lunes, 29 de mayo de 2017

Las acusaciones piden que se juzguen las cuotas de la CAM desde su origen


MADRID.- Las acusaciones particulares pidieron este lunes en la primera sesión del juicio oral sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.
Pero ahora las acusaciones particulares en representación de los afectados solicitaron que se amplíe el perímetro, un criterio que no comparte el fiscal, Luis Rodríguez Sol.
Sí coincidió con las defensas al descartar que las citadas acusaciones puedan seguir reclamando indemnización alguna en este juicio que, dijo, se limita únicamente a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Al igual que ya ocurriera durante el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- acudieron a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados.
Entre los que pidieron que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que señaló que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".
Una decisión en la que insistió la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que alegó la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo.
Al respecto, aseguró que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", dijo su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".
El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El juicio se reanudará mañana martes con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.

El Tribunal Supremo ratifica que no revisará las sentencias de cláusulas suelo firmes

MADRID/SEVILLA.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado que no revisará las sentencias de cláusulas suelo firmes anteriores al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ordenó la devolución de la totalidad de las cantidades cobradas indebidamente por las entidades bancarias y no sólo desde la fecha de la sentencia del 9 de mayo de 2013, según recoge la prensa sevillana. 

El Alto Tribunal ha inadmitido la demanda de revisión que presentó una pareja sevillana a la que el juez de lo Mercantil le concedió la devolución total, pero que, más tarde, la Audiencia de Sevilla dio parcialmente la razón al banco y limitó los efectos a la fecha del fallo del Supremo.
La sentencia de la Audiencia de Sevilla fue declarada firme el 22 de enero de 2016, once meses antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ordenó la devolución de la totalidad de las cantidades cobradas indebidamente a los clientes con cláusulas suelo. 
Con anterioridad, el Juzgado de lo Mercantil número nº1 de Sevilla había condenado a la entidad bancaria a devolverles la totalidad de lo cobrado indebidamente. 
Tras la sentencia del tribunal europeo, la pareja pidió la revisión de la sentencia, pero el Supremo ha rechazado su admisión porque entiende que no es posible obtener la revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior, porque esa sentencia no es un "documento" a efectos de lo previsto en la regulación de las demandas de revisión en la ley de Enjuiciamiento Civil.
El Supremo destaca que el derecho comunitario "no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración del Derecho de comunicación por la decisión en cuestión". 
Así, concluye que la jurisprudencia del TJUE no ha desarrollado una doctrina acerca del problema de la revisión de las resoluciones administrativas judiciales firmes que permita afirmar que una sentencia posterior de dicho tribunal posibilite revisar una sentencia firme dictada por un tribunal español".
Es más, la resolución, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Rafael Saraza Jimena, señala que en nuestro ordenamiento jurídico "no existe previsión legal respecto a dicha posibilidad de revisión", por cuanto el legislador únicamente ha previsto un mecanismo especial de revisión cuando se trata de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declare que dicha sentencia ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero "no ha incluido igual solución para las sentencias del TJUE".
Y además, la jurisprudencia del TJUE ha reconocido "la importancia del principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la Justicia".
El respeto a la institución de la cosa juzgada que impide reabrir procesos finalizados por sentencia firme (cosa juzgada formal) y que se abra un nuevo proceso sobre el mismo objeto ya juzgado y resuelto pro sentencia firme, tiene también su anclaje constitucional en el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución, y es reconocida en otros sectores del ordenamiento jurídico.
La aplicación de los principios de "efectividad y equivalencia" no determina en estos casos la revisión de las sentencia firmes por el hecho de que con posterioridad se haya dictado una sentencia por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que siente una doctrina incompatible con la de la sentencia firme del tribunal nacional, concluye el Supremo.

Asalto 'genovés' a la justicia: colaboradores necesarios


MADRID.- Cuando el 10 de diciembre del 2013, el BOE publicaba el nombramiento de Carlos Lesmes Serrano como presidente del Consejo General del Poder Judicial y como presidente del Tribunal Supremo desde los genoveses.net advertimos que comenzaba un asalto coordinado desde Moncloa y Génova a la cúpula judicial, se escribe en http://www.elplural.com

Esa misma operación se había perpetrado con éxito relativo un año antes en la Fiscalía General del Estado con el nombramiento como Fiscal General de Eduardo Torres Dulce Infante. Y los hechos, cinco años después, lejos de desmentirlo lo han confirmado con creces, superando incluso las expectativas puestas por los genoveses originales y genuinos.

En este peculiar casting con toga finalmente no han sido muchos los elegidos pero todos ellos tienen en común su más absoluta lealtad a los principios del “movimiento genovés” como han demostrado a lo largo de estos últimos cinco años tras ocupar puestos claves en la resolución de asuntos de la máxima gravedad para el futuro del gobierno que preside Rajoy y para el Partido que él mismo preside. Vamos a ello.

Magistrados

Carlos Lesmes Serrano. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y Presidente del Tribunal Supremo. Su biografía despeja cualquier duda razonable sobre sus intenciones a la hora de ponerse a la cabeza de estas instituciones. Ex alto cargo de los gobiernos de Aznar y colaborador compulsivo de FAES. A sus profundas “convicciones religiosas” que no necesariamente le sitúan en los aledaños del Opus Dei, hay que sumar su estilo autoritario no exento de vanidad insoportable. Se ha hecho fuerte en su Comisión Permanente y desde allí, sin contemplaciones, ha impuesto por “las buenas o por las malas” a sus candidatos a presidir todo tipo de tribunales. 
 
Entre sus más estrechos colaboradores se encuentran los vocales Fernando Grande-Marlaska Gómez, elegido a propuesta del PP y desde el 2012 hasta el 2017 Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y Gerardo Martínez Tristán, vocal también elegido a propuesta del PP y Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid desde 2006. Como anécdota informativa está casado con Marta García de la Calzada, ex Consejera de Fomento del Gobierno de María Dolores de Cospedal durante su etapa como Presidenta en Castilla La Mancha.

Manuel Marchena Gómez. Presidente de la Sala II del Tribunal Supremo. Es probablemente el nombramiento más rentable de los realizados por Carlos Lesmes al frente del CGPJ. También en este caso su biografía ayuda a entender por qué fue el elegido. Por sus manos han pasado, pasan y pasarán los principales casos de corrupción que afectan a personajes genoveses de todo tipo y condición y que en algunos caso relevantes son además aforados. Su presencia en esta Sala es una garantía para evitar sobresaltos innecesarios. Sobre su cualificación hay división de opiniones. Los hay que dicen que es “un jurista de reconocido prestigio”. Otros, sin embargo, sostienen que eso es una leyenda urbana sin fundamento y que lo suyo de verdad es más de dar conferencias en master y congresos. Sea como fuere, nunca defrauda las expectativas de sus patrocinadores.

Concepción Espejel Jorquera. El pasado 25 de mayo ha sido impuesta por la mayoría conservadora del CGPJ que preside Lesmes como nueva Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Su mejor carta de presentación se encuentra en su propia biografía que al igual que los casos hasta ahora mencionados despejan toda duda razonable que sobre la susodicha se pudieran tener. Ha sido vocal a propuesta del PP del CGPJ y goza de la simpatía indisimulada de la actual Ministra de Defensa y Secretaria General del PP, María Dolores Cospedal García
 
Entre sus méritos más meritorios está el haber sido recusada por sus propios compañeros de la Audiencia Nacional para juzgar las siguientes Piezas Separadas de la trama Gürtel : PS 1999-2005 Primera Época; PS Caja B del PP; PS AENA, PS JEREZ y PS Visita Papa a Valencia. En las PS Contratos Generalitad Valenciana y PS Boadilla ha optado por abstenerse. Entre las razones que sus colegas y el MF alegaron en sus escritos para recusarla destacan su clara proximidad al PP y su falta de apariencia de imparcialidad con este Partido .

Enrique López López. Hasta su nombramiento por Lesmes el pasado 24 de mayo como magistrado de la recientemente constituida “Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional” ejercía de magistrado en la Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que casualmente presidida por Concepción Espejel. Su presencia en este listado tiene que ver con un hecho sobrevenido : el 1 de junio del 2014 fue detenido por conducir ebrio lo que provocó su dimisión como magistrado del Tribunal Constitucional puesto para el que había sido nombrado a propuesta del Gobierno de Rajoy un año antes y con previsión de ocupar durante 9 años seguidos. Tras su forzada dimisión con condena incluida reingresó a la Audiencia Nacional. También tiene el dudoso mérito de haber sido recusado por sus propios compañeros de la Sala de lo Penal para juzgar varias PS del Caso Gürtel. Las razones son similares a las que se sirvieron para recusar a Espejel.

Finalmente, junto a estos 6 ejemplos hay que añadir un número indeterminado de magistrados, tan conservadores como el lector se quiera imaginar, que por razones de espacio los dejamos para mejor ocasión. Forman parte del mismo un buen número de miembros de Salas tanto del Supremo como de la Audiencia Nacional. Redondean su presencia al frente de numerosos Tribunales Superiores de Justicia. Por sus actos los conoceréis. Valgan dos ejemplos. 
 
El primero es Ángel Hurtado, Presidente de la Sala que en estos momentos está juzgando la PS Primera Época de Gürtel. Ha sido un fiel opositor a que testificara Rajoy y sus más estrechos colaboradores. La segunda no es magistrada ni está previsto. Responde al nombre de María A. Mosquera Loureda, ex Secretaria Judicial titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional. Desde el 15 de agosto del 2015 que fue nombrada por el Ministerio de Justicia con Catalá como titular es la Secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional. Se da la feliz casualidad que Mosquera es compañera de curso de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela donde también se licenció Mariano Rajoy.

Fiscales

También aquí nos vemos obligados por razones de espacio hacer una selección muy selectiva. Son muchos más de lo que parecen aunque no son todos los que al Gobierno y al PP le gustarían. Siguiendo su estructura jerárquica estos son los mas relevantes:

José Manuel Maza Martín. Nombrado Fiscal General del Estado el 26 de noviembre del 2016 por Rajoy bajo el auspicio y buenaventura de su Ministro Catalá y de Manuel Marchena. En estos casi 6 meses que dirige la Fiscalía ha cumplido con creces las expectativas creadas. Por ejemplo, ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados; ha cesado a varios Fiscales para nombrar a sustitutos de reconocida afinidad e idoneidad genovesa y le ha faltado tiempo para desautorizar a fiscales que están trabajando en casos de corrupción del PP. Quien da más por menos?. Así las cosas y al ritmo con el que toma las decisiones está en un tris de dejar a sus predecesores, Eduardo Torres Dulce y a Consuelo Madrigal, como dos fiscales antisistema. Ver para creer.

Manuel Moix Blázquez. Ha sido nombrado por el dúo Catalá & Maza, cada uno de ellos utilizando los recursos de que disponen, como nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción. Su predisposición a defender sin complejos las tesis genovesas están plenamente avaladas por su actuación a lo largo y ancho de su trayectoria profesional. Su biografía lo confirma con creces. Al igual que su padrino Maza ha sido reprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados. En más de una ocasión ha sido desautorizado por sus subordinados. Lejos de desanimarse no se da ni por aludido.

Tribunal Constitucional

Es sin duda la tercera pata en la que el gobierno de Rajoy se apoya para cerrar el circulo y perpetrar sus deseos menos confesables. Su composición no deja lugar a dudas al igual que su actual Presidente, el ultraconservador Juan José González Rivas. La mayoría genovesa es apabullantemente mayoritaria. De sus 12 componentes, 7 son marcadamente conservadores, 4 son progresistas y su Vicepresidenta, en caso de duda, gira a la derecha.

La Audiencia Nacional pide que el juez Velasco siga instruyendo un mes más las causas 'Púnica' y 'Lezo'

MADRID.-La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado hoy proponer al Consejo General del Poder Judicial que valore si el juez Eloy Velasco puede seguir a cargo del juzgado central de instrucción nº 6, encargado de casos de corrupción como Púnica y Lezo, hasta que se nombre a su sustituto. 

La sala, compuesta por siete jueces del tribunal incluyendo a su presidente, José Ramón Navarro, se ha reunido esta mañana para tratar, entre otros temas, el relevo de Velasco, que ha sido nombrado miembro de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional y ya ha dejado su puesto al frente del juzgado central de instrucción, donde llevaba desde 2008.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, los jueces han decidido aceptar la propuesta de que sean los jueces de instrucción de guardia (cada semana se encarga de la guardia uno de los seis magistrados del tribunal) los que lleven los asuntos del juzgado de Velasco hasta que se le releve.

Lo han hecho, sin embargo, "sin perjuicio" de que el CGPJ valore la posibilidad de que pueda continuar en sus funciones hasta que se cubra la plaza en su juzgado, que actualmente investiga grandes casos de corrupción política que afectan al PP.

Según las mismas fuentes, se espera que el relevo de Velasco sea rápido y puede que para finales de junio el CGPJ nombre a su sustituto.

El BOE publicó la semana pasada la convocatoria de esa plaza de forma interina hasta que el titular de la misma, Manuel García-Castellón retorne de Roma, donde ejerce de juez de enlace en Italia.

Los aspirantes al puesto que deja Eloy Velasco tienen quince días de plazo, a contar a partir del pasado día 25, para solicitar la plaza.

Entre tanto, el Tribunal Supremo tendrá que resolver los cinco recursos presentados contra la decisión del CGPJ de conceder las plazas de la Sala de Apelaciones a Velasco y López.

Los jueces de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado y Clara Vayarri han recurrido contra el resultado del concurso ante la Comisión Permanente del Consejo. Una vez la comisión haya rechazado su recurso, el asunto recaerá en el Supremo.

 El Consejo General del Poder Judicial no se niega

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargará en los próximos días a los jueces de instrucción que estén de guardia cada semana en la Audiencia Nacional que, provisionalmente, se hagan cargo por turno de las diligencias urgentes del juzgado que ha dejado vacante Eloy Velasco.
Se trata de una medida temporal -propuesta por la propia Audiencia- que se extenderá hasta que en el próximo mes de junio se resuelva el concurso para nombrar sustituto a Velasco, según han informado fuentes de la Audiencia Nacional y del propio CGPJ.
Eloy Velasco debe abandonar ese juzgado para incorporarse a la Sala de Apelaciones de la Audiencia de modo inmediato.
En el juzgado nº 6 de la Audiencia reside la investigación de casos como Lezo y Púnica, aunque ha dejado aplazadas las nuevas diligencias necesarias para que quien venga a ocupar su puesto tenga tiempo de aterrizar. Aún así, en muchos de sus otros asuntos es necesario acordar actuaciones.
La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha propuesto al CGPJ que, junto a su propuesta principal, valore otra posibilidad: que Velasco pueda seguir a cargo del juzgado central de instrucción 6 hasta que se nombre a su sustituto. Fuentes del CGPJ han informado que esta posibilidad es muy improbable.

Buques fabricados por 'Navantia' para la Armada australiana han sufrido ya averías en sus propulsores


MADRID.- La industria militar española, y en especial la construcción naval, ha conseguido en los últimos años importantes contratos en todo el mundo. La empresa Navantia, tras convertirse en la primera del mundo en construir un portaaviones para una armada ajena con el HTMS Chakri Naruebet tailandés, ha vendido flotas enteras de buques de guerra a países como Noruega, Turquía o Australia incluyendo fragatas (basadas en las F-100 de la Armada española), buques logísticos y buques de desembarco anfibio con capacidad aérea basados en el BPE Juan Carlos I español. 

Sin embargo, unas averías en dos ejemplares de la clase Canberra australiana han levantado una fuerte polémica en ese país, cuyos medios acusan al fabricante español de tener toda la culpa. Se trata de una seria amenazan al buen nombre de las exportaciones navales españolas en la víspera de un gran concurso para nueve fragatas más, revela hoy http://www.elconfidencial.com.

Los dos buques de la clase Canberra fueron contratados a Navantia por el Ministerio de Defensa australiano en 2007, ganando a potentes ofertas como la francesa de un derivado de su clase Mistral. Los dos barcos costaron en total 3.000 millones de dólares, de los cuales unos 1.400 millones de euros acabaron en la industria española, que se encargó de construir los cascos en los astilleros de El Ferrol. Una vez botados, los cascos fueron trasladados a Melbourne, donde empresas australianas finalizaron la construcción.
El primer barco, HMAS Canberra, entró en servicio a finales de 2014 y el segundo, HMAS Adelaida, en diciembre de 2015. Los contratos incluían otros productos como 12 lanchas de desembarco y se unieron a otras ventas como los tres destructores antiaéreos de la clase Hobart (basados en las fragatas F-100) y los dos buques logísticos basados en la clase Cantabria.
Esta misma semana se ha entregado oficialmente el HMAS Hobart a la Armada australiana tras finalizar sus pruebas de mar. Navantia ha vendido también el diseño del buque de asalto anfibio turco TCG Anadolu que se construye en los astilleros Sedef. El astillero español además está entre los tres preseleccionados para el contrato SEA 5000 en Australia por nueve fragatas antisubmarinas por valor total de más de 30.000 millones de dólares, con un diseño basado en las futuras F-110 para la Armada española. Compite con un astillero italiano y otro británico.

Sistemas de propulsión averiados

Por eso ha levantado tanto revuelo la reciente inmovilización de los dos buques de la clase Canberra a causa de averías de sus sistemas de propulsión. A mediados de mayo ambos barcos tuvieron que suspender sus ejercicios y maniobras para revisar sus plantas propulsoras ante la aparición de problemas.
El HMAS Adelaide fue colocado en dique seco para revisar sus instalaciones ante la aparición de fragmentos metálicos en muestras de lubricante tomadas de sus ‘pods’ propulsores. Y en el HMAS Canberra se han producido migración de lubricantes (que tienen diferentes densidades en distintas zonas de los motores) por problemas de los sellos, aunque este barco ya ha sido reparado y ha vuelto a incorporarse a la flota.
El sistema de propulsión de los Canberra, como el del Juan Carlos I español, se basa en dos ‘pods’ externos que actúan como impulsores y como timones, ya que pueden girar 360 grados. Los motores son eléctricos fabricados por Siemens, tienen 15.000 cv cada uno y mueven dos hélices de 4,5 m de diámetro por pod. Para mejorar la maniobrabilidad hay dos propulsores laterales a proa, también eléctricos, de 2.000 cv.
La electricidad es generada a bordo por una planta mixta CODAG que consta de dos grandes motores diésel Navantia MAN de casi 10.000 cv (para la potencia de crucero) y una turbina de gas General Electric LM2500 capaz de producir 25.690 cv (para potencia máxima). Los barcos incorporan asimismo un generador diésel de emergencia Progener-Mitsubishi de 2.000 cv. En conjunto, los Canberra pueden alcanzar los 20,5 nudos y son considerados muy maniobrables.
La aparición de problemas en los ‘pods’, fabricados por Siemens, ha causado consternación en la armada australiana y cierta controversia en la prensa local. En unas primeras informaciones se culpó a un deficiente mantenimiento de los barcos de las averías, lo que fue tajantemente desmentido por la Marina. También se ha especulado con la posibilidad de que los barcos llevasen demasiado tiempo en el mar como causa de los problemas.
La industria militar española, y en especial la construcción naval, ha conseguido en los últimos años importantes contratos en todo el mundo. La empresa Navantia, tras convertirse en la primera del mundo en construir un portaaviones para una armada ajena con el HTMS Chakri Naruebet tailandés, ha vendido flotas enteras de buques de guerra a países como Noruega, Turquía o Australia incluyendo fragatas (basadas en las F-100 de la Armada española), buques logísticos y buques de desembarco anfibio con capacidad aérea basados en el BPE Juan Carlos I español. 
Sin embargo, unas averías en dos ejemplares de la clase Canberra australiana han levantado una fuerte polémica en ese país, cuyos medios acusan al fabricante español de tener toda la culpa. Se trata de una seria amenazan al buen nombre de las exportaciones navales españolas en la víspera de un gran concurso para nueve fragatas más.
Por eso ha levantado tanto revuelo la reciente inmovilización de los dos buques de la clase Canberra a causa de averías de sus sistemas de propulsión. A mediados de mayo ambos barcos tuvieron que suspender sus ejercicios y maniobras para revisar sus plantas propulsoras ante la aparición de problemas.
El HMAS Adelaide fue colocado en dique seco para revisar sus instalaciones ante la aparición de fragmentos metálicos en muestras de lubricante tomadas de sus ‘pods’ propulsores. Y en el HMAS Canberra se han producido migración de lubricantes (que tienen diferentes densidades en distintas zonas de los motores) por problemas de los sellos, aunque este barco ya ha sido reparado y ha vuelto a incorporarse a la flota.
Posteriormente, el contraalmirante Adam Grunsell, que se encarga de los sistemas navales en el Grupo de Adquisición y Apoyo de Capacidades del Ministerio de Defensa, declaró que "bien podría ser un fallo de diseño", y otras noticias recordaron que el BPE Juan Carlos I español tuvo también problemas.
 De momento el MAS Adelaida va a perderse unas importantes maniobras con la flota estadounidense y técnicos de Navantia y Siemens trabajan para localizar y resolver el problema.
Fuentes consultadas del astillero español han asegurado a Teknautas que “Navantia está trabajando con la Marina y el Ministerio de Defensa australianos y todos estamos convencidos que se podrá resolver en breve y los barcos seguirán realizando con éxito sus misiones”. La Armada australiana, por su parte, cree que es pronto para asignar responsabilidades.
Lo cierto es que los problemas que tuvo el Juan Carlos I nada tuvieron que ver con los de los buques australianos y fueron relativamente menores, nada fuera de lo habitual en un buque primero de su clase. Uno de los motores diésel tuvo que ser reemplazado a causa de un problema de fábrica y en las pruebas de mar se detectó cavitación en las hélices proeles de los ‘pods’, un defecto que provoca ruidos, erosión y pérdida de eficiencia y que se resolvió cambiándolas. La turbina de gas General Electric también necesitó ajustes en 2013. Desde entonces los buques tanto español como australianos han dado excelente rendimiento a sus respectivas marinas; los problemas actuales son considerados menores y sencillos de reparar.
Respecto al escándalo generado no se puede olvidar el resquemor que los éxitos de la empresa española Navantia en sucesivos concursos ha causado en las empresas, la industria y la prensa australianas. Como tampoco es inocente la proximidad del mayor concurso de suministro de buques de superficie en aquel país, el SEA 5000 con sus 9 barcos por un valor superior a los 30.000 millones de euros, lo que supone negocio y carga de trabajo a lo largo de décadas.
No sería extraño que grupos de presión interesados hayan intentado compensar las excelentes relaciones y el historial de cooperación con la Marina australiana que coloca en buena posición a la oferta española respecto a sus competidores. Cosas peores se han visto en concursos internacionales de este tipo.

Qatar exige a 'El Corte Inglés' que inicie el estudio de su proceso de salida a bolsa


MADRID.- El consejo de administración de El Corte Inglés está empezando a notar la presión de tener por primera vez en su historia a un accionista ajeno a la familia. Shahzad Shahbaz, el representante del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ha pedido una nueva hoja de ruta que permita cumplir con el plan estratégico que se lanzó cuando el inversor catarí adquirió el 10% de la compañía, informa hoy http://www.elconfidencial.com.

Una petición que tendría como objetivo final profesionalizar la compañía y comenzar a preparar la salida a bolsa a partir del próximo año. El contrato que dio entrada a Al Thani en el capital de El Corte Inglés establecía en una de sus cláusulas que dicho accionista podía solicitar en cualquier momento que se pusiera en marcha el estudio de una OPV del grupo, fijándose un periodo de año y medio para la realización del informe.
La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha
Según las fuentes, el jeque ya se habría dirigido al consejo con el objeto de activar dicha cláusula. El propio presidente y consejero delegado de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, dejó caer en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía de Sitges que no descartaba sacar a bolsa la compañía en un futuro, aunque matizó que no era una opción que estuviera sobre la mesa. La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha.
Igualmente, Shahzad Shahbaz ha requerido a Cristina y a Marta Álvarez Guil, las dos herederas de Isidoro Álvarez, así como a Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, en representación de la Fundación Ramón Areces, que aceleren la transformación del 'holding' debido a que, a pesar de la notable mejora del negocio en los últimos ejercicios, las cifras de crecimiento están lejos de lo que se estimó cuando en julio de 2015 entró en el capital.
Las mismas fuentes añaden que, a falta del cierre del ejercicio en curso —la compañía ya conoce los datos del año 2016-2017 acabado el 28 de febrero—, los objetivos se van a quedar cortos en cuanto a lo esperado por el catarí. Especialmente, en lo relativo al beneficio de explotación o ebitda, que se había calculado en 1.300 millones de euros para la temporada 2017-2018.
Este incumplimiento tendrá un impacto directo en el capital del grupo, ya que precisamente el jeque tendrá derecho a recibir una compensación en acciones por no alcanzar las cifras pactadas. Actualmente, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani es dueño de un 10% desde una sociedad luxemburguesa, pero recibirá en julio del próximo año otro 2,5% porque los 1.000 millones de euros que invirtió por esa participación fueron en forma de un préstamo con un cupón anual del 5,25%.
Otras fuentes próximas al consejo de administración aseguran que el incumplimiento del contrato le dará otro 0,5%, por lo que en julio de 2018 tendrá como mínimo un 13% del capital. A ese porcentaje hay que añadir una penalización de un 1% adicional si, cuando se decida a salir a bolsa, la valoración de El Corte Inglés se queda por debajo de una tasación preliminar ya acordada. Se da por hecho así que llegará a cerca del 14%.
La decisión estratégica principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables
La principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables. En concreto, de hasta 21 de sus 100 puntos de venta de grandes dimensiones que internamente se definen como improductivos. Gimeno ha chocado varias veces con la oposición de Lasaga y Martínez Echevarría, que se oponen a bajar la persiana de algunos de los grandes almacenes que abrieron entre 2000 y 2010 bajo su mandato y el de Isidoro Álvarez, en plena crisis económica. En este listado están los de Leganés (Arroyosur), Jaén, Oviedo, Elche, Guadalajara, Talavera, Albacete o Eibar.
En el seno de El Corte Inglés preocupan y mucho las noticias de los cierres masivos que se están produciendo en Estados Unidos por el impacto del comercio 'online'. En lo que va de año, se han clausurado 3.600 establecimientos, y la previsión para el conjunto del ejercicio es de 10.000, según la consultora especializada en el sector F&D Reports
Por su parte, Moody's ha advertido de que un 13,5% de las compañías 'retailers' que cubren sus analistas de crédito está en grave riesgo de quiebra. La situación por la que atraviesa Sears, el gran 'holding' de la distribución estadounidense, ha alarmado al jeque catarí y a Gimeno, que ven con inquietud cómo sus acciones se han desplomado un 56% en nueve meses tras advertir de que duda sobre su capacidad para seguir con sus puertas abiertas el próximo año.
De momento, tras constituir un comité de dirección y otro de auditoría, el jeque ha pedido la creación de una comisión de nombramientos y retribuciones. El objetivo principal es separar la propiedad de la gestión a la hora de designar a la cúpula directiva o los próximos consejeros. Una decisión que se interpreta como un paso de cara a la futura salida a bolsa.

Bankia compensará la dilución por adquirir BMN con un mayor beneficio por acción

MADRID.- Caja Madrid y otras cinco pe­queñas cajas pro­vin­ciales tiene aún pen­dientes los de­beres que le en­co­mendó su mayor ac­cio­nista (el FROB), para que es­tudie cómo fu­sio­narse con BMN. Y una de las pri­meras de­ci­siones es cómo se hará la ab­sor­ción. La ecua­ción de canje pro­vo­cará una pe­queña di­lu­ción que puede ser com­pen­sada con mayor be­ne­fi­cio, según avanza hoy https://www.capitalmadrid.com

Cuando la Comisión rectora del FROB se reunió el pasado 14 de marzo y decidió dejar dada por escrito la orden de que Bankia y BMN se pusieran a trabajar para fusionarse, la cuenta atrás acababa de comenzar.
Teóricamente el cronómetro tiene puesta la fecha de la decisión última en el mes de julio, que es cuando debería saberse cuál es finalmente el precio que Bankia pagará por comerse a BMN. De las opiniones de los analistas y de las cuentas de ambas entidades puede deducirse que la dilución que se producirá entre los accionistas de Bankia puede verse compensada por mayores beneficios futuros.
La única oferta seria por BMN ofrecida al FROB antes de aprobar la fusión ascendía a 1.300 millones de euros, cifra que parece configurarse como la que al final será aprobada para el canje. ¿Por qué vendérselo a Bankia por el mismo precio?
Muy sencillo: los expertos independientes que contrató el FROB para estudiar la mejor salida para privatizar BMN señalaron que vendido conjuntamente con Bankia reportaría al FROB 400 millones más que si lo hacía por separado. Es decir, que puesto en valor de 1.300 millones, BMN consolidado en Bankia vale 1.700 millones y eso sube el precio de la privatización del banco resultante de la operación.
Ahora entra en juego la cuestión del dinero contante y sonante. El FROB podría haber vendido su participación en BMN (tiene el 65%) por una cantidad que muy probablemente habría quedado en no más de 690 millones netos, ya que la operación requiere la ruptura de pactos con terceros en materia de gestión de fondos y seguros. 
Ahora con el nuevo precio de la venta conjunta (ya que no podrá hacerse por separado una vez ejecutada la fusión) el FROB ingresará cerca de 1.100 millones, cifra muy cercana a las ayudas que recibió BMN.
Además, los analistas coinciden en que la operación redundará en un mayor beneficio para el banco resultante (de hasta un 20%), lo que quiere decir que la nueva Bankia con BMN absorbido pasaría con claridad de los 1.000 millones de euros de beneficio anual. Y Bankia reparte dividendos (BMN no), lo cual garantizaría ingresos adicionales al FROB hasta la privatización completa, para la que de momento hay plazo hasta al menos finales de 2019. Las virtudes de la fusión para el FROB están claras.
De acuerdo con las últimas cuentas presentadas por cada uno de los dos, el valor en libros de Bankia es de 12.612 millones de euros y el de BMN asciende a 2.166 millones. Bankia aprobó en marzo realizar el 5 de junio un contrasplit en una operación doble. Primero reduce capital en 6.334 millones de euros reduciendo el valor nominal de cada acción de 0,80 a 0,25 euros por título.
Esa cantidad no irá a compensar pérdidas, ya que el banco está en beneficios, sino que se destinará a reservas voluntarias. Inmediatamente después se agrupan los títulos con la emisión de una acción nueva por cada cuatro antiguas y cambiando el valor nominal a un euro.
De ese modo, el patrimonio neto de la entidad (que permanece invariable), a efectos de valoración para cualquier operación corporativa, queda repartido entre 2.879,3 millones de acciones en lugar de entre los 11.517,3 millones de títulos previos. 
A su vez, el patrimonio neto de BMN se divide entre 1.163,6 millones de acciones de un euro de nominal cada una.
De esta manera, a efectos de reparto del valor en libros entre el número de títulos, cada acción de Bankia tendría un valor teórico de 4,38 euros (muy cercano al que le da el mercado a través de la cotización en Bolsa) y la de BMN se quedaría en 1,34 euros.
Pero BMN no puede ser valorado para su absorción por el patrimonio neto. Todos los analistas han coincidido en que la operación sólo tendría sentido económico si se valora a un precio que se situaría entre 0,4 y 0,7 veces su valor en libros. 
Optando por un punto medio cercano al que contenía la única oferta seria recibida por el FROB, la operación podría realizarse a un precio de 0,6 veces el patrimonio neto, lo que supondría 1.300 millones de euros. Con ello, el precio se repartiría en el capital a razón de 0,80 euros por acción.
Y eso significa que cada acción de Bankia valdría 5,5 veces una de BMN. Trasladado a una operación de absorción, eso supondría que Bankia tendría que emitir como máximo un número de acciones que provocarían una dilución entre sus actuales accionistas de alrededor del 10%.
Los actuales accionistas de BMN pasarían a serlo de Bankia tras el canje de títulos. De esta manera, el único que no sufriría dilución sería el FROB, que compensaría casi totalmente la dilución en Bankia con las nuevas acciones que se le entregarían como accionista de BMN, ya que en Bankia tiene actualmente el 66,68% y en BMN ostenta la propiedad del 65% del capital.
El resto de los accionistas sí verían diluida su participación por la llegada de los procedentes de BMN. En Bankia, el 22,3% del capital está en manos de inversores institucionales y el 11% lo tienen accionistas minoritarios. Para todos ellos, el incremento del beneficio por acción de hasta un 20% que vaticinan los analistas, unido al aumento del dividendo, debería llevar a un nivel de cotización que compensara sin problemas la dilución.
De acuerdo con las cuentas presentadas por ambas entidades, los ratios de solvencia de BMN no deberían afectar negativamente a los de Bankia tras la fusión, máxime cuando BMN realizó en 2016 un saneamiento extraordinario que le llevó a dar pérdidas pero que evita sustos futuros.
En la actualidad, el nivel de morosidad es casi parejo (ligeramente superior en BMN) y los expertos señalan que con una ecuación de canje de hasta 0,7 veces el valor en libros, los ratios de solvencia del banco resultante estarían por encima de los mínimos exigidos por los reguladores.
Los estudios encargados por el FROB y los de analistas independientes señalan que las sinergias de la operación absorberían los costes de reestructuración, en un solo año, lo que aumentaría el beneficio neto ya desde el segundo ejercicio, es decir, en 2018. La solución, si los plazos previstos se cumplen, la sabremos en julio.

Juzgan desde hoy a la antigua cúpula de la CAM por las irregularidades que condujeron a la quiebra

MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy lunes, a punto de cumplirse cinco años desde que comenzó la instrucción de la denominada pieza principal de las siete abiertas por la gestión de la CAM, a los siete ex directivos que formaban parte de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que autorizaron todas las irregularidades que condujeron a la entidad a la quiebra en 2011. 

La vista oral se fijó en un primer momento entre los meses de enero y marzo, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal modificó el calendario. El juicio comenzó a las diez de la mañana y se prolongará hasta el próximo 21 de julio. La CAM llegó a ser la cuarta caja del país y acabó vendiéndose a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno. 
Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.

Decomiso de las cantidades sustraídas

De igual modo, la Fiscalía pide el decomiso de determinadas cantidades en poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López; 150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para Vicente Soriano.
Según explica el escrito de acusación, los ex directivos de la CAM impulsaron un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010, reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También recurrieron a la titulización de activos y su incorrecta contabilización.
Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".
"De esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.
Los acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de euros.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros. 
Se les imputan los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros.
Una sala formada por los magistrados Juan Francisco Martel, Ángela Murillo y Paloma González (quien ya fue parte del tribunal del primer juicio de la CAM) tendrá que dilucidar a lo largo de las 20 sesiones señaladas si quedan probados unos hechos que la instructora concretó en tres apartados. 
Primero: «la posible alteración de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, que incluyen conductas dirigidas a no reflejar la imagen fiel de la sociedad, como las referentes a la calificación de los créditos subestándar, dudosos o fallidos». Segundo: «Los posibles perjuicios concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la publicidad de dichas cuentas anuales presuntamente falseadas». 
Y tercero: «Los supuestos perjuicios derivados de las presuntas irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social complementaria, incentivos y bono extraordinario a largo plazo». 
A instancias del fiscal, este proceso da también cobertura a aquellos compradores de cuotas participativas que las adquirieron durante el periodo en que presuntamente las cuentas no correspondían al estado real de la entidad dado que las transacciones, que el acusador público cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo al valor de estos títulos sino al que se publicó siendo presuntamente falso.
El Ministerio Público considera que Roberto López Abad, que ya estuvo en prisión provisional, y Dolores Amorós eran quienes "tomaban las decisiones económicas de CAM al más alto nivel". A ambos les imputa un delito continuado de falsedad contable más otro de estafa agravada y, alternativamente, de apropiación indebida en concurso con uno de administración desleal por el cobro de retribuciones indebidas.
Para cada uno pide una pena de siete años y medio de prisión y multa de quince meses con una cuota diaria de 400 euros. El castigo más leve es para Vicente Soriano, ex director general de Medios, para el que solicita diez meses de cárcel.
El fiscal no imputa a Modesto Crespo, expresidente no ejecutivo, a diferencia de otras acusaciones. "No consta que conociera la irregularidad de las operaciones realizadas para reflejar beneficios ficticios en las cuentas", dice su escrito.  
Modesto Crespo, el último presidente de la CAM ha presentado en el juicio un certificado médico en el que acredita que padece una cardiopatía, lo que podría dificultar su asistencia a todas las sesiones del juicio.
En el banquillo, y junto al fiscal Luis Rodríguez Sol, se sienta la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos además de la acusación popular que, bajo la representación letrada del abogado murciano Diego de Ramón (en la imagen), da voz a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas, además de los letrados de otros afectados por este producto.
Durante el juicio la Fundación CAM, el Banco de Sabadell y la mitad de los acusados han pedido que se expulse a los afectados por las cuotas. 
La Sala ha aceptado la mayoría de las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración, en calidad de testigos o de peritos, de cuatro inspectores del Banco de España que reclamaban el fiscal, la Fundación y el Fondo.
Como responsable civil directo se señala a la aseguradora Caser (titular de la póliza de responsabilidad civil de los antiguos directivos) y al Banco Sabadell y a la Fundación como subsidiarios.
El Tribunal deberá determinar si la mala gestión de la cúpula es constitutiva de delito penal por todos o parte de los ocho acusados que se sientan en el banquillo. Dictará sentencia Ángela Murillo, la misma magistrada que condenó en febrero a exconsejeros de Caja Madrid por el caso de las tarjetas black.
El salvamento de la CAM fue sufragado por la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos y costó 5.249 millones de euros. Por eso este fondo está personado como acusación particular en el juicio.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

Chubascos tormentosos esta tarde y mañana en el Altiplano y el Noroeste

MURCIA.- Las temperaturas bajarán en toda la Región de Murcia hoy lunes y mañana, martes. Además,  se esperan chubascos tormentosos a partir de esta misma tarde en las zonas más altas y montañosas.

La acitvidad tormentosa se producirá pues más probablemente en zonas del interior, como el Noroeste y el Altiplano aunque sin precipitaciones notables en ambos casos. 
Sin embargo, serán suficientes para acabar con el polvo en suspensión de días atrás en la atmósfera murciana.

La Asamblea admite las enmiendas a la totalidad de la Ley de Conciertos Educativos

CARTAGENA.- La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia admitió este lunes a trámite sendas enmiendas a la totalidad a la proposición de Ley de Conciertos Educativos de Podemos, una del PP, que pedía que no se debata por considerarla inconstitucional, y otra de Ciudadanos, que ha presentado un texto alternativo.

En el texto, la formación morada pidió la derogación de la orden de la consejería de Educación, por la que se amplía la enseñanza concertada a FP y Bachillerato, así como que el plazo de conciertos se amplíe de los cuatro años actuales a los seis. Las enmiendas serán debatidas en el pleno del próximo jueves.
La oposición validó que se debata la enmienda de Ciudadanos, sobre la que los servicios jurídicos advirtieron, al igual que ya hicieron sobre el texto de Podemos, de que hay indicios de inconstitucionalidad al vulnerar los artículos 30, 81.1 y 149.1 de la Carta Magna, según la doctrina jurisdiccional del Tribunal Constitucional (TC).
La Mesa rechazó este lunes un informe presentado por los servicios jurídicos de Podemos, en el que criticó el dictamen de los abogados de la Cámara al tacharlo de "tremendamente forzado" y ser "generalizado", además de defender la constitucionalidad del texto de la formación morada.
En este sentido, las alegaciones de Podemos consideraron "incomprensible" que los letrados de la Asamblea mantengan que su proposición de Ley no se ajusta a la Constitución y sí lo haga la orden de la consejería cuando ambas tienen el "mismo ámbito competencial".
El informe de la cámara sirvió al PP para justificar su enmienda a la totalidad para que el texto no sea debatido en el pleno, puesto que "invade las competencias" estatales, según el diputado Víctor Martínez-Carrasco, quien advirtió de que esta norma, en caso de aprobarse, puede ser llevada ante el TC por el Gobierno central, tal y como ocurrieron con la Ley de Vivienda, que se encuentra suspendida actualmente.
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Juan José Molina declaró que "lo más inteligente" sería que el Gobierno regional paralizara la orden de conciertos educativos, de forma que ellos apoyarían la retirada de la iniciativa de Podemos, para iniciar un debate sobre la enseñanza concertada en el que intervengan todos los colectivos del sector.
Finalmente, el PSOE presentó dos enmiendas parciales en las que abogan por que el articulado recoja que la enseñanza concertada es "complementaria" y no subsidiaria de la pública.
En caso de que las enmiendas a la totalidad no prosperaran en el pleno del próximo jueves, está previsto que el pleno del próximo 8 de junio se debatiera y votaran las enmiendas parciales y el dictamen de la ley en una sesión plenaria.

Pedrito coge el fusil / Luis Racionero *

Admirable la sobriedad ibérica -solo le falta vestir la parda estameña- de Pedro Sánchez para volver por sus méritos propios a Ferraz, donde le echaron en aquella noche de los muertos vivientes, la colección de momias que pareció el apaño de la Transición. Ahora con trajes de Brioni, amigos mejicanos millonarios y puros habanos en la mano.

Las momias de Suresnes, que echaron con trampas a Llopis, Pallache y demás socialistas de verdad, fingieron ser socialistas para llevar la Transición al punto deseado por la CIA, el capital y las fuerzas del orden. De lo cual me congratulo, pues hicieron una Transición dictadura-democracia modélica, que ha quedado en los libros de texto. Pero esos servicios prestados por el PSOE a “la carta” han acabado pasando factura. Felipe engañó a casi todos, con su verborrea vacía y su chaqueta de pana (Lenoux se calzaba alpargatas antes de mitin) pero se le ha visto finalmente el plumero y sobre todo el habano.

La tosca Susana, rodeada por semejantes zombis no conectó con la realidad, esa que Sánchez se pateaba por España durante meses porque intuyó que los militantes quedaron muy decepcionados la noche de su desfenestraferración. Ha vuelto.

No sé si es bueno para la economía, pero seguro que es bueno para la democracia. Cabe agradecer al PSOE este ejercicio de transparencia y consulta a sus bases, cosa impensable para las momias que el Señor tenga en su seno.

Se abre un periodo muy útil para España por la luz que puede echar hacia el futuro. Con Sánchez los tapujos de la Transición han terminado, al fin.


(*) Doctor en Economía, profesor de Urbanismo.


http://www.republica.com/desde-el-nirvana/2017/05/28/pedrito-coge-el-fusil/ 

Acercándonos al 155 / Melchor Miralles *

El golpe de Estado pasito a pasito arrancó allá por el año 1980, y el PP y el PSOE, el PSOE y el PP, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, la derecha, los medios de comunicación y la burguesía catalanas, lo dieron por bueno, lo avalaron, lo financiaron, lo encubrieron y lo apoyaron, abandonando a su suerte centenares de miles de catalanes. 

Estuvieron calladitos e, incluso, algunos apoyaron las tropelías: discriminación generalizada de los discrepantes, discriminación lingüística, prohibición de estudiar en una de las lenguas oficiales, persecución a quien empleara una lengua oficial, financiación ilegal y discriminatoria del proceso desde los medios públicos y buena parte de los privados, incumplimiento reiterado de la legislación vigente, control de jueces y funcionarios, amparo y encubrimiento de los políticos corruptos, listas negras de desafectos… 

Y ahora, al leer en El País la Constitución que se han preparado, un monumento al absolutismo que se carga cualquier atisbo de democracia, se han acojonado, porque han visto que el asunto, como algunos venimos diciendo y escribiendo hace años, va muy en serio.

Pues sí, va tan en serio que el proceso de desconexión, o sea, la intención de subvertir el orden constitucional,  no va a parar porque lo detengan voluntariamente aquellos que lo han organizado durante tantos años. Y ello supone que el enfrentamiento va a ser en serio, todo el mundo va a tener que retratarse, y en esas situaciones no se sabe por dónde va a salir el sol, o sea, que va a haber tensión, de la buena, y la sociedad catalana corre el riesgo de la coexistencia y el entendimiento se vean seriamente alteradas.

Tras conocerse el texto de la Constitución coreano-bolivariana que se han fabricado, Rajoy se ha puesto serio. Pero Puigdemont y sus huestes lo tienen muy claro, y estamos a días o semanas de que anuncien la fecha del referéndum y la pregunta, que ya sabemos cuál es. Como sabemos que si lo anulan pretenden declarar la independencia “esta vez porque sí”, como los referéndums de Franco.

Y este referéndum no es comparable ni equiparable a la pachanga de noviembre de 2014. Aquél no fue convocado por la Generalitat, cobarde, que ordenó que dieran la cara las organizaciones que se denominan cívicas en su incivismo. Y Rajoy, de acuerdo con Artur Mas, y desoyendo al fiscal general del Estado, les dejó hacer. 

Ahora no, ahora la cosa va en serio. El referéndum va a ser convocado por el Gobierno catalán, con carácter vinculante, y los convocantes tienen todo previsto para poner en marcha la independencia de Cataluña. Por mucho que Soraya Sáenz de Santamaría haya negociado horas y horas en secreto con Oriol Junqueras, ERC no va a jugar el papel de aguafiestas, porque se hundiría en las siguientes elecciones, y se va a quedar de comparsa, dejando el protagonismo a otros. Pero la moneda está echada.

En este escenario, a Rajoy se le acerca la fecha de tener que aplicar la Constitución. Se llenan mucho la boca apelando a ella, al resto de los mortales nos la aplican, junto al resto de las leyes vigentes, sin miramiento alguno. A los independentistas catalanes, no, les han tenido miedo y nos les convenía disgustarles. Reitero lo escrito decenas de veces. ¡Por qué tanto miedo a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que en contra de lo que dicen tantos que no lo han leído, no suspende la autonomía, sino que se limita a esto, literalmente:

1.      Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2.      Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

¿Dónde se habla de suspensión? Se trata simplemente de que, si no se cumple la ley, se adopten las medidas para que se cumpla. Así de sencillo. Y habrá que aplicarlo, porque ellos no van a parar. Pero claro, Rajoy necesita apoyos políticos, y lo tiene crudo. Cuenta seguro con Ciudadanos, pero tiene dudas ciertas y lógicas con el PSOE de Pedro Sánchez.

Este es el panorama real. Que dibuja un escenario en el que incluso puede haber enfrentamientos en las calles. Los servicios de información, la Policía y la Guardia Civil tienen perfectamente estudiado el asunto. Pero todo depende de Rajoy. Y ya se sabe que con Rajoy nunca se sabe nada. Nos acercamos a la aplicación del 155, o no.


(*) Periodista


http://www.republica.com/en-el-anden/2017/05/28/acercandonos-al-155/ 

Una moción sin emoción / Ramón Cotarelo *

Como sabe todo el mundo, los relevos en la jefatura de las organizaciones crean vacíos de poder. Mientras quienes se van, se van y quienes llegan, llegan, la organización (Estado, empresa, partido...) tiene que seguir actuando y respondiendo a los requerimientos que se le plantean y que, comprensiblemente, se hacen más acuciantes al pensar sus autores que, en efecto, dan con un vacío de poder y pueden aprovecharlo. Quienes se van, se desentienden y quienes llegan, no saben bien aún en dónde están. 

Dos asuntos se ha encontrado Sánchez a la puerta de su despacho: los presupuestos del PP y la moción de censura de Podemos. En ambos casos la decisión es respetar la que ya había tomado antes el grupo socialista. Si acaso mitigando el "no" anunciado a la moción con una abstención. De inmediato lo han atacado por estar faltando a sus propósitos desde el primer instante, de estar haciendo un "Rajoy". 

Sin embargo, es actitud bastante razonable. Desautorizar a la gestora de golpe y porrazo es precipitado y revelaría inconsciencia. Eso lo ve cualquiera. La cuestión es que la oposición de Sánchez comienza a partir de los presupuestos. Su iniciativa arranca con un compromiso de pedir la reprobación/dimisión de Rajoy y, de no producirse esta, una nueva moción de censura. Ese era el plan y no hay razón para cambiarlo por consideraciones de oportunidad de otra formación, Podemos, que presentó la moción sin consultar con nadie. 

No hay vacío de poder en el PSOE y el congreso próximo promete mucho en punto a los tres elementos que trae la Nueva Socialdemocracia: la sustitución de la derecha en el gobierno (por mocion o elecciones), las relaciones con Podemos y la cuestión catalana.
 
Un pequeño detalle
 
La información, destacada en primera de El País (señal del susto que lleva en el cuerpo) es correctísima. Da cuenta de la decisión de Puigdemont de convocar una cumbre de fuerzas independentistas para fijar fecha y pregunta del referéndum. Informa de los asistentes: PdeCat, ERC, CUP. Catalunya en Comú (Ada Colau) se abstiene y Podem asistirá como "libre oyente". Los reparos de esta izquierda al llamado independentista apuntan en la dirección de estar buscando alguna forma de tercera vía, idea que ha comenzado a acariciar El País al comprender que la ignorancia, la falsedad y la manipulacion no compensan. Pero, en todo caso, una información correctísima.

Con un pequeño matiz, un detalle casi nimio. Sostiene el diario que la cumbre se reúne para acordar fecha y pregunta del referéndum separatista. Ahí ya el periodismo se troca fábula y ficción. El referéndum que la Generalitat quiere convocar (tras haber intentado inútilmente pactarlo con el Estado) es consultivo y vinculante. Si es separatista o unionista lo decidirán los votantes. Salvo que se diga que es separatista por convocarse por separado. Pero no parece ser el caso, pues bastaría con llamarlo ilegal. Separatista prejuzga el resultado.

La suposición de que un referéndum en Cataluña tiene que ser separatista da una idea de la fe, la confianza que los nacionalistas españoles tienen en su propia nación. Algo lógico a la vista de cómo la tratan.  


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
 

Resumen de Confidenciales / A. R. Mendizabal *


Lunes de puente en el mundo an­glo­sajón con la fiesta de pri­ma­vera, una de las ocho Bank Holidays anua­les, y en EEUU además con el Memorial Day o Día de los Caídos, pero en Reino Unido es el tercer día de pe­sa­dilla por el fallo del sis­tema in­for­má­tico de British Airways, que al­gunos como Daily Mail ya achacan di­rec­ta­mente al con­se­jero de­le­gado Alex Cruz al pedir di­rec­ta­mente su di­mi­sión en pri­mera plana. Acusación: el des­pido el año pa­sado de 700 téc­nicos in­for­má­ticos para des­lo­ca­lizar las ope­ra­ciones a una sub­con­trata de Tata en India. 

Lunes tam­bién de citas de fondo: XXIX cumbre España-Portugal en Vila Real; mi­ni­cumbre Pedro Sánchez-Javier Fernández para fijar la pos­tura del PSOE en la mo­ción de cen­sura de Podemos; cumbre más am­plia de los par­tidos se­ce­sio­nistas con­vo­cados por Puigdemont para fijar fecha y pre­gunta del re­fe­réndum ile­gal, aunque no acu­dirá En Comú Podem, y todo ello con va­rios pe­rió­dicos que avanzan me­didas pre­vistas por Rajoy; inicio de la vista en la que se sientan en el ban­quillo ocho ex di­rec­tivos de la CAM; pre­pa­ra­tivos para el de­bate de Presupuestos en el Congreso mañana mar­tes, una vez que la cú­pula de Nueva Canarias ha apro­bado darle el voto 176 a Rajoy; y reac­ciones mil al so­noro zasca de Angela Merkel a Trump con un dis­curso en el que ha de­jado cons­tancia de que Europa ya no puede de­pender de EEUU y que de ahora en ade­lante 'los eu­ro­peos de­bemos en verdad tomar nuestro des­tino en nues­tras pro­pias ma­nos'. 

INFORMACIÓN NACIONAL
Capital Madrid: El Gobierno con­sigue el apoyo a los Presupuestos pero sin ga­ran­tizar la es­ta­bi­li­dad: Sánchez duda qué hacer sobre la mo­ción de cen­sura de Podemos a Rajoy (José Hervás). ABC: Rajoy es­ta­bi­liza la le­gis­la­tura tras lo­grar el voto 176 a los Presupuestos: Nueva Canarias ra­ti­fica el acuerdo con el PP (Itziar Reyero). Otro ti­tu­lar: Podemos, que re­cibió 18 mi­llones en sub­ven­ciones en 2016, dis­para sus be­ne­fi­cios un 300% (Roberto Pérez). El Periódico: Rajoy confía en el PNV para neu­tra­lizar el ‘efecto Sánchez’: podrá es­ce­ni­ficar en la vo­ta­ción de Presupuestos que tiene una ma­yoría de apoyos en el Congreso (Pilar Santos y Iolanda Mármol). 

El Independiente: Iglesias de­clara la guerra a Sánchez porque quiere 'aniquilar' a Podemos: do­cu­mento in­terno de Unidos Podemos 'Éramos pocos y llegó Sánchez' en el que se re­coge el ar­gu­men­tario para la mo­ción de cen­sura contra Rajoy (Carmen Torres y Ana Cabanillas). OKdiario: Rajoy deja claro que irá a la mo­ción de cen­sura y pide a los suyos que sean ‘muy du­ros’ con Iglesias. El País: Entrevista a Mónica Oltra, líder de Compromís: ‘No estoy de acuerdo con una mo­ción de cen­sura in­via­ble’ (María Josep Serra). El Periódico: Rajoy confía en el PNV para neu­tra­lizar el ‘efecto Sánchez’ (Pilar Santos y Iolanda Mármol). El Confidencial: Rivera tiene un plan contra Sánchez: el mi­llón de vo­tantes so­cia­listas que son de centro (Paloma Esteban). Vozpopuli: 'Feijóo es la per­so­na': Rajoy muestra su con­fianza en el delfín in­com­bus­tible (Jose Alejandro Vara). 

CATALUÑA
La Vanguardia: El Gobierno fre­nará el re­fe­réndum con las mí­nimas me­didas ne­ce­sa­rias: el Ejecutivo po­dría asumir tem­po­ral­mente al­guna com­pe­tencia (Carmen del Riego). Otro ti­tu­lar: El TC afron­tará con una­ni­midad las ini­cia­tivas so­be­ra­nistas de rup­tura (José María Brunet). Otro ti­tu­lar: Puigdemont con­voca una reunión de ur­gencia para fijar fecha y pre­gunta en menos de 15 días. La Razón: Rajoy re­cu­rrirá a los Mossos para re­tirar las urnas si hay otro 9-N: la Fiscalía pro­mo­verá que sean pre­cin­tadas y la Policía Autonómica tendrá que ac­tuar por orden ju­di­cial; en Moncloa hay di­vi­sión sobre hasta dónde lle­garán los so­be­ra­nistas (Carmen Morodo). ABC: Rajoy pre­para ya me­didas coer­ci­tivas ante la 'trampa fi­nal' se­ce­sio­nista: el Gobierno ac­tuará si in­tentan ce­le­brar un re­fe­réndum ilegal o pasan a la si­guiente fase: de­clarar la in­de­pen­dencia (Mariano Calleja). 

El Periódico: Barómetro Gesop de Barcelona: Colau ga­naría otra vez las mu­ni­ci­pales con ERC como se­gunda fuerza: Barcelona en Comú me­jo­raría su re­sul­tado del 2015 en un con­ce­jal: su­biría de 11 a 12. Los re­pu­bli­canos se­rían la se­gunda fuerza con 8 ediles y la an­tigua CiU caería de 10 a 6 (Toni Sust). Otro ti­tu­lar: Apoyo ma­yo­ri­tario al tu­rismo, pero tam­bién a po­nerle lí­mites (Patricia Castán). Otro ti­tu­lar: La al­cal­desa ge­nera más con­fianza que Trias. Otro ti­tu­lar: Puigdemont mide sus apoyos para una con­sulta uni­la­te­ral: con­vo­ca­toria en el Palau; los ‘comuns’ plan­tarán al pre­si­dent en la cita de hoy (Fidel Masreal). El País: Puigdemont cede ante sus so­cios y ace­lera el anuncio de la con­sulta (Pere Ríos). Europa Press: Rivera pide elec­ciones en Catalunya para dar 'una pa­tada de­mo­crá­tica' al in­de­pen­den­tismo. 

PSOE
El Confidencial: La lista de Sánchez en Madrid sale con un 79% tras una tensa ne­go­cia­ción (Juanma Romero). Vozpopuli: Finalizan los 'congresillos' del PSOE con listas in­te­gra­doras pero afines a Sánchez. Público: Los retos de Sánchez para el 39º Congreso: la España plu­ri­na­cio­nal, Podemos y un PSOE de mi­li­tantes (Manuel Sánchez). Esdiario: El re­ventón de los ba­ro­nes: 'El nuevo PSOE sig­ni­fica más Pedro que nunca' (Ricardo Rodríguez). Otro ti­tu­lar: El 'susanismo' des­troza a Pedro Sánchez con datos sobre Bankia y las pre­fe­ren­tes. 

ECONOMÍA
El Economista: PP y Cs ne­go­cian crear un su­per­visor para los con­tratos pú­bli­cos: en la lucha contra la co­rrup­ción sería un ente in­de­pen­diente (J.L. Bajo Benayas). ABC: Sólo el 1,8% de los tra­ba­ja­dores se co­locó gra­cias al ser­vicio pú­blico de em­pleo en 2016. Otro ti­tu­lar: El Gobierno acusa a Andalucía de perder 907 mi­llones para po­lí­ticas de em­pleo (Javier González Navarro). La Vanguardia: Médicos y far­ma­céu­ticas pro­testan por la tri­bu­ta­ción de los con­gre­sos: Hacienda sos­tiene que acudir a un acto con los gastos pa­gados es un ren­di­miento. Bolsamanía: Tánger, Port Said y Sines: estos son los puertos que sacan ta­jada del con­flicto de la es­tiba en España (Pablo Gallén). Vozpopuli: Las bo­degas pre­paran cam­pañas para quitar la imagen de­ma­siado so­fis­ti­cada del vino (Mario Moratalla). 

EMPRESAS
Capital Madrid: La OPEP mete miedo pero ya no asusta ni a las pe­tro­leras ni a los go­biernos oc­ci­den­ta­les: Repsol logra ganar di­nero con el ba­rril por de­bajo de 42 dó­la­res, mien­tras China e India apuestan por las re­no­va­bles y el coche eléc­trico hace que el pe­tróleo pierda fuerza (Julián González). El Confidencial: Qatar exige a El Corte Inglés que inicie el pro­ceso de sa­lida a Bolsa (Agustín Marco). Otro ti­tu­lar: Meliá in­vierte 509 mi­llones de euros en re­po­si­cionar ho­teles y marcas en España (Agustín Rivera). Expansión: Goldman Sachs vende el 18,8% de Redexis: los fondos de pen­siones USS y ATP com­pran y au­mentan su par­ti­ci­pa­ción hasta el 49,9% (Sara H. Asenador). Otro ti­tu­lar: Vodafone y Oranga no pu­jarón por el fútbol eu­ro­peo. 

Cinco Días: Atlantia pro­mete una Abertis más grande e in­de­pen­diente para allanar la opa: la ita­liana ofre­cerá res­pecto a los in­tereses es­tra­té­gicos de la es­pañola como co­ti­zada. Otro ti­tu­lar: La banca exige a Duro Felguera una am­plia­ción de más de 80 mi­llones y des­in­ver­siones por 75. El Economista: Renfe planea com­prar más trenes AVE: el au­mento de la de­manda y las pre­vi­siones de cre­ci­miento a medio plazo llevan al gestor fe­rro­viario a pre­parar más ad­qui­si­ciones (África Semprún). Otro ti­tu­lar: Grifols, ex­pul­sada de la pa­tronal de EEUU por su es­casa in­ver­sión en I+D (Alberto Vigario). Otro ti­tu­lar: La pla­ta­forma Airbnb afronta una oleada de fraudes con pisos fal­sos: des­vían in­gresos a cuentas en el ex­tran­jero (J. Romera, A. Brualla y C. Simón). 

SECTOR FINANCIERO
Capital Madrid: Bankia com­pen­sará la di­lu­ción por ad­quirir BMN con un mayor be­ne­ficio por ac­ción: en julio de­bería sa­berse la ecua­ción de canje que po­dría su­perar el uno por cinco (Marcos Celada). El Mundo: Caso Bankia: Miguel Ángel Fernández Ordóñez pide el ar­chivo de su caso, porque no es 'el Gran Hermano que lo ve todo' (Carlos Segovia). Vozpopuli: CAM: Arranca el juicio a 'lo peor de lo peor' de las cajas de aho­rros (Jorge Zuloaga). El Confidencial: Ana Botín pro­pone a Monzón para pre­sidir Openbank, el banco on­line del Santander (Agustín Marco). Otro ti­tu­lar: Allianz per­derá 320 mi­llones si los bonos del Popular se con­vierten en ac­ciones (Eduardo Segovia). El Economista: CaixaBank deja de pagar in­teresas por los de­pó­sitos para cen­trarse en fon­dos: BBVA y otras en­ti­dades re­mu­neran a más de un año sólo el 0,02% como mucho (F. Tadeo). 

Expansión: Santander y Sabadell so­bre­vuelan Unicaja: el banco an­daluz so­pesa in­te­grarse en un grupo mayor si no sa­liera a Bolsa. Otro ti­tu­lar: Avalancha de sa­lidas a Bolsa en el in­mo­bi­lia­rio: Aedas, Via Célere, Rembrandt, HI Partners y Sareb, ca­mino del par­qué. El País: El Gobierno cambia la ley para pagar menos in­tereses por sus de­pó­si­tos: el Ejecutivo dota de más fle­xi­bi­lidad al Tesoro con el fin de abonar menos tipos ne­ga­tivos (Antonio Maqueda). Cinco Días: La hi­po­teca más ba­rata de la his­toria roza el coste cero: el tipo casi con­sume ya el di­fe­ren­cial del 0,17% (Miriam Calavia Rogel). Otro ti­tu­lar: Cuatro de cada cinco em­presas del Ibex son más ren­ta­bles por di­vi­dendo que el bono. OKdiario: Los clientes de ING temen que­darse sin los ca­jeros de Banco Popular (María Villardón). 

OTROS TITULARES DESTACADOS
Vozpopuli: Garmendia re­cibió prés­tamos de Ciencia e Innovación siendo mi­nistra (Alberto Ortín). El Mundo: Malta Files: Carolina Botín, los Fierro, los Hachuel...; los ricos es­pañoles guardan 900 mi­llones en Malta (José E. Leal, Paula Guisado y Hugo Garrido). Otro ti­tu­lar: Inassa y mo­ción de cen­sura: los nuevos frentes del Caso Lezo; PSOE, Podemos y Cs es­tre­chan el cerco contra los po­pu­lares ma­dri­leños (Robert Bécares). Otro ti­tu­lar: Ignacio González sabía desde oc­tubre que la UCO le es­cu­chaba (Esteban Urreiztieta). Okdiario: La Fiscalía se in­cliina por con­si­derar que Cristiano no co­metió de­lito fis­cal: el caso se que­daría en la vía ad­mi­nis­tra­tiva (Miguel Serrano). El País: Los ci­be­ra­ta­ques a in­fra­es­truc­turas es­tra­té­gicas se mul­ti­plican por siete en sólo dos años en España (J.J. Gálvez). 

OPINIÓN
Editorial en El Mundo: ‘Un precio muy alto para unos Presupuestos ne­ce­sa­rios’. Elisa de la Nuez en el mismo dia­rio: ‘Metástasis de la fi­nan­cia­ción irre­gu­lar’. Raúl del Pozo en el mismo dia­rio: ‘Pedro Sánchez: son de paz’. Editorial en El Español: ‘Rajoy debe llamar a Sánchez en busca de uni­dad’. Editorial en ABC: ‘Una le­gis­la­tura des­pe­ja­da’. Otro edi­to­rial: ‘La des­ca­rada hi­po­cresía de Podemos’. Editorial en La Razón: ‘Toda la ley para frena la se­ce­sión’. Jesús Cacho en Vozpopuli: ‘Cataluña: ¿hay al­guien ahí dis­puesto a ju­garse el ti­po?’. Miguel Alba en el mismo me­dio: ‘Otro Pacto de Toledo con­de­nado al fra­ca­so’. Emilio Saracho en Expansión: 'Qué coste ten­dría una re­so­lu­ción ban­ca­ria'. Nacho Cardero en El Confidencial: ‘Objetivo, Domènech: el plan de Puigemont para ‘secuestrar’ al líder de los co­mu­nes’. Eduardo Inda en OKdiario: ‘Con Pedremos vol­vemos al es­pí­ritu del 36’. 

Enric Juliana en La Vanguardia: 'Es tiempo de ho­lo­gra­mas: Sánchez puede re­lanzar elec­to­ral­mente al PSOE, Rajoy lo ha cap­tado de in­me­dia­to'. Alexis Rodríguez-Rata en el mismo dia­rio: ‘El co­rredor me­di­te­rrá­neo, o cómo España ve de lejos la ‘banana azul': re­lato de una dis­cu­sión clave para unir (al fin) la pe­ri­feria y el centro de Europa’. Editorial en El País: ‘El PP se pro­tege: el Gobierno pone en cues­tión la in­de­pen­dencia de la jus­ti­cia’. José Luis Álvarez en el mismo dia­rio: ‘Cuando te llamas Pablo Iglesias'. Ramon Vilaró en Capital Madrid: ‘Referéndum: el choque está ser­vido y en­tramos en te­rri­to­rios des­co­no­ci­dos’. Antonio Sánchez-Gijón en el mismo me­dio: ‘La pa­sión se­ce­sio­nis­ta’: el in­de­pen­den­tismo visto desde las cien­cias bio­ló­gicas y neu­ro­na­les, en un libro del pro­fesor Adolf Tobeña’. 

Editorial en El Economista: ‘Mas trans­pa­rencia en los con­tra­tos: PP y Cs ne­go­cian crear un su­per­visor que evite la co­rrup­ción’. Otro edi­to­rial: ‘Renfe di­rige su lo­co­mo­tora al fu­tu­ro’. Otro edi­to­rial: ‘Grifols toma un ca­mino equi­vo­ca­do’. Luis Herrero en Libertad Digital: ‘Esperando a Sánchez’. Federico Jiménez Losantos en el mismo me­dio: ‘Pedro-Ché Sánchez-Iceta: crear 1, 2, 3… 17 PSC'. Pablo Gallén en Bolsamanía: 'A Italia le gusta la 'España del BOE': ener­gía, te­le­vi­sión..., y ahora a por 1.500 ki­ló­me­tros de au­to­pis­tas; la OPA de Atlantia sobre Abertis le­vanta am­po­llas en el Gobierno'. Editorial en Cinco Días: ‘El diñe­sel, una tec­no­logía de pro­pul­sión con los días con­tados en el au­to­mó­vil‘. Ángeles Gonzalo en el mismo dia­rio: ‘El fallo de las cláu­sulas suelo que ce­lebra Sabadell’. 


(*) Periodista


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