Es el lema de la doctrina positivista de
Auguste Comte, que dominó buena parte de los siglos XIX y XX y aún hoy
pervive en la bandera del Brasil, Ordem e progresso, aunque ya
desprovisto de sus connotaciones dinámicas, avanzadas, progresistas.
Para la mentalidad conservadora, hoy dominante, lo esencial es el orden,
hasta el punto de que solo admite el progreso que se dé dentro de él.
“El orden reina en Berlín”, escribía Rosa Luxemburg el 14 de enero de
1919, después de la derrota de la revolución y un día antes de que la
asesinaran.
El
progreso, sin embargo, suele darse rompiendo los límites del orden. Hay
lo que llaman el crecimiento orgánico que supone evolución sin
rupturas. No obstante muchos otros progresos van acompañados de rupturas
del orden previo y, de este modo, la cópula original se convierte en
antagónica.
Esa
oposición metafórica explica a mi entender el sentido de las primarias:
Díaz representa el orden y Sánchez el progreso. Díaz es secretaria
general del PSOE(A) y presidenta de la CA andaluza. Orden. Cuenta con el
aparato del partido y la gestora. Más orden. Tiene el apoyo de los
barones. Orden y ordenanzas. Su discurso es institucional. Un discurso
de orden que solo se diferencia del del PP en que quiere ponerse en su
lugar.
Sánchez simboliza la mudanza, la renovación, el progreso. Se enfrenta al aparato, la institución, los barones y lo hace como un revenant
justiciero, a vengar una afrenta, no en nombre propio, sino en el de
aquellos que lo votaron en su día y a quienes se ha arrebatado su
elección mediante un golpe de mano. Incidentalmente esto prueba también
la inepcia de los golpistas (“chusqueros” los considera Borrell) al no
rematar a su víctima. Regla básica del arte de la guerra: no puedes
dejar al derrotado en situación de volver a atacar. De hecho, la
caudilla lo había formulado nítidamente: “yo a ese lo quiero muerto”. No
era un anhelo de necrofilia, sino una orden de ejecución.
Pero
la ejecución no se consumó. No hubo tiro de gracia y el derrotado de
ayer, habiendo levantado bandería entre la militancia por la
recuperación de su dignidad, ha encendido un movimiento regeneracionista
interno al PSOE. La ola está muy en la línea de la izquierda actual,
con una ventaja añadida nada nimia: no es virtual, como los círculos de
Podemos, sino muy real en las agrupaciones y casas del pueblo de todo el
país. Esta candidatura ha despertado un adormecido orgullo de partido
de izquierda democrática, en clara competencia con Podemos y que los
adocenados dirigentes del orden y el aparato ni imaginaban. El progreso,
la renovación del partido ha roto los límites del orden establecido y
amenaza arrollar a su candidatura, que iba a culminar su carrera de apparatchik calzándose la SG en una vistosa parada.
El
lunes que viene debatirán los tres aspirantes casi en cónclave, pues lo
harán en Ferraz y a las 13:00, pasando la señal a las televisiones.
Casi secreto. A la recogida de avales brotó la primera sangre. Pero el
duelo ha seguido. Ahora es a muerte, figurada, claro. Duelo Díaz-Sánchez
con el tercero López que, en realidad, por sus posibilidades y lo que
dice, es más un testigo y, según algunos, padrino de Díaz. Padrino en el
sentido de los lances de honor.
El
debate debiera ser más abierto y en una TV pública o privada comercial
de amplia audiencia. La gente está interesada en escuchar al próximo SG
del PSOE y aspirante a presidenta . La cosa promete. Sánchez llega
pertrechado con un documento repleto de propuestas en positivo tanto
para la organización del partido y su relación con la otra izquierda,
como para la gobernación del Estado, incluido el peliagudo tema
territorial. Díaz, por el contrario, no trae nada. Parece que dedicará
el fin de semana a pergeñar algo parecido a un programa de gobierno, que
así saldrá. En cuanto al partido, nada: que todo siga como está, pero
muy unido, con muchas ganas de ganar, en fraternidad de compañeros con
ganas de ganar para disponer de un PSOE con ganas de ganar y que haga
honor a un glorioso pasado con ganas de ganar.
Y así, a veces, emprende
vuelo: la dirección del partido no tiene que estar en contacto directo con la militancia. Sí señor, para eso se inventaron los “cuerpos intermedios” durante las guerras de religión, muy actuales, como se sabe. El PSOE no es de izquierdas ni de derechas.
Ni de centro, que no existe, pues la derecha se toca con la izquierda
por su izquierda y la izquierda con la derecha por su derecha. ¿A que
está claro? Respecto a la otra izquierda, asegura llena de desdén solo es útil cuando resuelve los problemas de la gente. Cierto. La otra izquierda, la derecha, el centro, el extrarradio y ella misma como persona: solo son útiles si son útiles.
La
candidatura de Sánchez reitera su opción por la alianza de izquierda y
la plurinacionalidad del Estado, sin entrar en mayores dibujos pues no
es el momento. Se disipa así la interpretación malévola de El País de que el candidato daba con la puerta en las narices a Podemos.
Hubiera sido absurdo. En primer lugar porque en democracia no debe
darse con la puerta en las narices a nadie. Y aprovecho para señalar que
“nadie” es “nadie” y no debe pues darse con la puerta en las narices a
los indepes catalanes. En segundo lugar, los otros deben poner las
narices para que les den en ellas y no parece ser el caso de Podemos ni
de JxS.
Si Podemos o JxS se niegan a dialogar o ponen condiciones sine qua non,
habrán situado la pelota en su propio tejado. Lo que el PSOE debe
mostrar es una disposición a dialogar con todo el mundo sin condiciones.
Esa es una posición más sensata y, es de suponer, ganadora, frente a la
cerrazón de Díaz, que condena al PSOE a una sola salida: servir de
muleta al gobierno del PP. Lo cual tampoco estaría mal necesariamente
de no ser porque, en las circunstancias actuales, ni el PP ni Rajoy
están en condiciones de gobernar.
Jueces contra políticos
La
respuesta judicial del Estado español a la aplicación de la hoja de
ruta de la mayoría parlamentaria enfrenta a dos poderes del Estado con
intención de someter el uno al otros, el parlamentario al judicial.
Obviamente, esto atenta contra la separación de poderes y la soberanía
del Parlamento, cuyos miembros gozan de inviolabilidad en el ejercicio
de su cargo. Esa inviolabilidad que Carme Forcadell i Anna Simó han
demandado a la jueza que les ampare.
La
inviolabilidad hace referencia a la función política del Parlamento.
Este no pretende sustraerse a la acción de los tribunales en asuntos no
políticos, de derecho común, incluso aunque la pintoresca institución
del aforamiento suela extenderse en efecto a estos asuntos y se haga
por huir de la acción de la justicia, lo cual no deja muy bien parados a
los representantes del pueblo.
No
es el caso con la función política del Parlamento y su concreción
legislativa, que es soberana. En el caso de que la acción política del
legislativo sea objeto de prohibición judicial, la mesa y su presidenta
se verán en la disyuntiva de acatar la decisión judicial (prohibitiva)
incumpliendo el mandato de la mayoría parlamentaria o cumplir este
mandato y, por tanto, desacatar la decisión judicial. Si hace lo segundo
pondrá al Parlamento bajo control judicial.
Se
dirá que el Parlamento catalán no es soberano, como tampoco el TSJC lo
es frente al Tribunal Supremo. Pero, a diferencia de la jerarquía
aceptada de los tribunales, el Parlamento español, depositario de la
soberanía, no la comparte con el Parlamento catalán.
Por
este motivo, los partidarios de la mano dura judicial contra el
independentismo señalan que no se encausa a nadie por sus
manifestaciones u opiniones políticas, sino por la comisión de presuntos
ilícitos como la desobediencia. Porque este es el núcleo del problema:
tratar como una cuestión de legalidad por vía de represión judicial una
que es eminentemente política, que se plantea en el terreno de la
legitimidad. Desde la legitimidad suele ponerse en cuestión la autoridad
de los tribunales –de estos tribunales concretos- para entender de la
causa.
De
aquí que este proceso sea un proceso político, se quiera o no. Es
político porque los justiciables son políticos, con objetivos puramente
políticos y sostienen que actúan en función de unas convicciones
políticas y morales. El Estado niega este carácter político y moral a la
cuestión. Pero eso es lo que han hecho siempre los Estados que se han
enfrentado a movimientos de disidencia masiva y pacífica. Han perseguido
a los dirigentes, acusándolos y condenándolos por la vía penal
ordinaria.
El
mismo Estado que insta la acción de los tribunales en defensa de la
legalidad es el que acomete presuntas actividades de guerra sucia, como
la denominada Operación Cataluña. Por descontado esto no afecta a la
cuestión de que aquí se trata pero dibuja un contexto de operación
política en todos los frentes, uno de los cuales es el judicial. Por una
multitud de razones puede sostenerse que el poder judicial en España
(incluido ahora el Tribunal Constitucional ya que tiene facultades que
antes no tenía) no es independiente del poder político, sino, al
contrario, su brazo ejecutor.
Reducir
un conflicto político con choque de legitimidades (la soberanía del
pueblo español y la del pueblo catalán y las de sus respectivos
parlamentos) a una cuestión penal, individualizando la responsabilidad
y, es de suponer, tratando de dar un escarmiento, no es una solución. La
explicación de que se juzga la desobediencia concreta de Carme
Forcadell et al., no puede ignorar el hecho de que esta presunta
desobediencia se produjo por la obediencia a un mandato político de otro
poder. Que detrás de Carme Forcadell hay centenares de miles, millones
de voluntades. Que se juzga un símbolo. Los tribunales pueden
inhabilitar a los imputados, pero ¿qué harán con los que los sustituyan
en los cargos y procedan del mismo modo?
Al
final, si quienes ejercen los cargos públicos son inhabilitados
sistemáticamente será preciso dar un paso más y suspender las
instituciones de autogobierno catalán. Esto es lo que demandan ya muchas
voces de la derecha política y mediática. Y, llegados a esta situación,
el nacionalismo español tendrá un problema constitucional por negarse a
reconocer que tiene un problema constitucional.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
