miércoles, 12 de julio de 2017

Del ‘pelotazo’ a la gestión profesional del ladrillo

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MADRID.- Esta es la historia de un cóctel con muchos ingredientes que precisan de ser enumerados: a un lado, una dosis de crecimiento económico tras una crisis aberrante que ha golpeado al consumo, una pizca de tipos bajos de interés y un manojo de ahorradores con dinero fresco en busca de rentabilidad; al otro, unas gotitas de turismo descontrolado, pinceladas de precios de la vivienda en aumento en zonas muy concretas de España (Barcelona, Madrid, Ibiza) y un buen chorro de apartamentos turísticos en esos barrios con demanda potente, según un amplio informe de https://www.elindependiente.com.

¿Da la suma una burbuja inmobiliaria como la de hace diez años, todavía en el corazón de la crisis económica nacional? Todos los expertos consultados niegan la mayor. “No hay nada que no haya ocurrido antes en otros ciclos inmobiliarios”, razona José Antonio Pérez Ramírez, director de Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), con sede en Málaga. “Aunque teniendo en cuenta la virulencia de la caída y después de tantos años sin operaciones razonables, es normal que la recuperación traiga sorpresas”.
Escasea la vivienda donde hay demanda y donde no, las viviendas terminadas están ahí, “pendientes de que la cosa se recupere para que alguien lo disfrute”, añade Pérez Ramírez. De hecho, los bancos tratan de vender su stock a la desesperada, anunciando descuentos imposibles. “En mi opinión no hay ahora mismo en España una burbuja inmobiliaria que sea ni remotamente comparable a lo visto en el período 1997-2007”, opina Juan Carlos Barba, uno de los economistas del apocalipsis. “No hay expansión crediticia, el crédito ha subido solo muy levemente desde los mínimos que observamos en los años 2013 y 2014. Sin esto, la burbuja no es posible”.
“Sin embargo”, concede Barba, “sí que existen unas cohortes de personas relativamente jóvenes que se están metiendo en la vivienda con la finalidad de ponerla luego en alquiler: ahí sí que hay repuntes fuertes de precios, sobre todo en las grandes ciudades, donde se juntan el impacto turístico con la juventud, más reacia a comprar vivienda después del castigo que sufrieron muchos de los que compraron en la etapa final de la burbuja inmobiliaria”.
“Madrid vive un fenómeno generalizado de subidas de precios de alquiler”, explica el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible (Urbanismo), José Manuel Calvo, de Ahora Madrid. La recién acabada fiesta del World Pride dio buena cuenta de ello. “El crédito no fluye por las reticencias de la banca. La demanda crece, pero no tanto. Lo que sube indiscriminadamente son las expectativas de demanda”, advierte Calvo. “Esto no es lo mismo que la demanda real: los fondos están adquiriendo inmuebles enteros en toda la ciudad y en el centro se disparan los alquileres por la burbuja turística que vivimos”.
La recuperación económica -que se adivina pero no se ve- y el contexto de tipos de interés bajos tienen un “doble efecto”, apunta Julio Gil, socio director de Horizone y tenido por uno de los mayores expertos en cuestiones inmobiliarias. “Endeudarse comprando vivienda sale más barato y crecen las inversiones alternativas a las finanzas de riesgo bajo”. ¿Quién demanda vivienda? “Sectores de clase media-alta en zonas prime de ciudades con un dinamismo económico más grande, donde la oferta es mayor y la rentabilidad también”.
Por lo tanto el boom o como se quiera llamar a este fenómeno es algo básicamente muy localizado en España: Madrid, Barcelona, zonas muy concretas del litoral mediterráneo (con la Costa del Sol en cabeza) y otras localidades turísticamente masificadas como Ibiza. Gil reniega del término burbuja. “Las expectativas de los promotores de suelo superan de lejos al mercado real. En la costa actúan inversores extranjeros. Y la recuperación inmobiliaria es mucho menor en las proximidades de los grandes núcleos urbanos, por ejemplo a 25 o 30 kilómetros de Madrid, donde la burbuja que estalló en 2007 tuvo mucha repercusión”.
“Hay burbuja en operaciones financieras de capital internacional entrante en España. Compraventas de activos, socimis, empresas, paquetes, matrices…. y bienvenida sea esa burbuja”, admite José Antonio Pérez Ramírez, del IPE. Para este académico del ladrillo, la Costa del Sol y Málaga “es uno de los entornos más cosmopolitas, donde convive la vivienda de 50.000 euros con la de cinco millones”.
Los números del Ayuntamiento de Madrid igualmente rechazan la burbuja: “Cada año se construyen 4.000 viviendas nuevas, aunque reconocemos una demanda general de 5.000 casas anuales”, dice el responsable de Urbanismo, José Manuel Calvo. Hay remanente para cubrir esa demanda para, calculamos, entre los próximos seis y 10 años. El freno -que no cancelación- a los grandes desarrollos urbanísticos que ha propiciado Ahora Madrid ha llevado al equipo de Manuela Carmena a enfrentarse a los promotores urbanísticos. “En Madrid no hay un problema ni de falta de oferta ni de suelo finalista”, sentencia el concejal, quien aboga por la rehabilitación de los inmuebles existentes como alternativa real.
En el centro de Madrid, barrio de Malasaña más concretamente, abrió hace pocos meses su inmobiliaria Beatriz Hernández, propietaria de M34. “Claramente la actividad aumenta cada día”, señala esta pequeña empresaria. “Los pisos se venden relativamente pronto. Y los clientes me lo dicen: al no aportar la banca apenas rentabilidad, ésta hay que buscarla en los pisos, sobre todo al reconvertirlos en turísticos. También viene cada vez más gente de clase media preguntando por alquileres tradicionales”, reconoce Hernández.
“Si se está formando o no una burbuja de precios, ahí los indicadores son menos fiables”, indica Juan Carlos Barba. “Los indicadores públicos de precios marcan subidas moderadas, especialmente en las grandes ciudades. Los indicadores privados como el índice de Fotocasa revelan subidas todavía menores”. Barba lo tiene claro: “La evolución de los precios de la vivienda en los próximos años estará determinada por la fortaleza de la economía española. Y dependemos tanto de factores externos…”.

Un nuevo estilo de gestión

Este nuevo auge del ladrillo no ha pasado, ni mucho menos, desapercibido en los mercados financieros. Esta misma semana, las compañías cotizadas en España del sector inmobiliario han superado los 20.000 millones de euros de valoración conjunta por primera vez desde el estallido de la crisis.
Unas cifras que se sitúan aún por debajo de los 30.000 millones que valían las firmas del sector en los albores de la crisis, en julio de 2007, pero que reflejan una notable progresión desde los apenas 6.800 millones que valían a inicios de 2015.
Este hito viene a ser reflejo en gran medida del boom que han vivido las sociedades patrimonialistas, enfocadas en el alquiler de inmuebles, a través de la figura de las Socimis, que vieron su estreno en el parqué español en 2013 y que rondan ya las 40, si se tienen en cuenta las que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
En los últimos tres años, recién llegados al parqué como Hispania y Merlin han registrado ganancias superiores al 50% y al 30%, respectivamente. También Colonial, un clásico reconvertido en Socimi, ha experimentado un alza del 34% desde el verano de 2014.
Y en los últimos tiempos también han registrado un notable repunte algunos de los nombres que protagonizaron el anterior auge inmobiliario: desde 2015, Renta Corporación y Realia firman repuntes en el entorno del 70%.
Poco a poco, el negocio promotor, más dañado por la crisis, empieza a abrirse un hueco sobre el parqué, lo que queda reflejado por el reciente estreno en bolsa de Neinor o los planes de Aedas y Vía Célere para comenzar a cotizar en los próximos trimestres.
Ignacio Romero, analista de Banco Sabadell especializado en el sector inmobiliario, considera que, en líneas generales, y a pesar del buen tono reciente, “las compañías del sector siguen teniendo recorrido en bolsa. Es un sector que se mueve al son de la actividad económica y, por este lado, es previsible que sigan llegando buenas noticias”.
El experto considera que, ante el fuerte crecimiento económico que está experimentando España, es lógico esperar que las rentas de los alquileres sigan al alza, especialmente en las zonas más premium, mientras que “por el lado de la promoción se dan las condiciones para que se dé un aumento de la demanda, en medio de una progresiva mejora de las condiciones de financiación”.
Teniendo en cuenta todo esto, reconoce que “las inmobiliarias ya no son el chollo de hace dos años, pero no diría que estén caras”.
Los expertos defienden que el abanico de inmobiliarias que impera hoy en día sobre el parqué español difiere mucho de lo habitual en los años previos a la crisis. Fernando Bautista, director en el negocio de banca de inversión para el sector de Real Estate en España de Citi resalta dos grandes cambios en el panorama inmobiliario: mayor especialización y unos gobiernos corporativos del más alto nivel.
Esta transformación ha sido en buena medida impulsada por los propios inversores. “Sin duda, los inversores institucionales son ahora más exigentes, valoran más la calidad del negocio”, resalta Ignacio Romero. “Parece que hemos aprendido algo de lo ocurrido antes de la crisis y las empresas saben que sin un plan de negocios bien atado y una gestión profesionalizada tienen muy difícil captar financiación en los mercados”, añade.
Como ejemplo, los expertos citan que las inmobiliarias que abordan a día de hoy su salto al parqué lo hacen con unas ratios de apalancamiento muy definidas, al contrario de lo que sucedía antes.
En lo referente a la especialización, Bautista recalca como no sólo se ha producido una creciente división entre los negocios de la promoción y el alquiler, sino que dentro de este último, las principales Socimis se han ido especializando en distintos nichos de negocio, como los centros comerciales, las oficinas o los hoteles. “Los inversores ya no buscan grandes grupos que participen de todo el ciclo inmobiliario, sino quieren poder elegir en qué nicho de negocio entran”.
Al mismo tiempo, “el gobierno corporativo ha cobrado mucha relevancia. Por muy buenos activos que tengas, lo tienes complicado para convencer al inversor si tu gestión no está perfectamente alineada con los intereses del accionista”, explica el responsable de Citi.
De este modo, “han ido surgiendo vehículos de inversión mucho más institucionalizados que lo que había antes. El sector inmobiliario español se va asentando poco a poco. Se ha ido dejando la cultura del pelotazo, para dar lugar a compañías más profesionalizadas, convergiendo hacia modelos de mercados más maduros, como el francés o el británico”, sentencia Bautista.

Génova quiere fuera a Pedro Antonio Sánchez: “nos hace daño”

MADRID.- El futuro político del ex presidente del ejecutivo murciano Pedro Antonio Sánchez vuelve a ser motivo de controversia entre la dirección nacional del PP y la de los populares de la región. A punto de que se le abra juicio oral por el “caso Auditorio”, desde Murcia defienden que, al no tratarse de un caso de corrupción, éste no tiene ni por qué dejar el escaño ni, tampoco, la presidencia del partido, recoge hoy https://www.elindependiente.com

En cambio , desde Génova aducen que su resistencia “nos hace daño”, al tiempo que esperan que se imponga en el PP de Murcia alguna voz que haga reconsiderar la posición, de nuevo, numantina de los que niegan que éste tenga que abandonar todas sus cargos.
El argumento de los defensores del ex presidente es que el propio juez ha retirado el presunto delito de malversación de fondos públicos, limitando la acusación a prevaricación y fraude en subvención pública, perfectamente compatibles con un error de gestión. Es lo que desde el PP llaman la “doctrina Villegas”, en alusión al secretario general de Cuidadanos, José Manuel Villegas, de que “no es lo mismo meter la pata que meter la mano”.
Pero si bien Génova acepta este principio, lo cierto  es que entienden que la situación de Sánchez ha llegado a un punto de no retorno y eso que fue encumbrado a la presidencia regional del PP ya estando investigado por la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras siendo él alcalde de la localidad. 
Desde la  dirección nacional popular apuntan a que, en todo caso, hay voces internas en el partido de la región que están abriendo el debate sobre la conveniencia de la continuidad de Sánchez, que dimitió de presidente autonómico el 4 de abril tras una férrea resistencia que solo forzó la amenaza de la presentación de una moción de censura por parte de Ciudadanos,  que sostiene al PP en el gobierno autonómico.
Publicamente, en cambio, Génova defiende que este es un tema interno del PP de Murcia. Así lo dijo ayer el coordinador general popular, Fernando Martinez-Maillo, en un desayuno informativo. Tras recordar que su compañero de filas “ya dimitió” de la presidencia autonómica, señaló que “lo que suceda dependerá mucho de lo que decida el partido en la región”.
Pero lo cierto es que, una vez más, la defensa que de su líder hacen en la Comunidad no se comparece con la posición de un sector del partido en la región ni con la de la dirección nacional , cuyo coordinador tuvo que negociar hasta el último momento con el mismo Villegas una salida que impidiera perder el gobierno autonómico.
No es plato de gusto tener sentado en el banquillo al barón territorial sobre todo cuando se acercan, inexorables, las eleciones locales y autonómicas del cuarto domingo de mayo de 2019 que Mariano Rajoy ha  pedido que comiencen a preparar ya. 
De poco sirven los mensajes que lanzan los  populares murcianos asegurando que no es un caso de corrupción. También dijeron que Sánchez no se sentaría jamás en el banquillo, que el caso sería archivado. Con el mismo énfasis defendieron que tampoco se le imputaría por la trama Púnica.
Desde el entorno de Fernandez-Maillo aspiran a no tener que intervenir o, al menos, a no  tener que intervenir directamente de modo que sea el propio partido allí el que ponga punto y final a la carrera de Sánchez, cada vez más acorralado por los tribunales.
El artículo 18 apartado 8 de los estatutos del PP determina que en los casos en los que un afiliado incurra “en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público, o realice conductas que estén tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se hayan cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos” que marca el propio texto, se procederá a la apertura de un expediente informativo “en el momento en que se produzca el señalamiento del juicio oral”.
Pero es que el propio Maillo, en una entrevista concedida a El Independiente pocos días después de la dimisión  de Sánchez de la presidencia de la Comunidad, afirmó que, en caso de apertura de juicio oral y en aplicación de los estatutos del partido, el presidente del PP de Murcia debería dejar esta responsabilidad y el escaño.

¿Qué pasa en Catalunya?: lo que no se dice en los medios, ni en Catalunya ni en España / Vicenç Navarro *

Como mostré recientemente en un artículo presentado en este rotativo (“El mayor problema que tiene Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17), la crisis social en Catalunya ha adquirido unas proporciones dramáticas, desconocidas antes durante el periodo democrático. Nunca antes, desde que la democracia se restableció en 1978, las clases populares catalanas habían visto su calidad de vida y bienestar deteriorarse de una manera tan acentuada como ha ocurrido durante los años de crisis económica y financiera conocidos como la Gran Recesión. 

El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en el trabajo, el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán, afectando muy negativamente el nivel de vida de las clases populares, que representan la mayoría de la población en Catalunya. Tales condiciones están teniendo un impacto devastador entre la juventud, que está perdiendo la esperanza de tener un mundo mejor que el de sus padres. Sus ingresos en términos proporcionales son menores (en su capacidad adquisitiva) que los que sus padres tenían a su edad, determinando con ello un descenso generacional en su estándar de vida.

Esta enorme crisis, resultado del gran deterioro del mercado de trabajo, que ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de las clases populares, ha ido acompañada de unos recortes de los fondos públicos disponibles para financiar las trasferencias y los servicios públicos del Estado del Bienestar en Catalunya (tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios, servicios y transferencias para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, entre otros). 

En realidad, los recortes del gasto público social, que incluye el gasto en tales transferencias y servicios públicos, realizados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya han sido de los más acentuados en España y en la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al existente en Catalunya y en el resto de España.

Es muy importante señalar que estos recortes se han hecho por el gobierno catalán en unas transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que estaban ya muy poco financiados, con lo cual, tales recortes han tenido un impacto muy negativo en dichas transferencias y servicios, permaneciendo, como consecuencia de ello, entre los Estados del Bienestar menos financiados en España y en la UE-15, muy por debajo de lo que la economía catalana permitiría (ya antes de la crisis Catalunya tenía un gasto social de casi 20.000 millones de euros menos de lo que le correspondía por su nivel de riqueza).

¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?

Una de las respuestas más frecuentes a estas preguntas en el establishment político-mediático catalán es que tal subdesarrollo social (siendo el gasto público social en Catalunya uno de los más bajos de la UE-15) y tal crisis social (unos de los recortes de gasto público social más acentuados y uno de los niveles de desempleo y precariedad más altos de la UE-15), con uno de los niveles salariales más bajos de tal comunidad europea, es resultado de la articulación de Catalunya dentro del Estado español. 

La culpa de todo ello es del Estado central. Esta externalización de responsabilidades es muy común en la cultura existente en el territorio ibérico. El gobierno español justifica la aplicación (e imposición) de políticas altamente impopulares indicando que no tiene otras alternativas, pues así se lo instruyen Bruselas, o Frankfurt o lo que sea. Y en Barcelona, el gobierno de la Generalitat de Catalunya añade, además de Bruselas y Frankfurt, Madrid.

Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de las mayores causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme crisis social en la que esta se encuentra, y que es ni más ni menos que el enorme dominio que las derechas (partidos conservadores y liberales) han tenido en las instituciones económicas, financieras, mediáticas y representativas de Catalunya durante todo el periodo democrático. 

La coalición de un partido de derechas perteneciente a la familia liberal europea, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, y de un partido de derechas perteneciente a la familia conservadora democratacristiana, Unió Democrática de Catalunya, UDC, ha gobernado Catalunya durante la mayor parte de tal periodo. En realidad, Catalunya ha estado gobernada 30 de 37 años por las derechas, es decir, 9 de 11 legislaturas, mostrando la gran hegemonía de las derechas (solo superada en España por Galicia y Castilla y León, gobernadas por el PP, y el País Vasco, gobernado por el PNV).

Dentro de esta coalición gobernante en Catalunya ahora, CDC (ahora llamada PDeCAT) ha sido la fuerza hegemónica. Y esta fuerza política continúa ahora siendo hegemónica en la mayoría de los aparatos de la Generalitat de Catalunya, presididos por el Sr. Carles Puigdemont, dirigente del PDeCAT, partido que es a su vez presidido por el ex presidente Artur Mas.

 Es cierto que la coalición Junts Pel Sí incluye, además de CDC, primordialmente a ERC (un partido hoy independentista), así como personas independientes no afiliadas a ningún partido. Pero la herencia de 30 años de ideología nacionalista conservadora es todavía clara en la cultura política promovida por la Generalitat de Catalunya. Ni que decir tiene que ERC es un partido amplio de sensibilidades políticas diferentes, incluyendo la izquierda, unidas todas ellas por un compromiso por la independencia, ideología que respeto y que es totalmente legítima, aunque yo no la comparta, aclarando que no me opondría a ella, naturalmente, si ello fuera el deseo de la mayoría de la población en Catalunya, lo cual es obvio que no se da en la situación actual. 

 Dicha aclaración no diluye mi percepción de que el movimiento independentista esta hoy institucionalmente dirigido por el gobierno de Junts Pel Sí, coalición dentro de la cual el PDeCAT es la primera fuerza. De ahí que es importante que se informe sobre qué es CDC y su sucesor, el PDeCAT, lo cual no puede reducirse a una mera definición de ser un partido nacionalista conservador, ahora pro independencia.

Los herederos del pujolismo, ideología y modus operandi que continúa

Para entender Catalunya, hay que conocer a dicho partido, CDC, fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo, una ideología nacionalista conservadora que siempre ha considerado la Generalitat de Catalunya como su propiedad individual, familiar y colectiva, extendiendo su influencia a través de unas políticas de tipo clientelar, con prácticas intensamente corruptas. Era, y continúa siendo, la versión catalana del caciquismo en su expresión más primaria. En realidad, tiene grandes semejanzas con el Partido Popular en el resto de España. 

Ambos eran y son partidos nacionalistas  (españolista el PP, y catalanista CDC) y patrimonialistas (que consideran el Estado que gestionan como suyo). Es lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como nacionalpatrimonialismo. Su largo dominio en el gobierno se debe a su claro encaje en la estructura de poder económico, financiero y mediático del país. Su dominio sobre los medios públicos de información de la Generalitat es casi absoluto. E influencia también en gran manera a los privados a base de subvenciones amplias (a modo de ejemplo, en 2015 la Generalitat de Catalunya otorgó 810.719 euros a La Vanguardia; 463.987 a El Periódico de Catalunya; El Punt Avui recibió 457.496; y el diario Ara, 313.495 euros).  

En consonancia con esta práctica, ya ha amenazado a los medios de comunicación con no proveer de tal subsidio en caso de que no promuevan su ideario a raíz del mal llamado referéndum. En TV3, sus programas económicos son de orientación ultraliberal, los cuales son conducidos por uno de los gurús económicos de CDC y sectores de ERC, el economista Sala i Martín, economista catalán, de nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU al Partido Libertario, un partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy en el Partido Republicano de aquel país. Es más que probable que el Ministro de Economía y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una coalición liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien próximo a él en su orientación política.

Las complicidades del establishment político-mediático catalán con el establishment político-mediático español

El nacionalpatrimonialismo pujolista continúa ejerciendo gran influencia en las instituciones de la Generalitat, y a través de estas, la vida intelectual política y mediática de Catalunya. Su partido ha sido uno de los mayores instrumentos políticos responsables de la aplicación de las políticas públicas neoliberales causantes del subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto de España), y de la crisis social creada por la Gran Recesión. CDC apoyó las reformas laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de trabajo, así como la austeridad del gasto público que guió los recortes al Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su ideología liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martín en su programa de TV3).

Las consecuencias del neoliberalismo

Como resultado de la aplicación de tales políticas, las rentas del trabajo en Catalunya han descendido, pasando de ser un 50% a un 46% de todas las rentas, durante el periodo de la crisis, 2008-2016, mientras que las rentas del capital han aumentado, pasando de un 42% a un 45% durante el mismo periodo. 

Que ello pasaría era entonces fácilmente predecible, como denuncié en su día. Como también era predecible, se ha producido un gran crecimiento de las desigualdades, que se han disparado, habiéndose incrementado la distancia entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre de 5 a 6 veces durante el mismo periodo. Estas políticas neoliberales se han hecho en colaboración con el PP, estableciéndose una complicidad no solo en las áreas económicas y sociales, sino también en las políticas, complicidades que han permitido el control por parte del PP de las Cortes Españolas, cuya presidenta, Ana Pastor, fue elegida con el apoyo de CDC, y cuya abstención en la moción de censura contra el gobierno del PP contribuyó a mantener al “supuestamente odiado” Rajoy en el poder.  

Los intereses de clase siempre toman prioridad sobre los intereses de nación en las derechas nacionalistas catalanas, para las cuales el mayor enemigo son las nuevas izquierdas. Y lo que pasa en los pasillos de las Cortes Española es un claro ejemplo de ello.

El silencio mediático sobre las causas de la enorme crisis social catalana

Como era de esperar, de todo esto no se habla o se escribe hoy en Catalunya. Este es el gran éxito del establishment político-mediático hegemonizado por los herederos del pujolismo, y ello con la ayuda de grandes sectores de la intelectualidad catalana, incluyendo algunas figuras que se consideran de izquierdas. CDC (PDeCAT) continúa hegemonizando la Generalitat de Catalunya, intentando influenciar sobre la movilización político-social que promueve el referéndum, centrándose en la confrontación entre el gobierno Rajoy, por un lado, y el gobierno de Junts Pel Sí, por el otro. Esta dualidad, presentada como el enfrentamiento entre España y Catalunya, es clave para su intento de movilización.

La aceptación de esta estrategia es resultado de la enorme insensibilidad del Estado borbónico hacia el carácter plurinacional de España, Estado que ha sido el mayor promotor del independentismo en Catalunya. Ni que decir tiene que este enfrentamiento asume la invariabilidad del Estado español, tesis fuertemente sostenida cuya intensidad alcanza niveles de clara hostilidad hacia los que no están de acuerdo con dicha estrategia, siendo acusados de antidemocráticos o, peor aún, de tener un escaso compromiso con Catalunya, tal como hizo Pilar Rahola, el personaje mediático más parecido a Eduardo Inda en Catalunya (grosera, maleducada, que no deja hablar al adversario y que manipula en extremo), con Xavier Domènech. 

Y algunas voces de izquierdas han llegado incluso a presentar tal llamada a votar en el referéndum como una continuación del 15-M en su lucha por la democracia. Tales voces parecen ignorar que el 15-M rodeó el Parlament de Catalunya, forzando al president Mas a acceder al Parlament en helicóptero, en protesta por las políticas neoliberales. Viví aquella situación, pues el 15-M me invitó a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba rodeado de manifestantes del 15-M) en protesta por las políticas que el gobierno había propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo hacer la charla porque la policía nos expulsó. Es paradójico que ahora se pida al 15-M que rodee el Parlament, dirigido por los sucesores de Mas, para protegerlo.

 Además de incoherente, es absurdo que el 15-M se presente como un precedente a la movilización que se presenta mediáticamente como dirigida por un gobierno liderado por los continuadores del president Mas. Naturalmente que soy consciente que el Parlament estaría ocupado por muchas otras fuerzas políticas además del PDeCAT, pero dicho Parlament seguiría liderado por un gobierno en el que los herederos del pujolismo de siempre serían la fuerza hegemónica.

El llamado referéndum no es un referéndum

Mis comentarios críticos no son a favor o en contra de la independencia, sino sobre la manera como esta se está proponiendo, y que en parte (y solo en parte) se debe a la oposición del Estado central. La realización del referéndum requiere toda una serie de condiciones que garanticen que se realice en un contexto democrático. Democracia es mucho más que votar en unas urnas: requiere libertad democrática con pleno acceso a los medios de información por parte de las distintas opciones consideradas en el proceso de decisión que debe realizarse en el momento de votación. 

Existe hoy, sin embargo, una muy acentuada falta de diversidad en los medios públicos de la  Generalitat Catalunya, realidad que, por lo visto, no han percibido algunos compañeros de viaje de izquierda, que han visto recompensadas su apoyo al referéndum y su crítica a aquellas fuerzas, como Catalunya en Comú (que lo critican), gozando de un amplio espacio mediático poco accesible a las opciones que cuestionan el referéndum. En realidad, el gobierno de la Generalitat está hoy utilizando su comportamiento clientelar (dando amplios recursos financieros a los medios privados) a fin de promocionar su estrategia política. Es un caso abusivo de utilización de los medios públicos para fines partidistas.

Otra condición para que el referéndum sea considerado democrático es el principio de la mayoría, un eje rector de cualquier proceso democrático (hecho subvertido por la propuesta de Referéndum de Independencia del Govern, que convierte el principio de la mayoría por el principio de la minoría, tal como señalaré más adelante). Otras condiciones violadas por el proyecto del referéndum es el de haberse saltado el propio Estatut de Catalunya, así como el Parlament de Catalunya, que hasta ahora no ha sido consultado, basándose en una mayoría parlamentaria que no representa a la mayoría de la población catalana.

La vía antidemocrática hacia la independencia

La mayoría que el tripartito independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) tiene en el Parlament está basada en una ley electoral que es la misma, repito, la misma, que fue transferida de España a Catalunya, sin que Convergència deseara cambiarla (como tampoco quiso cambiarla el PP). Tal ley es escasamente proporcional, y debido al sesgo conservador, dio la mayoría a unos partidos que en realidad representaban a una minoría. Tal tripartito recibió un número de votos menor que los no independentistas. 

 Atribuirse la representación de la mayoría de la población es faltar a la verdad. Sumando los votos de los tres partidos independentistas en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, se obtiene una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos). La mayoría proindependentista en el Parlament no se corresponde con la mayoría popular, que no es independentista.

Pero esta situación escasamente democrática alcanza su forma extrema en la Ley del Referéndum, en la cual se indica que el resultado del referéndum es vinculante (artículo 4.3), sin especificar el porcentaje mínimo de votantes. En realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos (sin indicar un mínimo de participación), proclamándose la independencia cuarenta y ocho horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso de que sea afirmativo. 

Lo que ello implica es que si se consiguiera el mismo porcentaje de votos a favor de la independencia sobre el número de catalanes que podrían votar que se logró el 9-N (1.861.753 votos del SÍ-SÍ sobre 5,4 millones de personas), resultaría que el número de votos a favor del SÍ representaría solo un 34% de toda la población que pudiera votar, lo cual querría decir que prácticamente dos terceras partes de los catalanes no habrían dicho SÍ a la independencia. En base a este bajísimo porcentaje se declararía la independencia en 48 horas. Ello sería un acto profundamente antidemocrático carente de credibilidad internacional.

No es un referéndum

La manera como se está utilizando el mal llamado referéndum por parte de los partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya conseguiría que del 80% al 90% del voto fuera a favor de la independencia, en un proceso de muy baja participación. Ocurriría lo mismo que ocurrió en el 9-N, que fue el proceso electoral en Catalunya con menor participación durante el período democrático postfranquista. Solo un 36,6% de catalanes votaron, mucho más bajo que en las elecciones autonómicas del 2012 (67,7%), que en las elecciones generales del 2011 (un 66,8%), que en el referéndum del Estatut del 2006 (48,8%) y que en las elecciones europeas del 2014 (47,6%). Que solo un tercio de los catalanes decidiera el establecimiento de la independencia no puede ser la base para que ocurra un hecho tan significativo como este. Y crearía un estallido social en Catalunya. 

Creerse que la mayoría de la población catalana aceptaría una decisión de tal envergadura votada solo por un tercio de la población que podría votar, es no conocer Catalunya. La pregunta que debería hacerse es por qué habría una participación tan baja en dicho referéndum, y una de las causas de ello es la identificación institucional del independentismo con el gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha sido responsable de la crisis social que ha afectado tanto a las clases populares en Catalunya.

Naturalmente que el movimiento independentista también recoge una protesta frente a la crisis social descrita en este artículo, pero el hecho de que sea el PDeCAT hoy la fuerza dirigente en el gobierno de la Generalitat que dirige tal movilización tendría influencia en esta elevada abstención. Las clases populares son conscientes de que detrás de un supuesto conflicto España-Catalunya ha habido una alianza de las derechas españolas y catalanas que ha provocado el deterioro de su calidad de vida y bienestar.  

Y de ahí el enorme silencio sobre este tema en Catalunya y en España, silencio que tiene como función dar mayor visibilidad al tema nacional asumiendo que la independencia resolvería en sí la enorme crisis social, considerando, erróneamente, que el nuevo Estado tendría una vocación resolutiva de dicha crisis, lo cual es altamente cuestionable, pues dependería de los partidos que gobernaran esta Catalunya independiente. Una transición que fuera una continuación del dominio de las derechas en el Estado catalán sería la continuación de la crisis. La evidencia de que ello sería así es abrumadora.

Todas estas consideraciones quedan olvidadas en un proceso de transición claramente idealizado en el que los enormes problemas que podrían crearse, y que podrían afectar a las clases populares, quedan marginados. Es así como la derecha catalana intenta utilizar el mal llamado referéndum como una táctica electoral que se beneficia de las elevadas tensiones entre Catalunya y España, a fin de movilizar su apoyo electoral.

Esta afirmación no implica, en absoluto, que la movilización que está teniendo lugar en Catalunya a favor de la independencia sea un mero instrumento creado por los partidos gobernantes, lectura generalizada en el establishment político-mediático español. Dicho movimiento incluye muchísimas sensibilidades políticas, y como movimiento contestatario lo valoro positivamente. 

Ahora bien, no hay duda, desde mi punto de vista, que la manera como la Generalitat de Catalunya está intentando dirigirlo incluye un deseo de instrumentalizarlo que disminuye dramáticamente su potencial de cambio. En realidad, el independentismo, al monopolizar el soberanismo o derecho a decidir, está haciendo un flaco favor a la posibilidad de una amplia movilización de las clases populares, que no siendo independentistas, desean un cambio profundo en Catalunya y en España. El independentismo no será vehículo para realizar tales cambios.

¿Cuál debería ser la alternativa?

Creo que debería mostrarse que es imposible crear una nueva sociedad democrática a través de un instrumento claramente antidemocrático como está resultando ser el mal llamado referéndum. Considero que es esencial que las fuerzas que creen en el referéndum democrático presenten y defiendan una alternativa, ilusionante y creíble que presente una propuesta de futura Catalunya, poniendo la resolución del tema social como central en la discusión del tema nacional, indicando que aquellos que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden liderar el proceso de cambio en Catalunya, pues la nueva Catalunya que promueven sería una continuación de la ya existente. 

Creo que para las izquierdas es fundamental que se defina el concepto de nación, identificando nación primordialmente con la población, de la que las clases populares son la mayoría, afirmando que aquellos que aman más a Catalunya son aquellos que hacen más por las clases populares, denunciando a aquellos que se autodefinen como superpatriotas y a la vez están dañando el bienestar de la mayoría de la ciudadanía. En contra de lo que se cree, sí que hay un barómetro para definir el grado de compromiso con un país.

De ahí que es importante que las fuerzas progresistas que prioricen la justicia social, la democracia y la plurinacionalidad de España y favorables al desarrollo de un referéndum auténticamente democrático desarrollen una campaña alternativa que movilice al conjunto de la sociedad catalana y de las diferentes sociedades en el territorio español para cambiar tanto el Estado Catalán como el Estado Español de tal forma que resuelva al fin la cuestión social y nacional. 

Esta campaña debiera de contar con actos a los que se invite a hermanos y hermanas de las nuevas izquierdas de otras partes de España, para señalar que el derecho a decidir tenemos que ganarlo a través de la movilización de la mayoría (y no solo de una minoría) de la población catalana para crear una nueva Catalunya, y abriendo la posibilidad de realizar un cambio profundo, que tenga el apoyo de las clases populares. Para que ello ocurra, es necesario poner la resolución del tema social como prioritario, y no de una manera genérica e indirecta a través de conseguir una no realizable independencia, sino muy concreta, oponiéndose a las políticas que han sido promocionadas por el Estado español por un lado, y por la Generalitat de Catalunya por el otro. Sin un apoyo generalizado entre la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares, no se podrá tener un auténtico referéndum democrático con una petición de cambio masivo. 

Este cambio será facilitado por las campañas que ya existen a lo largo del territorio español para crear una España social, justa, democrática y plurinacional. De ahí que es fundamental que, para que el proceso de cambio en Catalunya ocurra (yendo o no hacia la independencia según desee la mayoría de la población en Catalunya), haya una nueva dirección y otro liderazgo del movimiento por el derecho a decidir, basada en una amplia coalición de fuerzas de izquierdas y progresistas que defienda un programa de transformación de Catalunya (y de España). Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Catalunya.


(*)  Ha sido catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, actualmente es catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra, profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

¿Fueron las declaraciones de Baiget un intento de un sector del partido de frenar a Puigdemont? / Joan Tapia *

Esta mañana, el 'president' Puigdemont tiene que explicar en el Parlament el cese la semana pasada del 'conseller' de Empresa Jordi Baiget, y su sustitución por Santi Vila, el de Cultura. No es una papeleta fácil, aunque la mayoría independentista de 71 diputados (sobre 135) no le planteará problemas. A no ser, claro, que la CUP (10 diputados) aproveche para acusar a algunos 'consellers' del PDeCAT (la antigua CDC) de poco compromiso con el referéndum.

Y la mayoría independentista desprecia lo que puedan opinar los cuatro grupos de la oposición (PP, C´s, PSC y la coalición ICV-EUA-Podemos). Así, ni se inmutó cuando el Consejo de Garantías Estatutarias (un mixto entre un TC catalán y el Consejo de Estado, pues es un órgano consultivo) dictaminó por unanimidad que la reforma del reglamento del Parlament —que permitirá aprobar en lectura única y en un solo día la ley de referéndum— violaba los derechos de esos grupos al impedir —entre otras cosas— el recurso al citado Consell de Garanties.

Pero Puigdemont deberá ir con cautela, pues el cese de Jordi Baiget es solo la parte emergente de un iceberg: los reparos de una parte sustancial del PDeCAT a la actitud de Puigdemont, al que muchos en el partido le reprochan cierto maximalismo. El 'conseller' Baiget, en una entrevista al independentista 'El Punt Avui', hizo tres afirmaciones que atacaban la línea de flotación de Puigdemont. 

Primero, que el referéndum no se podría celebrar tal como estaba diseñado porque el Tribunal Constitucional lo suspendería y que lo que se podría lograr sería una repetición de la consulta no vinculante de Artur Mas del 9-N de 2014. Segundo, que la diferencia con el 9-N solo podía venir de una mayor afluencia a las urnas (doblar el número de votantes), pero que no creía en movilizaciones más rupturistas y prolongadas en el tiempo: “El país [Cataluña] no aguantaría una huelga general, pensar lo contrario es no conocerlo”. Tercero, que varios 'consellers' no conocían lo que Puigdemont planeaba y que así arriesgaban su patrimonio (por las posibles sanciones de los tribunales) mientras las decisiones eran tomadas por un comité fantasma que no corría riesgos. El título de la entrevista era precisamente: “Aceptaría ir a la cárcel, pero no que vayan contra mi patrimonio”.

Es una crítica dura a la radicalizada (más que nada, por inflexible) posición de Puigdemont, apoyado —al menos formalmente— por Junqueras. Pero la relevancia de la crisis del PDeCAT viene tanto del fondo de las críticas de Baiget como de su personalidad. Baiget, que fue secretario del Gobierno de Artur Mas, ha sido siempre un 'conseller' disciplinado y reservado. Es por tanto probable que no expresara su opinión personal sino la de un grupo no reducido de preocupados 'consellers' y cuadros del PDeCAT. Que la coordinadora del partido, Marta Pascal, dijera el mismo lunes de las declaraciones: “Llegaremos al 1-0 y con Baiget en el Gobierno”, lo atestigua. Además, el jefe de gabinete de Baiget era precisamente el esposo de Marta Pascal. Y su mujer es una directora general del departamento de gobernación que se dice que tuvo que ver con la decisión final de retirar el concurso de adjudicación de urnas.

¿Fue un intento de un sector del partido, con el conocimiento de Marta Pascal, de frenar a Puigdemont? Quizá, pero el 'president' reaccionó con un gesto de autoridad y al destituir a Baiget hizo saltar por los aires la autoridad de Pascal. Hasta el punto de que el 'conseller' Santi Vila, cuya actitud es muy próxima a la de Baiget, aceptó sustituirlo. Así, la crisis no acabó en una marginación total de los 'moderados', pero sí en la demostración de su impotencia. Manda Puigdemont. Y el PDeCAT, apesadumbrado porque las encuestas indican que ERC lo superaría en mucho y que Junqueras podría ser el próximo 'president', está sin estrategia de partido. Puigdemont tiene como única prioridad el 1-O, mientras que Marta Pascal pretendería que el partido no quemara las naves para llegar en las mejores condiciones posibles a las municipales de 2019, cuando muchos alcaldes convergentes —que son mayoría en la ejecutiva del partido— se juegan su futuro.

Pero son casi todos los partidos —con la notable excepción de los republicanos, donde Junqueras manda como un rey de los de antes— los que acusan la crisis del 'procés'. Catalunya en Comú, el nuevo partido de Ada Colau y Xavier Domènech, que no se corresponde exactamente con el actual grupo parlamentario de ICV-Podemos que dirigen Lluís Rabell y Joan Coscubiela, adoptó el sábado una posición salomónica respecto al referéndum. No se lo tomaban en serio como referéndum —por ausencia de garantías y dudas sobre su celebración— y por lo tanto no incitarían al voto, pero lo apoyarían como expresión de protesta. Luego la reacción crítica de los independentistas hizo que Ada Colau —que no se quiere separar de un movimiento de protesta— dijera que darían todas las facilidades. Y más tarde volvió a rectificar diciendo que lo que le preocupaba del referéndum no era tanto la oposición de Madrid, o incluso del PSOE (gobierna en coalición con el PSC), sino que dividía a la sociedad catalana.

Con el referéndum todavía no convocado —ni la ley aprobada— es difícil saber cuál será la posición final de los 'comunes'. La impresión es que Colau no pondrá en juego su posición en el Ayuntamiento de Barcelona y que por tanto no incurrirá en ninguna ilegalidad, pero sí que puede jalear la protesta, con mayor o menor intensidad según las circunstancias. Cree que separarse demasiado de una protesta relevante puede perjudicarla electoralmente, aunque tampoco quiere sumarse en exceso. En este sentido, es relevante que Pablo Iglesias —al que la coalición con Colau e ICV ha dado muchos diputados en Madrid— haya inflexionado su posición. De criticar un referéndum sin garantías, ha pasado a afirmar que, pese a todo, las instituciones catalanas deben apoyar la movilización.

Pero el gran hándicap de Colau y Domènech es que el partido que están montando solo está de acuerdo en exigir un referéndum legal. Luego, la discrepancia entre los que estarían a favor del sí (no mayoritarios), los del no (pocos), y los que defienden o se refugian en proponer alguna forma de tercera vía (incluida la confederación) es muy fuerte. ¿Puede ganar en Cataluña un partido que no quiere definirse —por la división interna que podría hacerlo explotar— sobre la independencia?

Los 'comunes' tenían expectativas de ser la primera fuerza catalana, enarbolando la bandera de la protesta social, contra la España del PP y contra las 'traiciones' de Zapatero y del PSC. Y lo fueron en las legislativas de 2015 y —con una ligera pérdida de gas— en las de junio de 2016, cuando la prioridad del electorado catalán de izquierdas era echar al PP. Pero no en las catalanas de septiembre de 2015 —que ganó Junts pel Sí seguida de C's—, ni lo son en las encuestas sobre las próximas elecciones catalanas, en las que ERC parece capitalizar casi todo el voto de protesta y en las que el PSC queda por delante del nuevo partido, como ya pasó en 2015.

Por su parte, el PSC celebra en Barcelona este fin de semana una reunión conjunta de su ejecutiva con la del PSOE con la presencia de Pedro Sánchez. El objetivo es dar fuerza a la candidatura de Miquel Iceta a las próximas elecciones catalanas y aunar las posiciones del PSC y del PSOE, algo más fácil tras la consagración de Iceta en las primarias del PSC y la más reciente de Pedro Sánchez en las del PSOE.

Iceta ha defendido siempre que Cataluña ni debía ni podía salir de España y, como consecuencia, de la UE, pero ha exigido también alguna forma de tercera vía, marcando distancias con el inmovilismo del PP, al que responsabiliza en parte de la situación actual por su recurso contra el Estatut de 2006. Esta posición fue muy atacada tanto por el independentismo (los más soberanistas salieron del partido con el aplauso del 'agit-prop' convergente), como por el PP e incluso sectores del PSOE. 

Pero ahora el PSC ya tiene su crisis detrás y cuando Madrid constata que la desafección de Cataluña (denunciada por José Montilla) no es un invento sino una realidad que permanece y el independentismo parece que no puede superar su techo de 2015 y arrastra la hipoteca de la CUP, se ha convertido en el punto de referencia más sólido de la tercera vía. Y su pragmatismo le ha llevado a tener una vía de comunicación abierta tanto con la vicepresidenta del Gobierno como con sectores del independentismo.

Además, el retorno de Pedro Sánchez, que en Cataluña ganó las primarias con un margen amplísimo, es visto como lluvia de mayo. Para ganar en España, Sánchez necesita que el PSC recupere voto en Cataluña, donde Felipe González nunca perdió una elección. Sanchez e Iceta se oponen al referéndum, por unilateral, ilegal y falto de garantías, pero exigen acabar con el inmovilismo y el recurso exclusivo a la vía judicial. Creen que se debe abrir una vía de diálogo sentando en una mesa parlamentaria a todas las posiciones y abogan —además de por acuerdos relevantes sobre una mejor financiación y mayores inversiones del Estado— por crear en el Congreso una subcomisión para la reforma de la Constitución.

Creen que la subcomisión podría ser el inicio del diálogo y no comparten la opinión de Rajoy de que no hay el consenso necesario para reformar la Constitución. Reconocen que no será fácil, pero que desde luego es imposible mientras no se dialogue en sede parlamentaria. Y el propio Francesc Homs, portavoz del PDeCAT en Madrid hasta su inhabilitación por el Supremo, pidió una comisión sobre Cataluña.

En este asunto, curiosamente las posiciones de Pedro Sánchez y de Felipe González están bastante próximas. Ambos coinciden en que la subcomisión parlamentaria podría ser el inicio del deshielo. Y Sánchez ha leído con atención la reciente encuesta del Instituto DYM para El Confidencial que dice que el 48,5% de los españoles (contra el 35,6%) está de acuerdo en que España es un estado plurinacional. Y esta opinión es mayoritaria en todas las franjas de edad, excepto entre los mayores de 66 años.

El problema es que aunque el PP no pueda impedir esa subcomisión, su no participación la condenaría por razones obvias a la irrelevancia. Y cuando los dos trenes han abandonado la última estación antes del choque (o de algo parecido), no es el momento más oportuno para que Rajoy haga un gesto que la derecha de su partido —y parte de la prensa madrileña— no dudaría en criticar.

¿Será más factible esta comisión tras el choque de trenes? En principio, parecería todo lo contrario, pero la realidad es que hay declaraciones recientes de Soraya Saénz de Santamaría y Oriol Junqueras (que en los últimos meses se han visto con cierta asiduidad) que dicen que lo relevante es pensar en el 2 de octubre. ¿Es condición para el diálogo que los dos trenes hayan hecho antes su demostración de fuerza?



(*) Periodista

¿Qué es el planeta X? / Guillermo Herrera *

Todo el mundo ha oído hablar en las redes del llamado ‘Nibiru’ o planeta X pero nadie sabe realmente lo que es, excepto la élite, que conoce y oculta la información, con la excusa de “no asustar a la gente”, pero con el fin de utilizarla en su beneficio personal egoísta, esconderse en sus refugios subterráneos cuando haya peligro, y dejar abandonada a su suerte al resto de la Humanidad. Lo que sí reparten en abundancia son rumores y desinformación para crear miedo y confusión, y hacer a la población más manipulable.

A ello se añade que este objeto es muy difícil de observar en el cielo porque emite muy poca luz y porque su órbita excéntrica no coincide con el plano de la elíptica del sistema solar, sino que tiene una inclinación oblicua de 23 grados. Pero hay quien lo ha grabado en este vídeo:

Sólo puedo añadir que esta imagen es impresionante, emocionante y que siento estar en presencia de un viejo conocido que pasa cerca de la Tierra cada 3.600 años, según Zecharia Sitchin, y que forma parte de todas las tradiciones apocalípticas de la Humanidad.

Llevo mucho tiempo estudiando este tema y, aunque ignoro muchas cosas, he llegado a algunas conclusiones importantes:

Lo primero es que no es un planeta sino una estrella enana roja o marrón con un sistema solar de siete planetoides llamado Némesis, el hermano gemelo del Sol, y los hindúes Shiva o destructor de mundos, porque, cada vez que ha pasado cerca, se ha llevado por delante a muchas civilizaciones.

Lo segundo es que no va a chocar contra la Tierra como dicen algunos desinformadores estúpidos, sino que va a pasar entre la Tierra y el Sol, pero nadie sabe la fecha exacta. Unos dicen que entre septiembre y diciembre de este año, y otros lo fían para dentro de tres años.

Lo tercero es que no emite apenas luz, sino mucho calor, y ésta es una de las causas desconocidas del calentamiento global que estamos sufriendo.

Su color no es ni rojo ni marrón, sino el marrón rojizo apagado del mineral de hierro, ya que va seguido de una gigantesca burbuja de polvo ferroso, escombros y meteoritos. Esta imagen siniestra que produce su falta de luz me hace pensar que puede ser un sistema solar de ángeles caídos.

Cuando pase cerca de nuestro planeta “el Sol se oscurecerá, la Luna se volverá roja y caerán las estrellas” como dice el Apocalipsis de San Juan. Este oscurecimiento lo producirá la nube de polvo rojizo, y lo que caerán serán algunos de los muchos meteoritos que arrastra, pero no espero grandes cataclismos, sino más bien un susto pasajero.

Además, su tracción gravitatoria puede provocar terremotos, mareas y activación de volcanes dormidos, y hasta podría inclinar el eje de rotación de la Tierra y producir un cambio de polos magnéticos.

San Juan lo llama ‘Ajenjo’ y este nombre da muchas pistas. El ajenjo es una hierba muy amarga y purgante que se utiliza en cápsulas en el programa de limpieza de parásitos de la doctora Hulda Clark, y que deja el cuerpo limpio y renovado.

Está claro que el cuerpo de este planeta necesita una purga de parásitos y depredadores, por lo que este objeto puede formar parte del Pan Divino para regenerar este mundo y llevarlo a un proceso de ascensión espiritual.

Yo no tengo miedo porque estoy en manos del Señor, veo que todo esto fue escrito por los antiguos y que forma parte de un destino maravilloso para transformar a la Humanidad y llevarla a su gloria merecida, después de tanto sufrimiento. Por lo tanto no será el fin del mundo, sino el final de un sistema oscuro, porque hay mucho futuro por delante.

La buena gente no debe tener miedo con su conciencia tranquila, sino únicamente los que hayan cometido tropelías y e injusticias contra la Humanidad. Se habla de “la gran tribulación” pero espero que los justos sean rescatados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.



(*) Periodista

La corrrupción como una de las bellas artes / Ramón Cotarelo *

¿Recuerdan esas películas del Oeste en las que el personal se lía a mamporros en mitad de un barrizal en un pueblo perdido de Alaska? Todos quedan cubiertos de fango y siguen atizándose sin saber ya por qué. 
 
Este asunto de las alcantarillas de ministerio del Interior se parece mucho. Desde el ministro santurrón al último detective privado, estilo Philip Marlowe, la amplia variedad de cargos, carguillos, comisarios, delegados, subcomisarios, policías, soplones, políticos en esta ciénaga de la "operación Cataluña" todos embarrados hasta las cejas, ya no permite distinguir a unos de otros, cosa, además, inútil, pues todos van a lo mismo: a llevárselo crudo y acusar a otros de hacerlo. 
 
En ese clima de verdaderos hampones suena la divertida advertencia del portavoz del PP, Martínez Maíllo, sosteniendo que la próxima comparecencia del presidente del gobierno como testigo ante un tribunal que está juzgando la presunta corrupción de su partido se inscribe en la normalidad democrática. Ignoro qué entienda Maíllo por "normalidad" y por "democrática", cuenta habida de que eso no ha pasado jamás en España y dudo de que lo haya hecho en alguna otra democracia. Y de ser tan normal, no se entiende que el presidente quisiera comparecer poco menos que por skype. La normalidad democrática manda que baje al barro. Al fin y al cabo es el suyo.

¿Y esas otras historias de mafias de los negocios de la construcción, gangsters de Chicago que hacen desaparecer a sus enemigos en bloques de hormigón, usados para construir rascacielos con trampas acordadas con autoridades municipales corruptas? No se diga que exagero. Algún testigo de la Púnica (el emporio de Granados) denuncia haber recibido amenazas de muerte. Estos de la Púnica parecen poderosos y con influencias. Las suficientes al menos para vaciar las carpetas y archivos de la Comunidad con documentación de gran fuerza probatoria. 
 
Nada menos que los contratos claves de la Púnica con la Administración. La explicación es que se han "traspapelado" y que sus carpetas "están vacías". Quienes hayan sido capaces de hacer desaparecer una parte del cuerpo del delito, probablemente estén en situación de proceder de igual modo con alguna persona incómoda. No al estilo de Chicago, pero sí al más berlanguiano, de ahogarla en el Manzanares. Ese toque de Berlanga explica muchos aspectos de la corrupción española. Por ejemplo, la conga que se marcaron los peregrinos a Lourdes con cargo al erario.

Berlanga es solo una parte de la vis artística de la corrupción. La otra, inevitable, es Valle-Inclán. La corte de los Borbones de la tercera restauración, con un exrey que lo es por borbonear y una familia real tan popular que no solo se codea con plebeyos, sino también con delincuentes, es tan animada como la de su antepasada Isabel II. Y con Valle, aparece la Iglesia, cuya posición en esta España no confesional del XXI es tan peculiar que hasta la UE ha debido advertir -con la legislación mercantil en la mano- que la exención fiscal a las actividades empresariales de la Iglesia es ilegal. 
 
En España, las luces vienen siempre de fuera porque aquí el personal está en la luz interior del misticismo, gracias a la cual el país se ha enterado de que la Iglesia es un Estado dentro del Estado, que no paga ningún tipo de impuesto: sucesiones (claro), IVA, IBI, IRPF, Sociedades. Nada. En cambio, recibe una subvención pública de miles de millones de libre disposición. Con ese dinero, entre otras cosas, financia canales audiovisuales de extrema derecha y sin contar con la presencia de los obispos en la radiotelevisión pública. Así, gracias a Dios, toda la ciudadanía, incluidos los homosexuales, puede enterarse en la misa del domingo por la mañana de que la homosexualidad es una enfermedad que tiene cura administrada por el obispo telepredicador. 

Esta permanente injerencia del clero en la vida pública da tipos humanos muy parecidos a los de las novelas de Pérez Galdós. Algunas mujeres directa o indirectamente relacionadas con la corrupción tienen toques galdosianos: Aguirre, Cospedal, Cifuentes o la mosquita muerta, consejera de educación en Madrid, Lucía Figar, que se gastaba los dineros públicos en campañas en las redes para embellecer su imagen de virgen prudente. Y los hombres no se quedan atrás, con esos empresarios enchironados o a la defensiva, como Díaz Ferrán o Arturo Fernández, por no hablar de los empresarios del hampa, como Correa o su adlátere el Bigotes, emblemas del machismo delictivo. Ahí están las novelas del llorado Chirbes, continuador malgré lui-même de la tradición galdosiana para dar el trasfondo.

Es patente que este gobierno no puede gobernar; no es en absoluto "normalidad democrática" que el presidente vaya a declarar en un proceso penal; y mucho menos que su declaración se ajuste -como se ajustará- al "no sé", "no me acuedo", "no me consta" y "esas cosas las llevaba mi marido" de la Infanta. Será imposible evitar el titular de prensa de Rajoy se marca una infanta

Esta irrisión general no puede seguir así, sobre todo porque sus responsables pretenden ocultarla encendiendo un conflicto en Cataluña. Y la única manera de pararlo es una moción de censura. A ella puede el gobierno responder con una disolución y convocatoria de nuevas elecciones (siempre que se respeten los pasos establecidos) pero, en cualquiera de los dos casos, se habrá puesto fin a una situación agónica que no se sostiene.
 
El frente unido español contra el referéndum
                                                                                                                                             
A medida que se acerca la fecha del referéndum sin que el bloque independentista muestre señales de vacilación (aunque la prensa cavernaria de Madrid se las invente) cunde el pánico en las filas del nacionalismo español. Como siempre, ha sido incapaz de gestionar el conflicto con un mínimo de racionalidad y ahora, cuando ya no hay tiempo, forma un frente común contra el independentismo, olvidando sus aparentes discrepancias.

El PP esgrime la sagrada unidad de la patria que Franco agonizante encomendó a Juan Carlos, aunque ahora se disfraza de unidad “democrática” de soberanía, de “igualdad” (las comillas indican mentiras) de todos los españoles y de vigencia de una Constitución que el propio PP rechazaba en un principio. Para garantizarla está dispuesto a emplear todos los medios, incluso los presuntamente delictivos, como ya ha demostrado.

El PSOE, tratando de diferenciarse de la derecha neofranquista, después de años de haberle hecho el juego, persigue el mismo fin, pero acude a procedimientos menos agresivos, más dialogantes y con mayor voluntad de reforma. No obstante, tiene la misma línea roja del “no” al referéndum y, por lo tanto, no solo llega tarde si no amplía la oferta, sino que su papel de furgón de cola de la derecha será aun más lamentable.

El discurso de Podemos es el habitual galimatías en este mosaico de personalismos enfermizamente mediáticos, pero el resumen final es el mismo que el del PP y el PSOE: “no” al referéndum de autodeterminación catalán porque no tiene garantías, no es legal, no es seguro y, sobre todo, no lo controlan ellos.

C’s está apuntado al “no” desde el mismo origen porque, a pesar de sus aires de brokers estilo Wall Street, su idea de España es la de los triunfadores del 39.

El desconcierto y la agitada controversia son prueba palmaria del susto compartido de la insolente derecha nacional-católica y la izquierda sumisa ante la probabilidad de quedarse sin el país que su mutua incompetencia ha destruido. Puro miedo.

Detrás de las amenazas, las ironías, los engolados pareceres de eruditos a la violeta y los negros vaticinios de augures vestidos de expertos no hay más que miedo. Miedo a que, si se hace el referéndum, lo pierdan y, con él, pierdan el país que llevan parasitando cientos de años a base de oprimir a sus gentes.

El “nuevo PSOE” dice buscar una solución (próxima Ejecutiva el viernes) pactada, negociada, ante la irresponsable inoperancia de la derecha. Algo es algo. Pero, por lo que se perfila, es poco y tardío. La clave para resolver la cuestión es el referéndum pactado. Y es la clave porque, sin él, no habrá moción de censura ganadora y el PSOE no podrá desalojar al PP del gobierno, cosa que podría hacer el 1º de septiembre, con los votos favorables de JxS.

Pero el “no” socialista y el otro “no” nacional-español de Podemos, no solo prueba su miedo y su insinceridad, sino que los hace cómplices de la política represiva que aplica la derecha. Y en esa política represiva hay un nuevo avance especialmente abusivo y repugnante: el intento de ir contra funcionarios y políticos de la Generalitat, atacándolos en su patrimonio. Sin duda, muy coherente con el espíritu de esta derecha franquista que ya aplicó Cifuentes en Madrid y laos dos mendas que dominaron el ministerio del Interior con su Ley Mordaza, un intento de volver al “orden público” de la dictadura arruinando a la gente.

Es literalmente repugnante que el gobierno y partido que más han robado en la historia de España, más caudales públicos han malversado, más han estafado y expoliado el erario, incrementen su política represiva por la vía pecuniaria. Lo hacen atentando contra el patrimonio de los políticos y los funcionarios como antes contra los ciudadanos como una posible forma de reponer los caudales que llevan años robando y malversando en viajes, francachelas, putas, drogas, confetti, cuentas en Suiza y Panamá, sobresueldos, financiación ilegal, sobrecostes, mordidas, cohechos, extorsiones, estafas, obras faraónicas inútiles para beneficio propio y de amigos, sobornos a periodistas mercenarios y expolios con las privatizaciones.

Pero, sobre todo, es una decisión tan odiosa y miserable (propia de quienes proceden de esa manera en todo lo demás) que, de llevarse a cabo, puede provocar un estallido social en Cataluña, harta ya del saqueo, como debiera estarlo el resto de España si tuviera algo de coraje.

Para evitar esa vergüenza de unos mangantes robando el patrimonio personal de los representantes democráticos y los funcionarios, la izquierda, y especialmente el PSOE, solo tiene una salida: pactar un referéndum en Cataluña y presentar una moción de censura que desplace a esta banda de ladrones del poder político (y, por tanto, también del judicial a sus órdenes) antes de que sea demasiado tarde.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La Audiencia Nacional puede procesar este viernes a Fernández Ordóñez / José Hervás *

La Audiencia Nacional va a de­cidir el viernes si pro­cesa a los ex má­ximos eje­cu­tivos del Banco de España y de la CNMV que per­mi­tieron la sa­lida a bolsa de Bankia en base a datos pre­sun­ta­mente fal­sos. Esto va a su­ceder cinco años y dos meses des­pués de la in­ter­ven­ción de Bankia por el Estado que su­puso la des­ti­tu­ción de Rodrigo Rato y el nom­bra­miento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo pre­si­dente de la en­tidad na­cio­na­li­zada. 

Con aquella decisión, el gobierno de Mariano Rajoy afrontaba la decisión más importante desde que empezó la crisis: la nacionalización del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. La decisión por la que el Estado se quedaba con todo el capital de BFA, que suponía intervenir una de las grandes entidades, rememoraba la última gran crisis anterior con el cambio de administradores de Banesto el 28 de diciembre de 1993 y abría el camino a las reformas del Decreto Guindos II.

La decisión de la sección tercera de la sala de lo penal afecta, entre otros, a los ex altos ejecutivos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al exsubgobernador, Javier Aríztegui; al expresidente de la CNMV, Julio Segura, y al exvicepresidente del organismo supervisor de los mercados de valores, Fernando Restoy.

La resolución de la Audiencia Nacional va a coincidir con el inicio de las comparecencias de las autoridades en la Comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, dos iniciativas diferentes pero que tienen un objetivo común, aclarar lo que sucedió durante la crisis financiera y por qué España la sufrió de manera más intensa que el resto de países en circunstancias similares de nuestro entorno.

Según fuentes parlamentarias, lo que decida la Audiencia Nacional el viernes va a ser fundamental para el discurrir de la comisión parlamentaria. Si los ex altos ejecutivos del Banco de España y de la CNMV ven que se archiva la parte que les afecta definitivamente, sus explicaciones en las comparecencias podrán ser mucho más libres. Por el contrario si la sección tercera de la sala de lo penal decidiera que se les imputara, sus explicaciones resultarían mucho más concisas para que estas no interfieran en el proceso judicial. Incluso podrían acogerse a no declarar si pudiera afectar a su propia defensa.

La decisión que vaya a adoptar la Audiencia supone una gran incógnita. Aunque el juez instructor del caso decidió archivar el asunto que afecta a estos exdirectivos y a la propia compañía auditoria, la sala ya le había obligado a llamarles a declarar.

Cuando el juez Fernando Andreu tomó la decisión de no incluirles en el proceso, fue la propia sala de lo Penal la que instó al magistrado a citarles como investigados, tanto a los antiguos altos funcionarios del BdE, como a los de la CNMV al entender que "existían indicios múltiples bastantes" de la comisión de un delito.

De nuevo el pasado 11 de mayo el juez Fernando Andreu daba por concluida la instrucción del caso Bankia, que investiga la salida a Bolsa de la entidad y procesaba a 34 exadministradores entre ellos el expresidente de la misma, Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes, o el empresario Arturo Fernández, a los que acusaba de delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores.

El juez sobreseía el procedimiento para la auditora Deloitte y otros 10 investigados entre los que se encuentran los mencionados exdirectivos de la CNMV y del Banco de España, cuya imputación había solicitado la acusación popular y sobre la que el pronunciamiento del viernes de la sala de lo penal será la definitiva.

Con esta decisión se abre la puerta a algo más que a la apertura de juicio sobre la crisis de la principal entidad financiera española afectada. Está en cuestión si la justicia es ciega, sorda y muda con todos por igual.



(*) Periodista

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *


Miércoles con los Reyes en Reino Unido pero con por­tadas y grandes ti­tu­lares cen­tradas en tres ejes in­for­ma­ti­vos: el re­cuerdo a Miguel Ángel Blanco y víc­timas del te­rro­rismo; las con­ti­nuas no­ve­dades sobre el Popular; y las no­ve­dades del día sobre Cataluña. 

El Sueddeutsche Zeitung avanza este miér­coles que el Gobierno de Angela Merkel va a es­tu­diar hoy mismo me­didas para in­ter­venir y frenar la ab­sor­ción de em­presas es­tra­té­gicas ale­manas por firmas ex­tran­je­ras. La ini­cia­tiva sigue a la compra del fa­bri­cante de ro­bots Kuka por la china Midea, que ha desatado con­tro­versia por la ad­qui­si­ción desde Pekín de tec­no­logía mun­dial pero sin dejar la en­trada de in­ver­sión ex­te­rior en el sec­tor. 

El portal Politico re­vela que Trump está cada vez de­ci­dido a re­levar a Janet Yellen como pre­si­denta de la Fed y so­pesa sus­ti­tuirla el año que viene por Gary Cohn, di­rector del Consejo Económico Nacional. 

Mientras, Donald Trump Jr. no sabe cómo salir de su la­be­rinto. Cada vez da una ex­pli­ca­ción dis­tinta sobre sus con­tactos con Rusia y tras hacer pú­blicos los co­rreos en los que con­tes­taba con un letal ‘si es como di­ces, me en­canta’ a la oferta de ma­te­rial com­pro­me­tedor contra Hillary, ha dado una en­tre­vista noc­turna a la ca­dena Fox News: su em­peño, y se ha no­tado mu­cho, es que ‘no había nada que con­tarle’ a su pa­dre. De todas for­mas, re­co­noce que mi­rando hacia atrás, ha­bría hecho las cosas de otra forma, pero que ‘yo no puedo evitar que me en­víen co­rreos’. Editorial del New York Post, un pe­rió­dico de Rupert Murdoch y ab­so­lu­ta­mente pro Trump: ‘Donald Trump Jr is an idiot'. 

CATALUÑA
La Vanguardia: El Govern duda de la apli­ca­ción prác­tica del 155 (Quico Sallés). Otro ti­tu­lar: Secretarios e in­ter­ven­tores mu­ni­ci­pales se des­marcan del 1-O: los fun­cio­na­rios reivin­dican su lealtad a la Constitución (Luis B. García). Otro ti­tu­lar: Santamaría avisa a Colau de que no puede 'poner en di­fi­cul­tades a los fun­cio­na­rios' (Leonor Mayor Ortega). Otro ti­tu­lar: El Govern des­deña la pro­puesta del PSOE sobre Catalunya (Quico Sallés). El Periódico: Santamaría: 'Los in­de­pen­den­tistas están cada vez más solos y tienen más miedo' (Juan Ruiz Sierra). Otro ti­tu­lar: Secretarios e in­ter­ven­tores mu­ni­ci­pales ase­guran que serán 'siempre fie­les' a la Constitución ante el 1-O. Otro ti­tu­lar: Fuego cru­zado contra Colau por la po­si­ción de los 'comuns' sobre el 1-O (Xabi Barrena). 

El País: Junqueras re­chaza la oferta de coor­dinar el re­fe­rén­dum: sólo acep­taría a con­di­ción de im­plicar a los con­se­jeros de PDeCAT; los con­se­jeros con­sul­tados exigen ga­ran­tías de que no está en pe­ligro su pa­tri­monio (Javier Casqueiro). Otro ti­tu­lar: Ciudadanos ac­tiva una pá­gina sobre las ’18 men­ti­ras’ del ‘procés’ (Àngels Piñol). La Razón: Vía Sánchez para Cataluña: más di­nero y re­forma cons­ti­tu­cional (Toni Bolaño). Otro ti­tu­lar: Manuel Chaves rompe la es­tra­tegia de Sánchez al de­fender la apli­ca­ción del 155. El Mundo: Los fun­cio­na­rios se re­belan contra el re­fe­réndum ilegal (Germán González y María Teresa Coca). 

Vozpopuli: El Gobierno cruza los de­dos: hasta el 7 de agosto pueden con­vo­carse en Cataluña elec­ciones y re­fe­réndum a la vez (Gabriel Sanz). El Confidencial: Así se ex­porta el 'procés': ganar más que Rajoy y 23 mi­llones en sueldos y em­ba­jadas (Paloma Esteban). ABC: La Moncloa ad­mite su re­celo ante las po­si­bles ac­ti­tudes de Sánchez en Cataluña. Otro ti­tu­lar: La Generalitat gastó 45.000 euros para cri­ticar al Gobierno me­diante anun­cios en la prensa. OKdiario: Iglesias, ya sin ca­reta, se vuelca con el re­fe­réndum de Cataluña por miedo a un cisma en Podemos (Raquel Tejero). El Plural: Tardá exige a Echenique que pida dis­culpas por llamar ‘cajitas’ a las urnas del re­fe­rén­dum. 

OTRA INFORMACIÓN NACIONAL
El Mundo: La apro­ba­ción del techo de gasto ase­gura a Rajoy dos años más de le­gis­la­tura (Marisa Cruz). Otro ti­tu­lar: Trasfondo eco­nó­mico del viaje de los Reyes: 30.000 mi­llones de euros en juego (Raúl Piña). Vozpopuli: Iglesias mete prisa a Sánchez para em­pezar a ne­go­ciar y el PSOE se ve con Ciudadanos (Laura Caldito). Otro ti­tu­lar: Pallete, Botín, Galán, Isla... Los reyes acuden al Reino Unido acom­pañados de la 'city' es­pañola. ABC: El po­pu­lismo sí dis­tingue ‘víctima de pri­mera y se­gun­da’: obli­gada a re­cular de nuevo, Carmena acepta ex­hibir hoy la pan­carta, pero no la col­gará en el Ayuntamiento. Libertad Digital: Miedo y re­chazo al es­pí­ritu de Ermua 20 años des­pués. Otro ti­tu­lar: 5 horas para in­tentar con­sen­suar en el Congreso una de­cla­ra­ción sobre Blanco (Míriam Muro, Mariano Alonso y Ketty Garat). 

El Español: PSOE y Cs dan el primer paso hacia el con­senso de una re­forma cons­ti­tu­cio­nal: Margarita Robles y Miguel Gutiérrez cons­tatan sus coin­ci­den­cias sobre re­ge­ne­ra­ción y sus di­fe­ren­cias sobre 'plurinacionalidad' (Jorge Sáinz). OKdiario: Moncloa cree que Sánchez ‘sólo busca hacer ruido’ con su anuncio de re­forma cons­ti­tu­cional (Luz Sela). Eldiario: Encuesta: El PSOE re­monta a costa de Unidos Podemos sin frenar una po­sible ma­yoría ab­so­luta de PP y Ciudadanos (Gonzalo Cortizo). 

ECONOMÍA
El País: El PP salva el techo de gasto para 2018 por dos votos (Fernando Garea). Otro ti­tu­lar: Palma sus­pende du­rante un año nuevas li­cen­cias de alo­ja­mientos tu­rís­ticos (Lucía Bohórquez). Otro ti­tu­lar: Sólo Madrid, Castilla y León y Euskadi po­drán ir al mer­cado a fi­nan­ciarse: el resto de CCAA de­pen­derán del Gobierno para ob­tener li­qui­dez, según Moody’s. Bolsamanía: Sólo Madrid, País Vasco y Castilla y León se li­brarán de Montoro hasta 2019 al emitir deuda re­gio­nal: Moody's prevé que el Estado será el prin­cipal acreedor de las CCAA hasta 2019 (Óscar Giménez). El Confidencial: PNV y los ca­na­rios ponen precio al apoyo a Montoro: poder gastar su su­pe­rávit (J. G. Jorrín). ABC: El Congreso avala el techo de gasto para 2018 pee al re­chazo del PSOE. 

Europa Press y to­dos: Montoro: 'España tiene la mejor opor­tu­nidad de cre­ci­miento eco­nó­mico de su his­to­ria'. La Razón: El Gobierno da por apro­bados los PGE de 2018 tras sacar ade­lante el techo de gasto (Carmen Morodo). Libertad Digital: Sueldos y re­forma la­bo­ral: PSOE y sin­di­catos pre­sionan para volver a 2011 (ó 2009) e in­tentar de­rogar los cam­bios sobre ne­go­cia­ción co­lec­tiva (D. Soriano). La Vanguardia: El TSJC anula la tasa de Barcelona sobre los pisos va­cíos: el tri­bunal con­si­dera que el gra­vamen choca con las com­pe­ten­cias de la Generalitat. Otro ti­tu­lar: Los tu­ristas de día pa­garán un im­puesto en Barcelona. El Periódico: Barcelona aprueba una tasa para tou­ro­pe­ra­dores (Patricia Castán). Otro ti­tu­lar: Barcelona pro­mete un ve­rano con menos man­teros (Toni Sust y Helena López). Otro ti­tu­lar: El TSJC anula la tasa del Ayuntamiento de BCN para los pisos va­cíos (J.G. Albalat). 

EMPRESAS
El País: Navantia pre­para un plan para re­ju­ve­necer la plan­ti­lla. Otro ti­tu­lar: Iberdrola re­fuerza su apuesta bri­tá­nica con una nueva sede en Glasgow (Pablo Guimón). El Economista: Plan ex­prés de Vueling para acabar con las colas en los ae­ro­puer­tos: pasa por po­ten­ciar la di­gi­ta­li­za­ción (África Semprún). Otro ti­tu­lar: Los ana­listas bajan el valor de Almirall el 35% al caer sus pers­pec­ti­vas. Otro ti­tu­lar: Telefónica pu­jará este otoño por las nuevas fre­cuen­cias del móvil bri­tá­nico (Antonio Lorenzo). Otro ti­tu­lar: Las cons­truc­toras es­pañolas temen quedrse fuera del AVE de Reino Unido: Acciona, ACS, FCC y Ferrovial lu­chan por el mayor pro­yecto de Europa (Javier Mesones). Expansión: Iberia, Emirtes y Qatar dis­paran el trá­fico a Asia. 

Cinco Días: Metrovacesa vuelve a la Bolsa en 2018 para ser la mayor pro­mo­tora del país: Santander y BBVA ba­rajan lanzar a inicio del pró­ximo año una OPV; son­dean ya a los bancos de in­ver­sión; la in­mo­bi­liaria pre­senta hoy su plan es­tra­té­gico. Otro ti­tu­lar: Telefónica afronta su mayor in­ver­sión del año: la subasta del 5G bri­tá­nico. La Vanguardia: Un fondo de Ontario ul­tima la compra de Mémora por 450 mi­llo­nes: la em­presa fu­ne­raria bar­ce­lo­nesa está ahora en manos de la firma de ca­pital riesgo 3i. Vozpopuli: Toque de la CNMV a Gas Natural por los 13 mi­llones de in­dem­ni­za­ción de Villaseca (Alberto Ortín). Otro ti­tu­lar: Albella cues­tiona que Manrique tenga un con­se­jero en Sacyr con sólo un 1,8% (Raul Pozo). 

SECTOR FINANCIERO
El Economista: La UE re­chaza pu­blicar el in­forme que mo­tivó el res­cate del Popular: la Junta de Resolución se jus­ti­fica en que la in­for­ma­ción es 'secreto co­mer­cial' (Jorge Valero). Otro ti­tu­lar: El Santander li­mita a 800 mi­llones el coste de li­ti­gios por el Popular: Citi eleva al 24% el re­torno de la in­ver­sión con la compra en 2020 (Fernando Tadeo). El País: Bruselas no hará pú­blico el in­forme de Deloitte sobre la crisis del Popular: el Gobierno ha pe­dido que se pu­blique el in­forme del au­ditor 'por una mayor trans­pa­ren­cia' (Claudi Pérez e Íñigo de Barrón). Vozpopuli: Bruselas si­lencia el in­forme clave de Deloitte sobre la re­so­lu­ción de Banco Popular (Alberto Ortín). El Español: El Santander asume 193 mi­llones de deuda al re­com­prar el 51% de Aliseda (Juan Carlos Martínez). 

El Confidencial: Pimco insta al Santander a no vender ac­tivos del Popular por si tiene que de­vol­verlo (Eduardo Segovia). Otro ti­tu­lar: Los afec­tados por la venta del Banco Popular po­drán acudir a la jus­ticia eu­ropea (María Tejero Martín). Expansión: La sin­di­ca­tura de Popular entra en la ba­talla le­gal: con­trata a CMS Albiñana & Suárez de Lezo para su de­fensa ju­rí­dica. Otro ti­tu­lar: El in­forme de Deloitte sobre Banco Popular se­guirá en se­creto (Miquel Roig). Otro ti­tu­lar: Guindos: el sector fi­nan­ciero es­pañol ‘goza de buena sa­lud’. Cinco Días: El FROB eu­ropeo no hará pú­blico el in­forme de Deloitte sobre Popular: la JUR en­tiende que con­tiene in­for­ma­ción con­fi­den­cial (Ángeles Gonzalo Alconada). Otro ti­tu­lar: Europa ajus­tará la re­so­lu­ción ban­caria tras el caso Popular. 

Capital Madrid: Los ba­jistas lanzan un ataque vis­ceral contra Bankia y su te­cho: los ‘hedge’ toman po­si­ciones cortas a ni­veles his­tó­ri­cos, muy por en­cima de má­xi­mos, y el mer­cado es­pe­cula con una co­rrec­ción de su co­ti­za­ción antes de in­tentar otra subida (Quesada Vargas). Otro ti­tu­lar: La Audiencia Nacional puede pro­cesar este viernes a Segura, Ordóñez, Aríztegui y Restoy: será la úl­tima de­ci­sión que to­mará el tri­bunal antes de fijar la fecha de aper­tura del juicio oral por Bankia (José Hervás). Otro ti­tu­lar: Santander logra es­quivar hasta ahora el po­purrí de li­ti­gios por el Popular (José Luis Marco). Otro ti­tu­lar: Las ase­gu­ra­doras es­pañolas se hacen fuertes en Latinomamérica: Mutua Madrileña, Sanitas y Reale emulan a Mapfre (Gema Velasco). 

OTROS TITULARES DESTACADOS
Europa Press y otros: Martín Blas niega en el Parlament la exis­tencia de la 'Operación Catalunya'. Público: Martín-Blas acusa a Pino, Gago y Villarejo de mentir y en­trega pruebas al Parlament (Carlos Enrique Bayo). El Mundo: La Udef se niega a rec­ti­ficar el vínculo de López del Hierro con el Caso Pujol: el en­torno del ma­rido de Cospedal atri­buye la ‘extraña in­sis­ten­cia’ po­li­cial contra él a una ‘mano negra po­lí­tica’ (Esteban Urreiztieta). El Español: La de­cla­ra­ción vo­lun­taria de Sobrino, cru­cial contra Ignacio González: el hombre fuerte del Canal Isabel II busca un acuerdo con la Fiscalía que po­dría hacer caer al ex­pre­si­dente ma­dri­leño a cambio de salvar a su hija in­ves­ti­gada (Carlota Guindal). OKdiario: El des­pacho pro­fe­sional de González si­mu­laba ‘asesoramientos y con­sul­to­rías’ para ca­mu­flar mor­didas (Miguel Ángel Pérez). 

OPINIÓN
Editorial en El Mundo: ‘Importante paso de Rajoy al sacar ade­lante el techo de gas­to’. Otro edi­to­rial: ‘Unidas po­lí­tica contra los abusos de los niños’. Otro edi­to­rial: ‘A la de­bi­li­tada May, el Brexit se le atra­gan­ta’. Lilian Tintori en el mismo dia­rio: ‘Más cerca de la li­ber­tad: tras la ex­car­ce­la­ción de Leopoldo López’. Editorial en El País: ‘Un ‘techo’ opaco: no basta con aprobar el lí­mite de gasto pú­blico, hay que ex­plicar sus prio­ri­da­des’. Javier García Fernández en el mismo dia­rio: Responsabilidades ju­rí­dicas por acordar el re­fe­rén­dum’. Otro edi­to­rial: ‘Mosul, li­be­ra­da’. Editorial en ABC: ‘Favores de Sánchez al na­cio­na­lis­mo’. Otro edi­to­rial: ‘El techo de gasto des­peja la le­gis­la­tu­ra’. Vicenç Navarro en Público: ‘¿Qué pasa en Cataluña? Lo que no se dice en los me­dios’. 

Editorial en El Periódico: ‘La nueva tasa tu­rís­tica de Barcelona’. Otro edi­to­rial: ‘Menos man­te­ros, más dig­ni­dad’. Editorial en La Vanguardia: ‘La hu­mi­llante sombra del Kremlin’. Otro edi­to­rial: ‘Contra el al­coho­lismo ju­ve­nil’. Luis Peña en El Economista: ‘El Popular y la gra­dua­ción de Ana Botín’. Fernando Méndez Ibisate en el mismo dia­rio: ‘Tras lo del CETA, Pedro Sánchez no es creí­ble’. Joan Tapia en El Confidencial: ‘Caleidoscopio ca­talán previo al re­fe­rén­dum: ¿fueron las de­cla­ra­ciones de Baiget un in­tento de un sector del par­tido de frenar a Puigdemont?’. Manuel Cruz en el mismo me­dio: ‘Esperando que Madrid lo so­lu­cione: en este mo­mento, la pe­lota está en el te­jado ca­ta­lán’. Editorial en Libertad Digital: 'Podemos, el Espíritu de Ermua y la de­ge­ne­ra­ción de la vida po­lí­tica es­paño­la'. 



(*) Periodista



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