MADRID.- En los últimos diez años ha parecido como si para el PP no hubiera en
Murcia otro arquitecto que el vizcaíno Martín Lejarraga. El gobierno de
la región y los ayuntamientos populares de Cieza, La Unión, Cartagena,
Lorca, Blanca, Torre Pacheco, Cehegín y Puerto Lumbreras le han
concedido 33 obras de prestigio. Presupuesto total: 116.098.876 euros. Y
pese a las advertencias de irregularidades de sus colegas de profesión,
que vieron venir el caso Auditorio, recoge hoy la revista 'Interviú'.
En pocas ocasiones una circular de un colegio oficial puede llegar a
ser tan explícita, tocando su contenido los intereses de un colegiado,
como la que emitió el 28 de diciembre de 2007 el Colegio Oficial de
Arquitectos de Murcia. Era la “información colegial” número 64.
“Estimados compañeros –comenzaba la nota–, el pasado 26 de diciembre se
ha publicado en el BORM [Boletín Oficial de la Región de Murcia] N.º 296
un concurso con intervención de jurado para la redacción de un proyecto
de auditorio municipal por el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
Tras examinar la convocatoria y el pliego de bases generales de dicho
concurso, este colegio considera que no existen garantías suficientes
sobre la legalidad de este concurso, por lo que DESACONSEJAMOS –lo decía
con énfasis, en negrita y a mayor tamaño– a todos los colegiados que se
presenten al concurso citado”.
Hoy la circular que se muestra en
estas páginas constituye una de las evidencias más elocuentes del
ambiente de chapuza e irregularidades en el que nació el
teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, convertido en materia de una
investigación judicial y un escándalo político que pueden acabar esta
semana con la carrera del presidente de la Región de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez.
PAS, como se le conoce en su tierra, era a la sazón
alcalde de Puerto Lumbreras por el PP. El arquitecto vizcaíno Martín
Lejarraga siguió en el concurso pese al severo aviso del Colegio de
Arquitectos. Pero es que Martín Lejarraga no iba a ciegas, ni
tenía razones para temer las advertencias sobre la ilegalidad de la
convocatoria. Al fin y al cabo, ya tenía un trato cercano con Pedro
Antonio Sánchez.
“Una farsa” de concurso
El presidente
murciano ha negado estos días en la Audiencia Provincial que entre él y
Martín Lejarraga hubiera ninguna relación antes de que en 2006 el
arquitecto presentara al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras un
anteproyecto para levantar –sin el preceptivo informe político, como
informó interviú hace dos semanas– un teatro-auditorio previo desembolso
de seis millones de euros en subvenciones. Sin embargo, para entonces
había ya una evidencia gráfica de que el político y Lejarraga se
conocían.
Y no se trata de fotos tomadas en secreto, sino de las
que el propio ayuntamiento, gobernado por Pedro Antonio Sánchez, incluía
en los anuarios que publicaba. Las imágenes han sido aportadas al
procedimiento del caso Auditorio por el abogado Ginés Ruiz, que
representa a Podemos.
En el anuario de 2005, en la página dedicada al
mes de junio, bajo la noticia “La banda municipal da la bienvenida al
verano”, aparece otra información que se diría no menor: “El
Ayuntamiento encarga el proyecto del primer teatro local”, titular
desarrollado más abajo con esta promesa: “Puerto Lumbreras contará con
un teatro multiusos y polivalente. Un edificio contemporáneo rodeado de
amplias zonas verdes y espacios abiertos para acoger cualquier tipo de
evento socio-cultural”.
El tono entusiasta no ayudaba a aventurar que
ese edificio se pagaría y recibiría oficialmente sin terminar, tras
derramas de otros dos millones de euros públicos, y constituiría la
pieza principal del hoy conocido como caso Auditorio. Para ilustrar la
noticia, el confeccionador del anuario incluyó una foto en la que PAS y
el arquitecto observan juntos desde una barandilla el estado de unas
obras previas que también fueron concedidas a Martín Lejarraga: una
pasarela entre las dos orillas de la rambla Nogalte, con 864.504 euros
de presupuesto.
De ¡“concurso ad hoc”! tilda el trato del auditorio
el fiscal murciano José Luis Díaz Manzanera en un duro escrito de
acusación incorporado al sumario del caso. Manzanera señalaba en
noviembre pasado a Martín Lejarraga como “cooperador necesario de un
presunto delito continuado de prevaricación”, y le atribuía también
delitos de fraude y falsificación de documento.
El Colegio de
Arquitectos tenía razones para el tono de su circular. De forma
indirecta lo explica el fiscal en su escrito: “Cuando ya estaba el
proyecto del ‘Teatro-Auditorio’ ‘adjudicado a dedo’ por el alcalde, y
tras comprobar las quejas que le estaban llegando por parte de los
profesionales de la arquitectura y por parte del colegio de arquitectos,
en el sentido de que se estaba ya anunciando públicamente, tanto en la
página web del ayuntamiento (…) como en la página web del arquitecto
Martín Lejarraga, que ese proyecto lo iba a redactar y ejecutar el
citado Lejarraga, decidió el alcalde convocar un ‘concurso’ para
aparentar que se iba a ‘adjudicar’ de forma legal”.
Tras explicar
largamente las irregularidades de aquella convocatoria, el fiscal
concluye: “El concurso fue una farsa”.
Casualmente, en la página
web de su estudio de arquitectura, Martín Lejarraga explica así su
vocación: “La arquitectura es una cosa épica es como ir a la guerra
todos los días la arquitectura es capital sí y fé [sic] y honestidad y
voluntad optimismo esperanza descanso memoria un columpio un tobogán”.
Con ese texto poético desprovisto de puntos y comas se presenta un
artista nacido en Bermeo en 1961, que cuenta con diversos galardones
locales y alguno internacional, como el alemán Urban Intervention Award.
Bienio de oro
En
2005, cuando Lejarraga comenzó su relación con el hoy presidente de
Murcia, estaba ya ganando “la guerra” de la arquitectura en esa región.
Los intentos de Interviú de recabar del arquitecto una versión acerca de
sus relaciones con políticos en Murcia han sido vanos. “Solo hablo de
mi trabajo, de cuestiones profesionales”, dice Lejarraga a esta revista
desde su estudio, con sede en Cartagena.
A falta de más
declaraciones, por él hablan sus obras. Y no son pocas, ni pequeñas en
presupuesto: sus realizaciones en toda Murcia implican más de 116
millones de euros de gasto público en diez años. “Es, con diferencia, el
arquitecto que más ha trabajado para las administraciones aquí”, dice
uno de sus competidores, que en su día ya se enfrentó a él recurriendo
alguna adjudicación. Invariablemente, las más cuantiosas, casi todo su
trabajo importante en Murcia, han procedido de políticos locales del PP
bajo la presidencia regional de Ramón Luis Valcárcel.
El periodo
2006 y 2007, al borde mismo del inicio de la crisis del ladrillo, fue el
bienio dorado para el arquitecto Lejarraga. En esos 24 meses no solo
obtuvo el encargo del polémico teatro auditorio de Puerto Lumbreras
(ocho millones de coste final), sino también la dirección de proyectos
como el Museo, Escuela de Música y Centro de Desarrollo Local de la
localidad de Blanca (10.115.239 euros) cuando la gobernaba el alcalde
popular Rafael Laorden.
En Lorca, siendo alcalde Francisco Jódar por el
PP, le cayó a Lejarraga el campus universitario de Ciencias de la Salud
(24.887.355 euros). En Cieza, gobernada por Antonio Tamayo (PP), obtuvo
la rehabilitación del convento de San Joaquín y San Pascual (1.616.278
euros). En La Unión, cuando mandaba el popular Francisco Martín Bernabé,
el ayuntamiento le adjudicó al arquitecto vasco la dirección de la obra
de rehabilitación de la histórica y hermosa Casa del Piñón (3.214.190
euros).
Las principales adjudicaciones obtenidas en ese periodo
supusieron un total de 51,8 millones de euros en obras que debía diseñar
y dirigir. Aunque una de ellas, el teatro auditorio polivalente de
Cehegín (3.9995.365 euros en su primera fase), aún es un esqueleto. Lo
concibió y concedió el ayuntamiento gobernado por el popular José Soria,
y en 2012 hubo que tirar la toalla por falta de fondos municipales.
Hoy, las vigas de acero preparadas en su osamenta esperan tiempos
mejores bajo el sol murciano.
Pleitos e imputaciones
La
Guardia Civil investiga la licitación de Cehegín. Otros exalcaldes del
PP –como el propio Pedro Antonio Sánchez, en su día regidor de Puerto
Lumbreras, hoy presidente regional– han sufrido o se defienden aún de
diversas imputaciones en investigaciones judiciales. Rafael Laorden, el
de Blanca, por delito medioambiental relacionado con un vertedero
ilegal; Antonio Tamayo, de Cieza, por corrupción en la recalificación de
terrenos, en el marco del caso Benís.
