miércoles, 15 de febrero de 2017

La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia, dice 'El Mundo'

MADRID.- La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez, publica hoy 'El Mundo'

El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacionaloponiéndose a pedir el suplicatorio contra el dirigente popular está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí rubrican el de la senadora del PP Pilar Barreiro, según confirmaron fuentes jurídicas. El motivo es que las fiscales que han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la parlamentaria, según las mismas fuentes. 
En lo que afecta a Sánchez, el criterio de las fiscales chocó con el de sus superiores. Inmediatamente después de que el juez Eloy Velasco activara los trámites para pedir su imputación, la Fiscalía que dirige José Manuel Maza informó de que se oponía a que el juez elaborase la llamada exposición razonada. Se trata del escrito en el que se reúnen los indicios de delito encontrados contra un aforado y que se remite al tribunal competente para juzgarle, de manera que éste decida si le abre una investigación. En el caso de Sánchez, sería el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el que, si así lo acuerda finalmente el juez, debería decidir si le imputa por el uso de dinero público para reforzar su candidatura a encabezar la lista del PP en la Comunidad.
El recorrido interno que el asunto ha tenido en la Fiscalía era conocido por el propio afectado. En una entrevista en la cadena Cope, Sánchez se jactó ayer de que «cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» consideraron «que no se debe investigar». Precisamente, el Gobierno de Murcia informó, el mismo lunes, a los medios, por vía oficial, que la decisión del Ministerio Público fue «adoptada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo».
Fuentes de la Fiscalía restan relevancia a las discrepancias entre el criterio del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del Ministerio Público. Explican que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general. 
En este caso también se envió a los fiscales de Sala del Supremo, el tribunal que se encargará en su caso de juzgar a la senadora. La Fiscalía General resalta que en ambos ámbitos hubo unanimidad a la hora de considerar que no había motivos para imputar al presidente.
En su escrito, que ayer aún no se había notificado a las partes, la Fiscalía no desmiente que el presidente autonómico planeara gastar dinero público en la mejora de su imagen. Su argumento para no seguir adelante contra Sánchez es que «no llegaron a formalizarse contratos de publicidad» en su favor y que, por tanto, «no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».
El juez atribuye a Sánchez los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Los habría cometido en su etapa de consejero de Educación, al amañar contratos de formación que servían para pagar con dinero público «trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia».
Para ello se habría concertado con Alejandro de Pedro -uno de los principales imputados del caso Púnica-, que manejaba numerosos medios de comunicación digitales con los que obtenía buenos posicionamientos de sus clientes en internet.
La decisión del juez instructor sobre el presidente murciano tiene su origen en un informe de la Guardia Civil que explica que los servicios supuestamente contratados por Sánchez «tienen que ver con la reputación» del dirigente popular «y no son prestaciones que respondan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política».
Según los investigadores, los pagos acordados entre Sánchez y De Pedro fueron de 4.600 euros al mes durante siete meses. A la Guardia Civil le llamó la atención «que los servicios se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, fecha (24/05/2015) en la que se celebraron los comicios locales y regionales en 2015». En total, un acuerdo por valor de 32.200 euros. El juez considera que si los pagos no se llegaron a realizar fue porque antes estalló la operación Púnica.

Albert Rivera: «Cuanto más lejos esté la Fiscalía del Gobierno, mejor»

MADRID.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reiteró este miércoles que, si el TSJ de Murcia formaliza la imputación del presidente por el 'caso Púnica', "tendrá que dimitir, cumpliendo el acuerdo de investidura y sus propias palabras".

"Él ha dicho que si le imputan formalmente abandonará su cargo y yo secundo sus palabras", afirmó en el Congreso, donde recordó que es lo que firmó el grupo popular con el de Ciudadanos en el acuerdo de investidura y lo que dice además la ley de transparencia.
Sobre la información según la cual la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación a Sánchez en contra del criterio de las fiscales del 'caso Púnica', Rivera opinó que "cuanto más lejos esté la Fiscalía del Gobierno, mejor".
También recordó que en el acuerdo de investidura se planteó una propuesta para que el parlamento "pudiera cesar al fiscal general en un caso flagrante de decisiones políticas".

Pablo Iglesias: «La Fiscalía no está para proteger a los corruptos, sino para perseguir delitos»

MADRID.- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, advirtió este miércoles de que "si se probara" que la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del 'caso Púnica', "sería gravísimo" y "deberá tener consecuencias".

Iglesias consideró "gravísimo que la Fiscalía hubiera actuado en contra del Derecho, si se probara que hay una utilización por parte del Gobierno para favorecer a un presidente de una comunidad autónoma del PP que ha sido imputado finalmente".
Tras remarcar que la Fiscalía "no está para proteger a los corruptos", sino para "perseguir delitos", incidió en que "si se prueba que ha actuado en otra dirección deberá tener consecuencias".

El PSOE pide al fiscal general que comparezca en el Congreso por si hay «injerencias políticas» en 'Púnica'

MURCIA.- El PSOE va a pedir la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que explique si hay "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Púnica'. 

Los socialistas creen que sería "muy grave" que hubiese injerencias políticas detrás de la disposición del fiscal general de no investigar al presidente murciano, en contra del criterio de las fiscales encargadas del 'caso Púnica'.
El diputado socialista por Murcia, Pedro Saura, indicó en los pasillos del Congreso que su grupo quiere que Maza explique si existen esas injerencias y "si el Gobierno está presionando" para que Sánchez no sea imputado.
"Queremos que lo explique y que sea en sede parlamentaria", subrayó, tras insistir en que sería "muy grave" que la Fiscalía General del Estado sea el "brazo ejecutor del Gobierno y el PP para que no se investigue al presidente" murciano.

Por su parte, el dirigente socialista regional Rafael González Tovar asegura que de ser cierta la información de El Mundo, demostraría que estaba todo orquestado y acusa al PP de utilizar la justicia para proteger al presidente regional, quien parece que tenía información privilegiada sobre lo que iba a hacer la Fiscalía General
El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ha asegurado que parece que estaba todo orquestado para proteger al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, tras conocer que la Fiscalía General impuso no acusarlo en la trama Púnica, a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo, según informa el diario El Mundo.
"Es un escándalo que el PP intente usar la Fiscalía General para salvar al presidente", ha señalado.
Ha criticado que Pedro Antonio Sánchez tuviera información privilegiada y supiera todo lo que iba a hacer la Fiscalía General. "El PP usa la justicia para proteger al presidente, y con cualquier ciudadano, esto no habría ocurrido".
"A Pedro Antonio Sánchez como ciudadano no le darían tanta ventaja como se la han dado al secretario general del PP y presidente de la Región de Murcia con su aforamiento y con las ayudas que recibe", ha añadido.
Según González Tovar, el Partido Popular intenta hacer uso partidista de la justicia y de las instituciones, como el Senado. "No respeta la justicia y acusa a jueces y fiscales de mentir cuando no puede controlarla".
Ha insistido en que estaba todo organizado para proteger la política del presidente regional y para desmontar el auto del juez Velasco, y ha remarcado que la Región de Murcia no se merece esta situación insostenible provocada por el presidente.
"Pedro Antonio Sánchez debe dar la cara, asumir responsabilidades políticas, puesto que un presidente debe ser una muestra de ejemplaridad, y en este caso, está siendo todo lo contrario", ha criticado.
"Y por si fuera poco, tenemos que aguantar escuchar declaraciones de otros dirigentes del PP acusando a los jueces de mentir, lo que nos parece una falta de respeto a la ciudadanía y una ofensa al Estado de derecho", ha concluido.
Además, el PSOE ha pedido la comparecencia del fiscal general en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre las informaciones aparecidas esta mañana en el diario El Mundo.

Urralburu: «Rajoy no confía en los argumentos de Pedro Antonio Sánchez»

CARTAGENA.- El portavoz de Podemos en la Asamblea, y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, señaló que el presidente del gobierno “no se fía” de las explicaciones del jefe del ejecutivo regional, por lo que “tiene que recurrir al uso de sus amigos, a la instrumentalización de la Fiscalía para darle un balón de oxígeno y echarle una mano” a Pedro Antonio Sánchez.

Óscar Urralburu afirmó que ya no sólo queda claro que Mariano Rajoy “duda y no confía en los argumentos ofrecidos por el presidente regional, por Pedro Antonio Sánchez” sino que el propio Sánchez “sabe que tiene mucho que esconder puesto que si no fuese así, hace dos años ya que hubiese renunciado a su aforamiento, habría ido a declarar para aclarar, y nos hubiese ahorrado toda esta vergüenza”.
Además, el portavoz de Podemos en la Asamblea, recordó que en el Pleno de este jueves su grupo parlamentario preguntará al presidente regional “hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de conservar su cómodo sillón en San Esteban. La situación es ya indigna para la gente de esta Región. Se ha convertido en un coleccionista de indicios delictivos. Nos preguntamos si no le basta al presidente con vernos día sí día también en todos los medios de comunicación ocupando portadas y titulares que lo relacionan con tramas corruptas y amaños del PP en los altos estamentos judiciales para salvar su cabeza”.

División en la Fiscalía por la investigación a Pedro Antonio Sánchez

MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, se habría librado de la imputación por la mediación de la Fiscalía General, ya que dos fiscales de la Púnica, las que llevaron la investigación del caso directamente, estaban dispuestas a cargar contra el líder murciano del PP por planear contratos con empresas de la trama para mejorar su reputación personal con cargo a las arcas públicas. Esa diferencia de criterio entre dos fiscales y la cúpula del Ministerio Fiscal lo señala en su edición de este miércoles el diario El Mundo.

De hecho, en un documento oficial de la Fiscalía para dar a conocer su decisión sobre si se debía investigar a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez queda patente que la decisión ha sido tomada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro Fiscales de Sala Jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo. Algo que el propio Pedro Antonio Sánchez y su equipo han resaltado a diferentes medios desde que se conoció la postura de la Fiscalía.
El criterio de la Fiscalía en este caso es la respuesta a la petición del juez Eloy Velasco, que el lunes redactaba un auto solicitando al Tribunal Superio de Justicia (TSJ) que investigara a Pedro Antonio Sánchez por delitos de revelación de información reservada, fraude y cohecho. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentaba un informe a Velasco en el que se oponía a que el magistrado elevara al TSJ la causa de Sánchez, considerando que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama Púnica no llegaron a formalizarse. Este es el argumento que Pedro Antonio Sánchez afirma desde que comenzó la investigación sobre el caso: que nunca se firmó nada.
Pero el juez y la Fiscalía difieren en su criterio. El juez Velasco considera en su escrito que hay indicios de que Pedro Antonio Sánchez tuvo la intención de firmar contratos con las empresas de la trama para mejorar su reputación, unos contratos que, supuestamente, se iban a cargar a una partida de Formación en la etapa de Pedro Antonio Sánchez como consejero de Educación.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas. No opina lo mismo el Ministerio Público con respecto a Pilar Barreiro, para la que sí ha pedido que se eleve el caso al Tribunal Supremo. Sobre la senadora explica que sí que hay indicios de que pudo cometerse delito, aunque señala, la dificultad de discernir en estos caso dada la "tenue línea" que separa los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política.
Velasco indica en su auto conocido el lunes que los hechos ocurridos dentro de la trama Púnica podrían ser constitutivos de delito y en el apartado 3 señala que en la Consejería de Educación, cuando Pedro Antonio Sánchez, era su titular se produjo durante 2014 "un concierto entre Alejandro de Pedro y el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez (actual presidente autonómico de la Región), para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales".
En esta etapa, Pedro Antonio Sánchez se postulaba para ser el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Región.
El juez de la Audiencia Nacional en su auto indica que el presidente podría ser acusado de cometer los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
En cuanto a Barreiro, en el punto dos del auto, considera que con la ayuda para su ejecución de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones "con foto y por supuesto en positivo" favorables a la entonces alcaldesa.

Catalá asegura que el Gobierno no ha dado órdenes a la Fiscalía sobre Pedro Antonio Sánchez

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que en los dos años y medio que lleva en el cargo "nunca" y "en ningún caso" el Gobierno ha requerido a la Fiscalía General del Estado para que "actúe en un sentido u otro", aunque ha apuntado que existe un cauce para hacerlo en el estatuto orgánico.

"Nunca lo hemos hecho y en este caso tampoco", ha aseverado Catalá en los pasillos del Congreso, preguntado por la información que publica El Mundo según la cual la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales que trabajaban directamente en el caso Púnica.
Según el ministro, esa información refleja el "funcionamiento normal de la Fiscalía", ya que ésta tiene un sistema organizativo interno por el cual las fiscalías especializadas "tienen que contar con los informes de sus superiores, de la secretaría técnica o de los fiscales del Tribunal Supremo, según los asuntos de que se trate".
Cuando toma posición en asuntos relevantes existe esta jerarquía interna e imagino que cuando la Fiscalía ha llegado a ese informe es porque tiene toda la convicción de que así son las circunstancias", ha argumentado.

De Pedro: "No materializamos nada con Sánchez"

MADRID.- El empresario Alejandro de Pedro, imputado en el 'caso Púnica', ha afirmado este miércoles que se reunió con el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando era consejero de Educación, pero que no le presentó ningún presupuesto. Los documentos que se encontraron sobre él en su empresa, ha dicho, los hizo "por su cuenta" un comercial al que estaba formando, están "inacabados" y "no tienen validez" porque nadie los revisó.

En una entrevista en la Cadena Cope, ha relatado que este comercial -Javier Bueno- y él regresaron de Murcia, de una reunión con Sánchez, un viernes por la tarde y él fue detenido el lunes siguiente (el 27 de octubre de 2014), de manera que se enteró "por la prensa" de los documentos que había preparado el comercial.
Según ha explicado, el comercial hizo "un documento de briefing, resumen de la reunión" y también una ficha de cliente que "rellena en blanco porque no tiene los datos". En su opinión, esa ficha de cliente y el hecho de que en el documento de briefing pusiera la palabra "formación" es lo que esgrime la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para interpretar que Sánchez había llegado a un acuerdo con De Pedro para encargarle trabajos de reputación online.
Sin embargo, el empresario ha asegurado que esos documentos "no tienen ningún tipo de validez" porque no los habían revisado ni el director técnico ni él mismo, y ha apuntado que tal vez el comercial los inició "por adelantar" trabajo.
Es más, ha remarcado que, aunque él mismo estuvo en esa reunión con Sánchez, no tenía planteada una estrategia para sus necesidades, porque no habían tratado ningún asunto en concreto para que la empresa pudiera empezar "un planteamiento para ofrecerle un servicio".
De Pedro ha admitido que se vieron "en un par de ocasiones", porque entiende que Sánchez tenía una necesidad "para su Consejería" y él ofrecía sus servicios, pero no llegaron a "materializar nada".
 "Nada es nada", ha remachado.
De hecho, ha asegurado que, al menos en lo que él recuerda, no llegó a presentar ningún presupuesto, un documento que siempre supervisa él y que en todo caso debería estar precedido de una reunión entre él y el hoy presidente "para aclarar" qué debían hacer. "Esta reunión no la he tenido con él, así que es imposible que de mi empresa salga ninguna oferta", ha añadido.
También ha subrayado que los trabajos realizados por sus empresas no son de reputación "personal" online, sino que los nombres de las personas no pueden disociarse de los cargos que desempeñan aunque por "terminología interna" en sus informes escribían "personal".
También ha asegurado que, en los cuatro años de vida de sus empresas, su facturación en la Región de Murcia, sólo fue de 4.200 euros, y ha explicado que los trabajos de reputación y posicionamiento online son algo legal, que consiste en posicionar las noticias positivas sobre las negativas conforme a las reglas de Google, no en inventar noticias.
De Pedro ha dicho que le pareció "extrañísimo" que el juez Eloy Velasco, instructor de la causa, se refiriese a él como "conseguidor" de la 'trama Púnica' y ha añadido que lo que más le molesta es que se refiera a él y a su hermano, junto a gente de su empresa como "banda organizada".
"No entiendo nada", ha afirmado.

Roban en la casa de un subinspector de Hacienda que perita casos de corrupción

MURCIA.-Un subinspector de la Agencia Tributaria de Murcia que actúa de perito judicial en casos de corrupción ha denunciado ante la Policía Nacional el asalto de su vivienda, ocurrido en la tarde de ayer y en el que, aparentemente, no se llevaron nada de valor.

Fuentes policiales han informado de que los agentes están analizando un ordenador de la casa del funcionario para conocer si pudo haber sido manipulado por los asaltantes para duplicar o borrar información sensible.
Los hechos ocurrieron en una vivienda del casco urbano de Murcia alrededor de las 18,45 horas de ayer cuando el subinspector llegó a casa y encontró la puerta forzada y el interior muy revuelto.
Se trata del tercer asalto en el que trabaja la Policía Nacional procedente del entorno de quienes investigan casos de corrupción tras los dos sufridos en el último semestre por el fiscal anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Pablo Lozano.
En el caso del fiscal, los asaltantes le robaron en julio su ordenador personal y, hace unas semanas, volvió a ser víctima de una entrada violenta cuando no estaba en casa, pero no echó en falta ningún objeto personal.
Según la Policía, el subinspector de hacienda llamó al 091 nada más entrar en su casa y esperó la llegada de la policía científica para registrar el inmueble y comprobar si estaban sus enseres.
La Policía Nacional cree a simple vista, y a la espera del resultado del peritaje informático, que el asalto pudo ser obra de un "delincuente común" por la forma en que violentaron la puerta y actuaron dentro del piso.
"Los documentos estaban intactos, como él los tenía; y no se han llevado dinero, joyas ni ningún electrodoméstico", aclara la Policía, quien ha puesto el foco de esta investigación en el ordenador del subinspector para saber si fue encendido en ausencia de su dueño, como podría haber pasado.

El doble timo de la imagen reputacional / Ángel Montiel *

El hecho de que las claves de la comunicación a través de internet y de las redes sociales sea todavía un misterio para políticos que no se manejan personalmente en estos medios permite la afloración de una casta de supuestos expertos capaces de vender humo como si fuera el elixir de la eterna juventud. El trasfondo de la Púnica, en lo que se refiere a la venta del producto que supuestamente compraban algunos políticos, en Murcia y en otras provincias, convoca a la sonrisa, pues antes que nada se percibe un intento, consumado o no, de estafa, pero de estafa en primer lugar a esos políticos.

Pongamos el caso de Juan Carlos Ruiz, quien según la instrucción judicial contrató subrepticiamente los servicios de una empresa especializada en imagen reputacional para promover su imagen personal como pretendiente a la candidatura del PP a la presidencia de la Comunidad autónoma, intentando camuflar ese trabajo como si estuviera destinado a potenciar la gestión pública en el área que en ese momento tenía encomendada en el Gobierno regional, la consejería de Turismo.

Aceptemos por un momento que la acusación por la que Ruiz está imputado fuera cierta. La pregunta, en tal caso, sería: ¿cómo se pudo dejar embaucar tan tontamente? El que fue consejero de Industria y Turismo en el Gobierno de Garre no tenía en internet una imagen ni buena ni mala, pues toda su trayectoria política anterior, desde que se integró en las Nuevas Generaciones, discurrió en la monotonía parlamentaria, tanto en el Congreso como en la Asamblea Regional, siempre en labores representativas, sin capacidad de decisión, y sin salirse nunca de la disciplina y el argumentario oficial de cada momento, repitiendo sin concesiones a la brillantez, el catón preestablecido por el aparato gubernamental de turno.

En su vida política no había nada que borrar, pues todos los renglones eran previsibles, insustanciales. Si quería progresar y convertirse en líder ya disponía de un instrumento con el que manejarse, su gran oportunidad: ser consejero de una cartera fundamental, con la cual mostrar sus capacidades como gestor y sus habilidades políticas ante los sectores fundamentales a los que tenía que responder: industria, innovación, turismo, el Info... Casi nada. ¿Para qué necesitaba que un tío rellenara las dos o tres primeras páginas de Google con noticias y fotos que exaltaran su gestión a la manera con que suelen hacerlo los publicistas políticos, es decir, con esa banalidad inexpresiva que, cuando es excesiva, repele y espanta, y que, aun siendo moderada no interesa a nadie?

En el caso de la que fuera alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, siempre según la instrucción judicial, todavía podemos entender que, al estar imputada en un caso de corrupción, Novo Carthago, tuviera interés en ´limpiar´ su imagen en las redes, pero es dudoso que pudiera resolver su problema mediante una web que producía noticias positivas para ella, pues cualquier búsqueda en internet, sumando los conceptos necesarios, extrae de inmediato las informaciones inevitables de los medios independientes. Es verdad que su sucesor, José López, ha hecho lo mismo, y con más descaro: ha creado una página municipal para darse bombo, en la que también emplea recursos públicos, pero el lector sabe de antemano que se trata de pura publicidad institucional, de modo que no engaña a nadie.

En el fondo, esta práctica de crear medios online financiados oblicua o directamente con recursos públicos, denota la mentalidad que ciertos políticos tienen sobre la libertad de información, que no difiere demasiado en este terruño de lo que expresa Trump de manera descarnada y que tanto aparente escándalo provoca: prefieren una información teledirigida que se dedica en exclusiva a fotografiar sus inauguraciones de rotondas. El problema para ellos es que esto carece, no sólo de credibilidad, sino de interés.

Pero la tentación del autobombo y de la ocultación mágica de aquello que no les complace es tan potente que, en algunos casos, supuestamente, de tan listos que se creían, acababan siendo estafados por los ´expertos en red´, a la misma vez que ellos estafaban inescrupulosamente a los ciudadanos. ¿No querían imagen reputacional? Pues ahí la tienen.


(*) Columnista


Gobernados por delincuentes / Ramón Cotarelo *

Ayer ingresaron en prisión los primeros delincuentes de la Gürtel, Correa, el Bigotes, Crespo, etc. En ella se encuentran otros peperos no menos sinvergüenzas, como Matas o Fabra. Y en el próximo futuro se unirán bastantes más, según vayan viéndose los casos pendientes en los que el PP, una supuesta asociación de malhechores, tendrá que ir respondiendo de sus tropelías y latrocinios a lo largo de los últimos años. 

Años en que España ha estado gobernada en todos sus niveles por presuntos delincuentes que poco a poco van dejando de ser "presuntos" para convertirse en ladrones sin más. Una situación de escándalo permanente a la que se ha llegado porque, a base de financiarse ilegalmente, el PP ha ganado elecciones que, en realidad, habría que considerar nulas. 
Sin embargo Mariano Rajoy, representante de esta cuadrilla de facinerosos y a su vez acusado de llevar años cobrando sobresueldos ilegales de la caja B del partido, afirma que la corrupción quedó atrás, cuando la lleva él pegada a sus zapatos, y que es su gobierno el que más ha luchado contra ella, cuando es el que la ha amparado y protegido. 

Contra la corrupción lucha y sigue luchando ejemplarmente el pueblo rumano que ha obligado al gobierno a retirar el decreto que pretendía poner en la calle a cientos de corruptos encarcelados. Ha sido el resultado de manifestaciones multitudinarias y permanentes que ahora tratan de conseguir también la dimisión del gobierno socialdemócrata por su complicidad con la corrupción.

¿Podría pasar algo similar en esta país, gobernado por un partido corrupto con multitud de dirigentes bajo sospecha, acusados o condenados por corrupción? Seguro que no por el grado de resignación apática de la población y la complicidad de los partidos de la oposición según sosteníamos en otro post, cómo hemos llegado a esto. Al contrario, lo que cabe esperar de un gobierno del PP es que en poco tiempo indulte a los delincuentes condenados, como tiene por costumbre. Forma parte de su modus operandi, para dar seguridad a los malhechores en sus filas: "vosotros robad que luego os indultamos". La mafia es siempre solidaria y el partido gobernante en España es lo más parecido a la mafia.

Precisamente para evitar esta práctica, el Congreso estudiará una proposición de ley del grupo socialista que prohibirá los indultos a los delincuentes por corrupción y violencia machista. Todos los grupos parlamentarios apoyan la idea con la que, sin duda, simpatiza la gente en general. Luego llega la letra pequeña: para que se note bien la voluntad regeneracionista de los gobernantes peperos ayer mismo el gobierno indultaba a seis funcionarios del ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación. Innecesario decir nada más.

En realidad, lo que el PP ha establecido en España, ya desde los tiempos de Aznar, es un gobierno de rapiña y expolio por partida doble que también ha tocado al PSOE: a) en el orden colectivo, la política neoliberal ha consistido en privatizar todas las empresas que se ha podido (energéticas, telecomunicaciones, etc.) para entregárselas a los amigos quienes, a su vez, supieron recompensar a los políticos privatizadores con suculentos salarios, como el propio Aznar, González y una recua de aprovechados que se han forrado a costa de los contribuyentes y los clientes de las empresas. 
También han descapitalizado y destruido los servicios públicos no privatizados (singularmente sanidad y educación) para que se lucren otros amigos o ellos mismos; b) en el orden individual, barra libre para que los cargos, militantes y allegados del PP (o del PSOE en Andalucía) roben a manos llenas, malversen, prevariquen y se enriquezcan también a cuenta del contribuyente.

A veces ambos órdenes están entremezclados. Algo de eso hay en la imputación de la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿O no eran estos, especialmente el ínclito MAFO, los que remachaban de continuo la doctrina neoliberal de congelar o recortar salarios, subvenciones y vetajas del Estado del bienestar; los que con salarios estratosféricos pedían que no se aumentara el salario mínimo? En qué medida también se beneficiaron de los presuntos delitos de Bankia personalmente es algo que ahora tendremos ocasión de averiguar, gracias a la reapertura de un proceso que otras instancias judiciales, más afines al PP, intentaron bloquear.

Dos imputaciones más esperan en puertas, aparte, por supuesto, de las que seguirán cayendo porque, con el PP, España es un país gobernado por delincuentes presuntos o sin presumir. Un país en el que un hombre como Rato pudo ser vicepresidente del gobierno y, mientras se enriquecía al parecer ilegalmente, cultivaba el mito de ser "el milagro español" es, literalmente, un país gobernado por ladrones. Las dos imputaciones que aguardan son las del presidente del PP de Murcia y la del alcalde también del PP de Brunete. Pero vendrán más, muchas más. Y eso que todavía no hemos hablado de la parte que toca a la Iglesia católica en este desbarajuste.

Pero aquí no dimite nadie, empezando por el presidente del gobierno, principal responsable y presunto beneficiario y cómplice de esta realidad de robo, saqueo y corrupción que es hoy España. 

Zafarrancho de combate
                                                                                                              
El Congreso de fin de semana del PP, a diferencia del de Podemos, venía marcado por el signo de la unidad. Por si esta fuera poca, se reforzó señalando un enemigo exterior, cosa que aun une más: el independentismo catalán. Desde el comienzo se entonó el himno de la igualdad de todos los españoles, un principio que no se invoca nunca frente a vascos y navarros pero sí frente a catalanes, lo que da una idea de su equidad.

Para la encendida arenga final de Rajoy quedó recordar la obligación universal de acatar y obedecer la ley (la que estableció su partido legislando arbitrariamente merced a su mayoría absoluta). Se añade magnánimamente que cabe reformar la Constitución pero eso es algo que también deben decidir todos los españoles. Los españoles siempre van de todos. Ni mención al hecho de que ese todos contiene un agravio estructural a los catalanes que siempre serán una minoría en él, sometida a la tiranía de la mayoría. Otra vez un asunto de equidad que es justamente lo que trata de resolver la convocatoria de un referéndum.

Nada nuevo, ciertamente. Un discurso para levantar ánimos entre los suyos y cerrar filas. Pero con un lenguaje duro, casi provocativo, como diciendo: “independentistas, aquí no se mueve nada”. Lo resumía con inefable silogismo la vicepresidenta hace unos días: “no habrá referéndum porque España es una democracia.” Carece totalmente de sentido, pero también carece que hablen de democracia y Constitución los miembros de un partido fundado por un ministro de Franco y en el que militaban también algunos que votaron contra esa misma Constitución.

Dureza e intransigencia que denotan espíritu de confrontación. Tras dejar claro que no hay negociación posible (porque con la soberanía del pueblo español no se mercadea), se cavan trincheras y se toman posiciones en zafarrancho de combate. Por si acaso, los intelectuales y juristas orgánicos del régimen como aves rapaces, incitan al empleo de la legislación de excepción sin más dilaciones.
Hasta la oferta de “diálogo” que encabezó la vicepresidenta y no pasó de ser una apuesta retórica ha sufrido una nueva rebaja. Sáenz de Santamaría parece entender el diálogo en asuntos meramente administrativos con las autoridades locales, dado que de asuntos de soberanía no cabe hablar. Es obvio: un cierre de posiciones a la espera de la reacción del bloque independentista.

Para avivar más el conflicto, el Estado mantiene la política de judicialización y no está dispuesto a paralizar la política represiva. Tampoco se molesta gran cosa en disfrazar de acción jurídica un proceso que es eminentemente político, como quedó suficientemente demostrado en las sesiones de la comparecencia de Mas, Rigau y Ortega, caracterizadas por una evidente animadversión del tribunal y la fiscalía. Como político será el proceso que se prepara contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Político y con un alto contenido simbólico.Y tal parece ser la nueva orientación en esta línea del frente. 
Basta con ver a quién han propuesto como presidente del Tribunal Constitucional, un ultraconservador, miembro del Opus y con diecisiete años de diputado del PP en el Congreso. Nadie puede pensar en serio que esta cacicada contribuya a restablecer los inexistentes prestigio y autoridad del Tribunal Constitucional, cada vez más claramente concebido como un órgano político dirigido contra el independentismo catalán.

Es de prever que, dentro de la lógica de la confrontación, la cerrada negativa del gobierno, alentará las posiciones de los sectores más radicales del independentismo, que pedirán adelantar la convocatoria del referéndum.  Responder al zafarrancho con otro zafarrancho, una posibilidad que puede acabar convertida en una necesidad. En ese espíritu habrá que entender la afirmación de Puigdemont con motivo del Día de la radio, de que bien pronto se escuchará por este medio la proclamación de la independencia de Cataluña.

La legitimidad de la hoja de ruta es tan incuestionable como su inevitabilidad. El bloqueo de la situación aconseja acortar los plazos por cuanto mantenerlos significa entrar en el juego de desgaste de acción/reacción de un Estado sin proyecto que solo trata de ganar tiempo mediante el uso torticero de una legalidad de parte. 




(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Políticos muy tarados / Juan Carlos Escudier *

Existe la creencia popular de que muchos políticos están como un cencerro y, según parece, hay informes científicos que lo demuestran. En su momento Rajoy sostuvo que no era suficiente con ser español y mayor de edad para ser presidente del Gobierno y, en referencia a Zapatero, al que solía referirse como un incapaz que tenía la cabeza de adorno, sugirió que se ampliaran los requisitos para el cargo. 

No se le hizo caso y él mismo llegó a la Moncloa tiempo después. Sea como fuere, quizás fuera conveniente que los presidenciables pasaran un examen psicotécnico, aunque no difiriera mucho del que se exige para entrar a trabajar al Mercadona. Parece de sentido común que si para obtener la licencia de armas se exigen estas pruebas, el señor al que se confía el maletín nuclear deba ser evaluado mentalmente antes de recibir la llave y los códigos.

Viene esto a cuento de la carta que ha publicado The New York Times en la que 35 psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales aseguran que Trump sufre una grave inestabilidad emocional que le incapacita para ocupar el despacho oval. Los firmantes advierten de que el del flequillo tiene serios problemas para aceptar opiniones distintas a las suyas, lo que le hace experimentar reacciones de rabia, y creen probable que al ser coronado como emperador del mundo y ver confirmado su mito personal de grandeza aumenten sus ataques.

La opinión de estos expertos confirma el análisis de un grupo de especialistas de Harvard quienes certificaron que el magnate padece “narcisismo maligno”, un trastorno que inhabilita los sentimientos sociales de quienes lo padecen hasta el punto de impedirles comprender sus obligaciones morales y provocarles problemas de agresión y sadismo. Llovía pues sobre mojado. El diagnóstico tiene a los mexicanos en un sinvivir porque el psicótico vive en el piso de arriba y quiere tapiar las escaleras de la comunidad de vecinos sin pedir permiso al presidente.

Lo de Trump no es una rareza si se tienen en cuenta los resultados de un estudio del psiquiatra Jonathan Davidson y su equipo para la Duke University Medical Center, quienes tras analizar la conducta de los 37 primeros presidentes de EEUU llegaron a la conclusión de que la mitad de ellos estaban tocados del ala, ya fuera porque sufrían de depresión, como Madison o Lincoln, o un desorden bipolar, tal era el caso de Jefferson o Roosevelt. El nuevo inquilino de la Casa Blanca no es, por tanto, una excepción aunque en ninguno de sus antecesores se había percibido tan claramente que estaba como las maracas de Machín.

Sería un error pensar que las enfermedades mentales se ceban exclusivamente con los mandatarios estadounidenses. El propio Davidson es el autor de un libro sobre los primeros ministros británicos, cuyas conclusiones son bastante turbadoras. Desde el conde de Oxford, Robert Walpole (1676-1745) a Tony Blair, un 75% de quienes ocuparon el cargo se vieron afectados por depresiones severas, bipolaridad, demencia, ansiedad social, diversas parafilias, o directamente eran alcohólicos, dolencias que afectaron gravemente al ejercicio de sus funciones.

Hitler, según los informes de la CIA, lo tenía todo: histeria, paranoia, esquizofrenia y hasta sifilofobia, que es sentir pánico a la contaminación de la sangre. Stalin era un paranoico de libro, lo que explicaría sus sangrientas purgas. El mundo ha sufrido a estos dementes pero no faltan quienes afirman que un buen tarado puede salvar a un país en tiempos de crisis graves. 

Esta es la opinión del psiquiatra Nasir Ghaemi, autor de Locuras de primera, donde establece que los mejores líderes en etapas turbulentas de la historia son enfermos mentales o mentalmente anormales. Sería el caso de Churchill, un maniático depresivo cuya enfermedad le habría hecho entender desde el primer momento las intenciones de Hitler dándole el coraje necesario para hacerle frente.

El tal Davidson y su colega inglés David Owen creen haber identificado el trastorno más común de los políticos que ostentan el poder durante largos períodos de tiempo. Lo llaman síndrome de Hybris, una especie de endiosamiento que les transforma en mesías, les hace perder el contacto con la realidad y les provoca tales delirios de grandeza que les impide rendir cuentas de sus actos a los simples mortales porque sólo Dios o la historia pueden juzgarlos. Puede remitir cuando el afectado cesa en el cargo o perpetuarse en su conducta. Aquí, de natural modestos, venimos definiendo el fenómeno como el síndrome de la Moncloa y hemos tenido ejemplos de ambos comportamientos. Ninguno se ha librado, desde Suárez a Rajoy, aunque éste último ha conseguido disimularlo con un atuendo para sus caminatas escasamente narcisista.

No hace falta ser un especialista para detectar que los más afectados por el virus han sido González y Aznar, que siguen instalados en sus respectivos olimpos y hasta disponen de sacerdotes consagrados a su culto. En el caso del estadista con bigote se ha llegado a detectar un complejo de inferioridad mal resuelto, que le provoca intensos sudores de arrogancia más allá de las axilas. El síndrome es tan contagioso que no es preciso alcanzar la presidencia. Basta con añorar que en algún momento las alfombras de Moncloa se extiendan a sus pies para notar sus efectos. Tal vez sea cosa de los ácaros del polvo.

Que Trump no sea el único demente que nos gobierna no sirve de mucho consuelo. Poe decía que sólo cuando un loco parece completamente sensato es el momento de ponerle la camisa de fuerza. Aún no se ha dado el caso. Su enajenación no tiene nada de transitoria. No hay esperanzas de que recupere la cordura porque carece de su recuerdo.


(*) Periodista

En la resaca de Vistalegre II / Juan Tortosa *

Los viejos que votaban al PSOE acabarán votando al PP. Entre una mala copia de Rajoy como Susana Díaz y el original, terminarán prefiriendo al original. Tampoco seducen los socialistas a los más jóvenes, esos votantes nuevos que tienen en sus manos el futuro, que compran y trabajan por internet, viven en whatsapp, disfrutan con las redes sociales y no entienden por qué para votar hay que perder una mañana de domingo yendo a meter una papeleta en una urna. ¡Con lo fácil que resulta hacerlo on line!

El PSOE se está quedando en tierra de nadie y los golpistas que todavía lo rigen no acaban de asumir un dato irrefutable: cada votante suyo, o del PP, que se muere, es un “cliente” que se deja en el camino ese bipartidismo añejo y ajeno a todo adolescente que llega a su mayoría de edad. Cada día que pasa pierden peso.

Hace meses que los verdaderos dueños de los periódicos se dieron cuenta de esto y quizás sea esa la razón por la que se lanzaron en tromba a prodigar todo tipo de elogios a la corriente errejonista de Podemos. Su particular abrazo del oso. No querían solo dividir el partido, sino asegurar los equilibrios del “tablero”. 

Con Iglesias relegado, los socialistas podían ser un poco más de derechas, porque ya se encargaría el errejonismo de ocupar la presunta izquierda. La unánime exaltación mediática del número dos de Podemos no ha conseguido su objetivo. Se olvidaron sus interesados mentores que quienes han votado el Consejo Ciudadano de Podemos poseen criterio propio, leen poco los periódicos de papel y aún ven menos la tele.

Los viejos partidos siguen empeñados en controlar los medios para manipularlos y continúan sin enterarse que el mundo hace tiempo que va ya por otro lado. Las patéticas primeras páginas que inflige Marhuenda y los desvergonzados editoriales de El País no solo caen en saco roto sino que producen vergüenza ajena. El Mundo y el ABC no solo no asustan a nadie, sino que dan lástima y hacen reír cuando compruebas su desazón porque ninguna de sus tretas para hundir Podemos consigue el efecto deseado.

Han agotado todas las técnicas posibles para acabar con el movimiento de protesta que surgió del 15-M y ahí está, vivito y coleando, ocupando el espacio que le corresponde por sus propios méritos, y también por los errores de los demás. Vamos despacio porque vamos lejos, repite Monedero desde hace tres años, y la frase cobra más sentido a medida que el tiempo va transcurriendo. Como resume mi compañero Carlos Enrique Bayo, la mayor franja de votantes de Podemos está entre los 18 y los 44 años… y subiendo. En cambio, ni PP ni PSOE consiguen atraer a gente de esa edad. Todo consiste, pues, en saber esperar.

Y como sentencia este martes el maestro Manuel Alcántara quien, a sus 89 años continúa escribiendo y dando en el clavo a diario, “saber esperar es un arte… a condición de que nos pille vivos”.


(*) Periodista

La desinformación y manipulación de los medios sobre Vistalegre / Viçent Navarro *

Este fin de semana he estado en la II Asamblea Ciudadana de Podemos en Vistalegre y he podido ver desde el primer minuto hasta el último lo que estaba ocurriendo. Creo conocer bien, pues, lo que ha pasado allí y que coincide muy poco con lo que he estado leyendo en la prensa, oyendo en la radio o viendo en la televisión sobre Vistalegre durante este fin de semana (y en días anteriores). 

Claramente ha habido estos días dos Vistalegres: el real (lo que ocurrió en Vistalegre) y el mediático, es decir, el Vistalegre que los medios (que se autodefinen como de información) intentaron presentar con una abundante manipulación, escasa veracidad y gran hostilidad hacia Podemos. Una vez más, es fácil de ver que uno de los mayores problemas que tiene la muy limitada democracia española es la falta de libertad de prensa, con una escasísima diversidad ideológica y con una ausencia de medios progresistas que puedan mostrar y denunciar su enorme sesgo derechista. En lugar de medios de información, lo son de persuasión y propaganda. Veamos los datos, y primero hablemos del Vistalegre real.

Qué ocurrió en el Vistalegre real
En Vistalegre vi un gran debate que se inició ya hace varias semanas sobre temas esenciales para el país, tales como la estrategia para alcanzar un país más justo, más democrático, más solidario y más plurinacional. Una fuerza política que no existía hace solo tres años se había convertido en la segunda fuerza del país (en alianza con IU), convirtiéndose en la oposición real a la coalición PP-PSOE-Ciudadanos, comprometidos estos últimos en continuar las políticas que se han estado imponiendo a la población española sin que hubiera un mandato para ello. Tales políticas –reformas laborales encaminadas a reducir los salarios y la protección social del mundo del trabajo, y recortes del gasto público social destinados a reducir y debilitar los servicios (como sanidad, educación, vivienda social, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios a personas con dependencia, prevención de la pobreza y exclusión social, entre otros) y de las transferencias del Estado del Bienestar (como pensiones)- han tenido un impacto sumamente negativo en la calidad de vida y bienestar social de las clases populares. Los datos que documentan esta realidad son claros y convincentes. No es sorprendente, pues, que estas clases hayan canalizado su enfado y frustración a través de nuevas fuerzas políticas a lo largo del territorio español, dentro de las cuales Podemos y su aliado, IU, junto con las confluencias como En Comú Podem, En Marea, Compromís y otros han sido las más importantes.

Y es de gran importancia e interés observar que, mientras este rechazo y enfado hacia el establishment (es decir, la estructura de poder político) se ha canalizado a través de partidos políticos de extrema derecha en países como EEUU (Trump) y Francia (Le Pen), en España han sido partidos claramente progresistas, enraizados en las izquierdas, los que han sabido oír y verbalizar dicha protesta y rechazo, y responder con propuestas auténticamente transformadoras cuya aplicación significaría predeciblemente una amenaza para tales establishments políticos y los intereses financieros y económicos que representan. El empuje de estos movimientos ha significado un tsunami político que se está expandiendo a nivel no solo central, sino también autonómico y municipal. Y todo ello ha ocurrido en un periodo de tiempo extraordinariamente corto.

La importancia de Vistalegre II
No es, por lo tanto, de extrañar que en un movimiento político-social que ha crecido de una manera tan rápida haya tenido que ir resolviendo problemas surgidos como consecuencia de su limitada experiencia y de la enormidad de la labor a realizar. De ahí la necesidad de los grandes debates sobre temas esenciales en un partido como Podemos, que aparecieron en los documentos que las tres principales sensibilidades existentes dentro de Podemos presentaron en el congreso, y que contenían sus propuestas de orientación política (de dónde venimos y a dónde queremos ir), de forma organizativa, de planteamiento ético y sus propuestas de cómo alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La lectura de cada uno de estos documentos era fundamental para entender tal movimiento político-social y los debates en Vistalegre.

A lo largo de mi larga vida en varios países y en más de un continente (como asesor y/o participante en movimientos con vocación de servicio a las clases populares y con intención transformadora), he participado en muchos congresos y he leído muchos documentos congresuales, y puedo dar constancia (como economista y como politólogo) que en Vistalegre cada uno de estos documentos reflejaba un elevado grado de compromiso con el cambio, con una gran calidad de exposición y con una feliz mezcla de idealismo con realismo. Y lo que es también importante de resaltar es que los intensos debates que existieron entre las distintas sensibilidades se realizaron con gran madurez y sin insultos. Estuve con mi esposa todos lo dos días, sin ausentarme de Vistalegre ni un minuto, y pude escuchar todas las presentaciones. Y puedo dar testimonio que no vi ningún sarcasmo, ningún insulto y ningún síntoma de la famosa mala leche ibérica que aparece con excesiva frecuencia en reuniones políticas de tal naturaleza. Y ello ocurrió, repito, en pleno ejercicio de un debate intenso con claras opiniones contrapuestas y con críticas muy fuertes hacia posturas contrarias. En realidad, el deseo de encontrar puntos comunes y establecer un proyecto unitario caracterizó a la asamblea, que transcurrió durante toda la reunión con el claro objetivo, manifestado por la gran mayoría de los presentes de, respetando la diversidad, reforzar la unidad.

Fue un placer para mi esposa y para mí estar estos dos días con gente de todas partes de España, de todas las clases sociales (con clara mayoría de clases populares), y ver, entre otros miles de ejemplos de camaradería, a una trabajadora de Coca-Cola, en huelga, fraternizar con un general del ejército, o a una enfermera con un guarda civil, todos ellos en un proyecto común: transformar profundamente este país. La única crítica que yo haría es que el excelente sentido de fraternidad que se vivía no se reflejara con una cultura del canto, desaprovechando la enorme gama de canciones populares de protesta, amor y esperanza que existe en este país. Me encanta L’Estaca, que se cantó al final, pero fue de las poquísimas que se cantaron. Espero que en Vistalegre III se cante mucho más. Hasta aquí mi informe sobre Vistalegre sobre lo que vi. Pero nada de esto apareció en lo que se presentó al público por parte de los grandes medios.

El Vistalegre de los medios
Este otro Vistalegre, el que apareció en los grandes medios de información, fue muy diferente. En primer lugar, no hubo ningún gran rotativo, o programa radiofónico o de televisión, que presentara los documentos que se debatieron en el congreso. Repito, ni uno. En su lugar, las simplificaciones que intentaban resumir las diferencias alcanzaron niveles de auténtica frivolidad. En lugar de analizar tales propuestas, prácticamente todos los medios continuaron presentando el congreso de Vistalegre como la culminación del conflicto entre dos dirigentes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que terminaría con la expulsión de uno de ellos de la dirección, o incluso de Podemos. Todos acentuaron la inevitabilidad de la división y de la escisión, presentando el debate como una mera lucha por el poder, asumiendo, además, que luchaban para conseguir el sillón o los privilegios que conlleva el poder, concluyendo maliciosamente que se comportaban como todos los dirigentes de los otros partidos. En esta presentación llegaron a unos niveles de una enorme mezquindad, con ataques a nivel personal. En realidad, la banalización de la presentación de tales debates por los medios llegó a niveles absurdos, haciendo por ejemplo referencia a datos extremadamente personales y claramente insultantes, como las parejas y cambios de parejas, manipulaciones dignas de los Eduardo Indas de este país. Nunca, sin embargo, presentaron los debates por lo que, en realidad, eran: legítimas e importantes diferencias de estrategia en los necesarios cambios que tiene que tener España.

Los medios de información en España 
como medios de persuasión y de propaganda
No hay duda de que el intento de tal reportaje sobre Vistalegre era debilitar o incluso destruir a Podemos y a sus dirigentes. Esta mezquindad, manipulación y mentiras de los medios son, por cierto, una constante que, por desgracia, las izquierdas no denuncian. Honra a los dirigentes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que se excusaran por haber aireado sus diferencias en público, haciéndoles enormemente vulnerables a ser utilizados por unos medios que tienen asignada la función de destruirlos. Y así lo intentaron los medios, mintiendo a mansalva, presentando estas diferencias como cuchilladas del uno al otro que llevarían al exterminio del enemigo, significando la derrota y desaparición de uno a costa del otro. Como dije antes, la escisión se presentaba como una situación inevitable (cuando en realidad jamás tal posibilidad existió). 

Ejemplos de esta presentación hay a montones. El País, que lideró esta mezquindad, publicó que el conflicto se asemejaba a la lucha entre Stalin y Trotsky; El Periódico (Iolanda Mármol) indicó que la asamblea comenzó “con el alma en vilo y el barro hasta las rodillas”, presentando la lista de miembros del Consejo Ciudadano propuesta por Iglesias como “una ‘camarilla’ que le tienen ‘secuestrado’”; La Vanguardia, que profetizó el colapso de Podemos, presentó a Iglesias como un bolchevique dispuesto a realizar purgas; y así un largo etcétera. Y no digamos ya de los reportajes de la ultraderecha como La Razón, el ABC y otros. Fue una obscenidad, una confusión en la que algunas voces de izquierda, por desgracia, cayeron también. Tales voces criticaron, con razón, a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón por discutir en público sus diferencias, pero no dijeron nada crítico hacia los medios, que en realidad fueron los mayores responsables de crear esta falsa imagen de escisión, con purgas incluidas. 

Repito que nunca hubo posibilidad de escisión, y no va a haber ninguna purga de Errejón, tal como maliciosamente se está interpretando el hecho de que Errejón deje de ser, probablemente, secretario político, pues tal cargo no existe en ningún otro partido, ya que tal responsabilidad recae en el secretario general. Dicho nombramiento era una anomalía que tenía que corregirse, pues crea confusión. Ahora bien, seguro que los medios continuarán hablando con la simplicidad que han usado, sin ningún respeto a la veracidad.

Desde que me reintegré hace ya bastantes años en la vida académica y política de este país, he ido señalando, criticando y denunciando la falta de pluralidad en los medios y su función propagandista. La cacareada libertad de prensa es la libertad de sus dueños en los medios privados y de los partidos gobernantes en los medios públicos que los instrumentalizan. Son todos ellos instrumentos al servicio del poder, y todos ellos comparten su hostilidad hacia las fuerzas política que consideran amenazantes para el poder que sostienen. Ello no es único de España, pero es mucho más acentuado en este país, que tiene prácticamente una dictadura mediática, algo bien demostrado en el hecho de que no ha habido ni un medio de información que haya presentado de forma medianamente objetiva lo ocurrido en Vistalegre.

La inmunidad de los medios y de su corrupción
Esta dictadura mediática tiene atemorizados a los dirigentes progresistas del país. Pocos dirigentes políticos de izquierdas los denuncien. Aplaudo, por lo tanto, la crítica que hizo Pablo Iglesias al programa de la SER de Pepa Bueno por las manipulaciones, falta a la verdad y vetos de este programa (pueden escucharlo en http://play.cadenaser.com/widget/audio/001RD010000004454179/), y a La Sexta Noche por no solo mantener sino promover a periodistas de sistemática y documentada manipulación y mentira, algunos de ellos cómplices con policías que falsificaron documentos para destruir a Podemos. Refleja bien la inmunidad de los medios y del Estado que los policías que falsificaron evidencias en contra de Pablo Iglesias no hayan sido expedientados y continúen trabajando, y que el periodista cómplice en la distribución de tales falsedades continúe en La Sexta Noche

La inmunidad de la que goza este tipo de corrupción en España es abrumadora y la población es consciente de esta labor de desinformación de los medios de persuasión, lo cual refleja su escasa credibilidad y su baja popularidad. Hoy criticar a los medios, pieza clave del establishment (que existe en España u en otros países como en EEUU) financiero y económico, y a sus instrumentos políticos, debe incluir también el rechazo a sus medios de persuasión. Hay un silencio ensordecedor, basado en el miedo, que debe romperse.

El popular rechazo a los medios
Una figura política que captó rápidamente esta realidad fue el candidato Trump, que en contra de lo que los medios han presentado no tiene nada de payaso. Es una persona de una enorme astucia política y con una enorme capacidad de conexión con las clases populares. Consciente de la impopularidad de los medios entre la clase trabajadora, hizo de su denuncia un punto central de su campaña. 

En realidad fueron los propios medios, por extraño que parezca, los que habían promocionado al principio de las primarias al candidato Trump, como manera de anular al enemigo no. 1 del establishment estadounidense, el candidato socialista Bernie Sanders, que fue el primero en denunciar el sesgo y manipulación de la mayoría de dichos medios. Una vez anulado Sanders, Trump se les fue de las manos. 

Nada menos que el director de la cadena CBS había dicho que Trump daba grandes audiencias, lo que representaba unos grandes beneficios empresariales, aun cuando era consciente de que sería un desastre para el país. Pero no fue Trump el que inició o se caracterizó por su denuncia de los medios. 

Fueron las izquierdas en EEUU las que documentaron la sistemática manipulación y sesgo de la realidad por tales medios. Fue la campaña de Bernie Sanders, por ejemplo, la que documentó las falsedades del Washington Post en su campaña de difamación de su candidatura. El director de El País, Antonio Caño, que en su día como corresponsal de tal rotativo en EEUU promocionó en sus artículos el partido de ultraderecha Tea Party (que jugó más tarde un papel clave en el surgimiento de Trump) (ver mi artículo El sesgo profundamente derechista de Antonio Caño, el nuevo director de ‘El País, Público, 24.02.14), y que definió a Podemos como la fuerza política hermana de Trump (ver mi artículo Por qué apoyo a Pablo Iglesias, a Podemos y a Unidos Podemos, Público, 09.02.17), intentó presentar el justificado enfado de Podemos hacia El País como una muestra de pertenecer a la misma familia política que Trump, que critica a los medios. 

En realidad, la mayoría de partidos que rechazan a los establishments financieros y económicos, y a sus instrumentos políticos, también rechazan a sus medios de propaganda y desinformación, como ha sido El País y otros medios en su cobertura de Podemos.

Sé que es costumbre añadir en esta crítica a los medios la frase estándar de que hay muchos buenos profesionales trabajando en ellos, lo cual es cierto, pero es frustrante su silencio, repito, ensordecedor sobre lo que sus diarios están haciendo al servicio del poder. De ahí que considere que es poco creíble, por ejemplo, la crítica de Iñaki Gabilondo (persona que goza de gran respeto en entornos progresistas) a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, y en cambio no diga nada de la campaña de los medios en los que trabaja, tales como El País y la Cadena SER, en contra de Podemos, contribuyendo a la inmunidad de la que gozan tales medios, que es sumamente dañina para la democracia española. Seguro que son conscientes de ello.


(*) Catedrático


Resumen de Confidenciales


Miércoles con tres ejes informativos en portada y grandes titulares: el nuevo fallo del TC para frenar la ruta secesionista y la respuesta del Govern dentro de la 'realidad alternativa' en la que se ha instalado; el eco y resaca de las imputaciones por el Caso Bankia; y el conflicto de los estibadores que no alumbra solución, sino más bien lo contrario.

La cadena NBC ha adquirido por 30 millones de dólares un paquete del 25% en Euronews, que pasará a llamarse Euronews NBC pero que sigue financiándose en parte con dinero de la Comisión Europea.

Este miércoles se vota en el Europarlamento el tratado CETA de libre comercio con Canadá.
Los contactos de miembros del equipo de Trump con Rusia ya han generado la primera gran crisis en la Casa Blanca, con flecos que aparecen cada hora y que no dejan en buen lugar al presidente: hasta se ha difundido que el fin de semana celebró una reunión del Consejo de Seguridad en medio de una fiesta en su resort de Mar-a-Lago, en Florida. Se investigarán en el Congreso las conversaciones del asesor dimitido Michael Flynn, y los republicanos quieren que también se estudien las filtraciones de transcripciones íntegras, que también se cuelan por todos lados.

INFORMACIÓN NACIONAL
ABC: Trump invitó a Rajoy a visitarle en la Casa Blanca: ‘Te espero en Washington’; el ministro Dastis tiene previsto verse con el secretario de Estado, Rex Tillerson (Luis Ayllón). El País: La victoria de Iglesias divide a los aliados de Podemos: IU, Compromís, En Comú y En Marea difieren en sus preferencias entre el proyecto del líder y el de su número dos (Elsa G. de Blas). La Razón: Errejón no se rinde: exige a Iglesias el 40% de la Ejecutiva de Podemos.

El Mundo: La Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia: las dos fiscales del Caso Púnica eran partidarias de actuar contra Pedro Antonio Sánchez pero sus superiores lo impidieron (Marisa Recuero y Manuel Marraco). Esdiario: Empapelan la sede del PSOE de Valladolid con carteles de Sánchez y se arma (Miguel Blasco). Cuarto Poder: Los cabecillas de la Trama Gürtel ya están en la prisión de Picassent. Otro titular: El 65%% del Consejo Ciudadano de Podemos tiene un cargo público (Miguel Muñoz). El Español: Carmena consuma su divorcio con Iglesias: ‘Casi no tenemos contacto’ (Daniel Ramírez).

CATALUÑA
La Razón: El Gobierno intensifica su agenda en Cataluña ante el desafío soberanista: la vicepresidenta vuelve el lunes a Barcelona donde ampliará los contactos con empresarios y sociedad civil (Carmen Morodo). La Vanguardia: El Gobierno reforzará TVE en Catalunya en catalán para contrarrestar a TV3 (Quico Sallés). Otro titular: El TC redobla la presión judicial sobre Forcadell; anula la hoja de ruta hacia el referéndum y denuncia a Forcadell a la Fiscalía. El Periódico: El TC tumba el referéndum unilateral y señala a Forcadell y parte de la Mesa; el Govern responde que 'ninguna resolución puede modificar un planteamiento tan sólido y democrático' (Ángeles Vázquez). Otro titular: El Govern da por aparcada la entrevista de Rajoy con Puigdemont (Fidel Masreal).

El Confidencial: La CUP dice que responderá al Estado de forma proporcional, aunque sea 'cruenta' (Antonio Fernández). El Mundo: Mas justifica los insultos y acoso a la fiscal jefe de Cataluña (Daniel G. Sastre y Germán González). ABC: Puigdemont ya sabe que desoír al TC tiene consecuencia. Economía Digital: Mas quiere doblegar a Junqueras con otra lista única del soberanismo (Manel Manchón). Otro titular: El Constitucional estrecha el cerco (otra vez) sobre Forcadell. Europa Press: Josep Piqué ve 'demasiados fascistas' soberanistas en Catalunya pero augura su derrota. Libertasd Digital: El TC denuncia a Forcadell y la Generalidad justifica el ataque a la fiscal Magaldi (Pablo Planas). OKdiario: Todos huyen de Cataluña: hasta el futbolista independentista Piqué tiene su Sicav en Madrid (Borja Jiménez y L. Ramírez).

ECONOMÍA Y EMPRESAS
El País: Fomento y los estibadores rompen las negociaciones y habrá huelga el lunes: los sindicatos mantienen el paro los días 20, 22 y 24 de febrero y advierten de que habrá más (Hugo Gutiérrez). El Confidencial: Los estibadores rompen con Fomento y ponen ya en alerta a súper y tiendas (Marina Valero). Expansión: El Gobierno contacta con las ETT para hacer frente a la huelga de la estiba. La Razón: Las navieras desvían buques por la huelga encubierta de los estibadores. Libertad Digital: La huelga de los estibadores costará 50 millones de euros al día. El Economista: La huelga de estibadores forzará a la industria a operar por Francia y Portugal (África Semprún, Iván Gutiérrez y Cristina Triana). Otro titular: La AIReF cree que ocho CCAA no cumplirán el objetivo de déficit el 0,6% este año (Silvia Zancajo).

Cinco Días: Jornadas de 5Días sobre el futuro de la Seguridad Social: acuerdo a la vista para subir las bases y pensiones máximas; Báñez y Burgos anticipan claves de la reforma que negocia el Pacto de Toledo (Raquel Pascual Cortés). Otro titular: Industria y comercio, en emergencia por la huelga de estibadores. Otro titular: La AIReF prevé que en 2017 ocho CCAA no cumplan el déficit (Jaume Viñas). Otro titular: Hacienda sugiere que sin Presupuestos se frena el empleo público. Vozpopuli: Nueva fecha para el Pacto de Toledo: presentará sus recomendaciones en junio (Teresa Lázaro). El Periódico: ¿Currículums ciegos? El Gobierno prepara un programa piloto sin foto y nombre como lucha contra la discriminación (Beatriz Pérez). Economía Digital: Los estibadores irán a la huelga: ruptura total entre sindicatos y Fomento, que descarta convocar nuevas reuniones.

Capital Madrid: Imposible un acuerdo sobre las autopistas de peaje quebradas: las entidades bancarias y los fondos buitre acreedores no facilitan una salida, y el Estado tendrá que ir al rescate por entre 3.400 y 5.500 millones (Héctor Chamizo). Otro titular: La Bolsa premia las adquisiciones de MásMóvil, que ya vale más de 600 millones: el valor de la acción casi se ha multiplicado por cinco en poco más de tres años, y el MAB se queda muy pequeño para el cuarto operador, que prevé dar el salto al mercado continuo este semestre (Quesada Vargas). Expansión: La compra de Opel por PSA crearía el grupo líder de fabricación en España (Félix García).

El Confidencial: 3.000 permisos más de Cabify y Uber incendian la guerra del taxi en Madrid (David Fernández). Otro titular: Isolux es expropiada en Brasil y se hunde un 30% ante las dudas sobre su viabilidad (Agustín Marco). Diario Abierto: Los sindicatos convocan protestas en febrero, amenazan con paros en las empresas y no descartan una huelga general: promoverán alzas salariales del 1,8% al 3%, sin esperar a un acuerdo con CEOE (Luis M. del Amo).

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: Bankia debe ser investigada pero también CatalunyaCaixa lo más rápido posible para evitar el riesgo de una mayor pérdida de imagen de la banca (José Hervás). El Confidencial: Caos en el BdE: firmas a favor de los imputados y codazos por su sucesión (Eduardo Segovia y J. A. Navas). Otro titular: Rato coge aire en el caso tras la imputación a Mafo, Segura y Restoy. Vozpopuli: El Ibex usará la imputación de MAFO en sus demandas por la OPV de Banki (Jorge Zuloaga). Otro titular: Linde respalda a MAFO: defiende que protegió 'el interés general' con Bankia. Otro titular: El PSOE busca un pacto para desactivar la investigación sobre el tema Bankia (Federico Castaño). El Mundo: El Banco de España recoge firmas a favor de los imputados por Bankia (Carlos Segovia).

Expansión: El Congreso creará una comisión de investigación sobre el caso Bankia: el juicio de la salida a Bolsa se retrasará otro año más. Otro titular: BBVA cambia el sistema de retribución y sube el salario fijo. Confidencial Digital: Existen grabaciones de MAFO presionando a empresas para entrar en Bankia. Cinco Días: Linde avala a los supervisores imputados por la Audiencia en el Caso Bankia (Ángeles Gonzalo Alconada). Libertad Digital: El PSOE, a rebufo de Podemos, abandona a Mafo y pide una comisión sobre Bankia (Ketty Garat y Mariano Alonso). ABC: El Banco de España cierra filas con sus directivos imputados por el Caso Bankia.

El País: El Congreso investigará el Caso Bankia y la crisis bancaria (F. Garea). Otro titular: Los jefes de supervisión del Banco de España piden el apoyo de los inspectores a los imputados: el supervisor afirma que la investigación establecerá que sus actuaciones se ajustaron al cumplimiento de la normativa y al interés general (Íñigo de Barrón y Antonio Maqueda). El Economista: Saracho desecha el plan de crear un bano malo en el Popular: el diseño propuesto gener reticencias en el Banco Central Europeo y la CNMV (Eva Contreras y Lourdes Miyar). Otro titular: El Banco de España presiona para apoyar a los inspectores dimitidos: recogen firmas para respaldar su labor (Lourdes Miyar).

OTROS TITULARES DESTACADOS
El Mundo: Zoido descalifica la gestión de la anterior cúpula policial (Fernando Lázaro). Eldiario: Zoido sitúa actuaciones policiales de la etapa de Fernández Díaz fuera del Estado de Derecho. La Razón: La Policía halla 868 archivos en el ‘pendrive fantasma’ de los Pujol (Ricardo Coarasa). Público: Sánchez-Camacho dio a Interior el material del primer informe contra la familia Pujol (Carlos Enrique Bayo y Patricia López). El País: Las peligrosas amistades del coronel Sanz: un mando de la Guardia Civil, imputado por codirigir una violenta red criminal (Joaquín Gil). El Español: La brigada 'secreta' de Pino investigó y dio por culpables a guardias civiles absueltos (Daniel Montero y Alejandro Requeijo). Otro titular: Cuenta atrás para la infanta Cristina e Iñaki: la ponente del caso Nóos ha redactado ya la entencia (María Peral).

OPINIONES
Editorial en El País: ‘Puertos en conflicto: Gobierno y estibadores deben retomar la negociación para evitar la huelga’. Otro editorial: ‘Gürtel no es el pasado: el PP sigue evitando dar explicaciones sobre sus casos de corrupción’. Editorial en ABC: ‘Intolerable chantaje de los estibadores’. Otro editorial: ‘Poco castigo por tanto daño a España en el caso de Artur Mas'. Editorial en La Razón: ‘Inaceptable acoso a la justicia: a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi’. Otro editorial: ‘Privilegios gremiales frente al interés común’. Editorial en El Mundo: 'Acoso intolerable del secesionismo a la Justicia'. Jesús Cacho en Vozpopuli: 'Guindos: "La salida a Bolsa de Bankia fue una operación política del Gobierno Zapatero". Ramón G. Cepas en Invertia: 'El día en que Zapatero calificó de 'decisiva' la salida a Bolsa de Bankia'.

Editorial en La Vanguardia: ‘Giro trascendente en el Caso Bankia’. Salvador Cardús en el mismo diario: 'No hay vuelta atrás: no soy capaz de ver otra salida que una separación forzada por la mayoría parlamentaria actual'. Editorial en Libertad Digital: 'Cataluña, bajo el imperio del golpismo secesionista'. Luis María Ansón en El Imparcial: ‘Auge del pablismo-leninismo’. Editorial en Cinco Días: ‘La reforma permanente de las pensiones’. Otro editorial: ‘Un gigante del motor europeo’. Antonio Iruzubieta en La Carta de la Bolsa: ‘Eurozona, la quiebra de un país miembro es palabra tabú, es inconcebible para las autoridades, pero…’. Santiago Niño Becerra en el mismo medio: 'Informe: un panorama en el que destaca, para la mayoría, el subempleo, la pobreza y las carencias estructurales; España es eso, de hecho siempre ha sido eso'.


A. R. Mendizabal

La Fiscalía General nombrada por Rajoy echa un cable a PAS frente a las pretensiones imparciales del juez Velasco


MURCIA.- El jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, se habría librado de la imputación por la mediación de la Fiscalía General, nombrada por Rajoy desde La Moncloa, ya que las dos fiscales anticorrupción de la Púnica en la Audiencia Nacional estaban dispuestas a cargar contra el líder murciano del PP al igual que con imparcialidad el ,agistrado instructor, Eloy Velasco. 

Así lo publica el diario de tirada nacional El Mundo, y recoge La Opinión, quien añade que "Sánchez alardea de que le apoyan cuatro fiscales del Supremo (?)", por lo que Sánchez se habría confundido de tribunal después de que desde el Gobierno central se le adelantase por teléfono la oposición de la Fiscalía General del Estado.
No consta, sin embargo, que durante la instrucción, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haya pronunciado, a través de Anticorrupción o de las dos fiscales asignadas al caso, con resoluciones en las que expresara su parecer sobre la marcha de las diligencias. 
La Fiscalía Anticorrupción tampoco acostumbra a manifestarse a través de notas de prensa, si es que alguna vez lo ha hecho, por lo que seguramente éste sería el primer caso.
Y todo esto sucede después de que el lunes, el juez Eloy Velasco redactara un auto solicitando al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investigara a Pedro Antonio Sánchez por delitos de revelación de información reservada, fraude y cohecho.
Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentaba un informe a Velasco en el que se oponía a que el magistrado elevara al TSJ la causa de Sánchez, considerando que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama Púnica no llegaron a formalizarse.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, recordó hoy a Pedro Antonio Sánchez su compromiso, tanto escrito como de palabra, de dimitir en el caso de ser investigado por delitos de corrupción política, y rechazó darle tiempo, como ha pedido el dirigente autonómico.
Girauta, advirtió asimismo de que si se hacen excepciones con el presidente de Murcia, el pacto de investidura firmado con el PP «no sirve para nada» y el objetivo de buscar la ejemplaridad política pierde su esencia.
Por otro lado, el secretario de Comunicación del PSRM y diputado regional, Emilio Ivars, aseguró que si se hubiera hecho caso a todos los imputados y condenados que han dicho 'nunca, nunca' o 'yo no he sido', mucha corrupción habría quedado impune.
En su opinión, el presidente debe ser capaz de distinguir que a mayor responsabilidad política, mayor ejemplaridad, «y eso es lo que estamos pidiendo los socialistas».
Ivars le exigió además que asuma sus responsabilidades políticas, «porque hasta ahora ha demostrado que no sabe hacerlo».

Ivars ha insistido en que la Región de Murcia no se merece a un presidente que miente a la ciudadanía una y otra vez, "y además, lo hace en clave parlamentaria, que es todavía más grave".
Ha comentado que Pedro Antonio Sánchez sigue aludiendo a las supuestas 16 denuncias archivadas contra él, "pero sigue sin demostrar que existen, porque ese argumento no es más que una mentira que utiliza el PP como arma de defensa.
El diputado socialista ha dicho que si tan fácil es demostrar la verdad, que lo haga. "Estamos esperando, pero no sólo nosotros, todos los murcianos y murcianas merecen una explicación".
Además, ha criticado la falta de respeto a la justicia por parte del Partido Popular, "con declaraciones tan vergonzosas como las que hemos escuchado en las últimas horas".
"Acusar a los jueces de mentir es una verdadera vergüenza y una gran falta de respeto al Estado de derecho", ha añadido.

Precisamente este martes, el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez (PAS), afirmó que «el motivo de dimisión debe ser cuando haya una imputación formal» y defendió que ese es su compromiso. «Por encima de cualquier estrategia partidista creo que hay que exigir que seamos justos», recalcó.
Tanto el presidente como los miembros del Gobierno regional consideran, no obstante, que la «imputación formal» equivale al momento procesal en el que la persona investigada pasa a ser encausada, es decir, cuando el juez dicta la orden de apertura del juicio oral. 
Otros, sin embargo, mantienen que la línea roja se sitúa antes y consideran que el terminado imputado, eliminado ya del vocabulario judicial, equivale al de investigado, con lo que la imputación se produciría en el momento en el que el juez le citara oficialmente a declarar.
Por otra parte, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, defendió la presunción de inocencia para la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, relacionada al igual que Sánchez con el 'caso Púnica', y se mostró confiado en que el asunto volverá a archivarse como le ha ocurrido a la parlamentaria, dijo, en más de una docena de casos anteriores. 
«Ella me ha dicho que es inocente, que no hay nada raro. No tengo por qué dudar de la inocencia de la senadora Barreiro. Creo que es la querella 13 o 14 y todas ellas han sido archivadas, ninguna ha desembocado en nada. Confío en que sea otra circunstancia similar a las anteriores», expuso el portavoz.