ALICANTE.- El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, alerta de las consecuencias que para la microeconomía tiene el blanqueo de capitales en Alicante. Se calcula que la provincia de Alicante es la tercera de España donde se blanquea, o se intenta blanquear, más dinero, tras Madrid y Málaga.
Magro, que participó en la presentación de una jornada sobre prevención de fraude fiscal y lavado de dinero negro, explicó sin tapujos que «a los jueces y todos los operadores en la lucha contra el blanqueo de capitales lo que más nos interesa es detectar el fenómeno, que viene determinada precisamente por la delincuencia organizada, para evitar el gran perjuicio que se produce en el pequeño comercio de Alicante».
Magro ligó directamente el lavado de dinero fiscalmente opaco en esta provincia con las redes de narcotráfico, de secuestros exprés y de prostitución, pero no con el inmobiliario. Sin embargo, su compañero, el magistrado Soler, sí admitió que la construcción es un «medio para blanquear, aunque no se blanquee en el sector inmobiliario per se».
Según el magistrado alicantino, el blanqueo de capitales «tiene gran repercusión en Alicante, porque en la Audiencia hemos detectado últimamente graves delitos para enjuiciar dentro del grupo de la delincuencia organizada, que creció el último año un 25%».
La Audiencia Provincia ha tenido que arbitrar, dado el crecimiento exponencial de estos casos especialmente complejos ligados al narcotráfico, los secuestros a la carta o la trata de blancas, un turno de oficio especial para el reparto de este tipo de casos de envergadura.
«Nos estamos acostumbrando a ver juicios con más de cuatro personas en el banquillo de los acusados, lo que demuestra que hay una estructura organizada para delinquir, algo que hace cinco años no se veía en los juzgados alicantinos».
El presidente del máximo órgano judicial alicantino admite que «el aumento del crimen organizado, que también deriva en blanqueo de capitales, está complicando el funcionamiento de la Audiencia». Por ello, pidió recientemente al conseller de Justicia, Fernando de Rosa, una cuarta Sección Penal, que será ya la décima sección en Alicante, a partir de junio del año que viene, según Magro.
Asegura que el lavado de dinero negro procedente de acciones ilícitas basadas en los hechos descritos más arriba, especialmente en el tráfico de drogas, «todavía no ha generado en la Audiencia procesos de especial complejidad para tratar de detectar el fenómeno».
Subraya que la Policía y la Guardia Civil están trabajando con mucha contundencia, pero después la investigación de posibles indicios se complica por el uso de personas interpuestas a los grupos o sociedades mercantiles creadas de forma paralela.
Magro explica que el blanqueo de capitales que se está produciendo en la provincia y que «perjudica gravemente al comercio y a un gran número de pymes opera por síntomas de presunción, es decir, cómo es posible detectar a un grupo de personas con un alto ritmo de vida sin conocer su profesión o dedicación laboral».
También ocurre, según el magistrado, en multitud de bajos comerciales o naves donde no se observa movimiento de negocio alguno, pese al abono de elevadas rentas de alquileres. «Las directivas europeas dicen que el blanqueo de capitales es una grave alteración de las reglas del mercado, porque se afecta a la libre competencia y aumenta los precios del alquiler inmobiliario, por ejemplo. El lavado de dinero es un gran perjuicio para las pymes alicantinas, que tienen que pedir crédito y no pueden competir con bandas organizadas, que acaban derivando el capital obtenido ilícitamente a prácticas como el pitufeo, que es la puesta de pequeñas cantidades y la realización de transferencias a otros países».
Además de subrayar que «la Fiscalía Anticorrupción de Alicante tiene mucho que decir aquí», Vicente Magro insta al Poder Judicial a que se creen dos juzgados especiales contra la delincuencia organizada, con el fin de abrir las redes de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y otros organismos como el Banco de España y su Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblanc).
Estos juzgados especiales también deberían instalarse en otros puntos del Mediterráneo, «zonas calientes», según Magro, como Málaga, Cádiz, Valencia o Barcelona. Sólo de esta forma se podrá «protocolizar» la colaboración de todos los operadores contra el fraude y el blanqueo de dinero, ya que los notarios, los asesores fiscales o los abogados de juegos de azar están obligados por la nueva ley del año 2003 a comunicar cualquier indicio o sospecha.
Además, la Audiencia Provincial exige que los juristas y las fuerzas de seguridad tengan los mismos medios -que cada vez son más sofisticados- que los propios operadores del crimen organizado. «Sólo así se puede evitar la alarma social que se genera en algunos casos, y que no es aceptable, cuando la instrucción se bloquea, por ejemplo, por un registro domiciliario o una intervención telefónica defectuosa», añade Magro.
Al ser preguntados los ponentes de la jornada por el grado de participación del sector inmobiliario en el blanqueo de capitales en Alicante, el magistrado Luis Antonio Soler no lo llegó a desvincular por completo, aunque matizó su nivel de participación en posibles operaciones ilícitas: «El blanqueo de capitales tiene dos bases sólidas en Alicante y en España, que son el terrorismo y el narcotráfico, porque el sector inmobiliario per se no blanquea dinero, aunque sí es un medio bueno para lavar dinero».
Asegura que el mercado es libre y fijas sus propias normas de competencia, por lo que «es sencillo ubicar grandes cantidades de capitales, lo cual no significa ni que opere en fraude de ley, ni por supuesto que use la maquinaria del negocio para lavar dinero procedente de otras actividades ilícitas».
Por su parte, el decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Elche, José Antonio Trigueros, ligó el fenómeno del lavado de dinero negro con la falta de paridad dólar/euro y mostró la predisposición de su colectivo a erradicar la delincuencia organizada apuntada por los dos jueces.
