MURCIA.- Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez, las dos fiscales de la
Audiencia Nacional que a lo largo de dos años han impulsado la
investigación del 'caso Púnica' con el magistrado
Eloy Velasco (en la imagen), tienen muy claro que existen suficientes indicios de
delito contra el exconsejero de Educación y hoy presidente del Gobierno
murciano, Pedro Antonio Sánchez, como para remitir el asunto al Tribunal
Superior de Justicia de Murcia y reclamar que sea investigado por varios
supuestos delitos, según revela hoy el diario La Verdad.
Sin embargo, la intervención del fiscal general, José Manuel Maza, obligó a sus dos subordinadas a renunciar a su
planteamiento inicial. Todo el contenido del informe referido al presidente
murciano quedó anulado y se vio sustituido por un solo folio, firmado
por la teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, que en quince
líneas ofrece las razones jurídicas por las cuales la Fiscalía estima
que Sánchez debe quedar libre de sospechas.
Esta circunstancia no ha impedido, sin embargo, conocer los argumentos
que las dos fiscales del 'caso Púnica' habían esgrimido contra el jefe
del Ejecutivo murciano. Y es que el apartado que recoge todos los
indicios delictivos existentes contra la exalcaldesa de Cartagena y hoy
senadora, Pilar Barreiro, es especialmente prolífico en referencia a la
actuación presuntamente delictiva en la que, a juicio de estas dos
profesionales, habría incurrido Sánchez.
Así, las dos fiscales mantienen que la 'Pieza Separada
número 3', referida a la rama murciana de la 'Operación Púnica', «se
sigue contra una trama de autoridades públicas y funcionarios que
hicieron un uso desviado de su poder en la adjudicación de contratos,
así como de empresarios favorecidos por las citadas adjudicaciones, de
las que se enriquecieron ilícitamente todos ellos a costa de las arcas
públicas».
En su informe, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, avanzan
que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de malversación de
caudales públicos, cohecho, prevaricación, falsificación de documentos
mercantiles, fraude, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y
organización criminal.
«El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Sánchez
-concluyen las fiscales- permitió que todos ellos elaboraran
concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto
personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores
realizado por Eico a Barreiro y a Sánchez fuese sufragado con cargo a
los fondos públicos del presupuesto de Educación».
Para ello se iba a
«adjudicar desde la Consejería un contrato de cobertura, que simularía
como objeto la 'formación', un concepto genérico y vinculado a las
competencias» de ese departamento. «Dicho contrato les permitiría
desviar fondos públicos de dicha Consejería a favor de las empresas de
De Pedro y Alonso, beneficiándose Pilar Barreiro y Pedro Antonio
Sánchez».
Las conversaciones telefónicas intervenidas con motivo de la
investigación de 'Púnica' permitieron conocer que los cuatro
protagonistas «mantuvieron contactos y reuniones en hoteles de Madrid,
manteniendo reservados esos encuentros, para fraguar ese contrato
negociado del que saldría perjudicada la Administración pública de
Murcia». En concreto, cita las reuniones que mantuvieron el 11 de junio
de 2014 en Madrid entre Barreiro, Sánchez y De Pedro, y otras dos
posteriores, los días 22 de septiembre y 21 de octubre, en el Hotel
Palace y en el Hotel de las Letras, respectivamente.
La labor de reputación pasaría por la creación de un diario,
murcianoticias.es, para la publicación de informaciones positivas a
ambos políticos, y la contratación de un periodista. Y ello al precio de
2.100 euros mensuales por Barreiro y 4.600 euros por Sánchez, que es
«el perjuicio a las arcas públicas que habría supuesto el plan
criminal».
«La última fase de las maquinaciones la marcó la reunión del
24 de octubre de 2014 en la Consejería de Educación, donde se
estableció como inicio de los trabajos a Barreiro y Sánchez el 1 de
noviembre de 2014».
La conclusión a la que llegan las dos representantes del
Ministerio Fiscal es que solo una circunstancia imprevisible impidió que
esos supuestos planes delictivos se consumaran: «Las actuaciones
policiales/judiciales realizadas el 27 de octubre de 2014 -apenas cuatro
días antes del plazo fijado en el presunto acuerdo-, en el marco de la
'Operación Púnica'», que significaron la detención de Alejandro de Pedro
y José Antonio Alonso y «evitaron una grave lesión al erario público», siempre según
La Verdad.
La teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez, sostiene que los hechos se cometieron antes de la reforma
del Código Penal que entró en vigor en julio de 2015, por lo que no
sería aplicable el artículo 445, que en la actualidad sí penaliza «la
provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra
la Administración Pública».
El informe no es vinculante para el magistrado Eloy Velasco,
que puede enviar el asunto contra Sánchez al TSJ o, al contrario,
coincidir en que procede el sobreseimiento.
