Las imágenes cambian de significado con
el tiempo. Ahí están estos dos, González y Aguirre, felices, contándose
chascarrillos. Ahora no pueden ni verse. Seguramente, entonces tampoco.
Aunque más por la parte de él porque ella, la soberbia cazatalentos de
los grandes expresos europeos, es una panoli. Una panoli entre buitres.
Nada de ranas.
Eran
tiempos de alegría porque ni ellos daban crédito a la facilidad e
impunidad con que cabía hacer las más increíbles trapisondas. Y todos,
todos a la vez: alcaldes, presidentes, consejeros, políticos, diputados,
concejales, banqueros, empresarios, periodistas, presidiarios. Un
bullicio de hampones del sindicato del crimen en una tupida red de
expolio del conjunto de las administraciones del país.
El
reparto de la tarta publicitaria institucional es tan descarado, se ha
hecho con tal desvergüenza política que resulta inverosímil. Los fondos
se han repartido en proporción inversa a la difusión del medio y
directa a afinidad ideológica a los gobernantes. No es de extrañar que,
ante la insistencia de eldiario.es de que hicieran públicas las adjudicaciones por gastos de publicidad institucional desglosadas por medios, ocho ministerios hayan recurrido en vía contencioso-administrativa para no cumplir el
mandato de transparencia. Si ocultan los datos es porque problemente,
serán más arbitrarios y escandalosos que los de la Comunidad de Madrid.
Más que una subvención o un pago, parece un soborno. Así se explica que, en muestra de gratitud, La Razón contratara
a González de baja en la política como brillante columnista a razón de
de unos 560 machacantes la pieza, de esas que se pagan a 30 euros a los
plumillas. Esto es privatizar recursos públicos con el noble fin de
ensalzar la labor política de unos gobernantes hoy en la cárcel por
hacer lo que tanto se les alababa: privatizar para ellos, sus deudos,
amigos, correligionarios, por una vía u otra, legal o ilegal, con
mordidas, comisiones, subvenciones, facturas falsas, lo que hiciera
falta. Uno se pregunta en dónde estaba entonces la oposición y para qué
servía. Una oposición a la que se ganaban las elecciones a base de hacer
trampas.
Unos
medios a sueldo es lo peor que puede pasar en una democracia, que es un
régimen de información y deliberación pública. Su carácter mercenario
ha acabado con su muy renqueante prestigio. El caso/ocaso de El País está
siendo muy llamativo. La valoración en escalas internacionales de los
medios españoles es de vergüenza y su impacto social muy inferior al que
suponen. Sobreviven en una burbuja que han fabricado relacionando los
medios impresos con los audivisuales, pero solo han conseguido una
versión tecnológica de la corrala madrileña, un mentidero de frenéticas
opiniones repleto de cotilleos.
La
verdadera tarea de los medios, la información más crítica y veraz, el
control del gobierno, la revelación de escándalos, la crítica a los
partidos, la vigilancia de las instituciones, la voz de sectores menos
escuchados, la hacen hoy los digitales. Son mucho más ágiles, rápidos,
tienen un mayor dominio del ciberespacio y mucha presencia en las redes e
interactúan con el público con más eficacia que los medios
tradicionales.
Si
resulta que esos medios tradicionales son parte de la corrupción no es
de extrañar que esta, la corrupción, siga escalando puestos en la
preocupación de los españoles que son tardíos pero, al final, caen en la
cuenta. Es impensable que el PP vuelva a obtener mayoría. Es
inverosímil que Rajoy, el responsable de este desastre mayúsculo, vuelva
a presentarse.
La
sola idea de tener a Rajoy en el pasado, en el presente y, si los
dioses no lo remedian, en el futuro debiera bastar para que los demás
partidos formaran una opción catapulta, que lo echara de La Moncloa con
un posterior gobierno de la izquierda, similar al portugués. Aunque aquí
parece más difícil porque "España y yo somos así, señora".
En
esta semana, la cumbre del referéndum anunciará la pregunta y la fecha.
El Estado, por boca del gobierno, ya se ha pronunciado preventiva y
amenazadoramente, recordando a los funcionarios sus obligaciones y a los
directores de los colegios las suyas. Se pondrán todos los medios
legales para impedir que la Generalitat lleve a cabo su anunciado
propósito. Lo que no parece claro es que sean suficientes.
Dependerá,
a su vez, de hasta dónde llegue la determinación del gobierno de ir
adelante con la consulta. No se puede descartar una detención,
suspensión, inhabilitación, procesamiento de Puigdemont y sus
colaboradores, una hipótesis de periodismo ficción muy interesante que
he leído recientemente. En caso de producirse una movilización de
protesta con actos de desobediencia colectiva, es cuestionable que el
Estado tenga capacidad para enfrentarse a ella sin recurrir a los
militares y el estado de excepción.
No
es realista pensar que España, cuarta economía de la Eurozona , pueda
mantenerse en el ranking con una parte tan importante de su territorio
(y de su PIB, muy basado en la exportación) en estado de excepción. El
recio aferrarse a los principios no obsta para preocuparse por las
consecuencias de los propios actos. Y si el integrista no lo ve, que
alguien de su séquito se lo haga ver. La política de la confrontación es
autodestructiva y, a partir de cierto momento, irreversible. Por eso
hay que andar con pies de plomo. Es mejor que el plomo esté en los pies a
que esté en las calaveras o en las cartucheras.
Por
eso, si Puigdmont finalmente acepta presentarse en el Congreso se abre
una interesante hipótesis. Si el debate se termina votando una moción,
como quiere Rajoy y la derecha, ya se sabe que el voto negativo será
arrasador. Pero, curiosamente, igualará a ambos gobiernos pues dejará
claro que los dos obedecen el mandato de sus respectivos parlamentos,
uno a favor y otro en contra del referéndum. El que está en contra, sin
embargo, el Parlamento español, no tiene por qué ordenar al gobierno que
lo impida por la fuerza. Le basta con significar que no le reconoce
valor jurídico o político alguno, como hizo el mismo gobierno con el 9N,
aunque luego se lo pensó mejor y empezó a perseguir a los
protagonistas.
De
aceptarse esta hipótesis, la Generalitat organizaría una consulta
perfecta desde el punto de vista técnico y los resultados nos
permitirían saber qué quiere la mayoría de los catalanes. La única
objeción que se le podría hacer (y que se haría sin duda según saliera
la consulta) sería que el voto unionista se habría abstenido
mayoritariamente por temor. Una objeción a tener en cuenta y cuya mejor
solución sería que el propio Estado se encargara de organizar y
garantizar la consulta, por supuesto en el ámbito de sus competencias.
Eso en lugar de su actitud de permanente hostilidad hacia Cataluña.
En
cualquiera de los dos resultados del referéndum, la falta de efectos
jurídicos puede mantenerse en algún caso; la falta de efectos políticos,
en ninguno.
Ciertamente, en el
caso de triunfar el “no”, los efectos políticos serán contundentes.
Esfumado el marco constituyente, se vuelve al autonómico y, por tanto a
unas elecciones anticipadas por ver si se dibuja un mapa político
distinto. Lo que se mantendrá y se reforzará, será la actitud de
hostilidad hacia una minoría que quiere pero no puede frente a una
mayoría que puede, pero no quiere.
En
el supuesto del “sí” a la independencia, el Parlamento tendrá que
declararla unilateralmente. El Estado español no la reconocerá y el
asunto irá ante la Corte Internacional de Justicia, lo que quizá abra un
prolongado contencioso durante el cual se producirá todo género de
conflictos entre el Estado español y la Generalitat catalana a la que
aquel no reconoce legitimidad como Estado.
Entre
los imponderables que pueden producirse en ese pleito se da una posible
mediación de alguna benemérita instancia legitimada por el
reconocimiento general, que acabe en una negociación y una fórmula,
aunque sea transitoria, válida para los dos lados. Algo parecido a los
acuerdos extrajudiciales a que llegan las partes en los pleitos civiles
para ahorrarse gastos y no perder el tiempo, esperando una decisión
judicial que se retrasa. La historia demuestra además que, muchas veces,
los acuerdos provisionales o transitorios son más duraderos que los que
se querían eternos.
Y
sea como sea, es obvio que esa mediación exigirá como requisito la
celebración de un referéndum vinculante para ambas partes. No querían
uno y pueden acabar teniendo dos.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
