viernes, 17 de marzo de 2017

Fomento confía en un acuerdo el martes que permita un nuevo decreto sobre la estiba

MADRID.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en que los sindicatos de estibadores y la patronal del sector lleguen a un acuerdo el próximo martes en torno a la última propuesta presentada por el Gobierno, lo que permitiría aprobar un nuevo real decreto ley de reforma de la estiba.

De la Serna ha señalado hoy, en una entrevista en Onda Cero, que la propuesta del Ejecutivo es "generosa", "no tiene precedentes en la historia reciente" y ofrece a los estibadores "condiciones francamente garantistas para el mantenimiento del empleo".
El titular de Fomento ha recalcado que, en su opinión, si se llega a un acuerdo entre las partes, no debería haber problemas para tramitar un nuevo real decreto ley, aunque ha dejado claro que su contenido no será muy distinto porque la capacidad del Gobierno para cambiarlo "es muy limitada".
"No podemos modificar el real decreto ley como nos venga en gana, no tenemos la capacidad de introducir en la ley cuestiones que incluso nos puedan parecer razonables. La Comisión Europea (CE) establece las limitaciones y debe dar el visto bueno al real decreto ley. Si no, no desistirá de la multa y caerá la segunda sentencia", ha explicado.
Sobre la presencia del Gobierno en la reunión del martes, De la Serna ha explicado que los ministerios de Fomento y Empleo tienen que decidir aún "quienes deben estar para tratar los aspectos técnicos", una vez que el propio ministro presentó la propuesta el pasado jueves.
En la vía política, De la Serna mantendrá contactos "personalmente" con el resto de los grupo parlamentarios. El ministro ha reiterado que el Gobierno "ha ejercido su responsabilidad" con la reforma de la estiba porque deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) y porque, en caso de incumplimiento, la multa será más elevada. De la Serna ha avisado de que "está a punto de salir la segunda sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE, que elevará la multa hasta 134.000 euros al día.

CSSP exige a MC y PSOE que se opongan al derribo parcial de la cárcel cartagenera de San Antón


CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (Podemos) exigió, a través de un comunicado, que Movimiento Ciudadano (MC) y PSOE, socios en el Gobierno municipal, se opongan al derribo de forma parcial del interior de la antigua cárcel de San Antón, para abrir un parking, como ha solicitado la empresa propietaria.

En Podemos recordaron que en el Pleno de febrero de este año se aprobó una moción, con los votos favorables de los concejales de MC y PSOE, en la que se recogía el compromiso expreso del Ayuntamiento para inventariar y catalogar la cárcel; para modificar el Plan General Urbano para declarar el edificio Bien de Interés Cultural (BIC); y que no se autorizara ninguna licencia de derribo.
Los planes de la sociedad del Hospital Perpetuo Socorro, que pagó en una subasta unos 560.000 euros a una empresa del Ministerio del Interior, pasan por conservar los muros exteriores, las torres y la puerta y oficina principales.
«Tanto PSOE como MC han olvidado lo que votaron hace un mes atrás, ya que no comunican a los grupos políticos los pasos que se van dando, ni han dejado claro ante la opinión pública, la Comunidad y el reciente propietario del inmueble que por parte del Gobierno no están dispuestos a permitir el derribo de un edificio emblemático de la ciudad», explicó la portavoz de Podemos, Pilar Marcos. La edil exigió que se respeten los acuerdos de Pleno y que no se deje pasar la oportunidad de cumplir con los programas electorales.

El TSJ tumba otro plan parcial en El Esparragal por defectos en la Memoria Ambiental

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha anulado un plan parcial que fue aprobado por el Ayuntamiento de Murcia en noviembre de 2011 porque no introdujo en la Memoria Ambiental las modificaciones que habían sido fijadas por la Dirección General de Medio Ambiente.

La sentencia estima así en parte el recurso que presentó el Banco Gallego, entidad que, como consecuencia de la declaración de nulidad, no estará obligada a someterse a la ejecución por parte del Consistorio de los avales que prestó en su día a favor de una de las empresas promotoras del plan, Fadesa.
El TSJ, que hace un pormenorizado recorrido por las múltiples vicisitudes por las que atravesó este plan parcial desde la aprobación del convenio urbanístico en febrero de 2006, señala que el mismo suponía el compromiso de entregar a las arcas municipales ochenta millones de euros por parte de las empresas que lo promovían.
Esas empresas eran, además de Fadesa, que aportaba casi el 19 por ciento de los terrenos, ubicados en la pedanía murciana de El Esparragal, Castillo Larache, Ideas y Desarrollos Urbanos, Mediterráneo Hispagroup y Tricenter Albamur, además de un particular.
El texto del acuerdo a suscribir entre el Ayuntamiento y los promotores señalaba que con el mismo se trataba de promover la transformación urbanística y la delimitación de un sector de planeamiento parcial en suelo urbanizable con calificación dotacional-residencial.
También se incluía la delimitación de un plan especial que permitiera la sustitución del enclave económico-productivo por el uso residencial.
Al estimar en parte el recurso que presentó el letrado Jorge Pérez Maldonado en nombre del Banco Gallego, la Sala declara la nulidad de la aprobación del plan parcial.
Dice al respecto que "el Ayuntamiento de Murcia aprobó de forma definitiva el plan sin tomar en consideración, tal y como le exigía, la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente relativa a la Memoria Ambiental".
Y añade que el Consistorio estaba advertido de que era preciso redactar una Memoria Medioambiental que introdujera determinadas modificaciones, lo que no se tuvo en cuenta.
"Se optó por la aprobación definitiva -concluye la Sala- sin que, previamente se hubieran recogido aquellas modificaciones introducidas en la Memoria Ambiental por el órgano competente, lo que determina su nulidad de pleno derecho".

Se prepara un recurso de casación

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia están preparando el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que ha anulado un plan parcial que fue aprobado por el ayuntamiento porque no introdujo en la Memoria Ambiental las modificaciones que habían sido fijadas por la dirección general de Medio Ambiente.
Los servicios municipales entienden que se trata de la incorporación de un informe que se entiende que forma parte y está recogido en el documento final del plan parcial.
El texto Refundido del Plan Parcial que fue objeto de aprobación definitiva por el Pleno en noviembre de 2011 incorporaba, según los servicios técnicos municipales, todos los aspectos ambientales que se tuvieron en consideración durante el proceso ambiental y que la memoria de la Dirección General de Medio Ambiente de 17 de noviembre recogía.

Investigan al exdirector comercial de una empresa de Santomera por vulnerar la cláusula de confidencialidad


MURCIA.- Un juzgado de Instrucción de Murcia ha admitido la querella que la empresa Atosa, con sede en Santomera, y su representante legal presentaron contra el que fue su director comercial y consejero, V.P.C., por un presunto delito de descubrimiento de secretos empresariales.

La querella fue presentada por el bufete de abogados murcianos Pardo Geijo, y la misma contiene más de sesenta correos electrónicos que el querellado envió a personas ajenas a la empresa querellante.
Para esta, su actuación supuso una vulneración del compromiso de confidencialidad que firmó en noviembre de 2005, por el cual tenía prohibido incurrir en las conductas que se recogen en la denuncia.
Por ese compromiso, debía respetar el secreto profesional, de manera que tenía vedado desvelar información de la empresa a terceros.
La querella fue acompañada de numerosas sentencias del Tribunal Supremo y de distintas audiencias provinciales que refuerzan las consideraciones recogidas en la misma sobre la comisión de esta figura delictiva y lo que debe entenderse por protección de datos y descubrimiento de secretos empresariales.
Dicen los letrados que "es obvio que los hechos narrados en este escrito de querella afloran demoledores a la hora de dar apariencia inicial a la vulneración del bien jurídico protegido por el tipo penal del delito objeto de imputación".
Y añaden que "basta con la revelación a terceros de información confidencial para consumar el delito, no siendo preciso que se llegue, efectivamente, a producir un perjuicio a la mercantil o beneficiar al tercero receptor".

El Frob renuncia a recuperar las ayudas de Bankia y BMN


MADRID.- El Frob ha renunciado al objetivo de recuperar todas las ayudas públicas concedidas a Bankia y BMN, que ascienden a 24.100 millones de euros, una vez ambas entidades se fusionen. Fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Economía reconocieron este jueves a El Economista que lo único a lo que se pueden comprometer es a conseguir el máximo dinero posible y que la integración de las dos nacionalizadas sirva para generar valor, después de haber rechazado la oferta de 1.061 millones de euros.

El fondo de rescate, que controla el 65% del capital de sendos grupos financieros, confía en volver a colocar paquetes de Bankia después de que se haya completado la absorción y haber salido del capital antes de finales de 2019, plazo máximo que fija la ley. 
Tras las subidas de los últimos días, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri tiene un valor de mercado de 12.150 millones, por lo que el Frob conseguiría apenas 7.900 millones por su participación. Un importe que crecerá, previsiblemente, con la fusión de BMN, cuya aportación máxima, según el asesor independiente contratado por el Frob, será de unos 1.090 millones, incluyendo los 401 millones de sinergias.
En los próximos meses los consejos de Bankia y BMN determinarán la ecuación de canje con la que se materializará la operación. Desde el Frob señalan, eso sí, que estarán atentos a que la propuesta sea razonable, es decir, que no sea muy baja. Pero no descartan que Bankia pueda valorar BMN por debajo de la oferta realizada por el único postor que ha tenido el proceso competitivo por el grupo que lidera la antigua Caja Murcia.
Por otra parte, el Frob ha enviado a la Fiscalía nueve operaciones sospechosas de delitos realizadas por Caja Duero y Caja España, además de una de Sa Nostra -perteneciente a BMN-.
Según el organismo público, los perjuicios económicos de las transacciones de las dos entidades castellano y leonesas ascienden a 120 millones de euros y se refieren, principalmente, a créditos refinanciados para la adquisición de inmuebles por parte de algunas compañías. La de Sa Nostra también procede de una financiación. Todas las operaciones irregulares son de 2010 o de ejercicios anteriores.

Piden diez años de inhabilitación a la exalcaldesa socialista de Lorquí por presunta prevaricación

MURCIA.-El fiscal ha pedido diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Resurrección García, que fue alcaldesa socialista de Lorquí entre los años 1995 y 2007 y que está acusada de un presunto delito de prevaricación administrativa por rebajar 27 multas urbanísticas más allá de lo permitido.

Señala el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales que con esa rebaja desproporcionada la acusada causó un perjuicio a la hacienda local que superó los 57.000 euros, cantidad que reclama que se le condene a pagar como indemnización.
Asegura el ministerio fiscal que en esos expediente incoados por infracciones urbanísticas acordó rebajar la multa en una cuantía superior al 50 por ciento que permite la ley en el caso de que los infractores reconozcan su responsabilidad.
Y añade que esas decisiones fueron, además, "injustas y discriminatorias", ya que en otras resoluciones "aplicó escrupulosamente la reducción legalmente prevista del 50 por ciento del importe de la sanción propuesta".
Resurrección García ha sido convocada por el tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia para el 24 de marzo próximo por si reconoce los hechos y se conforma con la pena que puedan pactar el fiscal del caso y su defensa, lo que evitaría la celebración del juicio.

Aprueban definitivamente el filtro verde en la rambla del Albujón

MURCIA.-La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha aprobado de forma definitiva el proyecto de construcción del filtro verde en el entorno de la desembocadura de la rambla del Albujón en el Mar Menor.

La resolución, que aparece publicada hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) de hoy, señala que esa aprobación ha sido hecha tras tener en cuenta las sugerencias presentadas durante el plazo de exposición pública del proyecto.
Y añade que para evitar filtraciones entre el filtro verde y el terrenos se procederá a compactar cada una de las capas correspondientes y a la colocación de una lámina de impermeabilización de polietileno de alta densidad.
El acuerdo recoge también que se han incluido la contestación a la consulta realizada a la dirección general de Calidad y Evolución Ambiental, en la que se indica que las actuaciones proyectadas no suponen afección negativa a la Red Natura 2000.

El juez Velasco, el de la 'trama Púnica', rechaza el puesto ofrecido por el Gobierno en la UE

MADRID.- El juez Eloy Velasco, el de la 'trama Púnica', ha rechazado el puesto ofrecido por el Gobierno de Rajoy como coordinador de la Unión Europea durante cuatro años de la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Este juez tiene solicitada al TSJRM la imputación del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por varios presuntos delitos en relación con dicha trama de supuesta financiación ilegal del PP . Por contra es uno de los tres candidatos a la sala de apelación que se va a crear en la Audiencia Nacional como segunda instancia.

Su candidatura contaba ya con todas las bendiciones del CGPJ y era con dedicación exclusiva, por lo que el juez ha argumentado que perdía dinero al compatibilizar actualmente su función de juez con actividades privadas de tipo docente en centros de enseñanza superior de Madrid, todas autorizadas convenientemente por el CGPJ.
Como titular del juzgado central nº 6 de la Audiencia Nacional Velasco percibe 80.000 euros brutos anuales más otros 50.000 como profesor y conferenciante mientras en el puesto ofrecido no pasaría de los 100.000 euros.
Sin embargo, Eloy Velasco es uno de los tres candidatos a integrar la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional que se va a crear de forma inminente. Actualmente y como titular del juzgado central nº 6 únicamente tiene competencias para instruir sumarios pero no para dictar sentencias. Y este nuevo destino sería un primer paso para poder optar más adelante a ocupar plaza de magistrado en el Tribunal Supremo.

Los trabajadores de 'Navantia' impiden entrar a los directivos en el astillero de San Fernando


SAN FERNANDO.- Ante la falta de carga de trabajo, la ausencia de respuestas y el recibimiento en las sedes de Madrid (con controles policiales e impedimentos para registrar documentos y exponer sus quejas), los trabajadores de Navantia han decidido ayer impedir a directores y directivos entrar en la factoría isleña, según publica La Voz Digital.


El comité de empresa de la factoría de Navantia en San Fernando cada vez está más preocupado ante la falta de trabajo. A las seis y cuarto de la mañana se apostaron en la puerta y, sin cortar el tráfico, a toda persona con cargo de responsabilidad no le dejaron pasar, teniendo que dar la vuelta.
Después tomaban el relevo los técnicos superiores que se han sumado a las protestas pidiendo la regulación de las condiciones laborales. En este sentido sí han cortado el acceso a la factoría.
El nivel de crispación y nerviosismo sube cuando se está a pocas semanas de la botadura del último Buque de Acción Marítima (BAM) realizado en Navantia San Fernando. Será el día 30 de marzo y ahora la cuestión está en saber si para entonces habrá un diálogo fluido o por el contrario la situación se complica y las protestas continúan en un día tan señalado.
La protesta tiene su origen en la falta de carga de trabajo. La plantilla ha denunciado que el contrato de las corbetas aún no se ha firmado y, por tanto, la obra de los cinco buques permanece en el aire. Además, el colectivo está indignado con la Dirección General de Navantia
El pasado martes, el comité Intercentros realizó una concentración ante las puertas de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a la que pertenece Navantia) para reclamar el convenio colectivo y sobre todo un plan urgente para rejuvenecer a la plantilla.
Ningún miembro de la SEPI ni de Navantia mantuvieron contacto con los manifestantes. El comité de empresa considera que ya se ha llenado el vaso de la paciencia y han decido pasar a la acción.
 «Con una plantilla insuficiente y envejecida, con el incumplimiento del convenio colectivo, el opaco proceso de contrataciones y las cobertura de vacantes y frente al nulo diálogo social de la compañía, el comité de Navantia ha decidido impedir la entrada de los directores y jefes de producción a partir del día de hoy» 

La recuperación inmobiliaria de Alicante, a dos velocidades


ALICANTE.- La recuperación del sector inmobiliario en la provincia de Alicante va por zonas. Una cosa es el litoral, donde la actividad ha renacido, no con las magnitudes de la época del boom, pero se ha reactivado en definitiva; y otra cosa muy distinta es el interior, en el que el encefalograma plano parece irreversible. Apenas hay negocio en los municipios alejados de la costa. La demanda se ha volcado en las poblaciones costeras en busca de primeras residencias y casas para las vacaciones; el interior sigue pasando su particular invierno inmobiliario, según publica 'El Mundo'.

Hay un ladrillo de dos velocidades en Alicante: el de la costa, con nuevos proyectos y perspectivas de mejora, y el de interior, que casi ha desaparecido.
La Vega Baja, con Orihuela y Torrevieja, Alicante ciudad y algunos puntos de las Marinas, son la cara de este mercado dual; el Vinalopó y las comarcas de interior, como, Elda, Alcoy, Ibi, Villena, etc, son la cruz. Ver aquí una grúa trabajando en una promoción de viviendas es casi un milagro. La inversión en esta parte de la provincia es meramente testimonial. La costa concentra el grueso del dinero que quiere invertir en promociones.
Lo dicen los últimos datos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. La provincia cerró 2016 con visados para 4.829 viviendas nuevas, lo que supone un 19% más que en 2015. Se trata del mejor registro de los últimos ocho años. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un dato más alto de viviendas nuevas visadas en Alicante. Ese año se registraron 8.103; fue el inicio de la crisis económica en general, y la del sector inmobiliario en particular.
No en vano, un año antes, en 2007, en Alicante se concedieron visados para la construcción de 31.655 casas. La media de inmuebles de nueva edificación visados en el periodo 2000-2007 fue de 44.740 anuales, un nivel impensable en estos momentos e irrepetible dadas las condiciones actuales del mercado.
En este contexto, la Vega Baja capitaliza un año más el resurgimiento de la promoción inmobiliaria provincial. Orihuela es el centro neurálgico de la construcción de casas nuevas, con 909 en 2016; le sigue Torrevieja, con otras 585; también en la comarca sureña destacan Pilar de la Horadada (388), Rojales (184), Guardamar (168), y Algorfa-Benejúzar (163). La mitad de todas las viviendas nuevas que se iniciaron el año pasado en Alicante se localizan en la Vega Baja.

Los números

La comarca se ha llevado unos 140 millones de euros de los 358 invertidos en la provincia según los distintos presupuestos de ejecución material registrados por el Colegio de Aparejadores en 2016. La respuesta de la demanda de vivienda vacacional,sobre todo extranjera, explica que la Vega, especializada en este segmento de mercado en los últimos años, se haya convertido en la locomotora del sector. Y a esta clientela, según fuentes empresariales, no le interesa por lo general el interior de la provincia.
Alicante (con una demanda también de segunda residencia y primera vivienda) y las Marinas (otro mercado tradicional del público foráneo) son las otras grandes plazas de la construcción de viviendas. La capital de la provincia por fin ha remontado el vuelo, y se apunta unas 500 casas nuevas, mientras que poblaciones como Benidorm suman 323, Calp (128), y Xàbia (259); Finestrat, La Vila y Dénia también arañan poco a poco posiciones aunque lejos de las marcas de la Vega Baja.
Por su parte, en Elche se dieron permisos para 178 viviendas nuevas. Y en el interior, poco o casi nada. Alcoy, con cuatro viviendas, es el principal ejemplo de la depresión inmobiliaria en el interior de la provincia. En esta tendencia también figuran Elda(6), Petrel (6), Villena (3), San Vicente (15), Ibi (2), Novelda (9), o Crevillente, siempre según 'El Mundo'.

A Dios rogando y con el decreto dando / Adrián Ángel Viudes *

Decíamos ayer, en un artículo publicado en las páginas de nuestro diario de las libertades: "La responsabilidad de adecuar el sector a la normativa comunitaria es de usted, no intente trasladarla a los empresarios".

Nos referíamos, naturalmente, a don Íñigo Joaquín de la Serna, al ministro de la cosa. No nos hizo ni caso. Es más, de tapadillo, sin que estuvieran presentes los decididores, se presenta en la sala para, cual rey mago con la alforja llena de presentes, eso sí, costeados con nuestros dineros, intentar salvar lo insalvable: la aprobación de su chapucero Real Decreto, justificado por el éxito del acuerdo.

Pregunto señor ministro: ¿quién le aconseja en esta errada estrategia? ¿Quizá el presidente de Puertos del Estado, Sr. Llorca, ausente, cual ectoplasma, en todo este zafarrancho?

Se lo voy a repetir una vez más, con todo respeto: los empresarios de la estiba no pueden considerarse patronal; son comisionistas del cargador, del que paga por importar o exportar su mercancía a través de los puertos.

Conociendo la forma de negociar de los de La Coordinadora (así se llama el sindicato de los estibadores), es una insensatez y una cobardía dejar a los empresarios a los pies de los caballos, solos ante el peligro.

"A ti qué más te da; si la cuenta de escala sube, tú se la repercutes a tu cliente, así que si te interesa que el barco zarpe, atiende nuestras justas peticiones". Este mantra es repetido una y otra vez en cada acuerdo marco, en cada negociación, bien para aumentar las desorbitadas remuneraciones de los estibadores, bien para ampliar, sin motivo, el censo de los mismos.

Y ahora una de arena. Comprendo, señor ministro, el cabreo que debe de tener, viendo a la señora Pastor encaramada a su cómodo sitial institucional, cuando, como usted sabe, y muchos sabemos, nada quiso hacer por la liberalización de la estiba cuando era ministra de Fomento, a pesar del dictamen de Bruselas y la sentencia de Estrasburgo, y teniendo como tenía el PP mayoría absoluta en el Congreso que hoy lo ha vapuleado.

Otro que tal: el ministro de Justicia, secretario de Estado de Infraestructuras en aquel entonces. Y no digamos nada del señor Llorca, que incluso hizo suyo, en nombre del Estado español, un informe de La Coordinadora que presentó en Bruselas para intentar defender lo indefendible, a pesar de lo cual usted lo sigue manteniendo en el cargo, sin que se sepa la razón de tal proceder.

¿Y ahora qué? Ahora, a negociar a toda prisa. La liberalización de la estiba es no solamente una imposición de Bruselas, sino una obligación ineludible si queremos que nuestros puertos, sobre todo los que justifican su existencia por el trasbordo, puedan seguir existiendo. Supongo que lo sabe, pero si la estiba no se liberaliza, y conseguimos así bajar los costes del paso de la mercancía por el puerto, el de puerto de Algeciras desaparece, el de Málaga también, y el de Valencia entra en pérdidas, al no poder aguantar la competencia de otros puertos cercanos que no están sometidos a ese infumable monopolio.

Usted tiene la razón y la fuerza del poder, pero debe saber que su jefe, don Mariano, concita tal grado de rechazo que los críticos por su reprobable actitud estaban deseando darle en todos los morros.

No se desanime. En usted confiamos para que, rodeado por personas capaces, sensatas y conocedoras de la problemática de la estiba, sea capaz de poner a cada uno en su sitio; y, lo que es más importante, sin tener que recurrir a nuestros dineros, que mucho nos cuesta conseguirlos.

Que Dios reparta suerte.


(*) Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena entre 1996 y 2014.



Estiba o revienta: un grave problema que se ha dejado pudrir / José Oneto *

Hace ya dos años y tres meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Reino de España, al considerar contrarios al Tratado de la Unión Europea, aspectos relevantes de la regulación de la estiba (el servicio portuario de manipulación de mercancías) en la Ley española de Puertos. La estiba, es algo fundamental para el funcionamiento de los puertos que en el caso de nuestro país aportan 9.000 millones de euros anuales a la economía nacional. 

Más de la mitad del comercio con la UE y la práctica totalidad del que se mantiene con terceros países, se hace por vía marítima, hasta el punto que los puertos, considerados un sector estratégico de la economía de un país, son uno de los principales motores de la economía nacional. Sin embargo, este sector se encuentra marcado, según el Tribunal de Justicia de la UE, por varios retos, entre los que se encuentra la adaptación de la estiba a un mercado global competitivo y liberalizado.

Por eso, no se entiende que en estos dos años y tres meses, el presidente Mariano Rajoy y su Gobierno, que han estado gobernando durante ese periodo con mayoría absoluta, y que han tenido que asumir una primera multa de 21,5 millones de euros, por violar un Tratado de la Unión, hayan sido incapaces de encontrar una solución para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo y, sobre todo, para evitar la nueva multa de cincuenta millones de euros, a razón de 134.000 euros mensuales, que ha anunciado Bruselas, si no se toman una serie de medidas en el sector para liberalizarlo, según las normas de la Unión Europea que cumplen todos los países de la UE.

Ha tenido que ser ahora, cuando está a punto, de empezar a correr el plazo, y cuando el Gobierno está más inestable, porque no tiene la necesaria mayoría parlamentaria, cuando ha comenzado a intentar solucionar un conflicto, que debería estar más que resuelto, pero que no se ha querido abordar por no enfrentarse con una situación que recuerda, en algunos aspectos, la reconversión industrial con la que, con un gran coste político, tuvo que enfrentarse el PSOE, en la década de los ochenta del siglo pasado, recién llegados al Gobierno tras la victoria de 1982.

El citado Tribunal de Justicia en esa primera condena, consideraba que el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contravenía el artículo 49 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este régimen, al que se opone y castiga Bruselas, obliga con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos de interés general españoles a inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), y no permite recurrir al mercado para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal, a menos que los trabajadores propuestos por la SAGEP no sean idóneos o sean insuficientes. 

Bruselas impuso entonces una multa diaria de cerca de 28.000 euros hasta que se produjese la liberalización. La Comisión Europea llevó a España por segunda vez el año pasado, ante el Tribunal de Justicia por no haber cumplido una sentencia previa en la que se exigía al país que liberalizase el sector de los estibadores, y le instó a actuar para evitar sanciones.

Ahora, deprisa y corriendo, se ha elaborado un decreto ley que ha sido llevado al Parlamento este jueves y, por primera vez en la historia del Parlamento democrático español, ese decreto ley que no contaba previamente con el apoyo de los distintos partidos políticos, ha sido rechazado con los votos en contra de todos los partidos, excepto los del PNV y Partido Popular, y la abstención de Ciudadanos, en lo que ha sido calificada como una derrota histórica. Una derrota que ha dejado al Gobierno en una situación comprometida con Bruselas que había dado el visto bueno al decreto, en el que se recogían las peticiones de la UE y que ha puesto de manifiesto hasta dónde llega la capacidad de diálogo del Ejecutivo, su cintura política y, sobre todo, su improvisación después de más de dos años de dudas no resueltas.

Es verdad que a última hora se ha hecho algún tipo de concesión a los trabajadores, que son conscientes de la fuerza que tienen y de su capacidad de paralizar los principales puertos del país (especialmente Valencia, y Algeciras). La oferta del Gobierno, rechazada por los sindicatos, con la que se pretendía evitar la derrota política en el Parlamento, incluía prejubilaciones voluntarias para los trabajadores con 50 daños, cinco años antes de su edad de retiro, manteniendo el 70 por ciento del sueldo. Una oferta que ya quisiera para sí cualquier otro sector social de este país.

Los sindicatos siguen manteniendo que la reforma del sector impone la liberalización y romper el monopolio de la SAGEP, que tiene el control de la estiba, tanto en el establecimiento como de la contratación. Asimismo esta reforma del sector supondrá una reducción de su sueldo en un 60%. Los portavoces de la CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías) han denunciado que la reforma del Gobierno convertiría los actuales contratos indefinidos en “puestos de trabajo precarios”, pues las empresas podrán “sustituir libremente” a un 25, 50 y 75 por ciento de las actuales plantillas durante los próximos tres años. 

El Gobierno argumenta que lo importante es que las empresas en este país puedan contratar libremente a sus trabajadores. Que en el sector de la estiba pueda entrar a trabajar, por ejemplo, un desempleado de Algeciras que lleva 5 años en paro y que tenga las mismas oportunidades laborales que otra persona que ya está dentro del sector.


(*) Periodista y economista



“La oposición de coalición” y la negociación política / José Manuel Otero Lastres *

Desde el comienzo de la actual legislatura, el Gobierno está obligado a desarrollar una intensa actividad política de negociación; es decir, va a tener que realizar tratos dirigidos a la conclusión de pactos legislativos. El asunto principal que va a requerir esta actuación negociadora es la confección de los Presupuestos Generales para el año 2017, pero, como estamos viendo, no es el único. En estos días, estamos pendientes de la adaptación del sector de la estiba portuaria a la normativa europea.

Las actitudes que han dejado traslucir los implicados en el asunto de la estiba parecen revelar una mayor sensación de fortaleza de los que tienen menos poder de gobierno. Así, a la posición sumamente exigente de la “oposición de coalición”, integrada por el PSOE, Podemos y Ciudadanos, se contrapone una postura inevitablemente transigente del Gobierno. 

De suerte que, frente a la exigencias que plantean los sindicatos, apoyadas sin fisuras por Podemos (las imágenes de ayer dirigidas a los sindicalistas levantando el puño en señal de victoria de Pablo Iglesias son muy reveladoras) y con el desconcierto propio de los boxeadores noqueados por parte del PSOE y C,s, el Gobierno reitera su voluntad de seguir dialogando con los interesados con vistas a desmontar la posición monopolista en la que se encuentra dicho sector.

Si tuviéramos que valorar las posiciones de las partes negociadoras por las armas que blanden públicamente, tal y como hacen algunos animales ante de enzarzarse en la pelea, habría que considerar ganadores a los que negocian con el Gobierno. Éste muestra tal necesidad de alcanzar el pacto que se convierte en debilidad, y genera la apariencia de que es al único que le interesa. 

Es tal la necesidad cortejadora que tiene el Gobierno (que tiene que acatar ineludiblemente las directrices europeas) con sus negociadores que es lógico que produzca en ellos engreimiento. Por eso, se comprende que otros protagonistas hayan salido a la escena política para animar al cortejado a que desdeñe al pretendiente y lo obligue en último término a convocar elecciones generales.

Y es que mostrar debilidad no parece la mejor actitud para iniciar los tratos que deben desembocar en el pacto. La sensación de endeblez inherente en la propia necesidad de alcanzar el acto por uno de los negociadores produce en el otro el consiguiente aumento de su arrogancia. Y desde esta posición altanera que se deja alcanzar a la “oposición de coalición”, es mucho más difícil llegar a un acuerdo que no consista en otorgarle todo lo que previamente había exigido. 

Dejar que públicamente se crezca en exceso al otro negociador es un inconveniente añadido para lograr el pacto, que hubiera sido perfectamente evitable de haber puesto desde el principio sobre el tapete las enormes fortalezas negociadoras que tiene el Gobierno, como sucedió por ejemplo hace cierto tiempo en las negociaciones con los controladores aéreos.

La “oposición de coalición”, en lugar de mostrarse tan ufana por darle un revolcón al gobierno, debería tener muy presente que nuestra Constitución establece que es el Gobierno –y no la mayoría parlamentaria coaligada- quien dirige la política interior y exterior de España y que eso significa que tiene encomendado la defensa del interés nacional. Y este interés consiste indiscutiblemente en acatar las exigencias europeas y evitar el pago de una multa diaria de más de 130.000.


(*) Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá


Marasmo / Ramón Cotarelo *

El domingo pasado, en un post titulado Disonancias decía Palinuro que "este gobierno no puede gobernar, pero tampoco convocar elecciones anticipadas por razones obvias." Que no puede gobernar viene siendo patente desde el comienzo de su nuevo mandato en el que no ha hecho nada, pero la derrota de ayer en el decreto sobre los estibadores es mucho peor que nada, ya que supone andar en dirección contraria a su programa. Incumplir el programa no es cosa que preocupe en el PP, pero no incumplir por imposición ajena, en defensa de los intereses de los estibadores.

La prueba definitiva, el 31 de marzo con la aprobación de la cuentas en el consejo de ministros. Si los presupuestos no se aprueban es de esperar una convocatoria de elecciones anticipadas y ahí es donde se verá si la premonición de Palinuro es acertada o no: el gobierno no puede gobernar, pero tampoco convocar elecciones anticipadas. Caso de hacerlo, España afrontará el tramo final de la hoja de ruta catalana con un gobierno en funciones. Cierto, el que hay ahora no está mucho mejor, pero, cuando menos, hay actividad parlamentaria y foro de debate en el que seguramente se forjará una sacra unión nacional de partidos dinásticos (PP, PSOE y C'S) para proteger la monarquía y la unidad de España. Con un gobierno en funciones todo eso es muy difícil.

La división en el PSOE es una muestra más de las turbulencias en España. El enfrentamiento entre la candidatura oficialista de Susana Díaz y la de las bases de Pedro Sánchez es total y reproduce el del país. El campo de Sánchez acusa al de Díaz de todo tipo de guerra sucia: manipulación del censo, campañas de descrédito, censura y empleo del aparato del partido a favor de la candidata. Es obvio que hay unas sinergias en el campo de Díaz con el aparato, los barones, los tertulianos, los ex, los medios, los votantes del PP y hasta el Ibex35. De no haberse sublevado las bases insospechadamente, la candidatura de Díaz, una candidatura de caudillaje, con efluvios de PRI, se hubiera impuesto por aclamación. De hecho, al no ser todavía candidata oficial, Díaz viene a ser la tapada del PRI.

A primera vista, si no se hacen malabarismos con el censo, ni se ponen inconvenientes al voto telemático, ni se incordia a las candidaturas de mil formas, puede ganar Pedro Sánchez con un discurso de izquierda. De suceder, podría abrirse una interesante etapa de búsqueda de la unidad de la izquierda. Pero, a los efectos del gobierno y la legislatura, esta situación sería irrelevante. Al no ser el nuevo SG diputado del Parlamento (en ninguno de los dos casos), el grupo parlamentario del PSOE mantendría su composición y línea de actuación. 

La sola esperanza de Rajoy de mantenerse en el gobierno y conseguir al tiempo algún tipo de gobernabilidad es que Susana Díaz gane las primarias. Para ello ha de posponer la convocatoria de elecciones con el riesgo de que, si gana Sánchez, la gobernabilidad se evaporará, habrá que ir a elecciones y es posible que en ellas dé Sánchez una sorpresa.

La cuestión con el gobierno de España ya no es cómo se siguen depilfarrando los caudales públicos con las multas que habremos de pagar a causa del fiasco de la estiba, sino quién y cómo estará tomando decisiones respecto a la hoja de ruta catalana.

Añádase el rosario de casos de corrupción y podremos preguntarnos cómo es posible haber llegado a este marasmo con tal grado de incompetencia.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Resumen de Confidenciales / A.R. Mendizabal *


Viernes con por­tadas y aper­turas aba­rro­tadas con la de­rrota par­la­men­taria del Gobierno en la re­forma de la es­tiba y ti­tu­lares con las ideas cla­ras: habrá elec­ciones (El Economista) o no las habrá (La Razón) o puede (ABC, El Español). Por si acaso, El Confidencial abre a toda pan­talla con los datos frescos de una en­cuesta Dym: 'El PP vol­vería hoy a ganar las elec­ciones y el PSOE cae a la es­pera de can­di­dato' (A. Pérez Giménez). 

Otros ejes de la ac­tua­lidad en grandes ti­tu­la­res: la de­manda de Gas Natural contra Colombia ante el Ciadi la se­mana que viene, mien­tras Bogotá au­menta el pa­sivo de Electricaribe de 750 a 1.300 mi­llo­nes; la de­cla­ra­ción de Mafo ante el juez con el pa­pelón de decir que aunque era go­ber­nador del BdE no se en­teró de que había co­rreos del ins­pector José Antonio Casaus sobre la in­via­bi­lidad de Bankia; el his­tó­rico acuerdo por el que Telefónica con­cede ac­ceso a fibra a Vodafone; la huelga de ta­xistas en Madrid y sobre todo Barcelona por Uber y Cabify; la impu­tación de Narcís Serra y otros ex eje­cu­tivos por el desa­gui­sado de CatalunyaCaixa; el alivio en Europa tras la de­rrota del po­pu­lismo en Holanda; la in­ves­ti­ga­ción ofi­cial en Reino Unido y Francia sobre pre­sunta co­rrup­ción en Airbus en un salto cua­li­ta­tivo que se sigue desde el año pa­sado por co­mi­siones ile­ga­les, mor­didas y so­bornos en busca de con­trato. 

Pintan bastos en Reino Unido para la pri­mera mi­nistra bri­tá­nica Theresa May con el Brexit y para la mi­nistra prin­cipal de Escocia Nicola Sturgeon con el se­gundo re­fe­réndum de in­de­pen­den­cia. Grandes ti­tu­lares en pri­mera plana de toda la prensa. Financial Times: ‘May des­carta la de­manda es­co­cesa de votar sobre la in­de­pen­dencia antes del Brexit: ‘Ahora no es el mo­mento, dice la pri­mera mi­nis­tra, pero Sturgeon habla de ‘atrocidad de­mo­crá­ti­ca’. The I: ‘May: el Brexit es antes que Escocia’. Metro: ‘Furia es­co­cesa tras blo­quear May el re­fe­ren­dum’. Daily Express: ‘La Reina sonríe tras dar luz verde a la sa­lida de la UE’. TheTimes: ‘No habrá una nueva vo­ta­ción sobre la in­de­pen­dencia de Escocia antes del Brexit’. The Daily Telegraph: ‘Los es­co­ceses no vo­tarán de nuevo hasta dentro de seis años: Theresa May le dice a Nicola Sturgeon que debe es­perar hasta que se com­plete el Brexit para poder con­vocar un se­gundo re­fe­réndum de in­de­pen­den­cia’. The Guardian: ‘Sturgeon: May ha se­llado el des­tino del Reino Unido’. 

Y primer en­con­tro­nazo serio Londres-Washington a cuenta de la cons­pi­ra­noia de Trump: mien­tras el Senado de EEUU con­firma que Obama no espió a Trump, la Casa Blanca alega que la in­te­li­gencia bri­tá­nica ayudó al an­te­rior pre­si­dente nor­te­ame­ri­cano. En una reac­ción pú­blica poco usual en los ser­vi­cios de in­te­li­gencia de Reino Unido, se han apre­su­rado a un mentís ca­te­gó­rico: es ‘absolutamente ri­dícu­lo’. 

También pro­blemas para McDonalds tras apa­recer en su cuenta cor­po­ra­tiva en Twitter un tuit que re­zaba así. 'Real Donald Trump, tú eres en realidad una as­que­rosa ver­güenza y nos gus­taría que vol­viera Barack Obama, y además tienes las manos di­mi­nu­tas'. Lo bo­rraron in­me­dia­ta­mente. 

CRISIS POR LA ESTIBA
El Economista Rajoy se plantea ade­lantar las elec­ciones al fra­casar la es­tiba: ni PSOE ni Cs apoyan el pro­yecto de re­forma del mi­nistro de Fomento. ABC: El veto al de­creto de la es­tiba pone en jaque la le­gis­la­tura y re­su­cita el riesgo de nuevas elec­cio­nes; Rajoy puede con­vocar a partir del 3 de mayo (Mariano Calleja y Ana I. Sánchez). El Español: La de­rrota de la es­tiba aviva el fan­tasma de nuevas elec­ciones Rajoy (Ana I. Gracia y Jorge Sáinz). La Razón: Rajoy des­carta elec­ciones pese a la ‘traición’ de Rivera en la es­tiba (Carmen Morodo). Otro ti­tu­lar: Bronca entre el PP uy Cs: ‘Hoy te dicen sí, y en 12 ho­ras, abs­ten­ción’. La Vanguardia: El Gobierno sufre su pri­mera gran de­rrota, que evi­dencia de­bi­li­dad. Otro ti­tu­lar: Rajoy, em­peñado en que la le­gis­la­tura sea larga pese al revés de los es­ti­ba­dores (Leonor Mayor Ortega). 

El Mundo: PSOE y Cs dejan solo al PP con el pro­blema de los es­ti­ba­do­res: duro va­ra­palo par­la­men­tario al de­creto ley del Gobierno (Marisa Cruz y Raúl Piña). Otro ti­tu­lar: De la Serna acusa a PSOE y Cs de multar a los es­pañoles para gol­pear al Gobierno con la es­tiba (Marisa Cruz). Cinco Días: De la Serna man­tiene la oferta a la es­tiba tras el re­chazo del Congreso (J.F. Magariño). Libertad Digital: Rajoy se en­fada con Rivera y se pre­para para una odisea par­la­men­ta­ria: el Gobierno tras­lada su en­fado con Ciudadanos pero es­pera contar con su apoyo para los PGE; el PNV copa los elo­gios: ‘Ellos sí tienen pa­la­bra’ (P. Montesinos). Periodista Digital: El ‘liberal’ Rivera per­mite con su abs­ten­ción per­pe­tuar la casta sin­dical de la es­tiba (Antón Pérez). Expansión: El Congreso deja solo al Gobierno y re­chaza la re­forma de la es­tiba: las claves de la de­rrota de Rajoy (Juanma Lamet). 

El Confidencial: Fomento 'maquillará' la re­forma de la es­tiba para evitar multas mi­llo­na­rias (M. Valero y Á. Collado). Otro ti­tu­lar: Rivera acepta el pulso: no apo­yará ‘gratis’ al PP pese a la ame­naza de las urnas (Paloma Esteban). Vozpopuli: Las em­presas de­nun­ciarán ante Bruselas la re­forma de la es­tiba si los sin­di­catos lo­gran la su­bro­ga­ción (Raúl Pozo). Otro ti­tu­lar: Documento: el Gobierno instó en fe­brero a las em­presas a re­chazar la pro­puesta que ahora hace a los es­ti­ba­do­res. OKdiario: PSOE y Podemos se cargan 18.000 em­pleos y 2.400 mi­llones de euros al tumbar la re­forma de la es­tiba (Carlos García-Ovies). Esdiario: Estupor en C’s: Rivera se carga la repu­tación de sus tres me­jores hom­bres; se niega a aban­donar su hi­per­li­de­razgo, toma las de­ci­siones por su cuenta y, como este jue­ves, deja a los suyos a los pies de los ca­ba­llos (Miguel Blasco). 

INFORMACIÓN NACIONAL
Vozpopuli: Montoro pre­siona al PSOE: lan­zará 300.000 em­pleos pú­blicos hasta 2020: con esta his­tó­rica oferta, Hacienda quiere so­lu­cionar el pro­blema de los tra­ba­ja­dores in­terinos en las plan­ti­llas de la ad­mi­nis­tra­ción y forzar al PSOE a apoyar los Presupuestos o a asumir pú­bli­ca­mente el blo­queo de las cuentas y el em­pleo (Teresa Lázaro). El País: El PSOE quiere con­trolar las cuentas de los can­di­da­tos: Díaz y López han acep­tado, Sánchez lo con­di­ciona a una reunión pos­te­rior (Anabel Díez). Otro ti­tu­lar: Una de­cena de cargos de Cs aban­donan el par­tido por su cambio ideo­ló­gico (J.J. Mateo). Otro ti­tu­lar: Los le­trados del Congreso re­chazan los vetos del Gobierno: un in­forme ju­rí­dico res­palda que la Mesa no frene ini­cia­tivas de la opo­si­ción (Fernando Garea). Otro ti­tu­lar: Pablo Iglesias se en­frenta a dos crisis en Cataluña y Andalucía (Elsa G. de Blas y Àngels Piñol). 

CATALUÑA
El Periódico: La des­co­ne­xión ex­prés parte en dos el Parlament (Fidel Masreal). Otro ti­tu­lar: La vía uni­la­teral de la ANC in­co­moda al PDECat. El País: Esquerra des­carta re­petir un pacto elec­toral con el PDECat (Pere Ríos). Otro ti­tu­lar: Un cons­tructor del 3% tenía un topo en la Generalitat: Isabel Muradàs, te­niente de al­calde de Girona, pa­saba in­for­ma­ción con­fi­den­cial sobre ayun­ta­mientos a Bassols (Oriol Güell). La Vanguardia: JxSí su­bleva a la opo­si­ción al amagar con san­cio­nes: Cs, PSC, Sí que es Pot y PP se niegan a par­ti­cipar en la re­forma del re­gla­mento para la apro­ba­ción ex­prés de la ley de des­co­ne­xión. El Economista: Entrevista a Francesc Homs, por­tavoz par­la­men­tario de PDECat: ‘Defenderé la in­de­pen­dencia aunque nos den otro Estatut’. El Mundo: El te­so­rero de CDC culpó a Duran y a El Mundo de su de­clive elec­to­ral: Daniel Osàcar lo afirmó en una carta en­viada a Mas que está in­clouida en el su­mario del 3% (Esteban Urreiztieta y Ángeles Escrivá). 

ECONOMÍA Y EMPRESAS
El Economista: La vi­sión sobre la co­yun­tura me­jora al má­ximo de 14 me­ses, según Cetelem (Gonzalo D. Velarde). Otro ti­tu­lar: Villar Mir vende el 49% del pro­yecto de la Quinta Torre en Madrid a su socio fi­li­pino. Vozpopuli: La AIReF gana la ba­ta­lla: podrá ac­ceder a la in­for­ma­ción de las CCAA sin filtro de Montoro (Teresa Lázaro). Cinco Días: Telefónica abre por pri­mera vez toda su fibra a Vodafone: la bri­tá­nica tendrá más co­ber­tura a cambio de un precio ma­yo­rista; Movistar podrá ren­ta­bi­lizar antes su in­ver­sión en el des­pliegue de la red (Santiago Millán Alonso). Otro ti­tu­lar: Abengoa vende las plantas de bio­etanol en Europa al fondo Trilantic. Otro ti­tu­lar: Colombia acu­mula en el Ciadi cuatro ar­bi­trajes en un año (Carmen Monforte). Otro ti­tu­lar: Las ventas de au­to­mó­viles se des­ploman en marzo en España. 

Capital Madrid: Telefónica sella un acuerdo his­tó­rico con Vodafone para com­partir su red de fi­bra: la es­pañola se ase­gura unos in­gresos fijos y la bri­tá­nica co­mer­cia­li­zará sus ser­vi­cios a 17 mi­llones de clientes (Julián González). Expansión: Telefónica y Vodafone: acuerdo his­tó­rico en fi­bra; el ope­rador es­pañol dará ac­ceso a su red al grupo bri­tá­nico du­rante 5 años (I. del Castillo). Otro ti­tu­lar: Colombia in­tenta calmar a las em­presas es­pañolas tras ex­pro­piar a Gas Natural. El País: Gas Natural de­man­dará a Colombia ante el Ciadi por 1.000 mi­llones de euros (Ramón Muñoz). Otro ti­tu­lar: Colombia inicia una ofen­siva di­plo­má­tica para evitar la fuga de in­ver­siones es­paño­las. OKdiario: Ninguna em­presa quiere con­tratar en Colombia: ‘No que­remos que nos pase como a Gas Natural’; la Cámara de Comercio des­carta ofertas por la que­brada Elecrricaribe (Lorenzo Ramírez). 

El Mundo: Colombia de­vol­verá a Gas Natural su fi­lial si in­vierte 475 mi­llones (Víctor Martínez). Otro ti­tu­lar: Los ta­xis­tas, en guerra contra Uber y Cabify. Otro ti­tu­lar: La 'low cost' de Iberia vo­lará a Buenos Aires, Los Ángeles, San Francisco y Punta Cana (Silvia Fernández). El Periódico: El taxi afronta el reto de re­no­varse para com­batir las nuevas tec­no­lo­gías (Carlos Márquez Daniel). ABC: El taxi lucha por frenar el auge de com­pe­ti­dores desde el mó­vil. Bolsamanía: Gas Natural re­curre al ar­bi­traje con Colombia ante el 'golpe' de 475 mi­llones por Electricaribe (Alberto Sanz). El Confidencial: Arabia Saudí re­mite a España el acuerdo para la re­ne­go­cia­ción del AVE a La Meca (José Antonio Navas). El Español: Los 'mariachis' de Slim en FCC co­bran 10 veces más que Esther Koplowitz y sus hijas (Juan Crlos Martínez). Otro ti­tu­lar: La guerra del taxi se reaviva: pro­meten una pri­ma­vera ca­liente contra Uber y Cabify (Jesús Martínez). 

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: La alta di­rec­ción del BBVA huye del ca­pital antes de la junta: el ve­te­rano Asúa es de los que más se des­prende de ac­ciones en los úl­timos días, mien­tras Armengol, el se­cre­tario ge­ne­ral, y otros di­rec­tivos lo jus­ti­fican por el pago de im­puestos (José Luis Marco). Otro ti­tu­lar: Todo listo para el inicio de la vista oral del caso Bankia: MAFO se au­to­ex­culpa de la caída de la en­tidad y ar­gu­menta que fue la crisis eco­nó­mica (José Hervás). Otro ti­tu­lar: Bankinter sufre una de­rrota ju­di­cial por una hi­po­teca mul­ti­di­visa: la Audiencia Provincial de Madrid anula la cláu­sula y con­dena en costas al banco (José Sánchez Mendoza). La Vanguardia: La Audiencia Nacional imputa a la ex­cú­pula de Caixa Catalunya: se in­ves­tiga pre­sunto de­lito con­ti­nuado de ad­mi­nis­tra­ción des­leal entre los años 2000 y 2013, que ha­bría cau­sado un agu­jero de 721,38 mi­llones (Lalo Agustina). 

El Confidencial: El ins­pector Casaus des­monta al BdE y pone en un brete al juez Andreu en el caso Bankia (Eduardo Segovia). Otro ti­tu­lar: La fac­tura del 'gatillazo' es­ti­ba­dor: pér­didas mi­llo­na­rias, pa­tronal rota, gana Barcelona; Valencia y Algeciras se dejan cerca de 100 mi­llones tras perder hasta el 20% del trá­fico. El puerto ca­talán apro­vecha el bajo perfil de los es­ti­ba­do­res. Críticas a Fomento (Víctor Romero). Cinco Días: Ordóñez de­clara que su ins­pector se equi­vocó al alertar sobre Bankia: ase­gura que nadie de su equipo le en­señó los co­rreos de alerta y que 'hicieron bien' en no en­tre­gár­selos (Juande Portillo). Otro ti­tu­lar: El Frob ve ‘complicado’ re­cu­perar todas las ayudas a Bankia y BMN (Ángeles Gonzalo Alconada). Otro ti­tu­lar: la sor­pren­dente ren­ta­bi­lidad de la hucha de las pen­sio­nes: el valor li­qui­da­tivo se ha­bría du­pli­cado desde su crea­ción (M.M.M.). 

El País: Fernández Ordóñez afirma que los ins­pec­tores no le en­viaron el co­rreo sobre la in­via­bi­lidad de Bankia (Fernando J. Pérez). El Mundo: Narcís Serra, impu­tado por su ges­tión al frente de CaixaCatalunya (Germán González). Otro ti­tu­lar: Fernández Ordóñez de­clara que des­co­nocía las cuentas de Bankia (Marisa Recuero). El País: Fernández Ordóñez afirma que los ins­pec­tores no le en­viaron el co­rreo sobre la in­via­bi­lidad de Bankia (Fernando J. Pérez). El Boletín: El 15MpaRato de­nuncia ‘la pre­sión del Estado’ sobre el ins­pector que alertó de la si­tua­ción de Bankia. Bolsamanía: La ‘semana fan­tás­tica’ de la banca: su valor bur­sátil en­gorda 11.000 mi­llones (Pedro Calvo). El Economista: La banca, a punto de romper re­sis­ten­cias por los ti­pos. Otro ti­tu­lar: El Frob re­nuncia a re­cu­perar las ayudas de Bankia y BMN: confía en volver a co­locar pa­quetes de Bankia des­pués de la ab­sor­ción (Fernando Tadeo). 

OPINIONES
Editorial en El País: ‘El fra­caso de to­dos: en la es­tiba, la so­ciedad es víc­tima de la in­com­pe­tencia de su clase po­lí­ti­ca’. Javier Casqueiro en el mismo dia­rio: ‘La trai­ción y la pa­labra de Rivera y Rajoy’. Otro edi­to­rial: ‘Una cul­tura sin trin­che­ras: Madrid re­quiere un re­lato que apun­tale y realce su ma­nitud cul­tural y no el en­foque sec­tario que su­ponía Celia Mayer’. Editorial en La Vanguardia: ‘El fu­turo del ta­xi’. Enric Juliana en el mismo dia­rio: ‘Estiba y deses­tiba: duro golpe al Gobierno; a Rajoy no le in­teresa nada dar señales de de­bi­lidad ante la UE’. Editorial en La Razón: ‘PSOE y Ciudadanos multan a España’. Editorial en ABC: ‘Estiba: un ór­dago a la le­gis­la­tu­ra’. Editorial en El Español: ‘A Rajoy le pagan con su misma mo­ne­da’. Editorial en OKdiario: ‘Podemos, Cs y PSOE de­fienden la casta de los es­ti­ba­do­res’. Editorial en El Periódico: ‘El taxi entra en un de­bate inapla­za­ble’. 

Editorial en Libertad Digital: 'Estiba: gana la ma­fia, pierden los es­paño­les'. Guillermo Dupuy en el mismo me­dio: '¿Este es el li­be­ra­lismo de Ciudadanos? El par­tido na­ranja ha de­jado nue­va­mente de ma­ni­fiesto que el suyo es un li­be­ra­lismo de pa­co­ti­lla'. José Apezarena en Confidencial Digital: ‘Ciudadanos juega a la ru­leta ru­sa’. Editorial en Cinco Días: ‘Una re­vo­lu­ción en el ne­gocio de la fi­bra’. Otro edi­to­rial: ‘Responsabilidad contra pri­vi­le­gios: la es­tiba en los puertos sigue re­fu­giada en el pri­vi­legio cor­po­ra­ti­vo’. Javier Crespo en el mismo dia­rio: ‘El Constitucional y la plus­valía mu­ni­ci­pal’. Inma Benedito en Expansión: ‘La vul­ne­ra­bi­lidad la­boral afec­tará a más de 4 mi­llones de per­sonas en 2017: 1,8 mi­llones es­tarán en riesgo de se­guir des­em­pleados y 2,4 mi­llones po­drán ex­po­nerse a la po­breza en el tra­ba­jo’.


(*) Periodista


jueves, 16 de marzo de 2017

Podemos lamenta que la pulsión de un imputado empuje al Gobierno regional a un salto al vacío con el aeropuerto


CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos ha pedido al consejero de Fomento, Pedro Rivera, que explique a la ciudadanía y a los trabajadores del aeropuerto por qué quiere cerrar San Javier, "un aeropuerto que incrementa año a año sus pasajeros, recibe premios internacionales y ayudas europeas" para poder abrir Corvera, de gestión privada y de "más que dudosa rentabilidad".

Podemos lamenta que la pulsión de un imputado empuje al Gobierno regional a un salto al vacío con el aeropuerto de Corvera.
Pedreño ha asegurado que lo que plantea el gobierno regional del Partido Popular es cerrar San Javier, un aeropuerto público de Aena y que pertenece por tanto a la red pública estatal para darle futuro a Corvera "que es el mismo modelo fallido de Castellón, sumidero de dinero público.
Además, sabemos que el Partido Popular actúa con la mayor opacidad posible, anuncia licitaciones que incumple, oculta información y busca de todas las formas posibles el cierre de una infraestructura pública rentable y útil".
Por su parte, el concejal de Ganar San Javier, Matías Cantabella, ha manifestado que desde el Ayuntamiento defendemos el "clamor social de los vecinos y trabajadores de defender el aeropuerto de San Javier. El PP quiera cerrar un aeropuerto público rentable para abrir uno privado ruinoso".
Cantabella ha incidido en que esta situación supondrá cerrar un aeropuerto público "que obtiene de nuevo un reconocimiento internacional. Tenemos que evitar su cierre a toda costa porque no podemos olvidar que tenemos que dar la cara ante Europa. Cómo va a explicar el Partido Popular lo referente a la justificación ante la Unión Europea de la clausura del aeropuerto público de San Javier financiado con Fondos Feder procedentes de la UE para favorecer así, la apertura de un aeródromo vacío y sin ningún respaldo real".

El PSRM defiende el modelo de gestión pública para las ITV porque sería más rentable y daría mayor garantía


CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha vuelto a defender en el Pleno de la Asamblea que el modelo de gestión de las ITV de la Región tenga carácter público. Las razones argumentadas por el diputado socialista se basan en una mayor garantía en la seguridad vial, en la conservación del medio ambiente y en la rentabilidad económica.

Martínez Baños ha defendido una enmienda de adición a la moción de Podemos en la que solicitaba el estudio comparativo de la rentabilidad económica de los respectivos modelos de gestión pública y privada de las ITV para los próximos quince años. 
En dicha enmienda pide la creación de dos mesas de trabajo para analizar y acordar el modelo de gestión de las ITV que más convenga a la Región de Murcia: una con las organizaciones sindicales y otra con las organizaciones políticas con representación en la Asamblea Regional.
El diputado socialista argumenta que las ITV son un servicio de obligación pública, lo que justifica aún más que su gestión tenga carácter público, "máxime si el objetivo, como dice el consejero, es acercar las estaciones de ITV a los ciudadanos, y abaratar el coste que les supone la prestación de este servicio".
La Directiva 2014/45 de la Unión Europea deja muy claro que "Los Estados miembros deben seguir siendo responsables de las inspecciones técnicas de vehículos".
La Asamblea Regional ya ha debatido hasta en cuatro ocasiones en la actual legislatura acerca del modelo de las ITV y "seguimos esperando que el Gobierno regional, el Grupo Parlamentario Popular y C's expliquen cuáles son las razones por las que es necesario que este servicio sea privado".
Martínez Baños se mostró a favor de que se incrementen el número de estaciones de ITV y también en rebajar el coste de las revisiones, prestando un servicio de calidad y seguridad.
Las CCAA con las tarifas más bajas para la Inspección Técnica de Vehículos diésel son Extremadura, Navarra, Asturias y Andalucía, todas de titularidad pública. 
Uno de los parámetros utilizados para medir el rigor de las inspecciones es la "tasa de rechazo". Las cinco CCAA con mayor tasa de rechazo son Asturias, Galicia, Andalucía, Baleares y Extremadura, igualmente de titularidad pública.
La única estación de ITV pública de la Región es la de Alcantarilla, que en 2016, a pesar del estado de precariedad al que la ha llevado el Gobierno regional, realizó 68.118 inspecciones e ingresó 2.246.115 euros, con una rentabilidad de más de 1,2 millones de euros. 
 Actualmente, la ITV más rentable en resultado económico neto es la de Alcantarilla y también cuenta con el mejor resultado económico por inspección realizada.
"Creemos que en un futuro escenario, con 19 estaciones de ITV y alrededor de 800.000 inspecciones al año, el beneficio para la CARM si se gestionara de manera pública superaría los cuatro millones de euros, con un precio medio por inspección de entre 21 y 22 euros".

Podemos consigue que se evalúe el que 
las ITV sean gestionadas públicamente

Por su parte, Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, ha asegurado que el deber de las instituciones públicas es dar a conocer a la ciudadanía murciana el debate sobre el mejor modelo de gestión de las ITV en la Región. Es un derecho que tienen para conocer si es más eficaz y beneficioso un modelo público de gestión pública o de gestión privada para los próximos 15 años.
Pedreño ha afirmado que los murcianos y murcianas tienen derecho a saber por qué este gobierno está dispuesto a prescindir "de los muchos millones de euros que le reportaría a las arcas públicas si las ITV fuera públicas.
Según la propia Administración regional, las ITV de la Región de Murcia recaudan alrededor de 48 millones de euros por año, 720 millones de euros en 15 años. Sería una fuente de ingresos periódicos y constantes en las arcas públicas regionales y una de las muchas maneras de equilibrar el presupuesto de la CARM".
Además, el diputado regional ha señalado que el gobierno regional del Partido Popular debe justificar las razones por las que la ITV de Alcantarilla dejará de ser gestionada como un servicio público.
"Es llamativo" ha dicho Andrés Pedreño, que Alcantarilla se privatice cuando "sabemos que es muy rentable. El año pasado hubo casi 70.000 inspecciones que dejaron en las arcas públicas 2.246.115 euros. ¿Cómo es que se quiere licitar para su gestión privada un servicio que da estos rendimientos a la Administración pública? Un despropósito".
Por ello, Pedreño considera que "no hay ninguna razón para q la ITV de Alcantarilla pase a gestión privada. Más bien todo lo contrario. La ITV de Alcantarilla en cuanto servicio público garantiza que la prioridad es garantizar la seguridad vial y el control de la contaminación. El servicio pierde calidad si se introducen criterios de competencia entre las ITV para atraer clientes".
Por último, el diputado de Podemos, Andrés Pedreño ha subrayado que "abogamos por el modelo de gestión pública. Pero en esta Moción planteamos que el Gobierno Regional muestre una comparativa entre modelos para que la ciudadanía pueda optar por el modelo más eficaz".

Podemos consigue que se estudien las posibilidades de que haya una circunvalación de mercancías en Lorca


CARTAGENA.- La diputada regional por el Guadalentín, la profesora lorquina María Giménez, ha asegurado que es fundamental para la ciudad del Sol que se garanticen "circunvalaciones para los trenes de mercancías. 

Por ello, no solamente es necesario hablar del AVE, sino también de las vías, ya que suponen una gran oportunidad para vertebrar el eje mediterráneo, recuperar la conexión con Andalucía y sustituir transporte de mercancías por carretera".
María Giménez ha afirmado que la situación de enclave estratégico de Lorca, hace de esta ciudad el centro neurálgico del Guadalentín y unas de las comarcas con mayor capacidad de exportación en el sector agroalimentario de nuestro país. 
Por ello, Francisco Campos, secretario general de Podemos Lorca ha exigido que se realice "un estudio de los costes y beneficios para Lorca y ver el plazo de amortización de una obra, el AVE, que es muy costosa de ejecutar. Además, insistimos en que es fundamental un plan de inversión de cercanías y media distancia que pueda mejorar la conectividad de la ciudad del Sol que conviva con la alta velocidad".
La diputada de Podemos, María Giménez, ha señalado que una vez que el AVE llegue a Murcia "debe ampliarse hasta Lorca para que exista la conectividad con el resto del país" si bien su paso "debe ser de forma soterrada, para que se produzca la integración urbana del pasillo ferroviario".
Además, María Giménez ha insistido en que deben "convivir los dos tipos de vías. La del AVE y la de mercancías. Son dos infraestructuras necesarias para nuestra Región y para nuestra ciudad, el transporte de pasajeros y el de mercancías. Esto hará que el corredor mediterráneo pase por Lorca y la ciudad del sol tenga un el correspondiente impulso y proyección en la exportación de productos".

Maillo (PP) acude este fín de semana a Murcia implicado en el escándalo de Caja España destapado hoy por el Frob


LEÓN/MURCIA.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha enviado a la Fiscalía nueve operaciones irregulares anteriores a 2010 correspondientes a las antiguas Caja España y Caja Duero que provocaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros, según revela el diario regional 'El Norte de Castilla'.

En concreto, las operaciones se refieren a financiación y refinanciación para la compra de
inmuebles o participaciones en sociedades y renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, entre otras.
En suma, se trata de operaciones que han dado lugar a «importantes pérdidas» para las entidades y presentan indicios de irregularidad o no responden «a una finalidad económica lógica» como se puede leer en una nota de prensa publicada por el Frob.
El número tres del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, entró a formar parte del Consejo de Administración de Caja España en el año 2006.
La Audiencia Provincial de León desestimó el pasado enero los recursos presentados por los 14 consejeros de Caja España Duero, entre ellos el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, acusados de administración desleal cuando pertenecían a la citada entidad de ahorro.
A los investigados se les acusa de mantener vivos créditos de dudoso cobro La acusación que ahora se mantiene firme afecta al vicesecretario de organización del PP y a representantes políticos del PP, empresariales y sindicales que formaban el consejo de administración. 
Todos ellos, según consta en el procedimiento y remarca la Fiscalía, no velaron por los intereses de la entidad y permitieron que ésta mantuviera vivos créditos a favor del presidente de la misma, el empresario leonés Santos Llamas, pese a tratarse de concesiones financieras de imposible cobro. 
El procedimiento que ahora se reaviva proviene de las diligencias previas nº 1.917/2013, y que fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, como consecuencia de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal de fecha 20 de mayo de 2013.
El procedimiento abierto y que ahora regresa desde la Audiencia al juzgado del que dimana cuenta con la plena legitimidad por parte del Ministerio Fiscal. La defensa de los consejeros alegaba una "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" que no se sostiene según el tribunal.
Así, la Audiencia Provincial leonesa (en la imagen), tras citar jurisprudencia y derecho proveniente de la propia Constitución, advierte que "no puede ser otra más que reconocer la legitimidad del Ministerio Fiscal para ejercer la acción penal en el caso de autos, y en consecuencia la pretensión de los apelantes para que se deje fuera a dicho órgano en la investigación del delito de que se trata, debe merecer un rechazo absoluto".
La Audiencia Provincial rechaza al mismo tiempo una posible prescripción del delito de administración desleal y remarca que "desde la comisión del presunto delito atribuido a los apelantes por el ministerio fiscal en su denuncia hasta la fecha de la citada providencia, no han transcurrido los cinco años de prescripción del delito citado, y en consecuencia no puede hablarse de prescripción alguna, ya que la expresada resolución, como es la providencia citada para recibir declaración a los 'imputados', supone que se ha dirigido el procedimiento contra los mismos, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 132 del Código Penal".

Maillo acude así este fín de semana a Murcia al Congreso regional del PP implicado en este escándalo de Caja España destapado hoy por el Frob.

Tovar pide a C's que «salga de la indefinición» respecto a Sánchez y a Podemos, «tranquilidad»

MURCIA.- El secretario general del PSOE de Murcia, Rafael González Tovar, apeló este jueves, tras hablar con los líderes de Podemos y Ciudadanos (C's) para avanzar en la negociación de la moción de censura contra el PP, al interés general frente a la urgencia del primero y a la petición de esperar al 27 de marzo del segundo.

González Tovar, que no quiso marcarse ningún plazo para presentar la iniciativa, pidió a C's "que salga de la indefinición" y a Podemos que tenga "tranquilidad" para hacer posible una solución que desbanque a Pedro Antonio Sánchez de la presidencia autonómica tras la retirada del apoyo naranja por su imputación judicial en el 'caso Auditorio'.
El líder de C's y González Tovar mantuvieron un encuentro "positivo", según Sánchez, que ha recalcado su esperanza de que el PSOE "no se precipite" y espere al día 27.
El secretario general de Podemos en Murcia, Óscar Urralburu, se mostró este jueves "apenado y decepcionado" tras la reunión mantenida con González Tovar por la tarde, en la que constató que los socialistas, al igual que C's, están "sin respuesta y sin pulso" para presentar la moción de censura.
Acabó esta situación a "ciertas inercias y biorritmos" que tienen "algunos partidos con demasiados años en la oposición", en alusión al PSOE, que en su opinión "impiden dar ese paso adelante" mediante una "actitud audaz y de vanguardia política".
Urralburu no comparte la actitud de la dirección socialista, a la que llegó a acusar de desoír al Comité Regional que anoche la autorizó a "presentar la moción sin líneas rojas: No entendemos por qué ese mandato no se cumple".

La Cámara de Comercio de Murcia respalda la fusión de BMN y Bankia


MURCIA.-La Cámara de Comercio de Murcia muestra en un comunicado su respaldo a la fusión anunciada ayer entre Banco Mare Nostrum (BMN) y Bankia, que califica de “acertada decisión estratégica”, por considerar que es la mejor vía para cumplir el objetivo de recuperar las ayudas públicas de las que ambas entidades fueron objeto.

Entre sus ventajas, la Cámara destaca que esta fusión dará lugar al cuarto mayor banco de España, aumentando el valor de ambas entidades por separado y, por tanto, el interés de su futura salida a Bolsa. 
Asimismo, se valora el hecho de que su impacto en el empleo será probablemente mínimo, habida cuenta de la complementariedad de la distribución geográfica de las oficinas de ambas entidades.
Finalmente, la Corporación empresarial murciana recuerda y aboga por el mantenimiento de la histórica vinculación que CajaMurcia y BMN, entidad resultante de la fusión de la primera con Caja Granada y Sa Nostra, han mantenido con la Región de Murcia. 
En este sentido, se señala la confianza de los empresarios en que la entidad resultante de la fusión haga suyo el compromiso y la implicación que la Fundación Cajamurcia ha desarrollado en ámbitos como la educación, la investigación, la recuperación y mantenimiento de nuestro patrimonio, actividades culturales e iniciativas solidarias.

La CARM solicita a 'Renfe' que renueve los cercanías que circulan por la Región


MURCIA.- El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, solicitó este jueves al presidente de Renfe, Juan Alfaro, que se renueven los trenes de cercanías que prestan servicio en la Región con el fin de modernizar la flota de vehículos, aumentar la comodidad y ahorrar tiempo en los desplazamientos.

En el encuentro, el titular de Fomento e Infraestructuras destacó que los trenes "son muy antiguos y es necesario que se sustituyan por material más moderno, con mayores prestaciones, más sostenibles y sobre todo que estén adaptados para que sean accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea sensorial o física".
Señaló que "se ha reclamado que los nuevos vehículos renueven los servicios ferroviarios de cercanías que afectan a Murcia, Cartagena, Lorca y Águilas, pero también los trenes que conectan la Región con Alicante", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.
Igualmente, en la reunión, el consejero reivindicó la mejora de la oferta de servicios ferroviarios para los usuarios de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que realizan desplazamientos entre la ciudad portuaria y Murcia. De este modo, el consejero trasladó al presidente de Renfe las demandas de alumnos, profesores y personal de administración y servicios de la UPCT.
En concreto, se reclamó que el tren que realiza el trayecto Cartagena-Murcia, con salida a las 18.20 horas, pase a ser un tren Regional Express, para que permita a los estudiantes de la UPCT utilizar en ellos el 'Bono 20' para estudiantes.
Igualmente se acordó explorar fórmulas de colaboración entre Renfe y la Comunidad Autónoma de cara a incentivar entre los universitarios y otros colectivos el uso del transporte público ferroviario en la Región de Murcia.

'Hacienda del Álamo' le puede costar ahora un disgusto al exministro socialista Narcís Serra


MADRID.- En un auto conocido este jueves, el juez Ismael Moreno admitió una querella para investigar al exvicepresidente socialista, Narcís Serra,en su calidad de presidente de Caixa Catalunya y al resto de su cúpula, tras las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que denunció 16 operaciones irregulares. 

Son todas de carácter inmobiliario y se efectuaron entre 2000 y 2013 por la extinta Caixa Catalunya con una participación del 50 %, junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Procam
Entre ellas figura la realizada para impulsar el resort Hacienda del Álamo. Situado en Fuente Álamo, fue inaugurado en 2005 por el entonces ministro socialista de Turismo, José Montilla. 
En aquel año, Procam poseía la mayor parte de sus activos en la costa mediterránea, y el más destacado era este complejo residencial y de golf, donde ya había vendido más de mil viviendas.
El juez de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por "notables irregularidades" en la gestión de Catalunya Caixa (CX) contra su expresidente Narcís Serra y otros 14 exaltos cargos, entre los que está el exdirector general Adolf Todó, por un 'agujero' de 720 millones de euros en operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2007 por el banco.
Los activos del resort de Fuente Álamo, valorados en alrededor de 50 millones de euros, pasaron íntegramente a manos de Caixa Catalunya La justificación dada por los directivos era "garantizar la continuidad de la promotora a medio plazo". Como sucedió en otros muchos casos, el proyecto solo se ejecutó parcialmente y produjo un daño severo a las cuentas de la entidad.
En su querella, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos; el primero, entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes"; el segundo, entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.
Anticorrupción defiende que la caja catalana realizó en este periodo "una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" que fundó principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldas por el necesario análisis de solvencia, asegura la Fiscalía Anticorrupción en la denuncia remitida a la Audiencia Nacional.
La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". 
La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados"; asimismo, hubo irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.
El Consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta 6 millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real. Entre 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos. 
También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la autorización de la Comisión Ejecutiva. 
El escrito fiscal apunta también que la decisión del consejo de administración del 29 de abril de 2008, de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria, "fue un error" que supuso un mayor perjuicio. 
En cuanto a la actuación de Narcís Serra, la denuncia especifica "una total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta. 
Por ello, la Fiscalía concluye que había una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la Caixa Catalunya, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho". 
Con este criterio el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz).
En la Audiencia Nacional está toda hoy la cúpula de Catalunya Caixa (su expresidente Narcís Serra, el exdirector general Adolfo Toldó y otros trece altos cargos) por una presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros. 
Anticorrupción ha presentado la denuncia por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constata que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.
"En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados", destaca la denuncia que asumirá un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, nacionalizado en 2011, y que considera que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la SAREB.
La caja, a través de sus órganos de gobierno -Consejo de Administración o Comisión Ejecutiva- acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés.
En la mayoría de los contratos no se estableció cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.
En cuanto a la actuación del que fuera exministro de Defensa, Narcís Serra, la denuncia especifica que se ha detectado "una total falta de preparación técnica" de la mayor parte de los miembros del Consejo de Administración para aprobar cualquier propuesta.
Por ello, la Fiscalía concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran "quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho".