"He nombrado 500 cargos y solo dos me han salido rana", proclamó Esperanza Aguirre
en febrero del 2016. Mentira. La mujer que accedió a la presidencia de
la Comunidad de Madrid a golpe de 'tamayazo' y que acabó dimitiendo el
24 de abril como concejala de la capital arrastrada por el 'caso Lezo' y la 'Púnica'
ha visto cómo la corrupción salpicaba a numerosos cargos de su entorno.
Pero ese no es solo un caso aislado. El PP continúa acumulando
escándalos y exdirigentes llamados a rendir cuentas ante la justicia.
Hasta el propio partido está acusado como beneficiario a título
lucrativo en el 'caso Gürtel', el mismo por el que Mariano Rajoy ha sido citado a declarar como testigo.
Madrid
y la Comunitat Valenciana son los territorios más enfangados, pero la
ciénaga alcanza a muchas otras autonomías, generando un daño en las
instituciones nunca visto hasta ahora. También la línea temporal se
remonta del siglo pasado hasta la década actual.
Jaume Matas y Rodrigo Rato
han sido los primeros ministros aznaristas en ser condenados a penas de
cárcel. Tres extesoreros del partido, incluido el ínclito Luis Bárcenas,
tienen tras ellos a la justicia, que indaga en la presunta financiación
irregular de los conservadores. La historia (o pesadilla) parece no
tener fin.
POLÍTICOS DE PRIMERA FILA, TESOREROS Y DELFINES
El gran escándalo del PP es el 'caso Gürtel',
con tres extesoreros y una veintena de cargos de primer nivel en el
banquillo y ramificaciones por toda España. Le estalló a Rajoy en el
2009, pero eso no fue óbice para que llegara a la Moncloa con una
mayoría absoluta contundente. Y mientras los españoles se indignaban con
los sobres de Luis Bárcenas, las cuentas en Suiza, las
adjudicaciones a dedo y las comisiones, se formó otra trama de
corrupción municipal y autonómica que empezó a desmontarse con la
llamada operación Púnica. Por ella está encarcelado uno de sus cabecillas, Francisco Granados, hombre clave de todos los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre.
En esos ejecutivos fue siempre vicepresidente Ignacio González,
también encarcelado desde hace unos días en Soto del Real por el 'caso
Lezo', en el que se investiga una trama en torno a la empresa pública de
agua Canal de Isabel II, con la que se desviaron al menos 23 millones
de euros.
EL ‘CASO GÜRTEL’
El 6 de febrero del 2009, el juez Baltasar Garzón
coordinó una operación contra una red de corrupción ligada a altos
cargos del PP que operaba fundamentalmente en Madrid y Valencia. Entre
los detenidos ese día estaba Francisco Correa, presunto cerebro y un
hombre clave en la vida interna del PP en los diez años anteriores.
La
instrucción de 'Gürtel'
está dividida en múltiples piezas, entre ellas la de los papeles de
Bárcenas y la relativa a la primera época de la trama, entre 1999 y
2005. Y es en esta última causa por la que el tribunal de la Audiencia
Nacional ha decidido citar a declarar como testigo a Rajoy. El
presidente del PP deberá responder preguntas sobre su relación aquellos
años con Correa, porque el político gallego ya estaba en los más alto
del partido, como vicesecretario y secretario general.
Correa declaró en octubre ante la Audiencia Nacional que el extesorero Luis Bárcenas
lo introdujo en el PP y que con él organizó un sistema para que las
grandes obras realizadas en aquellos años fueran adjudicadas a empresas
que pagaban comisiones de dinero negro. Correa entregaba una parte de
las mordidas al extesorero, en su domicilio y también en la calle
Génova. "Carreteras, autopistas y obras del AVE", declaró ante el
tribunal.
LA OPERACIÓN PÚNICA
Esta operación, por la que Granados
lleva en la cárcel desde el 2014, ha provocado la dimisión de una quincena de alcaldes y concejales y de una decena de altos cargos en Madrid, León y
Murcia: el último, el
expresidente de esta Comunidad,
Pedro Antonio Sánchez.
La trama firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones a
cambio de comisiones ilegales. El sumario puede acumular más
responsabilidades políticas, porque el juez, Eloy Velasco, mantiene bajo secreto la pieza de la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid.
EL ‘CASO LEZO’
Velasco es también el juez
instructor de este escándalo que salió a la luz hace 10 días y que tiene
su núcleo en el PP de Madrid. González, delfín de Aguirre, y varios
miembros de su familia están
implicados en una trama
que desvió dinero del Canal de Isabel II. González presidió el
organismo que la gestiona entre 2003 y 2012, antes de ocupar la
presidencia de la Comunidad (2012-2015). Las conversaciones grabadas
han puesto en jaque al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la actitud de compadreo con los investigados. Catalá comparecerá el 10 en el Congreso.
EL INCOMBUSTIBLE CHAPAPOTE VALENCIANO
En
la Comunitat Valenciana la mancha de la corrupción del PP es tal que
tres de los cuatro expresidentes populares están investigados.
Eduardo Zaplana,
en la operación Lezo; Francisco Camps, por el
caso Fórmula 1, que indaga la llegada y gestión del mundial; y José Luis Olivas,
ya condenado por falsedad documental, por la salida a Bolsa de Bankia y
por operaciones de Bancaja en el Caribe. El único que se libra es Alberto Fabra, aunque podría salpicarle el
'caso Valmor', la compra pública de la ruinosa empresa que montaba la F1.
En el siguiente escalón, el de los 'consellers', el primer condenado fue Rafael Blasco,
que lleva dos años en prisión por el caso Cooperación, que probó el
desvío de fondos para el desarrollo, y tiene pendientes dos causas
similares. Milagrosa Martínez ha sido sentenciada a nueve años por el amaño de los estands de Fitur en la rama valenciana de 'Gürtel'. Juan Cotino está investigado por la gestión de la visita del Papa a València y Vicente Rambla será juzgado por la financiación del partido junto con Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV.
Tres expresidentes de las tres diputaciones también están investigados. El alicantino José Joaquín Ripoll, por un plan de residuos, una pieza separada de
'Brugal', en el que está imputada también Sonia Castedo. En Valencia, Alfonso Rus
fue detenido en el
'caso Imelsa', la empresa pública que gestionaba Marcos Benavent, el 'Yonki del dinero', que
reconoció el cobro de comisiones. Una de sus ramas es el
caso Taula, en el que se imputó por blanqueo a Rita Barberá y a nueve de sus ediles en València. Sus tres últimas campañas están siendo investigadas. El castellonense Carlos Fabra
acaba de cumplir condena
de cuatro años por defraudar a Hacienda, pero tiene una causa pendiente
por un patrocinio y otra por el alquiler de un campo de golf... Todo el
PP suma y sigue.
DE GURÚS A DELINCUENTES Y OTROS PUFOS
Rodrigo Rato y Jaume Matas
parecen competir a ver quién acumula más condenas e imputaciones. El
hombre bautizado por el PP como artífice del "milagro económico" ha
acabado siendo un
fallido gurú condenado ya por las tarjetas
black a cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida. Sobre él penden también el juicio del
'caso Bankia'
y la atribución de presuntos delitos como alzamiento de bienes, fraude
fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental... Todo por decenas
de millones de euros turbios y con peticiones de seis meses a seis años
de prisión.
En cuanto a Matas, el expresidente balear también tiene causas pendientes, pero ya ha sido condenado por el
'caso Nóos' a tres años y ocho meses por prevaricación y malversación, que se suma a otra sentencia de
nueve meses por tráfico de influencias en el
'caso Palma Arena' y a otra de una multa de 9.000 euros por contratación ficticia de su mujer. Otro exministro, en este caso de la era Rajoy, José Manuel Soria, también salió salpicado por escándalos y hasta por los
papeles de Panamá.
