domingo, 26 de febrero de 2017

C's señala que Murcia supone una excelente oportunidad para el PP de demostrar “si es de fiar o no”

MADRID.- El portavoz de Ciudadanos (C’s) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado hoy que la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, supone una excelente oportunidad para el PP de demostrar “si es de fiar o no” apartando a una persona que está “imputada por corrupción”.

Aguado ha expuesto que el propio presidente de Murcia "dijo que si resultaba imputado iba a abandonar su cargo".
Además ha recordado que también está recogido en el acuerdo de investidura y en la ley de Trasparencia de Murcia. "Por tanto sólo pedimos que cumpla su palabra", ha apostillado. 
También ha asegurado que el representante de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez, se reunirá con Pedro Antonio Sánchez "para pedirle en persona que cumpla con lo que dijo, no ponga en peligro la estabilidad de Murcia y se aparte" y que tras dicha reunión se verá "qué decide el PP".
 

Francina Armengol califica de 'escandalosas' las declaraciones del exfiscal de Murcia

PALMA.- La presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, ha confesado haber recibido con "mucha sorpresa" las declaraciones del exfiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, quien denunció este jueves las "intimidaciones", persecuciones y "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción.

Armengol ha señalado que, como presidenta del Ejecutivo balear, siempre ha tenido un "máximo respeto a la Justicia" y ha incidido en la importancia de la separación e independencia de poderes, por lo que ha calificado de "escandaloso" lo denunciado por el exfiscal.
"Creo que es lo que se debe aplicar desde cualquier Govern e instancia, el respeto a la Justicia, y en este caso, a la Fiscalía", ha manifestado.
A las afirmaciones de López Bernal se unió un día después el fiscal balear del 'caso Nóos', Pedro Horrach, quien indicó que "las presiones en investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo", y que, en su caso particular, aunque nunca ha temido por su integridad física, sí ha recibido "cartas de tipo amenazante".

Alcantarilla se suma a Murcia y Cartagena para pedir la renuncia de PAS

ALCANTARILLA.- Los grupos municipales Cambiemos, Podemos, PSOE, Ciudadanos e IU Ganar Verdes en Alcantarilla aprobaron esta semana en el Pleno municipal una moción de urgencia por la que se solicita formalmente al presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, que «presente su dimisión inmediata».

Según un comunicado de Podemos, en la moción se recoge la petición de dimisión del jefe del Ejecutivo regional para que éste afronte «su defensa, sin trabas ni ataduras, ante las acusaciones de prevaricación continuada, fraude, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos» en el marco del caso Auditorio, por el que el presidente tendrá que declarar ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ el próximo 6 de marzo.
Así, los concejales de la oposición exigieron a Pedro Antonio Sánchez que «cumpla la palabra que dio de dimitir si era imputado», y denunciaron que la Región de Murcia «vive una alarma social por hechos propios de La Camorra como el asalto a las viviendas de los fiscales que investigan la corrupción del Partido Popular», según la moción.
El Partido Popular, que gobierna en la localidad sin mayoría absoluta, votó en contra de la moción de Podemos.

No habrá 'valcarcelato' sin Valcárcel / Vera Mª Cubí *

La justicia intervenida / Melchor Miralles *

“A la Infanta le irá bien”. Cuando Rajoy dijo esto en el inicio del caso Nóos, no es que el Presidente acreditara talento como adivinador, es que maneja el cotarro, mueve los hilos, y sabe cómo funcionan las cosas. Si le hubieran preguntado por la suerte que correría Álvaro Pérez, su amigo y leal colaborador, la respuesta, de ser sincero, habría sido “le va a ir mal de cojones”. Esto es lo grave. El control que el Ejecutivo ejerce sobre los otros dos poderes. Respecto al judicial, por el manejo de los hilos del Consejo General del Poder Judicial. 

Vale que no tenga capacidad jurisdiccional, pero lo tiene sobre nombramientos, traslados, expedientes y otros aspectos esenciales de la carrera. Unido al control estricto de la Fiscalía. Y todo ello deriva en una Justicia insoportable, lenta, ineficaz y controlada políticamente. O sea, todo lo que no debe ser la Justicia en un Estado de Derecho.

Mientras Mas y sus ex consejeras esperan la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, llega al Supremo el asunto catalán. Mañana lunes comienza el juicio en la sala segunda contra Francesc Homs, acusado de prevaricación y desobediencia al participar en la organización del show independentista en el referéndum del 9-N. Veremos si el resultado de ambos sumarios es coincidente o contradictorio.

En la espera de esa sentencia y de este juicio, se han conocido nuevos datos que apuntalan los indicios sobre corrupción en la antigua Convergencia y Unió, bajo el control de clan Pujol, y de Artur Mas también, al que cada día señalan más pruebas de las que van apareciendo. El puzzle del saqueo a manos llenas, prolongado en el tiempo, que suministraron nacionalistas e independentistas a los catalanes se va completando. Era un gang que se llevaba el dinero público, que funcionaba con tintes mafiosos, que imponía comisiones estratosféricas a empresarios que, en vez de plantarse y denunciarlo, aceptaban el juego y apoquinaban.

Y claro, ahora Mas, cuando aparecen implicaciones suyas personales que le comprometen seriamente, se pone estupendo e insiste en envolverse en la estelada, asumir un papel de víctima que ya no se creen más que los ciegos que no quieren ver, y denunciar una campaña contra “la libertad de Catalunya”. Sería para partirse de risa si ni resultara dramático. Y muchos ciudadanos catalanes les siguen bailando el agua, le compran la mercancía, e incluso le ayudan con su nuevo partido, al que se suman algunos por convicción y muchos otros para ver si pueden seguir trincando, viviendo de lujo, comprando coches y compañía y viviendo del erario y el trinque. Ojo con el Partit Demócrata Catalá, que va a dar que hablar.

Y en Andalucía, ya lo advertí en este andén, se viene otra mundial. En el sorteo para elegir quienes juzgaban a Chaves y Griñán en el caso de los ERE, cuantitativamente el escándalo de corrupción más grave que hemos conocido, el agraciado con la presidencia del tribunal, y además con la responsabilidad de redactar la sentencia como ponente, fue un ex alto cargo de Chaves y Griñán en la Junta de Andalucía. Y todavía no ha evidenciado el tipo que tenga intención alguna de abstenerse y apartarse del caso. Con un par.

Con este panorama, resulta una quimera pensar que el personal pueda tener la más mínima confianza o respeto en la Justicia. ¿Cómo respetar o confiar en una institución que empieza por no respetarse a sí misma? Pero así son las cosas, y así van a seguir siendo por ahora, no nos engañemos. Una justicia intervenida por el poder político en la que las sentencias llegan muy tarde y siempre favorecen a quién le interesa a los que mandan de verdad. 

Tengo ganas de preguntarle a Rajoy cómo le irá a Chaves y Griñán. Me temo que la respuesta sería “les va a ir bien, como a la infanta”. Más que nada por aquello del chiste del dentista: “¿No nos haremos daño verdad doctor?”. Y es que Rajoy necesita ahora al PSOE, y nos les puede hacer esa putada. Qué tristeza. Qué vergüenza. Cuánta indecencia.


(*) Periodista

Legislar y pasar la gorra / Ramón Cotarelo *

¡Hay que ver qué generosos son los diputados al interpretar la normativa de incompatibilidades cuando les afecta en el bolsillo! Solo el PSOE se opone al pluriempleo de los representantes del pueblo. Sin duda estos aducen muy oportunas razones para simultanear su labor de legisladores y controladores dele gobierno con otras actividades lucrativas legales. Para las ilegales no suele pedirse permiso. Y sin duda también dichas razones merecen una consideración reposada no movida por la demagogia, la envidia o las simples ganas de fastidiar y así lo haremos.

Pero antes, séanos permitido señalar una paradoja bastante vergonzosa a primera vista. Los mismos diputados que interpretan laxamente las incompatibilidades propias mantienen incompatibilidades estrictas, arbitrarias, injustas para otras colectividades. Por ejemplo, los jubilados. No pueden estos compatibilizar el cobro de su pensión con las ganancias que obtienen en el mercado libre por su obra o como derechos de autor de sus producciones. Resulta así que dibujantes como Forges, novelistas, músicos, no pueden percibir esos ingresos cuando sobrepasen una cantidad anual que es muy baja (tres veces el SMI). 
 
Es sangriento porque la prohibición ignora que la pensión no es un salario ni una donación graciosa del gobierno, sino un derecho por el que se ha cotizado a lo largo de la vida. Un derecho que debiera ser tan intangible como los títulos de propiedad de bienes inmuebles. Además, el público en general no puede beneficiarse con la creatividad de los autores, muchas veces en su mejor etapa, porque no se lo permiten sus representantes que, sin embargo, pretenden compatibilizar sus suculentos sueldos (muy superiores a las pensiones, incluso la máxima) con otras actividades que, salvo excepciones, son puramente mercantiles y poco o nada tienen que ver con la creación.

Aun suponiendo que entre los diputados solicitantes de compatibilidad los haya simpatizantes con la causa de los jubilados, lo menos que puede decirse de ellos es que anteponen sus intereses a los de sus repressentados.

Y ahora, a las compatibilidades de los diputados. El criterio que debe tomarse en consideración para decidir y el único es la condición genérica de legisladores de todos los compatibilizables. Esto aclara muchas cosas. Parece lógico que quien impone las normas universales y generales de obligado cumplimiento, las leyes, en nombre del interés general (pues los diputados lo son del conjunto del electorado) no esté en actividades lucrativas en defensa de intereses particulares. 
 
Esto incluye la abogacía, la asesoría de empresas y ocupaciones de este jaez, esto es, las actividades profesionales que impliquen contratación con esos intereses. Del otro lado compatibles debieran ser las labores creativas: los libros, los cuadros, las composiciones musicales,las patentes así como las conferencias y alguna actividad docente y, por supuesto la conducción y realización de programas de televisión siempre que no estén financiados por intereses particulares internos o foráneos ni emitan su publicidad. Benefician a la colectividad y no es injusto que obtengan remuneración.

La participación en los medios, las tertulias y formatos análogos es un asunto más delicado. Se parte de que en los medios públicos no se cobra, pero en los privados, sí. Eso está bien, aunque quizá no sea suficiente. El problema está en la permanencia, en la continuidad en que los diputados fijos en estos programas acaban convertidos en portavoces oficiosos de sus partidos y no porque ello esté mal en sí mismo, sino porque necesariamente interfiere en su rendimiento como legisladores. A lo mejor es más sensato que los partidos alternen las personas que envían a las tertulias.

En resumen, está bien que los diputados luchen por compatibilizar su condición con ciertas actividades remuneradas, pero, antes, cuídense de que la gente podamos seguir disfrutando de las creaciones de Mendoza (premio Cervantes 2016), Caballero Bonald, etc. sin arruinarlos.
 
 
 
 
En las jornadas de debate teórico de los golpistas, este fin de semana en Madrid, se está debatiéndose un documento que se pretende sea aprobado por el próximo congreso del PSOE. Al parecer, procede de la minerva de ese gurú de la ciencia económica, José Carlos Díez, fichado por la caudilla andaluza como asesor quien, a pesar de presentarse como profeta, no ha dado ni una ni de lejos en los últimos diez o doce años y es el hazmerreír de las redes.

Creo haber dicho ya que tengo la peor opinión de estos documentos, normalmente apresuradas colecciones de lugares  comunes, vanas promesas y pura demagogia revestidos de falsa dignidad teórica, con la vista puesta en las siguientes elecciones y una indiferencia absoluta hacia los criterios elementales de interés, originalidad, coherencia, audacia y carácter positivo. Lo mismo más o menos pasa con el otro documento de otros gurús del campo de Sánchez, Una nueva socialdemocracia, otro conjunto de vulgaridades y frases vacías que ya lo eran en los tiempos del "Programa 2.000", cuyo espíritu quiere resucitar. Pero este de la junta golpista es todavía peor, más ramplón, embustero y, además, de derechas.
 
La cosa comienza ya con la presentación del jefe de la junta gestora, Javier Fernández pidiendo tanto mercado como sea preciso y tanto Estado como sea necesario.Ya contará este lumbrera cuál sea la diferencia entre "preciso" y "necesario". Y es que son tan ineptos que ni copiar saben. La venerable frase tiene casi 60 años, se debe al que economista del SPD, luego ministro de Economía, Karl Schiller en el congreso de Bad Godesberg, de 1959, y su tenor literal es "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario". 
 
Posible/necesario tiene sentido; preciso/necesario, ninguno. Lo de Ferrnández es pura charlatanería. Pero no haya cuidado: sin arredrarse ante las dificultades, este buen hombre pretende nada menos que reformular el socialismo democrático. En verdad ni él ni los demás aprovechateguis que lo rodean al servicio de Susana Díaz con el exclusivo objetivo de conservar sus prebendas saben de lo que hablan. Como si el "socialismo democrático" una de las teorías políticas más vigorosas, universales y llenas de posibilidades pudiera "reformularse" gracias a las perogrulladas y simplezas de cuatro intrigantes que solo piensan en su medro personal.

Los golpistas del PSOE no se reúnen a hacer algo razonable y constructivo sino a contar cuentos a ver si consiguen engañar a la militancia para que elija  la caudilla andaluza, cuya campaña están apoyando y financiando y a ver si pueden descalificar a Sánchez ahora que descubren que, tras haberlo defenestrado de forma indigna, está más vivo que nunca.

Es recomendable leer las 12 páginas de esta sarta de cosas archisabidas, envueltas en las brumas la más aburrida especulación económica y financiera. Pura palabrería. Lo más interesante, curiosamente, es lo que no está en ellas, lo que ni se menciona porque, obviamente, no está en los objetivos de estos amigos y ayudantes del PP bajo cuerda: ni palabra de derogar la reforma del 135; ni palabra de derogar la reforma laboral de la derecha, legislada al dictado de los patronos para conseguir mano de obra esclava; ni palabra de obligar a la Iglesia a autofinanciarse y pagar sus tributos como todo el mundo; ni palabra de luchar contra la corrupción en todas sus manifestaciones, desde los sobresueldos de los políticos del partido del gobierno, empezando por Rajoy, hasta los paraísos fiscales, pasando por las malversaciones y comisiones que ha están cobrando los miembros de la asociación dee presuntos ladrones llamada PP; ni palabra de luchar contra los privilegios; ni palabra sobre la República; ni palabra sobre Cataluña.

Sin duda, el PSOE es un partido muy antiguo y saldrá de esta. Pero antes hay que quitar el poder a la manga de golpistas cuyo objetivo es ponerlo al servicio del PP.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Escuadrón suicida / Alberto Aguirre de Cárcer *

Una de las escenas más hilarantes de ‘La vida de Brian’, la célebre comedia de Monty Python, tiene lugar al pie del cadalso cuando los romanos huyen despavoridos al ver aproximarse a la carrera a trece miembros del autodenominado ‘Frente del Pueblo Judaico’. Para desesperación de Brian, resultaron ser miembros de un escuadrón suicida que, al grito de «así aprenderán esos romanos», se apuñalaron en el corazón para dar un escarmiento a los invasores. 

En el terreno de la política regional sucedió algo parecido hace pocos años cuando el entonces portavoz de UPyD en Caravaca, el hoy líder regional de Ciudadanos Miguel Sánchez, anunció que renunciaría a su acta de concejal si en diez días no dimitía el alcalde Domingo Aranda, recién imputado por el caso ‘Roblecillo’. El primer edil no dimitió y Miguel Sánchez se inmoló: «Me voy más que en un gesto de generosidad, en un gesto de dignidad». Como en ‘La vida de Brian’, ese ‘suicidio’ político tuvo su punto teatral porque Sánchez resucitó al cabo de un mes en Ciudadanos, aunque las escrituras no apócrifas oficializan que se cayó del caballo, como Pablo de Tarso, cuando en ese ínterin vio la luz en un mitin de Albert Rivera. 

De lo que no hay duda es de que Miguel Sánchez es un político que cumple su palabra y se esfuerza por estar a la altura del éxito sobrevenido de un partido formado con una precipitada leva de disidentes de uno y otro lado para hacer frente al ‘imperio’ popular, unidos todos bajo la bandera de la regeneración democrática. Ciudadanos sabe que se juega hoy el ser o no ser en la Región, si lo firmado en el pacto de investidura de Pedro Antonio Sánchez no se lleva a término por el cauce que sea, ahora que empiezan a mostrar también fortalezas con su trabajo en las instituciones regionales. 

Por eso Albert Rivera no apunta otra solución que la dimisión del presidente regional desde que fue citado a declarar el 6 de marzo como investigado, antes imputado, por el ‘caso Auditorio’. En su estrategia de defensa de PAS, el Gobierno de Rajoy y Génova han hecho todo lo posible en estos días para debilitar el empuje de Ciudadanos mostrando sus ambigüedades: el apoyo al alcalde socialista de Granada (investigado por varios delitos), su apuesta por fijar en una ley la línea roja para las dimisiones por corrupción en la apertura de juicio oral, la obviedad compartida de que no es lo mismo meter la pata que meter la mano… 

Finalmente, los líderes nacionales de C’s y PP pactaron una tregua que expira el día 6 si PAS no ofrece el próximo jueves a Miguel Sánchez un candidato alternativo del PP para la presidencia. Y es que unos y otros saben que una moción de censura implica un acuerdo con Podemos y posiblemente la elección de un presidente del PSOE, lo que no entenderían los votantes de la formación naranja. A estas alturas, el asunto huele a muerto, pero está por ver quién actuará como escuadrón suicida por mor de un pacto de investidura que entraña riesgos para ambas partes en función de cómo acabe la historia. Como medida disuasoria, Pedro Antonio Sánchez ya ha hecho saber, por vía indirecta, que como está convencido de que el caso será archivado rápidamente, podría ser él quien convocara elecciones anticipadas después, con previsible resultado arrollador. 

Es obvio que el peor pronóstico de partida es para PAS, pese a que ha logrado interiorizar en el Gobierno de Rajoy y en Génova, ambos todavía afectados por lo sucedido con Rita Barberá, que este caso se archivará como los anteriores. Lo ha conseguido sobre la base de una clara convicción en su inocencia pero también de un relato trufado de fantasías sobre el número de querellas penales recibidas (en realidad ha tenido dos en Murcia y solo una impulsada por el fiscal), de juegos florales de naturaleza semántica sobre los presuntos delitos investigados (que son contra la Administración pública y catalogados de corrupción por el CGPJ) y una interpretación jurídica de un pacto de investidura que está muy claro.

 Nada de eso se dirimirá en el TSJ porque forma parte del ámbito de la política y no tendrá ningún peso, ni a favor ni en contra, en la verdad judicial que terminará por emerger. Pese a que ha generado un colosal problema añadido al Gobierno con su indiscreción sobre el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, PAS sigue teniendo hoy el respaldo de Madrid porque confían en su inocencia, valoran su acción de gobierno, creen que representa el futuro del partido y el propio presidente ha dejado en evidencia, con esos más de 5.000 avales, que su liderazgo regional es incuestionable. Por tanto, entienden que tiene el derecho a defenderse ante el TSJ, más aún si asegura por activa y por pasiva que quedará demostrado que los «errores administrativos» en la tramitación del Auditorio no son ilícitos penales. 

Los problemas internos vendrán si después de su declaración la instrucción se alarga durante muchos días o algunas semanas, lo que es muy probable. Y no lo digo porque ponga en cuestión su inocencia, sino porque sería impensable desde el punto de vista procesal que se produjera un hipotético sobreseimiento nada más terminar de declarar o que tanto el fiscal y las acusaciones particulares no lo recurrieran, entonces o en días posteriores, para que se pronunciara la Sala de lo Civil y lo Penal compuesta por tres magistrados. El instructor del caso, Pérez Templado, ha demostrado ser un magistrado que no marea las causas, pero se tomará sus tiempos, que son distintos a los de la política, para dar todas las garantías procesales y porque su resolución será mirada con lupa, cualquiera que sean sus conclusiones.

El pacto de investidura que firmaron voluntariamente PP y Ciudadanos fue un acuerdo político que hoy nos afecta a todos, tanto a quienes consideran que la imputación indiciaria de un delito debe llevar aparejada la dimisión como a quienes creemos que debe ser en el momento previo a la apertura de juicio oral. Lo menos que cabe exigirles a los partidos es que actúen con responsabilidad, sin menoscabar la presunción de inocencia de nadie ni someter a la ciudadanía a relatos y debates carentes de veracidad. Esta crisis de descrédito nacional e inestabilidad política debe cerrarse cuanto antes sin perder de vista el interés general y sin renunciar a despejar toda duda sobre la actuación ajustada a la legalidad de quien representa institucionalmente a todos los murcianos. Lo contrario sería suicida para todos.


(*) Periodista y director de La Verdad


El PP la lía con la Fiscalía / Ángel Montiel *

(...)  Y es que el PP no se ha distinguido nunca por su finura. El aparato no está entrenado para manejarse en situaciones complejas, y se manifiesta con gestos y comportamientos de la era de la mayoría absoluta. Así, se les ven todas las vergüenzas.

Por ejemplo, si mañana se desvelara que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es un infiltrado del PSOE en el Gobierno de Rajoy, la noticia saldría en la página 20, pues es algo obvio en la práctica. Trabaja para los socialistas con más ahínco y efectividad que Susana Díaz. Prueba de su desenvoltura es que citó a PAS en el congreso del PP, rodeado de cámaras de televisión y de testigos de prensa para comunicarle que los buenos oficios de la Fiscalía General habían desactivado la acusación en el caso Púnica, una operación hecha de la manera más burda que se recuerda en los enjuagues políticojudiciales. El propio presidente murciano, contagiado de tanta libertad con que se ingenian las cosas desde el poder, adelantó a los medios de comunicación lo que iba a ocurrir al respecto, una información que su portavoz atribuyó a ´fuentes oficiales´, que no podían ser otras que el ministerio o la Fiscalía.

Pero no contento con eso, en pleno escándalo por la sentencia Urdangarin, con la que ha quedado en pelotas la dirigencia del Gobierno sobre la Fiscalía (ésta, para ´salvar´ a la infanta apretó las clavijas a su marido, con la consecuencia de la total atribución a éste de la responsabilidad del caso, lo que ha dulcificado la posición de las juezas, y al final se les ha ido a todos la mano, por supuesto a favor de la pareja real, cuyos delitos han quedado impunes en la práctica); en ese contexto, digo, Catalá ha renovado la cúpula de la Fiscalía, sin pudor por la coloración política de la misma, situando en Anticorrupción a un fiscal antiAnticorrupción, y moviendo el sillón del murciano López Bernal en el momento políticamente más inoportuno si es que se pretendía hacer pasar su recambio como una pieza más en el contexto general de relevos provinciales.

Una operación absurda que, además, se ha vuelto contra los operadores políticos, pues la sustitución de Bernal por Díaz Manzanera contribuye paradójicamente a incrementar la credibilidad de la Fiscalía murciana, ya que el nuevo jefe carece de estigmas políticos y transmite profesionalidad y compromiso, además de que la operación no conseguirá apartar a Bernal del caso que afecta a PAS, sino que por el contrario ahora podría concentrar todos sus esfuerzos en él. Vaya negocio que ha hecho Catalá, ese hombre. De momento, tanto Bernal como Manzanera, ya han puesto mojones para cerrar el paso a la estrategia verbal del Gobierno: nunca ha habido dieciséis querellas contra PAS, dice uno, y todos los delitos, los cuatro, de los que se acusa al presidente en el caso Auditorio son propios de lo que se entiende jurídicamente como corrupción.

Por tanto, con cambio de fiscales y todo, al menos en Murcia no se prestará oído a pretextos ajenos a lo que constituye lo documentado en los casos que afectan al presidente. Éste se propone entregar al juez instructor del TSJ, antes o durante su comparecencia del próximo día 6, ´pruebas´ para acreditar su inocencia: varias peritaciones sobre los trabajos en el Auditorio, mediciones de unidades de obra, el expediente de liquidación municipal del contrato de obra, varios informes de profesionales en Derecho Administrativo... Este va a ser, en la práctica, su único material de defensa, al margen de toda interpretación política. Y a pesar de la ´operación Catalá´ la fiscalía sólo estará atenta a las pruebas reales, a favor o en contra.

En esto, nadie podrá sacar a PAS de su situación, salvo él mismo. Ni siquiera Ciudadanos, en cuyo entorno he escuchado esta frase: «Aunque quisiéramos, no podríamos ayudarle». A no ser que lo hagan, en la práctica, mientras ingenian esas improductivas ´nuevas vías´.


(*) Columnista


sábado, 25 de febrero de 2017

El Consejo Fiscal reprocha a Catalá su «injerencia» en relación al 'caso Púnica'


MADRID.- El Consejo Fiscal ha criticado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su "injerencia" tras unas declaraciones en las que cargó contra las fiscales del 'caso Púnica' que pretendían actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y cuyo criterio fue desautorizado por la Fiscalía General.

En un comunicado, el Consejo Fiscal, órgano que agrupa a 11 vocales junto al fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza, abordó las declaraciones de responsables políticos, "particularmente del ministro de Justicia" sobre la Púnica.
Catalá manifestó en una entrevista con la Cadena SER lo siguiente: Lo "anómalo" en este caso es que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la Fiscalía. Pero, sobre todo, me extraña que se ponga en conocimiento público".
"Ante las declaraciones de responsables políticos, particularmente el ministro de Justicia, los vocales del Consejo Fiscal afirmamos la irrenunciable autonomía funcional del Ministerio Fiscal y la certeza de que las decisiones que se adoptan en su seno se ajustan a los procedimientos estatutarios y legalmente establecidos", señaló el texto.
Igualmente, añade, "reconocemos el trabajo profesional de los integrantes de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y que su actuación, como la de todos los fiscales de España, responde exclusivamente a criterios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia".
Y concluye destacando: "Como sucede con todos los poderes públicos, la labor del Ministerio Fiscal y de sus integrantes es susceptible de crítica sin que sea admisible ninguna injerencia en nuestra actuación ordinaria".
La crítica al ministro deriva de una petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) que solicitó el amparo para las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, pero el Consejo no se pronunció sobre ello al defender que "solo pueden solicitar el amparo los propios interesados".
Con todo, los vocales pidieron a Maza "información sobre las noticias publicadas en el caso 'Púnica'", y el texto se limita a señalar que Maza "da cumplida explicación de la actuación realizada de conformidad con las normas estatutarias".
En su comunicado cita expresamente las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que cargó contra las fiscales del caso Púnica que pretendían actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y cuyo criterio fue desautorizado por la Fiscalía General.

'Huerta Viva' pide la restauración de las acequias mayores



MURCIA.- Huerta Viva denunciaba hace algo más de un mes el derrumbe de un muro en el Molino del Amor, después el desmoronamiento de los márgenes de las acequias mayores en varios tramos y su reparación con hormigón, ahora ha podido saber de la construcción de dos puentes sobre la acequia mayor Aljufía en uno de los tramos mejor conservados, y que al parecer la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta ha ordenado paralizar. 

Según la asociación, "a pesar de las buenas intenciones que se vienen anunciando, nos encontramos ante una situación insostenible que es fruto de la falta de protección y de criterios de intervención basados en la conservación y revalorización de este valioso patrimonio hidráulico, y por eso no hay mes que no tengamos alguna desagradable noticia".
"No se trata de actuar puntualmente en un edificio o tramo concreto mientras el resto de la red de riego se encuentra en un grave estado de degradación", para Huerta Viva es necesario proteger estos cauces en su totalidad y redactar un plan integral de restauración donde participe la Administración, la Junta de Hacendados y las asociaciones que desde hace tiempo viene reclamando su conservación, de manera que todas las actuaciones que se realicen vayan encaminadas a la puesta en valor de este legado andalusí origen de nuestra ciudad.
Para mostrar esta situación y reivindicar la necesidad de cuidar nuestro patrimonio, Huerta Viva ha organizado para hoy sábado a las 17 h. un pequeño paseo por la acequia mayor de Aljufía, con salida desde la rueda de La Ñora hasta el Molino Viejo de la Pólvora donde actualmente se está realizando una excavación arqueológica. 
En el recorrido se podrá ver el valor cultural, ambiental y paisajístico de este tramo, así como el deterioro de los márgenes de la acequia y el impacto de la construcción de puentes de hormigón sobre el cauce en una zona que se encuentra dentro del entorno de protección del monasterio de Los Jerónimos.

El PSOE critica la 'incapacidad' de Ballesta para aclarar los grandes contratos como el de 'Tribugest'

MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy la 'incapacidad' del alcalde de Murcia, José Ballesta, para aclarar "esos espacios oscuros que hay en torno a los grandes contratos como el de Tribugest", declara el portavoz socialista, José Ignacio Gras, quien también critica "la falta de transparencia en la gestión de empresas como Empresa Municipal de Aguas (Emuasa) cuyo consejo de administración está presidido por el propio alcalde".

Precisamente, el portavoz considera que "cuando se revise el contrato de Tribugest también deben aclararse las posibles vinculaciones de esta con Aguas de Barcelona, empresa a la que pertenece Hidrogea, que es la parte privada de Emuasa".
Asimismo advierte de que el Grupo Municipal pidió en una moción que se revisaran los grandes contratos como el de Tribugest o Cespa, pero la comisión que debe ocuparse de esta tarea está ralentizada, según el portavoz, quien exige al alcalde que se activen de nuevo estos trabajos.
Por otro lado, Gras recuerda que "hubo un amago por parte del equipo de Gobierno municipal de cambiar el funcionamiento poco transparente de la Empresa Municipal de Aguas y de su cúpula directiva, sobre todo del gerente, José Albaladejo, sobre el que pesan sospechas de actuaciones irregulares", y desde el PSOE "estábamos a favor de este cambio que al final se ha quedado en nada". 
Por tanto, "cuando el alcalde retome este asunto nuestro Grupo colaborará con el fin de asegurar el funcionamiento transparente y eficiente de la empresa".
El portavoz socialista explica que "hemos pedido que las empresas públicas como Emuasa sean transparentes y para ello es necesario, como reivindicamos constantemente, que la Intervención municipal supervise las auditorías que se tienen que realizar por Ley en estas empresas para que no quede ninguna duda de que su funcionamiento es correcto".

CCOO Enseñanza califica la no convocatoria de oposiciones como un nuevo recorte contra la escuela pública

MURCIA.- CCOO ENSEÑANZA ha rechazado la decisión de no convocar oposición al Cuerpo de Maestros y lamenta que se haya tomado justo cuando se abren en palabras del Ministerio de Hacienda- posibilidades de realizarlas sin límite de plazas.

CCOO Enseñanza defiende las ofertas de empleo docente como un medio de reducir la temporalidad laboral, transformar el empleo precario en empleo estable y de blindar las plantillas públicas ante las veleidades recortadoras de las administraciones públicas.
Por esta razón ha defendido desde el primer momento de este curso la necesidad de una convocatoria amplia de empleo que rebasase la tasa de reposición impuesta por el gobierno nacional; por ese mismo motivo ha venido rechazando la propuesta de la Consejería de limitar la oferta de empleo a 448 plazas y ha exigido que ésta llegara hasta las 800.
En base a esta posición CCOO ha rechazado hoy la decisión de la Consejería de no convocar ninguna plaza en 2017. CCOO Enseñanza ha planteado la conveniencia de esperar -antes de tomar una decisión tan drástica- a comprobar si se produce la aprobación por el gobierno central del Decreto Ley que permitiría convocar oposiciones sin necesidad de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y sin tasa de reposición. La aprobación de ese Decreto Ley podría suponer que otras comunidades que ahora han decidido suspender la aprobación de la OPE acabaran convocando oposiciones.
Para CCOO la decisión adoptada hoy deja tirados a quienes, confiando en la palabra de la consejera de Educación, han abandonado proyectos personales y profesionales para preparar la oposición ahora abortada y cierra la puerta a la posibilidad de consolidar 800 puestos de trabajo en los colegios de la región.
La consecuencia directa de esta decisión será un aumento del 4,7% de la tasa de interinidad en el Cuerpo de Maestros.

Licitada la reforma integral del Instituto 'Alfonso X El Sabio' de Murcia con una inversión de 1,5 millones de euros


MURCIA.- La Consejería de Educación y Universidades ha licitado recientemente las obras de reforma integral de instituto Alfonso X El Sabio de Murcia en las que se invertirán 1,5 millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La directora general de Centros Educativos explicó que "las obras comenzarán en el primer semestre de 2017 y beneficiarán a los más de 1.400 alumnos del centro" y destacó "el compromiso del Gobierno regional para continuar mejorando los centros educativos de la Región y promover así la calidad educativa con mejores infraestructuras".
Así, en la primera fase se instalará en el edificio docente nuevo alumbrado, calefacción, saneamiento y fontanería, ventilación, pararrayos, carpintería interior y exterior, revestimientos y falsos techos en pasillos, aulas y zonas húmedas y nueva fachada.
En la segunda fase, en la zona del gimnasio, se sustituirá toda la carpintería exterior y su fachada, así como la del salón de actos, mientras que en la tercera fase, en la zona donde se ubica el ascensor, el instituto contará con nueva estructura, cimentación, instalaciones eléctricas, revestimientos, carpintería, así como elementos de accesibilidad y seguridad.
La reforma integral de este centro educativo también prevé la instalación de nuevas cubiertas que garantizan la máxima seguridad, la sustitución del fibrocemento por paneles y el total aislamiento e impermeabilización de todas las estructuras.
La Consejería invertirá este año alrededor de 20 millones de euros en materia de infraestructuras. El objetivo es, según explicó la directora general de Centros Educativos, "contar con colegios e institutos más confortables para la enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los alumnos".
En concreto, se construirán nuevos centros, como el colegio Sagrado Corazón de Librilla, el de La Aljorra en Cartagena y el Príncipe Felipe de Jumilla, o la ampliación del Pascual Pérez Abellán de Pliego, entre otros.
Además, se procederá a la remodelación integral de los institutos Alfonso X y Miguel de Cervantes de Murcia y Sanje de Alcantarilla.  "La Comunidad realiza todo el año actuaciones para mejorar las infraestructuras", dice la directora general.

La tasa de paro femenino baja en la Región cinco puntos en sólo un año

MURCIA.- La tasa de paro femenino en la Región de Murcia ha bajado 4,99 puntos en los últimos doce meses, más del doble del descenso de esta tasa en el conjunto del país, que ha sido de 2,27 puntos. Concretamente, la cifra de mujeres desempleadas en relación a la población activa de este sexo ha pasado en la Región del 27,30 por ciento al 22,31 por ciento en un solo año.

Este descenso permite recortar distancias con respecto a la tasa de paro femenino en el conjunto de España, que se sitúa en el 20,25 por ciento; es decir, la Región está ahora a 2,06 puntos de converger con la tasa de desempleo femenino en el país, mientras que hace un año esa brecha era de 4,78 puntos.
Por lo que respecta al paro registrado, en la actualidad la Región cuenta con 68.434 desempleadas, el 58,24 por ciento del total de parados de la Región. En los últimos doce meses, la cifra de mujeres paradas ha descendido un 6,89 por ciento, es decir, hay 5.062 mujeres sin empleo menos que hace un año.
Esta evolución positiva también llega al incremento en el número de mujeres que apuestan por el autoempleo. Así, el número de afiliadas autónomas ha crecido en la Región un 4,27 por ciento (1.394 personas más) en los últimos dos años, más del doble que en los hombres, que en ese periodo han experimentado una subida del 1,96 por ciento (1.203 autónomos más).
Para el director general del SEF, Alejandro Zamora, "estos datos demuestran que las políticas de empleo están facilitando cada vez más oportunidades a un colectivo con dificultades para la inserción, como las mujeres. En cualquier caso, no podemos conformarnos con estas cifras, y aspiramos a seguir mejorándolas para reducir la brecha con los datos de empleo masculinos".
La recientemente aprobada Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020 contempla nuevas medidas específicas para las mujeres, como por ejemplo un refuerzo de las ayudas para el establecimiento como autónomas (entre 3.500 y 9.900 euros si justifican una inversión en inmovilizado material para su negocio) o becas de conciliación para mujeres víctimas de violencia de género que realicen un curso para desempleados.

C's recuerda que impuso el Corredor Mediterráneo en su acuerdo de investidura con el PP

BARCELONA.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha participado hoy en un acto centrado en el Corredor del Mediterráneo donde ha abogado por promover infraestructuras, como ésta, útiles y económicamente rentables.

El presidente de C's ha subrayado que el Corredor del Mediterráneo afecta al 45% del PIB español y casi al 50 % de su población y ha subrayado el interés de esta infraestructura para "unir personas y servicios y exportar productos".
Ciudadanos pedirá en conjunto al Gobierno un plan de inversión plurianual para impulsar esta obra, "frente el despilfarro de los que hacen radiales sin trenes, aeropuertos sin aviones y autopistas sin coches".
"Si conseguimos sacar nuestras exportaciones de manera más ágil, tendremos mejores servicios y mejor empleo", un argumento a favor del Corredor al que ha añadido la lucha contra la contaminación.
Rivera también ha contrapuesto esta infraestructura como elemento de conexión y vertebración, frente "al proteccionismo y al nacionalismo", y ha recordado que el Corredor del Mediterráneo fue impuesto por su partido en el acuerdo de investidura con el PP.
Ha pedido a los políticos "que se abstengan de decir por dónde deben pasar las vías" y ha defendido dejar estas decisiones a los técnicos.
Los representantes de C's han acordado en su reunión de hoy una propuesta sobre el Corredor del Mediterráneo que presentarán en todas las comunidades afectadas por esta infraestructura.
Rivera ha reclamado al Gobierno que atienda "las legítimas demandas de los empresarios" sobre infraestructuras como esta y ha defendido el Corredor para "dar la batalla a los independentistas, que básicamente quieren desconectar".

Tovar: «Si C's no logra la dimisión de Sánchez, iniciaremos las conversaciones para una moción de censura»

MURCIA.- El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha asegurado hoy que si Ciudadanos no logra que el presidente de la Comunidad Autónoma dimita después de la reunión de este próximo jueves, “iniciaremos las conversaciones para una moción de censura”.

González Tovar ha exigido al Partido Popular que asuma sus responsabilidad de una vez y aparte al actual jefe del Ejecutivo murciano por el “daño tremendo que está haciendo a la Región de Murcia”. Esta situación, ha añadido, “no es un problema único de Pedro Antonio Sánchez, lo es también del PP y tiene que obligarle a cumplir su palabra más allá del asunto jurídico. Un presidente tiene que cumplir su palabra”.
“Incompresiblemente Ciudadanos le ha dado una semana para que el presidente de la Comunidad haga la reflexión de su dimisión. Algo completamente innecesario, puesto que lo único que tiene que hacer Pedro Antonio Sánchez es cumplir su palabra, cumplir lo firmado, y dimitir”, ha aseverado el secretario general de los socialistas murcianos.
Así las cosas, el Consejo Territorial del PSRM se ha reunido esta mañana para analizar la situación política de la Región de Murcia y esta crisis institucional generada por los problemas jurídicos de Pedro Antonio Sánchez de su época de alcalde de Puerto Lumbreras.
“Los ciudadanos y la estabilidad política de la región están por encima de cualquier imputado, trama de corrupción y por supuesto, por encima de cualquier partido político”. Por ello, ha dicho González Tovar, “vamos a iniciar conversaciones con los agentes sociales para que exijan la solución de esta crisis institucional y que esta situación no es cuestión de apoyos incondicionales, sino de pensar en los intereses de la región de Murcia”.
Respecto al acto de adhesión celebrado esta mañana, el secretario general de los socialistas murcianos ha recordado que “este tipo de actos nos llevan a aquellos que vivimos hace unos años con manifestaciones incluso en la puerta de la cárcel para aplaudir a algún exalcalde condenado por caso de corrupción. Los dirigentes populares están viviendo las fases de duelo, ahora están por la negación de la imputación, los delitos de corrupción, y han llegado ya a la fase de ira”.
González Tovar ha señalado que esto no es una trama urdida por el PSOE, sino una forma de hacer política del Partido Popular, que tiene a alcaldes condenados por corrupción, a un presidente de la Comunidad y una consejera imputados, y a siete altos cargos imputados y en puestos de confianza.
Los socialistas, ha concluido, “hemos defendido siempre la honradez y hemos perseguido la corrupción. Es nuestra forma de hacer política y así seguiremos haciéndolo por el bien de nuestra Región. Debe cerrarse esta época de corrupción generalizada que ha protagonizado el PP en la Región de Murcia y por la que este partido debe asumir lo responsabilidad y pedir perdón a los murcianos y murcianas".

PAS aún está a tiempo de disolver la Asamblea y convocar elecciones para evitar una moción de censura

MURCIA.- Una hipotética moción de censura en la Asamblea Regional necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara para prosperar, tal y como aparece recogido en el Estatuto de Autonomía, y el nuevo presidente tendría que ser consensuado entre los promotores de la misma. El procedimiento aparece recogido en el artículo 33.4 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

En concreto, este artículo dice literalmente que la Asamblea "puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno y de su presidente mediante la adopción, por mayoría absoluta de sus miembros, de una moción de censura".
La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por el 15 por ciento de los diputados y diputadas regionales; deberá incluir un candidato a la Presidencia; y no podría ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. No obstante, en los dos primeros días de dicho plazo se pueden presentar mociones alternativas, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía.
Los promotores de esa moción de censura son los que tienen que buscar los apoyos necesarios para que prospere. Asimismo, el nombre del nuevo presidente debe ser consensuado por los promotores de la moción.
Si la moción de censura prospera, los trámites son los mismos que si hubieran habido elecciones, es decir, el Gobierno cesante en funciones seguiría hasta la toma de posesión del nuevo presidente.
En caso de una hipotética disolución de la Asamblea Regional y la convocatoria de nuevas elecciones, el procedimiento aparece recogido en el artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Este artículo permitiría al actual presidente autonómico disolver la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura y convocar elecciones "previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad".
Sin embargo, el Estatuto de Autonomía prevé límites como que el presidente de la Comunidad no puede acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para su terminación, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura, entre otras.
El actual presidente, Pedro Antonio Sánchez, podría disolver la Asamblea ya que aún faltan dos años para las elecciones autonómicas, siempre y cuando lo haga antes de que se solicite una hipotética moción de censura.

Podemos pedirá la dimisión de Sánchez en la Asamblea para cumplir con la Ley de Transparencia

MURCIA.- La diputada regional de Podemos María Giménez ha informado que llevará al Pleno del Consejo de la Transparencia y a la Asamblea Regional el cumplimiento efectivo de la Ley Regional, “pues la imputación de Pedro Antonio Sánchez atenta frontalmente con la confianza que todo cargo público le debe a la ciudadanía”.

Tras la reunión de trabajo mantenida entre el Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, José Molina y Podemos, la diputada regional, ha informado de las propuestas, que como representante de Podemos, llevará al Pleno del Consejo, previsto para el próximo martes día 28 de Febrero. Entre ellas pedirá que se apruebe hacer efectiva la aplicación del artículo 54.1 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región.
La Ley Regional de Transparencia y Participación Ciudadana, cita textualmente en el artículo 54.1 que: “En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones”
Así, la vocal de Podemos en el Consejo de la Transparencia, ha explicado que “en el momento en que Presidente de la Región, es llamado a declarar como investigado-imputado ante el TSJ, y continua en el mismo cargo el incumplimiento de la Ley Regional de Transparencia es manifiesto ”por ello, propondré la aprobación por el Pleno del Consejo que insten a su cumplimiento así como la adhesión de todos los miembros del Consejo”
En este sentido, la diputada de Podemos también ha anunciado que el grupo parlamentario llevará al pleno de la Asamblea regional una moción para instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que cumpla con el artículo 54.1 de la Ley Regional de Transparencia y en consecuencia a pedir la dimisión a Pedro Antonio Sánchez como Presidente de la Comunidad, Giménez ha afirmado que espera “que sea aprobada por el pleno de la Asamblea dado a que estamos pidiendo al ejecutivo que cumpla con las leyes, algo básico en un Estado democrático y de derecho”.

Albert Rivera reitera a Sánchez que debe cumplir su palabra e irse

BARCELONA.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido hoy al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de que tiene que cumplir "su palabra" y "marcharse" para dejar paso a otro candidato del PP, porque "algún candidato tendrá el PP que no esté imputado", se ha preguntado Rivera en tono irónico.

El presidente de C's ha realizado estas afirmaciones en la clausura de la reunión que su partido ha celebrado en Barcelona junto a la portavoz de la Ejecutiva nacional y líder en Cataluña, Inés Arrimadas, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, y los líderes y portavoces de infraestructuras de las comunidades por donde circula el Corredor del Mediterráneo.
Rivera ha recordado que su formación "cumplió" con los acuerdos alcanzados con el PP en Murcia y "ahora le toca al presidente -Pedro Antonio Sánchez- cumplir su palabra, cumplir lo que dijo en campaña y lo que firmó, y marcharse".
En este sentido, el próximo jueves, 2 de marzo, C's mantendrá una reunión con el presidente murciano, al que pedirá un plan de estabilidad para los próximos dos años de legislatura y que los populares propongan a un nuevo presidente: "si es así", Ciudadanos se compromete a cumplir con sus acuerdos, pero en caso contrario, ha advertido, buscará "otras vías".
Rivera ha aprovechado el acto centrado en el Corredor del Mediterráneo para denunciar los casos de presunta corrupción y ha asegurado que también se podría hacer un "corredor de la corrupción".
Frente a estos casos, ha afirmado, "Hay que hacer limpieza de la corrupción", y ha abogado por promover infraestructuras, como la del Mediterráneo, útiles y económicamente rentables.

'Nuevas Generaciones' del PP arropa a Pedro Antonio Sánchez antes del congreso regional

MURCIA.- Nuevas Generaciones del PP en la Región mostraron hoy, durante un acto celebrado bajo el lema 'Yo, con Pedro Antonio', su apoyo al jefe del Ejecutivo murciano, único candidato a la presidencia autonómica del PP y cuyo cargo se aprobará en el congreso que esta formación celebrará el próximo 18 de marzo.

Durante un acto celebrado en el Museo de Bellas de Artes de Murcia (MUBAM), el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, ha eludido pronunciarse sobre si dejará su cargo tras ser imputado en el caso Auditorio, y ha vuelto a pedir esperar a la reunión de la próxima semana con la formación naranja para valorar qué postura tomará.
Arropado por decenas de jóvenes de Nuevas Generaciones, consejeros de su Gobierno regional, entre ellos la portavoz, Noelia Arroyo, y varios diputados nacionales, Pedro Antonio Sánchez ha destacado la importación que NNGG tiene para el PP, en su puesta en marcha de proyectos y en su renovación de ideas.
"Nuevas Generaciones es una organización formada por jóvenes con sentido común y rebeldes en lo necesario, con ilusión y seriedad que quiere trabajar por la Región", ha afirmado el presidente regional, quien ha agregado que este acto de precampaña servirá para explicar su proyecto de gobierno y recoger ideas.

El exjuez Garzón critica a Catalá por el 'chivatazo' a PAS sobre el 'caso Púnica'

MADRID.-El exjuez Baltasar Garzón, que fue inhabilitado y expulsado de la carrera judicial, se pronunció ayer sobre las supuestas coacciones en la investigación del caso Auditorio denunciadas por el relevado fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal. 

Tras señalar que «presiones siempre va a haber», Garzón recordó que en su propia carne ha vivido acciones de ese tipo. No obstante, mostró su pesar porque el fiscal haya tardado tiempo en decir algo que es «preocupante».
El exjuez afirmó que, pese al cambio en la Fiscalía, «lo importante» es que «no se altere» la investigación sobre el caso Auditorio, que afecta al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y criticó duramente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por censurar a las fiscales del caso Púnica que sí se mostraban partidarias de investigar al jefe del Ejecutivo murciano por su supuesta relación con la trama.
 «Es obsceno que diga que se conozca que ha habido conversaciones entre él y el presidente de Murcia sobre si los fiscales han dicho o han dejado de decir». Recordó que el exministro socialista Mariano Fernández Bermejo «se le hizo dimitir por muchísimo menos» (por irse a una cacería con él).

La SEPI anuncia que impulsará el plan estratégico para 'Navantia' en las próximas semanas

MADRID.- La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, anunció ayer, durante la reunión del consejo de administración del grupo público, el comienzo de las actuaciones dirigidas a impulsar el plan estratégico de Navantia.

De esta forma, según ha informado la SEPI en un comunicado, «en las próximas semanas se iniciarán los contactos y las respectivas reuniones con los ministerios interesados y con las diferentes organizaciones sindicales con la finalidad de poner en marcha este importante plan para la empresa naval».
Y es que, el Senado aprobó el pasado 8 de febrero impulsar este plan para definir las inversiones estratégicas de la empresa estatal, tanto en la construcción naval como en los mercados donde ya orienta su diversificación.
El texto acordado en la cámara alta busca orientar los recursos y precios necesarios para realizar un plan de inversiones en investigación, desarrollo e innovación para Navantia y «definir las necesidades de la plantilla que permitan su rejuvenecimiento y su cualificación profesional», manteniendo las retribuciones salariales y respetando el marco establecido en la Ley General de Presupuestos del Estado vigente.
Asimismo, el plan contempla continuar colaborando con el Ejército con el objetivo de avanzar en los proyectos en marcha para atender las necesidades de la Armada. 
En la actualidad, el astillero asume la contrucción de cuatro submarinos S-80 para el Gobierno español y deberá llevar a cabo la gran carena de la clase S-70 para mantenerlos operativos hasta que los nuevo sumergibles estén disponibles.

Esperanza Aguirre: “Crear 17 autonomías en España fue un error”

BARCELONA.- La expresidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP en el Ayuntamiento madrileño, Esperanza Aguirre, ha asegurado que el Estado autonómico surgido de la transición y que ha llevado a contar con 17 comunidades autónomas fue “un error”.  

“Creo que habría que haber diferenciado a Cataluña y al País Vasco, que evidentemente son completamente distintas a lo que pueda ser La Rioja, Cantabria o incluso Madrid”, ha valorado en una entrevista de Catalunya Ràdio emitida este sábado.
Así, la expresidenta del PP madrileño cree que “haber hecho 17 parlamentos con sus gobiernos a lo mejor no fue un acierto” ya que el Estado autonómico pretendía acomodar a catalanes y vascos y, ha dicho, cada vez se sienten más incómodos en España.
“A lo mejor tendríamos que repensar la estructura territorial de España” y singularizar a Cataluña, ha planteado, aunque ha matizado que es una idea que está analizando y aún no tiene desarrollada.
Preguntada por la apuesta del Gobierno catalán por la independencia, ha celebrado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “se ha comprometido a cumplir la ley y hacerla cumplir” y ha propuesto que el Estado pague directamente a los proveedores de la Generalitat en lugar de traspasarle fondos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
“Pondría una pagaduría en la Delegación del Gobierno para que pagara a las farmacias, a los médicos y a los profesores, pero desde luego no se lo daría a Puigdemont para que abra embajadas y canales de televisión”, ha asegurado.
Aguirre considera que la corrupción ha sido uno de los fenómenos que más ha dañado a su partido y ha defendido su dimisión como presidenta del PP de Madrid en febrero de 2016 por haber nombrado como secretario regional del partido a Francisco Granados, implicado en el caso ‘Púnica’.

Los cambios de cromos en la Fiscalía / Isabel Elbal *

En estos días, nos hemos visto especialmente removidos por las noticias acerca de los nuevos nombramientos de Fiscales en cargos especialmente sensibles, por cuanto dichos cargos significan para la lucha contra la corrupción o para la persecución de los delitos que debe conocer la Audiencia Nacional.

Así mismo, ha tenido gran relevancia la pérdida de confianza hacia el Fiscal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, quien ha denunciado públicamente las presiones e "intimidaciones" a que se ha visto sometido, por haberse destacado en la lucha contra la corrupción en su Comunidad Autónoma.


En primer lugar, hemos de saber que los nombramientos de estos cargos son competencia del Consejo Fiscal, formado por 11 miembros y presidido por el Fiscal General del Estado, quien, con su voto de calidad, puede romper el empate.

Así mismo, el Fiscal General del Estado tiene como misión proponer el nombramiento de estos cargos, previo informe preceptivo del Consejo Fiscal. A su vez, el Consejo Fiscal está dividido entre suscritos a la Asociación de Fiscales –conservadora– y la Unión Progresista de Fiscales –no conservadora–.

También sabemos que los recientes nombramientos de los diferentes cargos propuestos son producto de diez horas de negociación en la reunión del Consejo Fiscal.

El resultado, según parece, es producto de la correlación de fuerzas entre ambas asociaciones y de un factor algo extraño, como es la preferencia del Partido Popular hacia el nombramiento de Manuel Moix como Fiscal Jefe de Anticorrupción: un fiscal sin méritos ni experiencia para dicho puesto.

Los ciudadanos, por tanto, hemos asistido a un espectáculo de ilusionismo, en el que sabemos el resultado del número de magia pero ignoramos cuáles son los trucos, aunque los imaginemos. Por ejemplo, no sabemos hasta dónde llegó la mano del Partido Popular en el nombramiento de Manuel Moix, como máximo responsable en la lucha contra la corrupción. No sabemos si alcanzó sólo al Fiscal General del Estado o si, por el contrario, fue una propuesta de la mayoritaria Asociación de Fiscales.

Así, tenemos que la Fiscalía encargada de combatir la corrupción va a ser dirigida por un afín al Partido Popular, muy cercano a Esperanza Aguirre. Recordemos las declaraciones de esta singular política, arrogándose el mérito de haber "destapado la Gürtel en Madrid", cuando ya sabemos que miró para otro lado, como poco.  

Especulamos, así mismo, sobre si remover al Fiscal Superior de Murcia se debe a una simple relación de enemistad de éste con el Partido Popular o si se trata de una vendetta por haber supuesto el azote de la corrupción en Murcia. La verdad, no es fácil saberlo: la rocambolesca jugada acaba en que sólo le han removido de su cargo, pero con grandes posibilidades de acusar en la causa Auditorio contra el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y, además su sustituto en la Fiscalía Superior es un fiscal de plena confianza que ha dado muestras de arrojo y preparación en las causas de corrupción que allí están en marcha.

En este mágico espectáculo, también nos preguntamos dónde se encuentra el truco que ha llevado a sustituir al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por Jesús Alonso, quien hasta ese  momento era su Teniente Fiscal en dicho Tribunal: por una parte, hay que tener en cuenta que al Partido Popular no le era nada incómodo, pues ha sido el ariete de la represión de la libertad de expresión; bajo su cargo se han producido intensas y escandalosas cruzadas contra titiriteros, tuiteros y raperos. Así mismo, destacan sus maniobras en embajadas extranjeras para impedir que se investiguen graves violaciones de Derechos Humanos –como las torturas en Guantánamo–, según wikileaks; o, por ejemplo, sus movimientos para evitar que la investigación sobre los crímenes del franquismo fructificara.

Por otra parte, parece que fue el Fiscal General del Estado quien propuso se tramitara su sustitución, que no es poco, teniendo en cuenta llevaba más de diez años en el cargo y que éste no es vitalicio… Incluso, parece que daba igual quién lo sustituyera, pues la verdadera jugada consistía en apartarle; ni siquiera el candidato propuesto por el Fiscal General del Estado obtuvo votos. Lo importante era relevarle.

Claro, Javier Zaragoza parece haber dejado el campo trillado y sembrado para que quien le suceda se limite a cosechar…Triste fruto es el que recogerá Jesús Alonso, el de una fiscalía dedicada a amordazar a la ciudadanía y a reprimir con crueldad la libertad de expresión. El trabajo de Javier Zaragoza es insuperable, imposible hacerlo peor. Veremos si su sucesor da un vuelco a la herencia que recibirá o si, por el contrario, se limitará a represaliar a quienes se han señalado abiertamente como sus enemigos mientras Zaragoza reinó.

Así pues, el espectáculo ha llegado a su fin. Se trataba de un espectáculo que llevaba mucho tiempo en preparación, sólo hacía falta encontrar al gran Houdini que lo llevara a cabo.

Hemos leído y escuchado muchas críticas entre bandos enfrentados: la Unión Progresista de Fiscales ha emitido un duro comunicado; no faltan medios y voces autorizadas que la han emprendido contra el recién nombrado Fiscal General del Estado, incluso reclamando su dimisión. Tampoco han faltado apoyos de quienes se sienten satisfechos por los nombramientos.

Como ciudadana preocupada por el sistema que tenemos, me parece que el resultado no es más que una jugada fortuita, una carambola o un mero simple de cambios de cromos que los distintos bandos han negociado según los intereses en juego de unos y otros.
El resultado no es producto de 10 horas de ardua negociación, ni de la falta de mayoría de una asociación en detrimento de otra, ni de la incapacidad del gran Houdini en cambiar el sistema –exigiéndole que de un solo movimiento se convierta en dios todopoderoso–.

No, el resultado es producto de un sistema que no cree en la separación de poderes, pues se halla contaminado y fuertemente influenciado por las directrices del Ministro de Justicia de turno. También es consecuencia de una Institución fuertemente politizada y dividida en facciones, encerrada en sí misma y en sus guerras internas.

Un sistema, que adolece de falta de transparencia, de falta de comunicación con la ciudadanía a la que debe servir y de falta de coherencia en los pocos y sonados mensajes que transmite. Una Institución terriblemente frágil y manejable por el Gobierno de turno.
La realidad, que es muy tozuda, nos demuestra, en cambio, que fuera de estos manejos exhibidos por los altos cargos, hay un numeroso ejército de fiscales, honrados funcionarios públicos que se dejan la piel en su trabajo diario, cada vez más duro debido a los recortes impuestos; fiscales que, a pesar de las duras condiciones en que trabajan, no cejan en su empeño y en su dedicación por sacar adelante las causas que manejan y en simultanearlo con una formación permanente, obligados por las constantes y numerosas reformas legislativas.

Todos estos entusiastas y preparados servidores públicos necesitan, por fuerza, ser dirigidos por personas independientes que sólo se deban a la satisfacción y el efectivo cumplimiento de los fines constitucionales que deben guiar su función: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (art. 124 CE).

Pero, ¿cómo lograrlo? Para conseguirlo, es necesario que efectivamente la Fiscalía sea un organismo autónomo dentro del Poder Judicial, tal cual dispone su Estatuto Orgánico. Y para ello, sería preciso que nuestros representantes políticos abrieran un periodo de reflexión para abordar el sistema de nombramiento del Fiscal General Estado y de quienes dirigen las Fiscalías Especiales y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Creemos que si la principal función de la Fiscalía consiste en defender el interés público tutelado por ley y la defensa de la legalidad, es el ciudadano quien debiera participar directamente en estos procedimientos de designación y no asistir como mero público al espectáculo ilusionista que ahora nos rige.


(*) Abogada especializada en Derecho penal y profesora de Derecho procesal penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid.


La Unión Europea podrá desaparecer antes de cumplir 80 años / Eulogio López *

Europa anda despistada, lo que significa que sus líderes, tras el brexit, simplemente no saben qué hacer.

Juncker, un señor que en la edad provecta se le han borrado las pocas ideas que tuvo en su juventud, sencillamente no tiene plan.

Mario Draghi, el poderoso presidente del Banco Central Europeo (BCE), contempla cómo su euro se debilita porque su política monetaria no ha servido para reactivar la economía europea.

Hasta Merkel, la que más manda en la UE, ve cómo le crecen las tendencias nacionalistas. Ojo, no me refiero a los populismos, ni a los neonazis ni a los anti-migración: hablo de los partidos tradicionales del alemán medio que contempla a Europa como siempre la contempló: seres inferiores que sólo sirven como peones de los alemanes, que son, según definición chestertoniana, “bárbaros tecnológicamente avanzados”.

Y, naturalmente, carece de ideario, de principios, porque ha renunciado a los principios cristianos.

La Unión Europea nació hace casi 7 años. Pero bien podría desaparecer a los ochenta. No es una broma.


(*) Periodista

Costas, las de Levante; desastres, los que nos ganamos / Pedro Costa Morata *

El reciente temporal de origen siberiano-mediterráneo, que ha golpeado de forma muy dura las áreas levantinas peninsulares, y desde luego su litoral, nos obliga a reflexionar, y recapitular, sobre los daños que la acción humana añade a la de ese tipo de fenómenos de sucesión cíclica en vidas, haciendas y, como es el caso, espacios de dominio público. 

La lectura que se ha difundido desde los medios, fijando las causas del desastre en el palpable cambio climático, con sus efectos erosivos por el progresivo aumento del nivel de las aguas marinas, no es  sino parcialmente correcta; porque aun siendo verdad que el litoral mediterráneo se incluye entre las áreas más frágiles ante esos cambios, el problema general erosivo viene de lejos y tiene un origen humano directo, próximo, mensurable. 

Se trata de un caso gráfico y actual de intervención humana imprudente que eleva a la categoría de desastre un fenómeno natural previsible cuya repetición periódica ha ido modelando la costa y determinando las ocupaciones humanas, que en el caso del litoral levantino se han ubicado históricamente, en la mayoría de los casos, a respetuosa distancia de la costa.

Hay que recordar que, de forma semejante a como sucede en el dominio público hidráulico, el dominio público litoral sufre desde hace décadas una serie inagotable de abusos y ocupaciones por particulares (viviendas y negocios), así como de actuaciones públicas, generalmente portuarias, que alteran gravemente la integridad física de la franja costera, exponiéndola, por debilitación, tanto a la dinámica costera existente como a los temporales marinos que una y otra vez se producen por la incidencia de las borrascas que, en el caso que comentamos, surgen por levante. 

El área costera más sensible es, desde luego, el llamado Óvalo valenciano, esa costa cóncava que llama la atención por su uniformidad y que se extiende desde el delta del Ebro (provincia de Tarragona) hasta las últimas estribaciones peninsulares de las cordilleras béticas, en los cabos de Sant Antoni y La Nao (provincia de Alicante), incluyendo íntegramente las provincias de Castellón y Valencia. Son unos 270 kilómetros de costa baja, secularmente orlada de lagunas salobres (marjales) separadas del mar abierto por dunas o formaciones de guijarros y cantos; son escasos los accidentes naturales intermedios que produzcan abrigo a las corrientes y los temporales: cabos de Oropesa y Cullera, y poco más.

Se trata, pues, de una costa cuya morfología –lineal, baja– la ha hecho poco apta para puertos, y los que se han ido construyendo han tenido que enfrentarse a la dinámica de corrientes costeras, cuya dirección predominante es norte-sur. Una dirección que tiene mucho que ver con la presencia del gran río Ebro, cuyas aportaciones materiales han ido formando esa maravilla fisiográfica del delta y han alimentado en buena parte las playas a su mediodía.

Tres son las causas que, íntimamente interconectadas, multiplican los efectos erosivos en este litoral, debilitándolo frente a los temporales. La primera es la regulación del Ebro mismo y de sus principales afluentes, con la construcción de numerosos y grandes embalses (el principal, el de Mequinenza, se construyó en 1966 y retiene 1.530 hectómetros cúbicos del caudal del río, siendo uno de los mayores de España) que ha llevado a reducir la aportación de sedimentos desde unos 20 millones de toneladas en 1940 a unas 200.000 toneladas actualmente, es decir, a una centésima parte. Esto, por supuesto, viene induciendo regresión y alteración de la línea de costa en el delta –donde hay sectores que desde hace tiempo han debido “sujetarse” con escollera frente el oleaje–  así como en el litoral al sur.

La segunda causa ha sido la construcción de numerosos espigones en los puertos de ese Óvalo, que suman una docena situados entre el de Vinaroz y el de Denia, con el inmenso y periódicamente ampliado de Valencia. Esto ha retenido los sedimentos a barlovento (o barlocorriente) y erosionado en consecuencia las áreas litorales a sotavento (o sotacorriente), alterando drásticamente las corrientes litorales y sus efectos.

La erosión de esta costa ha sido tan espectacular y llamativa, concretamente la extendida entre los puertos de Castellón y Sagunto, que algunos estudios han evaluado entre 100 y 250 metros la profundidad de costa desaparecida por esta causa. Quiero recordar aquí el magnífico trabajo-tesis doctoral del geógrafo Josep Eliseu Pardo Pascual,  La erosión antrópica en el litoral valenciano, publicado en 1991 por la Generalitat valenciana, que describía esta transformación costera pavorosa durante las décadas de 1970 y 80, siendo por mucho tiempo la fuente principal de conocimiento para estudiosos de este fenómeno y este litoral.

Hay que decir que la mayor parte de las obras de ampliación de los puertos de esta costa han tenido lugar en las décadas de 1980 y 90, agravando la situación día a día. No ha de extrañar que los daños físicos que se han registrado a causa del temporal reciente correspondan a las área castellonenses al sur de los puertos de Castellón de la Plana y de Burriana (tan cercano éste al de la capital que siempre ha cabido la duda de su necesidad), al sector de la Albufera, inmediatamente al sur del gran puerto de Valencia (ampliado una y otra vez) y al tramo final de este Óvalo, al sureste del osado puerto de Denia. Además, los puertos deportivos han proliferado en la mayoría de las marinas de esta costa, antiguos barrios marineros que han ido transformándose en enclaves urbano-turísticos, algunos de gran agresividad estética (como el de La Pobla de Farnals, de especial mal gusto); puertos cuyo efecto litoral suele ser nefasto.

Pero no sólo intervienen las grandes urbanizaciones turísticas en la fragilización de esta costa frente a los temporales, deformándola desde el inicio del boom turístico, tanto en su paisaje como, sobre todo, en su línea costera, sino –y aquí señalamos la tercera causa arriba anunciada– también las innumerables hileras de construcciones de ocio, generalmente unifamiliares, en todo este Óvalo, en su mayor parte en abierto desafío tanto de la ley como de la justa y cadenciosa furia del mar. 

Cuando la Ley de Costas de 1988 quiso poner orden en este desmadre por la vía de derruir las construcciones ilegales, surgieron de la ira de los afectados algunas asociaciones para su defensa que se distinguieron por su agresividad y por el torticero uso de unos “derechos adquiridos” que, en realidad, lo eran sólo por la pasividad durante decenios de la Administración estatal de Costas. Aquí causa risión ese concepto de base natural que todas las leyes de costas traducen en precepto jurídico de que el dominio público marítimo terrestre llega “hasta donde se hacen sentir los mayores temporales”, porque esto constituye utopía en gran parte del Óvalo valenciano.

De modo que las imágenes de viviendas de una planta cuyo porche ha sucumbido al embate del oleaje corresponden generalmente a una ilegalidad original manifiesta (el retoque liberaloide de Arias Cañete a la Ley de Costas de 1988 amplió la vida legal de estas obras) y a una imprudencia más evidente todavía, ya que la mayoría de ellas se han construido siendo ya visibles los terribles efectos erosivos debidos a las dos causas arriba descritas. Todas ellas confirman que los conocidos habitualmente como desastres naturales cada día lo son menos, ya que en su origen es la intervención humana la que acaba dándole la dureza de un desastre (no la propia naturaleza).


 (*) Ingeniero, sociólogo y periodista

https://www.cuartopoder.es/tribuna/2017/02/19/costas-las-de-levante-desastreslos-que-nos-ganamos/9816