El periodo de octubre a febrero ha sido el más húmedo de los últimos 75 años en la Región

MURCIA.- El periodo de octubre a febrero ha sido el más húmedo de los últimos 75 años en la Región. Este balance se produce incluso con un mes de febrero que la Aemet califica el mes que acaba de terminar como cálido y muy seco.

La temperatura media mensual fue de 11,3 grados centígrados, con una anomalía de 1.1 grados sobre el valor medio. Esto le otorga un carácter entre cálido y muy cálido a ese mes, en el que las temperaturas mínimas han tenido una media de 6,3 grados y una anomalía de +1,6 grados, mientras que la media de las máximas fue de 16,3 grados, con una anomalía de +0,6.

Durante este mes, la precipitación media en la Región de Murcia fue de 4 litros por metro cuadrado, lo que supone tan solo el 17% del valor de la mediana del periodo de referencia, y le otorga a este mes el carácter de muy seco, estando entre los 15 febrero más secos desde inicio de los registros en 1941.

Las precipitaciones acumuladas en la Región desde el 1 de octubre hasta el 28 de febrero de 2017 (308 litros por metro cuadrado) suponen más del doble del valor de la mediana para el mismo periodo, y un carácter "extremadamente húmedo".

 

El concejal de Molina crítico con PAS abandona el PP

MOLINA DE SEGURA.- El concejal de Molina de Segura que había pedido públicamente la dimisión de Pedro Antonio Sánchez ha solicitado la baja en el Partido Popular y ha pedido oficialmente dejar el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento para continuar en la Corporación como concejal no adscrito, según adelanta hoy La Opinión.

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Miguel Ángel Rodríguez ha anunciado su decisión en una carta dirigida a la portavoz municipal del PP en Molina, Sonia Carrillo, en la que señala que su baja se debe "a la catarata de descalificaciones, improperios e insidias que desde 'fuentes del Partido Popular de la Región de Murcia' han sido vertidas sobre mí en la prensa regional, así como en medios nacionales, además de los continuos ataques que señalados miembros del PP han realizado contra mi persona a través de las redes sociales".
Rodríguez había señalado a través de su cuenta personal en Twitter que "los afectos personales deben dejar paso a la acción política, a la coherencia, a satisfacer lo exigido por las leyes y a la ejemplaridad", adjuntando también una imagen en la que se puede leer el artículo 54 de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, el que establece que los cargos públicos imputados "entenderán que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía" desde las instituciones públicas. Era un claro mensaje a Pedro Antonio Sánchez.
Además, por si no había quedado claro, el concejal rompió la disciplina de voto de su partido en el último Pleno de la Corporación y votó a favor de una moción que exigía la dimisión del presidente de la Comunidad por ser investigado en el caso Auditorio. 

Miguel Ángel Rodríguez había avalado a Sánchez para su candidatura a la presidencia regional del PP, pero recientemente envió un burofax a la comisión organizadora del congreso autonómico popular para exigir que retiraran el aval.
Rodríguez subrayó hoy que "hay gente a capazos que piensa exactamente lo mismo que yo". Y luego se aventuró a apostar que "las mismas personas que ahora sostienen como pilares insobornables la fidelidad, en el caso de que haya otro candidato harán lo mismo", según recoge La Verdad. 

En un comunicado el grupo municipal popular pide a Rodríguez "ejemplaridad" y le solicita el acta de concejal. La portavoz popular manifestó que desde su grupo "siempre hemos respetado la libertad de expresión de cada uno de sus miembros".
La edil sostiene que cualquier concejal que en un momento determinado no se vea identificado con las siglas del PP "por ideología o sinergias", tiene la potestad y la autonomía para abandonar el grupo y el partido. "Pero no olvidemos que Miguel Angel Rodríguez Torres es concejal del Ayuntamiento de Molina de Segura porque perteneció a una candidatura del Partido Popular", aduce Carrillo.
Por eso asegura que la "coherencia debería ahora regir en su forma de actuar y debería entregar su acta de concejal, puesto que los molinenses no lo votaron a él, sino que votaron al PP". La portavoz popular termina diciendo que "ahora es el momento de demostrar la ejemplaridad que exigía a los demás".
Sin embargo, el concejal saliente aseguró que "el partido no me ha pedido absolutamente nada, ni tampoco que firmara el acta". Admitió que si el PP le pide el acta "los escuchará y reflexionará", pero su intención es terminar la legislatura como concejal independiente, según remarcó.

Este miércoles Rodríguez solicitó a la alcaldesa, Esther Clavero, que se le incorpore como independiente de grupos políticos a la condición de concejal no adscrito, de acuerdo a la normativa legal vigente.
"El motivo de esta meditada decisión no es otro que el entender que el ideario liberal-social que represento, así como la defensa de la mejora de la calidad de vida de los electores que me dieron su confianza en las elecciones de mayo de 2015 o las propuestas sobre distintos temas de interés general las puedo realizar con mucha más solvencia y garantía, hoy por hoy, desde fuera del Partido Popular", aduce el ya exedil del PP, según recoge La Verdad.

Cuando PAS mintió a Catalá y el ministro se dejo engañar / Vera Mª Cubí *

http://murciaconfidencial.blogspot.com.es/2017/03/cuando-pas-mintio-catala-y-el-ministro.html

La palabra del PSOE / Ángel Montiel *

El pasado domingo vi en el programa de Ana Pastor en La Sexta el factcheck que aplicó a Pedro Antonio Sánchez a cuenta del número de denuncias reales con que el PSOE lo ha ´castigado´ ya desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. Tanto el presidente murciano como todo el alto staff del PP vienen proclamando que los socialistas lo han acosado insistentemente con denuncias que finalmente eran archivadas, y las contabilizan, según los portavoces, en quince, dieciséis e incluso diecisiete. 

La lógica a que quieren llevar con estos datos es que la denuncia que le afecta en este momento, relativa al caso Auditorio, es una más, con tan falso fundamento como todas las anteriores. Pues bien, el equipo de redacción del programa de Pastor fue descartando las denuncias electorales, los contenciosos administrativos y los recursos sobre recursos que se anotan como denuncias originales, y concluyó que en realidad el PSOE sólo había denunciado a PAS en siete ocasiones, no en doce, ni quince ni diecisiete. Por tanto, la ´maquina de la verdad´ proclamó que el PP miente. En efecto, el PP miente.

Pero también miente el PSOE. Porque su líder regional, González Tovar, y otros portavoces han insistido en las últimas fechas en que las denuncias se reducen a dos, «una de ellas la que está viva», y en otras ocasiones han dicho que eran tres. 

Según El Objetivo de La Sexta, que los socialistas tanto difunden en redes sociales, en realidad el total de denuncias se queda en siete. Ni quince ni dos, sino siete. Por tanto, miente el PP cuando exagera la cifra y mezcla churras con merinas, y miente el PSOE cuando reduce al mínimo el número de sus iniciativas ante la fiscalía o los juzgados. Mienten todos. 

Sabemos la razón por la que miente el PP (para reducir el efecto de la ´denuncia viva´ que ahora lleva a mal traer a PAS), pero desconocemos lo que obliga al PSOE a mentir, ya que no tendría que ser reprochable que denunciara lo que, en cada momento, le pareciera bien denunciar. Es más: Tovar ha denunciado a PAS por decir éste que el PSOE lo denuncia demasiado, lo cual da prueba de la inteligencia política del líder socialista, pues al hacer esto suma una denuncia más cuando pretende exponer que lo suyo no es la denuncia sistemática.

Es como la apelación al cumplimiento de la palabra dada. Tovar insiste en que PAS debiera dimitir para cumplir con lo que anunció que haría si resultara imputado. Hasta ahí, correcto. Sólo que esta demanda la puede expresar cualquiera (ciudadanos, faceboukeros, editorialistas, dirigentes de Ciudadanos y de Podemos, mediopensionistas...) menos el PSOE, pues este partido no es precisamente el ejemplo de coherencia en este aspecto. 

Hicieron una campaña electoral en la que prometieron que jamás permitirían un Gobierno de Rajoy, y ya se ve lo que hicieron con los votos que a tal fin le fueron prestados. PAS no cumple con la palabra dada, pero tiene pelendengues que sea el PSOE, carente por completo de autoridad moral por no hacerse responsable del firme contrato con sus votantes, el que se lo reproche.

(*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/03/01/palabra-psoe/809727.html 

Otra victoria de PAS / Joaquín García Cruz *

El Consejo de la Transparencia tomó ayer el camino equivocado, el que lo arrastrará a la futilidad si no remonta su encogimiento de ánimo y se convierte en el guardián de las esencias. Tal es, que sepamos, su razón de ser, de la que ayer desertó, embaucado por la zorrería del PP, que le ganó la partida antes de tirar los dados. Llegó el representante popular a la reunión acusando a José Molina, su presidente, de convertir el Consejo en su cortijo, y llamándole comisario político de PSOE y Podemos. Y se salió con la suya, a juzgar por el resultado de la sesión. 

Tuvo el Consejo la oportunidad de vivir su minuto de gloria, pero la marró. Más aún: tenía el deber de iluminar a la sociedad, la noble obligación de pronunciarse acerca de si el presidente de la Comunidad Autónoma incurre estos días en fraude de ley, por su interesada interpretación del artículo 54 de la ley regional de Transparencia (el que habla de los imputados por corrupción), o si es la oposición quien hace una lectura espuria de la norma. Que el PP y la oposición discrepen al respecto no aporta sino confusión. Más de lo mismo, mucho ruido. 

Es el Consejo de la Transparencia quien debería alumbrar en estos casos con una declaración valiente, en el sentido que tocara, y bien invitar a Pedro Antonio Sánchez a dimitir -en aplicación de la ley- o avalar su permanencia en el cargo. Porque el Consejo de la Transparencia, aunque desprovisto de competencias para desalojar al presidente, está, sin embargo, legitimado (¿quién mejor?) para alzar la voz y emplazarlo en público. Pero ayer optó por soltar al aire una filípica sobre «valores esenciales» y sobre «observancia de la ley», que para nada sirve. 

 Ninguna virtualidad tiene una ley -la de la Transparencia- que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional -también con los votos del PP-, si nadie hay que la haga cumplir. Ninguna utilidad tiene el Consejo de la Transparencia, si el Gobierno le niega el pan y la sal, la Asamblea y los ayuntamientos le regatean la fuerza legal que reclama, los partidos se pelean en su interior para tapar la realidad con cortinas de humo, los vocales no abren la boca, quizá para no molestar, y finalmente -cuando más se esperaba un esclarecedor dictamen- se resigna a soltar una perorata de cuatro líneas sobre la ética y el buen gobierno.

(*) Columnista

http://blogs.laverdad.es/menudapolitica/2017/03/01/otra-victoria-de-pas/ 

La sociedad civil se revuelve contra el injusto e inmoral Impuesto de Sucesiones / Libertad Digital *

La reforma de la financiación autonómica que el Gobierno quiere acometer este año, y queConferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, pone el punto de mira en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sobre el que se está librando una tremenda batalla política, principalmente entre uno de los Gobiernos que establece el impuesto más alto, el andaluz, y el que lo fija en su nivel más bajo, el de Madrid. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, exige que ese tributo se armonice y que se obligue a Madrid, que lo bonifica al 99%, a subirlo.

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Naturalmente, los contribuyentes andaluces, y los de las demás autonomías que lo mantienen en unos niveles disparatados, como Aragón, Extremadura o Asturias, lo que quieren es reducirlo sustancialmente o directamente suprimirlo, al punto de que muchos empiezan a salir a la calle en señal de protesta. Tal es el caso de los integrantes de la plataforma Stop Impuesto de Sucesiones, que ha surgido en Andalucía y que se presenta como un "movimiento social, sin colores políticos", que aboga por la supresión del referido tributo en esa comunidad autónoma. Su web ya cuenta con cerca de 30.000 apoyos de particulares y afectados, y este martes ha organizado una marcha por las calles de Sevilla en la que cientos de manifestantes han exigido a Díaz que ponga fin a la injustificable exacción.

Es inaudito y enormemente positivo que desde la sociedad civil surjan movimientos en contra de la excesiva presión fiscal, más aun cuando van dirigidos contra un impuesto tan injusto e inmoral como el que grava las herencias y donaciones. Y lo es por varias razones: sin ir más lejos, porque –al igual que el de Patrimonio– penaliza el ahorro y los esfuerzos realizados por los particulares en pro de su descendencia y porque vulnera un principio general del Derecho como es el de non bis in idem, que, trasladado al ámbito fiscal, y tal y como se refleja en la propia Ley General Tributaria, no permite gravar dos veces el mismo hecho imponible. 

Es dramático e indignante que la voracidad del Fisco fuerce a tanta gente a tener que renunciar a los bienes que les legaron sus mayores. En Andalucía se registran 19 renuncias al día, y se cuentan por millares los andaluces que cada año deciden empadronarse en Madrid para evitar que la Junta se embolse el patrimonio de sus herederos.

Por otra parte, la propuesta de establecer un mismo Impuesto de Sucesiones en todas las comunidades –la cacareada armonización fiscal– implica violar el escaso margen de autonomía realmente positivo que tienen los Gobiernos regionales a la hora de establecer su propia presión fiscal. Lejos de erradicar el problema que este impuesto ocasionaría en algunas autonomías, lo que haría la armonización sería extenderlo al conjunto del territorio nacional.

Así mismo, la llamada armonización a la baja que están estudiando el PP y Ciudadanos, mientras no implique la simple erradicación de dicho impuesto en toda España, no resultará más que una atractiva engañifa destinada a lograr que todos los Gobiernos puedan establecer una misma presión fiscal sin miedo a la competencia de quienes son partidarios de erradicar o dejar bajo mínimos tan injusto gravamen.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que los partidarios de reducir la bárbara presión fiscal que padece el contribuyente patrio no tienen representación parlamentaria, bienvenidas sean estas manifestaciones y movimientos de la sociedad civil. En la defensa del contribuyente tuvo su origen el sistema democrático moderno, y en ella debe basarse su desarrollo y perfeccionamiento.

(*) Editorial

La prensa y el poder / Ramón Cotarelo *

Una relación conflictiva, como debe ser. Cuando no lo es, algo falla. Es justamente célebre la contundente afirmación de Thomas Jefferson, "padre fundador" y redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hacia 1786 de que "si tuviera que elegir entre un gobierno sin prensa o una prensa sin gobierno, elegiría lo último sin dudarlo por un momento". 

 

El que llegara a tercer presidente de los EEUU tenía la peor opinión de los gobiernos (incluido el suyo), a los que consideraba compuestos por lobos prestos a devorar a los pueblos que eran como ovejas. Si alguien o algo podía evitarlo era una prensa libre. 216 años más tarde, el 45º presidente, Donald Trump, ha invertido los términos, pues considera que la prensa es la enemiga del pueblo. La "canallesca", que decían los franquistas. 

 

El sucesor de Jefferson, en su animadversión a los medios, se identifica a sí mismo con el pueblo. O al revés: al pueblo consigo mismo. Él es el pueblo y la prensa su enemiga y de ahí la siniestra expresión de "enemigo del pueblo", utilizada en todos los tiempos por las más diversas formas políticas revolucionarias con vocación de tiranías.

Pero eso es en los Estados Unidos. En España, la relación entre el poder político y los medios es, por lo general, idílica. Los medios públicos están íntegramente al servicio del partido gobernante en su ámbito territorial y lo mismo sucede con los privados, especialmente los periódicos de papel (y sus versiones digitales) que dependen en gran medida de la publicidad institucional y un régimen de subvenciones generoso que las autoridades políticas interpretan según criterios del más estricto clientelismo. Las televisiones privadas se salvan algo más porque diversifican sus fuentes de financiación, dado que su consumo es muy alto. 

Así resulta que en el mes en que nos enteramos de que El País sigue perdiendo lectores a granel (26,4% menos que en enero de 2016) y que está a punto de descender de la barrera de los 100.000 lectores, la Junta de Andalucía le otorga un galardón, la medalla de Andalucía 2017. No hay duda: cuando el poder político alaba, halaga, premia, condecora a un periódico es porque le interesa, porque le es cómodo, le canta las alabanzas o, cuando menos, no le saca a relucir sus vicios. 

 

El País ha tomado partido desde el principio en el conflicto del PSOE en contra de Sánchez como SG y en contra de Sánchez candidato a SG y a favor de la junta gestora y la candidatura de Díaz. Cuenta en su consejo editorial con Felipe González y Pérez Rubalcaba, lo cual explica algunos de los editoriales más venenosos contra Sánchez. El País se ha puesto al servicio de la junta gestora y de la candidatura de Díaz a la SG.

Esa decisión merece un premio: la medalla de Andalucía que va a costar más lectores de El País y más votantes de Díaz.  Para nada porque, por mucho que el diario editorialice, Díaz sigue saliendo la tercera en prácticamente todas las encuestas, sondeos y vaticinios.

 

 

¿Qué se juzga?

El proceso al exconseller y actual diputado Homs es un proceso político del principio al final. Como lo es el que afecta a Mas, Rigau y Ortega ante el TSJC. El mero hecho de darse estos procedimientos indica que la calidad del Estado democrático de derecho es baja en España. El propio Homs así lo valora con algo de dramatismo pues supone que, si hay sentencias por el 9N, serán el fin del Estado español. Eso es dudoso. En el Estado español actual las cosas siguen “bien atadas”, como las dejó su auténtico fundador, el que descansa en el Valle de los Caídos. No es tan dudoso, en cambio, si se trata del Estado de derecho.

Para el gobierno central, sus aliados y los medios en general, estos procesos son actividades puramente judiciales que demuestran, según dicen en el PSOE, el buen funcionamiento de la justicia. No hay nada político. No se juzga a Francesc Homs por independentista; eso sería un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión. Se le juzga por desobediencia al Tribunal Constitucional. En concreto por haber desobedecido una prohibición de ese Tribunal. ¿Cuál? La de hacer o dejar de hacer algo en beneficio del independentismo. Luego sí se procesa el independentismo; sí, son juicios políticos contra el independentismo disfrazados de otra cosa.

 

Se ha dicho hasta la saciedad: judicializar un problema político es agravarlo. La instrumentalización de la justicia no hace ningún favor a esta y encona el conflicto.

Pero, al mismo tiempo, aclara suficientemente el panorama. El Estado no tiene la menor intención de negociar nada en tanto la Generalitat no retire la previsión del referéndum. La reciente retórica del “diálogo” también exigía renuncia previa al referéndum. En consecuencia cabe suponer que su cálculo estratégico sea provocar una situación de choque, poner al adversario, el independentismo, en situación de oposición a la ley, de rebeldía. De esa forma podría justificarse una acción represiva.

El problema a continuación es determinar el alcance de esa acción represiva y, a ser posible, sus consecuencias. El Estado se resiste a emplear los medios coercitivos más fuertes (aunque diversos publicistas adviertan de que si las normas de excepción están previstas, lo están para usarlas), pero, al mismo tiempo, es incapaz de ofrecer soluciones alternativas.

En esas condiciones lo más probable es que los sectores radicales del independentismo pidan adelantar la convocatoria del referéndum, una idea con la que la Generalitat ha jugado. La justificación, bastante cómoda, es que carece de sentido agotar el plazo y dejar pasar unos meses en los que habrá todo tipo de juego sucio, amenazas y tensiones. Si no se hace así, si no se acortan los tiempos, según se dice, es para elaborar un buen corpus legislativo que sirva de transición de la autonomía a la independencia. Pero la situación viene a ser similar: la aprobación de esas leyes será el punto de ruptura del todo igual al que se daría con la convocatoria del referéndum.

En cualquiera de los dos casos se apunta a situaciones de inestabilidad permanente. No es razonable que las relaciones ordinarias entre el gobierno central y una autonomía pasen por los tribunales. Es una situación muy perjudicial en todas las esferas de la acción social y un despilfarro de recursos de todo tipo.

El independentismo catalán no es una decisión personal de los encausados, ni un capricho de una minoría, ni siquiera una acción de partido. Es un movimiento social con un tipo de solidaridad mecánica, que diría Durkheim, la de la gente que se conoce, con la que se simpatiza, que tiene también un objetivo ideal, dentro de otro conjunto más amplio, que abarca a las cuatro quintas partes de la sociedad catalana, que reclama su derecho a decidir, su derecho a tener derechos.

El procesamiento de Homs es político, como lo son los de Mas, Rigau y Ortega y no se hable ya de los de Forcadell. Se los juzga por independentistas, aunque se diga otra cosa y, a través de ellos, se pretende el absurdo de juzgar y condenar el independentismo, es decir, un movimiento social de amplia base.

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales

Miércoles con los digitales echando humo tras el primer discurso de Trump a una sesión conjunta del Congreso en el que ha bajado los ataques, ha moderado el tono, el lenguaje y el mensaje, ha hablado con voz aterciopelada que acariciaba a los oyentes y ha utilizado los recursos retóricos con maestría del presentador de TV que fue. La imagen conciliadora se ha completado con un canto a lo mejor de EEUU y con una convocatoria a 'dejar de pensar en pequeño', a 'soñar a lo grande', a dejar atrás las divisiones y a enfilar ‘un nuevo orgullo nacional’. Ha sido más moderado en sus planes sobre la inmigración y ha anunciado proyectos de infraestructuras y de impulso económico, aunque sin concretar, dentro de un nacionalismo de hombre que no quiere 'representar al mundo'. Una encuesta exprés de CNN le da un 57% de opiniones a favor.

Las portadas y grandes titulares bombardean también con la cuestión catalana en plena efervescencia por planes difusos de los secesionistas para proclamar su república, por la continuación del juicio del 9-N y por el inicio hoy del del Caso Palau, en el que uno de los principales encausados pacta un acuerdo con la Fiscalía para tirar de la manta.

Otros ejes de actualidad: las pérdidas récord de Abengoa; la venta por Banco Sabadell de su filial en Miami, la cumbre mundial sobre la Educación con la constatación de uno de sus impulsores de que 'el sistema educativo español es terrible' por estudiar todos lo mismo y carreras que luego no les van a servir; las propuestas de Inverco para las pensiones; y la presentación hoy del Libro Blanco de la UE sobre el futuro de la UE tras el Brexit.

INFORMACIÓN NACIONAL

El Mundo: Ciudadanos ve el pacto ‘encarrilado’ y el PP le da largas (Raúl Piña y Marisol Hernández). Otro titular: Entrevista a Cristina Cifuentes: ‘Podemos aún debe demostrar que cree en la democracia’ (Jaime G. Treceño y Pablo Gil). ABC: El PP y Ciudadanos avalan su pacto pese a que los compromisos no se han cumplido. La Razón: La comisión de investigación al PP abre un nuevo frente con Cs: los naranjas pretenden registrar la propuesta el lunes y el PP no habla de fechas. OKdiario: El PP dispuesto a suprimir los aforamientos pero sólo en el caso de delitos comunes (Luz Sela). Libertad Digital: Iglesias dice que una 'trama' no le 'dejó' gobernar en 2016: afirma que PP, PSOE y Ciudadanos 'no tienen proyecto de país' (Míriam Muro). Otro titular: C's presenta como "encarrilado" lo que el PP sólo ve posible reformando la Constitución (M. Alonso y P Montesinos).

CATALUÑA

El País: Puigdemont pretende proclamar la república sin control del Parlament (P. Ríos, J. García y R. Rincón). El Imparcial: Nueva treta de Puigdemont para impulsar la 'ley de desconexión' en el Parlament. El Mundo: El número 2 del Palau ofrece confesar las comisiones a CDC: Jordi Montull ultima un pacto con la Fiscalía (Germán González). Otro titular: Así pilló en acción la Guardia Civil al tesorero de Convergència (Ángeles Ecrivá y Esteban Urreiztieta). Otro titular: La Generalitat busca a un soberanista para relevar al jefe de los Mossos (Javier Oms). El Confidencial: CDC negoció comisiones con fondos de la lucha contra el cáncer y el desempleo (José María Olmo y Antonio Fernández). La Razón: Puigdemont quiere acelerar sin el veto de la oposición la proclamación de la república catalana. Otro titular: Juicio a Homs: Mas alega que nadie le advirtió de que el 9-N era un ‘gran delito’.

La Vanguardia: Caso Palau: Montull confesará las comisiones a CDC a cambio de salvar a su hija (Santiago Tarín y Toni Muñoz). Otro titular: JxSí intenta aprobar la ley de desconexión casi sin debate: presenta una reforma para tramitar la norma por la vía de urgencia. Otro titular: El referéndum del ‘sí se puede’: los comunes se vuelcan en el Pacto y Domènech cree una 'buena idea' llevar a Bruselas las firmas (Quico Sallés). El Periódico: Montull ofrece al fiscal delatar a Convergència: empieza el juicio por el expolio del Palau (J.G. Albalat). Otro titular: La oposición clama contra la ‘desconexión exprés’: Forcadell fuerza una ralentización del trámite parlamentario de la iniciativa independentista.

ECONOMÍA

La Razón: Bruselas plantea una Europa de dos velocidades contra el Brexit con España en el núcleo duro. Europa Press: Méndez de Vigo cree que es momento de que España ejerza el liderazgo en la UE y poner 'sobre la mesa' sus logros. Expansión: Juncker ofrece a los países cinco alternativas para el futuro de Europa. Otro titular: La patronal quiere reducir liberados y reclama una ley de huelga (M. Valverde). ABC: Futuro de las pensiones: las gestoras piden derivar el 4% de los sueldos a ahorro privado. Otro titular: Entrevista a Marc Prensky, experto en innovación educativa: ‘El sistema educativo español es terrible: todos los niños estudian lo mismo’ (J.G. Stegmann). Cinco Días: El 65% de los alumnos van a estudiar carreras que no les sirven.

El País: La UE quiere aumentar las expulsiones de migrantes sin papeles: propone a los países miembros mantenerlos retenidos más tiempo (Lucía Abellán). Otro titular: El 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes no cotiza: más de 163.000 afiliados se han dado de baja de la Seguridad Social tras el decreto que eliminó en 2012 su financiación estatal y les obligaba a asumir las cuotas (José Marcos). Vozpopuli: Inverco apoya la creación de un sistema de capitalización complementario obligatorio (Ángel Alonso). Invertia: Inverco pide que el 4% del salario bruto vaya a un plan privado de pensiones. El Confidencial: Las ETT 'colocan' a 3,1 millones de trabajadores, el 25% más en un año (Carlos Sánchez).

El Economista: El AVE permite sellar el primer acuerdo entre Madrid y Vitoria (Carmen Larrakoetxea). Otro titular: El alquiler supera ya el salario mínimo en la gran ciudad como Madrid, Barcelona o San Sebastián (Luzmelia Torres). Otro titular: Las tres propuestas de Inverco para no dar la espalda al problema de las pensiones (Arantxa Rubio). El Correo: Los Gobierno central y vasco desatascan el TAV. Otro titular: La defensa del Concierto consigue unir a todos los partidos vascos. Libertad Digital: Los contribuyentes dicen basta: 'Impuesto de Sucesiones, impuesto de ladrones'; cientos de andaluces salen a la calle.

EMPRESAS

Bolsamanía: Abengoa pierde más de 7.600 millones, el mayor agujero contable en España (Marta Gracia). El Mundo: Abengoa multiplica sus pérdidas por seis en 2016, hasta 7.629 millones (Carlos Segovia). Otro titular: Así fue la gran estafa de la familia Ruiz-Mateos para pagar lujos (Marisa Recuero). Capital Madrid: La trastienda de DIA: más caja, menos inversión y mayor dividendo en 2017, con apenas tiene vencimientos de deuda financiera, aunque el efecto Macri le roba la mitad del crecimiento en Argentina. Vozpopuli: Hacienda investiga a OHL en el periodo en que logró su beneficio récord (Raúl Pozo). Expansión: Isolux fulmina a su cúpula en Argentina por fraude. Otro titular: Abertis ganó 795,6 millones en 2016, un 57% menos.

El Economista: El Ibex sube un 69% el beneficio en 2016 y rebaja la deuda un 4%: el avance, el mayor desde 2005, se apoya en los números negros de Repsol y Arcelor (Araceli Muñoz). Cinco Días: Las grandes cotizadas elevan un 67% el beneficio en 2016: el tirón del segundo semestre lleva las ganancias hasta 34.000 millones (Gema Escribano y Diego Larrouy). Otro titular: Deoleo, líder mundial del aceite de oliva, entra en causa de disolución (F. Sanz). Expansión: Las empresas del Ibex disparan un 87% sus beneficios. ABC: Las empresas del Ibex ganaron casi 33.000 millones el año pasado, un 48% más. El Español: El dueño de Sovaldi casi triplica ventas y paga sólo 10 millones a Hacienda: la propietaria del medicamento estrella para la Hepatitis C rozó los 1.000 millones de ingresos en España con una ingeniería fiscal similar a la de las grandes tecnológicas (Jesús Martínez).

SECTOR FINANCIERO

Capital Madrid: Linde encuentra dificultades para sustituir a los directivos investigados por Bankia: inspectores de la entidad dudan del alcance del informe sobre la crisis financiera española (José Hervás). Otro titular: Al Sabadell no parece gustarle Trump y abandona el negocio bancario en EEUU: Josep Oliu afirma que se mantendrá el resto del negocio corporativo (C.M.). Otro titular: CaixaBank-Mutua Madrileña: una relación que va a más: el presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda, entra en el consejo de la entidad catalana. Su incorporación facilitará un mayor desarrollo de la alianza estratégica (, por Gema Velasco). El Confidencial: El FROB presenta en Bruselas un plan exprés para la fusión de Bankia y BMN (José Antonio Navas). Otro titular: BBVA se atrinchera y se resiste a devolver las cláusulas suelo a todos (Eduardo Segovia).

Expansión: Ana Botín: ‘Animo a que las empresas traigan a España sus cuarteles generales’ (Ana Gil). Otro titular: Sabadell vende su negocio de banca comercial en EEUU (Sergi Saborit). Cinco Días: Banco Sabadell vende su filial de EEUU por 967 millones (Ángeles Gonzalo Alconada). Economía Digital: El Sabadell abandona la banca comercial de EEUU con 447 millones bajo el brazo: vende su negocio de banca minorista a Iberiabank en una operación que le permitirá mejorar sus ratios de solvencia en 100 puntos básicos. El Economista: Sabadell vende por 1.025 millones de dólares su filial de Miami, el doble de lo que pagó (Lourdes Miyar).

OPINIONES

Editorial en El País: 'Golpe al Estatut: el secesionismo ultima en secreto el voto por sorpresa de una República catalana'. Antonio Elorza en el mismo diario: 'Driblar al Estado: ahora toca aprovechaR la figura mártir de Mas en el banquillo'. Editorial en La Vanguardia: ‘Empieza el juicio del caso Millet, por fin’.

 Otro editorial: ‘La UE se enfrenta al espejo’. Editorial en El Mundo: ‘Juicio al saqueo del Palau, origen de la financiación irregular de CDC’. Otro editorial: ‘Ruiz-Mateos, una familia dedicada al robo y el blanqueo’. Editorial en ABC: ‘La consulta trampa de Carmena’. 

Otro editorial: ‘La verdad del 3%, al descubierto’. Editorial en El Periódico: ‘Catalunya protege las herencias digitales’. Enric Hernández en el mismo diario: ‘Juicio a la gran cloaca catalana’. Josep Maria Fonalleras en el mismo diario: ‘Millet, jodido’.

Jesús Cacho en Vozpopuli: 'Las manos en la masa de Oriol Junqueras'. Luis Riestra en el mismo medio: ‘La interminable reestructuración bancaria’. Joan Tapia en El Confidencial: ‘Oriol Junqueras y la vicepresidenta’. Editorial en Libertad Digital: 'La sociedad civil se revuelve contra el injusto e inmoral Impuesto de Sucesiones'.

Carmelo Jordá en el mismo medio: ‘Rita Maestre nos toma por gilipollas’. Editorial en El Correo: ‘Un acuerdo histórico’. Editorial en Cinco Días: ‘Las cotizadas recuperan musculatura’. Carlos Álvaro en Capital Madrid: ‘Argentina y España, en luna de miel tras años de desencuentro: Macri sienta el inicio de una nueva relación, pide más inversión española y ofrece trato preferente’. Antonio Miguel Carmona en Estrella Digital: ‘Los insultos de Odón Elorza’.

A. R. Mendizabal

https://www.capitalmadrid.com/news_links/2266 

No habrá 'valcarcelato' sin Valcárcel / Vera Mª Cubí *

http://murciaconfidencial.blogspot.com.es/2017/02/no-habra-valcarcelato-sin-valcarcel.html

El PP "estudiará" la comisión de investigación que pide C's sobre este partido y su presunta financiación ilegal

MADRID.- Ciudadanos ha ofrecido este martes al Grupo Popular firmar juntos en el Congreso una comisión de investigación sobre la "presunta financiación ilegal" del PP que sirva para "depurar responsabilidades" en el partido que preside Mariano Rajoy, uno de los puntos del preacuerdo de investidura de los dos partidos que estaba pendiente de cumplimiento.

El portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, está convencido de que el PP acabará firmando y espera que se cristalice la próxima semana, mientras que el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha admitido que no se podrán negar, pero que, en todo caso, su prioridad es tomar medidas para evitar que estos sucesos puedan volver a repetirse.

Por su parte, el PP está dispuesto a estudiar la creación de la comisión de investigación del Congreso sobre supuesta financiación irregular de este partido exigida por Ciudadanos, algo a lo que, según reconoce Bermúdez de Castro, los "populares" no se pueden negar.

En rueda de prensa tras una reunión mantenida entre ambos grupos parlamentarios, Bermúdez de Castro coincide con Girauta en remarcar que las seis condiciones pactadas para investir a Mariano Rajoy están en marcha cuando han pasado pocos meses desde la investidura.

Eso sí, el representante del PP ha advertido de que algunas de las medidas que Ciudadanos ha puesto sobre la mesa exigen una vía "prudente" para salvaguardar todas las garantías constitucionales, como la supresión de los aforamientos o la limitación del mandato del presidente del Gobierno a dos legislaturas.

Ha recordado que esta última reforma obligaría a cambiar la Constitución, y no sólo la Ley del Gobierno, como piensa Ciudadanos.

En este sentido, ha citado la subcomisión sobre regeneración democrática, ya en funcionamiento, y la de reforma electoral que se creará la próxima semana, como instrumentos idóneos para canalizar en el Congreso las reformas legislativas incluidas en el acuerdo con Ciudadanos.

Ambas subcomisiones podrían ser, ha explicado, "un buen foro de reflexión para despejar algunas dudas y perfilar fórmulas e instrumentos jurídicos", gracias a las aportaciones de los expertos convocados en ambos órganos.

En cuanto a la comisión de investigación sobre la financiación del PP, ha admitido que es algo que firmó su partido y que por tanto va a "estudiar" el grupo popular.

"No nos podemos negar a ello", ha señalado igualmente, aunque sin especificar cuándo tomará una decisión sobre esta medida.

Ha aprovechado para recordar que hay incluso diputados, como la socialista Margarita Robles, que han considerado poco idóneo abrir en este momento una comisión de investigación en el Parlamento cuando está en curso una investigación judicial sobre este asunto.

José Antonio Bermúdez de Castro ha negado que el PP haya optado por seguir el camino más largo para cumplir sus acuerdos con Ciudadanos. "No es la vía lenta, es la vía más prudente y más segura", ha sentenciado.

María Giménez (Podemos): "la Ley de Transparencia está para ser cumplida no observada"

CARTAGENA.- La diputada regional de Podemos ha mostrado su "disconformidad" con el acuerdo alcanzado por el Pleno del Consejo Regional de la Transparencia ya que "la imputación de Pedro Antonio Sánchez atenta frontalmente con la confianza que todo cargo público que debe a la ciudadanía".

María Giménez, vocal de Podemos en el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ha calificado de "decepcionante" el acuerdo al que se ha llegado, de no exigir al Presidente de la Región de Murcia que cumpla con el artículo 54.1 de la Ley de Transparencia regional y presente su dimisión tras ser llamado a declarar imputado por el caso Auditorio.

Giménez ha explicado que "veníamos a apoyar una propuesta de acuerdo del PSOE, que nos parecía muy acertada y coherente por el clima de crisis institucional que vivimos desde la imputación del presidente Pedro Antonio Sánchez".

Por lo que ha confesando no entender, el motivo por el cual durante el transcurso de la reunión, por parte de la mayoría de vocales miembros del Consejo que se ha tachado de politización del Consejo de la Transparencia, "cuando es evidente que el momento por el atraviesa la Región tiene un calado claramente político y de crisis institucional, del que desde luego un órgano como el Consejo de la Transparencia no puede vivir de espaldas, máxime cuando entra en contradicción con la propia Ley regional de Transparencia y Buen Gobierno".

En este sentido ha afirmado no sentirse satisfecha con el acuerdo al que se ha llegado entre los diferentes miembros, pero del mismo modo se ha apoyado el consenso en "la realización de un texto que sea la expresión de lo que este Consejo tiene que aportar ante la situación del presidente regional, en aras de esa negociación"

Finalmente la vocal de Podemos en el Consejo de la Transparencia, ha defendido la posición del Presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, cuando ha explicado que este órgano, en la actualidad sólo tiene la capacidad de prescribir lo que éticamente debe hacerse cuando alguien ostenta un cargo público en aras del buen gobierno y la transparencia, y que "aunque en la actualidad, no tenga competencias y sus acuerdos no sean vinculantes, situaciones como la de hoy ponen de manifiesto que es necesario dotar de competencias al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para que pueda cumplirse la Ley que le da sentido".

"Los principios de ética y buen gobierno consisten en cumplir la ley, pero también los compromisos con la ciudadanía", dice el PSRM

CARTAGENA.- La secretaria de Organización del PSRM y diputada regional, Presen López, ha afirmado que los principios de ética y buen gobierno no son solo lo que diga la ley, "sino lo que cada uno nos damos a nosotros mismos en la gestión pública que tenemos que hacer y en los compromisos que adquirimos con la ciudadanía, y ahí el PP tiene que responder mucho".

López ha hecho estas declaraciones tras el pleno del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, y ha asegurado que el PSRM entendía que era crucial que en un momento como este, con la situación política que vive la Región, este órgano se posicionara en las cuestiones que tienen que ver con la ética y el buen gobierno.

"Pretendíamos, única y exclusivamente, que se manifestara el Consejo de la Transparencia al completo sobre la necesidad del cumplimiento de esa ley y de que toda la Administración Pública atienda a los principios de la ética y del buen gobierno", ha explicado.

Para López, ha sido un debate intenso, pero también muy tenso, "porque se notaba mucho la presión por parte del Gobierno regional para que este asunto ni siquiera se tratara".

"Y ese ha sido el primer problema, que se ha planteado que este asunto se sacara del orden del día, algo que, como he explicado en el pleno, no podía ser, porque en un momento como este, el Consejo tenía que manifestarse a favor de una ley que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos", ha señalado.

"Básicamente era volver a manifestarnos en un momento crucial para la política y la estabilidad institucional de la Región de Murcia sobre algo que ya los cuatro grupos nos manifestamos y aprobamos por unanimidad", ha añadido.

La diputada socialista ha comentado que el texto que finamente ha salido no es el que planteaban los socialistas, "pero me alegro de que al final hayamos conseguido un consenso y sobre todo de que se haya reflejado la necesidad de atender a esos principios de ética y buen gobierno, no solo en el cumplimiento y la interpretación de la ley, sino también en la acción de gobierno".

El PSRM exige a Fomento que atienda de manera inmediata los derechos de los expropiados para el aeropuerto de Corvera

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, se ha hecho eco de la denuncia de los expropiados del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, situado en Corvera, pues quedan pendiente de satisfacer al menos 17 millones de euros a los afectados desde que se iniciaron los expedientes en el año 2010.

"Exigimos al consejero de Fomento que atienda de manera inmediata los derechos de los expropiados por la construcción del Aeropuerto de Corvera y sus accesos, dado el tiempo transcurrido y el evidente perjuicio generado a los afectados".

López Pagán detalló que según la información facilitada por la propia concesionaria Aeromur antes de ser resuelto el contrato, el expediente expropiatorio del Proyecto Básico Nuevo Aeropuerto de la Región de Murcia lo componían 176 fincas, de las cuales 163 correspondían a expropiaciones de pleno dominio y 13 indemnizaciones a arrendatarios o aparceros. La superficie expropiada rozaría en total los 3,5 millones de metros cuadrados, a lo que habría que añadir los 6.000 metros cuadrados ocupados para la construcción del colector de aguas residuales.

El viceportavoz socialista reprochó a la Consejería de Fomento no haber cumplido nunca con las expectativas para la apertura del Aeropuerto, "que se encuentra en situación de bloqueo y, además, se ha venido especulando con el valor de los terrenos de los afectados, retrasando con continuos recursos el pago de sus derechos".

El PSRM cree que la gestión de la Consejería en el Mar Menor no va en buena dirección

CARTAGENA.- El presidente de la Comisión Especial del Mar Menor, Antonio Guillamón, ha expresado su queja sobre el ritmo que lleva dicha esta Comisión, ya que considera muy escasa la frecuencia de las sesiones, "lo que ralentiza los trabajos para la búsqueda de una solución al problema".

Asimismo se quejó de la forma en que se están desarrollando los acontecimientos que afectan al Mar Menor. "Nos tememos que el Consejo de Gobierno haya guardado en un cajón la estrategia del Mar Menor, desarrollada por el catedrático Barragán".

Sobre el Plan de Gestión integral del Mar Menor indicó que no se sabe nada del mismo, a pesar de que ha estado en dos ocasiones en exposición pública. Guillamón reclamó una financiación apropiada para afrontar la situación del Mar Menor, como se hizo con el Plan Lorca, una petición que el PSOE considera que debería abordarse tanto en la Asamblea Regional como en el Congreso de los Diputados.

También mostró reticiencia ante las acciones que el Ejecutivo regional ha adoptado hasta el momento, como tanques de tormenta y dragados de costa, que en opinión del diputado suscitan muchas dudas. "Estamos expectantes ante lo que suceda esta primavera y podamos conocer el estado real del Mar Menor para ver qué es necesario hacer y si se está actuando en buena dirección".

Guillamón afirmó "que las cosas no van bien en el Mar Menor" y prueba de ello es "la decisión de la Unión Europea sobre la investigación del Mar Menor y en particular sobre el cumplimiento de las Directivas Marco del Agua y Hábitat, hechos por los que pedirá explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Segura y al Gobierno regional, sin descartar una visita al Mar Menor para comprobar in situ la situación, los inconvenientes e incumplimientos".

Para el presidente de la Comisión Especial del Mar Menor es precisa la ayuda e implicación de las instituciones europeas y españolas ante la envergadura de este problema.

Por otro lado, el portavoz socialista en la Comisión Especial del Mar Menor, Alfonso Martínez Baños, ha resaltado tras escuchar al profesor Esteve que ha sentido "vergüenza, indignación y rabia" y no entiende cómo hemos llegado hasta aquí. 

"El profesor dice que el Mar Menor lo hemos matado entre todos, pero alguien ha apretado el gatillo, y lo ha centrado en Cerdá, quien debería asumir sus responsabilidades por la mala gestión llevada a cabo".

Martínez Baños indicó que el profesor ha confirmado "todas las sospechas del PSOE, y lo que más nos preocupa es la afirmación de que el Gobierno regional está utilizando al Comité científico", aunque Esteve ha dejado muy claro que el portavoz del Comité científico no es el eje de la opinión de este órgano".

El diputado socialista agregó acerca de las soluciones que se están abordando por parte de la Consejería, que en su gran mayoría no han sido consultadas con el Comité científico y cree que no son la solución.

"Coincidimos con el profesor Esteve en sus planteamientos, sobre todo en que la visión de que todo va a estar resuelto de cara a la Semana Santa y el verano es una visión muy temeraria".

Por ello, pidió que la Consejería dé un giro en su acción política y tenga en cuenta al Comité científico y las medidas que se adopten para el Mar Menor sean las que proponga dicho órgano.

El SMS aprueba los baremos para la próxima oferta de empleo en todas las categorías

MURCIA.- La Mesa Sectorial de Sanidad aprobó en su última reunión los baremos para la próxima oferta pública de empleo del Servicio Murciano de Salud (SMS) en todas sus categorías. 

El director gerente del SMS, Francisco Agulló, explicó al término de la reunión, celebrada en la tarde de ayer, que "han quedado aprobados los baremos negociados en la mesa técnica de selección durante los dos últimos meses".

Asimismo, se trató la baremación de los candidatos inscritos en las bolsas de trabajo. Así, el SMS informó de que ya se ha iniciado este proceso, priorizándose el inicio por las categorías profesionales sanitarias responsables de la atención directa a los pacientes, es decir, facultativos, enfermeras y resto de sanitarios no facultativos.

El SMS informó también de las medidas de reorganización de las plantillas de los servicios de urgencia de atención primaria y se abordó el nuevo acuerdo de retribuciones, que se debatirá en una próxima reunión de la Mesa Sectorial antes de publicarse.

En relación a la carrera y el desarrollo profesional, las organizaciones sindicales, a través de la Mesa Sectorial, solicitaron que a la mayor brevedad se convoque la Mesa General para tratar dicho tema.

La reunión de la mesa sectorial de Sanidad se prolongó durante "cinco horas de debate intenso con aportaciones muy constructivas por parte de todas las organizaciones sindicales", indicó Agulló.

Los derechos de los trabajadores de Servicio de Aguas quedaran garantizados ante posibles incidencias en la concesion de Cartagena

CARTAGENA.- El alcalde de Cartagena, José López, y la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, han mantenido este mediodía, una reunión con representantes del comité de empresa del Servicio municipal de Aguas. La cita se ha desarrollado en el edificio administrativo de San Miguel y ha contado con la participación del director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás.

El encuentro, que ha sido valorado como satisfactorio, ha servido para que el Gobierno municipal haya reiterado a los trabajadores el respeto que siente hacia sus derechos y a los de todos los empleados de concesionarias municipales.

Así, el primer edil les ha argumentado que, debido a este respeto y consideración, las partidas relativas a trabajadores no han sido reducidas por los técnicos municipales al controlar y establecer los costes del servicio.

López ha transmitido a los integrantes del comité de empresa que la inquietud y dudas que la empresa concesionaria genera en los trabajadores no tienen como origen el ámbito municipal, sino que tienen su origen en la actitud obstruccionista de la mercantil y su interés en que otros agentes defiendan una gestión que genera sobrecostes en las tarifas de los vecinos.

Por último, el alcalde ha transmitido un mensaje de tranquilidad al comité de empresa al informarles de que, ante la posibilidad de que existiera alguna incidencia en el contrato con la concesionaria, los derechos laborales de la plantilla serán garantizados conforme marca la legislación y es voluntad del Gobierno municipal.

La empresa editora de 'La Verdad' informa a la CNMV de pérdidas en 2016 por un montante de 60 millones de euros

MADRID.- Vocento, la empresa editora del diario La Verdad, de Murcia, entre otras cabeceras regionales, registró en 2016 un resultado neto consolidado negativo de 60 millones debido al impacto de los cambios fiscales del Impuesto de Sociedades en diciembre, según el comunicado remitido  a la CNMV.

De hecho, si se excluye el efecto de estas modificaciones tributarias –que no tienen efecto de caja y son de carácter extraordinario– así como el beneficio de 21,7 millones por la venta de la sede de ABC, el beneficio neto comparable del grupo alcanzó una cifra positiva de 3,2 millones. Una cantidad en línea con la registrada en el ejercicio anterior.

Los resultados antes de impuestos del grupo alcanzaron los 34,8 millones, un 129,6% más que los 15,2 millones de 2015. La sociedad obtuvo unos ingresos de explotación de 448,8 millones, lo que supone un 4% menos que el ejercicio anterior. Sin embargo, la tendencia ha ido mejorando durante el ejercicio desde una caída de la facturación del 7% en el primer trimestre hasta un retroceso más moderado del 4,2% hasta septiembre.

El Ebitda alcanzó los 52 millones, lo que supone un incremento del 4,1%. En cuanto al resultado de explotación (Ebit) se situó en los 33,6 millones, un 11,4% superior a 2015. Asimismo, aunque los ingresos por publicidad descendieron un 2,2%, el comportamiento de Vocento ha sido mejor que el conjunto del mercado offline al registrar un descenso del 6,6% frente a la caída del 7,1% de la competencia. En el caso online el grupo mejoró sus ingresos un 12,4%. Se observa un notable incremento del peso digital en el perfil de ingresos en el trancurso de los años, que ha pasado del 13,2% al 31,1% en un lustro.

Menos deuda

El grupo redujo los costes un 5%. En concreto, disminuyó un 9,2% el gasto de aprovisionamiento y un 4,3% los costes de personal. La posición financiera neta se sitúa en los 66,4 millones, lo que supone una reducción de 42,4 millones respecto a 2015 gracias a la generación de caja ordinaria (21,4 millones) y al impacto de la venta del inmueble de ABC. Así, la ratio deuda financiera/Ebitda es de 1,3 veces, inferior a las 2,2 veces de 2015.

Los resultados por áreas de negocio muestran unos ingresos de explotación en Periódicos de 386,7 millones, lo que supone un descenso de 5,2%, pero el Ebitda asciende a 47 millones, lo que implica un crecimiento del 0,9%. En Audiovisual los ingresos de Vocento alcanzaron los 48,6 millones, un 2,7% superiores al año anterior. En Clasificados la facturación se elevó hasta los 17,8 millones, un 15,4% más.

La firma de hipotecas en la Región de Murcia aumenta un 8,4% en 2016

MURCIA.- Las hipotecas sobre viviendas constituidas en la Región de Murcia crecieron un 8,4 por ciento por ciento el pasado año, un incremento inferior a la media nacional, que lo hizo en un 14 por ciento, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Murcia fue la comunidad que registró el tercer menor aumento por comunidades en este sentido. El capital que se prestó en Murcia aumentó un 3 por ciento en comparación con el año anterior, hasta los 580,5 millones de euros, mientras que el capital prestado para la constitución de hipotecas sobre viviendas aumentó un 17,2 por ciento a nivel estatal.

Durante el pasado año se constituyeron en la Región 10.938 hipotecas, con un capital prestado de mil millones de euros, de las que 910 eran rústicas (168 millones de euros de capital) y el resto, 10.028, urbanas, con 832 millones de euros de capital prestado.

De las fincas urbanas, 7.520 eran de viviendas, 192 solares y 2.316 otras urbanas. De las 17.794 fincas canceladas, 1.281 eran rústicas, 10.778 de viviendas, 688 solares y 5.047 otras urbanas.

Datos de diciembre

En tasa mensual (diciembre sobre noviembre), las hipotecas sobre viviendas bajaron en Murcia un 26,7 por ciento, el mayor descenso por CCAA, y en comparación con el mismo mes del año anterior un -5,2 por ciento, con 506 viviendas hipotecadas.

Durante diciembre, se constituyeron en Murcia 716 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de estas últimas se incluyen las viviendas). Así, 63 fincas eran rústicas con un capital de 12,3 millones y 653 urbanas con un capital de 64 millones (506 viviendas, 12 solares y 135 otras urbanas).

Respecto a las cancelaciones, en diciembre se cancelaron registralmente un total de 1.090 hipotecas, de las que 717 correspondieron a hipotecas canceladas sobre viviendas, 66 sobre fincas rústicas, 273 a otras urbanas y 34 sobre solares.

Estibadores y patronal abren un diálogo formal, pero se mantiene la huelga

MADRID.- Los estibadores y la patronal han firmado la apertura de un proceso formal de negociación que se prolongará el tiempo que sea necesario, aunque los sindicatos mantienen la huelga, cuya desconvocatoria supeditan a la retirada del real decreto-ley de reforma de la estiba aprobado el viernes.

Tras calificar de "positiva" la reunión con la patronal celebrada este martes, el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, ha señalado que la huelga no tiene nada que ver con el proceso de negociación entre estibadores y empresas, por el que ambas partes intentan "buscar soluciones al descalabro que crea el real decreto-ley".

El decreto es "el verdadero causante" del preaviso de huelga y quien tiene que posibilitar que esa mesa de negociación sea más productiva y pueda alcanzar acuerdos que solucionen la situación es el Ministerio de Fomento, y agregó que "muy difícilmente" de lo que hablemos aquí se podrá llegar a una fórmula que permita la desconvcoatoria.

La única forma de que eso fuese posible es que haya una reflexión por parte del Gobierno, una retirada del decreto y la apertura de un proceso de negociación "de verdad", del que tanto la patronal como los sindicatos puedan ser partícipes, ha insistido.

El presidente de del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que actúa de mediador en el proceso, informará mañana a ambas partes del calendario de las futuras reuniones.

También el director gerente de Anesco, Pedro García, ha calificado de "muy positivo" el encuentro porque "vamos avanzando", aunque ha reconocido que se trata de una situación "compleja". 

Según García, las partes se han comprometido esta tarde a un proceso "continuado" de negociación, animado por tres principios básicos: compromiso con la continuidad en el empleo de los trabajadores portuarios y gestión en el futuro del excedente en el caso de que existiera, a través del acuerdo y los procedimientos legales previstos, así como los mecanismos de subrogación.

Además se buscará garantizar la competitividad de las empresas, negociar las medidas organizativas que las favorezcan y continuar el proceso de negociación "hasta dar respuesta a las nuevas necesidades que afectan al sector", según García. 

El mediador ha coincidido con ambas partes al explicar que la negociación que se abre va a ser "lenta, farragosa y pesada", pero ha dicho que estamos en un proceso "de gestión razonable de las cosas", en el que las partes se comprometen a "estar sentadas" hasta que se resuelva.

La Región recibe un 35% más de turistas extranjeros en enero

MURCIA.- La Región de Murcia recibió en enero un total de 10.694 turistas extranjeros más respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un crecimiento interanual del 35,1 por ciento, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras, Frontur, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La Región se sitúa así como la quinta comunidad con un mayor crecimiento del turismo internacional en relación a enero del año anterior, recibiendo a un total de 41.193 turistas extranjeros este mes.

De todos ellos, el 44,5 por ciento optaron por alojamiento reglado, 12,8 puntos porcentuales más que el año anterior, disminuyendo en la misma proporción los que optaron por el privado hasta representar un 55,5 por ciento. 

El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, ha recalcado la importancia de la internacionalización de cara a aumentar el flujo de visitantes durante los meses de temporada baja.

Así, de noviembre a enero, el turismo internacional creció en la Región un 45,3 por ciento, un aumento mucho más elevado que el registrado en el conjunto del país en ese periodo, que fue del 11 por ciento, y un dato que casi duplica el crecimiento medio del turismo extranjero en la Región durante el año 2016, que fue del 24,5 por ciento.

De forma paralela, el número de pasajeros internacionales llegados al aeropuerto de San Javier alcanzó sus mayores incrementos durante los meses de temporada baja: 99,4 por ciento en enero, 118,4 por ciento en diciembre y 91,6 por ciento en noviembre.

El titular de Turismo ha destacado que Reino Unido se mantiene como primer mercado emisor, con 15.338 turistas, "sin constatarse efecto alguno del Brexit en el sector hasta el momento e incluso incrementándose los turistas de esta procedencia un 11,4 por ciento en enero de 2017 respecto al mismo mes del año anterior".

No obstante, Fernández-Delgado ha resaltado que, "como consecuencia de las políticas de diversificación de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, otros mercados objetivo se consolidan y crecen aún más que el británico, generando un descenso de la tradicional dependencia regional del turismo de este país, cuya cuota se sitúa en su nivel histórico más bajo, un 37,2 por ciento, retrocediendo 7,9 puntos respecto a enero de 2016".

Mientras tanto, aumentan las cuotas de otros países como Bélgica, 10,5 puntos, lo que, según ha apuntado Fernández-Delgado, "responde a la puesta en marcha de nuevas líneas aéreas, así como la potenciación de productos específicos como las temporadas ('stages') de invierno de equipos de fútbol internacionales, la puesta en marcha de eventos deportivos y la comercialización de la Región como destino de actividades al aire libre y ecoturismo".

Francia fue el tercer mercado con 6.622 turistas y un peso del 16,1 por ciento. Alemania se situó como el cuarto mercado emisor con 3.207 turistas y una cuota del 7,8 por ciento.

El Ayuntamiento de Murcia cede 37 parcelas a particulares para convertirlas en huertos de ocio

MURCIA.- Un total de 37 personas se incorporaron al cultivo de parcelas con el sorteo que tuvo lugar este martes en el Ayuntamiento de Murcia. De estas, 24 corresponden a nuevos huertos y las 13 restantes quedaron libres al no renovar sus titulares la opción de continuar cultivando en ellas. 

En total, se presentaron a esta convocatoria 46 solicitudes, incluyendo las de tres asociaciones sin ánimo de lucro, con proyectos de integración social.

De las nuevas parcelas que forman parte del programa, 12 están situadas en Señorío de Sangonera La Verde con 884 m² de superficie, y otras 12 en la Avenida Enrique Tierno Galván, de El Puntal, con 1.208 m², según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Estas parcelas se suman a las 121 existentes, repartidas en 9 zonas distintas, como el Jardín del Lago (Ronda Sur); el Señorío de Sangonera (Sangonera La Verde); Santiago El Mayor; el Jardín de los Huertos de El Castellar (Churra); una parcela municipal en San Pío X; el Jardín Fadesa II de la avenida de los Reyes Católicos (Guadalupe); la Parcela de la calle Monteliso con calle Seque (Santo Ángel); la parcela en la avenida del Palmar con Ronda Sur (Aljucer); y la parcela en la calle Escuelas y Carril Meseguera (Beniaján).

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En diciembre pasado se publicó la convocatoria ordinaria de los huertos de ocio, donde los usuarios de las 121 parcelas existentes tenían opción de renovar por otros dos años.

Los adjudicatarios de 108 terrenos así lo hicieron, mientras que 13 las dejaron libres para el sorteo celebrado este martes para los nuevos huertos, para los que tienen preferencia las personas jubiladas, prejubiladas o desempleadas que residan en el barrio o pedanía donde está ubicado el huerto. También pueden optar a una parcela entidades ciudadanas sin ánimo de lucro con proyectos de inserción social.

Los huertos se destinan al cultivo de hortalizas en régimen de autoconsumo, sin ánimo de lucro, conjugando beneficios sociales, educativos, ambientales y patrimoniales, puesto que en ellos se fomenta la conservación de variedades locales en peligro de extinción, el mantenimiento de un agroecosistema de interés como es la Huerta Antigua de Murcia y el aprovechamiento educativo, formativo y de divulgación.

Una de las principales ventajas de este programa, explicó el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, radica precisamente en la posibilidad de ''conjugar los beneficios sociales de este tipo de huertos con los ambientales y patrimoniales que representa la conservación de variedades locales en peligro de extinción y el mantenimiento de la Huerta".

La red de huertos de ocio se reserva para el cultivo de hortalizas en régimen de autoconsumo, con sistemas de producción tradicional y ecológica, exenta de la manipulación de productos fitosanitarios peligrosos y como garantía de respeto a la salud y al medio ambiente. La opción de cultivo es libre, pero se prioriza el uso de variedades tradicionales de la Huerta de Murcia.

La Defensora del Pueblo detecta problemas «de hacinamiento e infraestructuras» en el CIE de Sangonera

MADRID.- La Defensora del Pueblo ha dectactado la existencia de deficiencias en las infraestructuras y una situación de hacinamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde. Así lo señala en su informe anual correspondiente a 2016 y entregado este martes al Congreso de los Diputados.

Hay que recordar que el centro ubicado en la pedanía murciana registró en el último trimestre del año pasado varios motines.

La oficina de la institución, dirigida por Soledad Becerril, señala así en el documento que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los CIE y emitida en forma de sentencia hace casi 30 años "no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias" en esta materia y pide por ello "una revisión profunda" del modelo.

Este trabajo que insiste en que "la preocupación de esta institución por la situación de los centros de internamiento de extranjeros ha sido constante desde su creación", en 1985, cuando el Defensor del Pueblo interpuso un recursos de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Extranjería que los regulaban.

Conforme recuerda, el Alto Tribunal estableció que la medida de internamiento ha de ser dictada por resolución judicial motivada con posibilidad de recurso para evitar que resulte arbitraria.

Estableció que esa medida tiene además un carácter "excepcional" de modo que "no es la sustanciación del expediente de expulsión, sino las propias circunstancias del caso, por razones de seguridad, orden público, etc., las que han de justificar el mantenimiento de esa pérdida de libertad, siendo el juez, guardián natural de la libertad individual, el que debe controlar esas razones".

Además, señaló que el hecho de que los CIE fuesen definidos como centros de carácter no penitenciario, constituía "una garantía adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio de los centros penitenciarios".

"Transcurridos casi treinta años desde dicho pronunciamiento, la doctrina del tribunal no ha sido aplicada en toda su extensión por parte de los distintos organismos con competencias en el internamiento de extranjeros. Por eso, desde 1987, el principal empeño del Defensor del Pueblo en esta materia ha sido el de comprobar la efectividad del control judicial y recordar a la Administración que estos centros no tienen carácter penitenciario", dice ahora el informe del Defensor.

Afirma que "la argumentación contenida en el citado recurso, así como la sentencia del Tribunal Constitucional que lo resolvió, continúan de absoluta actualidad", porque "resulta imprescindible realizar una revisión profunda de la configuración de los centros y del modelo de gestión policial existente".

El informe refiere visitas a los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, así como problemas detectados en Las Palmas y Algeciras y acusa la falta de implantación de un mecanismo de derivación sanitario para todos los supuestos de traslados de residentes de los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI). Expresa su "preocupación" por el hecho de que este protocolo acumula una demora "superior ya a tres años".

Respecto del CIE de Valencia, indica además "dificultades para prestar la asistencia letrada a los internos", pues a los letrados no se les da copia de las resoluciones.

En Algeciras y en su anexo en Tarifa también se señalan déficits en la asistencia sanitaria y en Las Palmas carecen "de ropa interior y útiles necesarios de higiene para las mujeres ingresadas" en el CIE de Barranco Seco, donde también hay carencias de intérprete.

Denuncia asimismo otros dos asuntos, como la presencia reiterada de menores de edad en los CIE porque han sido tomados por adultos y entre ellos, niñas potenciales víctimas de trata. Refiere por ejemplo el caso de un chico argelino que pasó un mes en el CIE de Valencia pese a haber conseguido documentación original acreditativa de su edad, hasta que el Consulado de Argelia emitió un informe validándola.

En el mismo CIE, los técnicos del Defensor del Pueblo recogieron denuncias de presuntos menores de edad sobre "irregularidades en los procedimientos de determinación de la edad a los que habían sido sometidos". "Se comprobó la repetición de pruebas radiológicas en hospitales valencianos y la ausencia en los informes emitidos de los requisitos mínimos necesarios para este tipo de pericias médicas", dice el informe.

"Durante 2016 se han iniciado numerosas actuaciones por procedimientos de determinación de la edad incoados a ciudadanos extranjeros al acceder a las costas españolas por puestos no habilitados, tanto en lo referido a la ausencia o a la demora en dictar los oportunos decretos, como a las irregularidades detectadas en las pruebas radiológicas realizadas a los interesados y su reiteración. A estos efectos, se dio traslado a la Fiscalía General del Estado de las prácticas detectadas en Valencia, Cádiz, Málaga y Almería", añade el informe sobre este asunto.

Precisamente, el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones de oficio con las entidades de protección de menores de las distintas comunidades autónomas, así como con las diputaciones forales vascas, Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, para conocer la situación de los menores extranjeros no acompañados en todo el territorio nacional, que deben ser tutelados y documentados, y elevar propuestas de mejora.

En cuanto a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, el informe es crítico. Dice que la Administración sostiene que estas instalaciones son recursos "similares" a los centros de acogida de refugiados (CAR) y que la asistencia que se presta "es la misma", pero no es así.

"Los residentes de los CAR y los que están acogidos en dispositivos gestionados por las organizaciones no gubernamentales

reciben una atención especializada, tienen más posibilidades de encontrar trabajo al estar en la península y los grupos familiares permanecen juntos, al contrario que en los CETI, en los que las madres con hijos están en un lado y los padres en otro", dice el Defensor del Pueblo.

A su juicio, la situación de los CETI "no permite que puedan ser considerados como recurso adecuado para alojar y atender a los solicitantes de asilo", que son la población mayoritaria desde al menos 2015, cuando se incrementó la llegada de refugiados, y lama la atención sobre "la falta de asistencia especializada" para este colectivo y, en particular, para los especialmente vulnerables.

Además, recuerda que la autoridades policiales "mantienen la restricción en la libertad de circulación de los solicitantes de asilo cuya petición ha sido admitida a trámite por lo que no pueden salir de las ciudades autónomas, salvo que se autorice su traslado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras", aunque su tarjeta de residencia les autoriza a vivir en cualquier punto del territorio nacional.

Un grupo de investigadores de la UPCT presenta nuevos sistemas para identificar tumores

CARTAGENA.- Un grupo de investigadores de la UPCT presentó este martes nuevos sistemas para mejorar la identificación de tumores o la alimentación de pacientes que reciben quimioterapia. Una veintena de representantes de la universidad expuso estos proyectos a diferentes responsables del Hospital Santa Lucía para que estudien su posible aplicación en la atención sanitaria.

El objetivo no es nada descartable que se aplique en el campo de la medicina, pues actualmente hay dos grupos de la UPCT que colaboran activamente con el hospital, sobre todo con enfermos de Párkinson, la elaboración de análisis genéticos y moleculares y la digitalización en tres dimensiones, entre otras tareas. Además, ofrecen un servicio de Otorrinolaringología.

Las novedades presentadas este martes por los investigadores guardan relación con los tratamientos a seguir en distintos tipos de cáncer. Así, expusieron un estudio sobre la absorción de fármacos por parte de tejidos cancerosos y un sistema de información de imágenes para identificación de tumores.

El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura exige por mayoría absoluta la dimisión de PAS y Martínez Cachá

MOLINA DE SEGURA.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó por mayoría absoluta una moción de Cambiemos-Podemos para exigir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez ante su imputación en el “caso Auditorio”, según publica La Verdad en su edición digital. 

La votación, realizada punto a punto a petición de un concejal no adscrito, contó con el visto bueno de 16 de los 25 concejales de la corporación, correspondientes a los votos de Cambiemos Molina, Ganar Molina, PSOE, los cinco concejales no adscritos y del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Rodríguez, para los tres primeros acuerdos.

Estos se refieren a la petición de dimisión de Pedro Antonio Sánchez  y Adela Martínez Cachá, ambos imputados en casos de corrupción, y a la instancia  a la Asamblea Regional para que retire la figura del aforado.

El último punto de la moción, en el que se pide a los grupos parlamentarios que presenten una moción de censura contra el presidente si este se niega a dimitir, también fue aprobado por mayoría absoluta, si bien en este caso contó con trece votos a favor de los ediles de Cambiemos Molina, Ganar Molina, PSOE y dos no adscritos.

Los otros ocho concejales del PP votaron en contra de la iniciativa. Su portavoz, Sonia Carrillo, dijo que “condenar a alguien por simples sospechas es una auténtica temeridad”. También defendió que el presidente de la Comunidad Autónoma irá declarar y “se aclarará todo”.

Tanto al alcaldesa, Esther Clavero, como el portavoz de Cambiemos Molina, Fernando Miñana, señalaron que Carrillo tenía un “papelón” por delante al tener que defender a un político que está “imputado por un juez por cuatro delitos lo suficientemente graves y no me creo que por defender un sueldo se pueda defender eso”, indicó la regidora socialista.

Comienzan las deserciones en las filas de avalistas de PAS

MOLINA DE SEGURA.- El concejal del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura, Miguel Ángel Rodríguez Torres, rompió la disciplina de voto de su partido en el pleno municipal y apoyó una moción que presentó el grupo Cambiemos Molina en la que pedía la dimisión del presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, avanza La Verdad. 

El edil popular, que portaba una pegatina en la que se leía “ejemplaridad en la vida pública”, también envió un burofax electrónico al presidente del Comité Organizador del XVI Congreso del Partido Popular en la Región de Murcia, Joaquín Buendía, para exigir que se anule su aval a Sánchez por “retirada de confianza” y, además, pide el aplazamiento del referido congreso, como él mismo publicó en su cuenta de Twitter. 
Hace una semana Rodríguez ya recalcó la necesidad de cumplir con "lo exigido por las leyes", en referencia al artículo 54 de la Ley de Transparencia de la Región, que establece que los cargos públicos deben dimitir si son imputados -ahora investigados- por algún presunto delito de corrupción. Rodríguez reclamó al presidente "ejemplaridad" y "coherencia".
“Los afectos personales deben dejar paso a la acción política, a la coherencia, a satisfacer lo exigido por las leyes y a la ejemplaridad”, subrayó en su cuenta de Twitter. Del mismo modo, en otro mensaje en esta red social, el concejal indicó que existe el "derecho a declarar, derecho a defenderse y deber de ejemplaridad".

El portavoz de Cambiemos Molina y proponente de la moción, Fernando Miñana dijo, tanto en el Pleno como luego en redes sociales, que el concejal del PP Miguel Ángel Rodríguez, “demuestra valentía y coherencia”. Luego añadió que “no diré nada más porque, desgraciadamente, cualquier cosa buena que digamos desde esta bancada le va a perjudicar”.

Ciudadanos avisa a Pedro Antonio Sánchez: imputado e investigado es lo mismo

CARTAGENA.-El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha vuelto a insistir en que el presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, "tiene que dimitir". De ahí que en el encuentro que mantendrán este jueves, en un lugar aún por determinar, "le pondremos encima de la mesa la solución, que pasa porque se aparte".

La solución, ha avisado, "pasa porque se vaya, se quite, sea generoso y mire a los ojos de los murcianos, pero está incumplimiento lo prometido, está empezando a ser un presidente sin palabra y del que no nos podemos empezar a fiar".
Sánchez, que ha hecho estas declaraciones tras la reunión del Pleno del Consejo de la Transparencia, ha insistido en que "no hay matices ningunos; los matices hay los que se quieran buscar de manera retorcida y malintencionada".
Y es que, ha afirmado, "realmente está firmado y comprometido y debe dimitir, ya que lo ha firmado, lo ha dicho de palabra y lo dice la Ley de Transparencia".
El PP, ha criticado, "está intentando confundir a los ciudadanos de que imputado e investigado no es lo mismo y simplemente hay un cambio semántico, ya que imputado tenía connotaciones peyorativas".
Por esta razón, le ha vuelto a transmitir al presidente que "sea responsable y ponga por encima los intereses de los murcianos y busque un sustituto".
"Es lo que quiero ver de la persona que investimos con el compromiso de que si finalmente fuera investigado se iría", ha recordado Miguel Sánchez, quien ha expresado su deseo de ver a un presidente "de altitud de miras, una persona de la que nos podamos fiar".
Ciudadanos espera, confía y desea que después de la reunión se alcance una solución para la "crisis institucional que ha tenido esta Comunidad más grande de los últimos 30 años".
En el caso de que el presidente no dimita, Ciudadanos, que opta por esperar al jueves, ha señalado que hay varias vías, de forma que si el plan A no resulta explorarán otras situaciones.
Para concluir, ha recordado que el PP "fue el partido que ganó las elecciones y debe seguir gobernando, pero con otro candidato". 

"El presidente firmó un documento en el que se decía que si resultara imputado dimitiría", ha concluido.

Se convoca una asamblea para impulsar una reforma urgente de la Ley de Transparencia

MURCIA.- Por parte del Pacto por la Transparencia en la Región de Murcia  se convoca a todos los firmantes del Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno en la Región de Murcia, y a todos los ciudadanos que tengan interés en mejorar la calidad de las instituciones públicas en nuestra Región, a una asamblea abierta para impulsar una reforma urgente y profunda de la Ley regional de transparencia y participación ciudadana el próximo viernes 3 de marzo a las 19:00 horas en el Hemiciclo de de la Facultad de Letras del campus de La Merced de la Universidad de Murcia.

En el siguiente enlace se da una explicación de los motivos de esta asamblea abierta,  así como el acceso a documentos de interés para ampliar sus contenidos: 

Por una reforma urgente y profunda de la Ley Regional de Transparencia
http://www.pactotransparencia.org/?p=585