un proceso de laminación y retención a través de la instalación de seis balsas, una laguna naturalizada y siete actuaciones de canalización con una capacidad para almacenar 300.000 metros cúbicos de agua.
La duración de ejecución se estima que sea de doce meses, y comenzará tras la presentación de la evaluación ambiental simplificada por parte de la Comunidad, necesaria para poder iniciar las obras.
El alcalde deseó que esta iniciativa funcione y que no hayan más vertidos al Mar Menor, al menos por las escorrentías.

La web de la Asociación Valenciana de Empresarios lanza un recorrido aéreo del Corredor Mediterráneo

VALENCIA.-La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha lanzado la plataforma elcorredormediterraneo.com que ofrece una grabación aérea de todo el recorrido del trazado y el estado de la infraestructura desde la frontera francesa hasta Algeciras (Cádiz) por la cornisa mediterránea.

La plataforma abre una nueva etapa en la reivindicación de este corredor, según AVE, cuyo presidente, Vicente Boluda, ha reiterado al nuevo Gobierno la exigencia de que apueste por la infraestructura y "pasar de las palabras a los hechos".
En la presentación de esta iniciativa, Boluda ha destacado el papel de la sociedad civil en la responsabilidad para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, que posibilitará cuando esté hecho "desayunar en Valencia, reunirse en Barcelona por la mañana y por la tarde en Alicante", según se indica en la grabación, de diez minutos.
Se trata del primer documento aéreo sobre el Corredor Mediterráneo que ha sido grabado por el helicóptero de la Vuelta Ciclista a España, dotado con la última tecnología, que ha recorrido 1.300 kilómetros de la cornisa mediterránea durante tres jornadas con un saldo final de dieciocho horas de grabación.
La plataforma permite al usuario navegar de forma interactiva por todo el trazado ferroviario y conocer el estado actual y futuro de los diferentes tramos y las cifras del proyecto, e incorporará actualizaciones cada seis meses y miniprogramas con contenidos diversos.
Con este documental se pretende defender la importancia del corredor para la economía de las regiones afectadas (Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña), y en concreto sus beneficios para el turismo interno, el transporte de mercancías, los productos agroalimentarios, la automoción, el sector clínico, metalúrgico, cerámico y de las materias primas.
Tanto Boluda como los expertos ferroviarios, el ingeniero aguileño Francisco García Calvo, y Xavier Lluch han reivindicado la necesidad de la doble plataforma en ancho internacional en 2025, y han reconocido la provisionalidad del tercer hilo.
Para el presidente de AVE, el Gobierno central debe mostrar su compromiso poniendo fecha a la alta velocidad entre Barcelona y Alicante para que "la segunda y tercera ciudad de España" estén conectadas, así como a que en 2018 exista ancho internacional desde Almería hasta la frontera francesa y fijar la fecha de inicio para la doble plataforma y un calendario "que se cumpla".
Para hacer un seguimiento de las obras del corredor, la Asociación Valenciana de Empresarios se reunirá en diciembre en La Encina (Alicante), un acto que repetirá en diciembre de 2017 y sucesivamente "hasta que esté operativa" y, según ha explicado su presidente, esperan no convocar más actos por que la infraestructura esté finalizada en el año 2025.
En mayo la junta directiva de AVE ya convocó un acto en La Encina en el que, según Boluda, vieron de primera mano "que la infraestructura no avanza".
García Calvo ha expuesto el "grave problema" del túnel bajo la A-7 entre Castellbisbal y Martorell, del "fondo de saco" de la estación de Serrería de Valencia y de la vía única "tercermundista" entre Murcia y Almería donde "en medio de la nada" hay una explanación de 27 kilómetros "que no conectan con nada", lo que demuestra, ha dicho, "la planificación que tenemos".
La presentación del nuevo canal de comunicación ha contado con la presencia de la junta directiva de AVE, entre ellos Juan Roig. En el proyecto han participado, además de García Calvo y Lluch -secretario general adjunto de Ferrmed y consultor, respectivamente-, las empresas Aftershare.tv, CoyotAir y Cuatroochenta.

El presunto fraude de 'Alvalle' a la Unión Europea se juzga desde el próximo lunes, 21 años después

MURCIA.- El juicio oral del conocido por caso Alvalle de presunto fraude a la Unión Europea (UE) en la percepción de ayudas para la transformación de fruta en zumo desde la campaña 1994-1995 dará comienzo el próximo 14 de noviembre en la Audiencia Provincial de Murcia y se prolongará hasta el 2 de diciembre.
El escrito de conclusiones provisionales de la fiscalía señala que el presunto fraude, que habría continuado en las dos campañas siguientes, ascendió en total a casi 700.000 euros.

Los principales acusados son el exconsejero regional socialista José María Casanova, luego consejero-delegado de la empresa que da nombre al caso, y varios empleados de esta, junto con cuatro funcionarios y varios agricultores que según la acusación estatal se habrían prestado a declarar la entrega de productos por un peso y precio muy superiores a los reales.

El fiscal solicita para Casanova penas que suman siete años y medio de cárcel por tres delitos contra la hacienda comunitaria por su participación directa en ellos.

Para sus colaboradores en la empresa Manuel Valero, José Candel y Fernando Bernardo Pemartín y el empresario agrícola Pedro Francisco P. solicita cuatro años y medio de cárcel y multas que suman 705.000 euros como cooperadores necesarias en los tres mismos delitos.

Para el resto de investigados, hasta sumar trece, pide penas de cárcel y de multa menores.

El procedimiento judicial fue incoado por un juzgado de instrucción de Murcia en 1999 y su investigación se prolongó durante más de una decena de años.

Inicialmente, la vista oral estuvo señalada para mayo de 2015, pero en esa ocasión tuvo que ser suspendida porque el letrado de uno de los funcionarios no lo había podido localizar a tiempo para preparar la estrategia de defensa.

En un intento de evitar la suspensión de la vista oral, el presidente de la sala, el magistrado José Luis García, preguntó a los demás letrados si alguno de ellos estaba en condiciones de asumir la defensa, a lo que todos respondieron que no.

Antes de esa fecha, el tribunal citó a las partes por si se alcanzaba una conformidad entre el fiscal del caso y las defensas, lo que tampoco fue posible.

Ahora, finalmente se anuncia el comienzo del juicio para el unes que viene, ya que a lo largo de todos estos meses tampoco se ha logrado un pacto de conformidad.

Elena Revuelta, elegida miembro del Comité Federal de 'Equo' Región de Murcia

MURCIA.- La miembro de la Mesa de Coordinación Autonómica de EQUO Región de Murcia, Elena Revuelta, ha sido elegida miembro del Comité Ejecutivo Federal (CEF) del partido, tras un proceso electoral online desarrollado durante toda la semana, en el que ha participado la afiliación de EQUO de todo el Estado.

Este Comité está formado por 12 personas elegidas entre una serie de candidaturas, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
Se da la circunstancia de que, por primera vez, la CEF, que tiene una vigencia de dos años, estará formada por una amplia mayoría de mujeres, por lo que se confirma la apuesta decidida de EQUO por la presencia de las mujeres en la vida política.
En el transcurso de la III Asamblea Federal de EQUO que se ha celebrado en Madrid durante el pasado fin de semana, se han elegido también a los coportavoces de la formación verde, cargos que han vuelto a recaer en Rosa Martinez y Juantxo López de Uralde, diputados de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.
Además, se han aprobado en dicha Asamblea el documento político y el documento organizativo que marcarán el camino de EQUO en los próximos dos años.

El exdiputado murciano Martínez Pujalte, citado como imputado por cobrar trabajos inexistentes

MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº49 de los de Madrid ha citado a declarar como investigados para el próximo 23 de noviembre al exdiputado murciano del PP, Vicente Martínez Pujalte, y la exdiputada de la misma formación Ana Torme, a raíz de la causa sobre el cobro de trabajos presuntamente inexistentes a través de la empresa Sirga XXI Asesores, de la que ambos eran socios.

La causa, que procede de los Juzgados de Valladolid, se abrió después de que Torme denunciara ante la Fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte y el Ministerio Público presentara denuncia en su contra por delitos de falsedad y cohecho.
En su denuncia, Torme detalló como ella cobró por labores de dirección y gestión de la empresa Sirga XXI Asesores hasta que se desvinculó de ella en 2001 mientras su socio multiplicaba esta cantidad en sus ingresos por ser quien realmente captaba los clientes y prestaba los asesoramientos ahora investigados.
El Juzgado también ha citado a otras personas relacionadas con la causa. El 14 de diciembre tendrán que comparecer el exasesor de José María Aznar, Jaime Miguel Marín, el exdiputado Alejandro Ballesteros y una tercera persona, María del Mar Benito. El 11 de enero acudirá al Juzgado el empresario Alejandro Llorente.
En su denuncia, Torme aseguraba que tras desvincularse de la empresa advirtió irregularidades, como el hecho de muchas empresas que facturaban a Sirga fueran de personas del PP y que algunos de sus administradores estuvieran sometidos a escándalos de corrupción o fueran familiares de éstos.
Narraba que ha sido diputada del Congreso entre 1996 y 2008 y que en el momento de la denuncia era senadora del Grupo Popular, razón por lo que tuvo contacto con varios diputados, entre los que citó a Martínez Pujalte y Jaime Ignacio del Burgo, que también figuraba en la denuncia posterior de la Fiscalía.
Según Torme, Pujalte le propuso asociarse para poner en marcha una empresa de asesoramiento, en principio para gestionar los derechos de autor de "un grupo de músicos amigos suyos", al los que llegó incluso a presentar.
La empresa Sirga XXI se constituyó el 22 de octubre de 2008, si bien la idea inicial no llegó a desarrollarse por motivos que Torme aseguraba desconocer. Además de la gestión de los derechos de autor, Torme señalaba que Martínez Pujalte le propuso incluir en el objeto de la sociedad la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento fiscal, económico, financiero y jurídico, y que él asumiría el papel de presidente y ella el de secretaria.
En su denuncia, Torme señaló que el trabajo de captación de clientes fue asumido por el exdiputado y que entre los trabajos en dicho ejercicio aparecieron estudios para la Confederación de Empresarios de Badajoz, asesoramiento a la empresa Corporación Llorente S.L., entidad con renombre en Valladolid.
Sobre esta empresa en particular, Torme señalaba que Martínez Pujalte no le dijo que anteriormente ese trabajo lo desempeñaba otro exdiputado del PP, Federico Trillo, tal y como desvelaría la prensa y ha reconocido él mismo públicamente.
Según los datos obrantes en la denuncia, Sirga emitió factura a Corporación Llorente el 27 de noviembre de 2008 por importe de 15.000 euros, y a ella no se le informó de que se trataba de un contrato mensual, cosa que conoció después.
Otros trabajos que surgieron para Sirga XXI Consultores fueron la confección de un libro científico sobre las cajas de ahorro españolas, de cuya edición se encargó Aranzadi y cuyos directores fueron el propio Pujalte y el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
Martínez Pujalte seguía captando otros clientes y subcontrató a Miguel Marín Cozar, quien luego se incorporaría como socio a Sirga XXI, y asesoró entre otros a Marcenado Economistas S.L y Mind Talent Selectión S.L. En el año 2011 la labor se ampliaría a Karistia S.L. Y a Scardovi, las empresas de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.
Sobre sus retribuciones, Torme aseguró que Martínez Pujalte obtuvo en 2008 los 15.000 euros que procedían de Corporación Llorente porque él fue quien realizó la prestación profesional. Para evitar confusiones, se estableció que, dados de alta como autónomos, recibirían una retribución por dirigir la empresa y el exdiputado otra más por los servicios profesionales que prestara personalmente.
En el año 2009 Torme percibió un sueldo de 19.956 euros, mientras que en atención a su doble cometido Martínez Pujalte se embolsó 40.880. El reparto en 2010 fue de 27.456 euros para Torme y 65.706 para Martínez Pujalte, mientras que en 2011 el reparto fue de 35.380 para la primera y de 96.456 euros para su socio. Tormé decidió abandonar el proyecto en 2011 "viendo que la empresa estaba en manos" del exdiputado, por lo que vendió sus participaciones en noviembre de dicho año por 5.250 euros.

El PSOE de Murcia denuncia el afán recaudatorio del PP con el precio de las fianzas de los vados

MURCIA.- El concejal del PSOE Enrique Ayuso ha denunciado «el afán recaudatorio del PP» al saberse que desde el pasado verano los ciudadanos que soliciten un vado deben pagar una fianza de entre 500 y 4.000 euros para cubrir los gastos derivados de la hipotética necesidad de eliminar el vado.

«Es ridículo cobrar esas cantidades por una obra que, muy posiblemente, nunca vaya a ser necesaria», afirmó el edil. También lamentó que «los más perjudicados por este bochornoso intento de recaudar más son los ciudadanos que viven en las pedanías y pagan en solitario la tasa de vados, mientras que el pago de esta misma en el centro disminuye cuando se trata de garajes comunitarios».
Ayuso ha exigido a Ballesta y a su equipo que revisen las tasas de los vados en pedanías, disminuyendo los importes y adecuándolos a la realidad de cada zona y que «supriman este nuevo impuesto de inmediato».

Aplazan la declaración mañana del exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, por el viaje a Turquía

MURCIA.- El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga un presunto caso de cohecho por el viaje a Turquía del exalcalde Miguel Ángel Cámara y de otros imputados en un jet que había alquilado el promotor inmobiliario Ramón Salvador Águeda, ha aplazado la declaración de todos ellos, prevista inicialmente para mañana.
Los citados a declarar en condiciones de investigados eran, además de Cámara, el exgerente de Urbanismo Alberto Guerra, en su caso, por aceptar, presuntamente, viajes para cacerías en España y África que habrían organizado también promotores de planes parciales en los que aquel intervenía por razón de su cargo, y el propio Salvador Águeda.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado hoy que la causa del aplazamiento de estas comparecencias se debe a que el letrado defensor de uno de los investigados ha acreditado que no podía acudir a la cita al tener otro señalamiento anterior.

El auto del Juzgado de Instrucción en el que se fijaban las comparecencias, notificado hace ahora casi un mes, señala que las mismas se llevarían a cabo dentro de una pieza separada que se acordaba abrir dentro del caso Umbra, de presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad de Murcia.

En esa resolución judicial, el instructor señalaba que la declaración de Cámara era necesaria para determinar si puede haber incurrido en un delito de cohecho al participar en el viaje a Turquía en el avión fletado por Salvador Águeda, empresario de la construcción con importantes intereses urbanísticos en Murcia.

En cuanto a Alberto Guerra, el auto exponía que sería preguntado sobre la aceptación de cacerías en España y el continente africano en la época en la que, como gerente de Urbanismo, participó en la concreción de uno de los convenios sometidos a investigación.

El magistrado, además, acordaba dirigir un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "para que realice las diligencias necesarias para averiguar todos los datos acerca de los viajes a Turquía y a las cacerías".

La Consejería de Agricultura asegura que evitará que las escorrentías lleguen al Mar Menor

CARTAGENA.- La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, ha presentado este lunes en el Palacio Aguirre de Cartagena el proyecto global de actuaciones que permitirá reducir el riesgo de inundaciones en las urbanizaciones de la zona sur del Mar Menor. 

"El proyecto, que da cumplimiento al compromiso adquirido el pasado verano con los vecinos de la zona, es importante para los vecinos y para el Mar Menor, ya que servirá además para que las aguas de escorrentías no vayan a parar a la laguna", destacó Martínez-Cachá.
La consejera se ha comprometido, a través de la Dirección General del Agua, a la redacción del proyecto, que se centra en la laminación y retención de aguas de tormenta y en la ejecución de obras de defensa y canalización, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Los trabajos se dividen en dos fases. La primera comenzó el pasado mes de septiembre en la zona de Mar de Cristal y, en cuanto se disponga de los permisos e informes preceptivos, se iniciarán los correspondientes en la zona de Los Nietos (fase II).
El presupuesto total de la fase I y II asciende a 3,5 millones de euros. La primera fase habrá de realizarse en nueve meses y consiste en la construcción de dos balsas de laminación y retención de aguas, así como en la ejecución de un canal de protección en el perímetro sur de las urbanizaciones de Islas Menores y Mar de Cristal. Las obras de la segunda fase son de captación, regulación y laminación, y tienen un periodo de ejecución de 12 meses.
En total, entre la fase I y II se van a construir seis embalses de captación y una laguna naturalizada, con vegetación, con capacidad para albergar unos 300.000 metros cúbicos de agua. También se levantarán siete obras de defensa, con canales y tuberías, con más de 6.060 metros lineales en su conjunto.
Con estas dos acciones, la Comunidad ofrece respuesta a las demandas de los vecinos, quienes desde hace unos años sufren inundaciones cuando se producen episodios de lluvias torrenciales. La escorrentía de agua arrastra materiales arcillosos y parte de ellos terminan en las localidades y otros en el Mar Menor, lo que afecta a la turbidez de las aguas y fomenta el incremento de los fangos en la laguna. Estas escorrentías no discurren por cauces públicos, sino por terrenos sin cauces definidos.
El proyecto es fruto de un estudio realizado el pasado año, centrado en analizar cómo se producen las escorrentías y sus posibles soluciones. Este estudio se ha revisado con la colaboración de los propietarios de los terrenos afectados, que acometerán las infraestructuras en su propiedad. Además, en las medidas se han tenido en cuenta sus recomendaciones y propuestas.
También se enmarca en las medidas puestas en marcha por la Comunidad para preservar y mejorar el estado de las aguas del Mar Menor. Entre ellas se encuentra el cese de los vertidos desde la rambla del Albujón, el programa de tanques de tormentas, la construcción de una tubería que desviará para su tratamiento los caudales de la citada rambla hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cabo de Palos y el proyecto para instalar un filtro verde en la desembocadura de la rambla.
El proyecto global fue presentado hoy por la consejera, junto alcalde de Cartagena, José López, el director general del Agua, Andrés Martínez, y técnicos de la Consejería.

Fusión Sabadell-Popular: Oliu ve en Londres a David Martínez

MADRID.- La tan anunciada como negada integración entre el Banco Popular y el Banco Sabadell está más cerca que nunca, una vez materializado el acuerdo que el banco gestionado por Pedro Larena ha alcanzado con los sindicatos sobre el ERE planteado. El presidente de la entidad catalana, José Oliu, se ha visto en Londres con David Martínez, consejero y uno de los principales accionista del banco, durante los últimos días. La integración entre ambas entidades no crearía problemas de competencia y dejaría a los grandes bancos libres para encarar otras operaciones, como BMN, según publica hoy https://www.capitalmadrid.com.

Tanto el con­se­jero de­le­gado del Popular, Pedro Larena, como el del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, han ne­gado hace una se­mana cual­quier con­ver­sa­ción o en­cuentro en­ca­mi­nado a la fu­sión de ambos ban­cos. Eso sí, Guardiola re­co­nocía que "somos un banco que nos in­teresa todo en la vi­da".

Popular ha su­frido desde la pre­sen­ta­ción de sus re­sul­tados tri­mes­tra­les, justo en el mismo día que los pre­sen­taba el Sabadell, un au­tén­tico cal­vario bur­sátil y su ca­pi­ta­li­za­ción se ha si­tuado por de­bajo de los 4.000 mi­llones de eu­ros. Es de­cir, más de un 63% por de­bajo de los casi 6.600 mi­llones que vale en el mer­cado el Sabadell.

El cas­tigo a las ac­ciones del Popular roza ya el 70% en lo que va de año, lo que ha ge­ne­rado una gran preo­cu­pa­ción entre al­gunos de los ac­cio­nistas más sig­ni­fi­ca­ti­vos, como el me­xi­cano Antonio del Valle que, hace tan sólo al­gunas se­ma­nas, de­jaba su cargo como con­se­jero en el grupo pre­si­dido por Ángel Ron.

Por su parte, las ac­ciones del Sabadell tam­bién en­cajan un cas­tigo bur­sátil con­tun­dente, aunque a dis­tancia del Popular. Los tí­tulos del banco ca­talán se de­pre­cian cerca de un 28% desde pri­meros de año. Los dos in­ver­sores la­ti­noa­me­ri­ca­nos, David Martínez y Jaime Gilinski, tam­poco pa­recen estar muy sa­tis­fe­chos con su in­ver­sión, que se inició con la am­plia­ción de ca­pital rea­li­zada en sep­tiembre de 2013.

Precisamente, fuentes de la City lon­di­nense, que pre­fieren con­servar en el ano­ni­mato su iden­ti­dad, con­firman haber visto a David Martínez reunido con el propio José Oliu en la ca­pital bri­tá­nica du­rante los úl­timos días. Fuentes ofi­ciales del Sabadell no des­cartan dicho en­cuentro ya que, el con­si­de­rado como "inversor fan­tasma" y uno de los nuevos mi­llo­na­rios del mundo en la lista Forbes, vive de ma­nera ha­bi­tual en la ca­pital bri­tá­nica, al igual que ocurre con Jaime Gilinski.

El me­xi­cano Martínez se ca­rac­te­riza por pasar lo más des­aper­ci­bido en Londres y las fuentes ofi­ciales del Sabadell se mues­tran in­ca­paces en poder de­ta­llar en qué con­sistió la con­ver­sa­ción entre el con­se­jero del banco y su pre­si­dente, José Oliu. Eso sí, y tras los in­tensos ru­mores de ne­go­cia­ción entre ambos gru­pos, algo re­fe­rido al Popular tuvo que estar en­cima de la mesa.

Libre com­pe­tencia
El en­caje entre Sabadell y Popular, al margen de los pro­blemas pro­pios de cual­quier in­te­gra­ción, go­zaría del visto bueno de las au­to­ri­dades de la com­pe­ten­cia, antes de que al­gunos de los grandes bancos se hi­cieran con la en­tidad pre­si­dida por Ángel Ron, desde la que se de­fiende su "independencia" con todas sus fuer­zas.

El grupo re­sul­tante de esa po­sible ope­ra­ción con­taría con un total de ac­tivos por 362.500 mi­llones de eu­ros, aún a dis­tancia de lo que tienen los tres ma­yores grupos ban­ca­rios es­paño­les. El pro­blema ven­dría por la di­men­sión, con una red de 4.872 ofi­cina y una plan­tilla de 40.820 em­plea­dos.

Con in­de­pen­dencia de la en­tidad que tu­viera que in­te­grar al Popular, el ajuste sería más que obli­ga­to­rio. De he­cho, la suma an­te­rior se ob­tiene con los datos al cierre del tercer tri­mes­tre. Es de­cir, sin tener en cuenta el plan de efi­ciencia que el con­se­jero de­le­gado del Popular, Pedro Larena, ne­gocia casi en tiempo de des­cuento con los sin­di­ca­tos.

Por otra parte, en al­gunos círculos con­si­deran que es mejor pre­servar a los tres grandes bancos na­cio­nales para una po­sible subasta de BMN, una de las en­ti­dades en manos del Estado me­diante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Si al final no se pro­duce la con­tro­ver­tida fu­sión con Bankia, tam­bién na­cio­na­li­zada como BMN, será con­ve­niente que Santander, BBVA y CaixaBank tengan las manos más li­bres para abordar esa ope­ra­ción.

La trama del Ave a Murcia apunta ya a cuatro grandes constructoras


MADRID.- La trama del Ave a Murcia apunta ya a cuatro grandes constructoras por el desfalco de más de 62,2 millones de euros por medio de la sociedad pública Adif. La investigación del caso, desarrollada por los agentes de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y funcionarios de Hacienda, se centra desde hace semanas en quince partes de gastos autorizados por Adif a las empresas adjudicatarias de cada uno de los tramos: Dragados, Acciona, Sacyr y Constructora San José. Quince documentos que sirvieron para canalizar el dinero hacia empresas fantasma que colocaron, en algunos casos y como adelantó El Español, a recolectores de alcachofa como supuestos ingenieros.

Los informes elevados al juzgado, a los que ha tenido acceso este diario, revelan que Adif certificó el pago completo de estos servicios cuando en realidad las obras todavía no estaban acabadas. De hecho, la empresa pública dio por concluidas (y abonadas) unas obras que se prolongaron en algunos casos hasta dos años más. "Todas estas maniobras de envío de fondos, dada su importante magnitud, era improbable que pudieran realizarse sin el concurso de la adjudicataria principal", reflejan los informes policiales, que sirvieron por ejemplo para detener el pasado mes de junio a tres de los responsables de la UTE San Isidro-Orihuela, participada por Dragados, CHM y Tecsa.

Las primeras pruebas sobre la implicación de las grandes constructoras en esta presunta estafa llegaron en mayo de 2016, con la declaración de Juan Ortín García, uno de los principales investigados. Ortín, responsable de la firma Construcciones Marimar, reconoció ante el juez en las facturas giradas a Dragados había un sobreprecio total de 2,7 millones de euros y que -según su versión- fue el jefe de producción de la UTE quien creó esas partidas. "Que el declarante lo que entregaba a Javier Torrella era un documento con las mediciones reales y que Torrella le devolvía estas relaciones valoradas con mediciones falsas". 

"Manifiesta que el gerente de la UTE y el jefe de obra eran plenamente conscientes de todas las irregularidades, participando en todos los acuerdos previos para que se produjese el desvío de dinero de la obra no ejecutada [...] Alberto Rodríguez, a diferencia de lo ocurrido en los otros tres tramos, no informó a sus superiores de la constructora Dragados de estas irregularidades y los beneficios obtenidos fueron directamente para él, -según relata en su declaración el imputado- como consecuencia de los acuerdos alcanzados con los hermanos Fernández Pujante".

En el caso de Acciona, Ortín reconoce que el método de proceder era presuntamente el mismo; entregar las mediciones reales al jefe de obra, que devolvía después otro documento con las partidas infladas. En este caso, el sobrecoste de los trabajos se fija en 1,1 millones sobre una factura de 1,3. Es decir: solo 280.000 euros de esos gastos serían reales. 

El timo de las cablestacas

En el tramo que afecta a Constructora San José, Ortín reconoció al juez que, pese a que ADIF entregó en dinero en su totalidad y certificó como finalizada la obra en septiembre de 2012, sus hombres estuvieron realizando trabajos sobre el terreno hasta 2014 y cifró el sobreprecio en este tramo en 2,5 millones de euros, inflado con la instalación presuntamente inexistente de cablestacas y puntales de madera de pino. Una técnica similar se utilizó según sus propias palabras en el tramo concedido a la UTE de Sacyr. En esa ocasión, Obras Marimar facturó en 2012 dos pagarés por valor de seis millones de euros. Ortin mantuvo ante el juez que por un lado, la factura falsificada se presentaba para ser cobrada, mientras por otro, se entregaba la real al jefe de administración de Sacyr.


'Ciudadanos' califica de “opaco e insuficiente” el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Murcia

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha señalado hoy que su formación política votará en contra del proyecto de Ordenanzas Fiscales si continúa como está, por considerarlo “opaco e insuficiente”; y porque su tramitación por parte del PP se ha llevado a cabo de “forma irregular y con mucha precipitación”.

“Nunca hemos entendido la urgencia con la que el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez Oliva, ha actuado a lo largo del proceso, más interesado en aprobarlo cuanto antes, que en definir y lograr un proyecto fiscal ambicioso que beneficie a la ciudadanía en su conjunto”, ha lamentado Gómez.
Por último, el portavoz de Ciudadanos ha calificado también el procedimiento que se ha llevado a cabo de “auténtico atropello”. 
“El PP ha  vulnerado de forma clara los derechos fundamentales de la Corporación, al evitar que podamos ejercer, en tiempo y forma, nuestra legítima labor de participación, fiscalización y control inherente al cargo público”. 



El 'Brexit' ya no es una cuestión del Gobierno de Theresa May / Antonio Sánchez-Gijón *

La primera ministra británica, Theresa May, ha frustrado ciertas expectativas de los parlamentarios partidarios de que el Reino Unido siga dentro de la Unión Europea, al mismo tiempo que se enfrentaba al pronunciamiento de la High Court londinense, sobre que el gobierno debe obtener la autorización del Parlamento para iniciar lo previsto en el art. 50 del Tratado de la Unión, que se ocupa de la salida de un Estado miembro.

Para May, el Parlamento ya habló cuando de­cidió con­vocar el re­fe­réndum co­no­cido como Brexit, y ahora ella, como pri­mera mi­nis­tra, posee todos los po­deres cons­ti­tu­cio­nales para eje­cutar lo apro­bado por las cá­maras de los Comunes y los Lores, es de­cir, cum­plir el man­dato po­pu­lar, sin más di­la­ción.

May, en un ar­tículo en The Sunday Telegraph del día do­mingo 6 de no­viem­bre, acusó a los par­la­men­ta­rios que piden que el go­bierno vuelva al par­la­mento a ob­tener la au­to­ri­za­ción para ac­tivar el art. 50, de “repetir las ba­ta­llas del pa­sa­do”, y pro­metió opo­nerse al pro­nun­cia­miento ju­di­cial, lo que pro­ba­ble­mente hará ape­lando al Tribunal Supremo del reino. Es de­cir, May sos­tiene que el go­bierno puede ac­tivar el art. 50 sin ne­ce­sidad de ob­tener una nueva au­to­ri­za­ción par­la­men­ta­ria.

Como todos los re­fe­rén­dums, éste del Brexit ocul­taba ese re­sorte que siempre salta a la cara de los pro­mo­tores de la idea de que es ne­ce­sario con­sul­tar, de vez en cuando, a un pueblo para que se sienta so­be­rano du­rante unas ho­ras. En efecto, se su­ponía que el Reino Unido po­dría re­cu­perar la plena so­be­ranía de su par­la­mento, que es como decir la de la na­ción, como re­sul­tado de la con­sulta po­pu­lar, y dado que el Brexit ganó, el go­bierno, sin ne­ce­sidad de volver al par­la­mento, re­cibía el man­dato de ejercer el de­recho de sa­lida según el art. 50 de la ley fun­da­mental de la Unión.

El temor de los par­ti­da­rios del Brexit es que todo el asunto de la sa­lida, o si­quiera partes de ese denso ex­pe­diente, fuesen so­me­tidos al examen y apro­ba­ción del par­la­mento, dado que en éste sigue ha­biendo una ma­yoría de MPs y lores que fueron acé­rrimos de­fen­sores del ‘Brit-in’. Así que los del Brexit te­mían que esos par­la­men­ta­rios em­bo­tasen la con­tun­dencia de la rup­tura con Europa, neta y ter­mi­nante que desea­ban. Queriendo res­taurar la plena so­be­ranía del Reino Unido, en realidad pre­tenden li­mitar la so­be­ranía del cuerpo que la en­carna: el par­la­mento.

Esa es una mi­sión prác­ti­ca­mente im­po­si­ble. Un vasto cuerpo de le­yes, re­gu­la­ciones y normas con­traídas por el Reino Unido desde que ac­cedió a la Unión son de­recho no sólo de la Unión, sino del propio Reino Unido, por lo que si el par­la­mento quiere cum­plir su mi­sión le­gis­la­tiva y de­ci­so­ria, pa­re­cería ló­gico que fuese lla­mado a en­tender del re­chazo o re­frendo de dis­po­si­ciones que ya per­te­necen a su or­de­na­miento in­terno.

Es de­cir, es di­fícil con­cebir que el par­la­mento no tenga el de­recho de exa­mi­nar, o quizás au­to­ri­zar, que se abra el ex­pe­diente de sa­lida pre­visto en el art. 50 del tra­tado de la Unión bajo con­di­ciones que li­miten o cons­triñan las fa­cul­tades ne­go­cia­doras del go­bierno. Porque no se trata de un “ahí os que­dáis, re­cojo mis cosas y me voy’, sino que las obli­ga­ciones con­traídas al am­paro de las leyes de la Unión Europea son parte del or­de­na­miento legal de cada es­tado miembro en par­ti­cu­lar, es de­cir, tam­bién el del Reino Unido. Y es más: ese or­de­na­miento tiene fuerza tam­bién en las re­la­ciones bi­la­te­rales entre cada uno de los es­tados de la Unión con todos los otros miem­bros.

El par­la­mento tiene to­davía mucho que decir

Es cierto que hay áreas del or­de­na­miento vi­gente dentro de la Unión que en realidad se ins­criben en, o di­manan de, un ré­gimen ju­rí­dico su­pra­na­cio­nal, como el que cubre am­plias áreas de la ac­ti­vidad ban­ca­ria, las ga­ran­tías sa­ni­ta­rias, la se­gu­ridad de las transac­ciones y de los trá­ficos co­mer­cia­les, etc., todo lo cual está prác­ti­ca­mente fuera del in­terés ac­tual del par­la­mento. Además están la in­fi­nidad de re­gu­la­ciones y normas que, aún con un Reino Unido fuera de la Unión, de­be­rían ser re­mi­tidas al Tribunal Europeo de Justicia, y que con toda se­gu­ridad se­guirán siendo parte del or­de­na­miento legal del Reino Unido. 

Sin em­bargo, es di­fícil con­cebir que el examen y apro­ba­ción de lo que se puede o debe hacer en esos ám­bitos de ju­ris­dic­ciones su­per­pues­tas, en pro­tec­ción de los de­re­chos in­ternos del Reino Unido, o en pro de sus re­for­mas, y en de­fensa de la cohe­rencia in­terna de su sis­tema de le­yes, no deba ser exa­mi­nado por el par­la­mento. Así que pa­rece inevi­table que éste luche por cir­cuns­cribir las fa­cul­tades de la pri­mera mi­nistra en sus ne­go­cia­ciones con la UE.

Naturalmente, esta pro­bable fa­cultad con­ce­dería al Reino Unido una ca­pa­cidad de con­di­cionar la agenda de la UE, según las ne­ce­si­dades po­lí­ticas in­ternas de los par­tidos bri­tá­ni­cos. Así, será di­fícil que se sos­tenga en su pu­reza la doc­trina es­ta­ble­cida por el pre­si­dente de la Comisión, Jean Claude Juncker, cuando dijo, a raíz del re­sul­tado del re­fe­rén­dum, que “Brexit quiere decir Brexit”; esto es, ahí está la puerta. ¡Y pronto!

Fuentes de la BBC han ase­gu­rado que la pri­mera mi­nistra se di­ri­girá pró­xi­ma­mente al pre­si­dente de la Comisión, con­fir­mando que se pro­pone ini­ciar en marzo del 2017 el pro­ce­di­miento de sa­lida, tal como ya tenía anun­ciado.

Cada una de las partes en las fu­turas ne­go­cia­ciones tiene a su favor un punto fuerte que es un punto débil para la otra. El fuerte del Reino Unido es la ca­pa­cidad que ad­qui­rirá, en el curso de las ne­go­cia­cio­nes, para tener la aten­ción de la Comisión em­bar­gada por este único ex­pe­diente, que por su com­ple­jidad com­pli­cará y alar­gará las agendas de la Comisión, pen­dientes con otros agentes in­ter­na­cio­na­les; es de­cir, el Reino Unido dis­pondrá du­rante sus ne­go­cia­ciones de un fuerte “nuisance va­lue”.

Su punto débil es la mucha mayor ne­ce­sidad que tiene Londres de es­ta­bi­lizar sus re­la­ciones con la Unión, dadas las di­fe­rentes arit­mé­ticas co­mer­ciales de uno y de la otra. Mientras el 48% de las ex­por­ta­ciones del RU tienen su sa­lida en la Unión, ésta de­pende de RU para sólo el 14% de sus ex­por­ta­cio­nes.

Y está, ade­más, la obli­ga­ción de los par­la­mentos na­cio­nales de los otros 27 es­tados miem­bros, para exa­minar y con­di­cionar unas ne­go­cia­ciones que afectan a múl­ti­ples as­pectos de sus or­de­na­mientos in­ter­nos.

Como con­clu­sión final aunque no de­fi­ni­tiva, po­demos sacar ésta: ¿Referéndums? No, gra­cias.


(*) Periodista


El despegue / Ramón Cotarelo *

Los últimos actos y gestos de Sánchez tienen un aire quijotesco. Aquí está el hidalgo, velando armas para ser armado caballero y salir por esos pueblos de las Españas a desfacer entuertos, socorrer a los menesterosos, amparar a las doncellas y acabar en posesión de la Secretaría Grial del PSOE.

La formación de la candidatura no se hace según usos habituales en el partido, pero tampoco desde fuera de él. Tiene un origen indirectamente plebiscitario en los miles de militantes que han suscrito una petición de Congreso extraordinario y primarias. Su baza evidente es su imagen de autonomía personal y voluntad de liderazgo. La autonomía la ha probado, el liderazgo es lo que está por ver.

Después de las melodramáticas escenas del golpe de mano del 1º vendimiario y, habiéndose explicado cuáles eran las motivaciones que lo impulsaban, el programa de la candidatura debe contener novedades al respecto y estas solo pueden ser la intención de negociar con la izquierda de Podemos y la de entenderse con los independentistas catalanes en un referéndum. Habiéndolo enunciado en el programa de Évole, Sánchez, sin embargo, no fue del todo claro. Reconoció, sí, que Cataluña es una nación, cosa que luego le copiaría Iceta, que es hombre disciplinado. Sin embargo, el líder in the making habló luego confusamente de "votación". Los eufemismos no funcionan y las cosas deben exponerse por sus nombres. "Votación" quiere decir referéndum.

Ya se sabe que una posición así suscitará fuerte rechazo en todo el nacionalismo español, incluido el del PSOE. Tanto que la candidatura de Sánchez (que sería recibida con palmas si se limitara al giro a la izquierda) puede no fraguar. Pero, antes de rendirse sin más al tradicionalismo hispánico, puede hacer dos peticiones:

La primera. En democracia debe hablarse de todo. Negarse al diálogo so pretexto de que ciertos temas son intangibles no es aceptable porque implica una presunción de infalibilidad.

La segunda (dependiente de la primera). Si la propuesta de llegar a un referéndum pactado en Cataluña, aceptable para los independentistas, no es aceptable para los nacionalistas españoles, que estos presenten otra que sí lo sea para todas las partes.

En el arduo caso de que la candidatura de Sánchez saliera ilesa de un contraataque nacional español, el giro a sinistra es más sencillo. Dos tercios de Podemos, Errejonistas y gentes de IU, verían con buenos ojos una colaboración con el PSOE en una oposición fuerte y activa. Eso dejaría a los bolcheviques del sorpasso acuñando frases revolucionarias, que se les da bien.

Sánchez tiene un punto fuerte: es el único socialista en quien no hace mella la amenaza de elecciones anticipadas. Al contrario, le convienen dado que ahora no es diputado y, si alcanza la SG le interesa sobremanera serlo.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La hora de la economía colaborativa / Ignacio Ramonet *

La economía colaborativa es un modelo económico basado en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Se inspira en las utopías del compartir y de valores no mercantiles como la ayuda mutua o la convivialidad, y también del espíritu de gratuidad, mito fundador de Internet. Su idea principal es: “lo mío es tuyo” (1), o sea compartir en vez de poseer. Y el concepto básico es el trueque. 

Se trata de conectar, por vía digital, a gente que busca “algo” con gente que lo ofrece. Las empresas más conocidas de ese sector son: Netflix, Uber, Airbnb, Blabacar, etc. Treinta años después de la expansión masiva de la Web, los hábitos de consumo han cambiado. Se impone la idea de que la opción más inteligente hoy es usar algo en común, y no forzosamente comprarlo. Eso significa ir abandonando poco a poco una economía basada en la sumisión de los consumidores y en el antagonismo o la competición entre los productores, y pasar a una economía que estimula la colaboración y el intercambio entre los usuarios de un bien o de un servicio. Todo esto plantea una verdadera revolución en el seno del capitalismo que está operando, ante nuestros ojos, una nueva mutación.

Imaginemos que, un domingo, usted decide realizar un trabajo casero de reparación. Debe perforar varios agujeros en una pared. Y resulta que no posee un taladrador. ¿Salir a comprar uno un día festivo? Complicado… ¿Qué hacer? Lo que usted ignora es que, a escasos metros de su casa, viven varias personas dispuestas a ayudarle. No saberlo es como si no existieran. Entonces, ¿por qué no disponer de una plataforma digital que le informe de ello… que le diga que ahí, muy cerca, vive un vecino dispuesto a asistirlo y, al vecino, que una persona necesita su ayuda y que está dispuesta a pagar algo por esa ayuda? (2).

Tal es la base de la economía colaborativa y del consumo colaborativo. Usted se ahorra la compra de un taladrador que quizás no vuelva a usar jamás y el vecino se gana unos euros que le ayudan a terminar el mes. Gana también el planeta porque no hará falta fabricar (con lo que eso conlleva de contaminación del medio ambiente) tantas herramientas individuales que apenas usamos, cuando podemos compartirlas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay unos 80 millones de taladradores cuyo uso medio, en toda la vida de la herramienta, es de apenas 13 minutos... Se reduce el consumismo. Se crea un entorno más sostenible. Y se evita un despilfarro porque, lo que de verdad necesitamos, es el agujero, no el taladrador…

En un movimiento irresistible, miles de plataformas digitales de intercambio de productos y servicios se están expandiendo a toda velocidad (3). La cantidad de bienes y servicios que pueden imaginarse mediante plataformas online, ya sean de pago o gratuitas (como Wikipedia), es literalmente infinita. Solo en España hay más de cuatrocientas plataformas que operan en diferentes categorías (4). Y el 53% de los españoles declaran estar dispuestos a compartir o alquilar bienes en un contexto de consumo colaborativo.

A nivel planetario, la economía colaborativa crece actualmente entre el 15% y el 17% al año. Con algunos ejemplos de crecimiento absolutamente espectaculares. Por ejemplo Uber, la aplicación digital que conecta a pasajeros con conductores, en solo cinco años de existencia ya vale 68.000 millones de dólares y opera en 132 países. Por su parte, Airbnb, la plataforma online de alojamientos para particulares surgida en 2008 y que ya ha encontrado cama a más 40 millones de viajeros, vale hoy en Bolsa (sin ser propietaria de ni una sola habitación) más de 30.000 millones de dólares (5).

El éxito de estos modelos de economía colaborativa plantea un desafío abierto a las empresas tradicionales. En Europa, Uber y Airbnb han chocado de frente contra el mundo del taxi y de la hostelería respectivamente, que les acusan de competencia desleal. Pero nada podrá parar un cambio que, en gran medida, es la consecuencia de la crisis del 2008 y del empobrecimiento general de la sociedad. Es un camino sin retorno. Ahora la gente desea consumir a menor precio, y también disponer de otras fuentes de ingresos inconcebibles antes de Internet. Con el consumo colaborativo crece, asimismo, el sentimiento de ser menos pasivo, más dueño del juego. Y la posibilidad de la reversibilidad, de la alternancia de funciones, poder pasar de consumidor a vendedor o alquilador, y viceversa. Lo que algunos llaman “prosumidor”, una síntesis de productor y consumidor (6).

Otro rasgo fundamental que está cambiando –y que fue nada menos que la base de la sociedad de consumo–, es el sentido de la propiedad, el deseo de posesión. Adquirir, comprar, tener, poseer eran los verbos que mejor traducían la ambición esencial de una época en la que el tener definía al ser. Acumular “cosas” (7) (viviendas, coches, neveras, televisores, muebles, ropa, relojes, cuadros, teléfonos, etc.) constituía la principal razón de la existencia. Parecía que, desde el alba de los tiempos, el sentido materialista de posesión era inherente al ser humano. Recordemos que George W. Bush ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en 2004, prometiendo una “sociedad de propietarios” y repitiendo: “Cuantos más propietarios haya en nuestro país, más vitalidad económica habrá en nuestro país”.

Se equivocó doblemente. Primero porque la crisis del 2008 destrozó esa idea que había empujado a las familias a ser propietarias, y a los bancos –embriagados por la especulación inmobiliaria–, a prestar (las célebres subprimes) sin la mínima precaución. Así estalló todo. Quebraron los bancos hipotecarios y hasta el propio Lehman Brothers, uno de los establecimientos financieros aparentemente más sólidos del mundo... Y segundo, porque, discretamente, nuevos actores nacidos de Internet empezaron a dinamitar el orden económico establecido. Por ejemplo: Napster, una plataforma para compartir música que iba a provocar, en muy poco tiempo, el derrumbe de toda la industria musical y la quiebra de los megagrupos multinacionales que dominaban el sector. E igual iba a pasar con la prensa, los operadores turísticos, el sector hotelero, el mundo del libro y la edición, la venta por correspondencia, el cine, la industria del motor, el mundo financiero y hasta la enseñanza universitaria con el auge de los MOOC (Masive Open Online Courses o cursos online gratuitos) (8).

En un momento como el actual, de fuerte desconfianza hacia el modelo neoliberal y hacia las elites políticas, financieras y bancarias, la economía colaborativa aporta además respuestas a los ciudadanos en busca de sentido y de ética responsable. Exalta valores de ayuda mutua y ganas de compartir. Criterios todos que, en otros momentos, fueron argamasa de utopías comunitarias y de idealismos socialistas. Pero que son hoy –que nadie se equivoque– el nuevo rostro de un capitalismo mutante deseoso de alejarse del salvajismo despiadado de su reciente periodo ultraliberal.

En este amanecer de la economía colaborativa, las perspectivas de éxito son inauditas porque, en muchos casos, ya no se necesitan las indispensables palancas del aporte de capital inicial y de búsqueda de inversores. Hemos visto cómo Airbnb, por ejemplo, gana una millonada a partir de alojamientos que ni siquiera son de su propiedad.

En cuanto al empleo, en una sociedad caracterizada por la precariedad y el trabajo basura, cada ciudadano puede ahora, utilizando su ordenador o simplemente su teléfono inteligente, proveer bienes y servicios sin depender de un empleador. Su función sería –además de compartir, intercambiar, alquilar, prestar o regalar– la de un intermediario. Cosa nada nueva en la economía: ha existido desde el inicio del capitalismo. La diferencia reside ahora en la tremenda eficiencia con la que –mediante poderosos algoritmos que, casi instantáneamente, calculan ofertas, demandas, flujos y volúmenes–, las nuevas tecnologías analizan y definen los ciclos de oferta-demanda.

Por otra parte, en un contexto en el que el cambio climático se ha convertido en la amenaza principal para la supervivencia de la humanidad, los ciudadanos no desconocen los peligros ecológicos inherentes al modelo de hiperproducción y de hiperconsumo globalizado. Ahí también, la economía colaborativa ofrece soluciones menos agresivas para el planeta.

¿Podrá cambiar el mundo? ¿Puede transformar el capitalismo? Muchos indicios nos conducen a pensar, junto con el ensayista estadounidense Jeremy Rifkin (9), que estamos asistiendo al ocaso de la 2ª revolución industrial, basada en el uso masivo de energías fósiles y en unas telecomunicaciones centralizadas. Y vemos la emergencia de una economía colaborativa que obliga, como ya dijimos, al sistema capitalista a mutar. Por el momento coexisten las dos ramas: una economía de mercado depredadora dominada por un sistema financiero brutal, y una economía del compartir, basada en las interacciones entre las personas y en el intercambio de bienes y servicios casi gratuitos... Aunque la dinámica está decididamente a favor de esta última.

Quedan muchas tareas pendientes: garantizar y mejorar los derechos de los e-trabajadores; regular el pago de tasas e impuestos de las nuevas plataformas; evitar la expansión de la economía sumergida... Pero el avance de esta nueva economía y la explosión de un nuevo modo de consumir parecen imparables. En todo caso, revelan el anhelo de una sociedad exasperada por los estragos del capitalismo salvaje. Y que aspira de nuevo, como lo reclamaba el poeta Rimbaud, a cambiar la vida.      

 (*) Periodista y profesor de universidad en París

(1) Léase Rachel Botsman y Roo Rogers: What's Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Collins, Nueva York, 2010.
(2) En España, existen varias plataformas dedicadas a eso, por ejemplo: Etruekko (http:// etruekko.com/) y Alkiloo (http://www.alkiloo.com/).
(3) Consúltese: www.consumocolaborativo.com
(4) El diario online El Referente, en su edición del 25 de octubre de 2015, ha recogido las principales start-ups dedicadas a los viajes, la cultura y el ocio, la alimentación, el transporte y el parking, la mensajería, las redes profesionales, el intercambio y alquiler de productos y servicios, los gastos compartidos, los bancos de tiempo, la tecnología e Internet, la financiación alternativa y fintech, la moda, los deportes, la educación, la infancia, el alquiler de espacios, los pisos compartidos y otras plataformas de interés. http://www.elreferente.es/tecnologicos/directorio-plataformas-economia-colaborativa-espana-28955
(5) Airbnb ya vale más que Hilton, el primer grupo de hostelería del mundo. Y más que la suma de los dos otros grandes grupos mundiales Hyatt y Marriot. Con dos millones de alojamientos en 191 países, Airbnb se coloca por delante de todos sus competidores en capacidad de alojamiento a escala planetaria. Airbnb cobra el 3% del precio de la transacción al propietario y entre el 6% y el 12% al inquilino.
(6) El concepto de prosumidor aparece por vez primera en el ensayo de Alvin Toffler, La Tercera Ola (Plaza&Janés, Barcelona, 1980), que define como tal a las personas que son, al mismo tiempo, productores y consumidores.
(7) Las Cosas (Les Choses, 1965) es una novela del autor francés Georges Perec. La primera edición en español (trad. de Jesús López Pacheco), fue publicada en 1967 por Seix Barral. En 1992, Anagrama la reeditó con la traducción de Josep Escué. Es una crítica de la sociedad de consumo y de la trivialidad de los deseos fomentados por la publicidad.
(8) Desde hace dos años, unos seis millones de estudiantes se han puesto a seguir gratuitamente cursos online, difundidos por las mejores universidades del mundo. http://aretio.hypotheses.org/1694
(9) Jeremy Rifkin, La sociedad de coste marginal cero: El Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo, Paidós, Madrid, 2014.